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Revista de España (1880-07-01 00:00:00), página 327

II

Todos los pueblos, todas las civilizaciones, todos los Tribunales, desde el patriarcal hasta el judiciario público, abonan y reconocen las afirmaciones expuestas, y por ello sujetaron y sujetan sus fallos en más ó en menos al resultado de fórmulas y ritos de antemano establecidos, por los que juez y partes guían y conducen la controversia y discusión en las luchas y combates judiciales, como medio único de poder llegar en lo humano á conseguir la claridad y sencillez posible para descubrir la verdad, y poder, con juicio recto, imparcial e ilustrado, apreciar la certeza de los hechos, y en su vista, y con arreglo á sus condiciones y naturaleza aplicar y ejecutar el derecho que á demandante y demandado corresponde.

Este fenómeno, mejor dicho, este hecho constante que se deja sentir en toda forma judicial social, por rudimentaria que sea, es de tal trascendencia y se halla hasta punto tal relacionado con la idea de justicia, que sus efectos alcanzan y se dejan sentir en el hogar doméstico; tal es su importancia y necesidad, que allí,—en el prototipo social,—á la sombra, y bajo la influencia de los afectos más puros, dulces y creadores del amor, el jefe de la familia cuando algún hecho ó motivo viene á atravesarse y perturbar la armonía que rige y preside los movimientos y la actividad que constituye las manifestaciones, así internas como externas de lo que conocemos como propio y exclusivo del santuario inviolable de la patria, á falta de procedimiento escrito para encauzar y dirimir las cuestiones y controversias que en él pueden suscitarse, tiene e impone el prudencial, por lo que procura al fin formar, sobre hechos suscitados, un juicio tan acertado y seguro como requiere la gravedad y naturaleza del caso, y por él intenta restablecer y asegurar para el porvenir la calma y armonía quebrantadas, aplicando al causante del desorden una corrección tan equitativa como justificada, tan dulce como reparadora y ejemplar.

Esta sola consideración bastaría, á falta de otras, para reconocer en principio la necesidad e importancia social de las leyes adjetivas que rigen y determinan la acción de poder judicial.
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Ellas son la salvaguardia de los intereses, así generales como individuales; ellas son las llamadas á inspirar confianza y garantías de justicia á todas las clases y á toda personalidad jurídica, sea cualquiera el carácter y derechos que represente; ellas son, en fin, ó deben ser, el escudo invulnerable de los frutos del trabajo y de los sentimientos nobles y levantados de la conciencia pública: por esto, pues, la verdad intrínseca y extrínseca de dichas leyes no estriba tanto en la parte científica, doctrinal y artística de sus disposiciones, cuanto en el resultado de su aplicación.

Más que los principios filosóficos que en ellas predominen, hay que juzgarla a posteriori, con arreglo á la armonía que de sus disposiciones se deje sentir en las múltiples y diversas fases con que se presentan los intereses y actos sociales que se regularizan.

Por desgracia para todos, y á pesar del progreso realizado en el derecho en esta última centuria—que con razon puede apellidarse de lucha jurídica—es lo cierto que la práctica de la justicia y la libertad, de la equidad y el derecho, se halla aún muy atrasada en nuestro país.

III

A las exenciones y los privilegios de clases que revestían el carácter de feudalismo nobiliario; al tormento y á la confiscación procedentes del sistema inquisitorial y absoluto; á los castigos infamantes y á las mazmorras, originadas en el personalismo autoritario; á la horca y al cuchillo del señor sucedieron la tiranía político-militar de las oligarquías doctrinarias y gubernamentales y los privilegios mercantiles y burocráticos que representan el socialismo legal.

Si ocioso, anti-social y estéril era lo uno, no menos ocioso y estéril es lo otro; en lo primero, aún se vislumbraba de cuando en cuando el germen creador del sacrificio y la nobleza, del desinterés y la hidalguía; en el segundo, sólo se deja sentir lo ineficundo del egoísmo y la doblez, de la falsía y del rebajamiento de caracteres. Si bastardos y personales, odioso é inmorales eran los intereses y las fórmulas jurídicas que de la organización feudal
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se derivaban, no menos bastardos, inmorales e irritantes son hoy los que por medio del doctrinarismo científico y el socialismo legal y autoritario se dejan sentir aun bajo la acción avasalladora, cuando no indisciplinada, de las oligarquías militares y de la burocracia servil y cortesana, hipócrita y curialesca.

Tales son las causas ó motivos por los que las leyes rituarias ó adjetivas vienen á ser y formar uno de los elementos de las ramas principales de derecho positivo que rige el movimiento interior y exterior, público y privado, de los pueblos y las civilizaciones, participando sus fórmulas de una fuerza y virtud tal, que impone, y precisa y obliga á los jueces á respetarse á sí mismos, y á seguir una marcha equitativa y regular.

Es tal su fuerza moral, que cuando la fuerza del despotismo se apodera de ellas, prefiere, en vez de usarlas hipócritamente, romperlas, declarándolas supérfluas, rindiéndolas verdadero homenaje, cual sucedió á Robespierre con su horrorosa ley, al declarar como innecesarias las pruebas y suprimir las defensas; hecho que por sí sólo viene á demostrarnos, que no porque se modifiquen, mutilen ó violenten por el génio del despotismo, ó el no menos violento á veces de las pasiones, dejan por ello las fórmulas rituales de mortificar y contener á los hombres más inmorales, y aún á los que miran con indiferencia los escrúpulos de conciencia y los respetos de la opinión.

"Estas observaciones, como dice muy bien un sabio publicista, (1) se aplican con un doble motivo á aquellas jurisdicciones cuyos nombres sólo han llegado á ser odiosos y terribles, es decir, á los consejos ó comisiones militares, que durante todo el tiempo de una revolución,—la francesa,—suscitada únicamente por la libertad, han hecho temblar á todos los ciudadanos.

"Para subvertir de tal modo la naturaleza de las fórmulas procesales y la idea de justicia que las acompañan, se pretexts que la naturaleza del tribunal se determina por la del crimen; y así ha sido que el soborno, el espionaje, la provocación á la indisciplina, el asilo y aun el fomento que á las veces se dá á la desertión, y, por una extensión natural, las conspiraciones, que se presume haber preparado ó preparar alguna inteligencia ó

(1) Benjamin Constant.—Libro I, cap. V, Política constitucional.
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Este es un hecho importante que luego ha de jugar gran papel en la lucha entre los poderes temporal y espiritual. Cómo lo que al principio no fué sino una consagración del derecho que la nobleza había adquirido, y que se traía de los bosques de la Germania, se convierte más tarde en otro derecho superior á aquel, es fácil comprender, considerando la gran influencia que la Iglesia adquiere sobre los reinos cristianos, de quienes había sido maestra y protectora, concluyendo por erigirse en dueña.

Es ley de toda institución y de todo poder, además de la conservación, el de aspirar continuamente á ensanchar su esfera de acción, y á convertirla de limitada en ilimitada, si es posible. En virtud de esta ley, el Pontificado teudió primero á sobreponerse á la influencia de los obispos dentro de la Iglesia y, luego de conseguida, y habiendo concentrado en la tiara todo el poder eclesiástico, á estender su autoridad espiritual á las cosas temporales; de igual modo, la monarquía electiva, subordinada á la nobleza y á la Iglesia, pugnó primero por emanciparse del poder de aquella, declarándose hereditaria, y en sobreponerse luego, apoyándose unas veces en el Pontificado y otras en una fuerza que comenzaba á surgir entonces de entre la confusión de los siglos medios, como una protesta contra la tiranía de los señores, el estado llano. Las ambiciones de los Pontífices y las de los monarcas aparecieron, al mismo tiempo, vinieron á coincidir, porque respondieron todas á un deseo, primero vago y desconocido, después más concreto, que brotaba de entre la anarquía y variedad del feudalismo. Este deseo no era otro que el de restablecer un principio de unidad que fuese como la reacción de las exageraciones anárquicas; la Iglesia lo buscó lógicamente en el Pontificado, y el Estado en la monarquía, porque ambos eran en la teoría de cada uno de aquellas dos organizaciones, la autoridad suprema. El primero tuvo en su apoyo las reclamaciones de todos los pueblos cristianos, escandalizados y oprimidos con la disolución y tiranía del cuerpo episcopal, á los reyes, que veían en la unidad de la Iglesia una representación superior, pero idéntica á la de la monarquía, y el sentimiento del peligro de la Iglesia inferior sujeta por la mano brutal y ferrea de los obispos; el segundo tuvo que sostenerse en las discordias de los nobles, en las guerras civiles y en la fuerza que recibía del estado llano, á compás que éste iba, levantándose por sus propios esfuerzos y los de los monarcas.
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apoyo en el ejército, se miran ordinariamente como nacidas de la jurisdicción militar.

"Más ésta, dígase lo que se quiera, no es otra cosa, en buena lógica y deducción de principios, que convertir el crimen en acusación, tratar al acusado como si estuviera ya condenado, dándole de luego á luego por convicto y confeso, suponiendo el convencimiento antes que el examen y hacer que á la sentencia preceda un castigo; que no otra cosa es, ni puede ser más que una pena el privar á un ciudadano del beneficio de sus jueces naturales."

Son, en suma, las leyes procesales, variables y complejas en cuanto á su forma externa, progresivas en cuanto á su aplicación y desarrollo, equitativas y económicas en cuanto á su necesidad y fin; y aunque de carácter secundario, vienen á ser el corolario y cumplimiento de las leyes sustantivas, participando en su esencia de un mismo origen y un mismo fin: el cumplimiento de la justicia.

A este solo terreno limitaremos este ligero estudio (dado caso que le continuemos); y si el orden y las imposiciones y necesidades del método nos obligan, como nos obligarán en puntos dados, á indicar los principios capitales de las escuelas filosóficas que se disputan el campo de la ciencia en la organización reglamentaria de los procedimientos jurídicos, lo haremos sólo de pasada sin más que desflorar lo extictamente necesario á la argumentación y conformación de las reformas que nos proponemos indicar.

Reformas nacidas y originadas, más que como resultado de un estudio profundo y filosófico de la vigente ley de Enjuiciamiento civil y sus complementarias del Poder judicial y aranceles, de la práctica de la abogacía y del desconsuelo y descrédito que por do quier se refleja y siente siempre que de la administración de justicia y gastos judiciales se habla; de este desconsuelo y descrédito, en fin, tan justo en sus cargos y origen, como injusto y amargo es el que cuando uno se debe considerar satisfecho por haber conseguido del Poder judicial la sanción y pronunciamiento legal de sus derechos, se halla con que en definitiva los gastos y tasación de costas judiciales originadas en el litigio y revindicación de aquellas, llegan á alcanzar cuando no exceden ó traspasan del valor real de la cosa litigiosa: á evitar este mal, á dar
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consideracion y respeto lo mismo á la santidad de la cosa juzgada que á favorecer y fomentar el principio inherente á la idea moral de justicia y carácter de tribunales, encaminamos nuestros esfuerzos.

¡Ojalá fuera tanto acierto en la exposicion y resolucion de los puntos que pensamos tocar, como lo es la necesidad de la reforma que por todos se siente y la buena fé que nos guía!

Por fortuna, á falta de nuestra suficiencia, nos queda un consuelo, el de despertar y atraer á esta contienda los conocimientos, erudicion, peso y respetabilidad, junto con las lecciones de la práctica, de las personas peritas y de ilustracion reconocida, capaces por sus condiciones para llamar la atencion del Gobierno y alentar la de la opinion pública sobre la urgencia y necesidad de las reformas, que el desenvolvimiento de los intereses generales y particulares exigen hoy de la ley de Enjuiciamiento civil y sus complementarios del Poder judicial y Aranceles en las que, por su naturaleza y condiciones, caen bajo su sancion. (1)

CAPÍTULO II.

Bases generales de la ley de Enjuiciamiento civil.

I

A la formacion de toda ley de procedimientos judiciales concurren de consuno, como á la formacion de toda otra ley, la razon filosófica y la equidad: la primera, como hija de la coleccion del espíritu en las deducciones de la ida abstracta del de-

(1) Después de lo expuesto, faltaríamos á un deber de gratitud y justicia, si no saludásemos desde este modesto trabajo la subida al ministerio de Gracia y Justicia del Sr. Bugallal, por la iniciativa que en las reformas que pasaremos á indicar, parece resuelto llevar á cabo, á juzgar por la ley de bases para la reforma del procedimiento civil ya sancionada, y sobre lo que es de esperar un articulado en armonía con las necesidades más bien prácticas que científicas, que el hecho de la reforma acusa. El problema es claro y de fácil resolucion; las corrientes que en su resolucion han de atravesarse, fuertes, pero no por ello menos bastardas, al Sr. Bugallal toca vencerlas para merecer bien de la patria.
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recho, se limita solo á los principios de estricta y rigurosa justicia en las resultancias algebraicas, por decirlo así, del absoluto; es, como él, inexorable y frío.

La segunda hija de la idea creadora de amor y bondad, ilumina con sus resplandores el derecho humano y determina el destino y movimientos del organismo social en la vida de los pueblos; y de aquí que la idea práctica, fuente y manifestacion externa de la equidad al conciliar y armonizar lo absoluto de los principios con lo contingente y finito de los hechos y actos humanos, abre nuevos horizontes de vida que irradian su luz, dejando tras de sí nuevas bases y nuevos elementos para la acertada confeccion y aplicacion de las leyes.

Sobre estos principios y sobre estos elementos, debiera descansar nuestra ley vigente de Enjuiciamiento civil, pues tal lo acusaban las exigencias y las condiciones del orden público y moral que, á partir de la Constitucion de 1812, vienen informando del derecho público español, con tanta más razon, cuanto que el Gobierno que en 1855 intentó la reforma total de nuestro procedimiento se vanagloriaba con el calificativo de progresista, y con él habia conducido, con fortuna y entereza, á otros ramos de la administracion los principios creadores de su gloriosa bandera.

Más, lo que debiera ser, no ha sido, y motivos y causas poderosas de aquellas que como invencibles se atraviesan á veces en la vida de los pueblos y de los partidos, obligándoles á tomar una direccion transitoria para salvar en partes las necesidades del momento, como punto de partida para el porvenir y como fin de arraigar más y más en la conciencia pública la necesidad y la conveniencia de romper al fin con el pasado y tomar puesto definitivo en el campo de la nueva idea, coartaron sin duda la voluntad de los autores de la ley del 13 de Mayo de 1853, que no otra cosa puede juzgarse de los que tambien sabian sostener la bandera su progreso, y por ello, en vez de colocarse en un terreno francamente reformista, dejando en libertad de accion á la comision codificadora para que formulase todo un plan homogeneo de procedimientos y organizacion del poder judicial, que viniese al fin á distinguirse por la armonía y equidad de sus efectos jurídicos-sociales, merced á las fórmulas procesales que la geografía
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y la historia, los hechos y las ideas, hace tiempo campeaban en el desarrollo teórico-práctico del derecho moderno en sus múltiples y varias ramas, se vieron obligados á colocarse ante el hecho y el derecho, adoptando una fórmula de espera y transición cual las bases de la ley de 13 de Mayo citada. Ocho son los artículos ó bases capitulares que la constituyen; veámoslos:

"Artículo 1.º El Gobierno procederá inmediatamente á ordenar y copilar las leyes y reglas de Enjuiciamiento civil, con sujeción á las bases siguientes:
1.º Restablecer en toda su fuerza las reglas cardinales de los juicios consignadas en nuestras antiguas leyes, introduciendo las reformas que la ciencia y la experiencia aconsejan, y destruyendo todos los abusos introducidos en la práctica.
2.º Adoptar las medidas más rigurosas para que en la sustanciación de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias para la defensa de los litigantes y el acierto en los fallos.
3.º Procurar la mayor economía posible.
4.º Que la prueba sea pública para los litigantes, quienes tendrán el derecho de presentar contra-interrogatorio.
5.º Que las sentencias sean fundadas.
6.º Que no haya más que dos instancias.
7.º Facilitar el recurso de nulidad, cuando sea necesario, para que alcancen cumplida justicia todos los litigantes y se uniforme la jurisprudencia en todos los tribunales, consultando siempre el orden gerárquico de éstos.
8.º Hacer extensiva la observancia de la nueva ley á todos los tribunales y juzgados, cualquiera que sea su fuero, que no le tenga especial para sus procedimientos.
Art. 2.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes, etc."

II

Ahora bien: dadas estas bases y estas condiciones, ¿qué misión quedaba á la comisión codificadora? Poca y mucha: poca si se atenía á la letra de las bases y á las fuerzas de resistencia interesadas en el sostenimiento de egoismos personales y de clase; y mucha, si interpretando con criterio levantado y progresivo la ley
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de bases colocándose dentro de ellas, hubiesen suprimido y simplificado el antiguo procedimiento hasta donde el espíritu y letra de dicha ley permitía y las necesidades de la nueva ley aconsejaban.

Mas si no ha sido así, no por ello debemos ser desagradecidos con los autores de la vigente ley; ellos hicieron todo lo posible para metodizar y regularizar el caos que en la parte procesal caracterizaba á los tribunales españoles, haciéndoles figurar en este sentido en última línea entre los pueblos civilizados, y por lo tanto, gracias á su celo y sabiduría, consiguieron en parte levantar [el anatema procesal que sobre ellos pesaba; esperar más en aquella época quizás no hubiese sido posible dadas las condiciones de los poderes públicos, y por ello no se hubiese podido romper de una vez y para siempre el consorcio caótico de las prácticas del derecho formulario heredado de los romanos con las de leextraordinaria desenvuelto por el derecho canónico y propagado viciosamente por los legistas, para colocarse en el de la responsabilidad y el derecho de todos y cada uno bajo el sistema racional y egalitario de los Asesores ó iguales, única fórmula extraordinaria que alcanza á informar y armonizar de un modo moral y equitativo las resultancias libres y creadoras del derecho en la parte procesal.

De aquí que la ley de procedimiento civil promulgada y sancionada con fecha 5 de Octubre de 1855, con las variantes y reformas en ella introducidas, no hubiese respondido ni en su espíritu ni en su práctica á las exigencias y sentimientos de la opinión pública; que se haya estudiado y pensado sobre ella por todos, hasta el punto de que la mayoría de las fuerzas de resistencia que en su promulgación se hubiesen opuesto á las reformas radicales que dentro de su espíritu y del actual organismo del poder judicial se hubiese podido hacer, sean hoy las primeras que les presentarian su concurso y apoyo.

Si mucha era, si mucho se dejaba sentir la necesidad de una buena ley de Enjuiciamiento civil, tanto más se deja sentir hoy la necesidad de ella sin que pueda conseguirse con reformas parciales en la actual. Las nuevas necesidades y los vicios que á la sombra de la vigente ley se han levantado, exigen nuevos principios, nuevo desarrollo y nuevo método de relación con la
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idea progresiva y racional que preside el desarrollo del derecho y de la economía social.

III

No negamos ni desconocemos que el país tiene que agradecer á los autores y reformadores de la ley que nos ocupa, el celo y buena fé, la actividad y desinterés que presidió á sus trabajos. No hay duda que ellos se propusieron e hicieron lo posible porque en la economía de su contexto resultasen las bases consignadas en la ley del 13 de Mayo citada; más por desgracia el articulado de dicha ley contenía el germen del mal que con ella se trataba de evitar, y de aquí que los autores de la de Enjuiciamiento, sobre no poderla preparar un campo de acción franco y progresivo por medio de una buena organización de tribunales, no se hubiesen atrevido ó creídose competentes para suprimir personas y cosas, diligencias y actuaciones condenadas por la práctica y por la ciencia, por la equidad y la justicia, no sólo por las nuevas reformas orgánico-judiciales del porvenir, sino hasta dentro de las que como resultancias del pasado se sienten aun dentro de la vigente organización judicial.

Pero hay más: aquí como en todo, la fuerza sola de las ideas no basta, por fuerte y poderosa que sea, para alcanzar desde luego los frutos que de su desarrollo teórico se pueden y deben esperar; para ello es preciso prepararlas convenientemente el modo práctico y eficaz de realizarlas, pues de otro modo lo que en un principio satisface y entusiasma, pronto, muy pronto, palidece y muere en la acción corrosiva de los hechos y el frío egoísmo de clases ó personas, si como en el orden de ideas que nos ocupa el abuso y el germen del mal tiene su puesto y punto de origen en un vicio capital de escuela, vicio que la comisión codificadora no tenía facultades para combatir.

Las leyes procesales, pues, no pueden, no deben apreciarse tanto a priori por el exámen y bondad abstracta de su organismo y disposiciones, cuanto a posteriori en relación con los resultados que de ella y de la organización del poder judicial y de aranceles llegan al fin á derivarse y producirse, y más aún, con la manera de ser económico-mercantil de las comarcas y nacio-