ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 482

su reversion á la Corona, el gravar á los poseedores de las rentas con juros que llevaban el nombre de Situados, llegando éstos algunas veces á ser mayores que los productos de las alcabalas sobre que pesaban, medio sencillo y eficaz, pero que no calificamos, de que los poseedores abandonaran su derecho á percibirlas.

Crecido número, por no decir la mayor parte, de las donaciones reales fueron esencialmente graciosas aunque llevaran la calificación de remuneratorias; puesto que hablando el lenguaje de las leyes referentes á esta materia, bajo la palabra graciosas no se designan y comprenden solo aquellas donaciones efecto de mera liberalidad de los concedentes, sin previo motivo ni relación de causa, sino también todas aquellas en que no haya intervenido precio correspondiente de venta efectiva. Si así no estuviera declarado, y si se quisiera circunscribir el concepto de graciosas al valor que se ha pretendido darlas, apenas habría una donación, un auto de merced soberana en favor de un vasallo, tratando de honrarle y enriquecerle con bienes, rentas ó derechos de la Corona que no haya tenido por causa eficiente los servicios del agraciado ó de sus antepasados, y por objeto razonado su premio, estímulo, remuneración ó recompensa. Por esta consideración no era dudoso el tenor y espíritu de la Real Pragmática de 30 de Agosto de 1800, pues al mandar se pagase media anualidad de los frutos, rentas y derechos que por donaciones graciosas se derivaren en las vacantes sucesivas, el precepto hubo de emplear aquella palabra en la acepción legal y filosófica que queda expresada, porque de lo contrario la ley hubiera sido en su esencia inútil ó inaplicable en este punto, como que acaso no existirá una donación que sea puramente graciosá sino ocasionada por servicio, premio, ventaja ó recompensa.

En este sentido la comisión gubernativa, estableció en 30 de Setiembre de 1802 la sujeción al pago de la media anualidad respecto á todos los frutos, rentas y derechos que hubieran salido de la Corona, en virtud de privilegios de los reyes de España, por merced ó cualesquiera otras causas en que no hubiera intervenido precio de venta efectiva, y con arreglo á estas bases hizo las declaraciones convenientes que fueron aprobadas por Don Carlos IV. Además, y en corroboración de lo que en el orden civil se establecía en la Real Cédula de 15 de Agosto de 1805, com-
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 483

prensivo del Brebe de S. S. de 9 de Abril; se declaró prévia la impetración apostólica, que le fué otorgada, "que la expresada contribución fuera y se entendiera de los frutos, rentas y derechos que percibieren las iglesias, monasterios y cualquiera corporación á manos muertas por donaciones de la Corona en la que no hubiera intervenido precio correspondiente, sin excepción alguna, comprendiéndose en el pago á los que se hallasen subrogados en lugar de los primeros, ó se hubieran adquirido de otros donatarios de la Corona por título lucrativo."

Este es, en sumario, el origen y legislación bajo cuyo imperio se verificó la egresión de alcabalas, oficios y derechos, unas veces como recompensa de servicios, otras graciosamente, y las más á título oneroso; enajenaciones que adolecen, por punto general, de vicio de nulidad, no sólo por estar hechas contraviniendo á las leyes, si también porque el donante no era dueño de lo que donaba por más tiempo del de su vida, aun prescindiendo de que los tributos, derechos y oficios han sido siempre del reino y no del monarca que los disfrutaba, en concepto de constituir el patrimonio inalienable de la Corona, sin que los compradores pudieran alegar buena fe en la adquisición á perpetuidad, después de tantas protestas y reclamaciones de las Cortes, juramentos y mandatos de los reyes, que bajo pena de excomunión se comprometieron á no hacer desmembraciones, reconociendo lo ineficaz de los contratos que querían y mandaban no se reconocieran como válidos.

Pero si los reyes olvidaban con tanta frecuencia sus juramentos, los señores, y con especialidad los allegados al poder, tampoco se ocupaban gran cosa del riesgo que la ilegalidad de la adquisición les ofreciera y mucho menos para tener en cuenta el daño que hacían á su patria, apreciando únicamente el beneficio que reportaban de lo ínfimo del precio de las compras, por la seguridad de inmediato reintegro del capital desembolsado, puesto que les ofrecía ancha margen el título de perpetuidad y las exacciones y vejaciones que impunemente cometían.

Los poseedores de las alcabalas enajenadas las administraban por sí, las daban en arrendamiento, ó las cobraban por encabezamiento que hacían con los pueblos según les parecía, con notable
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 484

gravamen de los mismos á quienes se imponía. Así continuaron las cosas hasta 1817, en el que Don Fernando VII ordenó que ninguno de los dueños las percibiera directamente del contribuyente, encargándose las oficinas de Rentas de su cobranza, pero sólo en administración, pues que debía entregar sus productos á los partícipes con la deducción, primero del 4 por 100 y después del 10, en concepto de gastos de administración, y 5 por 100 para amortizar la Deuda pública.

Esta disposición, que obedecía á la necesidad de allegar recursos y de dar satisfacción al clamor público, que contra tales derechos se levantaron, fué, en realidad, nueva e importante concesión que se otorgaba. Con el trascurso de los tiempos habían variado las condiciones sociales, y la administración directa de tan vejatorio impuesto, fácil cuando la autoridad señorial era omnipotente, resultaba, por las corrientes y nuevas ideas que se advertían, difícil cuando no peligrosa. De manera que de no variarse el sistema antiguo, es probable que los alcabaleros experimentaran el sentimiento de haber visto desaparecer hace muchos años unos beneficios que se apresurarian á renunciar por su disminución positiva y en evitación de riesgos positivos que les amenazaban. Gracias, pues, á dicha concesión, y á través de tantas vicisitudes, han salido incólumes y sin lesion unos derechos que dejaron de existir, lo mismo que los que en su lugar se establecieron, por consecuencia de las reformas y cambios en el sistema tributario.

Era lógico suponer que, habiéndose enagenado las alcabalas por escrituras públicas, con la expresión de que se hacían dueños de ellas, con los aumentos y descensos consiguientes; no siendo la Hacienda pública propietaria, sino administradora de aquella gabela, al desaparecer legalmente su exacción, también debía desaparecer para el que hasta entonces había percibido las utilidades. Pero no sucedió así: las rentas provinciales dejaron de figurar en el sistema tributario, y la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 1845, al reemplazarlas por el impuesto sobre el consumo, estableció, según el art. 16, que de los productos de este derecho se satisfaciera á los dueños de alcabalas y cientos enagenados, la cantidad que resultase haberles correspondido en el año común del quinquenio de 1840 á 1844 inclusive: abono que había de continuar en tanto que no se acordase otro medio de indemnización.
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 485

Resultado de esta disposición fue que las administraciones de Contribuciones indirectas, careciendo de los datos y de la instrucción indispensables, apremiadas por exigentes trabajos que reclamaba el planteamiento del nuevo sistema, ó por causas desconocidas, procedieron, por regla general, salvo excepciones honrosas, con lijeriza y falta de exactitud lamentables. Circunstancias son estas con posterioridad desmostradas; y hecho reparable el haber desaparecido en muchas provincias los antecedentes en que se fundaron las liquidaciones, y ofreciéndose además el hecho curioso en verdad, de que una población de Andalucía que á fines del siglo XVII obtuvo privilegio que le exceptuaba del pago de alcabatas, pero no dando derecho á imponerlas y cobrarlas, hiciera valer este título para que se le considerase, como se le le consideró, y es fácil aún continúe como acreedor, á percibir de la Hacienda la cantidad anual equivalente al producto que podían dar aquellas, es decir, constituirse el natural contribuyente en poseedor de tributos y el exceptuado de un pago en acreedor por la propia obligación de que se le hubo dispensado. ¿Cabe mayor absurdo administrativo?

No es este el único ejemplo que citarse pudiera de la injusticia de ciertas cargas: muchos privilegios hemos examinado, en los cuales se expresa: "Por hacer bien y merced á N. N., y por sus muchos y buenos servicios damos la villa de X. por juro de heredad, con el señorío y justicia, pechos y derechos, etc." ¿Puede esto considerarse como título oneroso subsistente á perpetuidad para el percibo de la indemnización por alcabatas? ¿No se hallan tales derechos comprendidos en los efectos de las leyes de 1811 y 1837 declarando incorporados á la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición que fueran? Pues continúan subsistentes los efectos de tales concesiones.

Lejos de nuestro ánimo el juzgar y resolver sobre la validez de las cargas de justicia que figuran en los presupuestos, ya que autoridad y conocimientos nos faltan para verificarlo; así es que las palabras, las opiniones, las dudas que expresemos, no tienen valor ni fuerza alguna, á no ser la de excitar el deseo de que se ocupen de esclarecerlas, aquellas personas competentes ó aficionadas al estudio y examen de estas difíciles cuestiones, tratadas con mucho conocimiento y discreción por los ilustrados Fiscales que fueron del Consejo, cuando á fines del siglo pasado agitaban la reverberación
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 486

á la Corona de lo que á la misma pertenecía, y en luminosos escritos que se redactaron en los centros del ministerio de Hacienda y fueron sometidos á la comisión de señores diputados nombrada á los efectos de la ley de 29 de Abril de 1853. Pero procurando no traspasar los límites que nos hemos trazado apuntaremos, para terminar este capítulo y sólo como recuerdo histórico, el origen de algunas de las más importantes cargas que figuran y han figurado en el artículo 1.º, del capítulo 1.º, sección 4.ª, Obligaciones generales del Estado.

La Lleuda, según el erudito Sr. Canga Argüelles, era un derecho enfitéutico, de origen inmemorial, que se cobraba en Valencia y Cataluña, reducido al pago de tanto por peso, número ó medida de los géneros y artículos que pasaban por tierra y de los que conducían las embarcaciones por los mares entre Mallorca, Menorca y desde Tortosa á Cabo de Creus. Este derecho enfitéutico, por más que no parezca exacta la denominación, se desconoce si en el mismo concepto le disfrutaban los monarcas de Aragón, no siendo aventurado suponer que poseían el dominio directo, haciendo cesiones del útil.

Así pues, por instrumento otorgado en 1296, el rey Don Jaime II de Aragón hizo cesión en enfitéusis perpetua e irrevocable á Pedro Burqués y Bernardo Marquet del derecho de la Lezda (ó Lleuda), tanto de mar como de tierra de Barcelona, declarándoles la posesión con tal que hiciesen el debido pago, concediéndole para el día de Santa Cruz de cada año sucesivo, dos morabetinos alfonsinos de oro, satisfaciendo en cambio los adquirentes por cada uno de aquellos, nueve sueldos de moneda de Barcelona de terno. Extendióse inmediatamente la carta de pago en la que el rey confesaba haber recibido el valor de la egresión, ó sean 80.000 sueldos barceloneses de terno (1) que aquellos se obligaron á pagar por virtud de la donación á censos de dos morabetinos.

Sin noticias para conocer lo que ocurrió pudiera en los siglos posteriores, aparece que promovida la guerra de sucesión, el pre-

(1) El pago se hizo por el valor equivalente que tenía una cantidad de pimienta que entregaron al rey para que, vendiéndola, atendiera á sus necesidades.
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 487

tendiente austriaco, bajo el título de Carlos III, reunió en 1706 Cortes en Barcelona, las cuales, por consecuencia de la resolución acordada de hacer puerto franco aquella capital, propusieron y se aprobó la suspensión del cobro del derecho de Lleuda, y para indemnizar al Patrimonio del rey como señor feudal y á los señores ó poseedores útiles e interesados, se les subrogaba por un derecho sobre el vino, aguardiente y vinagre que llegasen al puerto. Terminada que fué la guerra, y posesionado de la ciudad Don Felipe V, hubo de verificarlo igualmente de todos los tributos, en castigo de la rebeldía y reintegro de lo que adeudaba al Erario, apoderándose por consecuencia de la prestación de que nos ocupamos; pero una corporación respetable copartícipe en el percibo del impuesto, reclamó y obtuvo sentencia del Tribunal de la Superintendencia de Cataluña, que condenó al Real fisco á satisfacer á los partícipes 3.974 libras, por equivalente de las Lezdas real y de Medina en los años de 1715 y 1716.

Este derecho continuó hasta 1838, en que lo suprimió la autoridad política de Barcelona, siendo rehabilitado en el mismo año por real orden, dándose ocasión ó pretexto con ello, para que en el movimiento popular que tuvo lugar en 1841, la Junta de vigilancia dispusiera su cesación, que fué confirmada por el Gobierno, reservando á los interesados el derecho á reclamar la indemnización que correspondiere, previa la aprobación de las Cortes. No se demoraron las peticiones; pero, sin llegar á resolverse, vino el año 1845, y dispuesta la indemnización de productos anuales de las alcabalas, otra real orden de 1846, por analogía, autorizó á comprender en esta disposición La Lezda de Barcelona, procediéndose á su liquidación, determinándose el abono anual de 184.864 reales, como carga de justicia. El precio de la egresión ó valor de la pimienta fué de 80.000 sueldos de terno, que representan 129.075 reales (pues según Salat, en su Tratado de monedas antiguas de Cataluña, 12 sueldos de terno equivalían á 19 reales 12 8/12 maravedíses): el importe efectivo, satisfecho anualmente, á contar desde 1846, como carga de justicia, ha sido el expresado de 184.864 reales, cesando de figurar desde el año actual, á virtud de una real orden de Febrero de 1880, en virtud de la que, habiéndose concertado los partícipes, á los efectos de las leyes de 1876 y 1877, con el Gobierno, se les hizo entrega de 1.185 Bonos
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 488

del Tesoro, cuyo valor nominal, y aún el efectivo, excede de dos millones de reales.

El oficio de Correo mayor era una de las dignidades en los siglos XVI y XVII, de mayor importancia en la Casa Real. Disfrutaban el privilegio de estar precisamente al lado del Monarca en sitio preferente; no podía despacharse, sin que mediara su intervención, ningún pliego ni carta de oficio, y mucho menos de particulares; era de su atribución nombrar los dependientes que las trasportasen; señalar las carreras por donde estos debían transitar; tenía jurisdicción especial y privativa; percibía la cuarta parte de las condenaciones; su casa y veinte más que designará estaban libres y exentas de la carga de aposento; correspondiéndole crecidas asignaciones, teniendo señalado el de Correo mayor de España el salario de 73.000 maravedíes, 60 hachas de cera, además de racion de pan, carne y vino.

El emperador Don Carlos y su madre la reina Doña Juana, concedieron en 1539, á Raimundo de Taxis, por el término de su vida, el oficio de Maestre de Correo mayor de Oestes y postas de la casa y corte en todos los reinos y señoríos, con las preeminencias y prerrogativas anejas á dicho cargo, según así lo habían venido disfrutando Francisco de Taxis, su tío y Juan su padre. Esta merced se hizo no sólo en gracia de los merecimientos de estos, sino en remuneración de los servicios prestados por aquél, tanto en la jornada de Hungría contra el turco, en 1532, como en la de la Goleta de Túnez, y en la entrada en Francia en 1536; disfrutando sucesivamente de dicho privilegio el hijo y nieto del citado Raimundo. El último, ya conde de Villamediana, solicitó y obtuvo la prorrogación de la merced por dos vidas.

Subsistente aún la concesión, Don Felipe IV, atendiendo á los muchos, grandes, agradables, particulares y señalados servicios prestados por Don Inigo Velez, su correo mayor y virey de Nápoles, especialmente á lo que contribuyó para la recuperación de Puertolongo y Pomblin, le hizo merced en 1631 de doce mil ducados de renta perpétua en cada un año, situándolos sobre los productos de los portes de cartas que fuesen rindiendo las estafetas de la Corte; pero expresando no debía entrar á su disfrute hasta
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 489

después de fallecidas las dos vidas, porque estaba otorgada la concesión á su casa, todo lo cual, fué confirmado en 1708. Incorporado á la corona este oficio, se mandó que en recompensas de los 166.953 doblones de á dos escudos de oro, que por él se habían dado á la Hacienda, para perpetuarles, se abonasen 6 678 doblones anuales mientras no se reintegrase la expresada cantidad, recompensa que, aumentada con los 12.000 ducados, constituye la carga de justicia de 532.680 reales anuales, que se satisface en este capítulo del presupuesto.

En 1663 dió en venta Real doña Catalina Velez de Guevara al Sr. Andrea Piquinoti, el oficio de Correo mayor de la república de Génova, por juro de heredad con los honores y preeminencias conforme al Título que de él se había despachado en 1646 en cabeza de D. Íñigo Velez (por sus servicios y por vía de ayuda de costas en la ocasión de ser Embajador en Roma) libre de toda carga, por precio de 45.000 reales de á ocho en plata doble que había de pagar el día en que recayera la confirmación del Rey. Obtuvo esta, en efecto, expresando que en atención á que dicha señora y su esposo habían propuesto servir á S. M. con los dichos 45.000 reales de á ocho, y además con 14.256,379 maravedises en libranzas que tenían contra la Hacienda procedentes de portes de Cartas de Italia y Flandes, hacíales merced, perpetuando en su casa algunos oficios de Correo mayor para que pudieran incorporarlos á su mayorazgo.

Había otro oficio de correo mayor, que era el de Indias, cuyo origen merece conocerse.

En 1514 consignaba una real cédula que habiendo aumentado las relaciones de la Península con las Indias del mar Océano y tierra firme, que entonces se llamaba Castilla de Oro, y por lo tanto la necesidad de regularizar las comunicaciones, toda vez que las personas á las que se encomendaba la correspondencia, no tenían obligación ni responsabilidad, lo cual producía perjuicios que se debían remediar; acordaba para ello proveer persona que tuviera especial cuidado de los correos y mensajeros que se hubieran de despachar, haciendo bien y merced al doctor Lorenzo Galindez de su consejo, acatando los muchos y leales servicios que había prestado y prestaba y en alguna emmienda y remane-
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 49

la longevidad de algunos árboles: el ciprés, 6.000 años; el baobá, 5.000; el tejo, 3.000; el cedro del Líbano, 3.000; las sequías de California, 3.000; el castaño, 3.000; el olivo, 2.500; la encina, 1.600; el naranjo, 1.500; el plátano de Oriente, 1.200; la lima, 600; el fresno, 400; la palma de cacao, 300; el peral, 300; el manzano, 200; la palma de vino del Brasil, 150.

Mas en muchas de estas cifras hay manifiesta exageración, y la mayor parte necesitan de una comprobación seria. El procedimiento seguido de contar las capas sucesivas de crecimiento, se sabe hoy que no puede dar con entera exactitud el número de años de vida del árbol, porque, aparte de la dificultad que ofrece hacerlo en ocasiones, ciertas dicotilidomias forman dos capas por año en los países secos y cálidos. Recientemente han sido cortadas varias sequías de California, famosas en el respecto que nos ocupa, y esto ha permitido curiosas observaciones á M. Lemmon (1), quien del examen de muchos centenares de estos colosos, —que tenían nombres propios que él cita,—ha deducido que los más viejos alcanzaban edades de 1.200 á 1.500 años.

Si es interesante la conservación de los vegetales vivos, no lo es menos para el botánico la de los cadáveres de los mismos, ya que ha de servirse indispensablemente de estos para el conocimiento de los que crecen en las regiones apartadas, y aún de los mismos de su país en la época en que no se hallan en flor. Bajo este respecto es particularmente curiosa una nota de A. de Candolle (2) sobre un ejemplo de poder muy considerable de conservación de las partes verdes de los vegetales en agua salada. Una rama del arbusto del café, con sus frutos aún verdes, regalada al padre del autor del trabajo, hace ya cincuenta y tres años, había sido guardada en vasija llena de dicho líquido. Estudiado este resultó que estaba desprovisto de gas disuelto, y por tanto que había sido hervido, con cuya precaución no sólo había mantenido el ejemplar perfectamente durante medio siglo, sino que, á estar mejor tapada la vasija, se hubiera aún prolongado mucho más tiempo su virtud. Recomienda el ilustre botánico ensayar el agua salada, hervida como medio general, y cita como ejemplo la utilidad que

(1) Botanical Gazette; Oct. y Nov. de 1878.
(2) Conservation de feuilles et fruits dans l'eau salée.—Archiv, des saphis, et nat. 1878.
Revista de España (1880-03-01 00:00:00), página 490

caudo de la negociacion, le hacia merced, gracia y donacion para, perfecta e irrevocable para siempre del oficio de correo mayor de las islas Indias y tierra firme del mar Océano, descubiertas ó por descubrir.

Con motivo del descubrimiento de las islas de Maluco y otras tierras de la Especería, suscitáronse dificultades para la extensión de la gracia á los nuevos territorios; pero el doctor Galindez hizo valer su derecho y quedó confirmado en 1525.

Así continuaron las cosas hasta que Don Felipe V ordenó la incorporacion de este oficio á la Corona en 1717, y entonces comenzó una dilatada serie de pleitos, reclamaciones, opiniones encontradas y resoluciones que fuera largo de narrar. Baste decir que en 1720 á fin de transigir el litigio, se dictaba una real cédula, ordenando que el virey de Lima, Príncipe de Santo-Bono, manifestase cuáles eran los productos del oficio, para recompensar según ellos al poseedor, pero con la misma fecha se enviaba otra por la vía reservada, previniéndole no llevarse á cabo lo que en aquella se ordenaba. A pesar de estar acreditado que los Chasquis de Lima, y las provincias los tenía el poseedor arrendados en siete mil pesos anuales, el rey se desentendió de esta circunstancia, proponiéndose realizar la incorporacion, para lo que sin embargo hubo tales obstáculos y dificultades que deseando dar equitativa cancelacion á tantos pleitos y reclamaciones nombró una junta que preparase la resolucion definitiva que había de dictar el Consejo.

Sin embargo de ello, y antes de que esto tuviera lugar, el poseedor cedió al rey el oficio de que se trata, confiando en que la recompensa sería muy conforme á la religion, justicia y clemencia de S. M. Acertado auduvo al tomar este acuerdo, puesto que se llegó á una composicion que contiene quince cláusulas ó capitulos, en los que, además de una grandeza de España, con exencion de pago de derechos, título honorario de correo mayor de Indias, perdón de débitos por lanzas y medias annatas, y de otras concesiones, tales como la de un título de Castilla, facultad de desvincular bienes en el Perú, paseo libre en buque del Estado para trasladarse de aquel punto la familia del cedente, y auxilio de siete mil pesos para gastos de transporte de la misma á España, se determina la obligacion de pagarles, como recompensa, para él y sus sucesores, la cantidad anual de 14,000 pesos sencillos, situados