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En las cabezas de partido judicial, de 100.
En los demás pueblos, de 80.

Tales son las bases y punto de partida que determina el tipo de riqueza para interponer y conseguir con acierto y fortuna el beneficio de litigar de pobre, con las ampliaciones y restricciones de aplicación que determinan los arts. 183, 184, 185 y 186.

Prescindiendo de la razón económica, en el más ó el menos establecido como fundamento del tipo de riqueza por sus condiciones especiales de apreciación, según el criterio individual con relación á las necesidades del momento histórico en que se trate, es lo cierto que en su fondo, la clasificación adoptada no puede menos de apreciársela como una síntesis perfecta y acabada de las necesidades que la motivaron por abrazar todos los hechos y todas las causas que en orden al beneficio de pobreza para litigar pueden alegarse.

Mas lo que con tanta precisión se destaca en principio, viene en su forma de aplicación á ofrecer dudas y controversias y á colocar á los Tribunales en situación difícil y embarazosa por la vaguedad literal en algunos puntos y períodos de su redacción; hecho, tanto más lamentable, cuanto no hay nada más suspicaz y sofístico para deducir cuestiones sobre la interpretación literal de las leyes que la mala fe y falta de derecho en las partes litigantes.

De aquí que sobre la interpretación y aplicación judicial de dichas bases se hayan levantado dudas y controversias, y se sigan levantando aun por los casuistas en perjuicio del buen orden del Estado; dudas y controversias llamadas á desaparecer, por medio de una redacción más precisa y concreta que la que hoy conocemos como manifestación de los principios fundamentales que la misma desenvuelve.

Hasta aquí lo que se relaciona con los fundamentos consignados del más ó el menos de la riqueza individual para poder ser amparado con el beneficio de pobreza, tal cual hoy se hallan establecidos; más si de aquí pasamos á la tramitación del expediente, veremos á su vez que por omisión y corrupción se dejan sentir en él vicios y vacíos difíciles de salvar, tales son entre otros los siguientes:

La intervención que á nombre de la Hacienda ejercía el mi-
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nisterio fiscal en los expedientes de pobreza, era lógica y necesaria antes de la promulgación de la vigente ley, toda vez no le daba á la parte colitigante del que los promovía las garantías necesarias á su defensa; más hoy, ya, dada la precisión y la fórmula ineludible del art. 194, haciendo necesario el traslado á la parte más interesada en combatirle, y como tal á la única que puede buscar los medios para ello, la gestión del Ministerio fiscal, si algo significa, significa sólo una serie mayor ó menor de diligencias superfluas, sin más resultado práctico que un aumento en el capítulo de costas; así sin duda lo comprendió el legislador, toda vez hizo caso omiso del Ministerio fiscal; no obstante, la rutina práctica saltó por sobre la omisión, y á excepción de la jurisdicción establecida por los Juzgados de Madrid, siguieron aún transmitándose los expedientes con vista y citación del Ministerio público, por más que no pueda citarse un caso en que la gestión y representación del mismo haya venido á decidir la contienda, cosa natural y lógica, toda vez que sobre lo que él representa se halla un interés más inmediato, el de la parte contraria, sobre el que interpone el beneficio legal de pobre (1).

Permítanos creer que en el hecho citado, más que á una causa de verdadera omisión por parte del legislador, el vicio que tocamos debe su origen á la presión que la rutina ejerce siempre cuando de hecho no se ve combatida y anulada; pero no por ello es menos cierto que debe ponerse remedio á este hecho como perturbador de la tramitación en el orden de cosas que nos ocupa. Ojalá sucediera lo mismo con un hecho más frecuente de lo que se cree, y que entrañan á las veces intereses; no des-

(1) La falta de unidad en la jurisprudencia entre los juzgados de Madrid y los demás de España, respecto á este particular, llegó pronto á las esferas superiores del Gobierno y este no creyéndose—aunque equivocadamente á nuestro juicio—bien representado en lo que á los intereses de la Hacienda podían afectar el uso vicioso del papel de pobres, pronunció y expidió la real orden de 3 de Febrero de 1858, disponiendo que en las informaciones de pobreza continuase dándose audiencia á los promotores fiscales según lo previsto en la instrucción de 1.º de Octubre de 1851, por no hallarse derogada por los artículos 187 y 194 de la vigente ley de Enjuiciamiento, confirmado por las sentencias de 18 de Marzo y 3 de Octubre de 1862, al declarar que la no citación del ministerio fiscal es causa y motivo de casación.
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preciables, que debe su origen á una verdadera omision de la ley, por lo que carece aún de solucion práctica, tal es y tal sucede, cuando fuera de las cuestiones de carácter contencioso, el pobre y el desvalido tiene que consignar á hacer valer sus derechos, carece de fórmula conocida para ampararse y usar el beneficio de pobreza. Un párrafo más á la ley, y el problema propuesto y la omision que la causa quedaria resuelto, pasando en este caso la tramitación á los actos de jurisdicción voluntaria con vista del Ministerio fiscal, único caso en que debe dársela en los expedientes que tratamos.

Mas no terminan aquí los efectos de las omisiones, frecuente es, y de ello podemos dar testimonio en siete años que tuvimos la honra de ejercer la abogacía, que un litigante interponga el incidente de pobreza, que se dé de él traslado á la parte contraria y que se practique un más ó menos diligencias, y luego, por virtud de arreglo con el contrario ó por otras causas, desista de la pretension, no de un modo oficial, sino de un modo tácito y pasivo; en este caso, ¿qué es lo que procede? ¿Puede el juez declarar de oficio, trascurrido cierto tiempo, desierto el recurso imponiendo en él, como es natural, las costas? Debiera, puesto que así lo aconseja la equidad y el principio de responsabilidad que acompaña á los actos oficiales, pero no puede porque, ni por su espíritu, ni por su letra, hay ley que se lo permita.

Otra de las omisiones, y quizá la más práctica, es la que se relaciona con las cuotas fijas de contribucion que determinan la pobreza. Sabido es que la contribucion obedece á necesidades permanentes del Estado, á la vez que á necesidades más ó menos eventuales del mismo, de la provincia y del Municipio; ahora bien, en lo variable de dichas cuotas, ¿á cuál deben estarse los tribunales? Para nosotros no ofrece duda, deben estar solo á la cuota fija del Tesoro, prescindiendo del aumento de las extraordinarias del mismo y de los recargos á cuotas provinciales y municipales; pero lo cierto es que no todos lo entienden del mismo modo, que esto da lugar á cuestiones que exigen aclaramiento y reforma.

III

Visto lo que fué y lo que es hoy en cuanto á los principios,
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bases y tramitacion que informa el incidente de pobreza, tomamos, naturalmente, á lo que debeser. Para ello, basta con tomar por punto de partida las bases cardinales del articulado de la ley actual y consignarlas de nuevo con una redaccion más concreta y precisa, á fin de que, por su vaguedad y omisiones, no deje lugar á duda alguna, ni en su fondo, ni en su forma.

Entonces el incidente de pobreza responderá de lleno á las necesidades de la equidad y la justicia, teniendo de escudo á la responsabilidad individual en la imposicion de costas, lo mismo en el incidente de pobreza, que en el pleito principal que se establece, exigiendo, á falta de numerario, la responsabilidad de las mismas por la prision subsidiaria, á la manera que dejamos indicado en el capítulo de costas, y entonces el beneficio de pobreza será sólo lo que debe ser, una fision ó acto legal que nivela las condiciones individuales de todos ante la ley y la justicia, en la prosecucion y defensa del derecho individual y humano.

Ya dejamos consignado que la actual legislacion fué un verdadero progreso sobre la antigua; que los principios cardinales de la que hoy nos rigen, responden de un modo progresivo á las necesidades que se dejan sentir: un paso más es lo que se necesita; dése, y entonces, si se armoniza y funda sobre el principio de responsabilidad que hoy echamos de méños, y sobre una redaccion y forma literal más precisa y clara, no habrá nada que temer y lamentar las injurias de derecho que á la sombra y bajo el amparo de la antigua legislacion se levantaban, ni méños las dudas y los vacíos que de las omisiones y redaccion de la actual se vinieron poco á poco á determinar en el campo de las controversias judiciales, en lo que con los incidentes de pobreza se relaciona, tal es nuestro deseo y tal esperamos suceda.

XII

Concepto jurídico de la prueba y necesidad urgente de armonizarla con la ley que hoy la determina.

I

Hemos visto que la doctrina y categoria de los juicios no responde en su forma ni en su fondo á las leyes de equidad y justi-
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cia, y ahora veremos que el modo y manera en que se extienden las diligencias de ataque y defensa en lo relativo á las piezas de prueba en que se desarrollan y descansan, si á algo responden es á la duda y á la sospecha, cuando no á la fe y al soborno, á la pasion ó á la ignorancia, y si no ¿á qué razon y á qué principios obedecen las prescripciones legales y la práctica actual de la tramitacion de lo más sagrado é importante de los juicios, de la prueba, en fin? ¡Obedecen, por ventura, á los principios racionales del derecho moderno? ¡Satisfacen tal vez á las garantías de verdad, sencillez, claridad, concision y libertad que las ideas democráticas y el sentimiento de justicia reclaman?

No y mil veces no; hoy, como ayer, la tramitacion y diligencias judiciales que con las pruebas se relacionan, caminan por una vía inquisitiva y misteriosa, desordenada y arbitraria, tan injustificada é irracional como los principios de derecho á que obedecen; tan expuesta á falsedades y abusos como el sentido práctico y moral determinan.

Si ayer, á pesar de las peticiones hechas por las Cortes de Toledo y Madrid á Don Carlos I y á Don Felipe II,—Ley 3, título 16, lib. 11 de la Novísima Recopilacion—dada la ayeccion, la hipocresía y el egoismo de los gobernantes y gobernados, otra tramitacion y obra defensa que la inquisitiva y autoritaria, secreta y misteriosa que fija la ley 24, tít. 16, partida 3.ª, libremente traducida por "al rey y á la Inquisicion chiton;" hoy que no es posible otra tramitacion que la de libertad y de publicidad; si ayer se daba todo y siempre al farrago privado é indigesto del escrito y la sorpresa, la argucia y el enredo, la intriga y el soborno que á la sombra del misterio podian llegar por conducto de Juez ó escribano al secreto de la prueba; hoy, que no es posible otro sistema, ni otro camino que el de el oral y público, rápido y conciso, claro y terminante, como el derecho y la razon acusan, y si no digaseunos con franqueza.

¿Qué significan, qué valor moral pueden tener las pruebas y las actuaciones en la forma y modo que se extienden, en el modo y forma que se redactan, llegando, por decirlo así, á elavrarse en la mayoría de los casos por la voluntad, ignorancia y buena ó mala fé del actuario, y no de los testigos, traducido todo desde antiguo por "gáname al escribano y yo te ¡ganaré el pleito" ó
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entre pleito bueno ó malo, ten de tu parte al escribano? Veamos.

Lo indudable, y así nos lo comprueba la estadística, que la desigualdad y número de los negocios judiciales, hija de haber atendido en la división de comarcas judiciales, más que á las necesidades de la equidad y la justicia graduada por el movimiento de los negocios, al rádio, población ó importancia é influencia de ciertas poblaciones, es tal y tan fuerte, que en muchos, muchísimos se sobreponen en un todo moral y materialmente á la actividad, estudio, vigilancia y trabajo del Juez, por fuerte y poderosa que sea su inteligencia y deseo, viniendo á enredarse al fin y al cabo en el doble carácter de civil y criminal de los expedientes judiciales.

Las consecuencias naturales de este hecho saltan fatal y necesariamente por sobre las prescripciones de los artículos 33, 34, 35 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y por ello si á los Jueces llega á bastarles el tiempo material para dictar sentencias definitivas, no le tienen, ni pueden tenerle en la mayoría de los casos para regentar las diligencias de prueba, teniendo que entregarse, quieran ó no, á la buena ó mala fé, instrucción ó ignorancia del actuario, lo mismo en el relato é informe de las actuaciones y procesos, que en la redacción de las declaraciones y juratorios; haciendo, por lo tanto, tabla rasa y lebra muerta las disposiciones que en contrario de dicha costumbre—por todos sentido y conocida—establecen, no sólo los artículos citados, sino la Ley 3.ª, título 10, de la Novísima Recopilación.

Ahora bien; dados estas condiciones y dados estos hechos ineludibles de todo punto en la mayoría de los casos, por el cúmulo de negocios que pesan sobre los Juzgados, ¿qué garantías ofrece el secreto de las pruebas? Ninguna.

"Entregadas estas investigaciones, las diligencias de prueba, como con elocuencia ha dicho el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo en la apertura celebrada en 15 de Setiembre de 1875, "al secreto, y practicadas en el retiro del gabinete del Escribano ó del Juez, no hay garantía para nada ni para nadie contra la alteración de los hechos, sean quienes fuesen estos funcionarios, porque á su pesar y contra sus propósitos rara vez
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"responderán sus esfuerzos á su deseo de hallar la verdad, en cuanto es posible á la humana inteligencia. El juicio secreto, pues, no conduce á la averiguacion de la verdad, la oscurce y la falsea; ofrece cuando menos este peligro inminente, y en tal concepto no es una garantía para la justicia, ni encarna formas protectoras para la inocencia. ¿Y por qué? Desde luego porque todo en él queda á merced de los funcionarios del orden judicial, que instruyen las actuaciones con una irresponsabilidad absoluta á favor del misterio en que se encierran, y por consiguiente sin más freno que su moralidad y su conciencia."

"Cabe, por lo tanto, en este proceso reservado, todo linaje de falsificaciones de la verdad, si hay interés en cometerlos; y no hay en él más garantía ni más defensa que la providad y pericia del Juez y Escribano que le instruyen; garantía estimable en verdad, y con la cual se podrá contar en los más de los casos; pero garantía ineficaz siempre, y siempre insuficiente, porque el vicio está en la esencia de esta pesquisa inquisitorial, y el vicio interno de una institucion no se salva por la buena fe y la inteligencia de los funcionarios encargados de su realizacion en las esferas del Gobierno. Como el vicio orgánico de una naturaleza enfermiza no se cura sino con la depuración de la sangre, con la reconstitución de aquel organismo débil, raquítico y amenazado constantemente de disolución, si tanto se puede."

Cuando el mal de una institucion llega á arrancar y producir, en hombres tan con servadores como el excelentísimo señor don Cirilo Alvarez, cuadros tan eloquentes y enérgicos como tristes y desconsoladores, la institucion, por más que descansen en un largo y buen abolengo, se halla ya, si no muerta, agonizando.

Pero hay más; aquí si el secreto de la prueba vive aún para lo civil, vive de un modo ficticio; sobre ella pesa há largo tiempo la sentencia de muerte. La base 4.ª de la ley de 13 de Mayo de 1855, es clara y terminante, "que la prueba sea pública para los litigantes, quienes tendrán el derecho de presentar contra interrogatorios," y, á la verdad, ante los perjuicios que ha ocasionado la falta de cumplimiento de precepto tan terminante, no podemos menos de dolernos muy mucho de los autores de la ley de Enjuiciamiento civil al prolongar la vida de un vicio que,—aunque solo con relación á lo criminal,—mereció de el
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más alto magistrado del poder judicial las censuras que dejamos narradas.

Por último, si la prueba toca más bien al orden de justicia que al del juicio, como acertadamente dice el señor conde de la Cañada, no podemos menos de terminar este artículo, indicando y alabando una práctica y una ley; la práctica fue iniciada en Asturias, si mal no recordamos, por el ilustrado, celoso e inolvidable regente de Oviedo, Sr. Camaleño, y consistía en un derecho concedido á las partes para que nombrasen un conjuez que por ellas presenciase las pruebas, y la ley del real decreto de 30 de Setiembre de 1853, en cuyo art. 19 se establecía "la prueba de testigos, será pública, como la instrumental, y las partes podrán presenciar sus declaraciones, y hacerles las preguntas concernientes al asunto, con el permiso y por conducto del Juez, quien mandará hacer constar sus protestas, si así lo soliciten las partes."

Loor, pues, á los que como el Sr. Camaleño, marqués de Gerona, han dado los primeros pasos por el juicio oral y público en lo civil, y loor, á su vez, para el que, como el Sr. D. Cirilo Alvarez, ha levantado la bandera para lo criminal, dejando consignado como lema en ella:

1.º Que el juicio oral y público tiene, entre otras virtudes, la de purificar las actuaciones, depurando hasta donde es posible la verdad de los hechos.

2.º Que es, además, un freno poderoso contra las tentaciones de alterar y falsificar los hechos de la prueba civil y del sumario en lo criminal.

3.º Que tiene también la ventaja inestimable de asociar la conciencia pública á la conciencia de los Tribunales—virtud fir-mísima sobre que descansa el Jurado—y como éste inspira al pueblo una gran confianza, una verdadera fé, que es el bello ideal de la justicia humana, que no basta sea buena, sino que, como la mujer del César, es menester que pase por tal en la conciencia de las gentes.

4.º y último. Que es la más bella y sólida garantía de la Administración de justicia, que desde larga fecha ya viene informando sobre el proceso inquisitivo, secreto y misterioso, irracional y dubitado de las actuales diligencias de pruebas, contra.
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Ateneo, un laberinto en que las escuelas se cruzan y se enmarañan, en que la verdad invocada y evocada por todos no aparece jamás, sino en relámpagos fugaces que se apagan en el mismo punto que se inflaman, y que á su luz han dejado ver de una manera vaga monstruosidades incomprensibles y pavorosas! ¡Oh, falaz idealidad que pretendes realizar tus aspiraciones sin comprenderlas, y vagas entre la sombra al borde resbaladizo de los torrentes que se hunden con fragor en la eternidad desconocida!

V

Nos vamos poniendo serios y esto no conviene: il fau l'éclat de rire. Riámonos, pues, y tratemos á la humanidad, como ella merece ser tratada: sin pizca de respeto, como ella trata las cosas: cuando inventa se pavonea y dice con una necedad que merece una paliza: yo lo sé todo, yo lo conozco todo, yo soy Dios; porque no comprende que sin los términos de relación en que ella misma está comprendida y que ella no ha creado, no podrá llegar jamás á una demostración en lo práctico, limitado, limitadísimo, contenido en la estrecha y nebulosa atmósfera de la actividad humana; pero de lo infinito desconocido viene, y á lo infinito desconocido vá, pasando por un punto contingente, tangible al parecer, y relativamente aplicable: una virtualidad que el hombre siente sin comprenderla, que es su esencia constitutiva, la actividad necesaria, suprema, prolífica, eterna de una ley que es una sola, inmutable, de cuyo sentimiento de cuya sustancia, de cuya influencia, nacen todas las locuras del ambicioso é inquieto y desacordado sentimiento humano.

VI

¿Pero dónde estamos? Nos hemos perdido: necesariamente: esto sobreviene en cuanto la filosofía, que todo lo enturbia, que todo lo indetermina, que todo lo embrolla, aparece: es necesario volverse atrás: dejar la selva intrincada y sombría, y salir al espacio ancho, más ancho posible, donde, por lo menos, haya un am-
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las que si bien se haya pronunciado sentencia, el país tiene aún hambre y sed de ejecución para realizar y adelantar un paso más en la vía del progreso.

Mariano M. Valdés.

(Concluirá.)
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LA MUERTA Y LA VIVA.

(Continuacion.)

Elena levantó suavemente sus blancos párpados para mirar á Manuel: ¡qué era lo que deseaba saber que no lo preguntaría! Esto era un misterio para la niña.

Aquella mirada candida, serena, limpida, fija en Manuel con asombro, no fué vista por éste; pero sí por su padre, que sonrió gozoso.

—¿Qué piensas tú, Elena,—dijo el general,—que debe preguntarse á las mujeres, ó no?
—Yo no sé...—murmuró confusa,—pero si saben lo que se les pregunta ¿por qué no lo han de decir?
—Y bien... modifíco el consejo... pregunta cuando se trate de ángeles.
—Los ángeles nada pueden decirme,—dijo algo bruscamente Manuel, levantándose de la mesa...—y á propósito de preguntas: anoche me dijo esa señora que había crisis... qué tú entrarás en el Ministerio... ¿es verdad?
—Pero...
—Hé aquí que no sé más...
—Puede que sí.
—Voy á salir... acaso coma con mis amigos.
—Por esta vez nada te digo... pero no quiero que comas sin
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mí: soy avaro de estos días que han de ser tan breves á tu lado.
—Será la última vez... adios, padre... á los pies de usted, Elena...
—¡Ah!... mira que ese tratamiento entre vosotros no está bien.
—No sé, yo...
—Hábllala de tú, hijo mío, y tú Elena: habláos como hermanos, pues en mi corazón lo sois.
Los hermosos ojos de Elena brillaron con reflejo de lágrimas.
Manuel hizo un movimiento de indiferencia.
—Como quieras, padre,—murmuró,—y si esta señorita lo permite...
—¡Oh, sí!
—Pues adios, Elena...
—Adios.
Manuel salió y Elena pensó con tristeza en que es muy largo á veces el día.
¡Tantas horas todavía hasta la mañana siguiente!...
¡Qué haría en ellas?...
¡Es tan difícil ocupar el tiempo cuando el espíritu no está dispuesto á secuadar ese movimiento!...
—¿No vas á salir, hija mía?—preguntó el general.
—Tengo que estudiar...
—¡Bah!... Da un paseito á pie por los jardines con Doña Ana, después vé á ver si tu amigo está mejor...
—Así lo haré, muchas gracias.
—Hasta luego, Elena, tengo que hacer y voy á salir.
—Iré á casa de Clara,—murmuró Elena,—ella, me quiere, y á su lado siempre me encuentro bien.

CAPÍTULO VII.

Manuel sentía un vivo deseo de volver á ver á la hermosa americana, y utilizaba el pañuelo como un pretexto para disculpar su prisa en presentarse á ella.
Interés ó curiosidad, sentía una tal impaciencia, que muy poco avezado en el análisis de los sentimientos, se creía dominado por una impresión seria.