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que la sociedad sea dueña de sus propios destinos, declarando las reglas que han de presidir á su vida jurídica. ¿Qué medio hay para que el sentido de la conciencia social se refleje exactamente en esta? Este es problema que Lorimer trata de resolver con el sistema que denomina orgánico y dinámico; nombres oportunamente empleados para dar á entender que el Estado no es mero agregado de partes, sino un perfecto organismo. Pero al desentrañar este, resulta que no ve el distinguido profesor más que elementos individuales, aunque cada cual con una fuerza muy varia y muy distinta, y por esto, cuando da la solución práctica á la dificultad, la resuelve procurando graduar la fuerza ó valor social de cada uno y dándole en proporcion de ella más ó menos votos. A lo cual nos ocurre observar, en primer lugar, que la crítica que hace de los sistemas parciales, se vuelve contra el suyo en parte, en cuanto es combinación de aquellos, puesto que si no debe guardarse la participación en el gobierno por la entidad de la propiedad en cuanto el Estado no es una sociedad anónima de intereses materiales, ni por el grado de cultura, porque no coincide esta con la influencia que se ejerce en sociedad, es claro que tampoco deben tomarse en cuenta para establecer esa escala que aparece en el cuadro en que Lorimer pone de manifiesto su procedimiento. Plantado en estos términos el problema, es insoluble; porque si lo que se busca es la exacta proporcion entre el valor social de cada uno y su intervención en la gestión de los negocios públicos, se aspira á un imposible, en cuanto la base primera de aquél es el prestigio, y este es debido á un sin número de causas: virtud, carácter, ciencia, riqueza, etc., algunas de las cuales escapan á toda medida, y el conjunto de todas no tiene otra que la que aplica la opinión pública.

La variedad fundamental que se muestra en la sociedad y que debe reflejarse en el Estado, es la de individuos é instituciones sociales. Si se atiende sólo á aquellos, se va á parar al sufragio aislado, numérico é igual; si sólo á éstas, á la elección por gremios; si á ambas cosas, á la combinación de esos dos procedimientos y á la organización bicameral. Todo ciudadano mayor de edad es capaz de sentir y conocer, aunque en distinta medida, las necesidades del Estado de que es miembro, sin que puedan establecerse diferencias, como, por ejemplo, las basadas en la propiedad, porque, so-
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bre que las leyes que respecto de esta se dicten son de interés general y no de una clase, no son ellas más que una parte, y no la primera, de la obra del legislador, y sin que valga contra esta igualdad la desigualdad de valor y de influjo social, porque esta circunstancia se mostrará siempre en el ejercicio del poder indirecto, á que Lorimer, á nuestro parecer, no dá la debida importancia. Pero al lado de los individuos están obrando en la vida otras energías reales y positivas, que son las instituciones sociales, las cuales es preciso que tengan la debida representacion en el Estado, porque de otro modo no sería reflejo de la sociedad, no sería el Parlamento espejo ni fotografía de la nación. Y así como en el concepto anterior todos tienen el mismo poder directo, porque se deriva de la condición de ciudadanos, á todos comun, en este lo tiene cada cual como miembro del organismo correspondiente dentro del cual su vida se desenvuelve: Iglesia, Universidad, comercio, agricultura, industria, en un sentido; municipio, provincia ó colonia, en otro. De aquí el fundamento racional de las dos Cámaras: la una, la llamada baja ó Congreso, en que deben estar representados los individuos, y la llamada alta ó Senado, en que deben estarlo las instituciones sociales. El mismo Lorimer viene á admitir esta organización en un punto concreto, en el relativo á las instituciones de enseñanza; pero sólo en parte, y por eso considera indiferente que los que tengan voto por razon de su educación y cultura lo depositen en círculos electorales, independientes, organizados en vista de este concepto, como proponía el conde Grey: para que, reconcentradas todas sus fuerzas, tuvieran una mejor representacion, ó lo hagan en los distritos ordinarios, aunque con el mayor número de sufragios que se les concediera por este concepto; en lo cual vuelve á mostrarse el error de no ver en la sociedad otra diferencia que la que se dá entre los individuos, y no la que se da entre éstos y las instituciones sociales.

En cambio, hace bien en rechazar la idea de que los trabajadores tengan una representacion propia e independiente, porque esto contribuiría á hacer permanente una division de clases, cuya desaparicion es deber de todos procurar. Por lo mismo que todos somos trabajadores, cada uno tendrá en el Gobierno, además de la participacion que le corresponde como ciudadano, la que le toque como miembro del organismo relativo á su género de ocupacion.
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Así también recobrará el Parlamento aquella variedad de componentes de que habla Lorimer, que por varias causas ha perdido, solo que en lugar de los elementos históricos: aristocracia, clero, pueblo, propietarios, etc., tendrá los que habrán de representar las instituciones, los organismos y las enérgicas sociales, que tienen una existencia real y positiva.

Hé aquí por qué estimamos que el sentido del autor es sano en el fondo y en su tendencia general, importante el problema que plantea, y recomendable su precioso libro, sin que disminuya su valor la consideración de las circunstancias del momento, que dieron ocasión á que se escribiera y publicara, pues aún cuando la reforma electoral de 1866 ha cambiado aquellas y el tiempo la situación respectiva de los partidos políticos de Inglaterra, la cuestión que en él se dilucida está allí y en todas partes en pie y esperando todavía solución.

G. DE AZCÁRATE.
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CRONICA POLÍTICA.

INTERIOR.

Difícilmente se hallará en nuestra historia política un período de quince días tan importante como el que media desde nuestra última Crónica hasta hoy. Actos de Gobierno de suma gravedad; debates parlamentarios dignos de estudio; incidentes de verdadero interés; acuerdos entre las fracciones de la oposición liberal dinástica, que han de influir en el desenvolvimiento de las instituciones - en el porvenir de la patria; y por último, las conferencias diplomáticas de las naciones europeas para tratar los asuntos de Marruecos, forman el cuadro de la política española en esta quincena que vamos ligeramente á describir.

I. El Senado ha discutido la totalidad del presupuesto de la isla de Cuba para el próximo ejercicio, combatiendo el dictámen los Sres. Jorrín, Ruiz Gómez, Fernández de Castro y marqués de la Habana y defendiéndole los Sres. Torres Valderrama, Rodríguez Rubí, Tejada de Valdiosera y ministro de Ultramar. Amplia y luminosa fué la discusión del Congreso sobre este presupuesto; pero no han sido menos importantes los discursos que, en contra de la totalidad, se han pronunciado en la alta Cámara, tanto por la autoridad de los oradores de la oposición, como por el alcance de sus declaraciones. En todos ellos palpitán estas ideas, que han sido el tema del debate: que los gastos del presupuesto de Cuba exceden á las fuerzas de la isla; que los servicios no están organizados de una manera satisfactoria, que los impuestos adolecen de falta de equidad en su base y en los medios de recaudación, y por último, que el Gobierno actual no ha resuelto la cuestión política, ni la cuestión económica de la gran Antilla, y que si lo ha hecho de la social, ha sido adoptando el criterio del Gobierno anterior, á quien por medio de dificultades, que no pudo vencer, y de estratagemas, que no pudo advertir su jefe, lograron derribar los mismos que le habían apoyado y que habían sido sus amigos. La comisión encargada de defender el dictámen, no ha probado la
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Lorca, Totana y Orihuela contra D. Antonio Galvez Arce, por los delitos de rebelion y sedicion.

Del mismo juez de primera instancia de Cartagena contra don Roque Bárcia, D. Nemesio Torres Mendieta, D. Alfredo Sauvallé, D. Antonio Alfaro, D. Alberto Araus y D. José María Perez Valenciano y Rubio, por sedicion y rebelion.

Del juez de primera instancia de Salamanca contra los señores D. Pedro Martín Benitas y D. Santiago Riesco y Ramos, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Badajoz, tambien contra don Pedro Martín Benitas, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia del distrito de la Inclusa de Madrid contra los Sres. D. Roque Bárcia, D. Juan Contreras, don Fernando Pierrad, D. Francisco Forasté, D. León Tailliet, don Francisco Casalduero y D. Antonio Galvez, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia del distrito del Hospital de Madrid contra D. Bernardo García Fernandez, por rebelion y sedicion.

De los jueces de primera instancia del distrito de la derecha de Córdoba y del de Cartagena, residente en Palma, contra don Eduardo Carvajal, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Totana contra D. Jerónimo Poveda, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Castellon contra D. Francisco Gonzalez Chermá y D. Miguel Daufí y Puchol, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Andújar contra D. Antonio de las Casas y Fenestroni, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Hellin contra D. Antonio Galvez, D. Antonio Alfaro, D. José Perez Rubio y D. Evaristo Llanos, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia de Orihuela contra D. Antonio Galvez, por rebelion y sedicion.

Del juez de primera instancia del distrito del Mar de Valencia contra D. Juan Feliú, D. Pascual Carlés, D. José Lluch Cruces, D. José Perez Guillen (el Enguerino), D. Francisco Gonzalez Chermá, D. Francisco Chirivella y el diputado electo por Gandía, D. José Climent Ferrerós, por rebelion y sedicion.
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Y argumentos completamente nuevos, interesando agradablemente la atención de la Cámara, y llevando á la misma el convencimiento de que sin una reforma inteligente en la dirección de este servicio, no es posible el fomento de un importante ramo de la riqueza agrícola del país.

Aprobada la sección de Fomento creamos que no se hará esperar muchos días la aprobación del presupuesto, por que en la sección general de ingresos se procederá con más celeridad que en la de gastos.

III Las conferencias diplomáticas sobre los asuntos de Marruecos, se inauguraron el 15 del actual. Las potencias representadas son, además de Marruecos, España, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Noruega, los Estados Unidos, Alemania, Austria-Hungría, Inglaterra, Bélgica y Holanda, todas ellas por medio de sus ministros en Madrid.

En la circular de invitación del Gobierno español se decía que esta conferencia estaba llamada á resolver las cuestiones que quedaron pendientes en las preliminares celebradas en Tánger en 1879, á saber:

Significación y extensión que debe darse al derecho de protección; condición futura de los súbditos marroquíes naturalizados en una nación europea y que vuelvan á Marruecos; extensión de los derechos y obligaciones de los extranjeros residentes en Marruecos, respecto á los impuestos que pesan sobre la propiedad y coartan la facultad de adquirir bienes raíces y la de comerciar y exportar.

Todos estos derechos concedidos por los tratados concluidos con España en 1861 y con Inglaterra en 1856, son ilusorios en la práctica por la conducta de las autoridades marroquíes, á pesar de las protestas hechas en contrario por Sidi Mohammed en Tánger, durante las conferencias preliminares.

El nudo gordiano de la conferencia será el derecho de protección que Marruecos quiere restringir.

Francia, Italia y Portugal, sostienen unánimes, que el antiguo tratado de 1607, entre Francia y Marruecos, los unos constantes, y, por último, el convenio franco-marroquí de 1863 han consagrado el derecho de protección á los indígenas empleados como agentes por los negociantes extranjeros, siendo esta protección, según dichas potencias, absolutamente indispensable para la seguridad del comercio, en vista de las arbitrariedades de los tribunales moros, en un país en que la mitad de la población rural desprecia la autoridad del sultán.

Todas las potencias declaran que consideran imposible que vuelvan á quedar bajo la autoridad del sultán los que hayan estado alguna vez bajo la protección de una nación europea y los moros y judíos naturalizados; sobre todo cuando éstos últimos están bajo la protección de los cónsules.

España, Inglaterra y Francia son las únicas naciones que tienen tratados con Marruecos, y este imperio concede á las demás el trato de la nación más favorecida. La cuestión que tiene que resolver la conferencia es: si dicho tratado comprenderá, en cuanto á las personas, las ventajas del convenio francés de 1863; y en cuanto al comercio, las del tratado de 1861 con España.
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Estos son los únicos pormenores que podemos dar, por hoy, sobre la conferencia diplomática que preside el Sr. Cánovas del Castillo, con el carácter de ministro plenipotenciario especial, que es el título que tienen los representantes de las demás naciones.

IV. Y vamos á terminar esta parte de nuestra Crónica, dando cuenta de la reunión celebrada por los diputados y senadores de las fracciones liberales dinásticas, para concertar una acción común y una línea de conducta, en sus relaciones con los demás partidos, y principalmente con las altas instituciones. No tenemos para qué hacer la historia del centro parlamentario, de las razones porque sus más importantes hombres se separaron, á raíz de la restauración, del partido constitucional; de la política que siguieron en la primera legislatura de las Cortes de 1876; de las fuerzas que, después, fueron asimilándose y de la actitud que han conservado; en frente del partido conservador: en constante inteligencia con el partido constitucional. Baste decir que el Centro parlamentario venía sosteniendo, como fórmula de toda su política, estas dos afirmaciones: Monarquía parlamentaria de Don Alfonso XII y Constitución de 1876; liberalmente interpretada, afirmaciones en que coincidió el partido constitucional, proclamando la primera en la reunión del Circo del Príncipe Alfonso, de 6 de Octubre de 1875, y la segunda tan luego como se promulgó la nueva ley fundamental del Estado, que reconoció sincera y espontáneamente, como legalidad común.

La fusión de estos dos elementos estaba, pues, virtualmente hecha, y habría sido concluida por ambas partes, si el advenimiento al poder del general Martínez Campos, en Marzo del año último, no hubiera aproximado alguna tant, á aquella situación al centro parlamentario, por lo mismo que, embozadamente, la combatían los conservadores, fundándose en que las reformas económicas de Cuba, que trataba de plantear el jefe de aquel Gobierno, se inspiraban en un criterio liberal.

Despejada la situación del general Martínez Campos, en Diciembre último; puestos al descubierto los planes y los móviles de los conservadores; y abandonado ó entregado por sus propios amigos en el momento en que más necesitaba de su lealtad y de su apoyo, cayó del poder, y cayó separándose del partido á que tantos servicios había prestado, en la Península, en Cuba y como jefe del Gobierno. Era, por lo mismo, lógico que, en frente de la nueva situación conservadora, se formase otro grupo que traía una bandera clara y definida: la de las reformas económicas de Cuba, inspiradas en el criterio de la libertad.

Aceptada por los constitucionales y los centralistas esta afirmación, y lo que es más, defendida por unos y otros, en los debates promovidos sobre estos asuntos, primero en la ley de abolición de la esclavitud, después en las interpelaciones de los diputados cubanos y, por último, en el presupuesto de la grande Antilla, y habiendo coincidido repetidas veces en declaraciones y en votaciones los hombres de los tres grupos, estábamos en la confianza de todos que, en un plazo más ó menos breve, llegarían á fundirse en un solo pen-
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nester para el cumplimiento de los elevados fines que están llamados á realizar.

Tercer punto.—El ministerio actual, que hace ya tiempo vive de la sávia de la monarquía, como la yedra vive á costa del árbol que con sus ramas tiene entrelazados; el ministerio actual, que ha viciado el sistema representativo para alcanzar primeramente el poder, y para conservarlo después, teniendo como en asedio las prerrogativas de la monarquía constitucional por medio de los votos, si bien de los representantes del país, de favoritos ministeriales, en cuyo provecho exclusivo, y no en provecho general, quiere tener confiscado el Gobierno de la nación, es un ministerio refractario á la libertad, peligroso para la monarquía y perjudicial para la patria."

Conformes todos los concurrentes con estas declaraciones, se nombró una comisión directiva compuesta de los Sres. Sagasta, general Martínez Campos, Posada Herrera, Romero Ortiz, Alonso Martínez y marquesa de la Vega de Armijo.

La impresión que ha producido este acto de las izquierdas en el partido conservador, puede medirse por las frases pronunciadas por el ministro de la Gobernación en la sesión del Congreso de ayer tarde, calificando la reunión del domingo de anti-constitucional y anti-parlamentaria. Sin estas apreciaciones, los jefes de la izquierda liberal dinástica habrían pensado en hacer una sencilla declaración ante las Cámaras, para significar su actitud política; pero, lanzado el reto por el Gobierno, es indudable que será recogido y que habrá un amplio debate á la terminación del presupuesto.

EXTERIOR.

I. Dijimos en nuestra última Crónica que la política del nuevo Gobierno de Inglaterra no estaba más que indicada, porque el Parlamento no había entrado en la plenitud de sus funciones, toda vez que la Cámara de los Comunes estaba ocupándose del examen y aprobación de las actas, hasta cuya terminación no se constituiría definitivamente aquel cuerpo coegislador. Hecho esto, la política inglesa ha empezado á manifestarse, tal y como es y se propone ser, y ya en las cancillerías de Europa se siente su influencia. Ante todo, diremos que los ministros que eran diputados electos han sido reelegidos, en sus mismos distritos, excepción hecha del de el Interior, sir William Harcourt, que ha sido vencido por su anterior contrincante, el conservador Mr. Hall, á quien el clero anglicano ha patrocinado de una manera resuelta. Este incidente ha llenado de júbilo á los torys, pero examinándolo desde un punto de vista más alto que el de la derrota de un ministro, que si no toma asiento en la Cámara popular, podrá hacerlo en la permanente, por que, indudablemente, será nombrado senador, no tiene gran importancia.

El discurso de la reina Victoria en la solemne apertura de la Cámara de los Comunes, celebrada el 20 del actual, explica con gran claridad la situación de la Gran Bretaña y las reformas políticas que el Gobierno se propone someter al Parlamento, las más importantes de las cuales son la de la ley
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electoral y de la agraria de Irlanda. Las cuestiones exteriores, que son las que más de cerca interesan ahora al Gobierno, y entre ellas la de Turquía y la del Afganistán, se exponen en el discurso de la corona en estos expresivos términos:

"Espero que las relaciones cordiales con las potencias permitirán provocar un arreglo entre ellas para la pronta y completa ejecución del tratado de Berlín, concerniente a las reformas efectivas y a las leyes, fundados en la equidad que deben establecerse en Turquía, y sobre la cuestión territorial. Esta cuestión es esencial para evitar nuevas complicaciones en Oriente. Como consecuencia de esto, mi Gobierno ha juzgado útil enviar á Constantinopla un embajador extraordinario."

«El Gobierno procurará pacificar aquel país y establecer instituciones que permitan lo mejor posible asegurar la independencia de los afganos y restablecer las relaciones amistosas entre estos y nuestro imperio de las Indias.»

El Mensaje de contestación al discurso regio fué discutido, en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, en las sesiones del día 21. En la primera, lord Beaconsfiel se levantó á decir que la política internacional que plan teaba el Gobierno no era la que prometían los liberales cuando estaban en la oposición, sino la política de los conservadores. En la segunda, Sir Northcote, dando la misma nota, se expresó en idéntico sentido.

Al ex-presidente del Consejo de ministros, jefe del partido tory, contestó el ministro de Negocios extranjeros, lord Granville, marcando las diferencias que existían entre la política extranjera del anterior Gobierno y la que éste se proponía seguir, como más conveniente á los intereses de Inglaterra; pero empleando un lenguaje más enérgico y precisando más los términos al tratar de los asuntos de Turquía, dijo: «Resulta la Gran Bretaña á proveer este acuerdo vigoroso de las potencias sobre la cuestión otomana, ha dirigido una circular á aquella, proponiéndoles el envío á la Puerta de una nota uniforme sobre el estricto cumplimiento del tratado de Berlín.» Al ex ministro de Hacienda del Gabinete Beaconsfield contestó el actual presidente del Consejo de ministros, Mr. Gladstone, manifestando que no existía ningún motivo de que pudiera inferirse que la paz de Europa estaba amenazada; por que Inglaterra tenía interés capital en conservar el imperio otomano. «La Puerta, añadió, puede contar con el apoyo de la Gran Bretaña, la cual no quiere ni la reducción del territorio turco, ni el menoscabo de la soberanía del Sultan. Lo que haremos, sí, es pedir el estricto cumplimiento de los tratados.»

La cuestión afgana fué también ligeramente discutida en la Cámara de los Comunes, donde el ministro de la India, lord Hartington, declaró que Inglaterra tenía 80 000 soldados en el Afganistán, y que los gastos ocasionados por esta guerra exceden de 10 millones de libras esterlinas (1.000 millones de reales). «El Gobierno—terminó diciendo el antiguo leader de los liberales—desea que los afganos elijan un Emir amigo de Inglaterra. Tan