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ocioso enumerar en estos momentos, han producido hasta ahora como triste resultado la impunidad de tan alarmantes delitos, y con la impunidad han cobrado aliento los criminales para seguir cometiéndolos, ufanos de sus monstruosas empresas y tranquilos en la posesión de sus cuotidianas rapinas.

"Hora es ya de que se ponga remedio á mal tan hondo y arraigado. Declarada la nación en estado de guerra, vigente la ley de orden público de 23 de Abril de 1870, y ante la necesidad suprema de acudir al restablecimiento del orden donde quiera que se haya alterado ó se altere, menester es que ni los trámites propios de los juicios comunes, que no rigen en la actualidad, ni la errónea interpretación del Código penal que queda aclarada, ni ninguno de los demás obstáculos ligeramente indicados y que serán enérgica y prontamente removidos, ofrezcan dificultad alguna para el rápido y ejemplar castigo de unos delitos contra los cuales se rebela la conciencia pública."

Los encargados de la administración de justicia, los Tribunales ordinarios y el Supremo tomando en cuenta tal vez que ya la opinión pública se haría cargo, como ellos, de que semejante censura, que hubiera sido gravísima, saliendo del ministerio de Gracia y Justicia, no tenía en el orden moral ni en el legal tanta importancia, saliendo del ministerio de la Guerra, la sufrieron con silenciosa resignación.

Más inquietud manifestaron ante el decreto de 14 de Setiembre de 1874, disponiendo cuándo habían de devengar sueldo los sustitutos y suplentes de los funcionarios del Poder judicial y del ministerio fiscal, y sobre percepción de haberes en casos de licencias, prórogas de posesión, etc.; pero como síntoma de la consideración con que desde cierto punto de vista se trataba á dichos funcionarios, nos limitamos á trasladar aquí íntegro el art. 2.º de dicho decreto que dice así:

"Art. 2.º Las licencias para ausentarse y las prórogas del término de posesión que se concedieren por enfermedad durante el presente año económico (1), solo darán derecho á los que las ob-

(1) Sin embargo de esto, por circular de la Ordenación de pagos por obligaciones de Gracia y Justicia, fecha 7 de Enero de 1876, inserta en la Gaceta del 20, se declaró que continuaba vigente dicho decreto hasta que no se dispusiera otra cosa en los presupuestos.
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llerizas, y una manifestacion para felicitar al general Pierrad, subsecretario del ministerio de la Guerra, por una circular que habia expedido; y sin embargo de todo esto, nadie se atrevió á acercarse en ademan hostil al Juzgado de primera instancia del Congreso, que continuó impávido las diligencias que habia comenzado á instruir.

Por consecuencia tambien de aquellos sucesos, los agentes de la llamada autoridad triunfante practicaron, sin obtener la necesaria autorización judicial, algunos registros de casas, entre ellas las de las señoras condesas del Montijo y San Antonio, duquesa de Hijar, etc.; y á pesar de las protestas de las turbas triunfantes, aquellos agentes fueron entregados á los tribunales ordinarios, y procesados con arreglo á derecho por allanamiento de domicilio, como pudieran haberlo sido en las circunstancias más normales y tranquilas, quedando incólume, por consiguiente, el prestigio de la autoridad judicial.

No habia poder legislativo, no habia, en realidad, poder ejecutivo, porque nadie le obedecia; no habia ejército; ó lo que es peor, el que habia estaba indisciplinado y á las órdenes de la más recalcitrante demagogia; pero habia tribunales ordinarios, cuyo prestigio se habia enaltecido durante cinco años; habia un ministro de Gracia y Justicia defensor de la jurisdiccion de aquellos tribunales, y esto bastaba para que nadie se atreviese á desconocer sus facultades, á acusarles de tolerancia, de benignidad, ó siquiera de impotencia con los malvados y malhechores. Habia, además de los tribunales ordinarios, una Guardia civil á quien, por circular del Sr. Pi y Margall, fecha 15 de Abril anterior, se habia separado de las dependencias de los capitanes generales y del ministerio de la Guerra, foco á la sazon de la indisciplina, mandando que aquella Guardia, creada para velar por las personas y las propiedades de los ciudadanos, continuaría al servicio de las autoridades civiles, sin que por ningun concepto pudiese distraérsela de las obligaciones propias de su instituto, y esto bastaba para que la administracion de justicia, cimiento, piedra angular, alma del cuerpo social, como decia el Sr. Garelly, permaneciese sine, inmutable en aquel universal desquiciamiento. Existia la potestad nunca destronada; existian los tribunales de justicia, que nunca se han sublevado ni nunca han sido disueltos
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tengan para percibir la mitad del haber de sus cargos, exceptuándose aquellos funcionarios cuya sustitución no exija pago de haber al sustituto ó suplente. Las prórrogas de licencia y las segundas prórrogas del término posesorio no darán derecho á percibir parte alguna de sueldo durante el mismo año económico, cualquiera que sea la causa por que se concedieren."

II

El alzamiento de Sagunto y la consiguiente proclamación de la monarquía pusieron fin al orden de cosas inaugurado por el acto de fuerza realizado por el general Pavía, con quien tan benévolos se habían manifestado los tribunales, y especialmente el Supremo, inaugurándose para la justicia, más que una nueva época un nuevo período de la que comenzó en 1874.

No entra en nuestro propósito del momento el detenernos á examinar si el decreto expedido por el Ministerio-Regencia en 3 de Enero de 1875, suspendiendo en la parte relativa al Jurado y al juicio oral y público ante los tribunales de derecho, la observancia de la ley provisional de Enjuiciamiento criminal, fué ó no favorable al crédito y al prestigio de la magistratura, participe de la gloria y de la responsabilidad que pudiera originarse en la forma de plantear el Jurado por la intervención que se le había dado en la formación de las listas de los jueces de hecho. En lo referente á este punto concreto bástenos con hacer constar que aun cuando en aquel decreto se violaba un principio cardinal de nuestra legislación, trasladado después á todas las Constituciones porque se ha regido España durante este siglo, como era el de que ninguno puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez ó tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas (las leyes anteriores) prescriban, los tribunales de justicia obedecieron y sigue obedeciendo este mandato del Ministerio-Regencia, no elevado después á ley por las Cortes, y, por consiguiente, juzgando y sentenciando á un considerable número de españoles por jueces ó tribunales declarados competentes, en virtud de mandatos ministeriales posteriores al delito, en otra forma que la prescrita por las leyes anteriores á la comisión del mismo.
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Pero si el decreto de 3 de Enero de 1875 era una muestra del respeto y de la consideracion que inspiraba al Ministerio-Regencia las más preciosas garantías de los españoles en sus relaciones con la administracion de justicia, bien pronto manifestó el respeto, la confianza y la consideracion que le inspiraba la jurisdiccion ordinaria, que venia, con el asentimiento y con el aplauso unánime de la opinion, conociendo en los asuntos contencioso-administrativos, desde 13 de Octubre de 1868, pues en la Gaceta de 21 de Enero del mismo año de 1875 apareció otro decreto, arrebatando á las Audiencias y al Tribunal Supremo las atribuciones de que estaban legalmente en posesion para conocer de esta clase de pleitos entre la administracion pública y los particulares. La más poderosa, la casi única razon que para ello se alegaba, puede conocerse por el siguiente párrafo del preámbulo de que iba precedido aquel decreto.

"La experiencia ha puesto tan de relieve los inconvenientes de esta innovacion (la de que la Administracion no fuese juez y parte en sus pleitos con los particulares) que el Consejo de Estado en una consulta reciente, venciendo el delicado escrúpulo que le embarazaba para reclamar mayor extension de atribuciones, se ha creído en el caso de encarecer la necesidad de que se le encomiende de nuevo el conocimiento de estos asuntos para que cese un estado de cosas en que los ministros reciben la censura, no de los Cuerpos Colegiadores, únicos que en buena doctrina constitucional pueden sindicarles, desaprobar sus actos y exigirles la responsabilidad en que por ellos incurran, sino de un Tribunal que por muy elevado que sea nunca tendrá derecho á ocupar un puesto más alto que el Gobierno Supremo."

La censura insoportable á que se refieren las anteriores líneas, consistía en que el Tribunal Supremo restableciese en provecho de la justicia, el derecho hollado y desconocido por la Administracion pública en materia contenciosa, en materias de tuyo y mio.

Los Tribunales ordinarios, las Audiencias y el Supremo, sufrieron resignadamente y en silencio esta desmembracion de sus facultades; y aun ha llegado á nuestros oidos que algun elevadísimo magistrado, que ya descansa en el mundo de la verdad, gestionó eficazmente en favor de aquella medida, pero por respeto á
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la venerable memoria del ilustre jurisconsulto, á quien nos referimos, debemos abstenernos de dar crédito á un rumor, cuya comprobacion omitiríamos en todo caso.

Pero no bastaba, sin duda, arrebatar al Poder judicial, á las Audiencias y al Tribunal Supremo el conocimiento de los asuntos contencioso-administrativos, fundándose en que así lo solicitaba el Consejo de Estado y en que no debía haber ningún Tribunal que pudiese reintegrar á los ciudadanos en sus derechos civiles particulares cuando éstos fueran injustamente lesionados por el Gobierno, sino que, por lo visto, era necesario hacer una demostración oficial y permanente de que á juicio del Ministerio-Regencia la administración de justicia era la rama méns importante de la Administración pública; y esa manifestación, que comenzó el 22 de Enero de 1875, se ha venido repitiendo todos los días en la Gaceta de Madrid, hasta el en que escribimos estas líneas.

En efecto, hasta el dia 21 de Enero de dicho año de 1875, el periódico oficial había venido insertando las sentencias, edictos, citaciones, etc., que en él debían publicarse en una sección especial, que llevaba el epígrafe de Providencias judiciales; pero el expresado dia 22 desapareció aquel epígrafe, sustituyéndole con el de Administración de justicia, colocado después de los de Administración central, Administración provincial y Administración municipal; por tal manera, que el documento remitido á la Gaceta para su inserción por el más insignificante Ayuntamiento de España, aparece en lugar preferente con relación á los que remiten con el mismo objeto los Juzgados, las Audiencias y aun el mismo Tribunal Supremo.

También sufrieron y sufrió resignadamente y en silencio los tribunales este acto, que no contribuye en gran manera á realizar su consideración y su prestigio á los ojos del país; y aun cuando tan luego como algunos se apercibieron de aquella extraña modificación la hicieron notar por medio de la prensa diaria, preguntando por orden de quién se había introducido, é insistieron en la pregunta, todavía no se les ha dado contestación oficial ni oficialísima de ningún género.

Quedábale, sin embargo, al Poder judicial la inamovilidad, aun cuando en la forma, incompleta á nuestro juicio, que la establecía la ley de organización de 15 de Setiembre de 1870, pero
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real y efectiva en cuanto á los que nominalmente habían adquirido el derecho á ella, y quedaba igualmente el ingreso en la carrera por oposición; pero la Gaceta de 24 de Enero del repetido año de 1875 vino á echar por tierra las disposiciones legales, los derechos adquiridos á la sombra de la ley, porque según el ministro de Gracia y Justicia "la inamovilidad judicial que asegura la independencia del magistrado y garantiza la imparcialidad de sus decisiones, no puede ser otorgada sin graves inconvenientes á los funcionarios en cuyas manos pone el Estado el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, sino cuando consta su moralidad de un modo que no deja lugar á la sospecha, y cuando su aptitud ha sido en público certamen demostrada; y á condición de que recorra paulatinamente los diversos grados de la jerarquía judicial, á fin de que aprendan por reflexivo estudio y continuada experiencia en los tribunales inferiores aquello que más tarde han de juzgar con mayor autoridad en los de superior categoría; porque aun con estas meditadas precauciones todavía exige la inamovilidad, no la vagn declaración de la responsabilidad de los jueces y magistrados, sino procedimientos expeditos y breves para hacerla efectiva, á fin de que no se ampare la injusticia en una inviolabilidad peligrosa."

Ante la gravedad de esas palabras emanadas de la autorizada pluma del ministro del ramo, y divulgadas desde las columnas de la Gaceta, desde aquel mismo sitio en que habrían aparecido los nombres de los declarados inamovibles, era lógico suponer que quien las escribía tenía formado el propósito de mandar que todos los jueces y magistrados existentes á la sazón hicieran constar su moralidad ante una junta mixta de prelados y jurisconsultos de singular piedad y virtud acreditadas en su vida pública y privada; que además iba á declarar servidas internamente todas las plazas de jueces y magistrados convocando á oposición para todas ellas ó al menos para las de orden inferior en cada categoría, y por último, que para que siempre y en todo caso fuera efectiva la responsabilidad judicial se proponía someter á la jurisdicción del Senado ó á una especial de Cortes, creada al efecto, á los magistrados del Supremo cuando funcionando como tribunal pleno faltasen al cumplimiento de sus obligaciones; pero
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enán aventuradas fueran estas hipótesis lo evidenciaban los siguientes párrafos del mismo preámbulo que contenían las gravísimas insinuaciones antes copiadas.

"Estos principios fundamentales del orden judicial no son aplicables en toda su pureza á la magistratura formada con anterioridad á la promulgación de la ley orgánica; pero cabe buscar en los antecedentes de carrera, en las cualidades morales y en la aplicación y tino con que los funcionarios han cumplido su alta misión, la razón justificativa del preciado beneficio que la ley les concede, mirando al público interés y no á su particular conveniencia.

La ley provisional en sus disposiciones transitorias otorgó la inamovilidad á los jueces y magistrados en la categoría que hubiesen llegado á obtener en la carrera, sin hacer la necesaria y fácil averiguación de sus antecedentes oficiales, y antes bien prohibiendo á la junta clasificadora informarse é informar sobre este importantísimo extremo; y aunque este poco meditado precepto revestía apariencias de igualdad, es un hecho fuera de toda duda que á su sombra lograron, por acaso y sin razón de merecimientos verdaderos, inamovilidad efectiva recientes improvisaciones: y se sancionó la exclusión de la magistratura, si no por vida, por largos años, de muchos que en ella habían ganado crédito con su ilustración, y respeto con su honroso comportamiento."

Para apreciar con exactitud el alcance de este dardo, que seguramente sin intención se clavaba en las entrañas de la Junta de inamovilidad y del Tribunal Supremo y los individuos que pudieran darse por aludidos por lo de las recientes improvisaciones, conviene reproducir aquí un dato conducente al objeto.

Desde el mes de Enero de 1871 hasta el 8 de Diciembre de 1874 habían adquirido el derecho á la inamovilidad con todas las solemnidades legales y hallándose en activo servicio, dos presidentes de Sala del Tribunal Supremo, D. Mauricio García Gallo y D. Juan Manuel González Acevedo; 21 magistrados del mismo Tribunal, que eran D. Fernando Pérez de Rozas, D. José María de Cáceres y Robles, D. Laureano de Arrieta, D. Gregorio Juez Sarmiento, D. José María Herreros de Tejada, D. Florencio María de Castilla, D. Buenaventura Alvarado, D. Pascual
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Bayarri, D. Calixto Montalvo y Collantes, D. Joaquín Jaumar de la Carrera, D. Manuel María Basualdo, D. José Fermín del Muro, D. Benito de Posada Herrera, D. Juan Jiménez Cuenca, D. Miguel Zorrilla, D. Ignacio Vieites Tapia, D. Francisco Payet y Gomis, D. Antonio Valdés, D. Narciso López y López, D. Francisco Armesto y D. Joaquín Ruiz Cañabate; tres presidentes de Sala de Audiencia llamados D. Remigio Arispe, D. Joaquín María Casalduero y D. José Zahonero; 17 magistrados, que eran D. Joaquín Pérez Comoto, D. Manuel Otero, D. Salvador de la Fuente y Cebrian, D. Francisco de Paula Fábregas del Pilar, D. Juan Bautista Plaza, D. Juan Iguerón, D. José María Alix, D. Vicente Ortega, D. Pedro Grande Rueda, D. José Primo y Martínez, D. Mariano Armesto y Hernández, D. Lope Ovejas y Garcés de los Fallos, D. Pedro Lezcano y del Valle, D. Anselmo Casado y Paz, D. Valero Campo y Ayneto, D. Pedro Martín Losantos y D. Juan José Bonifaz y Fernández Baeza; y doce jueces de diferentes categorías que se llamanaban: D. José Bermúdez Cedron, D. Juan Gualberto Nogués, D. Federico Leal y Marrugan, D. Antonio Soriano y Ezquerra, D. Valentín Fuente López, D. Eugenio Moliní y Arcos, D. José Ponce y Sauré, D. Luis Angemi y Mata, D. Francisco Molina y Vozmediano, D. Nicomedes Urdangarin, D. Francisco de Paula Mellado y D. José de la Torre Collado.

Además de estos magistrados y jueces que estaban en activo servicio al hacer las declaraciones de su inamovilidad, durante la misma época se declaró también con derecho á ocupar puestos de su categoría en la carrera é inamovibles en ellas tan luego como las ocupasen, al presidente de Sala cesante D. Pantaleón Ondovilla; á los magistrados cesantes D. Juan Balbino Maestre, D. José Cáceres y Muñoz, D. Felipe Gonzalez Vallarino, D. Segundo Rufino Valcárcel, D. Pascasio Fernandez y Gomez, D. Pedro Rubio de Torres y D. Gregorio Muñoz y Domínguez; á los jueces también cesantes D. Víctor Arriaga y Gallego, D. José Gabriel Balcázar y Rodríguez, D. Agustín Cándido Morato, D. Pedro María Lizana, D. Pablo Caces, D. Ulpiano Gregorio Frias, D. José Ambrosio del Castillo, D. Raimundo Moreno y Jiménez, D. Miguel Lopez Vieites, D. José María de Irabien, D. José María de la Iglesia, don Ramón Revert y Martínez, D. Genaro Coton y Pimentel, D. Car-
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los Aspe y Vera, D. Mariano Martínez Carrasco, D. Antonio Pugnaire y Rodríguez y D. Feliciano Calleja y Aguilar (1).

El decreto de 23 de Enero de 1875 sobre inamovilidad judicial, dejó por su art. 2.º subsistente la junta que había hecho las anteriores declaraciones de inamovilidad, y que habían quedado, sin efecto, por el art. 1.º del mismo; pero en los cinco años y meses que van transcurridos desde entonces, no se ha hecho ninguna declaración de inamovilidad ni se ha revalidado tampoco ninguna de aquellas que se habían anulado; no obstante, que en el preámbulo del decreto del Sr. Cárdenas se lean los siguientes párrafos:

"Si el decreto de 8 de Mayo de 1873, que inspirado en sentimientos de severa justicia prescribió la cosantía, á pesar del favorable dictámen de la junta clasificadora, de los funcionarios judiciales inamovibles que habían conseguido ingreso y ascenso en la carrera sin las condiciones legales vigentes á la sazon, no hubiera quedado reducido por imposibilidad de ser practicado á la mera denuncia del abuso, el Ministerio-Regencia habría hallado corregido, en gran parte, el grave daño originado por la falta de equidad y la perjudicial latitud de las disposiciones transitorias de la ley orgánica, y que hoy es urgente remediar estableciendo la inamovilidad, no como merced dispensada al que más insiste en pretenderla, sino como garantía que altos intereses solicitan para mayor grandeza de la institución de la justicia.

Los servicios prestados en los tribunales ó en el magisterio, la larga y acreditada práctica de la profesion de letrado abonan la suficiencia del juez, al que deben adornar un celo probado por su historia en el foro y una moralidad sin tacha, que defienda su elevado carácter de todo adverso y fundado juicio. A los que se encuentren en esta circunstancia se debe la inamovilidad, y ha de acordárseles sin distinción de procedencia ni de situación de momento.

Y al realizar este propósito, bien quisiera el Ministerio-Regencia poder atenerse á las disposiciones de la ley que hoy rige en

(1) En la rapidez con que hemos recogido por nosotros mismos en la Gaceta las declaraciones de inamovilidad hechas, es posible que se nos haya pasado alguna; pero esta equivocación material, si existiera, en nada aumentaría el valor de los hechos en sí mismos con relación á las indicaciones que sobre ellos hemos de hacer.
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punto á la organización de los tribunales, señalando como condiciones para ser declarado inamovible las mismas circunstancias que en ella se exigen para pertenecer á cada categoría; pero como el mayor número de los funcionarios de la administración de justicia comenzó á prestar sus servicios antes de su publicación, ha sido preciso dictar reglas inspiradas en el espíritu de la ley misma, de manera que al derogar su disposición transitoria adquiera vigor y cumplimiento en lo posible lo que en la misma ley se dispone con carácter de mayor permanencia."

No era de esperar que cuando desapareciera la inamovilidad para los jueces y magistrados se conservase garantía alguna para la estabilidad de los funcionarios del Ministerio fiscal; y en efecto, el decreto de 23 de Enero declaró á todos ellos amovibles á voluntad del Gobierno, y aun cuando también en la Gaceta del 24 de Enero de 1875 apareció otro decreto sobre provision de cargos en carrera judicial y fiscal cerrando por entonces el ingreso en esas carreras por oposición, dicho decreto ha sido modificado por otros dos reales decretos de 22 de Octubre de 1877 y 29 de Abril de 1878, y por una real orden de 29 de Julio del mismo año.

En cuanto al respeto que á sus mismos autores ha inspirado en la práctica dicho decreto de 23 de Enero de 1875, se han encargado de ponerlo de manifiesto un real decreto-sentencia recaído en pleito contencioso-administrativo promovido por D. Angel Gallifa y Larraz, magistrado cesante de la Audiencia de Madrid, el cual decreto-sentencia puede verse en la Gaceta de Madrid correspondiente al 30 de Abril último, y algún otro del mismo género, que, si nuestros informes no son equivocados, no tardará en ver la luz pública en el periódico del Gobierno.

Respecto á las oposiciones para el ingreso en la carrera fiscal, á las cuales se volvió en 1878, no creemos que puedan ser muy fecundas en resultados, no teniendo, como no tienen hoy los que á ellas acudan, y demuestren su suficiencia en público certámen más garantía de estabilidad que el prudente arbitrio del señor ministro de Gracia y Justicia.

Así las cosas, parecenos innecesario detenernos en recordar uno por uno los decretos de cesantías y traslaciones de magistrados que siguieron al tantas veces citado decreto de 23 de Enero de 1875, sin traer á colación las listas de resoluciones del minis-