Revista de España (1879-03-01 00:00:00), página 506

en humano poder el destruirlo, ni entraba en sus miras (1). Menos aún podían acometer tan loca empresa los visigodos, más necesitados de aprender derecho que en disposiciones para enseñarlo; y así se explica que pudiese llegar la "gensilidad" á los comienzos de la Reconquista, si bien mudado el nombre en el de familia, á causa de haber alterado el cristianismo la significación del primero, atribuyéndole un sentido que había de hacerlo mal sonante en pueblos convertidos ya al Evangelio; un documento del siglo VIII nos ha conservado la memoria de las familias de los Destérigos, de los Agárigos ó Agarios, de los Avezanos, etc. (Esp. Sag., t. XL, apénd. 12) (2).

(1) El criterio fundamental de los Edictos provinciales era el respeto al derecho consuetudinario y á las leyes locales. No se privó á las provincias de sus senadores, de su magistratura ni de sus acuerdos: los que antes ejercían el mando supremo de la tribu ó ciudad, permanecieron rigiendo la res privata de ésta, una vez incorporada á Roma. Lo mismo las ciudades aliadas (federates) que las libres (liberes), disfrutaban de la libertas (independencia administrativa) y autonomía (legislación y jurisdicción nacionales); no dependían del gobernador romano, ni tenían guarnición: continuaban propietarias del suelo; esto es, no era declarado éste ager publicus. Su único lazo con Roma era el foedus, ó el senatus consultum que los unía á Roma; y además, las ciudades libres, por los stipendiós y portoríos que tenían que satisfacer al tesoro público: todavía, en este caso, no se confundían sus bienes con las rentas del pueblo romano.

Puede consultarse la doctrina que proclama sobre el ius provinciae, Ulpiano, lib. 14 ad Edict., y el Digesto, de Reg. Juri., I. 123. El mismo Ulpiano estableció, en materia de convenciones, este orden de prelación: primero, lo pactado; segundo, la mos regionis (Ibid., de Reg. juris, I. 34). Hasta se permitió redactar en la lengua de cada país los fideicomisos (D., 32, lib. 11; Gajo, II. § 28; Ulp., fragm. 25, § 9). Tratan en particular esta materia: P. Willems, El Derecho público romano, 3.ª ed., 1874; Derecho público y Administrativo romano, por D. Sorlíngat, 1862; Laferrère, Historia del derecho público francés, t. I y II; etc.

Nuestros fueros de la Edad Media no fueron una creación original, sino una jura conditiva del primitivo derecho indígena. Hubo á sido empeño vano querer destruirlo: el Código de Alámar se propuso matar el retrato gentílico, y el retrato rige todavía en nuestra Península. Y si el derecho imperial no suplantó al indígena, menos habían de abrogarlo los bana bonives que dictaron los fueros. Sabido es que en los primeros siglos de la Reconquista, el país se rigió por usos de la tierra (Fr. Guerra, El Fuero de Arilla, pág. 35, 36 y 61).

(2) Una de las acepciones que tomaron los vocablos gens y gentilitas después de Augusto, fué la de extranjeros, bárbaros, en contraposición á romanos (Tacito, De morbi Germ. 33; Cod. Theod. III. 14, I; XI, 80, 62).—A su vez, los PP. de la Iglesia tradujeron aquel concepto á los idoláteros, en contraposición á judíos y cristianos, y designaron por gentilidad la religión pagana (San Jerón. Ep., 22, 30; 4, 22; Lactancio, 2, 13; Vulgat., I saúm., 2, 1; Arnobio, Adversus gentes, etc.).

Desde este momento, y cristianizada más ó menos la Península, sus clanes debían repugnar el vocablo gentilitas, con que se había traducido durante el imperio la denominación indígena, y buscaron otro equivalente. Este fue el de familia, que en Román significa: el conjunto de los esclavos y servidores; la casa y el derecho relativo á ella (v. gr., familia ecclesi-