Revista de España (1880-07-01 00:00:00), página 276

un asunto que es de suma importancia para la industria vinatera de Cádiz, Sevilla, Málaga y otras comarcas, y para el comercio general del país.

El primer ministro de la reina Victoria, contestando, hace poco días, á una pregunta que le fué dirigida en la Cámara de los Comunes, manifestó que no era posible de ningún modo antes del 1.º de Abril de 1881 introducir rebajas en los derechos de los vinos de seis peniques por galón; y que en cuanto á los que pagan derechos más elevados, la rebaja podrá ser todavía más lejana, porque depende de la conducta que tocanle á la reciprocidad adopten los Gobiernos de España y Portugal.

Esta declaración viene á poner sobre el tapete una de las cuestiones económicas más debatidas y más difíciles de resolver, la de la reciprocidad arancelaria. Los tratadistas de derecho internacional, partiendo de la teoría de que un pueblo debe á otro pueblo lo que un hombre á otro hombre, (1) sostienen que la clave de los contratos inominados que sancionó el derecho civil antiguo para regular las convenciones de las personas, sanciona el derecho de gentes moderno, para regular las de los Estados, porque no siendo éstos más que miembros de la sociedad humana, tienen los unos, respecto de los otros, los mismos derechos y los mismos deberes que los miembros de un Estado tienen entre sí; y ampliando esta doctrina, que tiene algo de fantástica, deducen que si toda nación es soberana para establecer sus impuestos, al entablar relaciones comerciales con otra, debe procurar no lastimarla en sus intereses, sino tratar los productos y procedencia de ésta como desce que sean tratados los suyos. De aquí nace la razón de reciprocidad arancelaria que los publicistas consideran como de derecho de gentes, y que consiste en que una nación puede otorgar ó negar á otra las ventajas que ésta le otorgue ó le niegue en sus relaciones mercantiles.

La escuela economista moderna, estudiando la cuestión desde más altos puntos de vista, cree que en la doctrina de los publicistas diplomáticos, hay un gravísimo error, porque el verdadero interés económico de las naciones no está en valerse de sus tarifas aduaneras para obligar á las demás naciones á rebajar las suyas, sino en facilitar el comercio de importación con el mismo celo que el de exportación, porque sólo así se realiza el ideal de la civilización que aspira á que ninguna clase social esté privada de los frutos del suelo ó de la industria, y á que todos igualmente puedan proveer á sus necesidades y á su bienestar en proporción de sus medios.

Podrá quejarse una nación de que otra, atendiendo á su interés financiero ó á su interés industrial, eleve ó no reduzca los aranceles; pero esta queja no le da derecho para elevar ó no reducir los suyos cuando su propio interés se lo aconseje, porque de lo contrario, no sólo perjudicaría á la nación de quien acaso con motivo está quejosa, sino á los consumidores de su propio país, obligándoles á proveerse de artículos caros y malos cuando podrían hacerlo de buenos y baratos, así como al Estado, privándole del natural aumento de la renta de aduanas, que no se obtiene por medio de tarifas altas sino por el aumento del comercio de importación, favorecido por tarifas módicas, cuando no sea posible la completa exención de derechos. Esta, al menos, es la teoría que constantemente han profesado los economistas ingleses y la que ha sos-

(1) Martens: Prólogo de su compendio de derecho de gentes moderno de Europa, (Edición alemana de 1796.)