Revista de España (1880-09-01 00:00:00), página 537

ción que dictan las leyes fundamentales del Estado, y enseñan las Letras Divinas á los súbditos como punto grave de conciencia: de aquí proviene que los eclesiásticos, no solamente en sus sermones, ejercicios espirituales y actos devotos deben infundir al pueblo estos principios, sino también y con más razón, abstenerse ellos mismos en todas ocasiones y en las conversaciones familiares, de las declamaciones y murmuraciones depresivas de las personas del Gobierno, que contribuyen á infundir odiosidad contra ellas, y tal vez dan ocasión á mayores excesos, cuyo crimen estima como alevosía y traición la ley 2.º, título 1.º, libro 3.º, de esta Recopilación. Para evitar semejantes excesos estableció el Señor Don Juan I, de gloriosa memoria, una ley solemne en las Cortes de Segovia con asistencia del brazo eclesiástico, la cual repitió su hijo el Señor Don Enrique III, que entre otras cosas dice así:

«Oísi: rogamos y mandamos á los prelados de nuestros reinos, que si alguno frilete ó clérigo ó ermitano ó otro religioso dijere alguna cosa de las sobre dichas (esto es contra el Rey, Personas Reales ó contra el Estado ó Gobierno) que lo prendan y nos lo envíen preso ó recaudado. Por tanto, á fin de que no se abuse de la buena fé de los seculares, se guarde al Trono el respeto que la religión católica inspira, y ninguna persona dedicada á Dios por su profesión se atreva á turbar por tales medios los ánimos y el orden público, ingiriéndose en los negocios del Gobierno, tan distantes de su conocimiento como impropios de sus ministerios espirituales; de cierta ciencia y pleno poder real, con madura deliberación y acuerdo, he venido en resolver que mi Consejo expida las órdenes-circulares á los obispos y prelados regulares de estos mis reinos al tenor del referido capítulo de la expresada ley segunda, título primero, libro tercero, cuidando todos ellos de su exacto y puntual cumplimiento, pues me daría por muy deservido de la más mínima omisión; é igual prevención se haga á las Justicias, para que estén á la mira, lo adviertan á los prelados, y si notaren descuido ó negligencia de su parte, reciban sumaria información del nudo hecho sobre las personas eclesiásticas que olvidadas de su estado y de sí mismos, incurrieren en los excesos sobredichos, y la remitirán al presidente del Consejo para que se ponga el pronto y conveniente remedio, en el supuesto de que se mantendrán reservadas estas denuncias y los nombres de los testigos.»

Según esta ley, ó este real decreto dado por Carlos III en 14 de Setiembre de 1776, el Gobierno se consideraba plenamente facultado para acordar el extrañamiento del cura de Lequeitio, y al obrar de este modo «no obedeciera—dijo La Integridad de la Patria—á impresiones del momento, ni se inspiraría en un espíritu de mal querencia hacía el clero de aquellas provincias, que algunos le han querido atribuir, sino que obraría tan sólo impulsado por el deber y por el firmísimo propósito de que las leyes del reino no sean una letra muerta, y á ellas se atengan por igual eclesiásticos y seculares.»

La prensa liberal advirtió en seguida, que desde el establecimiento del régimen constitucional y desde la abolición del fuero eclesiástico, había cesado la protesta económica y tuitiva que las antiguas leyes conferían al poder supremo; pero el periódico ministerial que antes citamos demostró con cuatro informes del Consejo de Estado, dictados en 1868, 1869, 1871 y