ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 179

¿Qué concepto te merece la Masonería? en esta primera serie de cartas.

Hé aquí el fragmento á que he hecho referencia: Dice así hablando de la institucion Masónica.

"De este carácter fraternal y espíritu liberal, nace el génio particular de la institucion Masónica, concretada históricamente —en espacio y tiempo—en la Logia, encarnacion viviente de aquella institucion que, producto de la actividad libre espiritual, —por las leyes mismas de la vida—ha de tener y tiene su opuesta y aun contraria en la Iglesia Católica, representada, organizada y aun movida por la Compañía de Jesús.

"Para estas instituciones—reales y vivientes ambas,—¿qué es el hombre? ¿Qué la vida personal-individual? ¡Qué la social y la humana? Y formando una verdadera antinomía con los términos de la cuestion, podemos ofrecer la nueva preguntando: ¿Qué son para el hombre la sociedad y la humanidad, la masonería y el jesuitismo?

I

"Atendamos al primer aspecto de la cuestion, y toda vez que no podemos entretenernos, presentémosla de plano.

En absoluto,—según debe ser el concepto formulado—es la institucion un medio de condicionalidad social para la realizacion del total humano fin, mediante el particular individual. Pero si es un medio, y no más, la institucion, ¿dónde reconoce la causa que la produce? En una necesidad sentida, suele afirmarse. Perfectamente, si se entiende haber nacido aquella en la anterior vida del espíritu, en oposicion al empirismo de la vida exterior, según generalmente se entiende, sin advertir que es imposible ésta sin la previa propia produccion de aquella en la inmanencia del ser es en quey halla su razon toda trascendencia.

"No es lo que aquí buscamos saber qué son en absoluto, en esencia, el hombre, la sociedad y la humanidad para la institucion, en absoluto tambien, sino qué son históricamente, para las dichas instituciones. Si son fieles cada una al génio que las inspira po...
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 18

greso, en vista de las relaciones que hizo la prensa de lo ocurrido en el territorio de su jurisdiccion, comenzó también la instrucción del oportuno proceso contra los vencedores.

Con respecto á la primera de aquellas dos causas, bástanos con hacer constar que, llamado por la Gaceta el general Topete, se presentó el 9 de Mayo en las prisiones de San Francisco; que el día 11 dictó contra él el Sr. Melchor y Lanmanette auto de prisión, é interpuesta apelación del mismo, era revocado ocho días después, por la Audiencia del territorio, de conformidad con las conclusiones del fiscal, quien negaba en su dictámen que el día 23 de Abril hubiera habido rebelión en la Plaza de Toros; y ni las turbas armadas, que eran dueñas de Madrid, osaron hacer manifestación de ningún género contra aquellos magistrados, ni el Gobierno separó ni amonestó por ninguna manera al dignísimo individuo del Ministerio público que había dictaminado contra lo que el Gobierno y sus amigos creían; pero con arreglo á lo que su conciencia le dictaba que era procedente en derecho.

En cuanto á la causa que se seguía en el juzgado del Congreso, es oportuno recordar que, tan luego como tuvieron de ella conocimiento los individuos del llamado "Centro federal," se reunieron en la noche del 1.º de Mayo en los salones de Capellanes, con objeto de que se nombrase una comisión que, acercándose al señor ministro de Gracia y Justicia, averiguasen si era cierta la noticia; pero después de una agitadísima discusión la proposición fue prudentemente desechada, acordándose que "el partido debía proceder en actitud expectante hasta tanto que se procediera á la detención de algún republicano, en cuyo caso se procedería á obrar como fuera conveniente."

La contestación á esta tímida amenaza pudo verla "El Centro federal" el día 3 de Mayo en el siguiente suelo publicado por los periódicos de más circulación:

"Ayer fueron llamados á declarar ante el Juzgado del Congreso, respecto á los sucesos del día 23, el director de El Imparcial Sr. Fernández Florez, y los redactores del mismo colega señores Alcázar y Vargas."

Si no recordamos mal, el día 3 de Mayo que aquel año era domingo, se celebró una reunión electoral en la explanada de caba-
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 180

demos dogmatizarlo sin la previa necesidad de conocer sus prácticas y vida exterior, porque éstas y aquellas son la modalidad formal de su vida interior que las produce, regula y legisla, por consiguiente.

I

"Sin lucha interior en las instituciones, no hay progreso: supone siempre la revolución, encarnada en una concreción social de la evolución de la idea. Así la revolución, consolidación, reacción, supone siempre el progreso infinito, como la esencia y la vida. Junto á la masonería se eleva y vive el jesuitismo que, como aquella y toda institución, inspira á sus individuos, y estos la representan en el mismo grado que aquella es fiel al interior contenido de la idea cuya aparición y génesis la produce.

"El mason acepta la sola inspiración de la razón: atiende á la conciencia, y en ella halla á todo ser en armónico concierto consigo, y desde aquí con todo para la producción de la armonía universal, en Dios y él mediante.

"Ve en el completo y orgánico pequeño mundo (microcosmos) de su ser, toda la realidad existente, bajo su forma y modo propio, recibiendo de cada cual los elementos categóricos, leyes, de esencia y de su vida; pero no por la observación exterior meramente ineficaz de suyo, sin el previo interior metafísico concepto de la cosa misma.

"Respeta, venera y ama la ley de ser como á sí y de sí mismo, respondiendo de esta suerte á la Ley-Sér-Universal, que rige, como esencia permanente, lo en su género, universal mudable, por cima de toda voluntad, sobre todo poder; no lo hay que antagonice con el de la ley, porque la esencia es inflexible y no se produce sino en sí y por sí, según ella misma; con propiedad y conciencia, sea la que quiera la esfera de la realidad en que se dé: la Natural, la Espiritual, la Humana y por cima de todas la Divina, que en vez de contrariar la producción efectiva de alguna ley le sirve sólo de complemento. Se suponen, porque para armonizar se condicionan. Es más; yo tengo para mí que ninguna ley en la vida universal se da con carácter simple, porque ningún orden de la realidad se excluye; en todo ser, además, se muestra en el fenó-
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 181

menos—concreción exterior observable de la ley—la esencia de un carácter complejo, compuesto. Este dato me hace estimar todos los órdenes de la realidad como grados diferentes de la humanidad, lo cual supone seres simples, es cierto, pero que no obran aislados, esto es imposible. Al obrar, ab eterno, porque es su esencia especialmente activa, armónicamente se unen, así el hecho aparece al exterior plenamente orgánico.

La ley de las existencias es el génio de la ciencia y la ley á que obedece la historia. Si constituyen el principio de la vida personal-individual, la desenvuelven con ese tinte de sabiduría que la domina para encauzarla por nueva ó renovada vía y reformarla.

"Esto es lo que se propone el hermano masón: si no, ¿por qué lucha por la libertad de los pueblos, por la independencia de los poderes, por el individualismo personal de las instituciones? Comprende la ley de las Existencias, ó en la libertad de su espíritu desprevenido la presiente al menos, y procura que el organismo social sea tan armónico como lo es el del ser racional humano; un cosmos, si la comparación vale, entre el universal y yo. De aquí que fuera la vida social un vivo trasunto de la vida más armónica y perfecta en Dios, la del hombre. Que fuera, en una palabra, un panarmonismo de vida.

"Por esto pide el mason, y yo lo pido con él, una Iglesia libre en un Estado libre. Y estas dos instituciones como concreciones progresivas de la evolución de la vida en el espíritu social: libres en sí mismas, y como otras tantas personalidades superiores estimadas que, según ellas mismas, se desenvuelven, y subordinadas al génio progresivo de la vida se producen. A este título únicamente podremos hacer á las instituciones representantes de ideas y no representantes de personalidades históricas (hombres). Esto es, una Iglesia sin curas y un Estado sin ministros, una religión sin culto y un Estado sin hombres.

"Así entiende el hermano mason la sociedad, que seguramente no es como la entienden todos. No vé en ella la mera reunión de familias bajo un pacto ó convenio (contrato), ni en éstas la sola agregación de individuos, para quienes es artículo de ley la voluntad mayor: por el contrario, estiman aquella como una personalidad mayor que abraza á todos los hombres como hermanos, ofreciéndoles el amplio cultivo de su ser y el libre cumplimiento de
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 182

sus fines: y en la familia vé el elemento típico de la sociedad misma y aun la estima como es deber estimarla, como la sociedad fundamental que pide hoy una organización nueva, porque la sociedad se halla en disolución, y cada ser lleva en sí los elementos de su reorganización y cumplida rehabilitación."

Esto es, amigo mío, lo que se ha salvado en más de ciento cincuenta cuartillas, y como entrevés se ha extraviado lo mejor. Si tú no lo conservas íntegro, lo he perdido para siempre.

Finalmente, excuso decirte que no espero contestación tuya hasta dar fin á la publicación de la primera serie de cartas, á que doy comienzo con la presente.

Tuyo,

BEH.
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 183

LA JUSTICIA, LA DICTADURA Y LA RESTAURACION.

I

Decíamos al terminar nuestro artículo La Justicia y la revolución de Setiembre (1), que ningún organismo de los que componen el Estado sintió más pronto que el poder judicial las consecuencias del acto de fuerza realizado por el general Pavía en la madrugada del 3 de Enero, no obstante la predisposición que desde luego manifestó el Tribunal Supremo á inclinarse reverentemente ante la nueva situación, rechazando de plano y sin ulterior progreso y fundado en consideraciones más políticas que jurídicas, la denuncia de aquel hecho, que le había sido presentado por la Mesa y la mayoría de la disuelta Asamblea.

Mientras se preparaban, el dictámen fiscal y el auto del Tribunal en pleno allí copiados, se restablecía por decreto de 12 de Enero de 1874 la ley sobre ejercicio de la gracia de indulto, con lo que desaparecía de las ejecutorias de los tribunales la verdadera y absoluta inviolabilidad, con que parecía haberles querido revestir la ley de 9 de Agosto anterior.

Reconociendo desde luego que el número considerable de expedientes sobre indulto de la pena de muerte, que habían quedado

(1) Puede verse en el núm. 293 de la Revista correspondiente al 13 de Mayo del corriente año.
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 184

sin curso en la secretaría de las Cortes disueltas, exigía con urgencia una resolución; reconociendo así mismo que el derecho de perdón que la ley fundamental del Estado reconoce como prerrogativa á la institución más permanente dentro de la monarquía constitucional, podía ser utilizado, en cuanto á los delitos políticos, como medio de restablecer la concordia entre los partidos; creyendo, en fin, que la abolición de esa gracia, aun para penas inferiores á la de muerte, exigía grandes reformas en el Código penal, en la ley de Enjuiciamiento criminal y en nuestro régimen penitenciario; como el abuso en el indulto puede ser tan funesto á la buena administración de justicia, parecemos que el decreto á que nos referimos no debió producir una agradable impresión en los tribunales, cuyo habitual valor cívico se había excitado en circunstancias gravísimas por la ley de 9 de Agosto de 1873 para que se lanzaran á exterminiar á los rebeldes cantonalistas, en la seguridad de que, los condenados por ellos sufrirían irremisiblemente la pena que les fuése impuesta.

Tampoco debió ser grato por extremo á los tribunales el decreto de 14 de Enero derogando el de 8 de Mayo de 1873, modificado ya, aunque no esencialmente, por el de 3 de Octubre del mismo año; pero como quiera que al derogarse dichas disposiciones se restablecían en toda su fuerza y vigor las disposiciones de la ley sobre organización del Poder judicial, que por los expresados decretos hubieran sido derogadas ó modificadas, todavía podían considerarse un tanto al abrigo de la arbitrariedad ministerial.

Ambas disposiciones de la dictadura podían, sin embargo, disculparse con razones más ó menos convincentes, no faltando quien asegure que el mismo señor presidente del Tribunal Supremo, don Cirilo Álvarez (q. s. g. h.), fué quien gestionó más activamente cerca del ministro de Gracia y Justicia, Sr. D. Cristino Martos, para que separase de aquel altísimo Cuerpo la facultad que el señor Salmerón le había encomendado; á lo cual añaden otros que se manifestó propicio el Sr. Martos, entre otras razones de más importancia por la de que, si el Tribunal Supremo podía, por el decreto de 8 de Mayo, granjearse amigos entre los nombrados y ascendidos, era más natural, justo y hasta constitucional que se los granjease el Poder ejecutivo, á quien según la ley fundamental de 1869 correspondía el nombramiento de empleados para todos los desti-
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 185

nos civiles y militares; pero como las cosas caen siempre del lado á que se inclinan, no tardó mucho en ver la luz pública en la Gaceta otra disposición de la dictadura más lesiva del prestigio de los Tribunales que los decretos de 12 y 14 de Enero de 1874.

En el preámbulo de este último había dicho el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Martos, que la "arbitrariedad del Gobierno estaría en la acción directa ó indirecta que pretendiese ejercer sobre los tribunales para impulsarlos por tal ó cual derrotero en la aplicación de las leyes, ó para exigirles determinada resolución en sus decisiones;" insinuación que tal vez respondía á alguna pensamiento íntimo de quien la pronunciaba, y cuyo origen era desconocido para la generalidad de las gentes que no estaban en los secretos e interioridades del Poder ejecutivo, por más que al fin viniese á ser del dominio público el dualismo que trabajaba á los individuos de aquel Poder, y que llegó hasta el extremo de tener que excusarse sistemáticamente de asistir á los Consejos de ministros el de Gracia y Justicia, por haberse hecho incompatible su presencia con la del de la Guerra.

No hemos averiguado aun cuáles fueran las primeras causas de aquella incompatibilidad; pero parecemos que no andamos descalificados al creer que una de ellas, y no de las últimas, fué el decreto de 21 de Enero de 1874, expedido por el señor ministro de la Guerra, marqués de Sierra-Bullones (q. s. g. g.) tan respetable como cumplidísimo caballero y bizarro militar, como desprovisto de autoridad científica entre los jurisconsultos y comentaristas del Código penal, y para dirigir públicas reprimendas á la magistratura; y menos aún en aquella época en que llevaba seis años consecutivos de ser extraordinariamente considerada, respetada y enaltecida, no sólo parte de los Gobiernos, sino hasta por los más furibundos demagogos.

El orden público, base de toda sociedad y condición esencial de vida para las naciones, reclamaba, á no dudarlo, en nuestro perturbado país, la atención más preferente por parte de los Gobiernos.

Profundamente alterado, no sólo en las provincias donde los enemigos de todo progreso, alzados en armas, mantenían la guerra civil, sino en otros puntos donde con propósitos no menos vituperables se había relajado la disciplina social y se habían perpe-
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 186

trado los delitos más atroces, el Gobierno, atento al más sagrado de sus deberes, había hecho frente con energía y resolución á estos gravísimos males, que tan honda herida habían abierto en el corazón de la patria.

Sus esfuerzos habían conseguido aminorarlos en gran parte, ya hiriendo de muerte á los insensatos partidarios del cantonalismo, vencidos por el arrojo de nuestros soldados donde quiera que habían intentado probar fortuna, ya restableciendo el imperio de la obediencia á las autoridades, allí donde era desconocida y hollada, ya, en fin, devolviendo á la inmensa mayoría de los pueblos el inapreciable beneficio de la tranquilidad moral, con tan ardiente anhelo demandada; pero no se negará que á remediar aquellos males, originados primaria y principalmente en la indisciplina de las fuerzas dependientes del ministerio de la Guerra, habían contribuido con singular decisión, con un valor cívico digno del mayor elogio los tribunales de justicia.

La completa pacificación del país, primero, y preferente objeto del Gobierno, no podía realizarse hasta que se pusiera feliz término á la guerra fratricida que devastaba las comarcas del Norte y Levante de la Península, y que, reanimando las esperanzas de los fanáticos partidarios de una causa condenada por la civilización y el espíritu de los tiempos, los inducía á prolongar la inquietud pública por todos los medios que estaban á su alcance, y daba pretexto á los malhechores y criminales para cometer los mayores atentados.

Excitaban, entre estos, muy particularmente la indignación pública con grande escándalo de las naciones cultas, los estragos que frecuentemente se causaban en los ferro-carriles. Destrucción de los hilos y postes del telégrafo destinado al servicio y seguridad de aquellas vías; cambio de las señales empleadas para la dirección y resguardo de los trenes; ataques de estos á mano armada con el robo, el saqueo, y á veces el incendio, cortaduras en la vía y voladuras de puentes; levantamientos de rails para producir súbitos descarrilamientos que ocasionaban centenares de víctimas; cuantos medios podía discurrir é intervenir la más refinada perver­sidad se habían empleado y se empleaban constantemente, no sólo en las provincias en donde existían fuerzas rebeldes organizadas, sino en otras comarcas como la Mancha, Andalucía y Ex-
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 187

tremadura, donde á menudo insignificantes cuadrillas de malvados y foragidos se entregaban á la perpetración de tan horribles violencias.

Pero si esto es cierto, no lo es menos que los delitos de que se trataba estaban penados en el artículo 561, capítulo 7.; título 13, libro 2.º del Código penal bajo el epígrafe "del incendio y otros extravas," cuando pareció conveniente al dignísimo señor marqués de Sierra-Bullones, al antiguo y valerosísimo ayudante del señor duque de la Victoria, que además de estar comprendidos en el artículo, capítulo, título y libro del Código penal expresados, debían considerarse comprendidos también en otros artículo, capítulo y título del mismo libro; y como no era natural, que ni él ni ninguno de los bizarras militares que á sus órdenes estaban fuesen muy fuertes en teoría ni práctica de codificación civil, no tiene hasta cierto punto nada de extraño que el señor general Zavala, que era ministro, pero no jurisconsulto, no cayera en la cuenta de que un mismo idéntico delito no podía estar previsto y castigado en dos artículos, en dos capítulos y en dos títulos diferentes del Código penal.

Tampoco era menos cierto que los Tribunales ordinarios, no dejaban de perseguir activamente todos los delitos de esa especie que se cometían en los territorios de su jurisdicción respectiva; pero sin embargo de esto creyó en una exaltación de su patriótico celo por la causa del orden público que, usando de las facultades de que se hallaba revestido el Gobierno de la república, tocábale á él proponer al Consejo de ministros y referenciar el decreto siguiente:

"Artículo 1.º El levantamiento de los raíles de los ferro-carriles, la interceptación de la vía por cualquier medio, las cortaduras de puentes, el ataque á los trenes á mano armada, la destrucción ó deterioro de los efectos destinados á la explotación y todos los demás daños causados en las vías férreas que puedan perjudicar á la seguridad de los viajeros ó mercancías se reputarán delitos contra el orden público, y se castigarán, según los casos, con la pena de muerte ó las demás prevenidas en los capítulos 1.º y 2.º, título 3.º, libro II del Código penal.

"Art. 2.º Los reos de estos delitos serán entregados inmediatamente después de su aprehensión, con las diligencias sumarias
Revista de España (1880-05-01 00:00:00), página 188

que se instruirán en el acto, á la autoridad militar correspondiente, para que, sometiéndolos al Consejo de guerra prevenido en la ley vigente de orden público, se les imponga el condigno castigo, ejecutándose desde luego el fallo que recaiga.

"Art. 3.º Cada uno de los individuos que pertenezcan á la partida que haya cometido cualquiera de los delitos expresados en el art. 1.º, será responsable de los mismos, aplicándosele en tal concepto la pena á que se hubiere hecho acreedor.

"Art. 4.º Las disposiciones que preceden son aplicables á todos los reos de los delitos á que las mismas se refieren, sin distinción de fuero, clase ni condiciones."

Que semejante decreto reformaba el Código y la ley de organización del Poder judicial en lo relativo á la competencia de jurisdicción, y que esto era en todo caso materia propia para preparada y resuelta en el ministerio de Gracia y Justicia, parécenos que no puede ser discutible; pero el hecho es que el tal decreto se publicó primero en la Gaceta del 22 de Enero y después rectificado en la del 23, bajo el epígrafe de "Ministerio de la Guerra," y refrendado por el titular á la sazon de este ministerio Sr. D. Juan Zavala.

Aun hallándose entonces España sometida en realidad á una dictadura militar, producto de un acto de fuerza ó de rebelion militar; aun dentro de nuestras tradiciones militares, el decreto era realmente inusitado y no pudo menos de producir asombro; pero tanto ó más que el decreto ¡lo produjeron los dos siguientes párrafos del preámbulo, actos primeros de una serie aún no terminada, al parecer, y que, como dos formidables sablazos, se descargaron sobre los Tribunales ordinarios, y muy especialmente sobre el Tribunal Supremo, encargado en primer término de velar por la recta interpretacion de las leyes y de aclararlas fijando su interpretacion.

"La equivocada creencia en que los encargados de la administracion de justicia han estado al suponer que tales delitos no deben calificarse de rebelion ó sedicion; los lentos trámites que antes de la ley vigente sobre enjuiciamiento criminal tenian que guardarse para la sustanciacion de las causas correspondientes á la jurisdicción ordinaria; la falta de pruebas ó la dificultad de obtenerlas en muchas ocasiones, y otros motivos que seria prolijo y