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to el concepto que se estiende más cada día acerca de las facultades del Poder ejecutivo) el desenterrar de la historia del derecho patrio algunos apuntes referentes á la formación de la ley, para que ésta tenga carácter obligatorio ó sea fuerza civil para obligar á los ciudadanos que han de obedecerla y á los tribunales que han de aplicarla; pues aun cuando no faltan acreditados tratadistas de Derecho que sostienen que la ciencia resuelve este punto de conformidad con la historia, la de estos últimos tiempos, parece empeñada en cubrir de sombras lo que antes pareció, y era en realidad, como lo es hoy, claro como la luz del mediodía.

Y dada esta explicación, necesaria para disculparnos anticipadamente de la censura que pudiera dirigirse nos, con apariencia de razón, de ocupar algunas páginas con el examen de una cuestión que no lo es dentro del derecho constitucional por que se ha regido España desde el establecimiento definitivo del gobierno representativo, aduciendo textos y citas que conoce cualquier alumno medianamente aprovechado de la Facultad de Derecho, entretenidos desde luego en la realización de nuestro propósito.

I

Los tratadistas á quienes antes nos hemos referido, sostienen que la ley es siempre emanación del poder legislativo sin alterar su resultado el que sea el Rey, ó las Cortes, ó las Cortes con el Rey, según la forma política, quienes usan de esta potestad, lo cual explica, á su juicio, la diferencia entre el sistema antiguo y el vigente, diferencia, añaden, que no influye en la esencia de la ley, la cual es en todos los casos manifestación de la voluntad soberana (1).

Los fundadores de la monarquía española (dice el Sr. Martínez Marina en su "Teoría de las Cortes"), "que por razones de conveniencia y utilidad pública depositaron en una sola persona el ejercicio de la soberana autoridad y el suficiente poderío para mover la fuerza pública, y confiaron á sus príncipes el poder ejé-

(1) Códigos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, por el Dr. D. Benito Gutiérrez Fernández. Tercera edición. Madrid, 1871. T. I.º Título preliminar. Sección VII. Art. 1.º, Pág. 76.
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entivo, no tuvieron por cosa ventajosa á la sociedad darles el poder legislativo, ni otorgarles facultades absolutas é ilimitadas para hacer nuevas leyes, mudar ó modificar, derogar ó anular las antiguas; antes bien, comprendiendo que la reunion de aquellos poderes en una sola persona seria destructiva de la libertad nacional y funesta á la seguridad del ciudadano, se reservaron parte de aquel poderio para oponerle al despotismo de los reyes y reprimir los abusos del poder ejecutivo con el sagrado freno de la ley.

No quiere esto decir que los españoles se hubieran reservado de tal manera el poder legislativo, que excluyesen absolutamente á sus reyes de intervenir en la formacion de las leyes, sino que desde el origen de la monarquía hasta el advenimiento de la casa de Austria, todas estasse hacian en las grandes Juntas del reino ó por los brazos del Estado, ó por el rey, con acuerdo, consentimiento y consejo de la nacion.

Persuaden de esta verdad la ley XIV, tít. II, lib. XII del Fuero Juzgo, el Concilio octavo de Toledo, al cual presentó Recesvinto su coleccion de leyes suplicando las aprobase; las Cortes de Leon del año 1020, y 1135, las de Coyanza de 1050 y las de Salamanca de 1178 (1).

Don Alonso el Sábio, alguna de cuyas leyes de Partida (la XII, tít. I, parte 1.") se invoca como testimonio legal de la potestad legislativa, residiendo sólo en el Rey, convocó la nacion para las Cortes de Valladolid de 1258, donde reunidos los representantes del reino les habló de esta suerte: "Don Alfonso por la gracia de Dios señor de Castiella... á todos los ricos homes é á todos los caballeros, é á todos los fíosdaigo, é á todos los concejos... Sepedes que yo hobe mio acuerdo é mio consejo con mis hermanos é los arzobispos, é con los obispos é con los ricos homes de Castiella é Leon, é con homes buenos de las villas de Castiella é de Extremadura, é de tierra de Leon: que fueron conmigo en Valladolid, sobre muchas cosas sobrejanas que se facian que eran á daphno de nos é de toda mi tierra, é acordaron de lo toller é de poner cosas señaladas é ciertas porque vivades. É lo que ellos postaron otorgue

(1) Véanse los detalles que acerca de este punto suministra el Sr. Martín-Marina, en su Teoría de las Cortes, segunda parte, tom. 2., pág. 303 de la 2.a edic. hecha en 1813.
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yo de lo tener é de lo hacer tener é guardar por todos los mis regnos." El tono con que se dictaron estas leyes ó posturas, muestra que ellas emanaban de la voluntad de la nación. "Tienen por bien; acuerdan que mande el Rey. Tienen por bien que ningun hermano del Rey, sin rico home, nin obispo, nin maestro... non tome servicio nin ruego por ningunt pleito que haya de librar."

En el Códice de la biblioteca del Escorial, que contiene el Ordenamiento de leyes publicadas en las Cortes de Zamora de 1274, hecho y extendido con acuerdo de los representantes de la nación, se lee una nota ó advertencia que dice: "Siguense las leis é ordenamiento quel rei Don Alfonso décimo, llamado Sábio, hizo é ordenó para abreviar los pleitos en las Cortes que tuvo en Zamora con acuerdo de los de su reino."

Cierto es que la ley 12, tit. I, Part. 1., dice "que el Emperador ó Rey puede facer leyes sobre las gentes de su señorío e otro ninguno non ha poder de las facer en lo temporal, fueras ende si lo ficiese con otorgamiento de ellos, é las que de otra manera fueron fechas, non han nombre ni fuerza de leyes, ni deben valer en ningun tiempo;" pero sabido es que las Partidas, cuya autoridad doctrinal se admite hoy mismo con más facilidad que su carácter legal, y tienen todavía el de Código supletorio, no se consideraron como leyes nacionales hasta que se publicaron y sancionaron en las Cortes de Alcalá de 1348, después de hacer en ellas Don Alfonso XI el célebre Ordenamiento, el cual es un cuerpo legal que corrige el de las Partidas.

Don Enrique II, deseando organizar los Supremos tribunales de justicia, y que ésta floreciese en todo su reino, convocó las ciudades y los pueblos para las Cortes de Toro, donde con acuerdo y consejo de los representantes de la nación, hizo el insigne Ordenamiento de leyes publicadas allí á 4 de Setiembre del año de 1371; á cuyo propósito dijo el monarca estas notables palabras: "porque según se falla así por el derecho natural como por la escritura, justicia es la más noble é alta virtud del mundo, ca por ella se rigen é se mantienen los pueblos en paz é en concordia: é porque especialmente la guarda é el mantenimiento é la ejecución, fué encomendada por Dios á los reyes en este mundo, por lo cual son muy temidos de la amar é guardar: ca según dice en la carta-escritura, bienaventurados son los que aman é facen justicia en
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todo tiempo, é Dios atuéngeles la vida. Por ende nos Don Enrique, por la gracia de Dios, rei de Castilla,... con consejo de los prelados y ricos homes, é de las órdenes é caballeros é fijos-dalgo é procuradores de las oibdades, villas é logares de los nuestros reinos que son con nuestro ayuntados en estas Córtes que mandamos fazer en Toro, é con los nuestros oidores é alcaldes de la nuestra corte..... establecemos estas leyes que se siguen."

Posteriormente, las Córtes de Burgos de 1379 dijeron al Rey Don Juan I: "Que no expidiese cartas contra lo aprobado por las Córtes," y en las de Briviesca de 1387, reconoció el mismo Rey: "Que los fueros valederos, é ley é ordenamientos que non fueren revocados por otras, non sean perjudicados por otros sinon por ordenamientos fechos en Córtes, maguer que en las cartas oviese las mayores firmezas que pudiesen ser puestas. E todo lo que en contrario de esta ley se hiciera, Nos lo damos por ninguno, é mandamos á los del nuestro Consejo, é á los nuestros oydores, é á otros oficiales cualesquier, so pena de perder los oficios, que non firmen carta alguna ó alvalá en que se contenga, non embargante ley ó derecho; ó ordenamiento."

Ni Don Felipe II en la Nueva Recopilacion, ni Don Carlos IV en la Novísima, incluyeron esta célebre ley.

Don Juan II, en las Córtes de Madrid de 1419, mandó terminantemente: "que fuesen desobedecidas y no cumplidas, las cartas ó sobre-cartas que los Reyes expidiesen contra los acuerdos tomados en Córtes." En las de Valladolid de 1442, sancionó nuevamente el principio de "que las leyes y fueros no pudiesen ser derogados, salvo por Córtes," y lo mismo se declaró en las de Segovia de 1455.

Doña Isabel la Católica, en la cláusula 26 de su testamento, encargaba al archiduque D. Felipe "que non ficiese leyes ó pragmáticas ni las otras cosas que en Córtes se deben fazer, segud las leyes destos reinos."

No puede tampoco ponerse en duda que las Leyes de Toro, hechas en las Córtes de Toledo de 1502, no fueron habidas por leyes ni tuvieron fuerza ni vigor hasta que se publicaron en las Córtes de Toro de 1505, lo cual demuestra que aun en el caso de hacerse las leyes por virtud de las peticiones de las Córtes, no tenían fuerza obligatoria hasta que se publicaban en ellas, sin que
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este acto pueda confundirse con el de la promulgacion; porque según dice el citado Martinez Marina, como estos reinos siempre tuvieron derecho de reclamar la injusticia e inoportunidad de las leyes, de prestar ó negar su consentimiento á las que de nuevo se querían dictar, y aún el de concurrir á su formacion, fué conveniente que tomasen providencias oportunas para prevenir que en la coordinación y extensión de los cuadernos pudiera la malignidad ó el despotismo insertar furtivamente alguna ley, en que la nación no hubiera tenido parte, y acaso por el contrario tratase de contradecirla y repugnarla, como se verificó más de una vez, según aparece de la petición 53 de las Cortes de Zamora de 1482, y 25 de las Cortes de Nieva de 1473.

Era también otro principio de nuestro antiguo derecho que las leyes, después de sancionadas y publicadas, eran inalterables; que los reyes no podían derogarlas, ni revocarlas sino en Cortes y con acuerdo y consejo de la nación, siendo nulas y de ningún valor ni efecto todas las providencias, cédulas, reales, albañales y cartas despachadas contra el tener de aquellas (1).

A pesar de esto y de los esfuerzos que hacían los reinos para

(1) En Aragón, añaden los Sres. Marichalar y Manrique, (Historia de la legislación, tomo IX, pág. 597:) es inmemorial el principio, porque ya la primera colección de leyes de Huesca de 1487, fué presentada y aprobada en Cortes; y sería muy difícil, si no imposible, encontrar una disposición legal de aquel antiguo reino, que no haya sido forma en Cortes con el rey. Lo mismo exactamente sucedió en Cataluña, pues vemos que la compilación de los Usajes aprobó en las Cortes de Barcelona de 1083; que en las de 1233 declaró Don Pedro III que para hacer Constituciones ó Estatutos generales, era necesario el consentimiento de las Cortes en todos sus brazos; que Don Alfonso III en las de Monzon de 1239 reconoció que el rey no podía expedir carta alguna contra otra fundada en justicia, ni contra privilegio hecho en Cortes y que lo mismo se reconoció en las de 1299 y 1311. Así se observó constantemente, y las Cortes de Barcelona de 1603, revocaron por autoridad propia en la Constitución 40, una pragmática de Don Fernando expedida desde Sevilla contra el bandolerismo; como atentatoria á sus facultades legislativas. La casa de Austria reconocí el principio en las Cortes de Barcelona de 1599, consignándose de nuevo "que las Constituciones, capítulos y actos de Cortes, sólo podrían ser revocados por Cortes." Finalmente, las de Barcelona de 1701 consiguieron del primer monarca Borbón que se anulase todos los actos del gobierno desde el año de 1599 que fuesen opuestos á usos, Constituciones y leyes anteriores del Principado, declarando expresamente el rey la fuerza y vigor de todas las leyes de Cataluña, que no estuviesen derogadas en Cortes. El mismo respeto al principio se observó en Valencia, bastándonos citar lo acordado en las Cortes de 1371 en que ya se recordó, que conforme á fuero, no deberían obedecerse las cartas reales impuestas contra ley; y en Navarra desde el origen de la monarquía á fuero de Sobrarbe.
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mantener estos principios ya en el siglo xv, en tiempo de Don Juan II, se comenzaron á despachar cédulas y pragmáticas sin conocimiento de las Cortes y contra el tenor de las leyes del reino, atribuyéndose el Rey, con palabras hasta entonces nunca usadas, la facultad de dictarlas; pero la nación no toleró semejante abuso, clamando contra él en las Cortes de Valladolid de 1442, (peticion undécima) y obligando al Rey á retroceder en su camino, volviendo á lo dispuesto sobre la materia en la ley 25 del ordenamiento publicado en las Cortes de Bribiesca de 1387 por su abuelo el Rey Don Juan I.

Las Cortes no podían, sin embargo, hallarse siempre reunidas, y en estos casos "acostumbraban los monarcas, como depositarios del Poder Ejecutivo, y por exigirlo el bien general, la causa pública y la pronta expedición de los negocios; tomar con acuerdo de su Consejo varias providencias económicas y gubernativas que revestían la forma de decretos, cédulas, albares, provisiones, ordenanzas y pragmáticas, mandándolas publicar, observar y guardar así como leyes hechas en Cortes;" no siendo en verdad los Reyes Católicos los que más usaron y abusaron de este procedimiento, sobre todo en los últimos días de su reinado.

"Después, dicen los autores antes citados, que aseguraron la corona, prescindieron más de lo que debían de la concurrencia de las Cortes, principalmente en la legislación, pues para el otorgamiento de subsidios, la severa economía introducida en todos los ramos y la reversión al patrimonio de gran parte de mercaderías concedidas, bastaron para evitar los pedidos extraordinarios de servicios y monedas, tan frecuentes en los reinados anteriores. Así vemos que, á pesar de las numerosas pragmáticas expedidas por solo la autoridad real, no consta se quejasen nunca las Cortes de una usurpación que elevaba á leyes las reales disposiciones; y se comprende perfectamente que acostumbrados los pueblos á que sólo se reuniesen las Cortes para pedirles tributos, hiciesen caso omiso de aquella usurpación á trueque de que no les pidiesen sacrificios pecuniarios. Pero de todos modos, es indudable que se abusó del vago límite entre leyes propiamente tales y pragmáticas de carácter ejecutivo ó supletorias á falta de leyes hechas en Cortes. En el preámbulo de muchas se dice haber sido expedidas á petición de las Cortes; pero en otras claramente se usurpó las
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vimiento y las actividades del alma? Las actividades del cuerpo (concluye) excitan, es verdad, las del alma; pero una vez desperta la vida de ésta, va siempre más allá de lo que podía esperarse de esa primera impulsion, y se desenvuelve, según leyes propias, en fenómenos que ni tienen explicación por las ideas físicas, ni necesitan el concurso de las actividades corporales, ni siquiera las suponen. De este modo se contraponen sus tesis á las tesis del materialismo. Muéstrase adversario decidido de la localización de las facultades y de las fuerzas animicas en tal ó cual órgano determinado, hipótesis que califica de poco probable, señaladamente por lo que respecta á la memoria, que no es facultad paralela y correlativa de las demás, sino forma general del alma. ¿Y qué lugar ocupa esta en el organismo? Si el alma, por seguir una creencia materialista, ha de ocupar lugar, será éste un punto indivisible, y es absurdo pretender que en un punto indivisible se junten los nervios sensitivos y los nervios motores, condición sine qua non de ese privilegiado lugar. El Sr. Reus se inclina á las soluciones de Lotze, y no es de extrañar, dado su punto de vista biológico, y la reducción que hace del problema de la vida al de las relaciones entre el cuerpo y el espíritu.

Cap. X.—La Psico física.—Ha nacido con carácter de síntesis aspirando á reconciliar los diversos sistemas históricos fundados en una supuesta oposición radical entre el cuerpo y el espíritu; su fundador fué Fechner, profesor de Leipzig. Entiende por psico-física la teoría de las relaciones entre el mundo físico y el mundo psíquico, menos cultivada hasta el presente que las ciencias del cuerpo y del espíritu, que son sus factores. Funda la nueva ciencia en la experimentación, el cálculo y la medida, separándola, por tanto de la metafísica. Y precisamente de aquí ha nacido que los resultados de sus investigaciones se hayan limitado hasta ahora á la relación entre las excitaciones y la sensación: por los métodos fechnerianos, son insolubles los problemas que exceden de ese (lugar del alma, vigilia y sueño, reminiscencia, etc). Delboeuf plantea el análisis y conocimiento de todos estos fenómenos, comparando las hipótesis sostenidas acerca de ellos, á esas doctrinas que sostienen que el árbol está en la semilla, ó que está en la tierra donde germina la semilla. La tierra, dice en resú-
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fuerzas de estas, porque se manifiesta que solo proceden del beneplácito de los reyes, "obligados á remediar todos los agravios y proveer á lo que exige el bien del Estado, etc." Algunas fueron expedidas con el parecer del Consejo Real; pero en otras se omite esta circunstancia y aun no faltan varias que se dicen expedidas á súplica de corporaciones ó particulares."

Comenzaba, pues, á decaer la autoridad nacional, amansada por los hábiles esfuerzos de la tendencia de los reyes al absolutismo; pero hasta entrado el siglo xvi en que se verificó el advenimiento de la dinastía austriaca, aun puede decirse que se conservan nuestras antiguas liberales tradiciones.

Ignorantes de nuestras leyes y costumbres (como dice Martínez Marina), educados en las destructoras máximas del Gobierno arbitrario, y entregados á ministros extranjeros que solo aspiraban á satisfacer su ambición y codicia, los príncipes austriacos comenzaron á violar lo más sagrado de nuestra Constitución, á abrogarse la suprema autoridad legislativa y á ejercerla sin limitación ni reserva, publicando arbitrariamente leyes, pragmáticas y ordenanzas, sin contar con la nación ni con los más respetables ordenamientos del Reino; exceso que cundió mucho durante el Gobierno de Don Felipe I y de su hijo Don Carlos; creció y se aumentó considerablemente en los reinados de Felipe II y de sus hijos y nietos; y llegó á colmo mientras dominaron los príncipes de la casa de Borbon; casi tres siglos de violencia y de desorden, autorizado por la ignorancia, preconizado por los aduladores y defendido por letrados y jurisconsultos, reunión de circunstancias que convirtiendo el desorden en derecho, justificaba, según el modo de pensar de los leguleyos, la conducta de aquellos príncipes.

Sabido es, no obstante, que las Cortes de Burgos de 1513 reconvinieron al regente D. Fernando por haber anulado leyes de Cortes por medio de reales cédulas, y que el regente negó haberlo hecho, expresando además que nunca tuvo intención de hacerlo.

La petición 6.ª de las Cortes de Valladolid de 1506, dirigida á los reyes Don Juan y Don Felipe, la 90 de las Cortes de Valladolid de 1555, dirigida al emperador Carlos V, la tercera de las Cortes de Madrid de 1579, concluidas en 1582, dirigida á Felipe II, la primera de las Cortes de Madrid de 1607, dirigida á Fe-
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lipse III, renovada en las Cortes de Madrid de 1621 y en otras, en todas las cuales reivindica la nación por medio de sus representantes el derecho que la correspondía en la formación de las nuevas leyes, y de que no se alterasen en todo ni en parte las antiguas, sin que fuera por Cortes, evidencian que hasta bien entrado el siglo XVII por lo menos, es decir, hasta la época en que se acabó casi por completo con la institución de las Cortes, los reyes, invasores de la potestad legislativa, no estuvieron en la pacífica posesión de lo usurpado, por más que al fin "la constancia nacional tuviese que ceder callar, y sufrir el yugo del despotismo y respetar como leyes las insinuaciones de aquellos príncipes, pronto á la ira, aparejados para la venganza y posesionados de todos los medios y recursos para ejecutarla á salvo," de lo cual dan testimonio la Nueva Recopilación, en la cual se conservaron hasta 633 disposiciones legales emanadas de sólo el rey, con los títulos de pragmáticas, provisiones, cartas y cédulas, los voluminosos legajos que existen en Simancas de Cédulas, Mercedes, Privilegios y provisiones, no todas de carácter gubernativo ni ejecutivo, y sí por el contrario legislativo, ó excepciones parciales de leyes hechas en Cortes, que son otras tantas infracciones: lo cual no tiene nada de extraño desde el momento en que Felipe II daba la norma de lo que sería su reinado en la primera ocasión que se le presentó, diciendo: "Si á mi me place anularé sin Cortes las leyes hechas en Cortes, legislaré por pragmáticas, aboliré leyes con pragmáticas," insolencia que como hacen observar muy bien los citados autores no la tuvo antes ningún rey de Castilla.

Justo es, sin embargo, confesar, que si la hipocresía del fundador del Escorial descubría en el hecho de haber insertado la ley en su Código, aunque después de haber suprimido otra, según ya hemos dicho, negando al mismo tiempo á las Cortes de España sus incuestionables prerrogativas, aun es más censurable el proceder de Carlos IV que pone de manifiesto la siguiente nota, firmada por el marqués de Caballero, que se halló, años hace, según afirma el Sr. Martínez Alcubilla, entre los papeles del Ministerio de Gracia y Justicia. Dice así:

"Como tratándose de reimprimir la Novísima Recopilación, no ha podido menos de notarse que en ella hay algunos restos del dominio feudal y de los tiempos en que la debilidad de la monar-