Revista de España (1880-09-01 00:00:00), página 133

»to acontecimiento que la Nación anhela y para el que pide al cielo sus bendiciones. El poder legislativo acordará á su vez, sin duda alguna, lo que crea justo y conveniente acerca de la cuestión que VV. SS. plantean en su escrito.»

Resulta, pues, que la cuestión se llevará á las Cámaras y que estas decidirán si el Gobierno ha obrado inconstitucionalmente, ó si la oposición liberal sustenta un error.

Los acuerdos de ambos cuerpos ya pueden suponerse.

Fijémonos ahora en el carácter político de los decretos de 1." y 22 de Agosto, que es el punto que principalmente nos proponíamos tratar:

¿A qué idea política, á qué razon de interés público, obedecen las disposiciones del presidente del Consejo de Ministros? ¿A la de evitar que, si fuese hembra el fruto del próximo alumbramiento de la reina, no se dijese el caso de que, naciendo más adelante un varón, tuviera que perder la dignidad de princesa de Asturias? No es creíble; porque en la ley de presupuestos de 1876 á 77 que, por lo que toca á la lista civil, es de carácter permanente, se previó el caso de que una princesa de Asturias dejase de serlo, por haber perdido su condición de inmediata sucesora, y por lo mismo se le asignó una pensión mayor que las de las infantas, á cuya clase pasaba. ¿A derogar el derecho consuetudinario y el derecho positivo, para que, en adelante, no pueda llevarse esta dignidad sino por concesión especial de los reyes? Menos admisible nos parece esta hipótesis, puesto que se deja intacto el derecho de los varones para llevar el título de príncipes por ministerio de la ley. ¿A enaltecer el derecho de los varones, limitando y, en cierto modo, desprestigiando, el derecho de sucesión de las hembras? Tampoco podemos creerlo, porque ni el decreto de 22 de Agosto altera en lo más mínimo el derecho de sucesión, ni podría atentarse al derecho de las hembras sin violar la Constitución del Estado, echando por tierra un régimen político que tanta sangre y tantos sacrificios ha costado.

Y como no se nos alcanza ninguna razon de Estado, ni ninguna consideración de interés público que explique el verdadero móvil de aquellas disposiciones, y como, por otra parte, hay que tener en cuenta que el presidente del Consejo de ministros ha hecho el sacrificio de borrar, de una plumada, la real orden que dictó en 1875, reconociendo y proclamando princesa de Asturias á la augusta señora que aun posee esta dignidad, fuerza es buscar la causa de estas complicaciones en otras esferas: en la política de palacio.

No tenemos el propósito de discutir las opiniones del Rey, ni siquiera el de aludir á ellas; al decir política de Palacio, nos referimos á los actos de los que rodean al Rey y están en contacto con los ministros; á esas dignidades que, oficiosamente, intervienen en los negocios públicos, poniendo su influencia al servicio de un partido y en frente de otro; á esa serie de misteriosos manejos, que no siempre se inspiran en el sentimiento de lo verdadero, de lo bueno y de lo justo; ó esa política, en fin, que en daño de la nación que la soporta y en mengua de los Gobiernos que le sirven de instrumento, pretenden probar que al lado de los poderes que la Constitución tiene establecidos, existe otro poder moral que, en momentos dados, es árbitro de los destinos de la patria.

A esta política, de que sólo es responsable el presidente del Consejo, por no haber tenido carácter para impedirla, ó por aprovecharse de ella para fortalecer la suya, es, y no á otra, á que le responden los decretos de 1." y