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cuestión de esta naturaleza, era expuesto para el Gobierno, porque cada uno de los periódicos, al defenderse, habría demostrado que en los decretos de 1.º y 22 de Agosto se infringieron disposiciones de carácter constitucional, poniendo al tribunal, en el caso de fallar sobre el fondo de un asunto harto delicado, para que se tratase con la precipitación de un proceso especial sobre delitos de imprenta, en que el Fiscal y los jueces proceden, casi siempre, por apreciación y en que las ideas políticas entran por mucho, lo mismo en la acusación que en la defensa. Esta consideración y la de que la conducta de la prensa liberal no era mal vista en Palacio, por razones que expondremos, contuvo los primeros impetus del presidente del Consejo de ministros, cuyo desagrado se significó inmediatamente después, en el inusitado rigor con que, desde aquellos días, se condujo el Fiscal de Imprenta, que sólo en el mes de Setiembre formuló diez y ocho denuncias contra periódicos liberales, por artículos bastante más templados que los que en otras ocasiones habían escrito. Pero dejemos esto á un lado, que ya lo trataremos al hablar del nuevo carácter político de la situación, y sigamos con el asunto del Principado.

Hemos dicho que la conducta de la prensa liberal no era mal vista en Palacio y la prueba de esta presunción racional la tenemos en una carta que publicó El Correo de 1.º del corriente, fechada en Viena á 25 de Setiembre, en que se han hecho revelaciones muy significativas. Según ella, el Gobierno de Austria, movido, de una parte, por el interés de la preponderancia de la familia imperial de Hasburgo, interés que exigía que á la hija de la Reina de España no se le escatimara «ningún título ni honor de los existentes en la monarquía española,» y de otra, por el interés político, que le aconseja, «caso equivocadamente... el apoyo del Ministerio conservador en España,» se informó, eficazmente, por medio de su ministro en Madrid, «del alcance y objeto del decreto del Sr. Cánovas de 1.º de Agosto;» y parece que en aquellos días se dieron seguridades «de que, si nacía una hembra, sería inmediatamente agraciada por su augusta padre con el título de Princesa Asturias.»

El correspondal añade, que esto lo había prometido, solemnemente, quien con mayor autoridad podía prometerlo; y claro está, que si este criterio dominaba en Palacio, no podía mirarse con desagrado que la prensa liberal abrigara los mismos generosos sentimientos.

Los altos secretos de la Providencia dispusieron que naciera una hembra, «y tan pronto como tuvo lugar el feliz suceso,—continúa hablando el correspondal de El Correo—se trató, por quien puede, de condecorar á la heredera del Trono de Castilla con el título de Princesa de Asturias, para exaltarla tanto como todas las infantas de España que lo han llevado; pero se tropieza con la dificultad de que el Sr. Cánovas opuso una resistencia decidida á firmar el decreto, creyendo, y no sin razón, que después
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»de lo que había hecho en el particular, no era él quien podía prestarse á aparecer vencido por la influencia austriaca.»

Y concluyó diciendo el corresponsal:

«Para que el Sr. Cánovas no sufra en su amor propio, y sobre todo, no deje el poder, se ha convenido en aplazar la concesión del título hasta los días cumpleaños de S. M. el Rey, en Noviembre próximo, ó en los días del santo, si otra circunstancia análoga.»

Incredíble parece esta explicación, y sólo la autoridad que nos merece el corresponsal del periódico á que aludimos (1), nos mantiene á darle crédito.

Otro ministro que el Sr. Cánovas del Castillo, se habría apresurado á dimitir su cargo, si entendía que no estaba moralmente autorizado para refrendar el decreto; porque nunca hay razón para retener el poder, ni un minuto, cuando se ha indicado una disidencia de opiniones entre el poder irresponsable y el Gobierno. Desconocer estos elementales deberes y apelar, para conservar el poder, á medios como los que se expresan en la carta que hemos extractado, no es propio de hombres de la altura y del prestigio que pretende tener el presidente del Consejo.

Y este es el estado en que actualmente se halla la ya fatigosa cuestión del Principado de Asturias.

III La circular del ministro de la Gobernación á los gobernadores definiendo, nuevamente, las funciones políticas y administrativas de los alcaldes, ha sido calificada como una nueva ordenanza, porque en ella se modifica, casi sustancialmente, el espíritu de la ley municipal, convirtiendo á los presidentes de los Ayuntamientos en meros funcionarios públicos.

«Los alcaldes, dice el ministro de la Gobernación, son al mismo tiempo funcionarios locales que delegados del Gobierno en representación del poder ejecutivo, que corresponde al rey. Como administradores de los pueblos, y en su calidad de concejales, deben rigurosamente abstenerse de toda acción política contraria ó favorable al Gobierno responsable, puesto que su misión es sólo administrar los intereses del Municipio. Como delegados de este mismo Gobierno, tienen que aplicar estrictamente y cuidar con celo de la observancia por todos de las leyes del reino. En este último concepto no pueden llevar á cabo los alcaldes ninguna acción ó omisión que no esté de acuerdo con sus deberes de representantes locales del poder ejecutivo y delegados del Gobierno del rey donde quiera que éste no tiene representante ó delegado directo.

(1) El corresponsal de El Correo en Viena es un diplomático bastante informado de lo que sucede en la cancillería austriaca, y amigo además de una de las personas más influyentes en la política europea.
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común, estableciendo y consignando las bases de sus efectos y divisiones jurisdiccionales. ¿Fueron en esto los autores de las leyes de Enjuiciamiento civil y Poder judicial tan acertados y prácticos como fuera de desear, y como los resultados acusaron y acusan? Creemos que no; mas, de todos modos, veámoslo.

Si la jurisdicción, como la ciencia, es una en sí, como una en sí es la verdad, y lo mismo la belleza y el bien, está sujeta y obediente á la ley universal del unum et versus, de la infinita variedad contenida en la unidad infinita, que viene á constituir en sus aplicaciones el arte y la ciencia de gobernar y administrar, de aquí el punto departida en que el legislador debió colocarse al formular y determinar las divisiones á que racionalmente está hoy sujeta la jurisdicción en la aplicación y desenvolvimiento práctico de la administración judicial, en su relación con el pronunciamiento y sanción oficial y ejecutiva en las contiendas y necesidades que origina el derecho común.

Ante estas necesidades y ante este fin racional del derecho formulario, lo mismo en su parte general adjetiva que en la sustantiva (1) que algunas veces tiene, desde luego se dejan sentir dos divisiones capitales de la jurisdicción judicial; la primera, ya con relación á las cosas, á los objetos, ó mejor dicho, á la lucha de los derechos y deberes; la segunda, á las personas: una y otra deben obedecer á la manera que tienen de ser y manifestarse en el mundo sensible, según los derechos y deberes, las cosas y las personas sean disputadas, controvertibles y consentidas, y según los Tribunales ó Jueces tengan esta ó la otra categoría.

(1) No puede menos de confesarse que el carácter originario y general de las leyes procesales es el abjetivo; pero no por ello debe desconocerse, como intenta Bentham, que dejan de entrar en algunas de sus partes, preceptos y artículos de carácter puramente sustantivo; y sino, ¿qué otro carácter pueden tener los axiomas jurídicos reconocidos como universales por la razón y el sentimiento, como los de que «la prueba incumbe al demandante.» No debe permitirse al demandante lo que está prohibido al demandado» y otros de igual naturaleza? Las leyes que tales preceptos sancionan y consignan, son, más que leyes secundarias, leyes fundamentales, toda vez que respondiendo á la armonía de un principio fundamental científico, por necesidad tienen sus ramas que apoyarse en su desarrollo, en las bases preexistentes que al mismo acompañan, nacidas y originadas en ese derecho anterior á toda ley civil, cual emanaciones de la suprema justicia.
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«De aquí la evidente imposibilidad de que, mientras conserven aquel carácter, promuevan, presidan, tomen parte directa ni indirecta en ninguna reunión con carácter político, sea cualquiera su objeto, tienda á apoyar ó á combatir las ideas que el Gobierno representa; ni que con iguales fines puedan acumular al carácter de alcalde el de director ó propietario de algún periódico político. Mucho menos si en las reuniones políticas á que concurrense ó en los periódicos que dirijesen se dejase ver ó fuera de sospechar la más leve tendencia á combatir la Constitución ó cualquiera ley del reino.»

Creíamos ya pasado el tiempo en que los Gobiernos, desentendiéndose de las leyes por ellos mismos propuestas, decretaban, en Reales órdenes y circulares, medidas contrarias á los derechos políticos, con objeto de ejercer, con desembarazo, omnimoda autoridad y avasalladora presión sobre los ciudadanos y los partidos; pero estábamos equivocados.

Hubo tiempos en que la cuestión de Ayuntamientos era, en este país, una de las que más le agitaban y que producían mayores y más profundas perturbaciones. En 1840 fué causa, ó por lo menos pretexto, para una revolución terrible; y más adelante originó las graves disidencias que surgieron en el seno de la Unión liberal, y de que el tribuno Rios Rosas se hizo eco en el Parlamento.

¿Qué van á ser en adelante los alcaldes? ¿Cuáles son sus funciones? La circular lo dice: delegados del Gobierno, que deben someterse ciegamente á su política y ejercer la autoridad local como cualquiera otros empleados de orden público. No tendrán ideas propias; no podrán, como los demás ciudadanos, asistir á reuniones, ni emitir sus pensamientos por medio de la imprenta; sus manifestaciones y sus actos se ajustarán siempre á las órdenes del gobernador; y si por acaso estos verdaderos autómatas disintieran de las ideas del ministro, [serán separados ó suspendidos, pues que para ello se consideran como causas graves, para los efectos del art. 189 de ley municipal, las siguientes:

1.a La asistencia de los alcaldes á las reuniones públicas, fuera del cumplimiento de sus deberes como autoridad, ó el hecho de ser directores ó redactorés de la parte política de cualquier periódico.

2.a La participación directa ó indirecta de los mismos en cualquier acto político á que no sean obligados á concurrir, por expresa disposición de la ley.

Y 3.a Toda acción ó omisión incompatible con los deberes de su cargo.*

Dadas las condiciones á que se pretende someter á los alcaldes, es evidente que sólo podrán desempeñar estos cargos los que se identifiquen con la política del Gobierno, los cuales, por pocos que sean, constituirán en este país una especie de raza conquistadora, mientras que los demás ciudadanos libres formarán la masa de los vencidos y humillados.
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POLÍTICA.

Se comprende que el Gobierno, al nombrar los alcaldes, en los pueblos en que, con arreglo á la ley, puede hacerlo, prefiera á sus adictos en concurrencia con los adversarios; pero hacer depender la existencia de estas autoridades, aun en los pueblos en que el Gobierno no las nombra, del arbitrio de los gobernadores, dando á estos como criterio legal el apreciar si un alcalde ha manifestado ideas políticas, nos parece que es dar el último golpe á la autonomía municipal, para erigirse el Gobierno en supremo alcalde de la nación, proclamando el famoso principio de El mejor alcalde el rey, que tantas veces han condenado los hombres de la libertad y de la ciencia.

Hay, sin embargo, una circunstancia que atenua la gravedad de esta arbitraria medida, y de que no podemos desentendernos, por que no nos ciega la pasión política hasta el extremo de no examinar los actos del Gobierno solo para combatirlos; y esta circunstancia es la de que, en la inmensa mayoría de los pueblos de las Provincias Vascas, son carlistas los alcaldes nombrados por los Ayuntamientos, y tan impenitentes, que ni dejan circular más periódicos que los de su partido; ni solemnizan los días del rey; ni tienen en las Casas Consistoriales el retrato del jefe del Estado, en señal de reconocimiento; ni se consideran como subordinados al Gobierno de la nación, y menos como súbditos de la monarquía constitucional. Ante esta rebeldía pasiva, justo es que el Gobierno tome algunas medidas de precaución para reprimir cualquiera desastre que pueda sobrevenir; pero el error está en que semejantes medidas no deben tener carácter general, ni dictarse á costa del prestigio de la ley municipal, porque esto abre la puerta á las sugestiones, á los abusos y á todo ese semillero de pasiones de que tan saturada está la mal llamada política de las localidades.

IV. La otra circular de Gobernacion á los gobernadores de las provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, tiende á contener, en lo posible, los nuevos progresos del absolutismo, por la influencia del clero.

La prensa liberal venía denunciando, hace algún tiempo, que los clérigos de aquellas provincias, predicando en dialecto vascuence, vertían en las iglesias ideas políticas, radicalmente contrarias á las actuales instituciones. Estas noticias fueron comprobadas por el Gobierno, y á ello se debió su circular de 30 de Setiembre, cuya parte dispositiva dice así:

«S. M. el rey (Q. D. G.) se ha dignado disponer que despliegue V. S. el mayor celo para inquirir los casos en que por parte de los eclesiásticos de esa provincia en general, y señaladamente los oradores sagrados que prediquen en vascuence, lo mismo que los que prediquen en castellano, se delinca contra la Constitución ó las leyes del reino; que no omita V. S. medios para vigilar á los individuos de esa clase, pocos indudablemente, que mal aconsejados ataquen, siquiera sea indirectamente ó con emborrradas alusiones, las ins-
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tituciones de la nacion y la legislacion vigente, y que comunique al Gobierno sin demora todos los hechos de esta índole de que V. S. reciba noticias, para adoptar, según las circunstancias, las resoluciones que se estimen oportunas.

Esta circular no es censurable desde el punto de vista de las ideas liberales, y mucho menos si se tiene en cuenta la potestad económica y tuitiva que por virtud de las leyes de la Novísima Recopilación, hasta aquí no derogadas, conserva el Gobierno para atender á la defensa de los poderes públicos y de las leyes, cualesquiera que sea la forma y el lugar en que sean atacados. Lo que sí creemos, y de ello tenemos un convencimiento firmísimo, es que la circular es insuficiente, y á decir mejor, inútil; porque ni los alcaldes de los pueblos de las tres Provincias vascas han de coadyuvar la acción de los gobernadores, ni estos tienen medios eficaces para inquirir si en los sermones que se predicen, en aquel dialecto, se ataca, con emboscadas alusiones, la forma de Gobierno y las leyes del país, á menos que para ello empleasen el sistema de las delaciones, que, por lo general, lleva en sus entrañas la venganza y la corrupción.

Cuando se trata de atacar un mal de la trascendencia de éste, no hay que andar con paliativos que, sobre ser ineficaces, sólo prueban la falta de inteligencia ó de valor en quien los emplea. Reconocida la existencia del mal, no hay otro recurso que el de apelar á temperamentos vigorosos. El inconveniente estaría en no poder adoptarlas sin infracción de las leyes, pero prescribiéndolos estas, como sucede en el presente caso, es una gran debilidad el no aplicarlos con energía.

V Reflejo de la política que ha emprendido el Gobierno desde el mes de Mayo último en que comenzó á acentuarla en un sentido exageradamente conservador, es la circular que, con fecha 4 del corriente, ha dirigido el fiscal del Tribunal Supremo de Justicia á los de las Audiencias, ordenándoles que den á sus subordinados las instrucciones oportunas para que promuevan la formación de procesos por los delitos y faltas que se cometan por medio de la imprenta.

Esta circular, que ha producido una gran indignación en la prensa liberal, y que, ó mucho nos equivocamos, ó ha de ser causa de gravísimos disgustos, puede y debe juzgarse bajo dos aspectos: uno jurídico, para examinar hasta qué punto se acomoda á las leyes orgánicas judiciales, y al Código penal, y otro político, para ver si favorece ó perjudica al régimen existente.

Es cierto que la ley de imprenta de 7 de Enero de 1879, excluye de su propio alcance cierto número de delitos que pueden cometerse por medio de la prensa, previstos y calificados en el Código penal, y que, en presencia de ellos, el ministerio fiscal tiene, por el art. 838 de la ley orgánica del poder judicial, el deber de promover la formación de procesos, ejercitando su acción directa e inmediata ante el juzgado respectivo, en forma de querella; pero
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¿A cuál de los delitos excluidos de la ley especial de imprenta se dirige el fiscal del Supremo en su circular?—Oigamos al autor:

«Mas entre las disposiciones—dice—que acabo de mencionar, merecen particular atención las relativas á injuria y calumnia dirigidas contra las autoridades, delitos que importa cuidadosamente distinguir del mero insulto. La frase insolente y grosera dirigida á lastimar el amor propio y concitar la cólera del ofendido, constituye el insulto. Con él son incompatibles el necesario prestigio y el respeto debido á la autoridad, como lo sería en la esfera privada la dignidad de la persona; y es por tanto, siempre y en todo caso delito, y delito especial si se perpetra por medio de la prensa.»

«No así la injuria ni la calumnia, bajo cuya criminosa apariencia tal vez se oculta un acto de viril patriotismo, eficazísimo para el mejoramiento de las costumbres públicas y la pureza de la Administracion. Ante la imputación de un delito dirigida á una autoridad, ó la de un vicio ó falta de moralidad incompatible con la consideración y prestigio de que necesita estar revestida, la presunción legal está á su favor, como en idénticas circunstancias lo estaría á favor del particular agraviado. La querella fiscal es, por tanto, inexcusable, á tenor de lo dispuesto en el art. 482 del Código, y en los artículos 244 y 245 de la Compilación vigente. Pero abierto de este modo el palenque á una libre discusión, en la que es lícito al procesado aducir todo linaje de pruebas en corroboración de sus asertos, subsiste, si, el interés público de que no quede impune el calumniador ó el injuriante; pero á él se allega otro, si cabe, de mayor precio, cual es el de proteger á la prensa en la más árdua y provechosa de sus funciones, y convertir el rigor de las leyes hacia donde es más lamentable y pernicioso su quebrantamiento. En este punto nunca serán excesivos la vigilancia de V. S. ni el celo de sus subordinados; como quiera que bajo toda imputación calumniosa ó injuriosa dirigida á la autoridad se contiene siempre un interés de altísima importancia: el prestigio de esa misma autoridad ó la dignidad y pureza de la Administración pública.»

Es, pues, evidente, que el pensamiento primordial del fiscal del Supremo, se dirige á proteger á los ministros, autoridades y funcionarios de la administración contra las censuras de la prensa, puesto que si la imputación de un delito, un vicio ó una falta de moralidad á un funcionario público, aun siendo cierta, constituye, desde el momento en que se hace, un delito de injuria ó calumnia en el director del periódico, claro está que ante la amenaza de verse procesado y vejado, no habrá periódico que se atreva á denunciar un abuso de autoridad, ni una inmoralidad administrativa: porque aun cuando tuviese la prueba más completa de los hechos y la seguridad más absoluta de que el Tribunal de justicia le absolvería, lo cierto es que, mientras se sustancie la
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causa en todas sus instancias, tiene que aceptar la afrentosa condición de procesado, y procesado por delito común.

No se necesita entrar en una gran disertación jurídica, para probar que la circular del Fiscal del Tribunal Supremo viene á perturbar el derecho penal, en un punto en qué todos los tratadistas y todas las escuelas han estado siempre conformes; basta para ello hacer una sencilla reflexión. La acción popular que la ley de enjuiciamiento criminal reconoce en todo ciudadano, para denunciar y perseguir un delito, aun cuando por él no haya sido directamente perjudicado, arranca de dos grandes fundamentos: primero, el de que el delito público afecta á la sociedad entera; segundo, el de que la administración no puede, en muchos casos, disponer de todos los medios necesarios para el descubrimiento y averiguación de los delitos, ó para la persecución y castigo de los delincuentes. De aquí se sigue, el que la denuncia de un hecho que, de ser cierto, sería penable, no solamente no constituya delito, mientras no se pruebe que fué falsa ó maliciosa, sino que se considere, y así la califican los más respetables criminalistas, como un servicio á la sociedad. Pues bien: la teoría del Fiscal del Supremo, D. Antonio Mena y Zorrilla, viene á echar por tierra este servicio social y á negar, por completo, sus fundamentos: porque desde el momento en que el denunciador tenga que constituirse en procesado, y procesado de oficio, para aducir todo linaje de pruebas en corroboración de sus asertos, no hay denuncia posible: porque si el interés público puede mover al hombre que denuncia un delito á arrostrar algunas molestias y hasta algún sacrificio, porque de ello le compensa la satisfacción de ver cumplida la justicia y la ejemplaridad de la pena, no es tan eficaz si tiene tanta virtud que lleve al hombre hasta el extremo de dejarse procesar y de sufrir todas las consecuencias de una causa criminal, antes de que su denuncia produzca los saludables resultados que se propuso al formularla. Y si esto puede decirse del particular, ¿qué no diremos de la prensa, que, si alguna misión tiene en las sociedades humanas, es precisamente la de difundir el bien, para que cada día alcancen sus efectos á mayor número, y combatir el mal para que cada día sean menos los que lo practiquen?

Léjose de nuestro ánimo sostener la absurda teoría de la impunidad de la prensa periódica; por el contrario, creemos que el escritor público, por lo mismo que ejerce una especial misión en la sociedad, debe proceder en todos sus actos con rectitud de intención, pero con mesura; con viril patriotismo, pero con respeto á las leyes, que son la norma de la sociedad civil y de la sociedad política, á las instituciones, á las personas y á los actos de la autoridad, por el sólo hecho de que es autoridad; mas en vista de la circular de que nos ocupamos y examinándola solamente por su aspecto jurídico, no vacilamos en declarar que, esta disposición es insostenible en buenos principios de derecho, porque tiende á dificultar que se denuncien y repriman los abusos que co-