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nes para quienes la ley se hace. Por ello, antes, y sobre el juicio que como obra de ciencia y arte puede hacerse, considerándolo como un simple monumento legal, están los juicios que de la práctica se van poco á poco desprendiendo y presentando, llegando al fin á condensarse y formar el general de sus resultados jurídico-sociales en su objeto y fin de necesidad y de razon.

En este sentido, desde luego podemos afirmar que la ley no satisface las aspiraciones del legislador, y mémos las que por medio de la opinión pública se dejan sentir, y más aún, las que se derivan del principio regulador y fecundo de la equidad.

De aquí que en sus efectos prácticos no se hayan satisfecho las necesidades de la reforma; pues si abusos habían introducidos en la práctica, como dice el art. 1.º de la ley de 13 de Mayo, abusos hay y abusos más se introdujeron á la sombra y bajo el escudo de la vigente, de tanta, si no más consideración que la antigua; si dilaciones innecesarias había, como dice el 2.º, dilaciones innecesarias hay hoy: si las costas y gastos parecían injustificados, onerosos e irritantes, costas y gastos, se originan hoy no mémos injustificados, onerosos e irritantes para las partes, dando lugar á que el público juzgue con fundamento á la justicia humana como un ente ó mito negativo velado por el escándalo, cuando no protector de mayores abusos; que aun cuando se crean más ó mémos legales, no por eso su naturaleza deja de ser mémos inno-ble y corrosiva; y por último, si empírica y autoritaria era la tramitación en los Tribunales de fuero comprendidos y regularizados por la vigente ley, no mémos empírica y autoritaria sigue siendo hoy.

IV

Así las cosas, un medio hay para que se vea cumplido el objeto de la ley, cual es retroceder en su confeccion á las antiguas y primarias fuentes del derecho godo-español enlazándolas y organizándolas con el carácter dominante de la libertad y responsabilidad individual del derecho moderno y de las necesidades que para el presente y más aun para el porvenir, acusa la marcha de la civilización en los nuevos ideales de la vida; pues de otro modo solo se conseguirá segunda vez metodizar por corto
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tiempo el caos en que los vicios de curia habian hecho caer á los Tribunales, que es lo único que en su origen se dejó sentir la bondad de la vigente ley.

Y tanto más es así, cuanto que lo que hoy se necesita y reconoce la mayoría de los que se ocupan de la cosa pública, en este orden de ideas, es un Gobierno de iniciativa que con fé y valor, rompiendo los moldes del doctrinarismo científico que, eligiendo entre el presente y el porvenir, adopte como bases y elementos de salvacion los resortes de las energías individuales, reguladas por una libertad racional de pensar y perdonar todos y cada uno de sus derechos y deberes, sin otra medida ni oposición que el orden y la justicia representadas por la equidad en el juego libre y armónico de los servicios que se prestan y reciben; desechando todo término de transicion, cuando como aquí intenta conciliar lo inconciliable; lo pasado con lo presente, lo muerto con lo vivo, lo que fué con lo que no puede ser; por más que para galvanizarlo se intente revestirle y adornarle con nuevas formas y atavíos, como se ha pretendido y conseguido en parte con la doctrina exótica, que en forma de derecho pátrio, más que de él, del abuso del romano y del canónico, después de haber contribuido como uno de los elementos más poderosos á desnaturalizar y matar nuestras más venerandas libertades y nuestra antigua energía, venía aún, á pesar de sus defectos de forma, imponiéndose á nuestros tribunales y á nuestro modo de ser como un cuerpo de doctrina tan falto de arte y defectuoso en la práctica cuanto científico y erudito en el fondo.

En estas condiciones, lógico era que las bases y disposiciones de la vigente ley, á pesar de su reciente fecha, llegasen pronto á ser en la práctica y espíritu letra muerta, toda vez que antes que la fuerza de expansion é imposicion de las ideas y principios del derecho moderno que la ley del progreso determina, se impuso á la sombra de su dogmatismo, de sus omisiones y contradicciones, el espíritu avasallador de la autoridad rutinaria y el no méños irritante de los bastardos intereses de curia arancelesca.

De aquí que el país clame, que los litigantes giten y con razon, porque la práctica y uso de la vigente ley de enjuiciamiento, en vez de despertar la energía social tan necesaria en
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las crisis porque atraviesan las naciones, enerva y esteriliza la accion libre y creadora que, dentro y formando armonía con la legal del Estado, es inherente á la naturaleza humana, y como tal corresponde de lleno á todos y cada uno de sus individuos.

Que los litigantes de buena fé, y aun los de mala, se quejen; los primeros porque sus intereses no se hallan garantidos cual tienen derecho á esperar de las fuerzas sociales á cuyo sostenimiento y perfeccion contribuyen y de las que, lo méños que tienen derecho y lo méños que pueden prometerse es que se les administre justicia cumplida, y si no gratis en absoluto, tan barata y equitativa como la idea de la justicia acusa; y los segundos, porque al fin y al cabo se les explota y arruina.

Resultando al fin; primero, que hasta el huérfano y el desvalido, el ausente y todo el que carece de personalidad conocida é inmediata á sus intereses, á pretexto de amparo y protección legal ineludible, se le atropella, arruina y explota, que no otras calificaciones y nombres merecen la necesidad, modo y forma de ciertas actuaciones, burlando como burlan los derechos que la ley en su oficiosidad dice amparar; y segundo, que el carácter, decoro, respeto y santidad, nosólo de la cosa juzgada, sino de la Justicia y los Tribunales, sufre y padece, si es que las más de las veces no anda uno y otro corrido y avergonzado por la piedra del escándalo al levantar el polvo que cubre los expedientes judiciales.

¿Y todo esto por qué? Porque como ya indicamos, la causa del mal, participa del doble carácter de originaria y derivativa, arrancando no sólo de la ley de Enjuiciamiento, propiamente dicha, sino de sus homónimas y complementarias de organización del poder judicial y de aranceles, campo de accion de aquella; y tanto es así, cuanto que sobre no obedecer á un pensamiento comun y á un fin lógico y racional, se hallan unas y otras vaciadas en distintos ideales y en distintos moldes.

Por ello, despues de hacer una ligera y rápida excursion por el campo de las escuelas filosóficas que se disputan la palma del progreso en la confeccion y resultados de las leyes procesales, volviendo al terreno práctico de lo que es objeto de este estudio, abordaremos uno á uno los puntos que á nuestro juicio exige una pronta é inmediata reforma.
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CAPÍTULO III.

Escuelas filosóficas.

I

Varias han sido y varias son aún las fórmulas y principios jurídico-sociales, que sirven de base y discusion á las escuelas y sistemas que se disputan la bandera de la codificación en la formación de las leyes rituales de enjuiciar, según sea el organismo político de la sociedad para quien se hacen, ó el fin que se propongan sus autores.

Hay quien pretende sacrificarlo todo, y siempre á la brevedad y sencillez de los primitivos tiempos, hija, más que del método y de un orden filosófico y definido de lo rudimentario y exiguo del movimiento y necesidades de las primitivas organizaciones sociales, en las que la sencillez es más aparente y de imposición que, real y creadora, por ser consecuencia obligada e inmediata de la pequeña y pobreza de las relaciones sociales.

Hay quien, por el contrario, todo lo sacrifica al derecho de defensa, cueste lo que cueste, en tiempo y dinero, sobreponiendo, si es preciso, la forma al fondo.

Háilos que limitan el procedimiento á solo la forma externa del proceso ó actuaciones, dejando en libertad de acción la dirección científica, intrínseca y doctrinal de los alegatos al interés privado de las partes, limitándose sólo á las fórmulas rituales, sin necesitar, por lo tanto para su admisión, la autoridad de ciertas y determinadas firmas que, si como las del abogado, suponen ciencia y probidad, no siempre las acompañan estos requisitos.

Y los hay, por último, que dentro de unas y otras escuelas quieren la gratuitidad absoluta posible, que á todos los actos de la administración oficial de justicia se refieren.

Dejando á un lado las deducciones lógicas que se desprenden de todas y cada una de dichas escuelas, solo nos permitimos decir y asentar, por ahora, que sus principios pueden, sí, servir de punto de partida, pero no de punto de llegada, á una buena ley.
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Además, los reyes acudían al pontificado para aumentar la fuerza del trono contra monarcas rivales y más poderosos, o contra sus mismos súbditos; la Santa Sede les prestaba el apoyo de su inmensa autoridad y muchas veces los pueblos obedecían á sus soberanos, y estos continuaban apretando los lazos que debían unirlos á la corona. Pero el auxilio de la Iglesia se hacía peligroso, por lo mismo que era en ciertos momentos omnipotente. Los pontífices, desde Gregorio VII, venían luchando contra el imperio aleman, y aquel é Inocencio III establecieron la teoría, de que como representantes de Dios, como poseedores del poder espiritual que es superior al temporal, podían quitar y nombrar reyes, relevar á los súbditos del juramento de fidelidad e imponerles los monarcas que conviniesen á la Santa Sede. Esta era una fuente de derecho, una soberanía que se alzaba sobre todas las demás, y que se imponía á la social en nombre de Dios. De esto, á determinar la forma de Gobierno en cada pueblo y á erigirse en soberano universal de los Estados cristianos, siendo los reyes lugartenientes suyos, no había más que un paso. La tradición por la que los reyes eran elegidos en las Asambleas nacionales, el nuevo principio por el que las sociedades políticas habían convertido la monarquía en hereditaria, los deseos del estado llano de ser un elemento independiente y emancipado, como la nobleza, de cualquiera autoridad que no fuese la del trono, todo quedaba absorbido por las manifestaciones ambiciosas de Roma que quería disponer de los imperios y de los reinos, como si fuesen patrimonio de San Pedro, y herencia que Jesucristo le había reservado en este mundo al entregarle las llaves del cielo.

Pueblos y príncipes protestan contra las pretensiones de Roma y la cuestión se presentó claramente en la lucha entre el poder espiritual y el temporal. Mientras la teoría del pontificado fué arma de combate contra el imperio, cuyas reminiscencias romanas eran contrarias á la independencia de los pueblos y á la natural autoridad de los príncipes, la Iglesia contó con el asentimiento de aquellas y de estas; pero cuando se estendieron sus pretensiones á los demás Estados cristianos y, orgullosa de su victoria, quiso abusar de ella inculcando los mismos principios que había humillado en Alemania, cuando quiso intervenir, é intervino, en las contiendas que los soberanos sostenían con sus vasallos, á favor ó
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de procedimientos. El punto de llegada, de una buena ley, ha de refijarse y dejarse sentir, más que en lo abstracto de los principios en la equidad de sus consecuencias prácticas.

Será mejor la que mejores resultados dé y que más en grande escala satisfaga los intereses de la opinión reflejada por los de los litigantes, y no la que sin este requisito descance solo en el rigorismo científico. Por ello, juzgadas en abstracto y bajo el punto de vista de la equidad, como absolutas en los principios unas y otras escuelas, son por sí solas inaplicables á los casos contingentes y relativos de los intereses humanos.

Ante la opinión y escuelas indicadas, el medio de conciliar y armonizar el rigorismo científico con la verdad y la justicia práctica, causa y objeto de los litigios, está en la equidad. La humanidad no es, por desgracia, perfecta; hay, pues, que tomarla tal cual es y con arreglo á su estado y condiciones; hay que amoldar y modificar la ejecución de los axiomas absolutos que se disputan el campo del progreso en el mundo moral y científico de las ideas.

Hay que asimilar y fusionar en un principio común la rapidez y la sencillez del procedimiento con el tiempo y diligencias racionalmente necesarias para la presentación de títulos y pruebas de la defensa, la gratuitud de esta con el estado y medios sociales del momento histórico en que se elabora la ley.

Pedir otra cosa, en cuanto á la primera parte, sería tanto como incurrir en la práctica de los abusos de curia, sacrificando el fondo á la forma, exponiendo y privando, en otro caso, al demandado de una defensa racional y justa, y en cuanto á la segunda parte, á la gratuitud y libertad de la contienda en lo que se refiere á la parte intrínseca y doctrinal de los alegatos y á los servicios de la administración pública judicial, hasta allí donde humanamente pueda ser posible, constituye, sin duda alguna, un progreso, y como tal será siempre la aspiración indisputable del porvenir en uno de los fines más prácticos e ineludibles del derecho moderno, con relación al ejercicio y funciones del poder judicial, por lo que debemos trabajar sin descanso hasta conseguir que el país se coloque en condiciones, si es que no lo está aún, de poder llegar al desideratum apetecido, único medio de que la acción de la justicia sea reparadora, y la liber-
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tad del actor y reo no sientan más limitaciones que las puramente rituales de determinar la acción y proseguirla en la forma y modo que á la simple tramitación corresponda.

II

Por encima, pues, de los principios filosóficos que forman la lucha de las escuelas, saltan á la vista dos consideraciones á las que debe sujetarse el legislador para elevar y juzgar a priori de la bondad de la ley en sus resultados y condiciones de aplicación. Ambas se sienten y aprecian por la desaparición absoluta de toda personalidad jurídica ó oficial que no lleve á la contienda medios necesarios de ilustración ó de forma en los ineludibles de precisa ritualidad, y para que no se dé ni pueda darse el caso de que con los aranceles y tasación legal de costas y gastos judiciales en la mano, la curia, sacrificando el fondo á la forma, absorba y lleve más del valor real de la cosa litigiosa, cualesquiera que sea su estimación y los trámites que la sanción final de su derecho exija.

Del examen de nuestra ley de Enjuiciamiento, ya sea considerada en absoluto, ya con relación á la del poder judicial y aranceles, y mejor aun, á hechos prácticos y positivos, aparecen, por desgracia, motivos y fundamentos para censurarla en este sentido.

Como rueda judicial, inútil y asaz cara en la mecánica de enjuiciar, tenemos al procurador, que si algo serio lleva al pleito, es sólo un capítulo de costas y gastos en desnivel con los servicios que presta, siendo, como son, los que generalmente representan los principales del pleito.

Como cosas en que las costas y gastos judiciales pueden exceder y exceden, no sólo de la tercera parte del valor de la cosa, litigiosa sino de todo su valor, cuando no de más, tenemos todos los juicios que son objeto de la ley, excepción hecha de los de pobre,—artículo 199 de la ley de Enjuiciamiento civil—bien sea por lo defectuoso de la división y categorías de los juicios relativamente á su importe y valor ó á su naturaleza, bien á las fórmulas de su procedimiento, bien porque los tribunales, en vez de aplicar por razón de analogía el artículo citado, no sólo á los
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casos de pobreza, sino á toda clase de juicios y actuaciones, como así se desprende del artículo que lo aconsejó, y como así la reclama la equidad para librarse del absurdo que resulta de que los gastos y costas puedan llamarse justas y legítimas, lo mismo cuando absorben que cuando traspasan el valor total de lo que se litiga, se dejaron imponer y llevar, formando jurisprudencia, por las argucias leguleyas é intereses bastardos de curia, sostenidos sólo por la letra de dicho artículo, limitando su aplicación á los casos de pobreza; interpretación bastarda, propia sólo de los fariseos y escribas de la antigua ley.

III

Por otra parte, y pasando á otro género de ideas, sin entrar á dilucidar las razones en que se apoyan los que solo quieren tribunales colegiados, ó los que lo quieren unipersonales; los que en uno y otro caso los quieren de libre elección para fallar sobre las cuestiones de hecho, dando así la garantía más legítima e inmediata á la libertad y al progreso, ó los que queriéndolos á la vez de hecho y de derecho los vienen á hacer dependientes del poder real social, por virtud de su nombramiento, escollo peligroso á la idea de justicia, es lo cierto que áun admitiendo la organización actual, son tantos los vicios que la acompañan, que con ellos son imposibles den resultados positivos las mejores leyes, por más que todos protesten de su buena fe y voluntad: el mal es el mal, y el mal no desaparece con promesas, leyes y decretos; el mal, como todo, tiene su virus, y el virus sólo puede desaparecer con hechos nuevos y creaciones lógicas y profundas, que por su propia fuerza destruyen los estériles e infecundos que, por desgracia, hace tiempo vienen jugando con la vida y la muerte de los Jueces y Magistrados.

Así vemos que, mejor que pensar en tribunales colegiados de partido en primera instancia, planteando para el porvenir una reforma perturbadora y anárquica, á nuestro pobre juicio, como la que determina la ley del poder judicial, hubiera sido más práctico y acertado ampliar algun tanto los Juzgados actuales de primera instancia, y á su vez separar en ello lo civil de lo criminal, creando doble número de Jueces. Con esto, la acción
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y vigilancia directa del poder judicial sobre las actuaciones, alcanzaría términos hábiles para llegar á ser una verdad: sin ello seguirá siendo una ficción, tras la que el litigante, por más que la ley diga otra cosa, verá sólo como autoridad decisiva de hecho, en la dirección y secreto de las actuaciones al que real y positivamente las tiene en su poder y bajo su custodia, al actuario en fin.

Y si á esto añadimos la suerte y porvenir que el poder social ofrece al personal de la magistratura, veremos, para colmo de desgracias, que la provision, ascenso y situación de jueces y magistrados, lo mismo que su dotación, á pesar del espíritu y letra de nuestras leyes políticas y judiciales, sigue siendo tan anómala y precaria, tan viciosa y rutinaria, tan desordenada y potestativa, como jamás lo fué en lo antiguo sin más norte ni punto fijo que el capricho, dando paso al favoritismo y á la ignorancia, á la adulación y al servilismo, en la colocación, ascenso y sustentimiento de los puestos judiciales; presentándose todo á la faz del país y de la conciencia pública en forma tan repugnante, cual no puede méños de ser un injustificado y numeroso cuerpo de cesantes, que á la vez que presentan una de las llagas más corrosivas del buen orden y gobernación del Estado, se ofrecen como medio de triste e inmoral explotación á la política excéptica y discreta con la caprichosa e interesada amovilidad de todo el personal de los tribunales, así inferiores como superiores.

Es tal y tan fuerte, tan irritante y funesto, el mal que nos ocupa que por medio del caciquismo de campanario llega con frecuencia á sobreponerse en la provision de los juzgados municipales á los intereses y marcha ordenada de la tramitación y la justicia, no sólo en los pueblos secundarios, sino hasta en las capitales de juzgados, sin tener en cuenta que son los sustitutos natos en vacantes y enfermedades—art. 69 de la ley del Poder judicial—de los jueces de instrucción, ni méños el espíritu y letra del art. 122 de la misma ley, pues basta la más ligera intriga política, adornada con una frase de sentido ambigúo, cuando no calumnia, fundada simplemente en un interés privado, para posponer al elemento de letrados jóvenes, llamados á dar vida á la patria, y á letrados dignos y encanecidos quizás en el ejercicio.
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ció de su profesion, á cualquier mercader ó munidor electoral de los que si algo valen y algo representan, es sólo el excepticismo de ideas acompañado de la audacia, la ignorancia y espíritu de la adulación servil.

De aquí que el mal, en este, como en otros muchos casos de nuestra Administracion pública, es tan arraigado y profundo, que dejándose ya sentir por todos, no hay, sin embargo, ley posible que le corte y le pare; lo que faltan no son leyes, pues leyes hay y sobran para ello; lo que falta es voluntad y firmeza, carácter y buena fe para cerrar los puestos á los ingresos hasta colocar todos los cesantes aptos, sin más consideracion á personas y partidos que las condiciones de antigüedad y servicios que arrojen los expedientes de cada uno, medio único y seguro para cerrar una vez para siempre el escalafon de cesantes, dando con ello á la Magistratura la consideracion y respeto que merece y de que tanto necesita.

Así y sólo así, por un acto heroico y excepcional, es como se puede remediar el mal; de otro modo no, pues los caciques de la justicia, lo mismo los de campanario que los de torre y blason, los de cuartel que los de sacrístia por más que se lamenten de los perjuicios que ocasionan, ni se enmienden ni se arrepienten; para ellos las lecciones de la historia y los males de la patria nada significan ante el interés mezquino y personal de su orgullo y ambición.

IV

Menos leyes sobre provision y nombramiento de jueces y magistrados, más voluntad y deseo; menos pasion y espíritu político personal por parte de los gobernantes es lo que en realidad se necesita para que los tribunales respondan mejor que hoy al cumplimiento de la justicia y del derecho; sin esto, por mucho que se haga en las leyes rituarias de enjuiciar, apenas se sentirán los frutos que ellas entrañen; lo uno va unido á lo otro como el efecto á la causa, lo accesorio á lo principal.

A pesar de todo, y por más que los efectos de los hechos sentados informen aún por mucho tiempo en perjuicio, no sólo de la equidad y de la justicia, sino del buen orden del Estado, no