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de algunas fructíferas conquistas, traen en pos de sí desdichas y calamidades.

"Transijamos, pues, escuchemos los gritos de la opinión, enemiga de desórdenes y trastornos, pero también de retrocesos y coacciones.

"¿Qué promete la revolución al país? ¡Libertad! Nosotros se la daremos tan amplia y tan extensa como lo consienta la esencia de las instituciones vigentes.

"La reacción es una provocación constante á la revolución, y la atrae como el abismo al abismo.

"Esto piensa, esto quiere desde la oposición, y esto haría desde el poder el partido constitucional liberal si fuese llamado á los Consejos de la corona."

Nada tenemos que decir contra el espíritu de este artículo que, después de todo, no es más que la fórmula de los partidos medios; pero conviene tener en cuenta que si entre las dos tendencias encontradas que laten en el seno de la sociedad española, reaccionaria una y revolucionaria la otra, existe una gran masa de opinión que ama la libertad y que, como la Margarita del Fausto, se halla colocada entre dos grandes atracciones, esa masa de opinión, cuando se llega á persuadir de que todo esfuerzo regular es inútil, por que no existe ni siquiera el deseo de equilibrar y combinar las dos grandes fuerzas que rigen y dominan el mundo moderno,—la autoridad que conserva y el espíritu que avanza,—de modo que se realice el progreso en el orden, por virtud de la legislación y de las costumbres, perdida toda esperanza, pero siguiendo el ideal de su alma, que es salvar la libertad, acaba por irse á la revolución. Por eso el Sr. Sagasta, dirigiéndose á la mayoría del actual Congreso, en cierto solemne debate dijo: "Ni estamos arrepentidos de la parte que nos supo en la revolución de Setiembre, ni han sufrido deterioro alguno las convicciones monárquicas que nos impulsaron á aceptar la situación que tuvo su origen en Sagunto. Nadie ha combatido con más energía que nosotros los excesos de la revolución de Setiembre. Nadie los ha condenado y condena hoy con tanta indignación. Pero, arrepentimos de la revolución de Setiembre? Jamás..... Yo declaro, por mi parte, que si cien veces me encontrara en el mismo caso, cien veces haría lo mismo."

No son las circunstancias por que atraviesa el país, en estos momentos, tan desesperadas como las que, en 1868, provocaron aquella revolución, por más que el Gobierno haya incurrido en algunos de los errores de entonces; pero que la política conservadora va recorriendo un derrotero fatal para los destinos de la patria, está en la conciencia de todos.

Combatida la monarquía parlamentaria en España por una democracia conservadora y otra democracia radical, ambas dotadas de ilustraciones y de títulos que arrancan de intereses creados, al mismo tiempo que por una fuerza tenaz, traidora del viejo absolutismo, no cabe otra política entre conservadores y liberales dinásticos que la de apoyarse mutuamente, transigiendo en todo aquello que á la razón y á la moral no repugne y que ceda en prestigio de la institución que ambos partidos aspiran á consolidar y á
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recida. No podrá concederse en lo sucesivo ninguna protección irregular; pero, sin embargo, toda nación europea puede conceder su protección á doce súbditos marroquíes, como recompensa de servicios prestados por éstos, ó por circunstancias excepcionales y particulares de cada potencia. No podrá ejercerse el derecho de protección con las personas procesadas por un delito ó crimen, mientras no hayan sido juzgadas por las autoridades del país y cumplido su condena. Los representantes diplomáticos remitirán cada año al ministro de Negocios extranjeros del Sultan una lista de las personas protegidas por ellos ó por sus agentes, que se enviará á las autoridades locales.

El derecho de propiedad en Marruecos se reconoce á todos los extranjeros; pero las compras de propiedades deberán efectuarse con consentimiento del Gobierno y con arreglo á las leyes del país. Los extranjeros y los protegidos, propietarios ó arrendatarios de terrenos cultivados, y los censales dedicados á la agricultura, pagarán la contribución agrícola, y si tuviesen bestias de carga, el impuesto de trasportes. La naturaleza, el modo y la cuantía de aquella contribución y este impuesto, serán objeto de un arreglo entre el Gobierno del Sultan y el representante de cada potencia.

Todo súbdito marroquí naturalizado en el extranjero que vuelva al imperio, tendrá que optar, en un tiempo dado, entre su completa sumisión á las leyes del país y la salida del territorio, á menos que conste que obtuvo la naturalización con el consentimiento del Gobierno marroquí. La naturalización extranjera adquirida hasta ahora por súbditos marroquíes, con sujeción á las reglas establecidas por las leyes de cada país, la conservarán para todos sus efectos, sin restricción alguna.

Tales son, suavemente expuestas, las disposiciones de la Convención de las naciones europeas con el imperio de Marruecos que, á reserva de la ratificación ulterior, están en vigor desde el día de la firma.

Por resultado de este nuevo convenio, España ha renunciado á algunas de las ventajas de que venía gozando, con arreglo al tratado de 1861, tales como la exención de contribuciones de toda clase.

Antes de disolverse la Conferencia, firmó y puso en manos del ministro de Marruecos, Sidi-Mohamed Vargas, que prometió entregarlo á su Soberano, un Memorandum de las potencias europeas al Sultan, pidiendo que se reconociera en los Estados de aquel imperio el libre ejercicio de todos los cultos, y que manifieste su voluntad firme:

el.º De hacer respetar en sus Estados el principio de que todos los que en ellos habitan y habiten en lo sucesivo puedan ejercer sin obstáculos su culto;

2.º De hacer cumplir á su Gobierno, como base inmutable de la legislación de Marruecos, la máxima tercera adoptada en el decreto de Febrero de 1864, según la cual, ni la religión ni la raza pueden ser nunca un motivo para establecer diferencias en el trato por y ante la ley entre sus súbditos musulmanes y no musulmanes, ni servir de pretexto para imponer á estos últimos humillaciones, ni para privar de derecho civil algunos, ni para
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un descuido ministerial que se intentaba reparar con un ataque á las prerrogativas del Congreso, demostrando con su actitud que el ministerio fiscal, de quien era el más caracterizado representante, debía ante todo y sobre todo velar por la observancia de las leyes, sin retroceder en su misión cuando el Gobierno fuera el infractor de las mismas; y el primer acto con que inauguró públicamente el Sr. Alzugaray su nueva é improvisada posición oficial, fué la circular á los fiscales de las Audiencias, fecha de 22 de Setiembre de 1877, inserta en lugar preferente de la Gaceta del 23, y en la cual se amenguaba la independencia del ministerio público, hasta el punto que puede verse por los siguientes párrafos:

"Preciso es, decía el Sr. Alzugaray, recordar de vez en cuando que el ministerio fiscal es á la par legítimo representante de la ley y mandatario del poder, por cuyo servicio, justicia y real preeminencia debe mirar y procurar, como dice la ley recopilada. Este principio no se presta en verdad á duda alguna, en cuanto se refiere á la observancia de las leyes y á la ejecución de los fallos de los tribunales; pero no falta en cambio quien considere oficiosa, y hasta quien considere como contraria á la dignidad de su imparcial ministerio, la iniciativa fiscal en defensa del poder público, y la CIEGA OBEDIENCIA QUE PRESTE Á SUS MANDATOS. Los que tal piensan no discurren con acierto, y confunden de un modo caprichoso las variadas funciones civiles y criminales que ejerce el fiscal por efecto de su doble carácter. Reflejo de la ley, severo é imposible guardador de sus preceptos, á ella solo ha de atenerse cuando le marque taxativamente sus deberes; pero agente en ocasiones del Poder ejecutivo, que le otorga su representación, no puede excusarse de gestionar por su interés, y en su provecho, cuando requiera su concurso."

"En tales circunstancias no es libre la voluntad del funcionario, á quien ya en tiempo de Don Juan II se denominaba procurador fiscal. Su deber es en ese caso obedecer las instrucciones que reciba, y aun cuando puede representar acerca de ellas con respeto y moderación cuanto se le ofrezca, no está en modo alguno autorizado para excusarse de cumplirlas. Su resistencia á hacerlo, comprometiendo, acaso gravemente, el orden social, y destruyen-
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Impedirles ejercer libremente todas las profesiones permitidas á los súbditos musulmanes del imperio."

Para venir á estas conclusiones, se parte en el Memorandum de que la libertad religiosa es compatible con la ley mahometana, y de la regla de derecho público tan elemental y tan universalmente respetada, de que los súbditos de un mismo país, sea cualquiera la raza y la religión á que pertenezcan, si cumplen fielmente sus deberes para con el Soberano, deben gozar idénticos derechos de completa igualdad ante la ley.

Aunque la Conferencia de Madrid no hubiese ofrecido más resultados positivos que el de esta exhortación colectiva al Emperador de Marruecos, esto solo bastaría para reconocer su importancia y aún para ensalzarla, puesto que emancipando las conciencias y proclamando la libertad del alma humana, es como se lleva la civilización á los países más apegados á sus tradiciones bárbaras.

IV. La cuestión de las próximas elecciones provinciales se ha discutido y continúa discutiéndose en la prensa, aunque de una manera incidental y ligera, pues que sólo se preocupa de si el partido liberal tomará ó no parte en la lucha. Alarmada la prensa oficial de ciertas indicaciones que se echaron á volar á fines del mes pasado, suponiendo que los elementos liberales no concurrirían á estas elecciones, empezó á hacer comentarios y á fulminar cargos prematuros. Esto dió lugar á que la Junta directiva del partido liberal se reuniese el 3 del corriente para deliberar sobre el asunto. En principio y como sans doctrina, rechazó el recurso de la abstención, mas para no adoptar una medida general que en algunos puntos, y por circunstancias especiales, pudiese crear complicaciones y dificultades, resolvió dirigir una circular á los Comités de provincias invitándoles á que emitan su opinión, y envíen los datos y antecedentes que consideren oportunos para que la Junta pueda decidir, en su día, lo más conforme á los intereses del partido y á los generales del país.

La política del retranqueo es siempre funesta; pero el problema de las elecciones provinciales es, en estos momentos, tan grave y tan complejo, que no es extraño que en el seno del partido liberal haya quien crea que el éxito de esta lucha, dada la situación del cuerpo electoral, la actitud del Gobierno y los poderosos resortes con que cuenta y de que ya está echando mano, sólo ha de servir para completar el artificio administrativo en que estriba todo su poder. Si los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales fuesen en España,—como con arreglo á sus leyes debieran serlo,—corporaciones económico-administrativas, encargadas de proveer al bien común, en las provincias y en los pueblos, por medio de la gestión y fomento de sus intereses morales y materiales, poco ó nada importaría que su elección se hiciese por ésta ó por otro Gobierno, puesto que cualquiera que fuese el partido que dirigiese el poder no había de encontrar en las corporaciones populares la menor dificultad para el desenvolvimiento de su política; pero cuando hay Gobiernos que, como el actual, toma una iniciativa descompasada en
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esta lucha, designando previamente sus candidatos, dándoles una maravillosa significación política y poniendo á su disposición todos los recursos oficiales para asegurar su triunfo, con el mismo empeño que si se tratara de una elección para diputados á Cortes, tiene que suceder lo que actualmente está ocurriendo, y es que las Diputaciones provinciales están á merced de los gobernadores civiles convertidas en instrumento dócil de la política del Gobierno.

Y como la intervención de los Ayuntamientos y Diputaciones en la elección de senadores y diputados á Cortes es tan inmediata y tan eficaz que casi puede decirse, dada la falta de iniciativa y de vigor del cuerpo electoral, que del lado que se inclinen aquellos centros, con sus autoridades, con sus agentes y con los medios de que puedan valerse, está el triunfo de los candidatos que luchen, es para meditar seriamente en la situación que podría crearse si, por efecto de una crisis constitucional, sucediese al actual Gobierno un Gobierno liberal, el encontrarse frente á frente de Diputaciones y Ayuntamientos que, conservando su hechura política, le provocasen á cada paso un conflicto, si es que en las primeras elecciones no era vencido en los colegios, no por la opinión pública, sino por tener los medios oficiales en poder de adversarios que, lejos de proceder con rectitud y con pureza, se pusiesen al servicio del partido á quien debían su posición y con quien tañían contraídos compromisos de esos que ninguna naturaleza honrada puede en un momento olvidar.

Este es el problema, y cualquiera que sean los términos en que se plante, ó el punto de vista porque se examine, siempre vendremos á parar en que, dado el carácter político que, desde hace algunos, años han tomado las Diputaciones y los Ayuntamientos, no hay posibilidad de que un Gobierno se desenvuelva de una manera ordenada, teniendo que luchar diariamente con las corporaciones populares, cuya influencia, sobre todo en los pequeños pueblos, es incontrastable.

Pero hay todavía otra razón de más peso que conviene no pasar en silencio.

Las Diputaciones provinciales, con los compromisarios nombrados por los concejales de los Ayuntamientos y mayores contribuyentes, votan la mayor parte de los senadores que componen la parte electiva de la alta Cámara; y no es atrevido afirmar desde ahora,—porque en la conciencia de todo hombre político que conozca el mecanismo electoral debe estarlo,—que ni otro Gobierno que el actual convocase las elecciones generales, irremisiblemente saldría derrotado en la de senadores. Pues bien; esta derrota significaría poco cuando el Gobierno tuviese el recurso de hacer una promoción de senadores vitalicios, en número suficiente á formar una mayoría adicta, con ellos y con los pocos que pudiese contar entre los electivos; pero no pudiendo contar de antemano con este medio legal, porque el actual Gobierno tiene provistas las plazas vitalicias, excepto un cortísimo número, claro está que le sería imposible reunir mayoría en la Cámara, y que, por el contrario, el partido conservador contaría desde el primer momento con una mayoría sa-
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el mismo día en que se publicó el decreto—"que el capitán general de Cataluña había entablado, motu proprio y por consejo sin duda del espíritu político de la gran escuela á que pertenece, relaciones de buena amistad y de tolerancia cariñosa con los beneméritos obreros barceloneses que tuvieron la desgracia últimamente de quemar y saquear una de aquellas fábricas", y prueba de que no podían suponerse tales relaciones que, á ser ciertas, serían responsables en todo funcionario, es que el general Prendergast ha procurado defendirse y que, hasta ahora no ha podido conseguirlo. Lo que hay en el fondo de la cuestión es que el Gobierno consideró natural que el general en jefe del ejército del Norte viniese á Madrid á suscribir y votar, como senador, la proposición de bloqueo del conde de Casa-Galindo, y no opinó del mismo modo respecto del capitán general de Cataluña que, también como senador, vino á presenciar los debates, siguiendo la conducta del partido liberal á que pertenece; lo que hay además es, que en la organización de este partido no ha visto el Gobierno una garantía de las instituciones fundamentales, cuando éste y no otro fué el concepto que debió merecerle el acto de las oposiciones liberales dinásticas realizado el 29 de Mayo; y de aquí que, para publicar su determinación relevando al general Prendergast del mando militar de Cataluña, dijese, por medio de La Política,—también el mismo día en que se publicó el decreto:

"Se ha levantado enfrente del Gobierno una bandera de guerra fundada en el odio, en el rencor, en la animadversión; y aunque el Gobierno tampoco está poseído de esas tristes pasiones, comprendemos la necesidad de tomar alguna precaución de defensa, y una de las más sencillas es desalojar al adversario de las posiciones, desde las cuales pudiera hostilizarnos con ventaja."

No insistimos más en esta cuestión, que sólo hemos bosquejado, porque es grave y peligrosa. En buen hora que si el general Prendergast no estaba identificado con la política del Gobierno se le hubiese relevado, que después de todo así lo había pedido; pero tomar esta medida cuando existían diferencias de apreciación entre el capitán general y el gobernador civil, y dar á este asunto el carácter que se le ha dado por medio de la prensa oficial, no es la política más cuerda, ni la que más confianza puede inspirar en un país sediento de reposo.

VI. También resolvió la Gaceta del domingo, 4 actual, la cuestión promovida en el Consejo de Estado, con motivo del reglamento para la aplicación de la ley de 13 de Febrero, sobre supresión de la esclavitud en Cuba. El reglamento, formado por el gobernador superior de aquella isla, contenía las penas de cepo y grillete para los libertos. El Consejo de Estado creyó que en esto, como en otros puntos, sefaltaba al espíritu y al texto de la ley, y de aquí que diera dictamen en contra; pero el Gobierno, dando más valor á los informes de las autoridades, hacedores y comerciantes de Cuba que al dictamen del alto Cuerpo consultivo de la nación, aprobó el reglamento con li-
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gerísimas accidentales variantes, manteniendo las penas de cepo y grillete, aplicadas por los mismos patronos.

Que el Gobierno puede é no conformarse, en sus resoluciones, con la opinión del Consejo de Estado, es doctrina legal que no se discute; pero que el denunciar continuamente á este alto Cuerpo, que si algun prestigio tiene se precisamente porque se le considera el guardador del espíritu de las leyes, velando por su recta aplicación, es, cuando menos, escandaloso, no puede tampoco ponerse en duda.

Aquí hay además dos cuestiones que el Gobierno no se ha detenido á examinar para apreciarlas con el criterio de lo justo: una, la de que es notoriamente inconstitucional extenderla facultad de reglamentación hasta el extremo de bastardear lo legislado; otra, la de que es impolítico, aun entre conservadores puros, el anular una ley ó una disposición inspirada en principios liberales, porque precisamente la misión de aquellos es la de mejorar sin destruir; de aquí que cuantos hombres de ley se han ocupado estos días de la decisión del ministro de Ultramar, hayan hecho justicia á las atinadísimas reflexiones del periódico El Correo, que en las breves líneas que ha consagrado al exámen de este asunto, lo ha planteado, discutido y resuelto de una manera magistral:

«No nos ha parecido el Gobierno,—dice aquel ilustrado y popular diario,—bien aconsejado en este particular. Estas leyes de carácter social, una vez presentadas con carácter expansivo, no pueden mermarse sin graves inconvenientes. Si después de las leyes desamortizadoras hubiera venido un Gobierno tan imprudente que las derogara, su conducta es bien asegurarse que no habría tenido eficacia. Si ahora, por ejemplo, el emperador de Rusia, emancipados ya los siervos, quisiera volver al derecho antiguo, se promovería en sus dominios la más grande combustión.

«Un caso tenemos nosotros también bastante expresivo y bien reciente. El general Martínez Campos presentó una ley abolicionista que no gustó á muchos conservadores. El Sr. Elduayen lo ha dicho con bastante franqueza, añadiendo, como ministro de Ultramar que era á la sazón, que sólo por el hecho de haberse hecho pública aquella ley, no la reformaba en sentido restrictivo.

«Pues lo mismo decimos nosotros del reglamento de la esclavitud. Ha tenido demasiada publicidad el dictámen del Consejo de Estado; versa sobre materias muy delicadas, para que no debamos tener por peligrosa y audaz la decisión del Gobierno.»

VII. Los demás asuntos políticos, económicos y financieros que se han desarrollado en la última quincena, se reducen á la promulgación de la ley de presupuestos para el ejercicio de 1880 á 81; á la contratación del empréstito de Cuba; á la publicación del dictámen de la comisión que ha examinado el expediente instruido en el ministerio de Ultramar sobre arrendamiento de la renta de tabacos de Filipinas; á las negociaciones diplomáticas con el Gobierno inglés para la reforma de las tarifas aduaneras del Reino Unido.
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y términos en que ésta ha de hacerse, de modo que favorezca el comercio de exportación de vinos de Jerez y otros puntos, y por último, á la protesta de varios tenedores de la Deuda amortizable del 2 por 100 contra el anuncio publicado por la Dirección del ramo en la Gaceta del 27 de Junio, fijando los términos del sorteo para la amortización del primer semestre de este año; pero la extensión que hemos dado á esta Crónica no nos permite examinar estos asuntos en detalle, por lo cual los aplazamos hasta la próxima.

EXTERIOR.

I. Las instrucciones de los ministros del Interior y de Justicia á los funcionarios del orden administrativo y judicial para la ejecución de los decretos de 29 de Marzo, dieron motivo á varios magistrados y fiscales para presentar la dimisión de sus cargos, alegando que su conciencia no les permitía hacer cumplir los referidos decretos contra las corporaciones religiosas. La conducta de estos empleados hubiera creado un conflicto al Gobierno, á no hallarse á su frente un hombre de la firmeza de carácter y de la resolución de M. Freycinet.

Las instrucciones de los ministros, dada la necesidad de cumplimentar los decretos de 29 de Marzo, eran perfectamente lógicas, puesto que se reducían á recomendar á sus subordinados que se pusiesen de acuerdo y obrasen con energía en caso de resistencia á la intimación que se haría el 30 de Junio en todas partes de Francia á las congregaciones no autorizadas, estableciéndose como doctrina legal, que los decretos de 27 de Marzo constituyen un acto gubernamental con fuerza ejecutiva, y que son aplicables á los religiosos, como á todos los ciudadanos, las represiones del derecho común. «Por eso,—añade la circular del ministro de Justicia,—es menester acudir á la fuerza pública, y por sensible que sea llevar ante la policía correcional á los religiosos, el Gobierno entregará á los tribunales competentes las congregaciones que resistan los mandatos de la autoridad, apoyándose ésta en los artículos 222, 223 y 224 del Código penal, que prevén y castigan los ultrajes hechos á un comandante de fuerza pública, á los magistrados del orden administrativo ó judicial, y á los agentes depositarios de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de este ejercicio.»

Las instrucciones enviadas por separado á los fiscales, examinaban, además, el caso en que los congregacionistas no autorizados resistieran judicialmente, acudiendo á los tribunales con recursos de urgencia, reclamaciones de daños y perjuicios, etc.; en cuyos casos el ministerio público debería sostener la incompetencia del tribunal civil y del juez á quien se recurriera, declarando que los decretos son un acto del Gobierno, que no emanan ni de la justicia ni de los tribunales, sino solo del Parlamento, y que por lo mismo las congregaciones se fundaban mal al querer que los tribunales conocieran de sus agravios.

Las vacantes producidas por las dimisiones de magistrados y fiscales fueron previstas inmediatamente y el Gobierno se hizo respetar como debía.