Revista de España (1880-09-01 00:00:00), página 141

La escuela de San Ignacio, de la calle de Madrid, ha cesado también de pertenecer á los jesuitas, pasando á ser propiedad de una sociedad enteramente civil, de la que es presidente de su Consejo de administración M. Riant, y director Mr. Chevriot.

A la una de la tarde se presentaron los comisarios de policía en los establecimientos de jesuitas y se dieron por satisfechos con la partida de éstos, limitándose á hacer constar el hecho.

En los demás puntos de Francia han pasado las cosas de la misma manera, á excepción de Poitiers, donde habiéndose negado los jesuitas á abrir las puertas del establecimiento, el comisario central, acompañado de gendarmes, hizo forzar la puerta por medio de obreros requeridos al efecto. Al penetrar el comisario en el interior del establecimiento, se halló en presencia de seis jesuitas, de los cuales tres declararon ser propietarios de la casa. Los otros tres fueron invitados á abandonar en seguida el establecimiento.

Esto dió lugar á que algunas gentes prorumpieran en gritos de ¡vivan los jesuitas! ¡abajo los decretos! gritos que fueron contestados con otros de ¡viva la república!, pero no ocurrió ningún desorden. No deja de ser extraño que en la admirable disciplina que existe en la orden de los jesuitas, los del Establecimiento de Poitiers se hayan separado de la norma á que se han ajustado los demás Establecimientos de Francia.

Las congregaciones, excepción hecha de las de los monjes legos y los trampenses, continúan negándose á pedir la autorización á que se les obliga por los memorables decretos; pero en cambio han presentado al Gobierno una serie de declaraciones que se dice les han sido enviadas de Roma por conducto de los obispos, en un documento interesantísimo que no podemos menos de publicar, puesto que es el asunto sobre que discuten todavía los periódicos franceses, y el que ha estado á punto de producir la dimisión del presidente del Consejo.

Dice así el documento:

«Con ocasión de los decretos de 29 de Marzo, una parte de la prensa ha dirigido vivos ataques contra las congregaciones no autorizadas, representándolas como focos de oposición al Gobierno de la república.

El pretexto de esas acusaciones era el silencio observado por esas congregaciones que, en efecto, no han pedido hasta aquí la autorización que el segundo decreto las ponía en el caso de solicitar.

El motivo de su abstención, era no obstante, muy diferente del que se les atribuye y las repugnancias políticas no entraban en él para nada. Convencidas las congregaciones de que la autorización que en el estado actual de la legislación francesa confiere el privilegio de la personalidad civil, es un favor y no una obligación, no han creído ponerse en oposición con las leyes al continuar viviendo bajo un régimen común á todos los ciudadanos.

No es que desconozcan las ventajas que van unidas á la existencia legal; pero no creían que les conviniese buscar esas ventajas en circunstancias que habrían hecho interpretar un paso semejante como una condenación de su pasado y como la confesión de una ilegalidad de la que no se reconocían culpables.

Para hacer cesar toda mala inteligencia, las congregaciones de que se trata no tienen dificultad en protestar de su respeto y de su sumisión á las instituciones actuales del país.

La dependencia que profesan respecto de la Iglesia, de quien reciben la