Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 259

bondad de éste, destruyendo los argumentos de la oposición; antes bien ha reconocido (y el Sr. Tejada de Valdsera no ha tenido inconveniente en declararlo) que el proyecto tiene algunos defectos; pero que, así como por él se ha conseguido mejorar, algún tanto, la situación económico-administrativa de la isla de Cuba, con relación al estado anómalo en que se hallaba, así también, en los presupuestos sucesivos, se conseguirá ir reformando los vicios que todavía conserva y que no se han podido remediar de una sola vez.

El presupuesto de Cuba quedará, pues, terminado en la alta Cámara de un día á otro, tal y como salió del Congreso. Los senadores, en materia de presupuestos, no están todos conformes en la teoría constitucional de que sus deliberaciones tienen solo el carácter de una exposición de ideas, sin poder modificar, en lo más mínimo, lo que, sobre impuestos y servicios, haya votado la Cámara popular; pero aunque ahora no lo hayan dicho, como nunca lo dicen, por no privarse de una prerrogativa, han procurado, tanto en el seno de la comisión como en las sesiones públicas, marcar los puntos que deberían reformarse en el proyecto, aun cuando éste haya quedado intacto.

En el curso de estas discusiones económico-financieras, se ha abierto un paréntesis de dos días para tratar una cuestión grave, por su propia naturaleza, y más grave aún por constituir un caso de responsabilidad ministerial.

En la Gaceta del domingo 23 apareció un real decreto del ministerio de Gracia y Justicia reformando los artículos 82 y 107 de la ley hipotecaria, que se refieren á las inscripciones de hipotecas en el registro de la propiedad. En este decreto, que ha sido objeto de una viva interpelación, cuyos efectos han dejado muy mal parado al Gobierno, se han invadido las facultades de los Cuerpos Colegiadores, por cuanto por él se modifica, esencialmente, el precepto y el sentido de una ley; se ha faltado al art. 45 de la ley constitutiva del Consejo de Estado, que previene que para toda disposición de esta naturaleza se oiga, necesariamente, el dictámen de aquel alto Cuerpo; se atacan los principios fundamentales de la ley hipotecaria, que son la publicidad y la estabilidad de las inscripciones; se crea una especie de cancelación gubernativa, cuando las inscripciones hipotecarias sólo pueden cancelarse por la voluntad de aquél á cuyo favor fueron hechas ó por sentencia judicial; y por último, se atenta á la más sólida garantía de la propiedad, que es el Registro y á ley porque se rige. Los Sres. Gallostra y Rivera, distinguidos jurí-consultos, sostuvieron la interpelación, requiriendo al ministro de Gracia y Justicia para que retirase su decreto ó, cuando menos, lo reformara. Terminado el debate, presentó una proposición el Sr. Cuesta (D. Justo Pelayo), pidiendo al Senado declarase que el real decreto en cuestión infringía la ley hipotecaria. El discurso del Sr. Cuesta en apoyo de su proposición fué notable, desde el punto de vista de la ciencia, y más notable aun por su sentido político; el Sr. Bugallal se defendió de la manera que le fué posible; pero, aunque tuvo la fortuna de que el Senado desechara la proposición, por 95 votos contra 58, tuvo la desgracia de salir moralmente derrotado; en primer lugar porque su defensa fué poco convincente, y en segundo porque