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Basta esta consideración para mostrar que la enseñanza, cuando se trata de un país inculto, es decir, allí donde es precisamente necesaria, no puede proceder de la iniciativa social espontánea, bajo el régimen de la libre competencia. ¿Qué falta, pues, para justificar plenamente la necesidad de la intervención tutelar del Estado? Mostrar que la enseñanza es una necesidad ineludible de la vida social. Si lo es realmente deberá ser considerada por el Estado como un servicio público: si no lo fuese, cualesquiera que pudieran ser las ventajas inherentes á su plantearimiento, el Estado deberá abstenerse de una inmisión que sólo una absoluta necesidad es bastante á justificar.

VI

Cuéntase que Calígula, por un diabólico refinamiento de despotismo, mandada escribir sus decretos en un carácter de letra extremadamente pequeño, y los hacia fijar después á una altura tal, que su contenido resultaba completamente ilegible, aún para la vista más perspicaz. De esta suerte la promulgación de la ley venía á hacerse de todo punto ilusoria, y el tirano se autorizaba, con tan torpe engaño, para castigar la infracción de un precepto que á nadie era posible conocer.

La posteridad ha condenado enérgicamente la conducta de aquel monstruo: nada más justo. Pero, ¿no sería igualmente interesante el saber lo que pensarán la posteridad de aquellos Estados libres de la Europa contemporánea en que la promulgación de la ley se hace por medio de una hoja periódica, donde la prescripción legal aparece grabada en signos que son absolutamente ininteligibles tal vez para la inmensa mayoría de los ciudadanos? ¿Qué juicio le merecerá esta promulgación por suscripción voluntaria? ¿Qué pensarán de un país, cuyas legislaciones civil y administrativa son un caos indescifrable, aún para aquellos que hacen su profesión exclusiva de conocerlos y aplicarlos, y en el cual, no obstante el conocimiento de las las leyes por los ciu-

rar aun? ¿Hasta 2847 ó hasta 3847? ¿Quereís dar lugar á que la paciencia se agote? Macaulay—citado por Tilberghien.—Enseñanza obligatoria, página 124 de la traducción española.
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dadanos,—que no saben descifrar los caracteres en que están escritas más que si se tratara de inscripciones babilónicas,—es una presunción juris et de jure; de suerte que en ningún caso es allí lícito alegar la ignorancia de aquello mismo que es absolutamente imposible saber?

Ya que no nos sea dado imaginar qué es lo que pensarán la posteridad de todo esto, séanoslo al menos el protestar altamente contra semejante estado de cosas. Reconozcamos en buen hora, con el legislador, que el carácter obligatorio es condición esencial de la ley; pero reconozcamos también al propio tiempo, con el sentido común, que sólo puede ser obligatoria la prescripción legal en tanto que sea conocida, y proclamemos muy alto, de acuerdo con las máximas más elementales de justicia y equidad, que toca al Estado dar al ciudadano aquellos medios que son absolutamente necesarios para conocer la regla jurídica á que debe atomperar su conducta. De otra suerte, la presunción de la ley resultará de todo punto arbitraria: podrá ser tan absoluta como se quiera, no por eso será menos falsa; podrá llamarse jurídica, pero no será justa.

Compete, pues, al Estado hacer promulgar la ley, de suerte que ningun ciudadano pueda razonablemente alegar ignorancia. De aquí resulta una doble necesidad: debe, en primer lugar, simplificarse la legislación de manera que aquellos preceptos legales que, por afectar igualmente á todos, hayan de ser de todos conocidos (1), puedan ser expuestos en breve y claro resumen; debe además hacerse llegar estas prescripciones, ya simplificadas, á conocimiento de todos. Esta promulgación, cualquiera que sea la forma en que se establezca, constituye necesariamente una verdadera enseñanza jurídica, debida por el Estado á todos los

(1) Es manifiesto qué no se exige aquí que todo ciudadano haya de conocer el derecho en el mismo grado en que lo conocen las personas consagradas especialmente á su estudio y aplicación. Bastará que el ciudadano conozca aquel sistema general de derechos y obligaciones en que se halla natural y necesariamente constituido por virtud de la convivencia social, y la naturaleza y carácter jurídico de aquellos actos que, como el matrimonio, los contratos, etc., pueden ser para él origen de nuevas relaciones de derecho. Sabiendo esto le será dado saber también en que casos debe consultar á los hombres de ley, y si no lo hiciere, podrá con justicia exigirsele la consiguiente responsabilidad.
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ciudadanos, é indispensable para la conservacion del orden del derecho. De aquí la necesidad, en esta esfera, de una instrucción jurídica gratuita y obligatoria; instrucción que debe dar el Estado por sí mismo, en tanto al menos que el desarrollo de la cultura social no sea tan grande que esa enseñanza legal se pratique sin su intervención, en cuyo caso le competirá todavía el asegurarse, por medio de un acto público, de que cada individuo ha recibido en realidad esa enseñanza en el grado necesario.

El derecho del Estado en esta esfera de la instrucción es indiscutible; su abdicación un abandono indisculpable. El niño debe ser informado de las condiciones jurídicas de la sociedad en que entra, por lo que hace al adulto; si por un respeto tal vez debido á la libertad individual se abstiene el Estado de imponerle la instrucción obligatoria, deberá en todo caso poner á su alcance el libro de sus deberes sociales y darle, mediante instituciones gratuitas, medio de descifrarle. Esta enseñanza de la lectura, acompañada de la entrega del texto legal, es la forma más sencilla hoy de cumplir el deber que al Estado en este punto compete. Una vez realizada, la sociedad tiene derecho á que nadie se dé por no enterado; la prescripción de la ley prohibiendo alegar ignorancia, es perfectamente justa; el que no haya aprovechado las facilidades que el Estado ha puesto á su disposición, debe atenerse á las consecuencias de un abandono punible. Aun en este caso debería establecerse excepción en favor de aquel que pudiera probar que, por causas superiores á su voluntad, no le ha sido dado utilizar aquellos medios de conocer la ley.

En tanto que esto no se haga, el legislador debiera tener en cuenta el hecho de la ignorancia como una condición que, afectando á la capacidad natural, no puede menos de producir efectos jurídicos (1). Incúmbele á él determinar en qué casos y bajo

(1) La facultas agendi de que dimana la eficacia de los actos jurídicos, no es, en suma, otra cosa que la expresión, en la esfera del derecho, de la capacidad natural de cada persona. De aquí que toda causa que modifique esta capacidad natural, no puede menos de influir igualmente en el ejercicio de esa facultad de obrar, y por tanto en la eficacia jurídica de los actos. No es otro el fundamento de todas las limitaciones nacidas de la menor edad, la en-
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qué condición debe ser lícita la alegación de ignorancia legal de la ley. Los inconvenientes y dificultades que pueda esto tener, no autorizan al legislador para formular una afirmación falsa; tanto valdría sancionar la injusticia, en vista de que lo justo es difícil de ejecutar.

VII

La educación que cada individuo recibe en el seno de la comunidad social, reviste dos formas fundamentalmente distintas: es de un lado, fruto espontáneo del comercio necesario de ideas y sentimientos que en la sociedad se produce, constituyendo ese fondo precioso de observaciones que, en la acepción vulgar de la palabra, se denomina experiencia; es de otro, una preparación artística, intencional, metódica, que tiende á proveer al hombre de una manera reflexiva de todo el orden de conocimientos, de sentimientos y de hábitos que se consideran necesarios para el recto cumplimiento de sus funciones en la vida. De estas dos formas, la primera es de hecho necesaria, al paso que la segunda es meramente posible. En todo caso, ambas se complementan recíprocamente; sin la cooperación de estas dos formas de cultura, no hay educación completa para el hombre.

La consideración de esta doble fuente de educación social pa-
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parece, á primera vista al méños, resolver la antítesis entre dos proposiciones contradictorias, que se presentan, no obstante, como igualmente verdaderas. Afirmase, de un lado, que sin un grado rudimentario al ménos de cultura general, la subsistencia de la sociedad sería imposible; sostéñese de otro, con no menor fundamento al parecer, que nunca ha sido la educacion de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, condición sine qua non de la vida del todo. ¿No parece inferirse de aquí que, al paso que la cultura natural, espontánea, es indispensable la educacion reflexiva, intencional, es meramente conveniente, pero en manera alguna precisa? Y puesto que esa cultura general es el fruto natural del juego libre de todas las fuerzas que en el seno de la comunidad social se desarrollan; puesto que es, no ya sólo espontánea, sino necesaria, ¿no resulta, como lógica consecuencia, la de que el Estado no tiene para qué procurar el cumplimiento de una función que es tan inherente al cuerpo social como lo es la respiración al cuerpo humano?

La evidencia de este razonamiento es más aparente que real. No existe razon alguna fundamental, por virtud de la que deba afirmarse que la existencia del Estado se realiza cumplidamente sin la preparación educadora de sus miembros. La afirmación, pues, nace, más que de una consideración reflexiva del carácter y funciones del Estado, de una mera generalización empírica, basada en una observación superficial e insuficiente de los hechos. Se cree poder afirmar que la vida social se ha realizado hasta el presente sin necesidad de la educacion, y se pregunta: ¿qué caracteres especiales ofrece la sociedad contemporánea para que venga á ser necesario entre nosotros lo que ha sido meramente conveniente en todas las sociedades y en todos los tiempos? ¿A qué nuevas necesidades obedece esa nueva exigencia? ¿Por qué se pretende que el Estado realice hoy, en el siglo de la libertad social y política, una función que ha sido siempre considerada como libre, y en concepto de tal, fiada al espontáneo desenvolvimiento de la actividad individual y colectiva?

La cuestion se halla aquí realmente puesta en su verdadero terreno, en el terreno de la historia.

La intervencion del Estado en la enseñanza, sólo se justifica en concepto de accion tutelar, y, por tanto, en funcion del des-
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arrollo histórico de la sociedad sobre que se ejerce. Si el principio es permanente, su aplicación pende, como la de todos, de la situación de la sociedad en cada momento. Pero, ¿es cierto, realmente, que la enseñanza impuesta por el Estado sea una novedad sin precedentes en la historia de ningún pueblo? ¿Es cierto que la educación haya sido constantemente fiada á la espontaneidad social? No, sin duda; prescindiendo del carácter impostivo y coactivo que han revestido las fórmulas dogmáticas, saucionadas por el Estado; dejando á un lado la consideración de todas las limitaciones negativas de la educación que nacen de las prohibiciones autoritarias respecto de la libre discusión, publicación de libros, coartación de la facultad de enseñar, imposición de métodos, etc., etc., hechos todos que á la educación se refieren, y que, aunque en sentido negativo, no dejan de influir poderosamente en ella, la imposición por el Estado en una educación pública, ha sido, no ya solo una teoría de Platón, sino un hecho en algunos pueblos de la antigüedad, como en Esparta, por ejemplo.

La tendencia á esta imposición autoritaria, es constante en todas las civilizaciones antiguas; el partido de la tradición lamenta siempre, por boca de sus representantes más ilustres, la corrupción que sigue, según él; al advenimiento de las nuevas ideas, y reclama la intervención del Estado para remediarla, mediante la educación de la juventud. La aspiración á una educación pública y oficial no es, pues, de nuestro tiempo, como tampoco el hecho de una enseñanza obligatoria. Ciento es que entre esta educación antigua y la que hoy se pretende establecer media, entre otras diferencias fundamentales, la de que al paso que la primera se funda en el dogma antiguo de la omnipotencia del Estado, la actual, de acuerdo con el nuevo sentido, respecto de la función propia de todos los poderes en la vida, supone, por el contrario, la subordinación del Estado mismo, el cual es considerado aquí más bien como el súbdito de un deber impersonal, sin que dañe á este carácter lo obligatorio de su voluntad, pues á semejanza del tutor, el Estado, en tal relación, y por la naturaleza de la misma, sólo es súbdito en ella, siendo soberano; ordenando obedece é imponiendo sirve.

Pero se dirá: suponiendo que la educación obligatoria haya
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podido en la antigüedad responder, en algun caso, á una necesidad capaz de legitimarla, ¿qué nos dice esto respecto de su aplicación actual? ¡Hay, por ventura, algo de comun entre la vida social de los espartanos y la de los pueblos modernos? ¿No presentan más bien una y otra una antítesis fundamental, capaz, por sí sola, de movernos á desconfiar de toda aplicación á nuestra sociedad de instituciones que hayan tenido en aquella su origen y desarrollo? La observación encierra una profunda verdad; pero sería aplicable sólo en el caso de que se pretendiera establecer la educación obligatoria por las razones que la hicieron necesaria en Esparta. Ya hemos visto que no es así. Los pueblos modernos pueden experimentar la misma necesidad de la educación pública que sintió Esparta, sin que esto suponga que la hayan menester por idénticas razones; una situación análoga se produce en la vida por causas muy diversas. Veamos sumariamente cuál es la causa histórica de esta necesidad entre nosotros.

Hay un hecho indudable, cuya realidad hoy todos reconocen, bien que se emitan respecto á su conveniencia y legitimidad los juicios más contradictorios: este hecho es el advenimiento de la democracia, entendida en el sentido de gobierno de todos por todos. Nadie ignora que tal es el fin á que marcha todo el movimiento político de la Europa desde la Era novísima, inaugurada por la revolución francesa. Se puede suspirar por un pasado definitivamente muerto; se puede pretender hacer más duraderas las formas de transición en que vivimos, pero á nadie es lícito desconocer el hecho de que todos los pueblos civilizados caminan hoy á la realización del self government, como forma definitiva, á su juicio, de la organización política. El hecho podrá parecer más ó menos justo, más ó menos conveniente, pero es indudable. Ahora bien; precisamente en este hecho necesario; en este advenimiento fatal de la democracia, se funda, á nuestro juicio, la necesidad de la enseñanza obligatoria.

La teoría es muy sencilla; la democracia, el self government, el gobierno de todos por todos, supone necesariamente la consideración de todo hombre como ciudadano; esto es, como un verdadero funcionario público, en toda la extensión y el valor de la frase. El ejercicio de toda función pública exige manifesta-
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mente cierta capacidad, de la cual es supuesto necesario un desarrollo determinado de la cultura intelectual y moral. Incumbe al Estado asegurarse de las condiciones de idoneidad y capacidad de cuantos en la gestión de los negocios públicos intervienen. Cuando esta intervención es puramente posible, bástale al Estado desechar la de aquellos que no den muestras suficientes de capacidad; por esta razón, de entre todos los que se presentan como aspirantes para desempeñar las funciones propias del ministerio fiscal ó de la magistratura, por ejemplo, elije el Estado á aquellos que han dado pruebas de idoneidad, desechando á los demás.

Pero esta elección no es posible, allí donde la intervención de un ciudadano en la función pública es, por su naturaleza, necesaria. En una monarquía constitucional hereditaria la educación del que ha de ser, conforme á la ley, sucesor de la Corona, es por necesidad obligatoria; la ley misma, al imponerle una función, le impone implícitamente el cumplimiento de las condiciones que le son inherentes. Lo mismo tiene lugar bajo el régimen del self government con todo ciudadano; siendo necesario, según el principio mismo de la Constitución del Estado, la intervención en la gestión pública de cada uno y de todos, se sigue de esta necesidad de carácter también necesario y en consecuencia coactivo, de aquellas condiciones de que el cumplimiento de la función social depende. El Estado, resulta, pues, bajo semejante régimen, más que facultado, obligado imperiosamente á imponer al ciudadano la enseñanza en el grado en que se considere precisa para el recto cumplimiento de la función que á cada uno toca realizar. El Estado obra aquí á nombre de la conservación del orden jurídico. El derecho que le asiste es en el fondo el mismo que ejercita al castigar los delitos ó al reprimir las perturbaciones que puedan afectar á la existencia del orden social. No pueden, pues, invocarse legítimamente en contra de esas facultades, los fueros de la libertad individual. La democracia, en el sentido expuesto, entraña el ejercicio de las funciones públicas; la participación de todos en el poder y en la autoridad, y es, en consecuencia, un deber, antes de ser una atribución y una facultad. En prevision del advenimiento próximo de esa organización política, el Estado de hoy debe educar, preparar para
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SUPOSICIONES SOBRE UN SUPUESTO FALSO.

I

Supongamos que un día la ciencia, esta palanca de la múltiple actividad humana, descubre el secreto de la vida; y no es mucho suponer, porque si nuestros abuelos del siglo pasado resucitaran creerían cosas del diablo inventos de los cuales nos servimos sin pizca de asombro; supongamos que, organizando química-física-magnéticamente la materia, se hace un ser humano en un laboratorio, y no así como se quiera, sino criado, crecido, barbado, de la forma, del carácter y del talento que se desee; supongamos que impera la filosofía positivista, esto es, la utilitaria, la que no va más allá de dos más dos igual cuatro, y se suprime la mujer, por inútil, en cuanto á la necesidad de la conservación de la especie, y por peligrosa y dañina, teniendo en cuenta que desde las Santas Escrituras hasta las coplas populares la llaman la perdición del hombre: de estas suposiciones viene necesariamente un problema como llamado con campanilla: ¿Qué sería la sociedad suprimida la mujer?—Tenemos la seguridad de que á la enunciación de este problema respondería un grito unánime masculino:—"¡La mujer no puede suprimirse! ¡Abajo los innovadores peligrosos! ¡Que los ahorquen! ¡Viva el oscurantismo con la mujer! ¡Pues qué puede haber algo para el hombre donde no hay mujeres! Y, sobre todo, ¡el hombre es otra cosa que el varón y la
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la realización de sus destinos sociales á los funcionarios de mañana, por la misma razón que le obliga á fomentar el desarrollo de la futura riqueza nacional, á promover el desenvolvimiento de la cultura intelectual y moral de un porvenir relativamente remoto, ó á impedir, en cuanto de él dependa, el decrecimiento de la población. El orden del derecho es de todos los tiempos; su conservación importa igualmente á todas las generaciones y á todo los hombres. Dada una prevision racional, no nos hallamos en manera alguna autorizados para legar á la posteridad la perturbación y la ruina, bajo la forma de una generación ineficaz, para desempeñar el cometido que la historia misma, por ley de necesidad, le confía.

Pero se dirá: todo esto no prueba la necesidad de que el Estado dé la educación por sí mismo: la cultura social espontánea no es siempre la misma; crece en la medida de las necesidades de cada época. La vida moderna exige, sin duda, un grado de cultura superior al que era necesario en el pasado; pero también aumentan hoy, en la misma proporción, los medios de procurarse esa cultura. La prensa periódica, las conferencias, públicas, los libros puestos al alcance de todas las fortunas, la frecuencia y libertad creciente de la comunicación entre las clases, la complejidad cada vez mayor de las esferas en que la vida de cada cual se desenvuelve, la responsabilidad misma del propio destino que hoy incumbe á cada uno en consecuencia de la libertad, son otros tantos medios para la difusión y estímulo, para la adquisición de la cultura moral e intelectual, desconocidos por nuestros antepasados y suficientes para satisfacer las necesidades de la época. ¿Qué precisión hay, pues, de esa preparación especial obligatoria?

La objeción es especiosa: su aparente verdad se funda en una supuesta armonía entre las necesidades de cada época y los medios de satisfacerlas: ¡como si el hombre no tuviera que hacer otra cosa sino dejarse llevar por la corriente de la historia para llenar plenamente los fines de su naturaleza racional! ¡Como si el desarrollo de la humanidad se realizara por sí mismo en virtud de leyes generales y en cierta manera exteriores, como el crecimiento de una planta, sin necesitar para nada de la aplicación ástuta, de la prevision discreta y constante, de la atención
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reflexiva, de la actividad infatigable, mediante cuya aplicación no interrumpida se consigue únicamente establecer un equilibrio, todavía incompleto, entre las necesidades y los medios de satisfacerlas en cada punto. Difúndese; sin duda, la cultura como natural resultado de la comunicación social, y esta difusión es cada día mayor y más perfecta; pero ¿hay realmente algún principio por virtud del cual deba afirmarse que corresponde en cada momento á la necesidad sentida? Y á falta de esa seguridad, ¿debe el Estado fiar á la espontaneidad social la suerte del orden futuro, la existencia misma del Estado de mañana, sin tener garantía alguna seria de que la sociedad cumplirá por sí sola el deber que á él, en suma, toca tan solo cumplir?

La posibilidad de que la sociedad misma, por virtud de sus propias energías y sin necesidad de intervención alguna oficial, facilite á cada ciudadano todos los elementos de cultura que el progreso de los tiempos y las consiguientes modificaciones de la organización política exigen, es una hipótesis aventuradísima á cuya realización, por extremo problemática, no es posible que fie el Estado el progreso futuro de los pueblos. En todo caso, esta posibilidad, convirtiéndose en hecho, podría llegar á hacer inútil un dia la enseñanza oficial, pero nunca á autorizar al Estado para omitir la declaración de las condiciones necesarias para la intervención de los ciudadanos en la gestión pública y la imposición de estas condiciones como obligatorias. Y es manifiesto que, en consecuencia de este carácter obligatorio de la cultura general en aquellos pueblos que se rigen por sí mismos, el Estado se halla en ellos á su vez constituido en el deber estricto de procurar á los ciudadanos la educación que les impone. Podrá algún dia el desarrollo de la cultura social llegar á ser tal que haga innecesaria esta prestación efectiva por parte del poder público, pero esto en nada modificará el principio jurídico; la obligación del Estado quedará siempre viva, por más que la prestación efectiva no sea necesaria, y volverá á ser exigencia práctica apenas se haga, en un solo caso, precisa.

La solución propuesta aquí al problema de la enseñanza obligatoria, explica, entre otros, el fenómeno, verdaderamente singular, de que en esta cuestión se hayan trocado y confundido de tal suerte las opiniones, que son en general los demócratas lo á