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pública. Con su sucesor Tiberio empieza la serie de aquellas monstruosidades que con el nombre de emperadores fueron los dueños del territorio más extenso que hasta entonces se había conocido. Ciertamente, no todos merecían este calificativo, pero entre aquellos á quienes puede aplicarse, figura con justo título Tiberio.

La república había concluido: derruida por las ambiciones, carcomida por los vicios, despedazada por las guerras civiles y anegada en sangre de ardientes y severos republicanos y de ambiciosos desenfrenados. Pompeo, asesinado por los emisarios del miserable Ptolomeo, rey de Egipto. Su hijo Zeneo, muerto en las tierras españolas á mano de Didio, cesariano furibundo. Sestus, su hermano, recibe la muerte en Phrygia, sucumbiendo á los partidarios de Antonio. Este triunviro, vencido por Agusto y abandonado por Cleopatra, le quedan bastantes brios para clavarse un puñal. Aquella célebre mujer tomándose un veneno, Caton desgarrándose las entrañas, Ciceron decapitado y puesta su cabeza en la tribuna, donde tanto había brillado, Cassio y Bruto suicidándose en los campos de Phelipus, cubiertos con los cadáveres de sus vencidas legiones, las venganzas crueldes, las hipocresías y falsedades de Augusto: todo ello viene á darnos una idea de lo que fué la conclusión de la república y el principio del imperio. Bajo malos auspicios se inauguraba éste.

Luego veremos que sus comienzos correspondieron á la que fué la conclusión de aquella. Pero antes de pasar á enumerarlos, debemos citar dos hechos de trascendencia verificados en tiempos de Augusto. El uno, que se refiere á España, está, por consiguiente, en el cuadro de nuestro trabajo. Y el otro, de inmensa trascendencia para una gran parte de los habitantes del globo, y, sobre todo, de una importancia tal para la civilización europea, como no ha tenido ninguno otro hecho histórico. El primero es la derrota completa de aquellos constantes indomables galálico-astures que quedaron definitivamente vencidos, aunque no bien dominados, y la trasportación de algunos egipcios á España cuando aquel reino fué incorporado á los dominios de la república. El segundo es el advenimiento del cristianismo al mundo en el duodécimo consulado de Augusto. El imperio empieza con Tiberio, como hemos dicho; pero en el nombre: antes
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ya había empezado en el fondo. Tiberio mancha con inauditos crímenes la púrpura que tomó del frío cadáver de su suegro. En su tiempo fué El Mesías ajusticiado en el suplicio de la Cruz. Después de cometer toda clase de horrores, deja su puesto á Claudio, á quien la historia pinta con los colores más negros y el retrato más odioso que puede hacerse de un hombre. Después de Neron viene el anciano Galba, que, siguiendo el camino de sus tres predecesores, muere de violenta muerte. Entonces comienzan las luchas vitalianas á las que puso término el suicidio de Othon y el asesinato de Vitelio. En los pocos días que aquél ocupó el sólio fueron agregadas á la Bética, y por consiguiente á España, algunas ciudades de la Tingitania. Es decir, que España salía ganando en importancia.

MANUEL BECERRA.

(Se continuará.)
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FRANCISCO DE VITORIA, PRECURSOR DE GROCIIO.

II

Fray Francisco de Vitoria, así llamado por haber nacido en la capital de Alava en 1480, pasó siendo aún niño á Burgos, donde ingresó en la Orden de Predicadores. Estudió después teología en la Universidad de París, según la costumbre de aquel tiempo, y de regreso á su patria fué prefecto de estudios en el colegio Gregoriano de Valladolid y profesor de teología en la Universidad de Salamanca, cuya cátedra desempeñó durante cerca de veinte años, hasta su fallecimiento ocurrido el 12 de Agosto de 1546. Nunca quiso dar á la estampa las especiaciones que dictaba á sus discípulos; pero uno de éstos, no menos famoso que su maestro, Melchor Cano, las guardó y completó, publicándolas después de la muerte de Vitoria.

De este libro, que Wheaton califica de rarísimo, conocemos seis ediciones: la de Lyon de 1537, la de Salamanca de 1565, la de Ingolstadt de 1580, otra de Lyon, impresa por Pierre Laundry, en 1586, la de Amberes de 1604, y por último, la de Venecia de 1626.

La primera edición, que es la que tenemos á la vista, lleva por título: "Reverendi Patris F. Francisci de Vitoria, ordinis Praedicatorum, sacræ Theologiae in Salmanticesi Academia quon-
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dam primarii Profesoris, Relectiones Theologicae XII, in duos tomos divisae—Lugduni, apud Iacobum Boyerium—MDLVII. Cum privilegio Regis ad decennium."—Este privilegio está concedido á Jaques Boyer, librero de Salamanca, quien dedica el libro al Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. Fernando Valdés, Arzobispo de Sevilla é Inquisidor general de las Españas.

En las ediciones sucesivas la Relectio prima, "De Potestate ecclesiae, prior et posterior," aparece dividida en dos, con lo que resulta aumentado el número total de Relecciones y alterado el de orden que á cada una correspondía en la primera edición; convirtiéndose en sexta la Relectio V "De jure belli."

Esta, que según Vitoria debe estudiarse juntamente con la segunda "De Potestate civilis," trata cuatro cuestiones principales:

1.ª Si es lícito en absoluto á los cristianos el hacer la guerra.
2.ª Quién tiene autoridad para declarar y para hacer la guerra.
3.ª Cuáles pueden y deben ser las causas justificativas de la guerra.
4.ª Qué medios pueden emplearse contra el enemigo en una guerra justa.

Respecto á la primera cuestión, empieza Vitoria citando los consejos de mansedumbre evangélica que contiene la Sagrada Escritura y de los que parece deducirse que la guerra está prohibida en absoluto á los cristianos, como sostiene Lutero. Y no vale decir que estos son consejos y no preceptos, porque vendríamos á parar en que toda guerra por cristianos emprendida es contraria á los consejos de Dios. Otra es la explicación, y hay que buscarla en las sentencias de los Santos Padres y en el uso admitido por la Iglesia, que autorizan, no solo la guerra defensiva, sino también la ofensiva. No solo es lícito rechazar lo fuerza con la fuerza, sino también el acudir á las armas como medio de obtener la debida reparación en caso de injuria.

La segunda cuestión tiene dos partes: quién puede hacer la guerra, y á quién corresponde el declararla. Todo particular tiene el derecho de defender con las armas su persona y sus bienes; pero este derecho de legítima defensa, que Vitoria llama impropiamente derecho de hacer la guerra, no puede confun-
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dirse con el que tiene el Estado, y así lo reconoce el mismo autor al establecer las diferencias que á uno y otro separan. El derecho de defensa sólo puede ejercitarse incontinenti, es decir, en el momento del peligro, y no se extiende á la reparación de daños y perjuicios, mientras que el Estado tiene no sólo derecho de defenderse, sino el de exigir por medio de las armas la reparación de las ofensas que se le hubieren inferido. De aquí que únicamente el Estado ó el soberano que lo representa, tenga el derecho de hacer la guerra; debiendo entenderse por Estado una comunidad perfecta, que forma por sí sola un todo, que no depende de otro Estado y que se gobierna con leyes y autoridades propias, como los reinos de Castilla y Aragón, la República de Venecia y otros semejantes. Si diferentes Estados se hallan regidos por el mismo soberano, á éste corresponderá el derecho de hacer la guerra; pero también disfrutan de igual derecho los Estados ó príncipes que tienen un soberano común, como sucede á los Reyes que estando sometidos al emperador no necesitan, sin embargo, de su autorización para declarar la guerra.

Hay que tener en cuenta, para explicar la contradicción que aparece en este párrafo, que la autoridad del Emperador era puramente nominal e ilusoria, y en nada afectaba á los derechos inherentes á la soberanía que ejercitaban los Reyes, como lo prueban las guerras sostenidas por Francisco I contra Carlos V; pero Vitoria, que tenía una clara idea de lo que él llamaba comunidades perfectas, y hoy designaríamos con el nombre de Estados soberanos, no podía, ni como teólogo, ni como jurisconsulto, poner en duda la autoridad del Emperador, resto de la organización feudal de la Edad Media, y venía, sin embargo, á desvirtuarla reconociendo á estos Estados un derecho que negaba, por ejemplo, á los diferentes reinos que formaban entonces la nacionalidad española y que se gobernaban por distintas leyes bajo el cetro del mismo soberano.

En cuanto á la tercera cuestión, á saber: la de las causas justificativas de la guerra, sitúa como primera proposición que no puede contarse como tal la diferencia de religión (causa justi belli non est diversitas religionis), invocando la autoridad de Santo Tomás y refiriéndose á los argumentos expuesto en la re-
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inmensa reaccion del Occidente contra el Oriente. Estas expediciones de carácter religioso, mejoran á la época en su civilización en vista de las civilizaciones musulmana y griega. El feudalismo ha cooperado al bien por su parte, haciendo refluir la población en los campos; dando impulso y desarrollo á las afec- ciones domésticas en la soledad de sus moradas, rehabilitando á la mujer y avivando el sentimiento de la personalidad débil entre griegos y romanos. Las cruzadas, digan lo que quieran sus detractores, enseñaron á la Europa á conocerse á sí misma y á medir sus fuerzas para lanzarse al porvenir atrevidamente: desde entonces tiene la cristiandad un nombre que oponer hasta en política á los que rehusan marchar por la senda de la civilización.

Trasmitiéndose el imperio de Occidente de francos á los alemanes, se eleva á su último grado bajo las casas de Sajonia y Suabia, mientras que el poder pontifical toca también á su apogeo, y fijando los límites á los abusos de los poderosos, abre la puerta á las franquicias representativas. Ya no son solo los príncipes los que intervienen en la gobernación del Estado; es también el pueblo el que toma parte en sus deliberaciones, logrando la facultad de elegir señor y cambiar de territorio, obtiene capacidad política, salen de su triste condición los siervos; se abre paso una verdadera idea de libertad civil, preparándose el sepulcro de la nobleza y la cuna del pueblo. El valor humano se hace generoso, merced á la caballería de los sarracenos y normandos; el derecho cede su puesto á la fuerza; la arquitectura levanta templos á la divinidad y palacios al pueblo; y las lenguas se desarrollan y dan lugar á otras nuevas.

El comercio ensancha sus límites desde el Euxino hasta el Atlántico y desde el golfo de Arabia hasta el Báltico. Contribuye poderosamente á aumentar las relaciones comerciales la ri- validad de la industria y la probidad laboriosa. Se forman ligas junto á los mares y á los ríos, en medio de los Alpes, de la Helvecia; y Francia e Inglaterra admiten mercaderes y villanos á tomar asiento al lado de los reyes y barones. La lucha entre güelfos y gibelinos quebranta el vínculo religioso y político de las naciones. La victoria se inclinará unas veces á la liga lombarda, otras dará el triunfo á la casa de Suabia, dinastía la más
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lección anterior al rechazar este pretendido título de dominio de los españoles sobre América. Tampoco son justas causas de guerra ni el engrandecimiento ni la gloria del príncipe. En eso debe distinguirse el rey legítimo del tirano, pues emanando su autoridad de la nación, debe emplearla en beneficio de ésta y no en provecho propio. Y si en la pública utilidad y no en la privada han de inspirarse las leyes, otro tanto debe suceder en lo que á la guerra se refiere. También en este punto se distinguen los hombres libres de los esclavos, que trabajan no para sí, sino para sus amos; pues el príncipe que abusará de sus súbditos, obligándolos al servicio militar y disponiendo de sus bienes para sufragar los gastos de una guerra emprendida sólo por un interés personal, convertiría los ciudadanos en esclavos. La única causa justa de guerra es la injuria que un Estado infiere á otro. Donde no hay injuria no puede haber guerra, porque estando prohibido por el derecho natural matar á los inocentes, no es lícito hacer la guerra á los que ningún daño nos han hecho. Ni basta cualquiera injuria para justificar la guerra; pues no todos los delitos se castigan igualmente con la muerte, ó el destierro, ó la confiscación de bienes; las penas deben guardar proporción con los delitos, y una injuria leve no autoriza que se impongan á una nación penas tan graves como las matanzas, incendios y devastaciones que la guerra lleva consigo.

La cuarta cuestión es la que se refiere á los derechos de los beligerantes y la resuelve Vitoria partiendo del principio de que es lícito todo lo que es necesario para la defensa y conservación del Estado. No sólo puede recobrarse todo lo que el enemigo nos hubiese arrebatado, sino exigirsele el pago de los gastos de guerra y de todos los daños y perjuicios sufridos. Es más; también pueden imponerse al enemigo vencido aquellas condiciones que sean necesarias para asegurar la paz y evitar una nueva guerra, como la de demoler sus fortificaciones ó ocupar parte de su territorio, ó exigirle la entrega de sus naves. Por último, recobrados los bienes perdidos y tomadas las necesarias precauciones para impedir la renovación de hostilidades, cabe también castigar al enemigo por las injurias inferidas al Estado; cuyo honor y cuya autoridad debe defender el príncipe; así lo hicieron los Macabeos y así lo han hecho príncipes cristianísimos y religiosísimos emperadores.
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Nacen de aquí muchas dudas. La primera, respecto de la justicia de la guerra, es la de si basta que el soberano crea tener razon para que la guerra sea justa; á lo que responde negativamente Vitoria, añadiendo que las cuestiones deben ventilarse antes con la palabra que con las armas, sometiéndolas á la decision de personas imparciales y entendidas que puedan resolverlas con toda libertad y sin odio ni mira interesada.

La segunda duda es la de si los súbditos deben examinar las causas de la guerra. Si el súbdito tiene conciencia de la injusticia de la guerra, no le es lícito tomar parte en ella aunque lo mande el soberano. Todos aquellos que intervienen en la gobernacion del Estado están llamados y obligados á examinar si hay ó no motivo para declarar la guerra; pues no basta el parecer del rey, que puede equivocarse, ni el de unos pocos, sino que es preciso oír el de muchos que sean entendidos y probos. En cuanto á los miembros inferiores del Estado, que no tienen participación en el Gobierno, pueden conformarse con la decision de sus superiores y hacer la guerra sin necesidad de examinar sus causas, si bien hay casos de notoria injusticia en que no cabe alegar ignorancia.

¿Qué debe hacerse cuando parezca dudosa la justicia de la guerra, es decir, cuando e.trambos beligerantes aleguen razones igualmente buenas?

Por lo que á los soberanos se refiere, debe respetarse la posesion en el que la tiene, no disputándosela con las armas, y si una provincia ó reino quedase sin legitimo poseedor y creyesen tener á ella derecho dos ó más príncipes, deberán aceptar la proposicion del que ofreciese una solucion pacífica, ya repartiendo el territorio, ya adjudicándoselo á uno que indemnizare á los demás. El soberano que, aunque posea pacíficamente sus Estados, duda de su derecho respecto de alguno de ellos, está obligado á examinar este derecho; pero si después de maduro examen subsistiese la duda, puede seguir poseyendo legítimamente dicho Estado, puesto que si se tratara de un litigio civil no habría juez que pudiese quitárselo.

En cuanto á los súbditos, en caso de duda, deben seguir á su soberano, ya sea la guerra defensiva, ya ofensiva; porque si no pudieran tomar las armas sino después, que resultase probada
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la justicia de la guerra, pondrian á la patria en peligro y favoreceria á sus enemigos, lo que seria mucho más grave que el pelear contra ellos aun sin la seguridad de hacerlo con justicia.

¿Y puede ser la guerra justa por ambas partes? Claro está que no, si se prescinde de la ignorancia; pero como ésta siendo invencible escusa de todo, puede ser la guerra justa en sí para uno de los beligerantes y no pelear el otro si pelea de buena fé y por ignorancia. Esto sucede las más de las veces á los súbditos de los Estados contendientes que ignoran la razon ó sin razon con que sus soberanos se han declarado la guerra.

Volviendo á la cuestion de lo que es lícito en una guerra justa, surjen tambien muchas dudas. ¿Se puede, por ejemplo, matar á los inocentes? La respuesta de Vitoria es negativa, á pesar de los textos del Antiguo Testamento. Nunca es lícito dar la muerte á los que, como los niños y las mujeres, deben considerarse como inocentes aun en la guerra contra infieles. Cuando las guerras son entre cristianos deben tambien reputarse inocentes, mientras no se pruebe lo contrario, los labradores, la gente togada y pacífica, los clérigos y los extranjeros. Unicamente es lícita la muerte de personas inocentes cuando es por accidente inevitable, como, por ejemplo, el bombardeo de una plaza sitiada; pero no es admisible que, como algunos pretenden, puedan darse muerte á los hijos de los sarracenos en la hipótesis de que, con el trascurso del tiempo, serán otros tantos enemigos de los cristianos; nunca debe oírase mal ni aun para evitar males mayores.

En cuanto á los bienes de los enemigos inocentes, no cabe duda que puede privárseles de los que, como las armas y los buques, sirven para hacer la guerra, y aun en caso necesario de las que contribuyen á prolongar las hostilidades, siendo entonces lícito apoderarse del dinero, talar los campos, matar los caballos. Esto no es aplicable á los bienes de los extranjeros, puesto que no deben ser tratados como enemigos mientras no tomen parte en la guerra.

Si los enemigos se negasen á restituir lo que hubiesen injustamente tomado, estarían justificadas las represalias, á las que se hallarian sujetos los bienes de todos los enemigos, tanto culpables como inocentes. Así, por ejemplo, si penetraren en Es-
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paña unos malhechores franceses y despojen de sus bienes á los españoles, pueden éstos, con autorización de su soberano, y en el caso de que el de Francia no obligase á aquellos á restituir lo robado, despojar á su vez á los mercaderes y labradores franceses, aunque sean inocentes. De aquí que las cartas de marca ó de represalias, que en estos casos se conceden, no sean injustas, puesto que la negligencia del soberano que se niega á reparar el daño causado por sus súbditos, es la que les dá origen; pero son peligrosas y ocasionadas á depredaciones.

Dado que no es lícito matar á los niños y á las demás personas inocentes, ¿lo será el reducirlos á cautiverio? Tan lícito, responde Vitoria, como el despojarlo de sus bienes. Así, pues, cuando la guerra sea de tal condición que, como la que se hace contra los infieles, tenga carácter de perpetua y autorice á despojar de todos sus bienes á los enemigos, será también permitido reducirlos á cautiverio y servidumbre, ya sean culpables ó inocentes, como sucede con lo hijos y las mujeres de los sarracenos; pero cuando los cristianos pelean entre sí, como ni los combatientes, ni los no combatientes pueden convertirse en esclavos por el derecho de la guerra, sólo deberán ser considerados como prisioneros hasta que se satisfaga el importe del rescate.

En cuanto á los rehenes hay que establecer una distinción entre los que forman parte del ejército y los inocentes: sólo á los primeros podrá darse muerte si el enemigo faltase á la fé jurada.

Otra duda es la de si puede matarse á todo enemigo que haya tomado las armas, y para resolverla hay que tener presente que la guerra se hace: 1.º para defender nuestras personas y nuestros bienes; 2.º para recuperar los que nos han sido arrebatabados; 3.º para obtener satisfacción de la injuria inferida, y 4.º para conseguir la paz y la seguridad de que no se altere en el porvenir. Ahora bien, en el ardor de una batalla, ó en el ataque y defensa de una plaza, es decir, cuando la lucha está aún indecisa (quandiu res est in periculo), hay el derecho de matar á todos los que en el combate toman parte; pero la dificultad está en si existe este derecho después de la victoria; y cuando nada hay que temer del enemigo vencido. La opinión de Vitoria es afirmativa, fundándose, no en el precepto del Deute-
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ronomio, como supone Wheaton, sino en el principio de que el soberano, en virtud del derecho de la guerra, tiene sobre los enemigos la misma autoridad que sobre sus propios súbditos, y así como puede imponer á estos la pena de muerte para que sirva de satisfacción á la vindicta pública y de saludable escarmiento para el porvenir, así también puede obrar de igual suerte con los enemigos, conteniéndolos para lo futuro con el temor del suplicio. Este principio no es, sin embargo, absoluto, porque la pena ha de ser proporcionada al delito: de aquí que sólo deba exterminarse á los enemigos cuando, como sucede con los infieles, no haya otro medio de obtener una paz duradera, debiendo entenderse en este sentido el precepto del Deuteronomio. En otro caso se hallan los enemigos cristianos, cuya vida debe respetarse, tanto porque de no ser así dejarían las guerras de hacerse por el bien público, convirtiéndose en públicas calamidades, cuanto porque la mayor parte de las veces los súbditos de Estados beligerantes son inocentes y pelean tan sólo en cumplimiento de las órdenes de sus respectivos soberanos.

Los militares que se rinden ó son hechos prisioneros, podrían ser condenados á muerte con arreglo al derecho natural; pero la costumbre y usos de la guerra, que constituyen el derecho de gentes por los beligerantes observado, no autorizan la muerte de los prisioneros, excepto los desertores, una vez pasado el peligro. Esta inmunidad no se extiende á los que se rinden: así es que cuando una plaza se entrega á discreción, y no se consigna expresamente que la guarnición tendrá salva la vida, podrán ser todos los defensores pasados á cuchillo, como ha sucedido muchas veces, aunque sólo debieran sufrir tan dura suerte los principales, previo mandato del soberano ó del juez.

Las cosas tomadas al enemigo en una guerra justa se hacen, en principio, del vencedor para resarcirlo de los daños sufridos y de los gastos de guerra; pero hay que distinguir los bienes muebles como el dinero, la ropa, el oro y la plata, y los inmuebles como los campos, las fortalezas y las ciudades.

Los muebles, con arreglo al derecho de gentes, son propiedad del vencedor, aunque excedan del valor de los daños y perjuicios por éste sufridos. En apoyo de este principio, cita Vitoria el del derecho romano "quae ab hortibus capiuntur statim