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No hemos querido omitir el recuerdo de estos acontecimientos, que tras de sí han arrastrado la larga cadena de desastres que alejaron á España del punto de prosperidad interior, y de influencia externa á que su noble brío y el destello de liberalismo que arrojaba la Constitución de 1812 la llamaban. El pueblo no tenía repugnancia á entrar en el ejercicio de los derechos políticos, y prontamente á ellos se hubiera acostumbrado, á no haberse opuesto, y en los términos que lo hicieron, las clases y personas por quienes había vertido prodigiosamente su sangre. Hábese censurado el referido Código por su extensión (348 artículos) y por comprender disposiciones secundarias propias de leyes comunes ó de reglamentos. Algo exacto puede haber en semejante crítica, pero—la verdad sea dicha—hámos hecho comprender la experiencia que trae eso menos inconvenientes que lo indeterminado en los preceptos de otras leyes á tan mínima expresión reducidas, que más bien parecían un índice que una obra; más vale aquella extremada prevision, dirigida á impedir que se tergiversasen las reglas fijadas, que la vaguedad de otras constituciones, cuya mayor censura se ha hecho al decir que por semejante medio podrían con ellas gobernar interpretándolas á su sabor los partidos de más contrapuestos principios. Con la Constitución de 1812, en los dos períodos primeros, se organizará la administración provincial y municipal, y se plantearon trascendentales reformas civiles y económicas, en cuyo elogio basta decir que casi todas ellas han sido después reconocidas y practicadas.

Pasaron al fin aquellos años en que las persecuciones, los escoces y las torpezas del absolutismo, apoyado por turbas ignorantes y fanáticas, fueron haciéndolo cada vez más conocido y por tanto más odioso. El liberalismo se mantuvo en la gente ilustrada, se generalizó en la clase media, y se infundió en la juventud que frecuentaba las Universidades. La conspiración que desde altas regiones había provocado nuestra primera guerra civil, y por epílogo de ella la intervención extranjera, fué dando fuerza al bando más reaccionario, que ya miraba con disgusto al mismo Fernando VII, y no transigía con los derechos de su descendencia. Precisado se vió á echarse en brazos de los liberales, y esta necesidad trajo la publicación del Estatuto Real. De buena fe sin duda, cometieron sus autores un error gravísimo. Fácil debió haber-
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les sido conocer que no bastaban términos indecisos y descoloridos, y que poco se adelantaba no entrando franca y resueltamente en el régimen constitucional.

El Estatuto no hacía más que establecer las leyes de la Nueva Recopilación, excluidas, por Real Orden, de la Novísima; lo cual equivalía á reconocer y proclamar la ilegalidad de los Gobiernos que de las referidas leyes habían prescindido. Con arreglo á ellas se convocaban las Cortes, pero sujetando su forma y limitando sus atribuciones á las que antiguamente se celebraban en Castilla. ¿Cómo no comprendieron los ilustres varones que entonces constituían el Gobierno, que no era eso acomodado al cambio social que el pueblo había experimentado? ¿Cómo les pasó desapercibido que vigorizaban sólo la Constitución de Castilla, sin aprovechar nada de las de Aragón y Navarra? ¿Cómo no adivinaron la desventaja que para el Estatuto resultaría del cotejo con la Constitución de Cádiz, enalteceda en la opinión por la manera con que la habían derrotado los reaccionarios, ya entonces constituidos en rebeldía?... Temieron tal vez que las discusiones se acalorasen, y ni aun esto—que no era gran peligro—consiguieron, porque en los Estamentos alzóse la voz de elocuentes tribunos; pidióse la declaración de derechos individuales y políticos; y al cabo de poco tiempo, convocáronse unas Cortes con cierto carácter constituyente (1) que no llegaron á reunirse, porque tal estaba el espíritu público, que bastó la intervención turbulenta de dos sargentos en la Granja, para que cayese el Estatuto y por tercera vez se proclamase la Constitución de 1812.

Funcionó ésta interinamente; ningún empeño hubo en sostenerla, y con intención patriótica se unieron los dos partidos entonces en acción,—el moderado y el progresista,—conviniéndose en formar una Constitución para todos aceptable. Tal fué la de 1837, arreglada al molde de la Carta francesa de 1830; y aunque adoleciese de falta de precisión y claridad, dejando pendiente la observancia de algunos artículos de leyes posteriores, que según el partido que las dictase podían diferir entre sí profundamente.

(1) Sentimos no tener á la vista un proyecto de Constitución que entonces se publicó, y se decía contener el pensamiento del Sr. Istúriz, presidente del Ministerio.
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y fuese incompleta en algunos puntos, tenía un grande espíritu liberal, dentro del cual podían funcionar útil y desahogadamente el progresista y el moderado, que entonces no se hallaba comprometido en el camino de resistencia y de retroceso. Por desgracia mantuvo poco tiempo en esa posición, que el bien público reclamaba; profundizóse la línea que á los dos partidos dividía, y una ley sobre elección de alcaldes dió ocasión al pronunciamiento de Setiembre, que hizo abdicar su regencia á la Reina gobernadora. Si culpa grande tuvo el bando moderado, bien hubiera hecho por su parte el progresista en limitarse á las peleas legales, en las que le hubiera dado triunfo el apoyo popular. La Constitución tomará entonces cada vez más crédito y firmeza; la educación política habría prosperado; no contaría la historia el numeroso e infecundo cambio de leyes fundamentales; y hubiérase rechazado la intervención de la fuerza, que tanto ha dominado, dando lugar á que haya sido necesario recibir y pregonar que esas revoluciones son una especie de juicio de Dios—¡poco estable entre nosotros!—y que cuando los actos por semejante medio efectuados obtienen la sanción del silencio y la aquiescencia del pueblo, á manera de plebiscito, conviértense en legalidad perfecta.

No tardó en apelar á iguales recursos el partido moderado, que en esto no tiene derecho á echar nada en cara á sus adversarios. El año 1843 presenció una de esas coaliciones que más de una vez se han repetido; los progresistas rompieron su unidad por rivalidades personales; los moderados también dejaron vislumbrar dos tendencias que después se pronunciarán abiertamente, las de los aficionados á la reacción, y las de los conservadores-liberales, á quienes se empezó dando el apodo de puritanos. Desengaño de su error el progresista, agrupóse al rededor de la Constitución de 1837, marcando ya alguna parte sus aficiones avanzadas ó democráticas; pero todo fué inútil: aquella Constitución vióse reemplazada por la de 1845, suprimiendo ó cambiando las disposiciones de carácter liberal más pronunciado (1). ¿Por qué y para qué?

(1) Haremos un ligero análisis de las diferencias que resultaron entre las dos Constituciones. La de 1845 suprimió lo que la anterior ordenaba, respecto á que los delitos de imprenta se juzgaseen exclusivamente por Juzgados. No consignó la unidad de fueros. Estableció que la religión de los
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La necesidad no era grande; nulo el peligro de no realizar el cambio; grave e inevitable el daño que venía unido á la movilidad de las leyes, que más requieren estabilidad y firmeza; y allí puede decirse que se inauguró una serie de lamentables sucesos.

No hemos de negar que los gobernantes de 1845 organizaron la administración pública y los sistemas de Hacienda, desarrollando las tendencias autoritarias que la Constitución inquiría; ni es de extrañar, por tanto, que el movimiento de descenso se apresurara, cediendo cada vez más al empuje de los absolutistas y ultramontanos. D. Juan Brabo Murillo, á quien no faltaban condiciones honorosas de hombre público, se constituyó en jefe del partido ultra-moderado, y durante su presidencia del Gobierno (1850 á 1852) quiso parodiar los procedimientos napoleónicos, fraguando una Constitución análoga á la del Imperio, y acudiendo, para plantearla sin trabajo, á un plebiscito de nuevo género, puesto que no apelaba al sufragio universal, ni restringido, sino á manifestaciones de los Ayuntamientos favorables á su proyecto. Todo esto zozobró; el reaccionarismo tocaba á sus límites; la agitación y el descontento cundían; las rebeliones armadas habían aparecido; las persecuciones arbitrarias se habían extremado, y al cabo triunfó el levantamiento de 1854, que encabezaban jefes de opiniones liberales, pero no de las más avanzadas. Convocadas Cortes Constituyentes, aprobaron en 1856 una Constitución que no llegó á promulgarse. Grandemente liberal, proclamaba de nuevo la soberanía del pueblo, mejorando en ese sentido la de 1837. En su abono tenía la circunstancia muy apreciable de que la comisión redactora se compuso de representantes de todos los partidos, entre los que figuraban hombres tan competentes como Olézaga y Ríos Rosas. Aquellas Cortes, cuya laboriosidad é ilustrado celo

españoles sería la católica, apostólica, romana, aumentando con esto el artículo 11 de la del 37, que sólo fijaba la obligación de mantener el culto y la religión católica (ligérrimo vislumbre de tolerancia); cambió enteramente la organización del Senado, aristocratizándolo y dejando su nombramiento al Rey, en vez del de elección popular en lista triple. Suprimió el artículo 97 que autorizaba á las Cortes para reunirse el 1.º de Diciembre de cada año, si el Rey no las convocaba; el número 2.º del 40, que las facultaba para resolver cualquier duda de hecho ó de derecho que ocurriese en orden á la sucesión á la corona; el caso 5.º del art. 48, que exigía autorización por ley especial para que el Rey contraiga matrimonio; el 77, que establecía la Milicia Nacional; el 1.º adicional sobre el juicio por Jurados, y otras alteraciones que omitimos por ser menos importantes.
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han reconocido sus mismos adversarios, tuvieron la fatalidad de que en su seno surgieran nuevas divisiones,—la unión liberal, especie de moderantismo progresista, el progresismo puro y la fracción democrática que hasta entonces no había formado cuerpo;—y, por último, otro golpe armado destruyó las Cortes, mandó al olvido la Constitución y dió principio á nueva legalidad, resucitando la de 1845. Los jefes y autores de aquel suceso, que eran los mismos que del de 1854, no abandonaron del todo sus ideas y compromisos, queriendo salvar parte de ellas en el acta adicional de 15 de Setiembre de dicho año, en la que reservaban al Jurado los delitos de imprenta, vedaban el extrañamiento y la deportación de los españoles, exigían que las Cortes estuviesen reunidas á lo menos cuatro meses al año, y fijaban algunas otras reglas encaminadas á evitar abusos que se habían sentido y motivado el anterior movimiento revolucionario. No era mucho el progreso que entrañaba el acta adicional; pero envolvía una censura á la Constitución de 1845 y mostraba el temor de que se repitiesen funestos excesos, de no lejano recuerdo. Duró poco, por eso mismo; un Real decreto de 14 de Octubre derogó las disposiciones contenidas en el Acta. El moderantismo absolutista volvía á tomar las riendas del Gobierno, sin modificar en nada sus procedimientos. Lejos de eso, en 17 de Julio de 1857 promulgó otra ley, reformando la organización del Senado en sentido más aristocrático, para lo cual otorgó á los grandes de España el permiso de constituir vinculaciones, y quitó—á fin de mejor dominarlos,—á los Cuerpos Colegiadores la facultad de hacer sus reglamentos, convirtiéndolos en objeto de una ley. Siete años después (20 de Abril de 1864) fué derogada esa reforma, continuando el hábito de no conceder larga vida á las Constituciones.

No conducía á otra cosa la desatentada conducta de los que dirigían las cosas públicas. La reacción puede decirse que había perdido completamente el tino, extremándose de un modo que sublevaba las conciencias: una ley violenta de orden público, aplicada además fuera de medida; desprecio de los restos de libertad municipal; presión ejercida sobre las Cortes con la reforma de los reglamentos; violación de la irresponsabilidad de senadores y diputados; ejemplo nunca visto de deportar á los presidentes de dichos Cuerpos; persecución de ilustres jefes que preveían á donde iba
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flejos, á consecuencia de la percepcion consciente en el mismo sentido. Dejándole en sus disquisiciones acerca de si toda esa serie de fenómenos sería efecto de un mecanismo sin vida, ó tal vez de una inteligencia presente solo á los centros nerviosos, así como también, respecto á la influencia de la virtud curativa de la naturaleza, la metafísica de lo inconsciente, concluye en un neo-panteísmo combatido con más justicia que el principio en que se funda el sistema. A pesar de todas las censuras, el principio de lo inconsciente en los organismos quedará recogido y aceptado por la moderna biología, poniéndose término, mediante él, á esa lucha y enemiga que parece inacabable entre los sistemas especulativos y los fisiológicos.

Cap. X.—Rodolfo-Hermann Lotze.—Después de una exposición de las doctrinas psicológicas de Lotze, entra el Sr. Reus á considerar aquellas que atañen más directamente al problema de la vida, la relación entre el espíritu y el cuerpo. ¡Es posible una reacción entre estas dos sustancias, material la una, espiritual la otra? Este problema—dice—no es más oscuro ni encierra más misterios que la acción y la reacción entre las moléculas: no conocemos la materia mejor que el espíritu: no es exacto que sepamos mucho de las relaciones materiales y nada de las psicológicas. Para él, la materialidad es tan sólo una forma fenomenal que revela al espíritu humano en determinadas circunstancias una realidad suprasensible en sí y semejante al alma: puede considerarse la materia como una sombra, pero esta sombra está proyectada por otra realidad, que es el fondo sustancial de la materia misma; así, la materia no obra sobre el alma por medio de esas fuerzas motrices de que está dotada, sino en virtud de cierta actividad interna que le pertenece, y no toma para el espíritu humano la forma de fuerza, sino cuando se trata de un choque de elemento á elemento, cumplido en el espacio. Este sentido de Lotze encuentra extraordinario eco y resonancia en las ciencias naturales de Europa. Llámese fuerza, llámese como se quiera, existe cierta comunidad de caracteres entre el espíritu y la materia: tal es la conclusión más saneada de la doctrina de Lotze, y lo que vive y quedará de ella. ¿Qué acción (se pregunta) ejercen los órganos y el conjunto todo del organismo en el desenvol-
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Si lleváramos la ceguedad ó la desesperación de los que tan mal cubrían la irresponsabilidad del poder en cuyo nombre obraban; todo concurrió, no á preparar un pronunciamiento, sino á consumar una trascendental revolución. Encauzada al pronto por el Gobierno provisional,—mientras los absolutistas de todas clases y grados iban haciendo sus acostumbrados trabajos de zapa,—cerró su período con la Constitución de 1869, en la que se enlazaban las ideas monárquica y democrática. Esa Constitución mejoraba en la forma y en algunas disposiciones á la de 1812, pero vióse pronto combatida por partidos y por medios que ante nada retrocedieron. El partido vencedor, siguiendo la mala estrella que á otros en su caso ha extraviado, se dividió bien pronto fraccionándose en el constitucional, que en parte recordaba al antiguo partido progresista; en radical, méños detenido por las conveniencias conservadoras; en republicano unitario, apenas perceptible por lo exiguo del número de sus adeptos, y en federal, destinado á un triunfo momentáneo y á una irreparable caída.

Poco duró el Código fundamental promulgado en Junio de 1869. El 11 de Febrero de 1873 se proclamó la república, y el 17 de Julio se presentaba á las Cortes el proyecto federal, que destruía la trabajosa y no bien redondeada unidad española, disolviéndola en 17 Estados regionales, número que se hubiera aumentado, según lo hacia comprender la manera con que empezó á dibujarse el cantonalismo. Aquella Constitución, en proyecto, se hundió en el sitio de Cartagena, y después de la expulsión de diputados y cierreamiento de las Cortes, tan sin dificultad realizado el 3 de Enero de 1874, volvió á quedar vigente, al parecer, la del 69.

Razones no escasas en número ni en importancia, nos mueven á prescindir de acontecimientos que entonces tuvieron lugar, concluyendo en la proclamación de la monarquía de Don Alfonso y de la Constitución de 30 de Junio de 1876, que es la estación á que llega nuestro movimiento político: ¿Qué altura marca en un viaje tan combatido por toda clase de borrascas?... Desde luego debemos hacer constar que, á despecho de los esfuerzos reaccionarios, se ha logrado conservar firme el frontispicio del edificio liberal, lo cual constituye un no pequeño triunfo y una poderosa esperanza de que cada vez más ha de ir fortaleciendo sus cimientos y limpiándose de los escombros absolutistas. La Constitución de
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1876,—bueno en tenerlo presente,—no olvidó en todo la del 69, y copió muchos de sus artículos. Los que alteró ó suprimió fueron los referentes á las prerrogativas régias, que recibieron mayor ensanche, y á la organización del Senado, al que imprimió algo del carácter aristocrático eliminado en 1837, 1856 y 1869, pero sin llegar al semi-feudal de 1845, pues si bien establece los senadores por derecho propio y los vitalicios, fijando su número en 180, púsoles por vía de contrapeso otros tantos electivos.

Resulta, pues, que la Constitución de 1876 es más liberal que la de 1845; que en algunos conceptos recuerda las del 37 y 56; y que parte de los derechos individuales ampliamente consignados en los 31 artículos, tít. 1.º de la del 69, fué casi literalmente copiada en los 17 del mismo título de aquella obra. La aplicación ó desarrollo práctico de esas reglas fundamentales es la que constituye la gloria ó la responsabilidad de los Gobiernos, según sigan ó no el criterio que la razón y el derecho aconsejan, consistente en interpretar las dudas en sentido liberal, porque efectuarlo en el restrictivo, más ó menos absolutista, equivale á mistificar las Constituciones desconceptuándolas con grave y permanente daño.

Cuando por equivocada inteligencia ó voluntaria malicia, se produce esa contradicción ó conflicto entre las leyes secundarias y las constitutivas, rebájase el concepto de ambas, ocasionándose una inseguridad que trasciende á todas las personas y cosas del Estado, y arrecia el peligro de trastornos. No fuera difícil citar casos en que la insinuada contradicción ó desarmonía ha influido lamentablemente en nuestra vida política.

Vamos á concluir estos apuntes en los que solamente hemos querido llamar la atención sobre el influjo que la instabilidad de las leyes fundamentales políticas ha ejercido en la mala suerte del país, entregado desde 1812 á continuos sacudimientos que no le han permitido asentar el orden legal y el progreso, bases de la verdadera libertad, por la que tantos sacrificios se han consumado. Culpa ha sido todo ello de la constante lucha que contra el liberalismo han mantenido, y aun no abandonado, las reminiscencias absolutistas, con variados disfraces encubiertas.

Innecesario nos parece advertir que al par de las Constituciones ha sufrido ataques y derrotas el libre ejercicio del derecho
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electoral, cuyo buen ó mal uso afirma ó desconceptúa los sistemas parlamentarios. Desde 1834 han tenido lugar veintiseis elecciones generales, realizadas al tenor de todos los métodos imaginables, así el del voto más restringido como el del sufragio universal, y no tardó mucho en utilizarse por los Gobiernos la llamada influencia moral, que luego se convirtió en otra más directa y tangible, y se extremó á veces á punto de hacer recordar el sistema de la insaculacion, que valió algunas burlas á su respetable autor el marqués de Miraflores,—calculando que hubiera imposibilitado el cunerismo, las candidaturas oficiales, el caciquismo de las localidades, los abusos y coacciones que han llegado á requerir leyes y tribunales especiales para reprimirlas.

Desconsolador es, ciertamente, que por no haber entrado desde el primer asomo de las ideas liberales en la práctica sincera del Gobierno representativo, se haya extraviado el buen instinto de los pueblos, retrasado su educación política y trocado la lucha legal y legal de los partidos en sordas conspiraciones ó declaradas guerras civiles. Solamente la poderosa vitalidad del pueblo español y el irresistible empuje de las ideas, han podido irle sacando á salvo de tanto aluvion de males como sobre él ha caído, y rechazar cada vez más el absolutismo civil y teocrático, haciendo imposible su triunfo. Esta es la consoladora enseñanza que la historia contemporánea nos trasmite.

La libertad, en ninguna de sus manifestaciones,—política, civil, económica, etc.,—ha aparecido de golpe, y como por encanto; hácse ido obteniendo después de obstinadas luchas y largas preparaciones; el tiempo consolida lo que el trabajo constante y ordenado de los pueblos construye; y ese movimiento progresivo adquiere fuerzas por su misma marcha, de modo que no es dable ya contenerlo como en pasados tiempos. Ese es el funesto error en que incurren los que consideran la resistencia como principal medio de gobierno, y del que debiera curarles el recuerdo de lo que ha sido la política de España en este siglo.

A. Gil Sanz.
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DE LA LEY EN ESPAÑA.

Pronto hará medio siglo que un distinguido publicista y eminente juríconsulto, el Sr. D. Francisco Agustín Silvela, escribía y daba á la estampa las siguientes palabras:

"Por no haber conciliado nunca, ni en el año 20 ni en el 12, la libertad con la subordinación; por no haber organizado jamás como debíamos el poder ejecutivo, por eso nos hemos visto siempre envueltos en agitaciones y trastornos interiores, y mémos acreditados de lo que pudiéramos estar, aun á los ojos de las naciones más predispuestas en nuestro favor."

Desde que se publicaron estas palabras hasta la fecha, se han verificado en España varios movimientos revolucionarios, alguno de ellos tan radical como el de Setiembre de 1868; se han elaborado la Constitución de 1845 con los apéndices del Acta adicional y de la reforma de 1857; la Constitución no promulgada de 1856, la de 1869 y la de 1876; España ha pasado por varias guerras civiles, y hemos probado sucesivamente la monarquía de Doña Isabel II, la interinidad de 1869-70, la monarquía de Don Amado I de Saboya, la república innominada y la que se apellidó federal, la dictadura de 1874 y la Restauración de Don Alfonso; pero á pesar de todo esto, ó quizá por eso mismo, de tal manera se han ido ocresciendo en nuestra patria los fundamentos, no ya de la libertad política, sino de la libertad civil, que acaso pueda ser interesante en la actualidad, y además de interesante mérito (supues-