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magistrados locales tienen el derecho de impedir la reunion, mediante una previa denuncia ó proclamacion de un carácter alarmante. Así sucedió en 1831 con el meeting convocado por la Unión política de Lóndres en White-Conduite House; lo denunciaron los magistrados de Hatton Garden. Así sucedió en 1828 y en 1834, con los meetings católicos, denunciados y prohibidos por el Gobierno de Irlanda, y así en 1838 con los meetings cartistas del Lancashire.

A primera vista las facultades reservadas á la autoridad parecen extraordinarias; pero no si se considera de una parte que la ley ha reservado al Jurado el conocimiento de los delitos cometidos en los meetings, entrando en su competencia la calificación de la legalidad ó ilegalidad de la reunion, en vista de las circunstancias que la acompañan, y de otro lado, que los magistrados en ésta, como en todos los casos análogos de facultades un tanto vagas, obedecen, tanto como á la letra de la ley, ó más que al rigor de las Ordenanzas y las Actas, á las inspiraciones de la más exquisita prudencia. De este modo el Jurado, la opinión pública en una de sus formas más eficaces, ha venido á ser la verdadera garantía del derecho de reunion, como lo es de la libertad de imprenta una vez arrancado á los jueces de derecho la facultad de entender en la calificación de los actos realizados por los editores en el desempeño de su profesion; y así se ha podido dar el espectáculo fortificante del Gobierno inglés, presenciando, apercibido pero respetuoso, el temido meeting de los cartistas de 10 de Abril de 1848 y el extraordinario de 1866 sobre la reforma electoral.

En vano un espíritu receoso invocaría la leyes y estatutos anticuados que prohiben excitar al cambio de las instituciones fundamentales del reino; en vano los agentes diplomáticos de Europa en Inglaterra pretendieron del Gobierno de Lóndres que evitara la manifestacion de las simpatías populares por tal ó cual causa; en vano se le ocurriría á uno de esos gubernamentales del Continente pedir que, en visperas de un conflicto entre Inglaterra y otra nacion, se contuviese la demostracion de tales ó cuales ideas en la plaza pública, en daño del prestigio y de la unidad de accion del Gobierno y de la patria...

La historia de estos últimos diez años dice bien claro la suerte
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que correrian tales pretensiones. Los grandes meetings de obreros en favor de los Estados Unidos del Norte, (cuando el Gobierno favorecia á los esclavistas confederados), dando base al famosísimo arbitraje de Ginebra; el príncipe Czartoriski, produciendo el desbordamiento de las simpatías inglesas por Polonia, como Enriqueeta Stowe habia excitado por la causa de los negros y los emigrados del 52 contra el héroe de las Tullerias; M. Bradlaugh, perorando bajo la ancha copa de la secular encina de Hyde-Park, en contra de la monarquía y de la religión; y, en fin, los meetings que en estos últimos días han provocado lord Gladstone y sus amigos en contra de las ideas del Gabinete Disraeli, propicio á la guerra con Rusia, antes y después del tratado de San Estéfano... Todo habla eloquentemente y dá la seguridad de que el derecho de reunión y de manifestación, en sus términos más absolutos y en su máximo alcance, tiene en la Gran Bretaña cuantas garantías son necesarias para que la opinión pública se forme, se manifieste é influya decisivamente, como verdadera reina del mundo. (1)

Verdad que esto no sería posible, á no hallarse fuertemente sancionada y sinceramente establecida la seguridad individual esa aspiración de los pueblos cultos del continente europeo; ese verdadero mito de las sociedades genuinamente conservadoras hechas á la solicitud de la policía secreta, á las expansiones de los estados de sitio, á las deportaciones por bando de buen gobierno, y á los casos de desafuero y de sumisión á los Consejos de guerra, por la mera resistencia de palabra á un guardia civil ó un agente de orden público!

(1) Sobre este particular pueden consultarse:
E. FISCHEL.—La Constitution d'Angleterre.—Traduct. de l'allemand. Tom. I., Liv. 1.º, Chap. VIII et XII.
R. M. KEAR.—Commentaries of the laws of England by W. Blackstone.—Abridged and adapted to the present state of the law. Book the third. Chapl. V, IX. Rook the fourth. Chapl. VI y XI.
T. E. MAY.—Constitutional History of England. Vol. II, Chapl. IX, X, XVIII.
M...—L'Angleterre. Etudes sur le Self Government. Chap. XXVIII.
T. KARCHER.—Etudes sur les institutions politiques et sociales de l'Angleterre. Chap. II.
ANSTEE.—Guide to the history of the laws and Constitution of England. LAYA.—Le Droit Anglais. Tom. II. Code Penal. Chap. 6.º
COWELL.—Law Dictionary.
STEPHEN'S.—Commentaries of the Laws of England. Vol. IV. pág. 333.
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El Habeas Corpus, de tal suerte caracteriza, bajo el punto de vista político, al pueblo británico, que la mera enunciación de la frase basta para que los ojos se vuelvan hacia la brumosa comarca del otro lado del mar de la Mancha; y esto que ya puede calificarse de hábito, se halla justificado, no sólo por la circunstancia de haber precedido Inglaterra á casi todas las naciones de Europa, y bien pudiera decirse del mundo moderno, en la adopción de eficaces medidas en pró de la seguridad individual, si que por el hecho de que aún en los tiempos mismos que vivimos, en ninguna parte, fuera de la República Norte americana, aquellas medidas se observan con tanto rigor, ni la solicitud de las gentes en su estricto cumplimiento y extensa aplicación se muestra con tanta viveza y tanta constancia.

En puridad, ni el Habeas Corpus (es decir, el derecho de todo detenido, que no lo sea por causa de traición ó de felonía (1), á ser sometido á un juez que, en un plazo breve, y nunca mayor de veinticuatro días,—según las distancias,—resuelva sobre la culpabilidad ó la inocencia de aquél), en puridad; ni el Habeas Corpus, ni las demás disposiciones que le complementan son obra de estos últimos tiempos. La garantía de la seguridad individual y el Jurrado, puede decirse que han sido el principal objetivo de los esfuerzos de la sociedad política británica desde sus primeros días. Así aparece ya en la Magna Charta de 1215 (considerada como el punto de partida de las libertades inglesas, después de los oscuros días de los Plantagenets), el precepto de que "ningún hombre libre pueda ser detenido ni puesto en prisión, de otro modo

(1) Antiguamente los delitos se dividían en Inglaterra en dos clases: felony y misdeemeanour. Los de la primera eran castigados ordinariamente con la pena de muerte, y, sobre todo, con la confiscación de bienes. Con el progreso de los tiempos, si bien esta clasificación no se ha borrado, sí se ha suprimido la pena capital para la generalidad de los delitos de felonía, y se ha hecho salir de este epígrafe colocándolos bajo el de misdeemeanours, actos como el falso testimonio, el abuso de confianza, la estafa, ú obras en rigor no menos graves que el robo y el alzamiento de fondos que continuaban llamándose felonías. A todo esto trato de poner enmienda, estableciendo una clasificación científica el Código criminal, presentando á la Cámara de los Comunes, en 1878, por el lord canciller. Kerr entiende que actualmente la felonía es "un crimen castigado con la confiscación, y á cuya pena sucede ser agregada la de muerte." Después señala como felonías la falsificación de moneda, el servir al extranjero sin permiso del monarca, la desertión, la destrucción ó entrega de almacenes militares. Book IV, Chap VII.—Blakstone, añade la mutilación, el rapto y el secuestro, la sodomía, los actos incendiarios, el robo y la fractura de noche.
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SOBRE LA INGLATERRA CONTEMPORÁNEA.

que en virtud de una sentencia de sus pares, dada en forma legal y según la ley de la tierra (1). «Pero semejante explícita declaración no bastó para evitar mistificaciones y atropellos, que á su vez fueron causa de enérgicas protestas por parte del país y de nuevas afirmaciones del Parlamento y de los monarcas. Dígalo la historia de la arbitrariedad de los Tudores y de los Estuardos, en cuya época (1485-1649) los hombres civiles fueron tan frecuentemente sometidos á los tribunales militares y se vió repetidas veces á personas absueltas por el jurado retenidas en la célebre Torre de Lóndres. Dígalo la célebre cuanto ineficaz Peticion de derechos de 1629, dos de cuyas cuatro reclamaciones se referían precisamente ya á "las detenciones y arrestos arbitrarios, hechos sin prévia indicación de sus motivos, que hiciera posible la defensa del preso, conforme á las leyes del país," ya á la instauración y extensión ilegal de las comisiones militares (2).» Dígalo, en fin, la dificultad con que después de muchos debates se votó por el Parlamento, en 1679, el bill del Habeas corpus ad subjiciendum, dicho así por ser estas las primeras palabras del auto del magistrado que, á excitación del detenido, manda que le sea este entregado para escucharle y formular la sentencia debida.

El bill de 1679 (provocado por el escándalo que produjo la detención arbitraria de un orador de Guildhall, el ardoroso Fenk) se intitula: "Acta para mejor asegurar la libertad de los súbditos y para prevenir el envío de los presos á Ultramar," y no sólo

(1) Precedieron á la Magna charta (arrancada por la nobleza, el clero y el pueblo al indigno Juan Sin Tierra) varios estatutos, entre ellos la Charta libertatum de 1100, otorgada por Enrique I (insurpador del trono de su hermano) para lograr la adhesión del país, reanudando las antiguas leyes anglo saxones (Common laws) atropelladas por Guillermo el conquistador. Después, en situaciones análogas á las de Enrique I, ratificaron la Charta libertatum Esteban y Enrique II en 1135 y 1154. Pero indudablemente la Magna charta tuvo mayor importancia, ya porque suponía las conquistas hechas en todo el siglo XII, ya porque registraba nuevos progresos de los tiempos.

Puede consultarse el admirable libro de Hallam: View of the state of Europe during the middle ages. Además es interesantísimo el reciente trabajo de Mr. Kremann sobre el desarrollo de la Constitución británica. No necesito citar á Macaulay, el primer crítico é historiador político contemporáneo—á mi humilde juicio.

(2) Las otras reclamaciones se referían á la cobranza de impuestos no votados por el Parlamento y á la carga de alojamiento militar. Carlos I, al cabo y después de resistirlo mucho accedió á todo, pero muy luego hizo caso omiso de estos preceptos, exasperando al Parlamento, que no reunió su once años.
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establece el derecho de los detenidos ya mencionados, si que otras garantías para que tal declaración no quede reducida á una mera frase.

El preso, ó una tercera persona en su nombre, puede recabar del lord canciller ó de uno de los doce jueces del reino, que residen en Londres, el writ (auto) de Habeas Corpus, para que el detenido (1) sea llevado ante el magistrado que dió el auto, ó ante otro juez cualquiera que ha de decretar su excarcelación, siempre que preste fianza bastante para comparecer en su día ante los tribunales ordinarios. Además, toda persona arrestada por causa de felonía ó traición, puede exigir que se le acuse en forma en la próxima semana de sesión de los tribunales (2) ó se le escarcele bajo fianza, dispensándosele de ésta y de la detención, si en la segunda sesión de los tribunales no es acusada en regla. La trasportación forzada de los presos ingleses á Escocia, Irlanda, las islas de Jersey y Guernesey y á Ultramar está prohibida, lo mismo que la recepción de un detenido por el carcelero sin una orden de arresto en la cual consten los motivos, cuya orden se habrá de comunicar al preso en un plazo que no exceda de seis horas, después de reclamarla. El incumplimiento de sus deberes por parte del lord canciller, de los jueces, de los carceleros y de todos los funcionarios públicos, es castigado con multas que suben á 500 libras (2.000 pesos) á beneficio del detenido, amen de indemnizaciones y de pérdida así del empleo como de la capacidad para ejercerlo público, en el caso de transporte forzado del preso; siendo éste uno de los casos en que está vedada al Rey la gracia de indulto. Además, para hacer efectivas estas responsabilidades, la ley inglesa reserva la acción dicha of false imprisonment á la persona atropellada.

Tales disposiciones hallaron su complemento en otras referentes, ora á las fianzas de excarcelación, ora á la inmovilidad de la

(1) Se exceptúa el caso de no ser posible presentar desde luego los testigos que han de abonar la acusación; pero de todos modos la prisión preventiva no puede pasar de seis meses.
(2) El reo infraganti ó sospechoso con motivos graves, no sólo puede, si que debe ser detenido por toda persona que presencie la comisión del delito; de tal suerte, que la ley inglesa castiga á quien deja escapar al criminal. Sólo que el reo aprehendido inmediatamente es llevado á la autoridad judicial (juez de paz), que le interroga y dicta ó no auto de prisión. Además, en Inglaterra hay sociedades para perseguir los crímenes.
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magistratura, ora á la competencia del jurado. Desde la Revolución y el bill de derechos de 1688, el legislador británico viene recomendando muy especialmente que las fianzas (cuya admisión es corriente en casi todos los procesos) no sean excesivas, habiéndose establecido por la práctica la cifra de 10 libras, (mil reales escasos) como máximum para las clases populares; cifra que para las gentes superiores cambia y llega á 1.200. Asimismo, los magistrados, que en la época de los Estuardos, por ejemplo, ejercían sus cargos durante beneplácito, esto es, mientras placía á los monarcas, después del Bill de Derechos ó mejor dicho desde un Acta del año 13 del reinado de Guillermo III, si bien de libre nombramiento y franco ascenso (lo cual es, sin duda, un peligro), no pueden ser des- tituidos sino mediante una mocion votada por el Parlamento en el caso de haber comision de un delito, de suerte, que son inamovibles quando bene se gesserin, esto es, mientras se conduzcan bien. Por último, veña el Jurado, cuyos orígenes se pierden en las primeras sombras de la historia sajona, y cuya consagración explícita aparece ya en aquel latin bárbaro de la Magna Charta, que para el elocuente Chattan valía tanto ó más que todos los clásicos; el Jurado, con sus diligencias públicas y sus debates orales, en sus dos formas de gran Jurado ó Jurado de acusacion, compuesto de veinte y tres miembros elegidos entre los free holders y personas notables de la comarca, encargados de resolver si hay motivos ó no para que el detenido sea sentenciado, y el petty Jury, ó Jurado sentenciador, compuesto por otros veintitres individuos sacados del grupo de poseedores de una renta neta de 10 libras y de un arrendamiento de 60, así como del circulo de cabezas de familia que pagarán la contribucion de pobres, á razon de una renta de 20 libras, los cuales debian fallar sobre la cuestion de hecho sometida por el magistrado á su conciencia (1).

De esta suerte, la garantía del Habeas Corpus fué una realidad desde el siglo XVIII hasta nuestros dias, constituyendo una de las bases fundamentales de la sociedad política inglesa. Verdad que esta misma Constitucion permitia la suspension de aquella garantía, y de hecho fué suspendida en 1715, 1722, 1745, 1794 y 1817,

(1) Para que haya veredicto condenatorio se necesitan en el gran Jurado doce votos: en el pequeño la unanimidad. La capacidad para el Jurado se extendió en el reinado de Jorge IV.
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es decir, con motivo, ora de la rebelion del conde de Marr en Escocia y la presencia del Pretendiente en el Reino-Unido; ora del complot jacobista, que produjo el destierro del obispo de Rochester, ora de la nueva intentona legitimista de Carlos Eduardo, deshecho en Culloden, ora de la Revolucion francesa, ora, en fin, de la gran agitacion politica causada por el atentado de que fué objeto el principe regente al regreso de la alta Cámara, y que determinó las medidas coercitivas de lord Sidmouth. Pero sobre esto hay que hacer algunas advertencias.

Primeramente, estas suspensiones del Habeas corpus (votadas siempre por el Parlamento), tuvieron efecto bajo la presion de circunstancias por todo extremo graves, ya porque en realidad lo fuesen como en 1715, 1772 y 1745, ya porque las apresuiones y terrores de la sociedad inglesa le comunicaran una gran importancia como en los demas casos indicados. Despues hay que notar que aquellas suspensiones fueron acordadas siempre como medida excepcional y temporal, afirmando de esta suerte el regimen de Habeas corpus como un regimen ordinario y corriente. La suspension de 1745 fué por dos meses: la de 1794 y 1817 por un año, bien que el Parlamento las prorrogara frecuentemente al terminar el plazo, de modo que la de 1794 pudo subsistir por prórrogas sucesivas hasta 1801. Mas lo que sobre todo debe fijar la atencion es la creciente resistencia que el voto de aquella medida fué encontrando en el Parlamento, y la duracion que adquiere, en este siglo, el imperio de las leyes ordinares y normales. Los debates de 1794 y 1817 son célebres en la historia parlamentaria británica, á pesar de la victoria de Pitt y de lord Sidmouth, más felices que lord North y sus companeros, que en circunstancias tal vez tan graves, esto es, durante la insurreccion de las colonias americanas, no habian podido recabar análogas medidas de excepcion. En el siglo XVIII habia estado suspendida la ley comun quizá más de diez años en periodos distintos: en el siglo XIX no lo ha estado en Inglaterra arriba de diez meses, y en esta última mitad de nuestra centuria, á pesar de las grandes agitaciones de los cartistas, de la preocupacion de las trades-unions, de las amenazas de los fenians y del movimiento reformista electoral, no se ha dado un sólo ejemplo de suspension como la de 1817, última fecha registrada en la historia de las medidas excepcionales
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británicas. Verdad es que esto no ha sucedido en Irlanda, donde en 1848 y en 1867 se prescindió temporalmente (por un año, con prórroga de otro) del Habeas corpus; pero hacer un argumento de esto para negar el sentido general de la política inglesa, equivaldría á combatir el carácter esencialmente civil de la legislación norte americana, con el ejemplo del régimen militar impuesto á una ciudad sitiada, cuando los proyectiles barren las calles y el humo de la pólvora cubre los cielos. Irlanda, en aquellas dos fechas, estaba en plena combustión. Lo que no se le ocurrió al Parlamento inglés fue suspender el Habeas corpus ni en Escocia ni en Inglaterra, adonde, sin embargo, llegó la agitación de los irlandeses, poderosos hasta para mover en contra de la soberbia Albion á una buena parte de la población norte-americana.

Y precisamente esa pretensión de los medios extraordinarios de Gobierno, ese imperio constante de la ley común, y por tanto del Habeas corpus, que caracteriza á la época presente, acusa el nuevo espíritu de la época que se traduce así mismo en las otras prácticas y otras leyes, de que antes he hablado, como manifestaciones directas y positivas del sentido democrático que se ha ido apoderando de la sociedad política inglesa. Sin duda, la suprema garantía de la libertad individual, el Habeas corpus, es una institución de otros tiempos; pero sólo en estos se ha prescindido casi por completo de suspenderla y se ha afirmado su imperio regular y constante.

RAFAEL MARÍA DE LABBA.
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TEORÍA DEL PROGRESO (1)
DE LA INSTRUCCION PÚBLICA.

II

Toda la teoría del progreso, y lo que es más, la solución pacífica de la gran cuestión del orden, se cifra en el principio que sirve de asunto á este estudio. Universalizando la instrucción primaria, haciéndola, por de pronto, obligatoria, y facilitándola gratuita á los que la acepten del Estado, ó no puedan sufragarla en las escuelas particulares, se conseguirá que dentro de pocos años no haya un sólo ciudadano ignorante de su derecho y rebelde á su deber.

Bien se nos ocurre que una escuela de hombres doctos, más fanáticos doctrinarios de un liberalismo teórico, que realmente apasionados de la libertad práctica, objeta á esta teoría que sería tiránico y arbitrario imponer la instrucción á quien no quiere recibirla, y obligar á los padres á desprenderse de sus hijos para enviarlos á la escuela á recibir la enseñanza oficial del Estado. Es fuerte la objeción, y no negamos que se halla fundada en el principio absoluto de libertad que venimos desarrollando como base del orden universal á que la humanidad propende y está llamada. Pero oponemos á ese raciocinio de seductora lógica, un

(1) Véase el núm. 286, pág. 206 de esta REVISTA.
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argumento de filosofía moral y social, que nos ha hecho aprender en la esclavitud el rudo despotismo de las dominaciones pasadas. Aparte de que el niño ni quiere ni deja de querer la instrucción; lo cierto es que antes de conocer sus derechos y de hallarse moralmente apto para su ejercicio, antes de que aprecien los hombres los beneficios de la libertad, y de que sientan el estímulo irresistible e ineludible del deber que les impone, es necesario que por una serie de medidas provisionales y de carácter transitorio, se les ponga en condiciones de comprender y practicar cumplidamente su misión de producción y de progreso, palabras que significan bien que solo en la unión de los dos términos encontrará la humanidad la armonía universal á que está destinada. La libertad que se concediera hoy al ignorante y al menesteroso, al grosero trabajador de nuestros campos, al mendigo de nuestras ciudades y al criminal que vive en guerra con la sociedad, para que envié ó no sus hijos á la escuela, equivaldría ni más ni menos á la que también les concede la Constitución de publicar sus pensamientos por medio de la prensa. ¡Cruel sarcasmo!

No juguemos con las palabras. No exageremos tanto el amor á la libertad que la hagamos imposible, retrasando indefinidamente el reinado de la igualdad por un falso temor servil y pueril, respecto á los principios, que mal pueden aplicarse por quienes carecen de los medios primarios que son indispensables para el ejercicio de los derechos. Sin igualdad, ya creemos haberlo demostrado, no cabe la libertad. Mientras haya idiotas y pobres, millares de seres, en suma, que solo conservan de racionales una fisonomía degradada, no es posible abandonar la instrucción primaria y la educación de la infancia á la libertad individual. Obramos desgraciadamente sobre una sociedad desquiciada por la fuerza del despotismo, de la preocupación, del vicio y de la miseria en horrible contubernio, y hasta que no sea aniquilado el demonio de la ignorancia, hay que proceder todavía tutelar y gubernativamente á la reorganización de los elementos que sirven de base al equilibrio social, después de cuyo restablecimiento, en condiciones de igualdad, ya podrán por sí solos, y sin la presión de la ley, contribuir al orden que es el fundamento del progreso. Para que todo hombre haga de su libertad el uso conveniente á