Revista de España (1880-07-01 00:00:00), página 282

Prefectura del Sena, por haber sido elegido antes de la promulgación de la ley de amnistía. Rochefort, que también tiene adictos en Belleville, había declarado en el segundo número de El Intransigente que tenía el proyecto de preparar las elecciones de 1881 para poner término á la dictadura que viene ejerciendo Mr. Gambetta en París y en Francia. El presidente de la Cámara de los Diputados no podía, por lo mismo, dejar de presentarse en la alcaldía de su distrito y levantar la bandera de su política, allí donde parecía más directamente combatida, y al efecto, en su breve peroración á sus electores declaró que el Gobierno de la República «establecido ya sobre el consentimiento» del pueblo francés, todo entero, podía desafiar, sin cólera y hasta con el desdén de la fuerza, todos los ataques, de cualquier lado que viniesen, porque todos,—dijo,—son impotentes. Sí;—añadió,—donde quiera que late un corazón patriota, late un corazón republicano. Se podrá asistir todavía á tentativas de estados mayores estenuados que exhalan una política de despecho pero están seguros, y los próximos comicios lo dirán, de que la Francia, en su inmensa unanimidad, en su unidad, sobre todo, no tendrá ni comprenderá; será más que un grito: la república para la patria y por los republicanos.»

El discurso de Mr. Gambetta produjo un excelente efecto.

Las Cámaras suspendieron sus sesiones el 15 del actual; hubo el propósito de hacerlo el día 13, pero en vista de la gran fiesta militar se creyó más oportuno que el Parlamento no estuviese cerrado. La proposición de Mr. Du- faure, sobre el derecho de asociación, presentada al Senado, y la de Mr. Bardous, estableciendo el sistema electoral por grandes circunscripciones, presentada á la Cámara de los diputados, han quedado pendientes para la legislatura de Otoño.

El asunto de los jesuitas va creando al Gobierno una situación difícil; varios tribunales de justicia, entre otros los del Sena y Marsella se han declarado competentes para conocer en las querellas presentadas por los propietarios de las casas en que habitaban los padres. Las providencias dictadas en estos incidentes se fundan: 1.º en que los propietarios han sufrido una verdadera confiscación; 2.º, en que los inquilinos no podrán pagar el precio del alquiler; 3.º, en que la propiedad es inviolable y en que no existe en las leyes la confiscación; 4.º, en que los tribunales tienen el deber de velar por la propiedad de los ciudadanos; 5.º, en que no existiría seguridad alguna si los agentes del Gobierno pudiesen despojar de sus bienes á los ciudadanos; y 6.º, en que si la confiscación practicada ahora contra los religiosos por el supuesto de que sus doctrinas son contrarias á las del Estado prevaleciese, podría ser practicada luego contra cualquiera persona sospechosa de no participar de las opiniones del poder existente. El Gobierno no se preocupa gran cosa del giro que van tomando estos incidentes que pueden llegar á constituir un conflicto entre el poder judicial y los poderes legislativo y ejecutivo, y prueba de ello es que en el interregno parlamentario se propone acabar de cumplimentar los decretos, suprimiendo las congregaciones religiosas que no legalicen su situación. La prensa ministerial no da tampoco gran importancia á las indicaciones de la prensa ultramontana que diariamente anuncia que la Santa Sede tiene el propósito de producir reclamaciones terminantes sobre la ejecución de los decretos verificada el 30 de Junio, declarando aquella que hasta ahora no se ha cambiado nota alguna sobre el particular, pero que, si las reclamaciones se formulan el Gobierno sabrá contestar á ellas con la entereza de que tiene dadas pruebas.