Revista de España (1880-09-01 00:00:00), página 135

rán para demostrarlo: 1.º En la provincia de Madrid un jefe de puesto de la Guardia civil se dirige por medio de oficio á un alcalde ordenándole que se presente al diputado á Córtes del distrito, que á su vez las tiene del Gobierno, para que apoye por todos los medios posibles al candidato ministerial. 2.º En la de Granada, el gobernador impone la candidatura de un conservador por medio de apremiantes órdenes al alcalde. 3.º En la de Valencia, el gobernador prende á 30 electores, sin más motivo que el de impedirles que voten á un candidato democrata. ¿A vista de este proceder de los delegados del Gobierno, no se comprende que los comités de provincia creyesen que la lucha era temeraria y estéril? Ya hemos dicho en las anteriores Revistas que la idea del retraimiento es impropia de todo partido de gobierno; pero esto no quiere decir que los partidos estén obligados á acudir á los colegios electorales, cuando tienen el convencimiento de que el encargado de proteger sus derechos es el primero que los desconoce ó atenta contra ellos. Así es que si en alguna ocasión ha estado justificado el abandono del campo, ha sido ahora, porque los representantes del poder han dado lugar á ello.

¡Y á qué móviles ha obedecido el Gobierno para extremar la intervención de sus delegados en la lucha electoral? Al de hacerse dueño de las Diputaciones provinciales, que son la base de la parte electiva del Senado, y con ellas y con los alcaldes de real nombramiento y con unas Cámaras que, constitucionalmente, tienen todavía tres años de existencia, completar la red en que han de desenvolverse las instituciones políticas, evitando hasta la posibilidad de un cambio de situación, convencido de que, aun cuando se intentara, sería imposible realizarlo, por temor á romper el círculo en que se va involviendo todo el régimen constitucional.

III. Todas estas maniobras han venido á crear, entre el partido liberal y el conservador, una tirantez de relaciones que empieza á ser grave y que, si no se remedia á tiempo y se le deja tomar cuerpo, puede ser de tristísimas consecuencias. Es un error imperdonable en un hombre de Estado creer que con un solo partido, por numeroso que sea, puede consolidarse una monarquía parlamentaria, y es doblemente erróneo el no comprender que la excesiva duración de los gobiernos de un solo partido, dá lugar á que el que está en la oposición pierda la confianza y tome otras direcciones. De estas elementales consideraciones nace la necesidad de que los dos partidos que alternativamente deben dirigir el poder, tengan el mismo interés, la misma fe y hasta el mismo entusiasmo, por mantener incólume lo que dentro del sistema político que ambos profesan es esencial para uno y para otro: necesidad que se realiza por virtud de concesiones recíprocas y de inteligencias armónicas, que en nada menoscaban la dignidad de los partidos y que redundan siempre en provecho y en prestigio de la institución que los preside.

Cuando falta esta inteligencia, cuando no hay flexibilidad en las relaciones, cuando un partido se propone vincular el poder en sus manos y cuando el otro empieza á desconfiar de alcanzarlo, el resultado tiene que ser fatal; y esta es la situación en que desgraciadamente nos encontramos.

Someter la solución de este problema, someter el fallo de este juicio al Parlamento, es imposible; decidirlo de una manera constitucional, consultando la opinión pública que, en momentos dados puede no estar en el Parlamento, é inspirándose en el interés de la patria, en el prestigio de las institu-