Revista de España (1880-07-01 00:00:00), página 277

tenido en más de una ocasión el actual presidente del Consejo de ministros del Reino Unido.

Inspirado en ella, hizo el Gobierno de España en 1869, la memorable reforma arancelaria que tan beneficiosa ha sido para los intereses del país, sin que para rebajar gradualmente las tarifas pidiese á Inglaterra ni á ninguna otra potencia que rebajasen las suyas. Habiendo este precedente, y siendo además insostenible en buenos principios económicos la teoría de la reciprocidad arancelaria que parece quiere resucitar el Gobierno inglés, la cuestión queda reducida á saber si Inglaterra, elevando la escala alcohólica, desde los 25º del hidrómetro Sikes, hasta 30, ó hasta 32, de modo que puedan entrar los vinos españoles con iguales ventajas que los franceses, favorezca los intereses de los consumidores británicos y los del Tesoro ó si, por el contrario, los perjudica, y como lo primero es evidente, claro está que ni el Gobierno ni el Parlamento pueden racionalmente negarse á esta reforma.

La dificultad está en que Francia, por virtud del tratado de 1860, en que se estableció la escala alcohólica, goza de un privilegio para sus vinos que siendo más flojos que los españoles, aunque de bastante más precio, entran pagando un derecho mucho menor que éstos y pueden, con esta ventaja, sostener la competencia en el mercado; pero esta cuestión no es insoluble y aquí es donde el Gobierno español debe fijarse para conseguir que las tarifas inglesas se reformen sobre una base más justa; y claro está que si el Gobierno inglés pide á su vez que España rebaje las suyas para los productos británicos, España debe rebajarlas, no sólo por que así lo exigen las buenas relaciones comerciales entre pueblos que mutuamente se necesitan, si no por que, con esta reforma, también saldrían ganando el Tesoro y los consumidores españoles, estos con la baratura y la abundancia de los productos ingleses, aquel con el aumento de la renta de aduanas.

Esta es la cuestión, que no hemos hecho más que bosquejar porque la índole ligera de esta Crónica no nos consiente entrar en un estudio más detenido.

V. Entre el obispo de Salamanca y el gobernador civil de la provincia, ha ocurrido un grave conflicto: un vecino de aquella capital que tenía dos hijas párulas, bautizadas, como él, en la religión católica, abrazó hace poco tiempo el protestantismo. Habiendo fallecido con intervalo de pocas horas las niñas, dispuso que fuesen enterradas en el cementerio protestante; pero enterrado del caso el párroco y, por éste, el prelado reclamó los cadáveres para darles sepultura eclesiástica. El gobernador, á quien acudió el padre de las niñas para que protegiese su derecho consideró justa su pretensión; y aquí surge el conflicto entre la potestad eclesiástica y la civil.

Sostiene el obispo que, imprimiendo carácter el bautismo, los cadáveres de las niñas debían recibir sepultura canónica; y sostiene el gobernador que, tratándose de párulos, sin razón ni voluntad para apreciar por sí mismos las verdades del catolicismo y los errores de las demás religiones, ni para abrazar una u otras, tenia el padre la potestad exclusiva de someterlos ó separarlos de la comunión católica, toda vez que la Constitución del Estado consagra la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, y que, por lo tanto, á él tocaba designar el cementerio en que debían enterrarse.

Consultado el Gobierno, el ministro de la Gobernación aprobó la resolución del gobernador civil, autorizándole para ejecutarla; pero el de Gracia y