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otro; aquella sociedad en descomposicion; aquella república, próxima á desaparecer, iba á dar lugar al imperio que tenía por misión el extender los derechos de Roma á todas las demás provincias, el proclamar la igualdad de todos los hombres, el dar lugar á que, matando la república en la ciudad dominadora, en todas las provincias se estableciese aquella forma, que, con el nombre de municipios, tenían los mismos fueros y prerrogativas de que antes solo Roma había gozado. Por fin, el imperio preparaba el camino á la revolución más trascendental que conoce la historia: al advenimiento del Cristianismo. Aunque á costa de grandes y cruentos sacrificios, la ley del progreso se cumplía: no desconfiemos, pues, de ella por invencibles que parezcan los obstáculos que á su marcha se oponen.

MANUEL BECERRA.

(Se continuará).
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do, un número inmensamente mayor y en el cual una no pequeña parte ni siquiera eran considerados como hombres sino como cosas. Bien pudiéramos, pues, darlos su nombre propio llamándolas aristocracias democráticas. En la época presente, sin exceptuar los países donde el pueblo tiene una intervención más directa, donde le está reservado el papel de soberano, sancionando, aprobando ó desaprobando las leyes con su voto, como sucede en Suiza y en alguna república americana, las democracias, con su forma más genuina, que es la república, ó con la de transición, que es la monarquía constitucional, son representativas. Es decir, que el pueblo elige directamente sus representantes, no para expresar ó hacerse eco exacto y fiel de las opiniones de sus electores, sino para hacer las leyes como lo juzguen más justo y conveniente, y siempre modificadas por la influencia natural de la opinión pública y las condiciones que los electores exijan de aquel á quien han de honrar con sus sufragios. De manera que todo el conjunto del gobierno de los pueblos modernos que son regidos por instituciones democráticas, descansa sobre este principio, ó mejor expresado, sobre la hipótesis de que los indicados por el voto popular son los más aptos y competentes para hacer las leyes. Por tanto, los que hablan del voto imperativo olvidan ó desconocen cuál es la base fundamental de la democracia representativa.

Si hemos podido llamar á las antiguas aristocracias, aristocracias democráticas, estarían bien señaladas las modernas con el nombre de democracias aristocráticas. Al fin de evitar dudas ó interpretaciones, creemos necesario explicar en pocas palabras el fundamento ó motivo por qué juntamos nombres que parecen antitéticos. Proviene la confusión de que con frecuencia se ha mezclado la palabra aristocracia con la de nobleza ó oligarquía, mientras que su sentido etimológico significa pura y simplemente gobierno de los mejores. Ahora bien: en las antiguas democracias, según hemos visto, tomaban parte directa todos los que se creían ser los mejores, hasta el punto de estar separados de las órdenes que les seguían por abismos poco menores que infranqueables. En las modernas ó representativas, se supone ó sobreentiende que todos los poderes deben emanar del pueblo, sí, pero que éste elige para desempeñar las funciones, tanto ejecu-
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LA LEY AGRARIA DE IRLANDA.

Una rara particularidad ofrece la política de nuestro tiempo: su carácter distintivo es la tendencia invencible, cada día más persistente, á sintetizar elementos y á vivir de transacciones. No parece sino que nuestra misión es revisar atenta y reflexivamente lo pasado, volviendo sobre lo antiguo con espíritu de paz y de justicia: ha llegado el momento de registrar las ruinas para salvar, dándole nueva vida y fuerte luz, todo aquello que, no siendo digno de perecer, necesita conservarlo la presente generación. Impúsose hasta ayer la necesidad de un análisis implacable; sobreviene hoy la urgencia de una salvadora síntesis.

Y si tratándose de política en general, domina este sentimiento de reconstitución, ¿cómo podrá sustraerse á él una ciencia tan hija de nuestra época como la economía política y tan por toda clase de vínculos ligada al difícil arte de gobernar los pueblos? Siendo la economía política un ramo, y no más, de la política, natural es que los impulsos de ésta se sientan también en aquella, y las corrientes generales que se desarrollan en las naciones someten las teorías economistas á dura prueba.

Fácil sería demostrar, no ya la conexión, sino la dependencia en que forzosamente ha de vivir la ciencia económica y el tributo que por ley natural debe rendir al arte del gobierno. Bonaparte, al conquistar Europa, realizó un acto económico de mucha mayor importancia que los ejecutados después por los más célebres libre-cambistas; porque, en efecto, encerrando en
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una frontera común cuanto hay de los Pirineos hasta el Elba, y desde Roma hasta Hamburgo, estableció de hecho y de derecho la libertad comercial en dos terceras partes de Europa. Ya la Constituyente había abolido las trabas que sujetarán al comercio interior de Francia; y sin remontarnos á la revolución francesa ni á Napoleón, sin salir de nuestra España, dentro de nuestra propia casa, toparíamos con más de un caso en que presentar á la ciencia económica riñiendo párias á la política, y á algún aplaudido economista apresurándose á esconder en el cajón de su mesa de ministro las conclusiones de su escuela y la bandera de su secta, con el noble fin de calmar susceptibilidades y dejar para siempre evidenciado que en la práctica, por lo menos, la economía política es, y debe ser, ante todo y sobre todo, política.

Si sólo las impurezas y los rozamientos de la realidad obstaculizan el camino, con dejar hueco en la ciencia para que cupieran unas cuantas rectificaciones prácticas, todo se alianaría; pero es más trascendental el daño y ha llegado á tomar tan gigantescas proporciones el cisma económico, que aquel sistema de apacibles teorías, hasta hoy respetado, parece ya ineficaz contra las tormentas que por todas partes se desencadenan. Porque si, á lo menos, quedasen reducidos los disidentes á cuatro alemanes reformadores, heterodoxos sempiternos, que bajo el título de Katheder Socialisten,—Socialistas de la Cátedra—prolongasen la discordia intestina con sus émulos de la Manchesterium ó "secta de Manchester"... todavía sería llevadera la situación; pero en la patria misma de la ciencia, en el país de Gournay y de Turgot, surgen cada día en mayor número voces de protesta, y allá en la tierra clásica de Adam Smith, los economistas más versados en la historia y en el derecho, como Cliffe Leslie y Thornton, pásanse á la disidencia; y en Italia Luzzatti, Forti, Lampertico y otros muchos, se adhieren á este movimiento, cuyo influjo llega también á Dinamarca y se estiende, por lo visto, á todos los dominios de la ciencia económica.

Tanto eco encuentran ya estas tendencias, que el mismo La-veleye confiesa ser necesario variar de rumbo y cambiar de sistema, mientras que un escritor tan conocido y tan perito en la materia como M. Paul Leroy-Beaulieu, proclama en su último
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libro por resultado de sus estudios y fruto de sus trabajos, que todo cuanto la economía clásica ha escrito sobre la repartición de las riquezas se desvanece en cuanto se le somete á un atento exámen.

¡Qué mucho, pues, que la escuela, trabajada por tales dudas, cada diariamente de sus antiguos ideales! Sin los recientes desengaños, ¿cuál no habría sido la acometividad de los economistas contra ciertas medidas y ciertas leyes; y, sobre todo, contra el célebre proyecto de ley agraria para Irlanda, presentado últimamente por el Ministerio Gladstone, y objeto del presente artículo! Difícilmente podría imaginarse nada más contrario á las doctrinas economistas que el tal proyecto; á pesar de que reconocidamente profese esas teorías el Gobierno que lo apoya. Y es que Inglaterra, nación excepcional, no se parece ni en sus antecedentes, ni en sus costumbres, ni en sus leyes, ni en sus Gobiernos, ni en nada, á las demás naciones del continente. Entre los muchos errores al uso, ninguno más grave que el de imitar á Inglaterra. Si pudiéramos apreciar bien los desaciertos cometidos, la sangre derramada, el dinero gastado por ese mal entendido espíritu de imitación á la Gran Bretaña, nos asustaríamos. Creemos no exajerar afirmando que á él se debe el no haberse arraigado aquí ninguna de las bases cardinales del sistema representativo ni haberse encontrado todavía el firme sobre que pueda levantarse el régimen constitucional. Llano sería demostrarlo, pero habiendo de circunscribirnos al objeto de este rápido estudio, sólo en cuanto con él se relacione, nos permitiremos aducir algunas pruebas.

I

Ciñéndonos, pues, al proyecto de ley agraria, lo primero que es necesario hacer para comprenderlo, para explicarnos su origen y sus términos, es olvidar por completo la noción latina, de que estamos imbuidos en materia de propiedad territorial. Nada más contrario á la ley inglesa que esa concepción íntegra de la propiedad, en pleno, llevando consigo el uso y el abuso, tal como nos la define el derecho romano. El dominio absoluto no reside en ningún propietario inglés. La tierra es del soberan-
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no; y esa servidumbre á que se halla sujeto todo el suelo nacional, último signo del feudalismo, pero signo evidente, liga al Estado y á los súbditos de una manera tan material y tangible que hace que la soberanía allí no sea puramente ideal y vaga, sino un derecho positivo e inalienable, el cual, á más de ser reconocido y acatado por las personas, clava las uñas y deja su marcha impresa en los campos, en los bosques, en las aldeas y en las ciudades.

El carácter predominante de la concepcion feudal es el reconocimiento de un doble dominio; el superior de propiedad, residente en el señor del feudo, coexistiendo con el inferior de posesion en el terrateniente. En virtud de un derecho constante interviene la accion del Estado, cuando suena la hora de los conflictos agrarios, y encuentra temperamentos y aplica soluciones, que en cualquier otra nacion espantarian y que en Inglaterra concluyen por congregar en torno de quien las defiende y del Gobierno que las plantea, la masa general del pais.

Sobreviene, en efecto, la agitacion irlandesa; y como remedio á los desordeños y al estado de rebelion moral en que aquella poblacion vive, despues de mil tentativas y de ineficaces esfuerzos, presenta el Gobierno ingles el proyecto de ley que nos ocupa, el cual encierra dos principales objetivos. Es el primero procurar que la propiedad en Irlanda vaya pasando de las manos en que hoy se encuentra á la de los colonos y trabajadores. Para facilitar este cambio, sustituye la ley la costosa y complicada maquina del "Tribunal de propiedades territoriales," Land Estates Court, por un procedimiento relativamente sencillo. Al colono, por obra parte, se le reconoce el derecho á ocupar, aun contra la voluntad del dueño, la tierra que lleva en arrendamiento y no podrá ser despedido mientras pague la renta. A mas de este derecho que obtiene el terrateniente á explotar la finca que cultiva sin temor de eviccion, créase una Comision agraria, Land Commission, investida de amplias y excepcionales atribuciones, con caracter en parte judicial y en parte administrativo, la cual fijará el precio de los arriendos; puesto que á los terratenientes se les reconoce derecho á exigir que se determine, en juicio, el tipo equitativo de renta que deban pagar. Así quedan satisfechas por los medios que sumariamente apur-
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tamos, las tres principales aspiraciones de los colonos irlandeses, á saber: arrendamientos equitativos, (fair rent), libertad para enajenarlos, ya que consigo llevan importantísimos derechos, (free sale) y ocupacion permanente, (fixity oftenure.)

El segundo objeto de la ley es proporcionar á los colonos que quieran comprar propiedades, fondos suficientes para conseguirlo con poco trabajo y en muy favorables términos. La "Comision" adelantará tres cuartas partes del precio de las fincas á los arrendatarios, cuando éstos desean adquirirlas, y la mitad á los demás compradores, que no sean los respectivos arrendatarios. El reembolso se hará por anualidades pagaderas durante treinta y cinco años, á razon de 5 por 100, con garantía de las mismas fincas. Podrá también la "Comision" comprar propiedades para revenderlas después en lotes entre los colonos; y luego que las necesidades de éstos se hallen satisfechas, entre otras personas. Tiende la ley á subdividir por este medio la propiedad, creando una nueva clase de cultivadores propietarios en Irlanda.

Tales son las dos bases cardinales del proyecto de ley. Una que protege al terrateniente contra las exigencias del propietario y otra que le proporciona manera de convertirse en propietario él mismo. De modo que obtiene el colono la posesion efectiva del suelo, á condicion de pagar una renta equitativa—que no dependerá de la voluntad del dueño—ó la adquisicion completa de la propiedad por los medios que el Estado á este fin pone en sus manos. Viene luego como instrumentos auxiliares los poderes de la Comision para suministrar sumas con que atender al cultivo y mejoramiento de las tierras y facilitar la emigracion de las personas que quieran ir á establecerse á las colonias británicas.

Muy vastas han de ser, por fuerza, las operaciones de la Comision, si han de llenar tan importantes fines. Muchas, sino todas, sus transacciones envolverán dobles desembolsos, porque cuando compre la Comision una propiedad para revenderla, no sólo tendrá que pagar su importe al vendedor, sino tambien adelantar una buena parte á los compradores y satisfacer así mismo ciertas indemnizaciones á los colonos. ¿De dónde saldrán, pues, en suficiente escala, recursos con que atender á tan enor-
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mes necesidades? La ley declara que serán suplidos por el Tesoro Imperial, ya del fondo consolidado—Consolidated fund—ó ya levantando dinero por medio de giros del Tesoro ó otra cualquiera forma de préstamos. Es decir, que el crédito del Reino-Unido ha de emplearse en el objeto de la ley, que no es otro sino convertir á los terratenientes irlandeses en libres propietarios.

II

Que el fondo y la forma de tal proyecto han de encontrar y encuentran seria oposición en Inglaterra, no hay para qué decirlo. No se atacan los fundamentos sociales de un modo tan directo y tan violento sin que se comuniquen los intereses que á su amparo viven. Eco de esta oposición ha sido, desde el principio, uno de los más respetables miembros del Gabinete, el duque de Argyll, que se retiró del Gobierno con tal motivo, y que en la Cámara de los Lores explicó su dimisión diciendo se oponía á un género de "medidas cuya tendencia es destruir la propiedad, privándola de los elementos necesarios al ejercicio de sus funciones." "El proyecto del Gobierno, añadió lord Argyll, paralizará la propiedad en Irlanda, sometiéndola á límites á que no está sujeta en ningún otro país civilizado del mundo. Nadie, de hoy en más, será propietario, ni el amo ni el terrateniente."

Por firme que sea este lenguaje, y por más razón que tenga, lógica y jurídicamente, quien lo emplea, no es la nación británica un pueblo que se maneje con silogismos, sino que es aficionado, por el contrario, cuando amenaza el peligro, á regatear el derecho, buscando, entre los excepcionales elementos de su historia, inmunidades y privilegios con que suavizar desgracias, que no hallan alivio en las soluciones de la libertad; y aplica esos privilegios y esas inmunidades á intereses que luchan sin esperanza contra los inflexibles rigores de la ley común.

Y los elementos excepcionales de la historia inglesa, á que nos referimos, son tan por extremo singulares, como que en todos los países gobernados por sistemas, cuya base sean Códigos franceses, ó lo que es lo mismo, en la mayor parte del con-
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tinente europeo, la ley de propiedad mueble, que fué siempre ley romana, se ha sobrepujado y ha anulado la ley feudal de la tierra. Inglaterra es la única nación importante donde esta transmutación, aunque un tanto iniciada, está muy lejos de cumplirse.

En general, la distinción existe allí entre la tierra y los bienes muebles; pero cierta clase de bienes muebles se mantiene como anexa á la tierra, y cierto género de interés en la tierra se ha unido, por causas históricas, y confundido con la personalidad. No es este, ni con mucho, el único caso en que la jurisprudencia inglesa, apartándose de la corriente general, haya reproducido fenómenos de antiguas leyes.

Pues bien; para nosotros es indudable que las singulares condiciones en que vive la propiedad en la Gran Bretaña, constituyen la base del sistema político de aquel gran pueblo; sistema fuerte y vigoroso, porque brota naturalmente de un medio social que le favorece, muy distinto al de las demás naciones; las cuales, al fingirlo, solo consiguen implantar engendros artificiales y arbitrarios, causas permanentes de malestar profundo, cuando no de catástrofes y ruinas. De todos modos, ya sea el estado de la propiedad origen del régimen político en la nación inglesa, ó ya sea su consecuencia indeclinable, lo cierto es que no se explica ni comprende lo uno sin lo otro. El núcleo histórico en que principalmente reside el poder nacional, ó que, por lo menos, lo han dirigido siempre, es la aristocracia. Sus triunfos llenan la historia patria, y la aristocracia inglesa tiene su fundamento en la riqueza. Su fuerza no es como la de otras noblezas, una mera fuerza moral; lo que le asegura el poder es la propiedad; y de todas las propiedades, la más robusta, la más indestructible,—la de la tierra. No son ficciones, nismólogos, ni vanos títulos lo que constituye su preponderancia. El pueblo ha respetado siempre la fuerza, la posesión, el éxito; ha visto en la propiedad la garantía de la libertad, y ha considerado que quien tiene que pedir no es libre. La Cámara de los Lores ha sido el eje más firme de la política. La Cámara de los Comunes, hasta una época reciente, no era más, puede decirse, que una dependencia suya. Los grandes señores, dueños de los distritos electorales, de ellos disponían para sus parientes y amigos. La política ha
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sido el oficio del patriciado; no de un patriciado militar y efímero, como el de Venecia, sino civil é identificado con la vida de la nación.

Pero no nos dejemos arrastrar acaso demasiada lejos por las consideraciones generales que la ley en cuestión nos sugiere, y vengamos, aunque á la lijera, á examinarla algo de cerca. No hay dudar que con ella la economía política ha recibido una profunda herida. Pasaron, por lo visto, los tiempos en que se encarecía el principio de libertad de industria, y se consideraban como rancias antiguallas las tendencias del Gobierno paternal y protector que pretendía amparar intereses, cuyo mejor amparo, se decía, era someterlos á la acción vivificadora de la libertad. Pasaron aquellos tiempos, y la economía política queda relegada, según la frase ya célebre de M. Gladstone, á inspirar "leyes para Júpiter y Saturno, no para nuestro planeta." Asistimos en estos momentos, no diremos á la abdicación de la economía política, cuyas verdades fundamentales son incombustibles, pero sí á la solemne abdicación de la escuela, tal como estaba constituida.

Los ministros liberales ingleses podrán creer que salvan á Irlanda, podrán tal vez hasta tener derecho á la gratitud nacional, si los efectos de la ley llegarán á ser provechosos; pero lo que no les será lícito, en lo sucesivo, es reivindicar para la ciencia económica, de que tan partidarios siempre se llamaron, la gloria, si gloria resultase, de la empresa. Como hombres de Estado, podrán los que voten el proyecto salvar una dificultad, conjurar un riesgo, pero á costa de su reputación de economistas y en público desdoro del sistema; á no ser que crean, como cree ya su eminente correligionario Mr. Paul Le Roy-Beaulieu, que ha sonado la hora del desencanto, y que es llegado el momento en que las afirmaciones de la economía clásica se desvanezcan. Acabó todo aquello del respeto á la libre contratación y á los compromisos adquiridos voluntariamente de individuo á individuo, sin la intervención del Estado. Desde que la nueva ley rija, Irlanda quedará sujeta á una tutela, bajo la cual se debilitarán necesariamente los grandes resortes morales que lleva consigo la noción de libertad y responsabilidad. Tal sería siempre la suerte de todo pueblo á que semejantes medidas se
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aplicasen; pero tratándose de Irlanda el mal es mayor, porque cabalmente las dos dificultades con que hay allí que luchar son, la falta de confianza en sus propias fuerzas, que es el distintivo del carácter irlandés, y la indiferencia con que es mirado el principio de libre contratación en asuntos territoriales. Más acertado que lo que plantea el actual proyecto sería, en nuestro sentir, como han indicado algunos órganos de la opinión pública en Inglaterra, ya que se quiere crear una nueva clase de propietarios en Irlanda, fomentar y desarrollar el espíritu de independencia local e individual, interesando fuertemente á los labradores en el exacto cumplimiento de sus compromisos, y ligando su porvenir al pago puntual de las cantidades con que van á ser tan pródigamente auxiliados. Y, de seguro, esto no sucederá, apelándose, como se apela, á la apropiación de los fondos públicos—de los fondos imperiales—en una extensión sin límites, ó cuyos límites hasta ahora nos son desconocidos. Arrojando la carga sobre los contribuyentes de los tres reinos, que forman la nación, resultará que los nuevos propietarios cada día contarán más con esa inagotable mina, que si ahora les presta con larguezza, mañana no ha de poder reclamarles con crueldad. Preferible sería, en el triste camino que se emprende, no romper del todo la cadena de las responsabilidades, y que las culpas de Irlanda cayeran sobre los irlandeses.

Pero esto equivaldría á reformar una ley, cuyo espíritu y cuyas tendencias hemos de rechazar enérgicamente los hombres que todavía tenemos fé en ciertas doctrinas y oímos con gusto ciertas soluciones. Nos asusta, sí, nos asusta,—ingénuamente lo confesamos,—la presente ley agraria; porque, digase lo que se quiera, los que en España parecemos revolucionarios, sin serlo, tenemos también derecho á asustarnos de los que en Inglaterra son revolucionarios, sin parecerlo; y temblamos ante el sistema que allí se implanta de tasar la renta, de hacer co-partícipe en la propiedad al colono ó al arrendatario y de reconocerles un dominio de tal especie, que anula la acción del propietario, sin que éste obtenga por ello indemnización alguna; llegando el esfuerzo de la ley hasta poner mano en los caudales del Tesoro público para repartirlos generosamente entre aquellos que, hartos ya de pertenecer á la humilde clase de terratenientes, quie-