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que no se puede pasar al juicio definido y concreto con fuerza de obligar, tenía por sí sólo que desprestigiarse y dar en tierra, arrastrando una vida azarosa, como la que marcan el decreto de las Cortes de 3 de Junio de 1821, que empezó ya á librar de la necesidad de la conciliación ciertos y determinados negocios en que "por ser urgentes ó no susceptibles de avenencias," era, sobre antieconómico, completamente irritante el exigirlo; tal era, poco más ó menos, el procedimiento y manera de ser de la conciliación, en lo que nos permitiremos denominar Derecho antiguo y moderno; veamos ahora si el procedimiento novísimo y vigente satisface en todo á los principios de la equidad y á las deducciones lógicas de su naturaleza.

IV

Al formar y redactar sus autores la ley de Enjuiciamiento civil no podían méños de tener en cuenta el peso de la opinión pública en lo que á los artículos 21 al 30 del reglamento provisional para la administracion de justicia de 26 de Setiembre de 1835 se relacionaba, toda vez que no eran en sustancia más que un resumen completo del título V de la Constitucion del 12 y del decreto de 3 de Junio de 1821, sobre los que la equidad y la justicia habian ya pronunciado su sentencia.

Por ello, la primera cuestion que se les presentaba era que debía entenderse por juicio de conciliación, cual era el modo de su planteamiento y el alcance de su extension, dadas las condiciones del derecho y las innatas á la naturaleza é intereses humanos.

A este propósito, el eminente jurisconsulto Sr. Gómez de la Serna, en la exposicion de motivos de dicha ley que redactó como individuo de la comision codificadora, después de hacer una reseña de los defectos de que la institucion adolecia, tanto en las formas del procedimiento cuanto en lo relativo al personal de los Jueces avenidores, dice lo siguiente:

"No ha sido bastante esto, sin embargo, para que la comision proponga la supresion de la conciliación, pero sí para introducir en ella reformas radicales que alejen sus gravísimos inconvenientes. Descuella entre ellas el nuevo carácter que se dá en
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estos actos á los Jueces de paz; ya no son personas obligadas á oficiar sin conocimiento del derecho y con escasas e imperfectísimas noticias de los hechos; dirigen los actos de conciliacion como celosos avenidores, procuran que las partes se pongan de concierto, no imponen preceptos, no pronuncian sentencias; sino, en una palabra, Jueces de paz, Jueces de avenencia, no Jueces de derecho; son hombres elegidos por su moralidad, por su espíritu conciliador, por su prudencia, con capacidad bastante para procurar traer á un mismo punto los encontrados ánimos de los litigantes; no son letrados que, teniendo obligación de saber el derecho, podrían, con acierto y después de observadas ciertas formas, pronunciar una sentencia justa. Hé aquí la razón por que ha denominado acto de conciliacion, á lo que hasta ahora ha llevado el nombre de juicio.

Ahora bien; dadas estas bases, dados estos principios se vislumbra desde luego un nuevo derecho y unas nuevas fórmulas conciliatorias; más en armonía con la esencia y manera de ser de las ideas originarias y derivativas que las informan; y así la conciliación, de juicio, se trasforma en acto:—Art. 202 de la ley de Enjuiciamiento civil,—aquí ya los términos del procedimiento han cambiado, ya no es un Juez que abre e inaugura las fórmulas de un juicio, y que sin los antecedentes, datos e ilustración necesaria pronuncia al fin, por medio de providencias, una sentencia más ó menos equitativa, pero sin fuerza alguna de obligar por sí; aquí ya hallamos el germen y la esencia primitiva de la conciliación fundada en un consejo y en la libertad de un contrato que cuando se dá toma fuerza jurídica, sin otros recurso ulteriores que los que acompañan á la rescisión de los contratos ordinarios.

Mas de que se haya vuelto al punto lógico y natural de la fórmula conciliatoria, no se sigue que se haya seguido en él sin separarse en nada de sus deducciones finales de sucesión y cumplimiento, que la libertad y espontaneidad de su origen acusa, no; los artículos 201 y 203 se separan de dicha línea; por el primero se previene que "antes de promover un juicio, debe intentarse la conciliación ante Juez de paz competente.

Exceptúanse:
1.º Los juicios verbales.
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2.º Los juicios ejecutivos y sus incidentes.
3.º Los interdictos.
4.º Los juicios de sucesión, testamentaria, ab-intestato, vínculos y capellanías colativas, ó sus bienes é incidentes de estos juicios.
5.º Los de concurso de acreedores y sus incidencias.
6.º Los juicios en que estén interesados la Hacienda pública, propios, comunes ó cualquiera otra clase de bienes de Establecimientos públicos, de pueblos, de provincias ó del Estado.
7.º Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados.
8.º Los juicios contra ausentes que no tengan residencia conocida ó que residen fuera del territorio de la Audiencia á que corresponde el Juzgado en que deba entablarse la demanda."
Y por el segundo, que "el Juez no admitirá demanda á que no acompañe certificación del acto de conciliación ó de haberse intentado sin efecto en los casos en los que por derecho corresponde."

Tenemos, pues, que lo que debía sólo obedecer á la libertad, se halla modelado é impuesto por la autoridad; que lo que se busca y nace sólo en la esperanza y perspectiva de un bien, fundado en el conocimiento intuitivo y personal de las cosas y personas con quien se lucha, se presenta como un mal, y una necesidad gravosa, impuesta á ciegas por un exceso de bondad legal nacido en un extravío y desconocimiento del corazón humano, tan sancionado por la ley, que lo que no tiene otro regulador que el interés personal, se trasforma, por decirlo así, de beneficio en vejámen; y por último, que lo llamado á ser sólo el foco de frutos positivos, nacidos al calor de la libertad é iniciativa individual, se nos presenta, más que como tal, como el foco de frutos negativos y vejámenes irritantes, autorizados é impuestos por la ley.

No desconocemos que el legislador, al imponer con fuerza de obligar el acto de conciliación como requisito indispensable para intentar y admitir las demandas en los casos en que por derecho corresponda, obedeció á un noble propósito; al de oponer una barrera á los pleitos; pero aquí, como en todo, resulta siempre que las barreras que traza la autoridad, bien sean judiciales, bien civi-
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les ó políticas, degeneran en ilusorias ó negativas cuando, en vez de descansar sobre las libertades, descansan sólo sobre la autoridad; por ello si de juicio insostenido ayer, pasó á ser un acto obligado; la conciliación hoy está llamada á pasar á un acto libre y potestativo de las partes, en armonía con la naturaleza de su origen y con el carácter de su fin, que más que otra cosa reviste el de un contrato, cuya razón de ser estriba en la voluntad y personalidad de las partes primero, en la naturaleza de las cosas después.

Así y sólo así es como se llega á simplificar el procedimiento, dejando á la naturaleza y libertad humana lo que no sólo está en su origen, sino lo que viene á constituirla; así, y sólo así, se evitarán las molestias, los gastos y el tiempo infructuoso que se pierde al tener que intentar un acto judicial del que nada se espera, no ya fuera del rádio judicial en que uno vive, sino de doce, veinte ó más leguas, según se viva en un extremo ó otro de la provincia; así y sólo así es como dejaremos de ver que los hombres buenos sean lo que deben ser, lo que su nomenclatura envuelve y sintetiza, hombres de respetabilidad y peso, por su edad y conocimientos, práctica y consideración, en vez de ser lo que con frecuencia son hoy, una simple, aunque bonita frase, que se adjudica por fórmula al primer advenedizo ó al primer alguacil del Tribunal; déjese, déjese al interés privado lo que al interés privado corresponde, y entonces desaparecerán las asperezas y la injuria que del acto de conciliación actual viene á derivarse en la mayoría de los casos.

No se crea, sin embargo, que llevemos el rigorismo de nuestras conclusiones á negar y restringir en absoluto la iniciativa del poder social en beneficio y obsequio de las buenas doctrinas; aquí, como en otros problemas de igual naturaleza, la puerta que abre y cierra los principios de la moral pública, de la equidad y la economía debe quedar libre á la vigilancia del poder judicial, sí, pero con una libertad limitada por la prudencia y el buen sentido; por ello para nosotros el acto de conciliación, como requisito obligado y anterior á la demanda, debe ser libre, absolutamente libre y potestativo de las partes, únicas capaces de apreciar sus intereses; como elemento y requisito oficial, cuando más, puede darse solo después de contestada la demanda; en-
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tonces, cuando el juez, vista la naturaleza del negocio, la accion y excepcion en que se apoyan autor y reo, las pruebas ó indicios que á las actuaciones acompañan, los lazos de vecindad ó parentesco que á las partes unen, es cuando la prudencia, á falta de conciliacion previa, determina y aconseja quizá el acto por ministerio de la ley (1).

Entonces, y solo entonces, es cuando la prudencia aconseja quizá al Juez, ante quien pende la demanda, que promuevan una conciliacion, y al efecto debe autorizárseles para que de oficio, ó á peticion de las partes, dicte auto, convocándolas para un acto de conciliacion, no ante él, llamado más tarde á juzgar, sino ante el Juez municipal del distrito ó ante la persona ó personas que por su ilustracion y honradez, representacion ó categoria merezca la confianza del Juzgado, remitiendo en uno y otro caso las actuaciones con veinticuatro horas de antelacion, para que, en vista de ellas, pese más en el ánimo de las partes lo; consejos y soluciones que de su estudio pueda sacar el Juez avenidor.

Con tal procedimiento—limitado en su forma externa á un acta firmada y autorizada en definitiva por el Juez Municipal, testigos y secretario en el caso de avenencia, y cuando no por una diligencia apud acta firmada por el Juez avenidor declarando no haber habido lugar á ella,—es como queda garantida la iniciativa del poder social, y como pueden esperarse frutos positivos y sazonados de la fórmula conciliatoria que, como toda otra fórmula, no tiene más vida real y positiva que la resultante de la equidad, la libertad, la prudencia y la justicia (2).

(1) Este recurso solo debe darse cuando las partes sean vecinas del radio judicial ó cuando, citados por el juez los procuradores de una y otra, le manifiesten por escrito ó de palabra que se hallan ambos, no solo autorizados, lo cual ha de constar de un modo fehaciente en el poder, sino que tienen instrucciones para aceptar una avenencia por medio de la conciliacion.

(2) La naturaleza de estas actuaciones es tal, que, como las de jurisdicción voluntaria, no deben pender de dias feriados; con tanto más motivo, cuanto parece son los llamados con preferencia para ellas, ya por el carácter privado que las caracteriza, ya por el desahogo en que la suspension de los negocios ordinarios dejan á las partes.
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XV

Juicio civil ordinario.—Su extension y límites con relación á la naturaleza y valor de la cosa litigiosa.

I

Várias son, y varias han sido las ideas y significación que la palabra juicio determina y comprende; mas bajo el punto de vista jurídico, la principal de sus significaciones se conoce por las ideas que la controversia y la decisión legítima de una causa ante y por el Juez competente entraña, y por ello todas las que se relacionan con la legítima discusión de un negocio entre actor y reo, ante Juez competente que la dirige y determina con su decisión ó sentencia definitiva (1).

No se puede, pues, confundir en buena lógica, como algunos pretenden, las ideas y significación del juicio propiamente tal, con la serie de actuaciones judiciales que le acompañan; uno es uno y otro es otro; uno es el juicio y otro el método de llegar á él, traducido por el proceso ó libelo, al que no se llamó ni puede llamarse juicio.

No obstante, es tal y tan trascendental la relación y enlace que une á una y otra idea, que en la práctica puede bien afirmarse que el resultado de la primera procede en primer término de la segunda, pues si el juicio, si la controversia y la decisión legítima de una causa, pende de la prueba de ciertos hechos ó afirmaciones, tanto más acertado sea el método, el camino en fin para llegar á fijarlos, determinarlos y comprobarlos, tanto mejor será la sentencia definitiva.

Así, pues, en la mayoría de los casos, si el juicio no es el método, como el hecho de las actuaciones no es el derecho de la acción, no por ello el resultado de la última deja de depender menos del acierto del primero, causa y objeto hoy de este estudio.

(1) Legitima rei controversae apud judicem inter litigantes tractatio seu, discedtatio, et dijunctio; glossa in cap. Jorus 10, os verb. linifär. Tal es la definición exacta y precisa de los canonistas.
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Hemos visto y sentado que el juicio, después de tomado en su acepción principal, sufre varias divisiones según se mire ó aprecien los medios que se adopten para que las partes obtengan su derecho; la razón, materia ó causa que en él se trate; la entidad ó importancia de la misma; la razon de su objeto; la razon de sus formas, ó sea, por el modo de proceder; por razon de su fin; por razon de los litigantes; por razon de la concurrencia de uno ó más litigantes y por razon del fuero.

Dentro de estas divisiones que vienen á regularizar y determinar el procedimiento, el juicio civil ordinario se presenta como la forma típica y primordial de todas ellas, y por ello su significación abraza las actuaciones plenarias, procediendo en ellas por los trámites largos y solemnes que la ley ha establecido para que detenida y definitivamente se controveierta el derecho de cada uno, y en vista de los hechos recaiga la decisión judicial fundada sobre el conocimiento más exacto posible de la causa que le motivó.

De su carácter fundamental y general, primitivo y plenario, se desprenden lógicamente, con arreglo á las necesidades y exigencias del valor y naturaleza de la cosa litigiosa, los juicios sumarios de menor cuantía, verbales y desahucios, ante los que la justicia sacrifica en aras de la equidad, á la vez que parte del rigorismo lógico de los procedimientos, limitándole, si no en su esencia, en su forma, dando lugar á los juicios y actuaciones de mayor y menor cuantía, desahucio y juicios ejecutivos, de alimentos, verbales y arbitral, en lo que predominan solas ó independientes de los accidentales accesorias ó secundarias del derecho positivo, las formalidades, que el derecho natural y de gentes sanciona y hace indispensables para la averiguación de la verdad y legítima decisión del litigio, omitiéndose y prescribiendo por lo tanto en ellos de las largas dilaciones por falta de las que no pueda la sentencia considerarse como inicia.

De aquí que dicho procedimiento no puede, sin peligro, extenderse más que á las causas ó litigios en que por su naturaleza y valor, lejos de peligrar ó quedar expuesta, por la brevedad: la justicia, la inocencia y la equidad, exige ésta, por el contrario, que se destierre toda lentitud y toda actuación que, no siendo conocida é imprescindiblemente necesaria, pueda ocasio-
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nar inconvenientes ó perjuicios á los interesados, llegando á producir una verdadera injuria jurídica.

Ahora bien; ¿cuáles son, en buena doctrina, las causas que corresponde tratar en juicio sumario? ¿Cuáles en el plenario? ¿A qué medidas, á qué ideas y á qué principios obedecen una y otra clasificación? A la equidad, y sólo á la equidad, primero; al valor y á la naturaleza del asunto, después. Lo primero se funda en que no se dá, no puede darse, justicia en los casos y cosas que los esfuerzos, gastos y servicios que acompañan á las diligencias de tramitación, son, si no más, de tanto ó igual valor que los que representa la cosa litigiosa; y lo segundo, que hay negocios y asuntos de tal naturaleza, que no pueden pender largo tiempo del resultado de diligencias judiciales; que son, en fin, por sí de carácter urgente, ineludible: tal sucede al juicio de alimentos, desahucios y á los que se refieren á la posición de los que, bajo el punto de vista sumarísimo, hablaremos en su lugar.

Conocidas ya las bases y la razón de ser de los juicios sumarios, resulta que los plenarios sólo se dan, sólo pueden darse en los negocios que por su importancia, valor y naturaleza, no sólo son susceptibles de la solemnidad y lentitud del procedimiento, sino que la importancia y significación del valor que representan no se resiente de los gastos que en obsequio de la averiguación y discusión de la verdad pueda traer el mayor número de diligencias de prueba.

Mariano M. Valdés.

(Se continuará).
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tenga... Voz para pedir y proponer todo lo que convenya al público generalmente, é intervenga en todos los actos que celebre el ayuntamiento, y pida por su oficio lo que se le ofrezca al comun:" ley I, tít. XVIII, lib. VII, Novísima Recopilacion: la vigilancia de la administración municipal y la defensa de los intereses del comun, fué en su origen la misión esencial de nuestros Procuradores Síndicos, sin otra diferencia entre ellos y el Ministerio fiscal, en la parte del Ministerio público que aún hoy conserva, que la resultante entre lo general y lo especial, por razón de la índole de los intereses.

A pesar de estar confundidas en la institución que nos ocupa funciones tan distintas y heterogéneas, como son las correspondientes al Ministerio fiscal propiamente dicho como representante directo de la ley, con las del Ministerio público como representante del Gobierno, es lo cierto que un eminente jurisconsulto y hombre de Estado, si severo en sus oposiciones conservadoras de gobierno, no menos amante sincero del sistema constitucional y de la ciencia jurídica, D. José Fernandez de la Hoz, en la imposibilidad de conciliar y armonizar por igual funciones tan antitéticas y diversas, alcanzó iniciar en esta elevada institución las meditadas y prudentes mejoras compatibles con el estado del país y la organización existente del sistema judicial, haciendo resaltar en ella como elemento principal de sus atribuciones las correspondientes al Ministerio propiamente fiscal sobre las que le daban carácter de público-decreto orgánico de 9 de Abril de 1858:—tal era el punto de partida para realizar en su día las mejoras que nuestra época y la opinión vienen aún reclamando.

Vemos, pues, que en nuestro país, como en Francia, el orden fiscal es coetáneo al establecimiento de los Tribunales permanentes y superiores, que se desarrolla y toma vida propia y definida á medida que la administración de justicia regularizaba los intereses colectivos é individuales por el ensanche y organización de los centros de administración judicial, sin perder, no obstante, el doble carácter de la unidad de poderes á que debía su origen, por más que hoy, dada la situación de los mismos, no sean conciliables en una misma entidad jurídica las que se derivan del poder legislativo, con las que parten del poder ejecutivo.
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LA CONVENCION EUROPEA Y MARRUECOS.

(Continuación.)

Comenzó Inglaterra por renovar los privilegios que había obtenido en 1585, y que no fueron concedidos mediante un tratado hasta 1721, reinando Jorge I. Firmóse una convención de quince artículos, que concedían á Inglaterra la ventaja de que un navío inglés llegado á un puerto de Marruecos, si no vendía su cargamento, podía trasportarlo á otro sin pagar nuevos derechos. Los ingleses tendrían un cementerio donde se estableciesen y podrían viajar libremente por tierra. El emperador juzgaría, en caso de disputa, entre un inglés y un musulman. Todo español de Gibraltar ó de Mahon (1) que viajase con pasaporte bajo el pabellón inglés, no podría ser arrestado ni molestado. Continuaron los ingleses afirmando su preponderancia, aprovechando todas las ocasiones, hasta las que les proporcionaba algún disentimiento con Marruecos, para extender allí su influencia, y un nuevo tratado, firmado el 13 de Diciembre de 1732, modificaba los anteriores; según aquél, los súbditos ingleses no disfrutarían más que durante seis meses del privilegio de estar

(1) Sabido es de los que conocen la guerra de sucesión, que los ingleses se poseicionaron de Mahon en 1708, por más que lo devolvieron después.
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epargnes en los barcos enemigos. Los ingleses y marroquies se devolverian mutuamente los esclavos refugiados en el territorio ó en los barcos de los aliados.

Celosos los franceses de la superioridad de Inglaterra, quisieron aún recobrar su antigua supremacía, para lo que el marseilles propuso el enviar todos los años cien barcos á Salé y demás puertos para negociar con ellos, y un crucero de tres años con fragatas de vela y de remo, para que arruinaseen los saletinos; pero considerado este plan arriesgado, no se llevó á cabo.

No cesaban los ingleses en sus maquinaciones, ayudando á todos los gobernadores, que eran más ó menos independientes del Sultan, y necesitaban de sus mercancías para sostenerse. Los gobernadores de Salé, de Tánger y de Tetuan eran protegidos y assistidos por los ingleses hasta tal punto, que el Sultan Mohammed, indignado, escribia en 1756: "Nos es evidente que la vecindad de Gibraltar no ha sido siempre perjudicial; en fin, que los ingleses, que se decían nuestros amigos, nos han hecho más daño que los españoles y portugueses, nuestros enemigos jurados." A pesar de esto, Inglaterra llegó á persuadir á los marroquíes que los auxilios prestados por el gobernador de Gibraltar eran concedidos contra la voluntad de su rey, impotente para arrestar al gobernador. De este modo, Inglaterra, fomentando las discordias, protegiendo todos los partidos, mezclándose e intervieneendo en los asuntos interiores de Marruecos, aumentaba allí su influencia y su poder.

Renovó Inglaterra en 1760 sus tratados con Marruecos, obteniendo nuevos privilegios, tales como el de establecer cónsules, no sólo en los puertos, sino en las plazas que ella escogiere, es decir, en el interior del país: en otro artículo obtiene seguridades para el aprovisionamiento de víveres de Gibraltar, concesion para ella de gran importancia.

Habiendo sido elevado al Trono imperial Moulé Tesid, que después de haber congregado los cónsules de todas las potencias intimándoles, que declarada la guerra á todas las potencias, excepto á Inglaterra y Ragusa, había calmado sus arrebatos bélicos, merced á los presentes que le enviáran algunas potencias, y á la gracia que tenía para con otras, como Francia y Holanda; imperando, como decíamos, este feroz sherif, renovaron los in-