Revista de España (1880-07-01 00:00:00), página 136

Las exposiciones dirigidas al Senado pidiendo la revocación de los referidos decretos fueron puestas á la orden del día el 25 del pasado. Al darse lectura de ella, el senador Audiffret, presentó una proposición pidiendo que pasasen al ministerio; pero el presidente del Consejo se opuso á este trámite y la proposición fue desechada por 140 votos contra 127.

Así las cosas, cumple el 30 de Junio el plazo concedido á los jesuitas, y el Gobierno, tomando las oportunas precauciones da principio á la expulsión, ya que los religiosos preferían este acto extremo á los otros dos medios más expedientes que podían escoger: el de pedir la autorización ó el de levantar sus casas y marcharse de Francia ó quedarse en ella como algunos lo han hecho en calidad de profesores de colegios particulares, como clérigos adscritos á las parroquias, ó como ciudadanos, puesto que los decretos sólo prohiben á las congregaciones que no estén autorizadas el vivir en comunidad, llevar el traje de su orden y tener establecimientos y capillas para el culto; pero la mayoría de los jesuitas quiso que llegase el momento de fuerza y este llegó; dándose un espectáculo tristísimo en un pueblo de la cultura y del espíritu liberal del pueblo francés.

Los comisarios de policía, asistidos de ugieres y de fuerza pública, se presentaron en los conventos de jesuitas de París y de las poblaciones departamentales, que eran veintiocho, invitando á los padres á abandonar inmediatamente los edificios. Cada religioso, obedeciendo á la consigna que había dado la orden, pidió la lectura de los decretos, para protestar de ellos y para declarar que solo cedían á la fuerza. Los ugieres formaron el proceso verbal para preparar la acción judicial, y cumplidas estas formalidades fueron lanzados de sus casas, sin que hayan ocurrido los disturbios con que los ultramontanos amenazaban en todas partes.

Se ha extrañado que el Gobierno tomara esta medida solamente contra los jesuitas, siendo así que en Francia hay muchas otras comunidades religiosas; pero la prensa ministerial ha contestado unánime que los artículos de los decretos que debían cumplirse el 30 de Junio, se referían sólo á los jesuitas, á quienes se había concedido un plazo fijo, porque respecto á las demás congregaciones de hombres no autorizadas, las disposiciones que se refieren á ellas son distintas, pues que solo les obligan á que regularicen su situación, pero sin ponerles en el caso de á regularizarse ó abandonar el territorio.

Dos días después de la expulsión, el obispo de Angers, Monseñor Freppéli, miembro de la Cámara de los diputados, interpeló en ésta al ministro del Interior sobre la aplicación de los decretos, acusándole por haber violado el domicilio, y atentado contra la libertad individual. El ministro, M. Constante, rechazó las acusaciones del obispo, dando seguridades de que la expulsión de los jesuitas de sus conventos se había efectuado con arreglo á la ley y sin que en ninguna parte se hubiese alterado el orden. «En verdad, —replicó Monseñor Freppéli,—es verdad, pues, que la fuerza domina cuando con simples órdenes podeis violar los domicilios y atentar á la libertad individual. Ninguna seguridad existe ya. En adelante todas las elecciones