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de su enlace se mida por los grados de influencia que éste pueda ejercer en los destinos del país.

Examinado desde este punto de vista el consejo que el Ministerio responsable ha debido dar á S. M., hay que convenir en que el matrimonio con la archiduquesa María de Austria afecta de cerca á la nación y en que, por lo mismo, hay necesidad de discutirlo á fondo; no para inclinar el ánimo del Rey á que persista en su propósito, ni para impedírselo, porque el Rey es libre, completamente libre, para subordinar los actos de su voluntad á sus propios sentimientos, sino para exponer opiniones sobre las consecuencias, próximas ó remotas, que pueda producir el hecho, estudiándolo en sus causas, en sus relaciones y en sus procedimientos.

La infanta María, hija del archiduque Carlos Fernando y de la archiduquesa Isabel, nació el 21 de Julio de 1858. Bella, como casi todas las princesas de la Casa de Austria, virtuosa, de un entendimiento clarísimo y educada en la religión católica, nada hay en su enlace con el Rey católico de España que pueda alarmar las conciencias timoratas; pero no es este el argumento que habría de decidirnos en pró ó en contra de esta boda, porque, partidarios de la libertad religiosa, y consignado este principio, aunque con el nombre de tolerancia, en la Constitución política, no sería para los hombres de la escuela liberal un inconveniente el que S. A. profesará otra religión, si el Rey, á pesar de ello, la consideraba digna de sentarla en el trono. Hacemos, pues, al Gobierno responsable la justicia de creer que no ha fundado su consejo en la sola razón de que la archiduquesa María sea católica, sino que otras razones, de verdadero interés público habrá tenido en cuenta al aconsejar á su majestad, y que del mismo modo lo habría hecho en favor de otra princesa, si las aficiones de su alma hubieran inclinado al Rey á elegirla por esposa, cualquiera que fuese su religión; porque lo contrario sería desconocer la libertad del jefe del Estado y encerrarse en moldes demasiado estrechos, hoy que el progreso de las costumbres y el espíritu civilizador de los tiempos proclaman que la diferencia de opiniones religiosas no debe influir, para nada, en la sociedad civil, ni en la sociedad doméstica.

Otro es el punto cuestionable y otras las ideas que deben tenerse en cuenta al discutir sobre esta delicada materia. La archiduquesa María, es vastago ilustre de la secular casa de los Aupasburgos, y la casa de los Aupasburgos, enlazándose con la dinastía que fundaron Fernando V é Isabel I, dió á España cinco reyes, que fueron, sucesivamente, la causa de que, en el período de dos siglos, bajase la nación, como despojada, desde el primer puesto que llegó á ocupar en el mundo, á principios del si-
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glo XVI, por su política, por su población, por su cultura y por su riqueza, al último grado de ignorancia, de postración y de miseria.

Grande fué la monarquía de Carlos I, porque grande la recibió en 1517 de manos del cardenal Cisneros, con quien, en sus últimos días fué algo ingrato. La de Felipe II pudo conservar los resplandores de aquella grandeza; pero, bajo su cetro, empezó el rebajamiento del carácter español y la decadencia del país que, sin poder contenerse en los reinados de Felipe III y Felipe IV, llegó á su completa ruina, en el de Carlos II.

Una guerra civil y extranjera cortó en 1713 el hilo de aquella dinastía; y aunque España vino á ser feudo de la casa de Borbón, que, si exceptuamos algunos de sus reyes (como Carlos III, en quien no hizo mella el fanatismo religioso) no fué mejor que la de Aupsburgo, se lo cierto que, bajo el reinado de Felipe V, recobró algo de su antiguo vigor para emprender de nuevo el camino de la civilización, en que ya nos llevaban mucha delantera las demás naciones.

La dinastía austriaca, cuya política fué la exageración del principio monárquico, hizo tabla rasa con nuestras libertades públicas que, encarnadas en las prerrogativas de las Cortes, en los fueros municipales y más que todo en los hábitos de los españoles, habían sido la base del engrandecimiento de la patria. Insensibles á los clamores de los pueblos y á las lecciones de la experiencia, no parecía sino que cada uno de los sucesores de Felipe el Hermoso estaba predestinado á ser más funesto que el otro. Apenas si en la historia de todos ellos se descubre un rasgo de Gobierno de aquellos que inmortalizaron á Isabel la Católica, cuando, identificándose con la opinión pública y tomándola constantemente por guía; impulsaba las ciencias, las armas y todos los intereses sociales hacia su mejor y más rápido desenvolvimiento; pero en cambio no hubo uno que no hiciese pacto con el fanatismo religioso, como si la autoridad del poder real no tuviese más apoyo que el de la conciencia humillada, y como si la religión no fuese una virtud sobrenatural que, para arraigarse no necesita allanar su campo con la fuerza ni regarlo con sangre.

Y lo que ocurrió en España con los reyes de la casa de Aupsburgo, ocurría entonces y ha seguido ocurriendo en Austria con sus emperadores. Así vemos que cada paso que esta nación ha dado en el camino de la libertad y cada reforma que ha conseguido en sus instituciones políticas, judiciales ó administrativas, ha sido el triunfo de una lucha entre el espíritu despótico de sus príncipes, siempre influidos por la exageración religiosa, y el espíritu de libre examen de sus dominados súbditos.
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Y bien, ¿podría acontecer que, reina de España la archiduquesa María, el elemento neo-católico, que tan tenaz y tan solapado es en este país, se apoderase, poco á poco, de la dulzura de su carácter y de la bondad de sus sentimientos, para fundar en ellos la esperanza de sus planes ó la garantía de sus intereses? ¡Podría acontecer que el elemento ultra-conservador, que no es menos tenaz, tratará de buscar en la reina un punto de defensa para sus soluciones y una representación poderosa para sus ideas! Si así sucediera, los que hacen política pesimista tendrían motivos muy sobrados para felicitarse de esta boda. Nosotros, por lo contado, no queremos creer que tales situaciones puedan sobrevenir; pero quizá lo que á nosotros nos parece hoy punto menos que imposible lo juzguen los ultramontanos y ultra-conservadores empresa fácil, contando con la eficacia de sus medios y con la favorable predisposición de un espíritu dotado de grandes virtudes, pero inocente para distinguir que las ideas de la libertad política, de que no participa la corte de Viena, y las ideas de la libertad religiosa, que no tolera la severidad del claustro en que ha sido educada, son en España el cimiento de la Monarquía, la base de su organización y el culto político de la gran mayoría de sus ciudadanos; y que si triunfase en su bondadoso ánimo las opiniones del ultramontanismo y de la reacción y de ellas tratará de hacer partícipe á su augusta esposa, sería causa, sin quererlo, ni siquiera darse cuenta, pero sin poderlo evitar, de grandes males para la patria.

Y no se diga que al exponer estas ideas tenemos el propósito de sus citar prevenciones imaginarias, ó cuando menos prematuras, que esto sería indigno de un escritor político; es que, planteado el problema, hay necesidad de examinarlo bajo todas sus fases y hasta en sus hipótesis.

Tenemos, á pesar de todo, la esperanza de que la archiduquesa María, una vez reina de España, comprenderá, en su clarísimo entendimiento, como lo comprendió la reina Mercedes, que la misión de una reina consiste en hacer la felicidad de su augusta esposo, sin intervenir en los asuntos de Estado ni hacerse partícipe de ningún interés político. Y creemos, por último, que Don Alfonso XII, cuya ilustración es grande y cuya experiencia es mucha, al decidirse á tomar estado, para realizar la misión del rey y del ciudadano, y al elegir por esposa á S. A. la archiduquesa María Cristina de Austria, obra por los impulsos de su corazón, siempre dignos de respeto, y con el noble deseo de asegurar, en la felicidad de su dinastía, la felicidad de España.

2. Reformas de Cuba.—Otro de los asuntos de que debemos ocuparnos es el decreto expedido por el ministerio de Ultramar en 15 del corriente nombrando una comisión que informe "al Gobierno sobre los tér-
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"minos en que haya de proponerse á las Cortes, al reanudar éstas sus tareas, el sistema de tributacion de la Isla de Cuba, el de sus relaciones comerciales, general y nacionalmente consideradas, y el de su régimen varancelario, así como acerca de la solucion definitiva que convenga dar á las cuestiones suscitadas por la condicion excepcional en que están muchos de los habitantes de dicha Isla (1)."

La comision se compone del capitán general don Joaquín Jovellar, del contraalmirante de la Armada don Carlos Valcárcel, del ex regente de la Audiencia de la Habana don José de Posadillo, del arzobispo de Santiago de Cuba don Augusto Amblard, de los consejeros de Administracion de la Isla don Manuel Calvo y don Pedro Sotolongo, y de los senadores y diputados de aquellas provincias que hasta ahora han presentado sus credenciales en las respectivas Cámaras, y son á saber, Senadores: don Juan Manuel Sanchez Bustamante, don José Silverio Gorin, don Juan Bueno y Blanco, don Leon Crespo de la Serna, don Manuel Fernandez de Castro, el marqués de la Victoria de las Tunas, el de O'Gaban, el de San Carlos de Pedroso y don Vicente Galarza. Diputados: don Antonio Fernandez Chorot, don Bernardo Portuondo, don Calixto Bernal, don Julio Apezteguía, don José Argumosa, don Martin Gonzalez del Valle, don Manuel Armiñan, don Mariano Cancio Villaamil, don Mamerto Pulido, don Miguel Martinez de Campos, don Rafael María de Labra y don Santiago Vinent.

El Gobierno,—dice el ministro de Ultramar en el preámbulo del real decreto—tiene, en principios generales, trazada su línea de conducta sobre estas cuestiones, verdaderamente árduas, si no por lo nuevas, pues que ya todas ellas han sido estudiadas y discutidas, por lo complejas y especiales; pero, sin embargo, cree prudente, antes de presentar su pensamiento á la deliberacion de las Cortes, buscar, como previo estudio, el concurso de aquellas personas que, como más inmediatamente interesadas en la suerte de Cnba, y más conocedoras en el momento presente del estado de la opinion, y de lo que ésta necesita y requiere, le auxilien con sus luces y sus consejos. A este fin les encarga que, "con presencia de todos los numerosos datos existentes en las dependencias centrales de la administracion, presenten al Gobierno en el más breve plazo, y siempre antes de continuar la legislatura, el resultado de sus trabajos y el dictamen definitivo para la resolucion concreta de las cuestiones todas sometidas á su examen y deliberacion." (2)

(1) Art. 1.º.
(2) Art. 2.º
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Por la sucinta reseña que hemos hecho del real decreto de 15 del corriente, se observa que el asunto es grave y trascendental.

Es innegable que el Gobierno ha expresado en esta disposición un buen deseo, y que ha obrado con acierto al designar las personas que forman la comisión; pero es también evidente, al menos lo es para nosotros, que la comisión no llegará á reunirse antes de que las Cortes reanuden sus tareas, y que si lo hiciera no llegaría á emitir el dictámen que se le pide, entre otras razones de gran peso, por falta de tiempo para estudiar los antecedentes; pero este inconveniente, que casi deja reducido el decreto del señor ministro de Ultramar á una obra de lujo, ó cuando más á una exposición de buenos propósitos, menos franca quizá de lo que debiera, no anula, por completo su mérito, porque siempre demuestra que el Gobierno procura inspirarse en la opinión pública para acertar todo lo posible en el camino emprendido; "camino"—añade el ministro de Ultramar,—que hasta el fin, y sin dilaciones ni vacilaciones de ningún género, se propone seguir para llenar su misión tal como la comprende y entiende que debe realizarla."

Hace mucho tiempo que los Gobiernos de España vienen estudiando la manera de resolver en Cuba tres grandes problemas, el social, el político y el económico. La Constitución de 1845 dispuso que las provincias de Ultramar se rigiesen por leyes especiales y para fijar las bases de éstas se abrió, por decreto de 25 de Noviembre de 1865, una amplia información en que fueron tratadas todas las cuestiones que directa ó indirectamente se relacionan con los citados problemas. La información produjo, por de pronto, buenos resultados, porque en ella se demostró por parte del Gobierno y por parte de los representantes de Cuba, el deseo de establecer una organización sólida, en armonía con los modernos principios de derecho constitucional y con las tradiciones de la nación española.

Entonces se abordó de frente la grave cuestión de asimilación de derechos y obligaciones entre españoles de Cuba y españoles de la Península, ó la desemejanza total del Gobierno de las Antillas.

Los trabajos que en 1866 y 1867 se hicieron, y que nada dejan que deseal al lado de las luminosas obras que sobre cuestiones coloniales se han publicado en Inglaterra, Holanda, Francia y las demás naciones que tienen ó han tenido posesiones en América, quedaron archivados. A la rebelión de una parte de los cubanos, en 1868, tuvo que contestar España con la guerra, y en esta situación excepcional continuó la isla hasta que el convenio de Zanjón puso término á la lucha.

En virtud de este convenio, quedó resuelto el primero y más grave de los problemas. Cuba está dividida, como España, en provincias y mu-
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unicipios. Sus habitantes, en virtud de la prerrogativa electoral que les ha sido reconocida, nombran libremente sus diputaciones y ayuntamientos, sus senadores y diputados á Cortes. El Gobierno sólo se ha reservado lo que en el orden público, en el económico y en el administrativo corresponde al poder central, en nombre del estado. Está, pues, resuelto, á satisfaccion de insulares y peninsulares, el problema político en el sentido de la asimilacion.

El convenio de Zanjón resolvió también una gran parte del problema social; los negros que habían tomado las armas, fueron declarados libres.

Sólo continúan en la servidumbre los que, por amor á España ó por temor á la guerra, no estuvieron en las filas de los separatistas. No censuraremos al general en jefe del ejército, representante del Gobierno, por no haber manumitido, cuando lo hizo con los esclavos en armas, á los esclavos pacíficos y leales. Los primeros tenian de su parte, en aquellos momentos, la razón de la guerra, que autoriza todas las demandas justas y todas las concesiones lícitas, los segundos sólo tenian en su favor, como lo tienen hoy, el sentimiento de humanidad que condena, como inicua en la esfera de la conciencia y como absurda en la esfera del derecho, la explotacion del hombre por el hombre.

La opinión pública, en Cuba y en todas partes, conviene en que esta situacion excepcional no puede prolongarse, y en que hay necesidad de resolverla: lo exige la humanidad, lo exige la religion, lo quiere la justicia, lo aconseja, en último término, el interés legitimo de asegurar la paz y la fraternidad entre las provincias de Cuba y las provincias de España.

Dos son los procedimientos que hasta ahora se indican para la abolición de la esclavitud, el inmediato y simultáneo, y el gradual y lento. ¿Cuál de los dos debe adoptar el Gobierno como criterio para llevarlos, en su dia, á la deliberacion de las Cortes? ¿Cuál es el que más conviene á los intereses de Cuba? Los que, sin confesarse esclavistas, sostienen, sin embargo, la esclavitud, señalan como peligros de la emancipacion, cualquiera que sea el sistema por que se realice, el de que los esclavos, una vez libres, atentarían contra la vida y la propiedad de sus antiguos señores, el de que pueden atentar contra la seguridad y el orden público y el de que la emancipacion arruinaría la producción indígena: tan absurdas nos parecen estas objeciones que ni siquiera debemos refutarlas.

Otros hombres, menos violentos de sus exigencias, de más sentido práctico y desde luego anti-esclavistas, se oponen á la abolición inmediata y simultánea, porque, en su concepto, puede traer estos males:

1.º El de las dificultades del Tesoro cubano para la indemnización á
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los propietarios, porque ni Inglaterra, ni Francia, ni Dinamarca, ni Holanda, ni Suecia han dejado de indemnizar.

2.º El de que la súbita interrupción de relaciones entre el amo y el esclavo traería consigo la paralización de los trabajos agrícolas.

3.º El de la irrupción simultánea de esas huestes ignorantes en las poblaciones y el temor de que se dediquen á la vagancia y tras de ella, á los vicios que conducen al crimen.

4.º El retraimiento de muchos libertos á los lugares montuosos y despoblados, volviendo á la vida salvaje y trasformándose de elementos de producción en motivos de intranquilidad.

5.º El encarecimiento repentino de los jornales y la consiguiente imposibilidad de producir á los precios que ahora.

6.º La probabilidad de que, temores exagerados, hicieran retirar de la isla muchos capitales y de que esto aumentase su crisis financiera.

Confesamos ingénuamente que en estas observaciones hay exceso de prevision, que se presta á dudar de la sinceridad que las inspire, pero que también hay mucho de razonable.

Declarados libres por el convenio de Zanjón los negros que tomaron las armas contra España, se ha enseñado á los negros pacíficos el camino de conquistar su libertad, si, al pedirla como la piden hoy, casi de hinojos, se les negara, y se ha puesto en manos de los enemigos de España el argumento con que fanatizarlos y poderlos llevar donde, si fueran libres, no pensarían ir. Ya sabemos que nada de esto ocurre en la actualidad; que no hay por ahora temor alguno, y que, en todo caso, la autoridad superior de la isla tiene medios sobrados para garantizar la tranquilidad pública; pero el motivo existe, y mientras exista, tiene que ser un peligro para el orden público. Por eso, si siempre ha sido de justicia la abolición de la esclavitud, hoy es de imperiosa necesidad.

¿Y cómo ha de ser ésta? En opinión del que escribe estas líneas colectiva y rápida, especie de sistema mixto que, huyendo de los peligros que pueda traer el procedimiento inmediato y simultáneo, y de la hipocresía del gradual y lento, viene á asemejarse el empleado por Inglaterra en 1823 en que, al declarar libres á los esclavos, los sometió por espacio de siete años á un sistema de aprendizaje, fórmula de la reglamentación del trabajo, que nosotros consideramos, hoy por hoy, necesaria en Cuba, por interés de los negros que se emancipen y por interés público.

Examinado ligeramente el problema social é indicado el modo de resolverlo, tócanos tratar, en la forma que puede hacerse en una Revista, el problema económico, que si es menos importante que el social y que el político, por que no afecta á la condición civil ni á los derechos del in-
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REGLAMENTACION PARLAMENTARIA

Apuntes sobre el examen y aprobacion de actas electorales en el Congreso de los Diputados

OJEADA HISTÓRICA SOBRE ESTE ASUNTO

El artículo 34 de la Constitucion vigente confiere á cada uno de los Cuerpos Colegisladores, además de la facultad de formar el respectivo reglamento para su gobierno interior, la de examinar las calidades de los individuos que le componen y la legalidad de su eleccion, siendo, por tanto, indiscutible hoy, dentro del derecho constituido, que el examen y decision acerca de la legalidad de las elecciones de los señores diputados y de la actitud legal de éstos corresponde al Congreso, con exclusion de cualquiera otro poder ó autoridad.

Esta última facultad se ha considerado en los tiempos modernos tan inherente al organismo e independencia de la Cámara popular, que los autores del Estatuto Real de 10 de Abril de 1834, que no reconocieron á los Procuradores del reino la iniciativa parlamentaria en otra forma que la antigua de peticion, y atribuyeron á la Corona la facultad de ordenar los reglamentos para el régimen interior de los Estamentos; al dictar el de 13 de Julio de 1834 para el de procuradores á Cortes, establecieron en los ar-
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dividuo, es, en cambio, más complejo por la multitud de intereses con que se roza.

El problema económico, tal y como lo ha anunciado el ministro de Ultramar en el decreto que examinamos, envuelve el planteamiento de dos sistemas: el de tributación y el de comercio. El primero lleva consigo el de monedas, cambios y contribuciones; el segundo el de aranceles de aduanas y el de relaciones comerciales á que deben aquellos atemperarse.

El sistema de tributación entraña estas cuestiones:—Unificación del sistema monetario:—Cambios:—Indemnización á los tenedores de onzas de oro, si esta no habia de valer en Cuba más que ochenta pesetas, como en la Península:—Riqueza que ha de sufragar la tributación, y límite de esta para la propiedad agrícola, urbana y pecuaria:—Subsidio industrial:—Rentas del Estado. El sistema de comercio comprende, entre otras muchas, las siguientes:—Reformas del arancel de España y del arancel de Cuba, para convertirlos en uno solo, ó reforma del primero para abolir los derechos de exportación y reducir los de importación:—Denuncia de los tratados de comercio que España tiene celebrados con las demás potencias, para celebrar otros é incluir en ellos la navegación y comercio de Cuba, ó hacer tratados especiales para el comercio internacional de aquella isla:—Declaración de comercio de cabotaje entre Cuba y España, ó imposición de derechos de importación para el cambio de sus respectivos productos:—Declaración del derecho diferencial de bandera para los buques que no sean de España y que desembarquen en los puntos de Cuba, ó igualdad de bandera, con solo el derecho de descarga para toda la marina mercante.

De cada una de estas cuestiones capitales surgen otras que no por ser de relación ó de detalle carecen de interés.

No es propio de este artículo entrar á discutir á fondo el problema económico de la isla de Cuba, por que cada una de las cuestiones que quedan enunciadas exige un estudio previo y un trabajo especial y detenido; pero, indicando ideas generales, no tenemos reparo en sostener que si la declaración del comercio de cabotaje entre Cuba y España, que sería el complemento de su asimilación y que, hecha en el orden político, debería también hacerse en el económico, pareciese demasiado radical, al menos habrá que suprimir los derechos de exportación para los productos cubanos, por que si contribuyen la agricultura, la ganadería, la industria y la transmisión de dominio con el compuesto directo, no hay razón para gravar con otro los productos de aquellas riquezas tributarias.

Hay también que hacer una gran rebaja en los aranceles de España para los productos cubanos, porque la rebaja de derechos facilitaría la