ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 481

darse en vigor las siguientes disposiciones de la ley sobre organización del poder judicial del 13 de Setiembre de 1879.

Art. 7.º No podrán los jueces, magistrados y tribunales:
1.º Aplicar los reglamentos generales, provinciales o locales, ni otras disposiciones de cualquiera clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes.

Art. 8.º Los jueces y magistrados responderán civil y criminalmente de las infracciones de las leyes que cometan en los casos y en la forma que las leyes prescriban:

No les eximirá de estas responsabilidades alegar su obediencia a las disposiciones del Poder Ejecutivo, en lo que sean contrarias a las leyes.

Si á esto se agrega que el art. 81 de la Constitución de 1876 preceptúa que los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan; que con arreglo al art. 509 de la ley de Enjuiciamiento criminal vigente, (1) «cualquier ciudadano español que no esté incapacitado para el ejercicio de la acción penal, podrá promover el antequicio necesario para exigir la responsabilidad criminal á los jueces y magistrados; y que en los artículos desde el 361 hasta el 366, ambos inclusive, del Código penal, están previstos todos los casos posibles de prevención por parte de los jueces, habrá de convenirse en que cuando menos, en el terreno del derecho, se han dado pasos gigantescos para que «los tribunales» á quienes principalmente incumba hacer respetar la ley, contengan la arbitrariedad de los ministros que á aquella pretenden sobreponerse»

Por más que la facultad que se concede á todo ciudadano que no esté incapacitado para el ejercicio de la acción penal y de promover el antequicio necesario para exigir la responsabilidad criminal á los jueces y magistrados, está en cierta manera limitada por la obligación que se impone al promover el antequicio el que no hubiese sido ofendido por el delito de dar la fianza, que el tribunal que haya de conocer de la causa determina, para que pueda

(1) Este artículo se ha escrito algunos días antes de que se mandara publicar en la Gaceta la Compilación general de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento criminal, formada en virtud de la autorización concedida por la ley de 30 de Diciembre de 1878.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 482

esta, sustanciarse á su instancia (1); esa fianza pueda ser personal, hipotecaria, en metálico ó en efectos públicos (2); contra el autor, exigiendo la fianza y fijando su cantidad y calidad, procederá el recurso de apelación, en ambos efectos, para ante la Sala segurada del Tribunal Supremo, si se hubiese dictado por la Audiencia, y el de súplica si lo hubiese sido por el Tribunal Supremo (3); pero el ofendido por la resolución judicial no tiene necesidad de prestar fianza alguna para ejercitar la acción contra los jueces y magistrados (4); y por otra parte, ni aun siquiera tiene ese perjudicado la necesidad de exponerse á las contingencias inherentes á una querella, cuando puede limitarse á exigir la responsabilidad civil en los términos que previenen los artículos desde el 260 hasta el 266, ambos inclusivos de la ley de organización del poder judicial.

Por lo demás, como quiera que la pena de inhabilitación señalada en todos los casos de prevaricación, previstos en los artículos desde el 361 hasta el 366 del Código penal, está compen- dada entre las alictivas, el delito de que se trata no prescribe hasta los quince años, de tal suerte que, el tribunal que hoy prevaricase, fiado en el apoyo que pudiese prestarle el Gobierno ac- tual, podría ser perseguido y castigado por su delito en el año de 1894 ó en cualquiera de los intermedios, con arreglo á lo dis- puesto en esta materia por el artículo 133 del repetido Código penal, sucediendo una cosa análoga en cuanto á la responsabilidad civil, aun cuando la acción para demandarla con independencia de toda acción penal, como personal que es, prescriba á los diez años.

En presencia, pues, de esta legislación, ¿puede creerse racio- nalmente que haya ningún Gobierno, por poderoso que sea, que se atreva á ejercer presión, para que se apliquen en los juicios civiles y criminales, disposiciones del poder ejecutivo de cual- quiera que sean, en cuanto se opongan á las leyes? ¿Puede creerse racionalmente que haya ningún juez, magistrado ó tribunal que

(1) Art. 513 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
(2) Art. 514.
(3) Art. 515.
(4) Art. 512.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 483

acceda á dejar pendiente sobre si por ese trascurso de tiempo, responsabilidades como las indicadas?

La contestacion á las anteriores preguntas nos parece de simple buen sentido; pero si aun así y todo ocurrieran esos casos de prevaricacion, la culpa de su impunidad recaería principalmente sobre los perjudicados, que dejaran de hacer uso de los medios legales, para indemnizarse del perjuicio sufrido; y sobre todos los ciudadanos que no teniendo impedimento para ejercitar la accion penal, sufrirían silenciosos y negligentemente espectáculos de esa naturaleza.

La única objencion seria que puede hacerse á estas indicaciones es la de que cuando la aplicacion de las disposiciones del Poder Ejecutivo, opuestas á las leyes, se hace por una Sala de Audiencia ó del Tribunal Supremo, el antejuicio, y el juicio en su caso, ha de promoverse y sustanciarse ante todos los demas magistrados que compongan dicho Tribunal Supremo, constituido en Sala de justicia, siendo presidente el que lo sea del Tribunal; y que si este declara no haber lugar al antejuicio ó absuelve á los magistrados prevaricadores, cometiendo á su vez una nueva prevaricacion, como no existe tribunal ni procedimiento para exigir la responsabilidad por este último delito, podria quedar en último termino triunfante la invasion ó la usurpacion de la potestad legislativa, no obstante el celo y diligencia de los ciudadanos para que se respete el derecho.

No desconocemos la fuerza de esta objencion, que acusa un vacio en la legislacion sobre la materia, vacio que deberia y podria llenarse, por ejemplo, atribuyendo á las Cortes constituidas en tribunal la facultad de exigir la responsabilidad al Supremo cuando incurra en ella con motivo de sus funciones como Tribunal pleno en Sala de justicia; porque dentro del regimen politico vigente en Espana, no pueden ni deben existir mas inviolabilidades que la de la persona del rey y las de los senadores y diputados por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus cargos; pero el crecido numero de magistrados de que el Tribunal Supremo se compone y la gran respetabilidad personal que acompana á todos ellos, dificulta, si no impide en absoluto, la eventualidad de que la mayoria se ponga de acuerdo para dictar, por un mal entendido espíritu de companerismo ó por otras causas de análoga
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 484

fadole, un fallo notoriamente contrario á las leyes; pero, en último caso, ni al mismo Tribunal Supremo puede ocultársele que si, desgraciadamente, llegase ese caso, la opinión pública ejercería tal presión sobre el poder legislativo del país, que éste se vería obligado á disolver por una ley, con aplauso general, una Corporación que por tal manera se hubiese mostrado incapaz de realizar la altísima misión social que le estaba confiada.

Repetimos que todo esto parte de la hipótesis verdaderamente improbable y rayana en el absurdo de que la corrupción hubiese invadido á la mayoría del Tribunal Supremo, hasta el extremo de incurrir en una prevaricación de esa especie, é insistimos una y mil veces en que esa eventualidad, por lo muy remota, sólo puede preocupar en la esfera puramente especulativa, y como contestación á un argumento que todos deseamos que no venga jamás la ocasión de que se presente en la realidad práctica de la vida de nuestro país.

CONCLUSION.

Hemos llegado al término de nuestra tarea, que acaso continuemos en otra ocasión, para hacernos cargo de la teoría sostenida por algunos de que las disposiciones dictadas por el poder ejecutivo en circunstancias extraordinarias, deben aplicarse en los juicios civiles y criminales, aun cuando se opongan á las leyes; y la de qué basta presentar aquellas á la aprobación de las Cortes para que adquieran, ipso facto, la fuerza legal de que por su origen carecían, teorías que son, en nuestro humilde concepto, subversivas de los fundamentos sociales en todo país culto y civilizado y regido por instituciones representativas.

Por lo que al presente interesa, bástenos con dejar consignado como resumen:

1.º Que ni aun en los tiempos de la monarquía absoluta se ha reconocido al Monarca la facultad de dictar por sí disposiciones contrarias á las leyes del Reino.

2.º Que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo acerca de esas Reales disposiciones, dictadas en la época del absolutismo, es que sólo tienen fuerza de ley cuando se ajustan á una de éstas ó toman su fuerza de otras leyes.

3.º Que en los tiempos modernos, aún en los momentos en que España gemía bajo el yugo de la usurpación francesa, luchando
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 485

para libertarse de él, las variações que podian afectar á los derechos civiles de los ciudadanos, no podian llevarse á cabo sin la deliberacion y aprobacion de las Cortes.

4.º Que todas las Constituciones políticas porque se ha regido España desde 1812 hasta la vigente, consignan el principio de que la potestad legislativa reside en las Cortes, ó en las Cortes con el Rey.

5.º Que bajo la forma de gobierno monárquico constitucional, y no hallándose vacante el Trono, una disposicion gubernamental sólo puede considerarse como emanación del Poder Ejecutivo y tener la categoría jurídica de Real decreto, cuando consta de una manera expresa y auténtica que parte directa e inmediatamente de la voluntad del Monarca, y éste la rubrica ó firma de su mano, y se halla refrendada por el ministro responsable.

6.º Que esta distincion explica el por qué los tribunales de justicia en su más alta representacion, al propio tiempo que han aplicado Reales Decretos, atribuyéndoles fuerza de ley, se han negado constantemente á prestar idéntico acatamiento á las Reales Órdenes publicadas con fecha posterior, ¿á la en que comenzó á regir el sistema constitucional.

7.º Que en los actuales momentos, y despues de promulgada la ley de organización del poder judicial, cuyos articulos 7.º y 8.º están en pleno vigor; los jueces, magistrados y tribunales, no pueden aplicar las disposiciones de cualquier clase que sean que estén en desacuerdo con las leyes, sin incurrir en responsabilidad.

8.º Que la facultad de perseguir esa responsabilidad, quando pueda calificarse de criminal; corresponde á todos los ciudadanos durante un extenso período, en el cual es de presumir que experimente el país uno ó varios cambios políticos.

Y 9.º Que si bien sería conveniente llenar el vacío legal que se nota, haciendo cesar la irresponsabilidad de hecho del Tribunal Supremo en pleno en el inesperado y remotísimo caso de que negara la justicia que se le pidiese contra magistrados prevaricadores, aun entonces la reorganización de aquel respetable cuerpo y la destitución motivada por medio de una ley, de los magistrados que hubieran dejado impune la prevaricación podría servir de correctivo eficaz y adecuado para prevenir en lo sucesivo de invasiones y de usurpaciones la potestad legislativa.

MANUEL FERNANDEZ MARTIN.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 486

HISTORIA DE AL-KARTAN.

Apuntes para la de los orígenes del reino de Aragón.

(Conclusion). (1)

IV

Abdelmelik II, lejos de ser un auxiliar del Cid en el asedio de Valencia, como algunas crónicas indican, fué un obstáculo que el Campesador tuvo que vencer, sosteniendo contra Al-Kartan una verdadera campaña. La gloria de semejante empresa pertenece toda entera á ese hombre extraordinario. Su genio militar, su travesura política y su falange de siete mil hombres aguerridos, cubiertos de hierro, disciplinados y con plena conciencia de su inmensa superioridad moral sobre los defensores de los disgregados señoríos de los árabes en el Oriente de España, bastaban para infundir terror á los emires ó reyes, de los cuales ninguno de ellos podía oponerle un ejército regular y todos podían contar con la victoria contra su enemigo vecino, si lograba ser auxiliado por los castellanos. Nada más á propósito, por otra parte, para que un caudillo activo y audaz pueda sostenerse con un pequeño ejército en una época cualquiera de guerra civil y de anarquía, que el territorio en que operó por espacio de diez y ocho años, Rodrigo el,

(1) Véase el núm. 279 de esta Revista.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 487

Campéador. Es de ayer el hecho de haber organizado en él un verdadero ejército; sin más medios que los que hallaba á su paso en el país ó pillaba al enemigo, un guerrillero que se imponía como el Cid por el terror y la constante movilidad de sus fuerzas á través de los bosques, valles y montañas, y de esa inestirachable red de ríos poco caudalosos, torrentes, barrancos y veredas, que se extiende entre el Ebro y las llanuras de Valencia, desde el mar hasta Cuenca, y la línea del Jálon.

Rodrigo gozó poco de su definitivo triunfo. El 19 de Junio de 1094 era Señor de Valencia, y en 1099 moría, dejando confiada su conquista á doña Ximena, su mujer.

Los almohábides ó lantunes fueron una tribu africana del desierto, en que había arraigado las ideas realistas de los sútan. Aquellos hombres exaltados por las predicaciones de apóstoles furiosos e iluminados, soñaban con la dominación universal. Creíanse descendientes de Ismail, hijo de Abraham; y no solo pretendían restaurar en el mundo musulmán la doctrina pura, sino dominar toda la tierra. Empujados por su ciego fanatismo, pasaron el Estrecho cuando ya había abogado en sangre en África la preponderancia democrática del elemento bereber. Al-Audhí se presentó á su asombrada imaginación como el paraiso prometido por Mahoma; y de auxiliares del poeta-rey Al-Mutamid de Sevilla, que los llamara con insistencia contra Alfonso VI, convirtieronse, á más de enemigos irreconciliables de los cristianos, en opresores de sus correligionarios, sin distinguir en ellos orígenes y castas. Andalucía entera cayó á sus plantas, sufriendo las consecuencias de la impreneditación con que sus regíos y enérgicos secundaron el pensamiento del sevillano. Cuando los andaluces se dieron cuenta que todo debía habérsele preferido, incluso la dominación de Castilla, á la tiranía de aquellos musulmanes intolerantes, bárbaros y sanguinarios, era tarde; Juárez se había apoderado de los reinos de Sevilla y Granada y había exterminado á la familia de los Beni-Abbed y de los más ilustres representantes de la cultura de aquel hermoso país.

La invasión de los almohábides de Juárez tiene dos períodos, en efecto. En el primero, Juárez se propuso únicamente socorrer á sus correligionarios ultramarinos, y reconocer lo que su prudente gran visir le pintaba, con una sagacidad y un sentido político
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 488

verdaderamente admirables, como una cárcel de la que no salía el conquistador que penetraba en ella (1); en el segundo, se olvidó del consejo del visir, desvanecido por sus triunfos. Consumada la conquista de Al-Andalus occidental, corrieronse decididamente al Oriente sus ejércitos, y Mazdali, uno de sus generales (2), se puso en marcha camino de Valencia. No fue posible tomar otro partido, en un consecuencia, que dejar el camino franco á los lambúzulos, y evacuar la ciudad, salvando los preciosos restos del Campbador (1101). En cuanto á Abdelmelik II de Al-Kartan, señorío que forzosamente tenía que correr ahora la suerte de Valencia, como el de Azahi la había antes corrido la de Toledo, aplastado por la inmensa pesadumbre de los acontecimientos, murió en paz el año 1103 en Santa María, dejando por sucesor á Yahia, su hijo (3) último de la dinastía de los Beni-Ratziín y de los señores árabes de aquel pequeño Estado, al decir de todos los historiadores del siglo XII.

Evidentemente, Al-Kartan cayó en poder de los almohádides en tiempo de este postrer dinaste de los Beni-Ratziín, y no antes del año 1103; pero, ¿cuándo, en qué época precisa le fue arrebata do el señorío y cuándo murió? No he podido restreñirlo hasta ahora; cuantos autores y documentos he consultado se limitan á consignar que los regíos árabes, independientes de Al-Kartan concluyen con Yahia-ben-Abdelmelik. Lo único que aparece con evidencia también, es que los almohádides constituyeron Al-Kartan, y en esta época es cuando empezó á llamarse Albarracín, en un gobierno militar.

Dice, en efecto, Casiri (4) que Yahia-ben-Soliman Abu-Tá Walid, cognominado Aschiat, fué un varón noble y docto, gobernador de Lérida, que habiendo sido conquistada esta ciudad por los cristianos, se vio obligado á emigrar á Valencia, y que después fue gobernador de Alpuente, y por último de Santa María de Aben-Racin, donde murió desempeñando su oficio en el año

(1) La fuente Alcántara.—Hist. de Gran., t. II, cap. XI.—Conde, p. 8. d. 13.
(2) Fernández y González.—Madejares de Castilla, cap. IV. v. I.
(3) Casiri, t. III, p. 816.
(4) T. II, pág. 164.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 489

Llegó; y desde luego se echa de ver que no es posible confundir á este Yahia ben Soliman con el Yahia ben Ratoen.

Reí, por último, evidentemente, á mi entender, que Yahia ben Soliman fue, no díce que el único, y por á él: último gobernador de Alharracín por los almohádidos, y que á su muerte, ó muy poco después, pasó el señorío á poder de Don Pedro Ruiz de Azagra, quien, siguiendo la tradición árabe, quiso y logró mantenerse independiente en el antiguo Al-Kartén, sin reconocer vasallaje ni á los reyes de Aragón ni á los de Castilla. Esteban de Garibay y Jerónimo Zurita, que, como se sabe, fueron grandes inquisidores tocante á las cosas de los antiguos reinos de Aragón y Navarra, están conformes, y con ellos otros muchos historiadores, en que el señorío de lo que ya podemos llamar desde ahora Santa María de Alharracín, pasó del rey mudéjar Don Loño, de Murcia, á la de Don Pedro Ruiz de Azagra.

Basta ahora saber, para tener todos los elementos necesarios al esclarecimiento de los hechos que enlazan la historia de la transmisión del señorío, quién fué ese rey, y cuál fué el modo de su paso.

La dominación de los almohádidos en la parte de Oriente, se desvaneció antes que en Andalucía. La política, con tanto sabiduría iniciada por Fernando I, y con tanta constancia desarrollada por Alfonso VII, tocante á la tolerancia religiosa, dió grandes resultados en el reinado de Alfonso VIII. Consecuencia fué de las garantías, que tanto en Castilla como en Aragón se iban dando á los musulmanes de que no serían molestados por causas de religión, el que se fuesen acostumbrando á la idea de someterse á los príncipes cristianos y aun á combatir á un lado á los invasores de África. El último de los Beni-Hud (1) de Zaragoza fué feudatario y general de Alfonso VIII y de Al-Mudina (2) de Toledo; (3) logrando en recompensa de sus servicios, y bajo el protectorado de Castilla el reino de Murcia. Es un hecho que aparece con una claridad deslumbradora, qué los árabes y bereberes españoles fueron en parte causa de que se esterilizasen las invasiones de los al-

(1) Ahmed Al-Mostán, muerto en 1146. Saif-ad-daulá (Seifadola) señor de Rueda desde 1110.
(2) Juez de los de su casta y religión, y de donde entiendo provino el nombre Zelmedinas, que posteriormente tuvieron los juzgos en Aragón.
(3) Fernández y González, pág. 84.
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 49

tán demasiado al descubierto estos méritos en el libro, para que haya de detenerse el crítico á quitarlos. Al público le debíamos esta recomendación: al autor hemos de apuntarle algunas omisiones de no difícil subsanar.

Es constante que el pensamiento se manifiesta en la humanidad por un doble órgano: primero, por órgano de los científicos, como pensamiento reflexivo, en forma de escuelas y sistemas; segundo, por órgano del pueblo como pensamiento irreflexivo (sentido común), en unidad indistinta é inorgánica, y revelada en adagios, poesías, hechos y aún en creencias religiosas. La acción y reacción de uno sobre otro, del saber científico sobre el saber común, y viceversa, constituye uno de los capítulos más interesantes y animados de la historia de las doctrinas: ¿cómo descienden las conclusiones de la ciencia al sentido general; y se hacen patrimonio de la multitud, e influyen sobre la vida? ¿Cómo penetran los principios y creencias de la sabiduría popular en los análisis de los pensadores, y se convierten en dogma de fe de las escuelas, y determinan la dirección y el carácter de éstas en cada pueblo y en cada período de la historia? Relegar al olvido estos dos problemas, es un pecado gravísimo de lógica, y los más de los historiadores lo cometen: repáselos uno á uno la memoria de nuestros lectores. Las más absurdas creaciones de la fantasía en el orden de la teodicea, de la metafísica, del derecho, de la biología, de la política, etc., encuentran eco y consideración en las obras historiales, y obtienen de sus autores detallada exposición, de seguro no siempre merecida, mientras que les parece sobrado honor un capítulo para consignar las doctrinas del pensamiento objetivo de las muchedumbres, y prefieren relegarlas al olvido. Esta tendencia aristocrática de la historia no se ha corregido todavía, no obstante traer aparejada su enmienda multitud de hechos cumplidos en nuestro siglo: la escuela histórica del derecho, que dio realce al elemento espontáneo en la vida del derecho, proclamándolo factor único o preponderante en la producción del derecho positivo; la lógica realista, inaugurada con Hegel y Krause, que encareció los méritos del saber común; las infinitas colecciones de literatura popular, antigua y moderna, recogidas y dadas á luz en toda Europa, y aún fuera de ella; la política democrática que dió la debida importancia á la razón colectiva de las muchedumbres, y otros se-
Revista de España (1879-09-01 00:00:00), página 490

mirábiles y almohades. Alfonso el Noble de Castilla y Pedro II de Aragón no hubieran podido, o no ser así, cerrar con tan brillantísima campaña de 1212 el período de dichas invasiones; dejando abierto á sus sucesores el camino para la conquista, por parte de los Castellanos; de Al-Andalus occidental, y á los aragoneses del oriental.

Ya en 1145 había estallado en todo el Mediodía una conspiración general para arrojar de España á los almohádides; contando con el auxilio del emperador y con el caudillaje y protección de Seifadola (1). Uno de los resultados de ella fue que los de Valencia, Murcia, Tortosa y Lérida fueron exterminados; y que aquel insigne capitán fundase el reino de Murcia, dejando por sucesor en el año siguiente á Lobo.

La minoridad de Alfonso VIII, dice nuestro célebre historiador de los mudejares (2), halló un fuerte valladar á las invasiones de los almohades en el inteligente apoyo del caudillo de Múrcia D. Lup, nombre con que se designa en nuestras crónicas al árabe Muhamed-ben-Sad-Aben-Merdenix. ¡Ahora bien! Lobo de Múrcia; que, al decir de Zurita, fue uno de los más sabios reyes que tuvo la morisma de España, dominó en todo al andalus oriental, desde 1146 á 1172 en que murió, conservándose él como feudatario de Castilla, hasta el extremo de comandar en jefe varias veces las fuerzas del reino, y sostener con las de su prestigio á influjo en las sienes del mismo Alfonso VIII la corona del emperador que quería arrebatarle la anarquía. Por espacio de veinte años estuvo este árabe, de gloriosa memoria, teniendo á raya á los africanos, sin permitirles apoderarse de los reinos de Toledo y Múrcia.

Tenemos, pues, que Ykhia Soliman fué evidentemente el último gobernador almohádide de Santa María de Albaracin; pues su muerte concurre con la época del exterminio de los almohádides; que indudablemente el antiguo señorío de los Beni-Ratish cayó bajo el poder de Seifadola, y por consiguiente del rey Lobo; y que éste, como rezan los anales de Aragón, nombró gobernadores de la Sierra á D. Pedro Ruiz de Azagra, el cual se declaró inco-

(1) Fernández y González, cap. V.
(2) Cap. VI. p. 76.