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ren ingresar de improviso en la jerarquía de propietarios.

Y cuenta que no se trata de una repentina necesidad ó de una calamidad pasajera, para remediar la cual estaria hasta cierto punto justificado el empleo de los caudales públicos; la ley crea una organización permanente, y ha de traducirse en una serie de operaciones que forzosamente ha de abarcar el período de muchos años, porque durante la época de transición, la Comisión vigilará y regularizará los procedimientos. ¿Es posible concebir precedente más funesto que el de autorizar á un cuerpo, cuyas funciones han de ser tan complicadas é importantes, á hipotecar el crédito de los contribuyentes de la Gran Bretaña? Tan discrecionales son las facultades concedidas, que apenas habría de ser posible al Parlamento, después de lanzada en la vía del crédito imperial la gran máquina que se construye, hacerla retroceder. Y si la Comisión, temerosa de ir demasiado lejos, quisiera escatimar recursos y oponer obstáculos á los colonos, entonces caería por su base la obra que se propone cumplir el Gobierno; á más que el descontento y la impopularidad surgirían incontinenti, porque esta Comisión se halla irremisiblemente condenada á ser pródiga ó á ser impopular. No es, pues, maravilla que asistamos con sobresalto al espectáculo que nos ofrece Inglaterra. No van allí los partidos á la contienda electoral llevando exclusivamente principios políticos, sino que apoyan éstos con medidas sociales que, brindando positivos beneficios, deciden del voto de las grandes masas. Cuando tan tentadoras son las ofertas, ¿cómo dudar del éxito; ni esperar que los que toman sean más parcos y prudentes que los que ofrecen?

Encuentran los derechos del súbdito inglés, en todas las esferas de la vida, poderosas garantías. Públicos son los juicios: un jurado imparcial absuelve ó condena. Con gran competencia se depuran también las cuestiones legales. Sobre el juez que falla en primera instancia hay dos y á veces tres tribunales de alzada. Todas estas garantías desaparecen en la nueva jurisdicción territorial que ha de presidir á la refundicion de la propiedad irlandesa. Constará la Comisión de tres personas, designadas en la ley, entre las cuales una sola pertenecerá á la magistratura; y, en caso de ocurrir vacantes, se cubrirán éstas por nombramiento de la Corona. Sus acuerdos serán inapelables
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tivas como legislativas, á los más aptos, más á propósito ó mejores para el desempeño de su cometido. Con lo cual nos parecen plenamente demostradas las calificaciones que hemos hecho de las antiguas y modernas democracias.

Se ha dicho y repetido, y no sin algun fundamento ó razon, que, con frecuencia, las democracias conducen á las dictaduras. No sólo tiene esto mucho de cierto, sino que puede sostenerse sin gran esfuerzo que la dictadura es una de las formas de la democracia; forma poco correcta, es verdad, pero necesaria en muchos casos. Cuando un país pasa por esas épocas de transaccion entre el Gobierno oligárquico y democrático, si el primero, por sus desaciertos, por sus injusticias, porque la clase que le componía por una razon cualquiera ha llegado á hacerse incapaz para la gobernacion del Estado, y es, por consiguiente, forzoso reemplazarle por el segundo; si el pueblo que está llamado á formar parte directa ó indirecta del poder, por el estado de ignorancia en que se encuentre sumido, por su inexperiencia y falta de aptitud para ejercer el derecho que le corresponde, por las supersticiones á que obedezca, incompatibles con el derecho moderno, por los vicios que haya adquirido á consecuencia de anteriores y prolongadas dominaciones; si por una razon cualquiera, en fin, se halla en la incapacidad momentánea para desempeñar su cometido; como es forzoso que tenga su representacion, es necesario dársela, so pena de que el pueblo de que se trata desaparezca. Como las naciones tienen larga vida, es preciso resolver esta antinomia, y en este caso la fuerza y las aspiraciones del pueblo se personifican en un dictador que, asumiendo en sí todo el poder de la soberanía, concentre en su mano la facultad de hacer las leyes y su ejecucion. Las dictaduras son siempre un medio peligroso, y no es raro en la historia que hayan tenido por objeto, ó al menos por fin, hacer valer el peso numérico de los más atrasados ó ignorantes, para imponerse ó hacer callar á los que marchan á la cabeza de la civilización, haciendo de esta manera un punto de parada en el camino del progreso. Corresponden, en otras ocasiones, á la necesidad de la lucha, á la concentracion de fuerzas necesaria para conseguir el triunfo de las nuevas ideas, en contra de añejas preocupaciones o abusivos privilegios. Así y todo, la dictadura es siempre un gra-
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fallos. Su residencia ha de ser Dublín, pero libres de recorrer el territorio, separados ó juntos, y de nombrar subdelegados, cuyas decisiones serán tan inaplicables como las de la misma Comisión.

Parécenos difícil llevar más lejos el despotismo democrático en contra de la propiedad. Es probable, casi seguro, que los dos individuos que constituyen la mayoría, y que han de ejercer, por lo tanto, el poder de la Comisión, sean adictos á la política de M. Gladstone y estén imbuidos, cualquiera que sea su integridad personal, de un espíritu antagónico á las reclamaciones de los propietarios. Y estos individuos van á disponer como crean conveniente y oportuno de la renta y de la propiedad en Irlanda, sin que haya ningún tribunal que pueda restringir ó reparar el daño que causen. Desde que los comisionados de Cromwell despojaron los monasterios, á ninguna otra Comisión se le han otorgado parecidas facultades, ni tan vasto poder en manos de dos hombres existe en ninguna otra parte del mundo civilizado.

III

Por la rápida ojeada que sobre la ley hemos echado, nuestros lectores conocerán la extremada gravedad de los principios que encierra; y de fijo más que la oposición que promueve, extrañarán el que contra ella no haya estallado unánime y formidable la opinión pública. Hiciérase eso mismo en cualquier otra nación que no fuese Inglaterra, presentárase en otra parte un proyecto como el que apoya el Gobierno inglés, y la protesta sería inmediata, terrible, avasalladora. ¿Qué se diría en nuestra España de una ley por el estilo? ¿Cabe en la mente del más delirante de nuestros socialistas prácticos un plan sometiendo á los propietarios de Andalucía, por ejemplo, al arbitrio de una Comisión, que les interviniere sus haciendas, les fijase la renta que hubieran de cobrar, les impusiese un condominio en favor de cada arrendatario y se valiera del dinero del Estado para entregarlo á los trabajadores que quisieran sustituirse á los dueños, y trasformarse de la noche á la mañana de pobres en ricos, de jornaleros en propietarios? Pues esto pasa en la Gran Bretaña, sin que las altas clases intenten nada más que suavizar los ri-
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gores de la ley, y sin que el partido conservador se proponga por ello derribar á los liberales, puesto que, al contrario, según todas las apariencias, los tories limitarán su oposición á una serie de enmiendas que, aceptando la responsabilidad del proyecto, tiendan á mejorarlo.

Nos queda una sola consideración que exponer. Dueño es cada país de resolver como mejor le cuadre sus problemas económicos. Harán bien ó harán mal los ingleses en borrar de su programa, como prácticamente borra esta ley, todas aquellas soluciones optimistas de libertad que acaso habían antes exagerado: pero—no hay que dudarlo—los demás pueblos levantarán acta de cómo resuelve sus conflictos el Reino Unido y sacarán de los precedentes, que hoy allí se sientan, irrefutables consecuencias. El que no signe un sistema no quiera tampoco imponerlo á dos demás; el que de su propia casa destierra las conclusiones economistas, no espere poderlas luego introducir en casa ajena. Tendrá necesariamente que cesar en su propaganda y renunciar á los beneficios que esa propaganda reporta, quien, lejos de practicar lo que predica, hace lo contrario de lo que aconseja. Ya lo estamos viendo. Si los productores irlandeses sufren quebrantos, la nación inglesa les abre sus arcas y facilita sus tesoros. Pero los que de tal suerte reciben la protección del Estado, ¿cómo han de persuadir á los demás pueblos á que les ofrezcan, en los mercados extranjeros, igualdad de condiciones para la lucha del comercio y de la industria? No habrá luego que censurar á quienes, no poseyendo en su patria ni las riquezas de Inglaterra ni las facilidades que por un procedimiento artificial se ponen allí al alcance del trabajo, reclamen con innegable derecho alguna compensación en las batallas que han de reñir contra los productores ingleses. Esos productos, dirán nuestros labradores é industriales, gozan, en su origen, de una protección directa, efectiva, metálica, que á nosotros no nos es dado ni soñar siquiera; aquí por falta de capital parecen muchas industrias, y, ¿hemos de competir sin amparo con productores que obtienen cuanto dinero necesitan á menor interés del que aquí pagan, no ya los industriales, sino los capitalistas?

Cuando las crisis llegan, ¿contamos nosotros aquí con Gobiernos tan generosos como el Gobierno inglés, que nos repar-
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tán, para ayudarnos, los fondos del Erario público, ó seremos entonces sometidos á las implacables leyes de la economía política en todo su rigor y en su mayor dureza? ¡La economía política! Es preciso que esta se haya aplicado antes á la producción para que sea después aplicable al comercio y al arancel: de otro modo no se encontrará libertad para vender en el extranjero lo que en Inglaterra se ha producido al arrimo de una ilegítima protección.

En este naufragio de principios y en esta confusión general de lenguas, cúmplenos á los que no pensamos abdicar de nuestras ideas estudiar las actitudes del partido que se llama liberal y señalar los peligros. Hoy que en nombre de exajerados radicalismos se atacan las libertades más necesarias, queremos continuar siendo lo que siempre hemos sido, defensores del derecho y conservadores de la libertad.

BUENAVENTURA DE ÁBARZUZA.
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PRÓLOGO

del curso de Derecho Político, escrito según la Filosofía moderna y la Historia de España, por D. Vicente Santamaría, catedrático de Valencia.

(Conclusion.)

El derecho de sancion, el famoso veto, es una declaración de que el poder legislativo obra en la esfera de sus funciones, porque de ella se saldrían las Cortes, si, por ejemplo, dictaran en un pleito una ley, que, como invasión del poder judicial, no debería ser ejecutada. El monarca no es hoy el primer juez de la nación, por más que en la Edad Media fuera el mejor alcalde el rey; pero nombra los jueces ejerciendo el poder armónico, para que la magistratura no sea instrumento de la administración, y decide los conflictos entre la administración y la magistratura. No ejerce el poder ejecutivo, pero nombra los ministros que lo desempeñan para armonizar sus funciones con las del poder legislativo, con la mayoría de las Cámaras, y disuelve las Cortes cuando dejan de ser órgano de la opinión, para restablecer la rota armonía entre el Estado oficial y el Estado total.

Con la diversa combinación de esos órganos y de esos elementos, se constituyen las diferentes formas de Gobierno que reconoce la ciencia y ha practicado la historia. Para clasificarlas esclareciendo las divisiones formuladas desde Aristóteles
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hasta nuestro tiempo, separa el Sr. Santamaría, con criterio y nombre acertados, las formas que llama orgánicas y las que denomina sociales; las primeras derivadas de la estructura de los poderes políticos; las segundas, producto de los elementos sociales que influyen preponderantemente en el Estado. Todas ellas, para ser legítimas, han de ajustarse: en el orden ideal, al principio del self-government, de la soberanía del Estado; en el orden histórico, al grado de desarrollo que alcance la cultura nacional.

Aplicando esta doctrina á cada forma de Gobierno, y empezando por las orgánicas, se rechazan en el Curso de Derecho político las monarquías electivas y las absolutas, para aceptar las hereditarias-representativas, cuando, á ejemplo de Inglaterra, de Bélgica y de Italia, personifica el rey en virtud de la representación tácita, la soberanía del Estado. Y esta representación es el único principio que puede sustentar la legitimidad histórica en que algunos doctrinarios fundan la monarquía, porque las raíces de lo pasado, que presumen estender á lo presente, carecen de savia si no las vivifica de continuo el tácito asentimiento del Estado total.

Entre las repúblicas, considera el Sr. Santamaría como legítima la unitaria, por apoyarse en la base del self-government, si se acomoda al grado de educación política de un pueblo, pero rechaza en todo caso la federativa: en el orden histórico, porque construye la historia al revés, retrocediendo, porque habiendo sido la federación forma de progreso en las repúblicas y en las monarquías para unir Estados parciales, se emplea hoy para disgregar el Estado nacional; y en el orden filosófico, como ya hemos indicado, por el desconocimiento del valor que alcanza la autonomía personal en que pretende fundarse. La autonomía de las personas sociales, Municipios, provincias ó regiones como la del individuo, no es más que la facultad que tienen de cumplir libremente los fines humanos, mientras no quebranten el derecho ajeno; pero este límite del derecho ajeno no lo define la persona jurídica que vive sujeta á él, sino el Estado, á menos que se sostenga que toda persona puede definir su derecho, en cuyo caso se sale ya del círculo del federalismo para tocar en la anarquía.
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En cuanto á las formas sociales de Gobierno, reconociendo el Sr. Santamaría con serena imparcialidad sus servicios y sus abusos en la historia, cree que todos los elementos que les dan vida pueden armonizarse dentro del principio de la soberanía del Estado. La aristocracia, ya militar, territorial, plutocrática ó hierocrática, censurable como gobierno exclusivo y frecuentemente tiránico de una clase, considerada en el seno de la soberanía común, puede preparar por sus medios de educación excelentes hombres de Estado y formar el núcleo de los partidos conservadores. La mesocracia, tímida y egoísta por sí sola, es quien ha traído á la política y quien mejor entiende y practica el self-government. La democracia, si pretende ser el demos de Grecia, la plebe de Roma, será la tiranía del cuarto estado, pero constituirá la forma más perfecta de gobierno, la más amplia, aquella en que desembocarán las demás para confundirse en una, si llama todos los elementos sociales con exacta proporción al ejercicio de los poderes políticos.

VIII

Fines, órganos y funciones, esa es la vida, porque vida tiene el Estado como todas las entidades orgánicas, vida ya normal en sana salud, ya anormal perturbada, verdaderamente patológica. Veamos esta parte, una de las que más novedad ofrecen en el libro que analizamos.

La vida política se entiende, desde el nacimiento hasta la muerte de los Estados: nacimiento, bien espontáneo y oscuro, como casi todos los orígenes humanos, bien reflexivo, como la colonización ó el pacto; desarrollo y crecimiento, por las uniones reales ó personales y las confederaciones y federaciones de Estados inferiores al constituir uno superior: decadencia y muerte, ya natural efecto del agotamiento de la misión del Estado, ya prematuro término de su existencia por la disolución, la desmembración ó la conquista; y entre el nacimiento y la muerte, la vida política se desarrolla sometida á la ley de una trasformación sucesiva, armónicamente relacionada con el progreso social.

La vida normal alcanza, no sólo á los órganos oficiales del Estado, sino á cuantos elementos forman el Estado total. Los
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primeros, funcionan con arreglo á la Constitución consuetudinaria ó escrita. Los segundos, puesto que se refieren á la sociedad y al individuo, constituyen, como factores de la vida pública, los partidos y los hombres de Estado. La teoría de los partidos se apoya principalmente en las doctrinas de Bluntschli y Laveleye, de Azcárate, Moya y Reus. En cuanto á los hombres de Estado, no sé si cometo una indiscreción al anunciar un estudio especial que acerca de ellos está haciendo el Sr. Santamaría, y que deseo vea pronto la luz pública.

Para la vida política anormal, puesto que son unas las leyes de la biología, suministra datos, análisis y clasificaciones la patología médica, en que se apoya el autor, trayendo luminosos puntos de vista á la patología del Estado. Pero vieniendo á las aplicaciones especiales á su objeto, distingue con novedad y acierto los males, las enfermedades que se refieren al principio del poder, que pudieran llamarse meramente políticas, y las que se manifiestan como cambio anormal de las instituciones que pudieran llamarse político-sociales, porque proceden de un desequilibrio entre la sociedad y el Estado, ó entre el Estado oficial y el Estado total.

Las primeras son, ya generales á todas las formas políticas, como la anarquía y el despotismo, ó ya especiales á ciertos Gobiernos, como el favoritismo en las monarquías, el parlamentarismo en los Gobiernos representativos, la oligarquía en las aristocracias, la burocracia en las mesocracias, y la demagogia en las democracias.

Las enfermedades político-sociales, se muestran como cambios anormales en la vida política por medio de las revoluciones y de los golpes de Estado, verdaderas crisis en el sentido que dá á esta palabra la Medicina, pues que pueden resolverse con el restablecimiento de la salud alterada, con la regeneración de la vida, ó con la decadencia y la muerte del Estado. Y aquí, al cerrar la parte filosófica de su libro, invocando el Sr. Santamaría las doctrinas del padre Gratry, que identifican la ley de responsabilidad moral del individuo y la de la especie, como emanadas del mismo principio de justicia, declara que la prosperidad ó decaimiento de los Estados, son las consecuencias inevitables, que, como expiación ó premio, signen al mérito ó á
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la culpa del Estado total en las manifestaciones de su voluntad colectiva. Cuando ésta, órgano de la razón, declara el Derecho en sus leyes, las fuerzas vivas de la sociedad, amparadas y fortalecidas por la justicia, no sólo curan con su vix medicatrix los males pasados, sino que desarrollan con vigor progresivo la maravillosa florescencia de la civilización; pero cuando esa misma voluntad colectiva, corrompida ó perturbada, falsea en las leyes el derecho que debiera declarar, las fuerzas sociales, quebrantadas por la injusticia, languidecen, se detiene el progreso, y el Estado expía su culpa con la decadencia ó con la muerte. Hay en la historia una ley de responsabilidad inexorable para la voluntad colectiva, pero si en ésta influyen mucho por su organismo las instituciones sociales y políticas, no influye menos el individuo, célula elemental del Estado. Por eso viven y progresan aquellos en que es virtud común el patriotismo; por eso decaden y mueren aquellos otros en que la inmoralidad ó la glacial indiferencia política hiela la sangre en el corazón de los individuos; y así la última y más comprensiva fórmula del nuevo libro, en su parte filosófica, es la solidaridad indisoluble que existe entre la moral y la política, entre el individuo, la sociedad y el Estado.

IX

Llegamos por fin á la parte histórica, á la historia de las instituciones políticas de España, que encuentra por primera vez en el Curso de Derecho político su exposición completa en todos los reinos de la península, bajo el concepto de la unidad superior que constituye nuestro carácter nacional.

Trabajos especiales importantísimos sobre determinados reinos ó determinadas instituciones, se han dado á luz entre nosotros en los últimos tiempos. Fuera injusticia pasar en silencio los muy eruditos del Sr. Colmeiro, sobre Castilla y Leon; en estudios más estensos, en la más amplia unidad de la historia general del Derecho español, han comprendido los Sres. Marichalar y Manrique el desarrollo de nuestro Derecho político. Pero la unidad especial y total de la existencia histórica del Estado en España, aparece ahora por primera vez entre nosotros y por
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primera vez se le aplican las leyes de la vida normal y anormal antes expuestas.

El Estado nacional tiene en las instituciones y en las ideas tres puntos de partida: el espíritu de orden, hijo del Derecho romano, propio de la raza latina, el sentimiento y la energía de la libertad individual, propio de la raza germánica, y la noción de la libertad moral como origen del derecho del individuo y de la sociedad frente al Estado, obra del cristianismo. Veamos, alterando el método en gracia de la brevedad, cómo estos elementos se mezclan y compenetran por diversas maneras, según el nuevo libro, para constituir el Estado en España.

Jántase por primera vez unos y otros en la España goda. Los resabios del romanismo y del arrianismo subordinaron el clero al monarca, y sólo quedaron en pie, uno frente á otro, el Estado constituido en la monarquía de los Flavios, verdadero cesarismo á la romana, y la Sociedad establecida á la germánica, como una poderosa aristocracia, arraigada en el suelo por el reparto del territorio. La democracia germánica de los tiempos de Tácito, se había aristocratizado ya entre los godos al ocupar en el siglo III la Dacia de Trajano: el bucelario, al recibir la tierra del senior, empezaba la evolución que había de trasformar el comitatus en vasallaje; pero el poder público á la romana, ejercido por el rey y por funcionarios que retribuía, impidió al senior ejercer jurisdicción sobre sus bucelarios y sus siervos, ahogando ese germen de la vida feudal que tan ampliamente se desarrollaba en Francia. Abolidas las juntas de seniores, no tuvo la aristocracia medio legal de hacer sentir su acción en el Estado; careciendo de garantías para sus propiedades, vivía á merced de una monarquía confiscadora; pero más fuerte que los reyes, los asesinaba ó los tonsuraba, puesto que no podía dirigirlos. Padecía el Estado gótico una de esas enfermedades que hemos llamado político-sociales, porque el poder no se ejercía por el elemento más importante en la sociedad, y quebrantado por las luchas intestinas, las traiciones y la anarquía, bastó para disolverlo el golpe del Guadelete.

Dejemos á un lado á los musulmanes, preponderantes por tres siglos. El Koran, confundiendo la Religión y el Estado, no podía dejar huellas profundas en nuestra política.