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pas, si alguna lata está mal soldada y en comunicación la conserva con el aire exterior, defecto que cuesta un real por lata al trabajador cuyas son las defectuosas que han de soldarse de nuevo.

Las tapas cuadradas, ó redondas, de las latas, vienen (á esta fábrica) hechas desde Bilbao, y los cuerpos, trazados y retulados en planchas de hoja de lata, que con una máquina se cortan y con otra se redondean, ó se cuadran, soldándolos luego y poniéndoles los fondos.

Por último, se empacan las latas, con azerrín, en cajones de madera, á ciento cincuenta en cada una, y ya están listas para su exportación, que es generalmente á la isla de Cuba.

De un modo análogo se ponen en conserva la merluza, el merlu, el cóngrio, el calamar y otros pescados y mariscos.

***

Las faenas de la fábrica se ejecutan por unas treinta y seis mujeres y ocho ó nueve hombres, los cuales dejan, en cuarenta y ocho horas, cien mil sardinas colocadas en las cinco mil latas que ocupan próximamente, y soldadas y empacadas éstas para su exportación.

El día laboral es aquí de doce horas, por el que recibe la mujer, según la importancia de su trabajo, el jornal de tres ó cuatro reales, y el de dos las niñas: si además trabaja toda la noche, lo dan, por ésta, otros cinco reales; es decir, que una mujer puede ganar nueve reales al día, trabajando las veinticuatro horas.

***

Digamos ahora cómo se escabechan el bonito y el besugo.

Los bonitos se destripan en la mar y les quitan las cabezas en el muelle, mujeres que lo hacen sin salario, quedándose con la mitad de aquellas, cuya grasa utilizan para alimentar los candiles en los caseríos. Llegado el bonito á la fábrica, se trocean con machete, sobre unos bancos muy toscos, siendo de notar la rapidez y la destreza con que lo ejecutan dos ó tres hombres.
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sin discrepar en una línea los gruesos de unos trozos á los de otros. Estos se salan, lavan, secan, fríen, tornan á secarse, se meten en barriles de haya, con flejes de castaño, ó de avellano, se les echa el vinagre, se prensan un poco, poniéndose una mujer de pie sobre una tabla que cubre el bonito en el barril, se cierra éste y queda listo para su exportación, siendo los principales mercados, Valladolid, Palencia, Zaragoza, Haro, Burgos y Madrid, en cuyas pescaderías figuran, á la puerta, en primer término, los barriles de escabeche.

Los besugos, cuando llegan á la fábrica, se escaman, desca- bezan, destripan, salan y lavan perfectamente, y, en la habitación alta de que hablamos antes, á la cual se suben con una grúa por un hueco cuadrado abierto en el suelo, se tienen secándose, antes de freirlos y echarles el vinagre en los barriles, un par de días, ó más si es preciso, colgados de los ganchos de que están llenos los enrejados de madera que forman unos llistones verticales, cruzados por otros horizontales clavados á ellos, que llenan, situados paralelamente, toda la habitación.

La terminación de la guerra de Cuba ha disminuido mucho la exportación de las conservas de pescado; sin embargo, el año pasado, puede calcularse que se vendieron, entre todas las fábricas, unas seiscientas mil latas de conservas, y unos treintamil barriles de escabeche.

* * *

Concluyo este trabajo con algunas observaciones referentes á la Cofradía de pescadores.

Esta debe de cuarenta á cincuenta mil duros de dinero tomado á rédito para socorrer á los pescadores asociados, en las épocas que los temporales no consienten á las lanchas salir á la mar.

El pescado de todas clases que vende la Cofradía, importa al año, por término medio, de cuatro á cuatro y medio millones de reales, de los que se reserva el 7 por 100 para pago, de intereses de la deuda, sueldos de empleados y socorros á unos cincuenta pescadores inutilizados.

El número de asociados á la Cofradía es de 1.119, y, de ellos,
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más de 1.118 son carlistas. Los personajes principales de la Cofradía de San Pedro, ó de pescadores, pertenecen á otra Cofradía religiosa llamada del Rosario, cuyo superior es el cura que regentea, por su saber y por otros méritos, á todos los demás presbíteros y frailes de la villa.

José Navarrete.

Bermio 29 de Agosto de 1880.
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LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.

(Continuacion.)

IV

En el supuesto de que, en el ejercicio de una función tutelar, cumpliera al Estado suplir la imposibilidad de los padres en punto á educacion, es manifiesto que esta educacion oficial suplementaria deberá ser necesariamente gratuita. Aquí tropiezamos con una objencion que, habida consideracion á su naturaleza y origen, podría denominarse con toda propiedad OBJECCION ECONOMISTA. Veamos cómo la expone uno de los maestros del economismo clásico, en un conocidísimo libro, que puede, con razon, considerarse como el Corán de la escuela. "Se ha hablado mucho, desde la República, dice el insigne Bastiat, de crédito gratuito, de instrucción gratuita." Pero es claro que en esta palabra se envuelve un grosero sofisma. ¿Puede hacer el Estado que la instrucción se difunda como la luz del dia, sin que cueste ningun esfuerzo á nadie? ¡Puede cubrir la Francia de instituciones y de profesores que no se hagan pagar de una ó de otra manera? Todo lo que el Estado puede hacer es esto: en vez de dejar á cada uno reclamar y remunerar voluntariamente este género de servicio, el Estado puede arrancar, mediante el impuesto,
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esta remuneracion á los ciudadanos y hacerlos distribuir en seguida la instrucción que él elija, sin exigir de ellos una segunda remuneración. En este caso, los que no aprenden pagan por los que aprenden, los que aprenden poco por los que aprenden mucho, los destinados á trabajos manuales por los que abrazan las carreras liberales. Es el comunismo aplicado á una rama de la actividad humana. Bajo este régimen, que yo no tengo que juzgar á juíz, se podrá decir, se deberá decir, la instrucción es común; pero sería ridículo decir la instrucción es gratuita (1).

El primer error que se descubre desde luego en la argumentación del disinguido economista, es la falsa acuación, fundada en una mala inteligencia supuesta de la palabra gratuitud. No; nadie que sepamos ha sostenido, ni aun tácitamente supuesto, el absurdo de que la instrucción pudiera plantearse sin que su establecimiento costara nada á los particulares ni al Estado: nadie ha entendido de esta suerte el adjetivo gratuito aplicado á la instrucción. El sofisma, si le hay, no hace de la falsa inteligencia de una palabra, cuyo significado es perfectamente claro para todo el mundo. Se ha denominado gratuita á la instrucción con relación al que la recibe, sin que pueda inferirse de aquél el absurdo supuesto de que nadie la paga. Tal es el sentido en que se emplea, constantemente este adjetivo, ora en el uso común del lenguaje, entendiéndose que es gratuito para cada cual aquello que adquiere sin dar nada en cambio; ora en el mismo sentido técnico, según el cual la donación, por ejemplo, es una forma de adquisición á título gratuito. Lo que á nadie cuesta nada será gratuito para todos; pero no por esto dejará de serlo para cada cual lo que á él nada le cuesta. Al denominar gratuita la instrucción, sin precisar las personas respecto de las cuales se cree que debe serlo, se hace uso de una elipsis perfectamente legítima. No lo es tanto, á la verdad, el atribuir á los adversarios una mala inteligencia que nada autoriza, para darse luego la satisfacción de refutar supuestos absurdos, que no han estado jamás en el pensamiento de nadie.

Pero prescindiendo de este abuso de dialéctica, el razonamiento de Bastiat, en este asunto, es natural y necesaria conse-

(1) Armonías económicas VIII. Propiedad; Comunidad, pág. 264.
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cuencia del sentido general de la escuela de que ha sido él mismo uno de los más ilustres representantes. No se trata aquí, en realidad; de la cuestión concreta de la enseñanza gratuita, á lo menos en lo que éste problema puede entrañar de singular y característico: se trata más bien de la manera general de concebir el aspecto económico de las relaciones sociales. Bastiat cree haber probado suficientemente el absurdo de la gratuitad aplicada á la instrucción, con sólo mostrar que su establecimiento conduciría á sancionar la injusticia de que parte de los ciudadanos paguen un servicio que no utilizan y otros contribuyan á su sostenimiento en una proporción diferente de aquella en que de él se aprovechan.

Ahora bien; ¿es cierto que deba sostenerse esta relación de estricta proporcionalidad entre la contribución y el aprovechamiento de los servicios públicos? ¿Es cierto que el fondo social deba ser distribuido por el Estado, en vista de la cantidad con que á él ha contribuido cada uno? ¿Es tan indiscutible, como se supone, que cada ciudadano tenga sobre ese fondo colectivo un derecho proporcional á su participación en el impuesto? Evidentemente no; antes al contrario, debe entenderse que el Estado se halla autorizado, en todo caso, para sostener y retribuir con los fondos comunes los comunes servicios, sin que pueda imponersele la obligación de atender á que el que contribuye al sostenimiento de cada servicio público sea precisamente el que se aproveche de él, ni menos todavía la de llevar un balance imposible entre la contribución y el aprovechamiento de cada cual. Lo único que puede, con justicia, exigirse del Estado, es que los servicios que sostenga con los recursos sociales sean verdaderos servicios públicos, de general interés y de necesidad indudable. Una vez cumplida esta condición, el Estado puede y debe aplicar este fondo común que procede del impuesto, á las necesidades comunes, que no son siempre las necesidades de cada uno, por más que sean y deban ser, en cierto sentido, las necesidades de todos. Séanos lícito poner de manifiesto, mediante algunos ejemplos, el absurdo que resulta de considerar á la sociedad humana como una especie de asociación mercantil, en la que cada miembro tiene derecho á los beneficios, en proporción del capital que al acervo común aporta.
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OBLIGATORIA.

Sabido es que la administración de justicia se sostiene por el Estado, sin perjuicio de las prestaciones que corresponden á los interesados en concepto de costas judiciales. El litigante pobre que acude á los tribunales en demanda de un derecho, se halla facultado para defenderlo sin gasto ni aplicación de costas, una vez que haya probado su pobreza. La justicia es, pues, gratuita para aquel que no puede pagarla, lo cual no obsta para que el Estado, es decir, la sociedad ó en definitiva el contribuyente, haya de satisfacer los gastos que este servicio ocasiona. Aquí también, como en el caso de la instrucción, pagan los que pueden por los que no pueden; el contribuyente que no acude á los tribunales por el que defiende su derecho, en concepto de pobre. Esto es lo que podría llamar Bastiat, acudiendo al vocabulario de las palabras de efecto, el comunismo en la justicia. Ahora quede al juicio de cualquier persona razonable el resolver si sería preferible el negar la justicia á aquél que no pudiera pagarla, estableciendo de esta suerte entre los ciudadanos una distinción, en comparación con la cual las castas de la India parecerían una institución humanitaria y progresiva.

Otro ejemplo tomado al azar entre mil: las casas de socorro deben aparecer á los ojos del economista como dependencias de una verdadera sociedad de seguros. Sostenidas por el Estado, esto es, por los contribuyentes, ¿quién nos garantiza de que el que las paga será el mismo que las utilice, y de que el que contribuya en mayor escala á su sostenimiento será el que en mayor proporcion aprovechará sus servicios? Contra lo que debe acontecer bajo el régimen de la libertad, es esta una asociación de seguros en que la cuota no se mide por razón del riesgo. Dados los principios de la escuela economista, la organización actual de estos establecimientos, es pues, manifestamente defectuosa. Veamos ahora lo que sería esta organización bajo los principios de la contratación libre. Sería menester, en primer lugar, que cada cual tuviera libertad para formar ó no parte de la nueva sociedad; aquel que no estuviera inscrito no tendría derecho á género alguno de asistencia, so pena de obligar á los socios á pagar la de los miembros extraños á la asociación. La cuota correspondiente á cada individuo debería variar conforme á un número de circunstancias, en extremo numerosas y difíciles de determinar.
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El hombre sano, por ejemplo, pagaria menos que el que padeciera una enfermedad crónica; aquel cuya dolencia ocasionara repentinos accesos, deberia asegurarse por una suma mayor que la exigida á los que padecen otra especie de enfermedades; seria menester tener en cuenta gran número de elementos que contribuyen á modificar el riesgo calculable, tales como las costumbres, las condiciones higiénicas, hasta el transcurso de tiempo que cada cual pasa, por término medio, en la vía pública. La determinación de todas estas variables ofreceria, sin duda, insuperables dificultades. Pero la consecuencia más violenta y que más pone de manifiesto el absurdo de la teoría, es la de que el maximum de la cuota deberia corresponder precisamente á aquellos que, careciendo de todo sustento, reúnen mayor número de probabilidades de haber menester de la asistencia de este género de establecimientos. Bien es verdad que si, como no es dudoso, se vieran en la imposibilidad de formar parte de la asociacion, siempre quedaria el recurso supremo de fallecer de inanicion en medio de la vía pública, víctimas de la estricta observancia de las leyes económicas. Si alguno tacha de exagerada esta conclusión, invítamole á considerar cuáles deberian ser las consecuencias de la supresion de los Hospitales, de las Casas de Expósitos y de Maternidad, de los Asilos, etc., reclamada por algunos á nombre de los principios de una ciencia que no puede tolerar la existencia de estas instituciones socialistas. ¡Ah! ¡Quiera el cielo conservar siempre al legislador una dosis suficiente de humanidad, de buen sentido y aun de conciencia de los deberes que su funcion social le impone, para que no deje jamás de pecar un poco de esta especie de socialismo! Más vale, despues de todo, que paguen los ciudadanos unos por otros, que no el que se deje perecer á los enfermos por falta de asistencia, ó á los niños abandonados por madres sin entrañas, ó á los infelices á quienes ha reducido á la indigencia, ora la propia culpa, ora la eficacia de alguna de esas "armonías económicas" que rigen hoy la lucha, que no el orden y concierto de los intereses.

No pretendemos atribuir á esta argumentacion un valor superior al que tiene realmente. No queda probado con esto, que la instruccion deba ser gratuita. Lo que sí nos parece demostrado con evidencia, es que no basta el razonamiento de Bastiat para
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mostrar la injusticia de la gratuidad; de suerte, que la cuestión queda, en realidad, intacta. Ahora, como antes, él trata únicamente de saber si el Estado debe ó no considerará la instrucción como un servicio público. En caso afirmativo, nada probaría contra su establecimiento la consideración de supuesta equidad, fundada en la participación de los contribuyentes. Los fondos comunes deberán ser aplicados por el Estado, en la proporción que considere justa, al establecimiento de este servicio, como lo son al sostenimiento de los montes y los caminos, de la justicia, de la administración y del ejército, sin tener en cuenta para nada esa doctrina singular, sin cuya estricta aplicación deberían seguirse, entre otras muchas consecuencias no menos peregrinas, la ejecución de la parte de impuesto relativa al alumbrado público, en favor de los ciegos, imposibilitados de aprovecharse de este servicio.

V

La enseñanza no es en sí misma una función propia del Estado. Dado este principio evidente, nada más lógico para los pensadores inspirados en el criterio economista, que rechazar la instrucción del Estado en una esfera ajena á su competencia. ¿Qué hay de común, se dirá, entre la enseñanza y el gobierno de los pueblos ó la administración de justicia? El Estado es gobernante, es juez, pero no es pedagogo ni maestro. Júzguese cuán terminante no debe parecer este argumento á espíritus impresionados de antemano contra toda intervención oficial, y que, si de ellos dependiera, reducirían gustosos las funciones del Estado á las de un mero administrador, á reserva de probar después, con argumentos irrefutables, que este administrador general es realmente el peor de todos los administradores posibles.

No obstante esta aparente evidencia, la incompetencia absoluta del Estado en la función docente, se halla muy lejos de estar tan claramente demostrada como á primera vista pudiera parecer. Cada entidad social tiene, sin duda, como cada individuo, su propia función y espera: importa á la conservación del orden el respeto de este círculo inviolable de actividad. Pero
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cion contemporánea, que hoy todo se vende, hombres y conciencias: la fe, la probidad, las opiniones, no son sino puro objeto de especulación, y el dinero, la mayor facilidad de espoliar, el noble fin de los individuos alimentados en la doctrina del ecleticismo."

Convengamos a posteriori en que no eran producidos por la exageración de la pasión política los ayes que se escapaban á un alma honrada, pues que los acontecimientos han justificado sobradamente los conceptos de la severa crítica.

F. JAVIER DE MOYA.
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este principio, con ser real, no puede proclamarse absoluto. No todas las intrusiones de una actividad en la esfera que á otra pertenece, son igualmente censurables: las hay lícitas, las hay necesarias, las hay hasta obligatorias. Esto tiene lugar en la esfera de la vida pública, como en la de la vida privada; entre las instituciones, como entre los hombres: así como la tutela no es comparable al secuestro, con ser ambas, exteriormente al menos, limitaciones de la libertad, tampoco es lícito poner en la misma línea la imposición de la unidad religiosa, por ejemplo, y el ejercicio de las funciones de enseñanza y beneficencia oficial, por más que todas ellas presenten aparentemente el mismo carácter de intrusiones del Estado en esferas agnadas á su competencia. En tiempos calamitosos para la sociedad civil, asumió la Iglesia, no ya tan sólo el ejercicio de aquellas funciones sociales, que por su índole podían revestir cierto carácter espiritual, mas aún, una cierta supremacía política y gran parte de la jurisdicción laica. Y no obstante ser agnadas tales funciones á su fin propio, ¿Quién podrá con justicia hacerla un cargo de esa estralimitación á que deben tal vez su existencia la sociedad y la civilización europea? ¿Debiera más bien, por cenirse escrupulosamente al cumplimiento de su propio fin, haber dejado huérfana á la sociedad, absteniéndose de intervenir en la gestión de los intereses temporales, á protesto de que su objeto no se extendía á más que á la salvación de las almas y de que su reino no era de este mundo? Podrá censurar el historiador los abusos cometidos en el ejercicio del poder temporal por la autoridad eclesiástica; pero el hecho de asumir el poder, salvando así á la sociedad entera de una disolución inminente, es un servicio que la civilización no agradecerá nunca bastante á la Iglesia católica, á cuya feliz inconsecuencia debe, sin duda, su presente prosperidad, y acaso su vida.

Es evidente, pues, que hay circunstancias en las cuales la intrusión de una institución cualquiera en la esfera propia de las otras, es, no ya sólo provechosa, sino indispensable, y por indispensable debida. ¿Qué circunstancias sean estas? No es difícil, en general, determinarlo. Existe siempre en la sociedad humana un cierto número de funciones que es absolutamente necesario realizar, porque de su cumplimiento depende la subsis-
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tencia del todo. En la sociedad ideal, á cada una de estas funciones debe corresponder un órgano adecuado, mas cuando por accidentes de histeria este órgano falta temporalmente ó el existente resulta inútil para su cumplimiento ó infiel á su misión, cumple entonces, á las instituciones adultas, la ejecución de esas funciones abandonadas, por más que no les sean propias, debiendo atender en esto más á la salvación del orden social que al nimio escrúpulo de esceder la esfera propia de sus atribuciones. Necesidad de un fin; carencia de órgano adecuado para cumplirle; tales son las condiciones necesarias y suficientes que, no sólo justifican, pero imponen, esa estralimitación aparente, verdadera relación tutelar en el fondo, á cuya luz se explica lo que puede aparecer á primera vista más oscuro, confuso é inorgánico en la historia social y política de los pueblos.

Antes de proceder á indagar si la función de la enseñanza se halla precisamente en este caso, séanlo; lícito hacer observar el carácter peculiárisimo que el problema de la educación, por su propia naturaleza, reviste. Si en algún caso puede plenamente justificarse esa tutela del Estado tan execrada, principalmente por aquellos pueblos que no saben vivir sin ella, es precisamente cuando se trata de la enseñanza. Muy difícil es ciertamente que un pueblo pobre se enriquezca, que un país sin sentido político se organice, que una nación sin vigor se regeneré; pero es aun mucho más difícil, tan difícil que raya en lo imposible, el que un pueblo ignorante, por propia iniciativa, se cultive y eduque. Y la razón es muy sencilla: la pobreza, la falta de tacto político, la carencia de energía moral, se sienten como un mal y mueren á procurar el remedio, en tanto que la ignorancia no se sabe de sí misma, ni escita á buscar la cultura. Es obvio que para estimar la educación es preciso de alguna manera conocerla. La naturaleza de la enseñanza es tal, que precisamente el que la necesita es el que no puede deseárla. Abandonar la realización de esta obra al libre juego de las fuerzas sociales, equivale, pues, á aplazarla indefinidamente. (1)

(1) ¡Y se dice, sin embargo, que, si tenemos paciencia, el principio de libre competencia hará cuanto sea necesario por la educación! ¡Hemos esperado con paciencia desde la Heptarquía! ¿Cuánto tiempo habrá que espe-