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considerar que, no siendo el deber de la educacion específicamente distinto de todos los demás á que dan origen las relaciones de la familia, el mismo razonamiento serviría para condenar el sistema entero de legislación que, en todos los tiempos y en todos los pueblos, ha pretendido regular estas relaciones. Si en punto á los deberes domésticos, ha de considerarse como norma suprema el hecho del natural afecto, ¿á qué legislar sobre las relaciones de los cónyuges, sobre sus bienes, sobre las mutuas obligaciones que nacen de la paternidad y de la filiación? ¿Por qué el sistema, vigente entre nosotros, de las legítimas, que más que otra ley alguna se inspira en una desconfianza, acaso y aún sin acaso, excesiva respecto de la eficacia de los lazos de la familia? ¿Por qué, en fin, el legislador, que tan poco parece preocuparse del cumplimiento de sus propias prescripciones, por lo que hace á la educacion, se interesa, no obstante, tan vivamente por lo que se refiere á los bienes de los hijos, que, en la misma parte segunda de la ley que contiene la disposición citada, consagra cuatro artículos seguidos (los 66, 67, 68 y 69) á establecer limitaciones respecto de la acción de los padres sobre estos bienes, y muy singularmente el último, que contiene una garantía legal y eficaz para impedir todo abuso? ¿Deberá suponerse, en vista de esto, que el legislador haya dado mayor importancia á la conservación de los intereses pecuniarios que al desarrollo espiritual, ó bien que haya juzgado que el afecto paternal, suficiente para garantizar á los hijos una educacion conveniente, no basta para asegurarles la quieta y pacífica posesion de sus propios bienes?

Desechadas como de todo punto inadmisible semejantes hipótesis, se presenta esta otra: el legislador ha declarado una obligacion sin ánimo de sancionarla, únicamente para revestir de mayor fuerza y solemnidad á un deber de los que se siguen llamando todavía, á pesar de la inexactitud del término, puramente morales. Esta interpretacion, de todo punto extraña, por atribuir á la ley una función que en manera alguna le corresponde, no mereceria, ciertamente, los honores de la discussion si la misma conducta equivoca del legislador en este punto no hubiera venido á revestirla de un cierto valor. En el artículo que sigue inmediatamente á los antes citados, el 70, se impone á
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los hijos emancipados la obligacion, bastante singular, legalmente hablando, de tributar á sus padres respeto y reverencia. Es manifiesto que semejante prescripcion resulta absolutamente inaplicable por parte de la autoridad social, á que compete la ejecucion de las leyes. ¿Qué actos, con efecto, deberán ser considerados necesarios y suficientes para que pueda juzgarse satisfecha la exigencia de la ley? Y si por no exigir la ley acto alguno positivo de reverencia y respeto, suponemos que se trata de prescribir determinadas abstenciones, ¿qué abstenciones serán estas? ¿Qué deberá el hijo emancipado omitir en su conducta respecto de sus padres, que le sea licito cuando se trata de un extraño? Por razones ciertamente agenas á las que pueden inspirar una disposicion civil, se determina en el Código penal el único efecto jurídico que los sentimientos naturales de la familia pueden tener en la apreciacion de ciertos actos. Fuera de este caso, toda prescripcion legal sobre la materia es ociosa y de imposible realizacion; si se trata del sentimiento de veneracion y respeto que todo hijo está obligado á profesar á sus padres, la disposicion de la ley es tan perfectamente inútil, como lo sería la que ordenará al padre amar á sus hijos y recíprocamente; como lo ha sido aquel tan conocido precepto constitucional que imponia á los ciudadanos la obligacion de ser beneficios y justos.

Pero, aun censurando en el legislador la pretension vana de revestir de un carácter legal á aquellos deberes que no son de él susceptibles, ¿no será licito suponer que la obligacion de educar se halla en el mismo caso que la de tributar veneracion y respeto, de suerte que, en una como en otra disposicion, el legislador ha pretendido igualmente revestir de autoridad á deberes que no ha juzgado susceptibles de coaccion? La naturaleza de ambas prescripciones no autoriza en modo alguno para establecer entre ellas semejante paridad. La disposicion que ordena tributar á los padres reverencia y respeto, es,—digámoslo con todo el que es debido siempre al legislador,—sencillamente inocente. El respeto no es en sí mismo legislatable, justiciable, ni coercible; no se le puede imponer, sancionar ni probar; es un hecho interno sin manifestacion exterior determinable y definida. La educacion, al menos, en uno de sus esenciales factores; la instruccion no se halla en el mismo caso. Bastaríale al Estado el estableci-
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miento de jurados imparciales ante los que debiera el niño mostrar su suficiencia, para tener una garantía suficiente del cumplimiento de la ley en este punto. El examen sería entonces un hecho público, oficial, al que se podría apelar en todo caso como á un testimonio cierto de haber obedecido á la ley ó como fundamento del cargo de haberla infringido. La obligación de educar, —á lo menos en lo que se refiere á la instrucción,—es, pues, por su naturaleza probable, coercible, y reune, por tanto, todas las condiciones de un hecho susceptible de ser sometido á las prescripciones legales, á la vigilancia e intervención del Estado. Se podía cuestionar respecto de la conveniencia de establecer ó no este deber; lo que es incuestionable es que, una vez establecido, no puede ser abandonado á la voluntad, tal vez caprichosa de un ejecutor, que resulta ser de esta suerte el obligado y el árbitro del cumplimiento de su propia obligación. Si repugnante parece el establecer una sanción para castigar al padre por su abandono, lo es todavía mucho más el autorizar la desobediencia á la ley ó el fomentar su descrédito, al paso que se hace tal vez ilusoria en muchos casos la facultad de la educación que, no obstante, oficialmente se reconoce y declara. Urge, pues, en este punto adoptar una de estas dos medidas; ó se suprime en nuestra ley la prescripción de educar á los descendientes, ó se establecen medios eficaces de asegurarse de su cumplimiento, y una sanción correspondiente para el caso de inobservancia. Optando por el primer término de esta disyuntiva, el legislador podrá incurrir en error, pero la ley se habrá librado al menos de la nota de inconsecuencia.

La disposición legal á que venimos refiriéndonos, parte del impuesto de una cierta fortuna para regular, en razón de ella, el grado de educación debido. En un sentido absoluto, esto es, entendiéndolo por fortuna la posesión de una cierta cantidad, cualquiera que ella sea, de medios económicos, es claro que sólo las personas que se hallen sumidas en la más absoluta indigencia pueden ser exceptuadas del cumplimiento de la prescripción
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legal, ya que sólo ellas deberían ser consideradas como desprovistas de toda especie de fortuna. Pero es evidente que no es éste el valor que el legislador da aquí á la palabra, sino más bien el que se le atribuye en su acepción usual, según la que se denomina tan solo fortuna á la posesión de un sobrante de bienes materiales, después de cubiertas aquellas primeras necesidades que son, por ley de naturaleza, absolutamente ineludibles.

No se dice, en este sentido, que posee fortuna el que adquiere, mediante un trabajo asiduo y constante, una remuneración consagrada á satisfacer en grado mínimo las más apremiantes necesidades. Exigir al que se halla en esta situación, que distraiga una parte de sus exiguos ingresos para cumplir un fin relativamente ocioso, sería una tiranía intolerable, que no ha podido caber en el ánimo del legislador. No es razonable suponer que éste haya podido desconocer ni olvidar, que la inmensa mayoría de los ciudadanos, y por tanto de los padres ó ascendientes á que la prescripción legal afecta, se hallan precisamente constituidos en esta situación económica, que consiste en la posesión de un minimum, necesario para llenar las necesidades más apremiantes. Deberá, pues, según esto, entenderse en buenos términos de interpretación, que el supuesto de la fortuna de que parte la ley, no es otra cosa que el establecimiento de una condición de cuya existencia nace la obligación y sin la cual necesariamente caduca. Si el grado de la educación debe medirse por el de la fortuna, parece forzosa consecuencia, para valernos de esta fórmula aritmética, que, cuando la fortuna sea 0, la educación debida habrá de ser 0 también.

Esta interpretación es tanto más autorizada, cuanto que, aunque la consecuencia no resultará implicada en los términos mismos de la ley; aun cuando la obligación hubiera sido impuesta incondicionalmente, siempre quedaría pendiente de una condición que afecta igualmente á todos los deberes humanos, sean ó no legales; á saber, la de la posibilidad. Piénsese usualmente que la esfera de los deberes estrictos,—como se dice,—se reduce á un minimum de prestaciones á que el hombre no puede negarse en ningún caso, pero más allá de las cuales todo el bien que hace es como un sobrante añadido al deber por su bon-
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dad natural, por la excelencia de sus sentimientos y la elevación moral de su espíritu. No es así, á la verdad; el deber no tiene para el hombre sino un sólo límite, pero límite infranqueable; el del poder. El hombre debe hacer todo el bien que pueda, ¿cómo deberá más? Si hay algún principio jurídico absoluto y de incontestable verdad,—no inferior por cierto á la de los axiomas matemáticos, de cuya incontrovertible evidencia tanto se alardea,—es el de que nadie esté obligado á lo imposible; impossibilita nemotenerur. Tratándose, pues, aquí, no ya de esa educación doméstica que es por su naturaleza misma gratuita, sino de aquella que resulta más ó menos dispendiosa, la obligación supone necesariamente la fortuna.

En rigor, pues, la enseñanza obligatoria se halla entre nosotros establecida, aunque no garantizada ni sancionada por la ley de una manera suficiente: si esta obligación tiene algún límite, no es este límite meramente legal, nacido de la voluntad del legislador, sino el natural y necesario de todo deber. Pero se pregunta: ¿y qué deberá hacerse cuando, por falta absoluta de fortuna, resulte ineficaz el derecho declarado por la ley? La nuestra nada estatuye en esta prevención: falta en ella hasta el medio,—necesario, no obstante, para garantizar su propia observancia,—de probar oficialmente esa imposibilidad que, según los principios generales del derecho, debiera ser alegada y jurídicamente demostrada por el obligado mismo. Es claro, pues, que no ha estado en el ánimo del legislador,—que ni aún impone á los colaterales, en defecto de padres ó descendientes, el deber de dar la educación,—el constituir al Estado en cumplidor subsidiario de una obligación que tan poco se ha cuidado de garantizar. No cabe interpretar de otra suerte el silencio de la ley en este punto. Mas, una vez que sabemos que el legislador no quiso imponer semejante obligación al Estado, es natural que nos preguntemos si debió quererlo. Aquí salimos ya de los términos de la ley para elevarnos á los principios constitutivos del derecho.

Antes de abordar en toda su integridad el problema de lo que debiera propiamente denominarse "enseñanza oficial obligatoria", debemos hacernos cargo de una objeción que afecta á la obligación de enseñar en su integridad. Admirase, y no sin
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harto fundado motivo, un ilustre publicista, de que «los Estados civilizados, por un falso respeto á la libertad individual, es decir, á la arbitrariedad de los padres, no hayan sancionado todavía este principio fundamental de toda sociedad humana» (1).

Es, en efecto, extraño que se haya invocado con tanta frecuencia la libertad, como obstáculo insuperable de una medida que no tiene en realidad con ella la más íntima relación. Prescindiendo del sentido real é interno de la palabra, para tomarla en la acepción usual en que con este intento se la emplea, la libertad, confundida generalmente con la independencia y la antarquía, es aquella facultad que á cada cual compete de dirigir su propia vida, con exclusión de toda actividad ajena. En este sentido, puramente relativo, la libertad de cada cual se traduce por la independencia de una propia esfera de acción, que encuentra su límite natural en la libertad coexistente de los demás, según unos; en los eternos principios del derecho comunes á todos, en concepto de otros. Mas sea de esto lo que quiera, es lo cierto que la libertad es, por su propia esencia, una facultad personalísima que sólo se refiere á la dirección de la actividad propia, de ningún modo ni nunca á la de la conducta ajena. La facultad de dirigir la actividad de los demás, en cualquiera esfera y bajo cualquier forma que se ejerza, constituye lo que, precisamente en oposición con la libertad, llamamos: todos autoridad, y en cierto respecto, poder. La patria potestad, no es, pues, una esfera de la libertad individual, como no lo son tampoco el poder tutelar ó la autoridad marital. Hay libertad para hacer ó omitir cada cual determinados hechos, no para obligar á los demás á ciertos actos ó omisiones.

Importa precisar aquí con toda exactitud el valor de los términos, único medio de rectificar los grandes errores que se han seguido en este punto del uso inconsiderado de una nomenclatura impropia, que basta por sí sola para inducir en error. La palabra libertad es hoy tan seductora, que su aplicación inexacta puede llegar á ser peligrosa. No; la cuestión de la enseñanza obligatoria no es una cuestión de libertad: es meramente un

(1) V. Ahrens Cours de droit naturel.—Tomo 2.º, Leipzig, 1868, página 295, nota 1.
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problema de límites de poder. Si al establecer la enseñanza obligatoria conculcara la ley algun derecho, este derecho no sería la libertad individual, sino las atribuciones constitutivas de la autoridad paterna. Sólo invocando la arbitrariedad del niño, cabría tratar aquí de algo parecido á la libertad individual: si hay alguna libertad que la enseñanza obligatoria violenta es la libertad del niño para sustraerse á las fatigas que la adquisición de la cultura le impone. Sanctionese, si se quiere, esa libertad de no aprender por no estudiar: fuera de ella, no se encontrará otra libertad que pueda ser cohibida por la acción del Estado en este punto.

Bajo otro respecto, es todavía útil esta recta inteligencia de los términos que pudiera pasar, á primera vista, por una mera cuestión de palabras. La libertad puede, sin duda, degenerar en licencia, del mismo modo que el ejercicio del poder, cualquiera que sean las garantías de que se halle rodeado, puede trocarse fácilmente en despotismo y arbitrariedad. Mas el uso de la libertad, siempre que no exceda en sus consecuencias de los límites de esa propia esfera, que cada individuo está llamado á regir autónomamente, no es ante nadie judicial, ni á nadie se debe cuenta de él, al paso que el ejercicio de la autoridad está siempre por su naturaleza sometido á juicio y responsabilidad ajena. Lo que es una excepción cuando se trata del uso de la propia libertad, es para el de la autoridad la regla. Y la razón de esta diferencia es muy sencilla: ejércese la autoridad siempre en provecho de otra persona; la libertad en provecho propio: el abuso del poder acarrea siempre, por necesidad, perjuicio de tercero, al paso que el mal de la licencia recae, en primer término, sobre aquel que la comete. En la esfera del derecho absoluto, ambos abusos serán, quizá, igualmente punibles, mas cuando se trata del derecho social, importa mucho distinguir el robo de la prodigalidad, el asesinato del suicidio.

A la luz de esta consideración aparece singularísima la conducta de aquellos que, siendo juntamente por temperamento y por sistema los enemigos naturales de toda libertad, invocan no obstante este principio para estorbar el establecimiento de la que se ha dado en llamar novísima tiranía. ¡No es en verdad extraño ver cómo las huestes reaccionarias claman en toda Eu-
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mana; inspirada por el espíritu de justicia que le enseña la ley de las atracciones proporcionadas á los destinos, y dueña, por fin, del secreto de esa generación de ideas que arranca del Cosmos para llegar á la perfectibilidad de su sér, emanacion misericordiosa del que únicamente Es, pues que ninguna tradición afirma ni enseña que haya habido un génesis especial para privilegiadas familias, ni dos distintas generaciones de derechos, claro es que ha de realizar en breve los sueños con que se meció en su infancia, definiendo el bien y el mal con relación al bienestar individual y colectivo: lo relativo y lo absoluto.

X

Lo que la revolución ha destruido y la reacción intenta reconstruir.

Generalizando la instrucción hasta el punto de que alcance á todos sin excepción la primaria y elemental se llegará al bien y se extenderá el derecho á todos los asociados, que no otra cosa son los miembros de toda nación, porque hoy, menester es decirlo, la ilustración, por ser privilegiada (y lo será á pesar del espíritu y del propósito de la ley, mientras sea imposible al pobre adquirirla, mientras no sea prácticamente obligatoria para todos), suele conducir al mal, que es la inmoralidad perturbadora de todas las relaciones sociales. Por consecuencia de esa impía doctrina que condena las pasiones del hombre, blasfemando de su autor, y que declara imposible la felicidad universal en la tierra, donde hemos de prepararnos para otra existencia de eterna bienaventuranza por medio de las privaciones y el sufrimiento, el egoísmo más torpe y grosero predomina en todas las esferas de la vida, tratando cada cual, en primer lugar los hipócritas propagadores de esa teoría disolvente, de allegar para sí el mayor grado de bienestar posible. Como no es dado al sér organizado para gozar todas las voluptuosidades con que pródiga le brinda la naturaleza renunciar al deseo de su propia dicha, todos aquellos que desesperan de la felicidad solidaria de la especie tienen buen cuidado de asegurarse aisladamente las comodidades y los placeres de este mundo, ó por lo menos de preparar-
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ropa, llenas de santa indignacion, contra la intervencion del Estado en la educacion de los niños ¿No es un espectáculo peregrino el contemplar á aquellos mismos para quienes pasa como dogma de legislacion el que debe prohibirse al individuo vivir sin oficio conocido,—siempre que su vagancia no se halle justificada por una renta suficiente,—reclamar indignados contra la intervencion oficial cuando tiene por objeto impedir al padre que deje á sus hijos sumidos en el embrutecimiento que constituye, en las sociedades modernas, una verdadera muerte civil? Permitir al ciudadano que arriesgue su fortuna en los azares del juego es una abominable licencia; autorizar al padre para inutilizar de por vida y cortar de raíz el porvenir de sus hijos, es un reconocimiento debido de la libertad individual. ¿No es esta una singular noción de la libertad? Porque al fin la vagancia y el juego perjudican inmediatamente á sus autores, al paso que el abuso de la autoridad paterna debe necesariamente acarrear en primer término el daño de un tercero inocente.

Bien es verdad que estos clamores tienen otra vez por objeto la obligacion impuesta por la ley á los padres poseedores de alguna fortuna. El celo de estos extraños liberales se exalta principalmente cuando se trata de los padres pobres, esto es, de aquellos precisamente que no pueden hacer de su libertad otro uso sino el de impedir una educacion que no podrian dar á sus hijos aunque lo quisieran. Esta libertad singular, que es en la practica la libertad de no educar, es la única que merece una predileccion especial por parte de los pseudo-liberales á que aludimos. Por fortuna, son harto claros los móviles de tan extemporáneo celo, para que ningun amante sincero de la libertad, se deje engañar por este liberalismo farisáico, hasta el punto de desechar una reforma que es, en nuestros dias, no ya la primera, mas la única real y eficaz garantía de la libertad (1).

(1) Un ilustre pensador, cuya pasion por la libertad raya en fanatismo, ha escrito, sobre el asunto que nos ocupa, las siguientes memorables palabras:
«...Cuando se trata de los niños, las nociones de libertad, aplicadas fuera de propósito, son un obstáculo real para que el Estado cumpla sus deberes. Creeríase que los hijos de un hombre forman literal y no figuradamente parte de él mismo, tan celosa se muestra la opinion de toda intervencion de la ley entre los hijos y la autoridad absoluta y exclusiva de los padres. Los hom-
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OBLIGATORIA.

Pero se dirá: descartar de la cuestión la consideración de la libertad individual, no es, ni con mucho, resolver el problema. La intervención del Estado podrá no constituir un atentado contra la libertad; pero, ¿dejará por eso de ser altamente depresiva para la autoridad del padre de familia? ¿Dejará de ser una limitación de las atribuciones que constituyen la patria potestad? Y dado que el poder del padre no nace de una delegación del Estado, ¿en qué puede fundarse el derecho de la autoridad pública para restringirle? El padre, prefiriendo dar á su hijo tal educación, en vez de tal otra, y aún resolviendo no darle ninguna, podrá equivocarse; pero, en tanto que al hacerlo así, obra dentro de la esfera de su poder paternal, en cuyo límite es su autoridad absoluta y suprema, nadie se halla autorizado para oponerse á su decisión, ni menos todavía para sustituirle y ejercer en lugar suyo y á nombre de otros intereses, las funciones propias de la paternidad.

Pocas palabras bastará, después de lo ya dicho, para refutar cumplidamente esta objeción. Sin duda que la autoridad del padre en la familia no es un poder postulado ni delegado, pero es sí un poder limitado. La limitación es esencial en todo poder. Error el del absolutismo político no consiste en otra cosa

bres la miran con más repugnancia que á la mayor parte de las intromisiones en la esfera de su propia libertad de acción; tan cierto es, que dan más precio generalmente al poder que á la libertad. Ved, por ejemplo, lo que acontece con la educación. ¿No es casi evidente que el Estado debería exigir de todos los ciudadanos, y aún impornerles una cierta educación?

No obstante, todos temen reconocer y proclamar esta verdad. Ciertamente nadie lo niega: es uno de los deberes más sagrados de los padres (ó según la ley y la costumbre actual, del padre), después de haber dado nacimiento á un ser humano, el educar á éste ser de manera que sea capaz de cumplir todas sus obligaciones para con los demás y para consigo mismo. Pero, mientras se declara por unanimidad que tal es el deber del padre, nadie, apenas, en Inglaterra soportaría la idea de que se le obligará al cumplimiento de este deber. En lugar de exigir que un hombre haga algún esfuerzo ó algún sacrificio para asegurar una educación á su hijo, se le deja libre de aceptar ó rehusar esta educación, que se le procura gratis. No se ha reconocido todavía que engendrar un hijo sin tener la seguridad bien fundada de poder, no solo alimentarle, sino instruirle y formar su espíritu, es un orígen moral para con la sociedad y para con la desgraciada criatura, y que, si el padre no cumple esta obligación, el Estado deberá velar por hacerla cumplir, en cuanto sea posible, á expensas del padre. John Stuart Mill.—La liberté, Trad. francesa por Dupout White, París, 1864, páginas 284 y 285.