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quía constituyó á los Reyes en la precisión de condescender con sus vasallos en puntos que deprimían su soberana autoridad, ha querido S. M. que reservadamente se separen de esta obra las leyes 2.ª, tit. V, lib. III. Don Juan II en Valladolid, año 1442, petición 2.ª de las donaciones y mercedes que ha de hacer el Rey con su consejo, y de las que puede hacer sin él. La 1.ª, tit. VIII, libro III. Don Juan II en Madrid, año de 1419, petición 10, sobre que en los hechos árduos se junten las Cortes y proceda con el Consejo de los tres Estados de estos reinos, y la 1.ª, título XV, lib. VI. Don Alonso en Madrid, año de 1393. Don Juan II en Valladolid, por pragmática de 13 de Junio de 1420 y Don Carlos I en las Cortes de Madrid en 1523, pet. 42: "Sobre que no se repartan pechos ni tributos nuevos en estos reinos sin llamar á Cortes á los procuradores de los pueblos y proceder su otorgamiento; las cuales quedan adyuntas á este expediente, rubricadas de mi mano, y que lo mismo se haga con cuantas se advierta ser de igual clase en el curso de la impresion, quedando este expediente archivado, cerrado y sellado, sin que pueda abrirse sin una orden expressa de S. M.

Aranjuez 2 de Junio de 1805.—Caballero."

Después de la lectura de ese documento, hay que convenir en la razón que asiste á los historiadores de nuestra legislación, que afirman haberse omitido en la Novísima leyes importantisimas que afectaban á la Constitucion del Estado, á su intervencion, en los negocios públicos y á la prosperidad universal; á los que acusan á los autores de ese Código de haber tenido "la idea preconcebida de sepultar para siempre los átomos de civilización, que el mismo Don Felipe II había permitido quedasen esparcidos en algunos libros de la Nueva Recopilacion; de "haber omitido en toda deliberacion y conciencia las leyes que declaraban la forma, manera y solemnidades en que debían formarse y derogarse las leyes, que debería ser siempre en Cortes, sancionando con esta inicua omisión el abuso que ya se venia cometiendo hacia muchos años, no sólo de legislar sin Cortes, sino de derogar sin ellas, leyes de Cortes," demostrando con esto que no se quería que fuese dogma de la nación española, ni siquiera que llegase á oídos del público á principios del siglo XIX aquella garantía de la perpetuidad de las buenas instituciones, consignada ya en nuestros más
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antiguos Códigos, confirmada por muchos reyes, y especialmente por Don Juan I en las Cortes de Burgos de 1379.

Nada menos que esa verdadera serie de criminales supresiones cometidas por Valdelomar y por la comisión de consejeros que reconoció y aprobó el trabajo del redactor, fue necesaria para borrar del Código publicado en 1806 la facultad de la nación, que no se habían atrevido á negar en derecho los reyes más absolutos y poderosos de las dinastías austriaca y borbónica.

Aunque los hechos que dejamos narrados sean conocidos de todos, bueno es consignarlos una vez más, sobre todo, cuando en obras modernas que se llaman fundamentales de Derecho español, escritas para que la juventud estudiosa ilustre sus primeras inspiraciones, se afirma que monumentos legales que adolecen de esos defectos (los cuales se tiene buen cuidado de no indicar) "honran el celo y la memoria de sus autores," añadiendo que es "muy de admirar que los monarcas usurpadores de la potestad legislativa llamáran en su auxilio las luces y el voto de consejos y corporaciones," cómplices de esos indignos escamoteos.

Pero si bajo cualquier régimen político las leyes han de ser duraderas, no pueden bajo ninguno ser perpétuas; y no debiendo tampoco dejarse al libre arbitrio de los que han de aplicarlas y obedecerlas el cumplirlas ó no, nuestros antiguos Códigos ocurrieron á esa necesidad, fijando hasta cuándo debe durar la observancia de aquellas, siendo la ley vigente acerca de la materia la XI, título 2.º, lib. 3.º de la Novísima Recopilación, que dice así:

"Todas las leyes del Reino, que expresamente no se hallen derogadas por OTRAS POSTERIORES se deben observar literalmente, sin que pueda admitirse la excusa de decir que no están en uso, pues así lo ordenaron los Señores Reyes Católicos y sus sucesores en repetidas leyes, y yo lo tengo mandado en diferentes ocasiones; y aun cuando estuvieren derogadas, es visto haberlas renovado por el decreto que conforme á ellas expedí (ley I, tit. 3.º), aunque no las exprese: sobre lo cual estará advertido el Consejo, cielando siempre la importancia de este asunto."

En cuanto á la autoridad de los monarcas absolutos de España para derogar leyes con pragmáticas, cédulas, decretos y provisiones reales, puede verse el tit. 4.º del lib. 3.º de la Novísima Recopilación, de donde entresacamos las siguientes:
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"Ley II.—No valgan ni se cumplan Reales cartas dadas contra derecho, ley ó fuero usado.

"Don Enrique II en Toro, año 1369, ley 24, y año 1371, ley 24, y Don Juan I en Búrgos, año 1379, pet. 37.

"Porque acaesce que por importunidad de algunos ó en otra manera Nos otorgaremos y libramos algunas cartas ó albañales que no valen ni sean cumplidas, aunque contengan que se cumplan no embargante cualquier fuero, ó ley, ó ordenamiento, ó otras cualesquier cláusulas derogatorias. (Ley I, tít. 14, lib. 4, R.)"

(Concuerda esta ley con las 29, 30 y 31, tít. 18, p. 3., en las cuales se determina que no deben valer las cartas ó privilegios dados contra la fé, contra las leyes y contra el derecho natural).

"Ley IV, tít. 4.º, lib. 3." Nov. Recop.

Se obedezcan y no se cumplan las cartas contra derecho en perjuicio de partes, aunque contengan cualesquier cláusulas derogatorias.

Don Alonso en Valladolid año 1325, pet. 44; Don Enrique II en Toro, año 1371, ley 23, y en Búrgos, año 373, pet. 19; Don Juan I en Briviesca, año 387, ley 25, y Don Enrique IV en Ocaña, año 469, pet. 16; en Toledo, año 62, peticion última, y en Nieva, año de 73, pet. 18.

"Muchas veces, por importunidad de los que nos piden algunas cartas, mandamos dar algunas cartas contra derecho: y porque nuestra voluntad es que la nuestra justicia florezca, y aquella no sea contrariada, establecemos, que si en nuestras cartas mandásemos algunas cosas en perjuicio de partes, que sea contra ley ó fuero ó derecho, que la tal carta sea obedecida y no cumplida; no embargante que en la tal carta se haga mención general ó especial de la ley ó fuero, ó ordenamiento contra quien se diese, ó contra las leyes y ordenanzas por Nos hechas en Cortes con los Procuradores de las ciudades y villas de los nuestros Reinos, aunque hagan mención especial de esta nuestra ley, ni de las cláusulas derogatorias en ella contenidas; ca nuestra voluntad es que las tales cartas no hayan efecto, aunque las nuestras cartas contengan las mayores firmezas que pudieren ser puestas, y aunque se diga, no obstante, que los fueros y leyes y ordenamientos, que no fueron revocados por otros, que no pueden ser perjudicados, ni derogados, salvo por ordenamientos hechos en
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Córtex: y todo lo que en contrario de esta ley se hiciere, Nos lo damos por ninguno. Y mandamos á los del nuestro Consejo y á los nuestros Oidores y á otros nuestros oficiales cualesquier, que no libren ni firmen carta ni albaí en que se contenga; no embarguen leyes ó derechos, ó ordenamientos, so pena de perder los oficios; y esta misma pena haya el Escribano que la tal carta ó albaí firmare: y desde agora relevamos á cualesquier ciudades y villa y lugares, ó otras personas de cualesquier penas ó emplazamientos que por las dichas cartas, que Nos en contrario diésemos, fueren puestas; en tal manera, que no incurran en las dichas penas, ni sean tenidos de parecer á los tales emplazamientos. (Ley II, tít. 14, lib. 4, R.)

No conduce á nuestro propósito el detenernos en reseñar lo ocurrido desde 1806 hasta el momento en que cautivo el rey que España consideraba legítimo, y huérfano el país de toda autoridad central; se hizo general la insurreccion y se formaron simultáneamente en todas las provincias juntas compuestas de las gentes de más prestigio ó más osadia, para organizar la resistencia y suplir la falta de monarca y de Gobierno legítimo, las cuales enviaban poco después sus delegados para componer la Junta Central gubernativa del reino, instalada solemnemente en Aranjuez el 25 de Setiembre de 1808; pero sí debemos llamar la atencion sobre el apellido de gubernativa que adoptó, y recordar el que, cuando el ilustre Palafóx fue elegido jefe del levantamiento en Zaragoza, había reunido las Córtes aragonesas en sus cuatro brazos el 9 de Junio para que legitimasen todo lo hecho por las juntas populares de Aragon al declararse contra los frances; así como que la Junta de Murcia propuso la reunion de Córtes y el nombramiento interino de un Consejo de Gobierno, aprobando en lo esencial estas ideas los de Asturias, Galicia, Valencia, Badajoz y Granada; y el hecho de que inmediatamente después de constituida la Central y de expedir decretos de carácter gubernativo, se apresurare á rendir en cierto modo tributo á la division de poderes, creando una comision ejecutiva; porque todos esos hechos demuestran que, ni aun en aquellas gravísimas circunstancias, se creía nadie autorizado en ausencia del rey y de las Córtes para considerar reunidos en un solo centro ó corporacion la facultad de dictar leyes y de ejecutarlas, ni mucho menos para derogar en
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todo ni en parte leyes anteriores del reino hechas en Cortes.

En cuanto al Consejo de regencia, en quien la Central resignó su soberanía y el Gobierno; y que solo funcionó como tal poder soberano desde el 31 de Enero hasta el 24 de Setiembre de 1810 en que se abrieran las Cortes generales y extraordinarias de la isla de León, no tenemos noticia de que adoptase medida alguna de carácter legislativo, limitándose á hacer frente á las necesidades y á preparar, unos de grado y otros por fuerza, la reunión de aquella venerable Asamblea, que no se propuso, como algunos han supuesto, constituir de nuevo el país, sino para y simplemente reformar la antigua Constitución de España, manteniendo sus bases cardinales, pero estableciendo garantías que impidiesen ó dificultaran, cuando menos en lo sucesivo, las usurpaciones absolutistas ó despóticas.

Estos apuntes serían, sin embargo, deficientes, si no los completásemos con la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, acerca de las leyes que dejamos copiadas.

Esta doctrina se halla consignada en varios fallos, y entre ellos en una decisión á favor del Juzgado de primera instancia de Alcántara, en la competencia con el de la Capitanía general de Extremadura, y la cual decisión se publicó sin fecha en la Gaceta de Madrid de 4 de Febrero de 1858.

Versaba el conflicto, á que dicha decisión puso término, acerca del conocimiento de la causa instruida contra los carabineros Zacarías Martín, Manuel Cordero y Manuel Carballo, por desobediencia y desacato al alcalde de la villa de Estorninos, en la noche del 4 de Diciembre de 1857.

Reclamada por el Juzgado civil ordinario la inhibición del militar con remisión de las actuaciones de éste y de los carabineros, apoyándose en la Real orden de 8 de Abril de 1831, según la que el desacato causaba desafuero, se negó á ello dicho Juzgado militar, exponiendo que no había existido el desacato, sino que lo que había intentado el alcalde de Estorninos era contrariar cierta aprehensión de reses, como procuraban hacerlo siempre los vecinos de aquellos pueblos limítrofes; añadiendo que en la ley XXI, tít.: 4.º, libro 6.º de la Novísima Recopilación, no se enumeraba en los casos de desafuero el de desacato, y que esta ley no había podido quedar sin efecto por la Real orden citada de 1831, estando declarado así
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en otra Real orden de 18 de Setiembre de 1848, expedida por el ministerio de la Guerra: y habiendo venido unas y otras actuaciones al Tribunal Supremo, éste consideró que dicha Real orden de 8 de Abril de 1831, ajustada á lo dispuesto en las leyes VIII y IX del tít 10, lib. 12 de la Novísima Recopilación, tenía, por la época en que se expidió, fuerza derogatoria de la ley XXI, tít. 4.º, libro 6.º del mismo Código (1).

En la misma Gaceta puede verse también otra decisión á favor de la jurisdicción ordinaria en la competencia entre el Juzgado de guerra de la Capitanía general de Valencia y el de primera instancia de Gandesa, y en la cual se decretó por el mismo Tribunal Supremo que la repetida Real orden de 8 de Abril de 1831 tomaba su fuerza de las leyes XV, tít. 4.º, lib. 6.º, y IX, tít. 10, lib. 12 de la Novísima Recopilación, según las cuales el delito de resistencia formal á la justicia, cuyas funciones permanentes ejercían los alcaldes, causaba desafuero.

Conforme, pues, á esta doctrina, para que á una disposición emanada directamente del Poder Real en tiempos de la Monarquía absoluta se le reconozca fuerza derogatoria de una ley del Reino, es indispensable que la Real orden se ajuste á lo dispuesto y tome su fuerza de otras leyes.

II

Los legisladores de Cádiz en 1810, á quienes suele tacharse de inexpertos, con asombrosa lijeriza, conocían perfectamente que sin salirse del antiguo y verdadero régimen constitucional de España, podían establecer la división del poder público en legislativo, ejecutivo y judicial, y así lo hicieron en la primera sesión de aquellas Cortes, después de su apertura solemne, aprobando las siguientes proposiciones:

1.º Que las Cortes generales y extraordinarias, que representaban la nación española, se declaraban legítimamente constituidas, y que en ellas residía la soberanía nacional. 2.º Que las Cortes declaraban del modo más enérgico y patente que reconocían,

(1) Idéntica doctrina puede verse en otra decisión de competencia, fecha 27 de Mayo de 1858, publicada en la Gaceta del 30 del mismo mes.
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proclamaban y juraban de nuevo por su único y legítimo rey al Señor Don Fernando VII de Borbón; y declaraban nula, de ningún valor, ni efecto, la cesión de la corona que se decía hecha en favor de Napoleon, no sólo por la violencia que había intervenido en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la nación. 2." Que conviniendo la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, las Cortes sólo se reservaban el primero. 4." Que las personas que debiesen desempeñar el poder ejecutivo durante la ausencia del rey, fueran responsables por los actos de su administración, conforme a las leyes; declarando al mismo tiempo que el Consejo de Regencia, á la razón existente, ejercería el poder ejecutivo reconociendo la soberanía nacional de las Cortes, bajo la fórmula del juramento que deberá prestar inmediatamente. 5." Que se constituirían todos los tribunales y justicias del reino y todas las autoridades civiles y militares. 6." Y por último, se declaraba la inviolabilidad de los diputados y que sólo se podría atentar á ella en los términos que estableciese el reglamento que deberia formarse.

Siendo la ley en todos los casos y sistemas de Gobierno la manifestación de la voluntad soberana; no habiendo conformidad entre nuestros partidos políticos acerca de la residencia constante de esa soberanía, y no queriendo, por nuestra parte, filiarnos por ahora en ninguno, nos abstenemos de entrar en esa cuestión, no resuelta todavía entre nosotros de una manera definitiva, y que, por tanto, reviste carácter constituyente, para encerrarnos en los límites del derecho constituido, exponiendo lo que acerca de la facultad de hacer leyes han dispuesto las distintas Constituciones políticas por las cuales se ha regido España en el siglo presente.

Ocupa entre ellas el primer lugar en el orden cronológico, la llamada de Bayona de 1808, cuyo art. 82 dice lo siguiente:

Art. 82 La ley fijará de tres en tres años la cuota de las rentas y gastos anuales del Estado, y esta ley la presentarán oradores del Consejo de Estado á la deliberación y aprobación de las Cortes.

"Las variaciones que se hayan de hacer en el Código civil, en el Código penal, en el sistema de impuestos, ó en el sistema de monedas serán propuestas del mismo modo á la deliberación y aprobación de las Cortes.
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Constitución de 1812:
"Art. 131. Las facultades de las Cortes son:
Primera. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Art. 142. El Rey tiene la sanción de las leyes."
Si negada dos veces la sanción por el Rey en dos legislaturas distintas, era de nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entendía que el Rey daba la sanción, y presentándosela tenía que darla en efecto (1).

Estatuto Real de 10 de Abril de 1834:
"Art. 33. Para la formación de las leyes se requiere la aprobación de uno y otro Estamento y la sanción del Rey."

Constitución de 1837:
"Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 46. El Rey sanciona y promulga las leyes."

Constitución de 1845:
"Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 44. El Rey sanciona y promulga las leyes."

Constitución de 1869:
"Art. 34. La potestad de hacer leyes reside en las Cortes.
El Rey sanciona y promulga las leyes."

Constitución de 1876:
"Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 51. El Rey sanciona y promulga las leyes."

Por último, y como complemento de esta enumeración, citaremos las disposiciones contenidas acerca de este punto en dos proyectos constitucionales, uno debido al Sr. D. Juan Bravo Murillo y otro á las Cortes Constituyentes de 1854.

(a) Proyecto de Constitución presentado al Congreso de los Diputados por el Ministerio presidido por D. Juan Bravo Murillo, el dia 1.º de Diciembre de 1852:

(1) Art. 140.
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men, da la materia, el germen da la forma: la una es la fuerza general, la otra la fuerza individual. Las ideas, y con ellas las sensaciones y fenómenos vitales, son producto de dos factores: el yo y el no-yo: el no-yo es la materia general: el yo es la fuerza individual, que asimila esta materia y la hace suya en virtud de sus leyes propias. Tal es la posición característica que ocupa frente á la solución materialista y á la idealista, la psico-física; y tiene por razón de ella una gran ventaja sobre las soluciones materialistas, pues prueba lo anticientífico que es estudiar el pensamiento, por ejemplo, en el cerebro, que no le es esencial, puesto que sin él viven y obran multitud de especies animales que nos sorprenden por su maravilloso instinto. No carece también de ciertas ventajas respecto de los sistemas idealistas, si bien, por otra parte, se incapacita para construirse como ciencia independiente, por no salir de la observación de los fenómenos. Sus dificultades son gravísimas, porque si yo conozco lo que pasa en el cuerpo, no es accesible á la observación el por qué y el cómo de los fenómenos psíquicos, ó el modo como influye el acto físico en la determinación y extensión del acto interno. Y como esas dificultades eran menores en lo que toca á la sensación, á ella se han dirigido la mayor parte de las investigaciones psico-físicas. Se ha intentado determinar la relación cuantitativa entre la excitación y la sensación misma, midiendo á ese efecto el agente físico que representa el papel de excitante. La ley establecida por Weber, y que ha servido de base á Fechner, dice, contra la opinión de los materialistas, que la intensidad de la sensación no crece en proporción directa del incremento de la excitación, sino más lentamente, con lo cual, dicho se está que ha de existir una causa extraña al hecho material, que modifique la ley de relación entre los agentes físicos. Esa ley se determina y desarrolla en otras tres: toda sensación que corresponde á una excitación permanente, se debilita gradualmente: á las excitaciones de intensidad variable corresponden sensaciones diversas, cuya intensidad está representada por el logaritmo de la excitación, etc. Según el resultado de las experiencias hechas por Fechner, supuesto que se confirmen, una tabla de logaritmos permitiría saber cuánto crece una sensación cuando la excitación crece de una manera determinada, y á un hacer la operación á la inversa. "La sensación crece como el logarit-
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"Art. 3.º El Rey ejerce con las Cortes la potestad de hacer las leyes.

Art. 24. El Rey sanciona y promulga las leyes."

(b) Constitución no promulgada en 1876:

"Art. 1.º Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente á la Nación el derecho de establecer las leyes fundamentales.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 50. El Rey sanciona y promulga las leyes."

De esta prolífica enumeración resulta, por consiguiente, que si con arreglo á las antiguas leyes españolas, no podía sostenerse con razón que residiera íntegramente en los Reyes absolutos la potestad legislativa; dentro del régimen constitucional moderno, esa proposición es una verdadera herejía jurídica, hasta para los más aficionados al principio ó sistema absolutista; y en lo que se refiere á las leyes que regulan los derechos civiles de los españoles, hasta para los que, como José Napoleón I, ocuparon el Trono de España por el derecho de conquista, ó por las artes de la traición y de la perfidia.

¿Pueden invocarse contra éste las usurpaciones de la facultad legislativa que se hayan cometido por los Gobiernos, boliando las leyes fundamentales del país, y autorizando moralmente con sus violentos procedimientos, los procedimientos de fuerza que caracterizan á las revoluciones?

¿Podrán, acaso, justificarse esas usurpaciones por la ley de la necesidad ó de las circunstancias arbitrariamente apreciadas por los usurpadores?

¡Bastará para que la usurpación prevalezca con que al cometerla el usurpador prometa dar cuenta de ella á las Cortes, ó sometirla á su aprobación!

Desde luego está á la vista que al acudir en género de razonamientos, ya no se aspira á resolver la cuestión en el terreno del derecho, con arreglo á los principios fundamentales sobre que descansa el orden social en todo país civilizado, sino en el terreno de los hechos, y por el criterio siempre arbitrario de las circunstancias, camino que por cierto han frecuentado mucho todas las