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de los derechos y deberes en la inteligencia humana, tan dócil á las impresiones del bien, que la arbitrariedad de los procedimientos actuales.

Enseñad al hombre desde que nace cómo y por qué medios se realiza el bien, al que instinctivamente propende; que la solicitud social no lo abandone al capricho de la materia, entregándolo sin defensa moral á sus tentaciones, puramente sensuales y groseras; mostradle prácticamente el sendero de la virtud; ofreced á la inquieta actividad de sus facultades una aplicación provechosa; poned de relieve ante su despreocupado espíritu la perspectiva del trabajo, libremente ejercido, pero pródigamente retribuido, y no temais que entones prefiera el ócio, la miseria, el crimen y la corrección, que en el aislamiento le aplicará la sociedad, defraudada en sus esperanzas, á la dulce satisfacción del bien en la plenitud del derecho. Que aprenda el niño cuán fácil y sencillo es por la aplicación de sus fuerzas satisfacer sus necesidades; cuán peligroso y perjudicial es á sus intereses hacer la guerra á sus semejantes, y fiad en la conciencia del hombre que lo dirigirá rectamente al íntimo comercio de afectos y servicios, que constituye la ventura de las sociedades.

Habrá excepciones, como en el cuerpo humano, como en la máquina mejor concluida hay algún miembro que padece por defecto orgánico accidental, algún resorte que se rompe; pero el miembro se cura ó aisla y el resorte se recomponen.

F. JAVIER DE MOYA.
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REFORMAS PROCESALES.

(CONTINUACION.)

Ahora bien; ante doctrina y preceptos tanto más claros, cuanto si atendemos á las necesidades que en aquella se dejaban sentir no dejan nada que descar, ¿qué diremos hoy de la poca precision de los artículos de nuestra ley de Enjuiciamiento civil y la lenidad de los Tribunales ante necesidades nuevas que la ciencia, la moral y el derecho reclaman para el porvenir? Diremos, por de pronto, lo que uno de nuestros maestros (Manresa y Reus) nos dice en el comentario que hacen á los artículos 48 y demás citados; esto es, que "á pesar de disposiciones tan terminantes (las de las leyes de Partidas citadas), no siempre los Tribunales las aplicaron con rigidez, dando con ello pávulo á que los litigantes de mala fé interpusieran toda clase de reclamaciones judiciales, con el objeto único y exclusivo de causar gastos y molestias á su contrario. Por esta consideracion, la nueva ley, cuya misión especial es la de desterrar los abusos que se habían introducido en la práctica, debió dejar consignadas disposiciones generales terminantes sobre un punto tan esencial, y que tanta influencia ejerce en la recta administración de justicia y en la disminución de los pleitos."

Hasta aquí la censura y el juicio de los comentaristas cita-
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dos, que si por la concisión y claridad en lo que tocan nos satisface, no tanto por lo que á su extensión se refiere: hoy ya no son los tiempos de las partidas, el curso de los siglos no ha pasado en balde para el progreso. Las nuevas doctrinas del derecho adjetivo que aconsejan en lo posible la gratuitidad de todos y cada uno de los auxiliares del poder judicial, con relación directa e inmediata de los litigantes, exige un presupuesto de administración judicial bastante mayor que el que conocemos; y los resultados prácticos acusan á su vez nuevos hechos y nuevas necesidades que la moral y la conciencia pública señalan ya como ineludibles; la intención y extensión, así de las leyes antiguas como de las modernas y vigentes, y menos aún la jurisprudencia establecida sobre la imposición de costas en la forma y modo que hoy se explica, no nos satisface.

La verdad, es la verdad; como la justicia, es la justicia: entre unas y otras ideas hay una línea tal de división y conocimiento que solo casos, muy pocos casos, puede confundirse; por ello la mala ó la buena fé no es tan difícil de apreciar en los pleitos, como los expedientes judiciales acusan, pues no debiendo á nuestro juicio, darse más de un 10 por 100 de buena fé, vemos que apenas llega á este número los que se dan por de mala, aplicándoles las costas.

Pero hay más, no son solo los litigantes los que á las veces merecen la imposición de costas; nuestro sistema y la necesidad que se siente va más allá, alcanza hasta los jueces y los abogados; y va más allá, para que no se dé, como con sentimiento hemos visto y vemos á ilustradísimos letrados sostener causas á todas luces insostenibles, fiados sólo, ora en la voluntad y deseos de su cliente, ora en la influencia ó la intriga que á la sombra de la ignorancia ó prevaricación de los Jueces pueda este tener y va más allá, para que no se dé, no pueda darse una sentencia que, si no con escándalo, al menos con disgusto, hemos visto pronunciada por la Audiencia de Oviedo en un pleito de pobres (1) apelado y seguido en el Juzgado de Laviana (Asturias), cuya sentencia del inferior pareció tan injusta al superior,

(1) Una de las partes en dicho pleito, lo era como demandada Clemente Ordoñez de Moreda, vecino del concejo de Aller.
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(y así lo era en verdad) que no se contentó con revocarla, sino que impuso al apelado las costas, no solo de la apelación, sino hasta las de primera instancia, medida tanto más justa y equitativa, ejemplar y moralizadora, si en vez de recaer sobre el apelado, hubiera recaído sobre el Juez, toda vez que él fué, y no el apelado, el autor y la causa de la apelación; y vá más allá, también para evitar que la imposición de costas sea en la práctica una letra muerta de la sentencia; el pobre y el desvalido merecen, sí, consideración y protección legal, pero no hay que olvidarse que á veces el pobre y el desvalido usan el proverbio de Pobre importuno saca mendrugo, y como nada tienen que perder ni les importa un bledo la imposición de costas en la forma actual, abusan de la protección legal más de lo justo, con ánimo, cuando menos, de cansar al contrario y explotarle por una transacción, y por ello, así como en lo criminal cuando á la imposición de costas precede ó antecede la insolencia queda sujeto á una responsabilidad personal subsidiaria á razón de un día de arresto por cada cinco pesetas,—art. 50 C. P.—así debiera ejecutarse en lo civil, toda vez que sobre ser de resultados disciplinarios, ventajosos y positivos para el orden social, el derecho y la justicia es una y única, y no admite distingos en esta esfera del derecho (1).

III

Así las cosas, resulta hoy que la intención y extensión de las disposiciones de nuestra ley de E. C. sobre imposición de

(1) Como todo lo antiguo tiene historiadores y apasionados, no faltan desde luego quien halle duro y hasta poco decoroso para el poder judicial el que se vea sometido como todo ciudadano á la imposición de costas cuando por su conducta las merezca; á los que así juzguen nada más les decimos que para nosotros uno de los artículos que mejor obedecen al espíritu del derecho moderno es el 119 del tít. I.º preliminar de la ley provisional de Enjuiciamiento Criminal en su párrafo 3.º que dispone: «El ministerio fiscal podrá también ser condenado en las costas en caso de temeridad ó mala fe notoria». Lo que así se impone á la ley, por la ley misma, no está, no puede estar mal impuesto; tanto más cuanto en principio aunque sólo para las cuestiones de competencia y ejecución se halla ya admitido por la práctica y por la ley de E. C. en su art. 113.
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costas, son por su naturaleza y accion ineficaces, dejándose por lo tanto sentir un gran vacío en las leyes de procedimientos civiles; que la seriedad, ignorancia, descuido, ó mejor aún, falta de carácter de los tribunales, las hacen aún más estériles e irrisorias, dando como dan al derecho vigente una interpretación restrictiva, en vez de darle la expansiva y general que el carácter de derecho público, por decirlo así, que á no dudar tienen las costas, requiere para alcanzar el fin de moralidad y justicia que por una enérgica, constante y equitativa jurisprudencia en la aplicación de costas puede conseguirse.

Resulta que, dada la actual legislación, no se hallan ni siquiera indicados para el porvenir los efectos y ventajas jurídicas que de una buena aplicación de las costas puede esperarse, cuales son:

1.º Que sirvan de medicina y remedio saludable para cortar los pleitos.

2.º Que sirvan para indemnizar, no sólo los gastos origina- dos al litigante de buena fé por el de mala, sino también para subsanar en parte los que el Estado hace en el pago y sostenimiento directo de los servicios judiciales.

3.º Para que junto con una pequeña reforma en la extensión y categoría del papel sellado, facilite, por medio del actual arancel ú otro hecho ad hoc—aplicable sólo en el caso de imposición de costas—medios y recursos para resolver el problema de la gratuitidad de los servicios oficiales, dependientes de los auxiliares inmediatos del poder judicial.

De aquí que para nosotros el desideratum hoy de los aranceles y costas judiciales, se halle limitado á las siguientes fórmulas:

1.º Procede la imposición de costas, no sólo cuando del fondo y resultados positivos del pleito resulta palmariamente la mala fé, ora por no haber probado lo alegado, ora por otras causas, sino también cuando moralmente resulte mala fé por una de las partes, á juzgar por la crítica racional.

2.º También procede contra el Juez ó Abogado, cuando de las sentencias y alegatos aparezca una ignorancia crasa ó una sentencia y acción á todas luces improcedente e injusta.

3.º Para el mejor cumplimiento de estas disposiciones, á to-
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da sentencia acompañará un resultando y un considerando que haga única y exclusivamente mención de si hay ó no fundamentos para la imposición de costas, de las que se dará copia por medio de notificación al Fiscal.

4.º Las costas comprenderán: 1.º, los gastos judiciales y extrajudiciales ineludibles á la defensa del litigante de buena fe; 2.º, los que con arreglo á un arancel especial arroje la tasación que por el secretario del negocio se haga de las diligencias y actos judiciales de una y otra parte, sin que en este caso puedan pasar de la tercera parte de lo que se litiga (1).

5.º En este último caso, se dará vista de la tasación al Fiscal, y aprobada la suma que importe las diligencias judiciales se abonarán por la parte en papel de reintegro, que se unirá á las actuaciones.

6.º Cuando la parte condenada en costas se hallase insolvente, quedará sujeto á una responsabilidad personal subsidiaria á razón de un día de arresto menor por cada cinco pesetas, sin que pueda exceder, sea cual sea la cantidad, de los treinta días, que como máximo establece por dicha pena el Código penal.

7.º Del cumplimiento y ejecución de sentencias en los casos que haya condena de costas, se dará traslado al ministerio fiscal por el Tribunal encargado de la ejecución de sentencia.

Así y sólo así, con cambios y reformas radicales, es como se puede dar vigor y vida á las naciones, paz á la justicia y órden en todo; así y sólo así es como el espíritu democrático del derecho moderno puede alcanzar vida propia, producir óptimos frutos e imponerse á las tabernas y á los cuarteles, á las diligencias y al expediente oficinesco, á la demagogía y á la tiranía que todo lo secan y esterilizan hasta el punto de justificar á todo y á todos en las violencias y dictaduras de gobernantes y gobernados; las soluciones no son, pues, tan difíciles; méños elucubraciones científicas y más estudio práctico bastan y sobran para resolver los problemas y la injusticia que sobre la idea de justicia dejan sentir los gastos y costas judiciales; tal es la aspiración del país. ¡Quiera Dios no tardemos verla satisfecha!
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CAPÍTULO XI.

Incidente de pobreza.—Lo que fué, lo que es y lo que debe ser.

I

Hijo el incidente de pobreza de un principio de equidad reconocido y sancionado por todas las legislaciones, como medio de igualar al pobre con el rico en el ejercicio de los derechos que informan las contiendas judiciales, más que con el carácter de privilegio que á primera vista presenta, y del que se le revistió algunas veces, hay que considerarle como una manifestación necesaria y racional del derecho comun en el ejercicio de la unidad é igualdad práctica de todos y cada uno ante la accion y prerrogativas de la justicia.

Su extension debe como tal hallarse limitada á nivelar los derechos del pobre con los derechos del rico, haciéndolos independientes de la mayor ó menor fortuna de uno y otro en lo que á su ejecucion, prosecucion y cumplimiento judicial se refiera, fórmula precisa de la que ni un punto más, ni un punto menos, puede salirse el legislador, sopena de incurrir en lo mismo que trata de salvar, en la desigualdad del derecho adjetivo ante la fortuna y haber personal de las partes.

Principio tan universal como necesario, había llegado ya en tiempo de Constantino por su forma y hasta por su fondo, á constituir un verdadero privilegio á favor del pobre contra el rico (2), rebasando los límites propios de su necesidad y razón de ser, dejándose llevar en él el legislador de un sentimiento extremado y peligroso de caridad y filantropía; dando lugar á que lo que debia su origen al principio de la igualdad y armonía de

(1) Ya desde antiguo limitaron nuestras leyes las costas judiciales á un máximo en la parte alicuota y proporcional del valor de la cosa litigiosa, y en este punto es notable la ley 24, lib. 2.º, tít. 1.º del Fuero Juzgo que prohibian á los curiales tomar por costas más de la décima parte de la demanda, é si más tomaran, pierdan lo que deben haber segund la ley, é demas lo que tomó pecheló en duplo á aquel á quien lo tomó.»
(2) Ley única. C. Quando Imperator inter pupillos.
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todas las fortunas y de todos los derechos en sus fórmulas de acción y cumplimiento en los tribunales judiciales, se trasformase en un armaterrible, tras la que la mala fé y la temeridad se abroquelaban y defendían atacando sin tregua ni cuartel y causando dispendios y disgustos sin cuento, al par que á los colitigantes á quienes se dirige, á la sociedad y á los poderes que con tanta imprevisión concedía las armas de combate en lo que sólo debían ser armas defensivas.

Tal era el estado desordenado y peligroso que el incidente de pobreza ocupaba en el derecho adjetivo español, hasta la promulgación de la vigente ley de Enjuiciamiento. Las pretensiones más absurdas, los recursos más temerarios, las cabilosidades más infundadas, y los recursos más irracionales y peligrosos tenían lugar ante los Tribunales, escudados sólo por lo que jamás debe pasar de una patente racional y equitativa de la igualdad ante la acción de los Tribunales y de la justicia humana; y todo esto, ¿por qué?

Porque entonces, como en parte hoy, la fórmula artificial de la igualdad de fortunas en la defensa del derecho, aunque hija de la equidad, traspasaba uno de sus elementos fundamentales, el de la responsabilidad; y de un hecho armónico del derecho simple y necesario, pasaba á constituir un privilegio irritante y perturbador del mismo; así, y sólo así, se explica el que por la antigua legislación no se oyese á la parte colitigante en la forma y modo que debía oírsela, y que á su vez hubiese llegado á sancionar la antigua jurisprudencia un tipo fijo e invariable—3.000 maravedises de capital.—Sustituyendo después esta base por el arbitrio judicial, sin tener en cuenta, en el primer caso, la categoría de las personas y las condiciones económicas de las localidades, pues lo que en unas constituye un capital de bienestar, en otras, ó no llega á tanto, ó puede constituir ya una condición de verdadero desahogo y riqueza, y en el segundo, que el principio del arbitrio judicial, si necesario en algunos casos, jamás puede admitirse como absoluto, sin que se halle sujeto á ciertas bases de limitación.

Los efectos que de tal orden de cosas se originaban, acusaban con premura el remedio, y de aquí que sin esperar la promulgación de la vigente ley de Enjuiciamiento se hubiesen sentado
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rallas de su patria, derruidas por la barbarie: los dos arcángeles, los dos extremos de un anillo roto que se tocan y no se confunden: la luz y la sombra, la vida y la muerte; un universo, la epopeya de la humanidad, la razon de toda vida, de todo placer y de todo dolor.

III

No digamos que sin la mujer no habría para que ir á ninguna parte; que San Sebastián, Biarritz, todas las playas, todas las aguas, que hoy son una tentación veraniega para todos los que tienen ó pueden agenciarse dinero para un viaje, no tendrían encanto alguno ni serían concurridos más que por repugnantes valetudinarios embetés (no hay correspondencia castellana ni aun atreviéndose á decir embestiados, lo cual sería una novedad inútil); no digamos tampoco que las fuentes de la Granja correrían con desgano y como llorando, si no pudiesen copiar en sus cristales encantadoras y mareantes miradas, sonrisas capaces de hacer olvidar las penas del infierno, gargantas, senos y talles que congestionan; pies que no dejan huella sobre la arena más fina; manos que arrancan suspiros abrasados de los fondos más profundos de las almas masculinas; cabellos que parecen hechos para enredar voluntades y aprisionarlas con más fuerza que la cadena del ancla esperanza de una blindada; un conjunto, en fin, hecho ad hoc para marear al hombre, para darle el opio; es decir, el calmante de dolores adjuntos á la razon de la vida, á su economía, á su manera de ser, según que el hombre, por el decreto misterioso de una actividad prepotente, de una virtualidad inexplicable está hecho: indudablemente la mujer es el principio más poderoso, y de todo punto determinante, de este conjunto, concreto en la práctica, metafísico en el sentimiento, que se llama humanidad.

IV

¡Oh, maldita filosofía! ¡Tú vienes sin que te llamen, te apoderas de todo: traes contigo la niebla: los seres que abortas, que dejas ver indeterminados, son monstruosos! ¡La humanidad es un
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en parte las bases y los principios que hoy la informan con relación al hecho de que tratamos, dejándose sentir la reforma la promulgación de principios más racionales y equitativos, á partir de la Real cédula de 12 de Mayo de 1824 que taxativamente dispone "gocen del beneficio de pobres los jornaleros y braceros que se mantienen de un jornal y no tengan propiedad que produzca 300 ducados; las viudas que no tengan viudedad que exceda de 400; los pósitos píos administrados por eclesiásticos; las diputaciones de Sanidad en los recursos y libros, y el que tenga vínculo, legado vitalicio, memoria ó capellanía, sueldo por el Gobierno ó renta de cualquiera clase que no pase de 300 ducados; tipos que á su vez fueron disminuidos en parte por la Real orden de 30 de Setiembre de 1834, viiniendo por último como fórmula definitiva de la reforma del antiguo derecho y punto de partida para la vigente ley el art. 626 de los aranceles judiciales que prevenia, "que para la declaración de pobreza no debían atender los Tribunales y Juzgados, solo á la renta ó sueldo que la parte solicitante disfrutase, si no á las demás circunstancias que influyan para reputarla en clase de verdadero pobre, ya por la cantidad de su renta, sueldo, salario ó productos de su industria, ya tambien por la población, familia, casa que habite y demás circunstancias de este género.

Tal era el estado indefinido en que se hallaban los principios y las bases fundamentales del derecho procesal, con relación á la aplicación y sanción del beneficio de pobreza á la promulgación de la vigente ley; veamos ahora si al pasar del derecho antiguo al moderno y novísimo, responden mejor en las divisiones y categorías, en su forma y en su fondo á las necesidades que se dejaban sentir, y al principio generador de la equidad que hace necesario el hecho que nos ocupa, ó si por el contrario, hay aún algo en él que aconseja reforma y mejora con relación á los fines racionales y morales que está llamado á sostener y fomentar.

II

Así como el porvenir descansa sobre el presente, y éste á su vez sobre el pasado, formando la cadena histórico-racional de la ley del progreso humano, así en el desarrollo parcial y sucesi-
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vo y armónico del derecho y de las ciencias todas, lo que informa á lo que es, para que esto, á su vez, informe á lo que debe de ser con arreglo á las evoluciones y necesidades que se presenten constituye la cadena de la perfeccion.

De aquí que los autores de la vigente ley, combinando y armonizando en lo posible las bases del derecho antiguo y el moderno fijasen por medio de categorías y fórmulas precisas, el tipo de riqueza á que los Tribunales deben sujetarse para conceder y sancionar el beneficio de litigar de pobre, tal cual taxativamente se halla consignadas en el art. 182 de la ley, y que á su vez consignase la necesidad ineludible de oir á la parte contraria sobre la justicia y fundamentos de la peticion de pobreza, á su vez que la declaración hecha en un pleito no aproveche para otro.

La sola enunciación de las bases indicadas basta y sobra para comprender que obedecen á un criterio más racional que las que informaban la antigua legislación, y que por lo tanto, si bien no han cortado de raíz el mal que se sentía, como al juzgarlas en detalle demostraremos, se han atenuado, inaugurando un período de verdadero progreso en las leyes procesales del derecho español.

En cuatro grupos clasifica el art. 182 á los que deben ser declarados pobres, y son:

1.º A los que vivan de un jornal ó salario eventual.

2.º A los que vivan sólo de un salario permanente ó de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que no esceda del doble jornal de un bracero en cada localidad.

3.º A los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó cría de ganados, cuyos productos estén graduados en una suma menor que la equivalente al jornal de dos braceros en cada localidad.

4.º A los que vivan sólo del ejercicio de cualquier industria, ó de los productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de contribución una suma inferior á la fijada en la siguiente escala:

En las capitales de provincia de primera clase, de 200 re.
En las de segunda, de 160.
En las de tercera y cuarta, de 120.