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Revista de España (1879-01-01 00:00:00), página 554

REVISTA POLÍTICA.

INTERIOR.

Parecía que la discusión sostenida en todas partes sobre la existencia legal de las Cámaras se hallaba ya agotada cuando escribíamos la última Revista y, sin embargo, un día antes de celebrarse el Consejo de ministros, objeto de tantas versiones y comentarios durante la pasada quincena, un periódico centralista, El Siglo, cerró el debate con un trabajo notable, que la prensa calificó de verdadero dictámen político-legal, ó en otros términos, de ultimatum en tan controvertida materia. Era el autor, el antiguo jefe del Centro parlamentario, Sr. Alonso Martínez que, á la condición de eminente hombre público, reúne la circunstancia de ser uno de los más ilustres abogados de nuestro foro. En el dictámen debido á la privilegiada inteligencia, á la autorizada pluma del caudillo centralista, plantéábase y resolvíase el problema en tales términos que, excepción hecha de las huestes ministeriales, opinábase que al día siguiente de su publicación se iniciaría la crisis total del Gabinete y que no se haría esperar en la Gaceta el decreto dando por terminada la misión de las Cámaras á los tres años de existencia.

Recordando el texto de la convocatoria de las actuales Cortes con el voto de los electores que determina y señala la duración del mandato, el autor del artículo evocaba lo terminantemente preceptuado por el Gobierno en estos términos: Art. 1º. «Las Cortes de la Monarquía española, se reunirán en Madrid el día 15 de Febrero del próximo año de 1876.» Art. 2º. «Las elecciones de senadores y diputados se verificarán por esta
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vez en la propia forma y con arreglo á las mismas disposiciones bajo las cuales se verificaron las de las Cortes convocadas en 28 de Junio de 1872."

Fielmente reproduciendo las consideraciones que el texto de la convocatoria inspiró al autor del dictamen, sin añadir ni quitar concepto alguno, fuerza es que pongamos de relieve los más importantes razonamientos, tales cuales brotaron de la respetable pluma que ha tenido el envidiable privilegio de fijar la atención pública del país durante los momentos que precedieron al Consejo de ministros que, bajo la presidencia de S. M. el rey, se verificó el dia 13 del presente mes de Febrero. Comentando el precepto en la convocatoria formulado, decía el Sr. Alouso Martinez: "Si entre las disposiciones bajo las cuales se eligió el Congreso de 1872, no figuraba el art. 30 de la Constitución de 1876 que dice: Los diputados serán elegidos por cinco años, es evidente que, provalenciando el texto de un Código fundamental que no existía antes de las actuales Cortes, se intontá nada menos que suprimir la ley de la sucesión e invertir el orden de los tiempos. Se afirma, en suma, que D. Manuel Ruiz Zorrilla, presidente del Consejo de ministros bajo la monarquía democrática de D. Amadeo de Saboya, convocó las Cortes de 1872, bajo la disposición contenida en la ley fundamental de la Restauración, elaborada cuatro años después en el reinado de Don Alfonso XII, siendo presidente del Consejo de ministros D. Antonio Cánovas del Castillo. En verdad que si este gran litigio entre el Gobierno y las oposiciones pudiera llevarse, como los ordinarios y comunes, ante un tribunal de derecho, no se encontraría ninguno en el reino, ni fuera de él, en Europa ni en América, ni en ningún rincón del mundo, que tuviera el raro valor de fallarlo en favor del Ministerio, porque es evidente y de sentido común que entre las disposiciones bajo las cuales convocó las Cortes el Sr. Ruiz Zorrilla en 28 de Junio de 1872, figuraba como la primora y más capital de todas ellas la de que el Congreso no duraría más que tres años, al cabo de los cuales deberá renovarse totalmente."

El artículo en cuestión, publicado en las columnas de El Siglo, extrañando que el Gobierno actual pudiera infringir las disposiciones de las cuales á su juicio derivaba la limitación de tres años en la vida actual del Congreso, terminaba con las siguientes palabras: "Hay que rasgar el texto del actual decreto de convocatoria; hay que suplantar, por un texto imaginario y caprichoso, el texto claro y terminante del artículo 30 de la Constitución vigente, que dice que los diputados serán elegidos por cinco años, á lo que es igual, que durarán cinco años los poderes de los diputados que se elijan desde el año 76 en adelante, no los que á la sazon estaban ya elegidos; hay que infringir el dogma jurídico de la no retroactividad de las leyes, aún escritas en otra forma que lo está el artículo 30
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de la Constitucion vigente; hay que suponer que el Ministerio, al convocar Cortes ordinarias, ignoraba el plazo de su vida legal; hay que admitir, en fin, la hipotesis anárquica de que el Gobierno de S. M. dejaba á la discrecion de las Cortes que convocaba, la facultad de marcar la hora de su muerte, con el peligro inminente de que el instinto de la propia conservacion, y el deseo de convertirse en otro Largo Parlamento, la impulsase á establecer en la nueva Constitucion un plazo tal, que pugnara, por lo desproporcionado, con los principios mas triviales del derecho constitucional y las mas imperiosas exigencias del regimen parlamentario."

Campo dilatado ofrecian los transcritos argumentos á las oposiciones que han venido combatiendo la quinquenal existencia de las Camaras, porque sobre las observaciones hechas y dimanadas del espíritu y naturaleza de leyes anteriores al Código fundamental vigente, del espíritu y naturaleza del mandato en los comicios conferido, del espíritu y naturaleza de facultades diversas, aunque en consorcio siempre, y del espíritu y naturaleza, en fin, de observaciones encaminadas al verdadero deslinde de los poderes públicos y á la imposibilidad notoria de erigir en principio existencias ilimitadas en sustitucion de la voluntad del cuerpo electoral, se argüía, dentro de los términos del problema, con verdadera novedad, la prescripcion a priori, por el texto de una convocatoria, de una fecha que fijaba limite de duracion y de disposiciones evocadas por el Ministerio como fuente de las Cortes de 1872 y base de las Camaras de 1876.

Prescindiremos de toda reflexion propia en tan importante asunto, despues de las multiples consideraciones por nosotros expuestas en anteriores Revistas; nos abstendremos de acudir en busca de armas de más ó menos temple al bien provisto arsenal de los partidos politicos que combaten al Gabinete; evitaremos los comentarios que hoy todavía hacen hombres publicos importantes en conversaciones particulares y en los círculos de la capital, acerca del texto de la Constitucion de 1876, que determina que las Cortes, como precepto futuro, serán elegidas por cinco años, porque, deferentes y respetuosos con los poderes publicos, nos sometemos á la solucion que de hecho ha obtenido el problema, antes pendiente, de la existencia legal de las Camaras.

Aun cuando, segun las afirmaciones consignadas en las cuartillas ro-partidas, por un funcionario de la Presidencia, dando cuenta de lo ocurrido en el Consejo celebrado el dia 13, se decia que á las observaciones hechas por el Sr. Canovas del Castillo en favor de la existencia quinquenal de las Camaras y de la disolucion de las mismas en cualquier tiempo, S. M. el rey manifestó quedar enterado y conforme, mientras que los periodicos de oposicion han supuesto que el joven monarca se limitó á
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contestar dichas observaciones simplemente con la frase está bien, deduciendo consecuencias diametralmente opuestas á las sustentadas, con grandes alardes, por los diarios ministeriales, tenemos para nosotros que en la cuestión concreta de los tres años han sido vencidas las oposiciones, ya que el plazo espiró sin que el periódico oficial diese á luz el correspondiente decreto, ya que á nuestro juicio, no es posible que éste se publique más tarde con efecto retroactivo y porque, en fin, la Gaceta, con posterioridad al término trienal, ha publicado nombramientos de Gobernadores con decretos que declaran conferirse á diputados á Cortes.

Las cuartillas suministradas á la prensa por el Sr. Puente y Brañas, debidas, según se dice, á la pluma del Sr. Cánovas del Castillo, contienen una larga exposición de las razones en que se fundaba el Presidente para acusarse á S. M. el rey en el Consejo celebrado el día 13, la duración quinquenal de las Cortes, sin perjuicio de que por conveniencias de otra índole, se disolvieran en un periodo breve. La mayor parte de sus párrafos envolvían una contestación á los razonamientos que en opuesto sentido se han hecho por la prensa, sin omitir las consideraciones indicadas en el artículo publicado en las columnas de El Siglo, atribuido á la pluma del Sr. Alonso Martínez. Creemos de buena fé que la réplica no ha sido satisfactoria, y que quedan en pie los argumentos y motivos expuestos extensamente por los diarios de oposición en sus repetidos alegatos, siendo verdaderamente de sentir que tanto por la importancia de la materia, por más que se haya tratado de menguarla, como por las limitaciones de una ley de imprenta, no se haya tratado el asunto en el Parlamento con el laudable propósito de que la voz de las minorías, frente á frente de la opinión del Gobierno y de los representantes del país que defienden la política ministerial, llegara, con el peso de su autoridad y la valía de su opinión, hasta las elevadas regiones en las que tiene su asiento el tribunal de alzada del país.

No entraremos en cierto orden de ideas acerca de las palabras que se suponen pronunciadas por S. M. en el Consejo de ministros celebrado el día 13, porque creemos que ellas, sean las que fueren, son indiscutibles, y que dentro del sistema que nos rige, sólo pueden ser traídas á colación como testimonio de autoridad y decisivo fallo en todo género de cuestiones; nos abstendremos también de asegurar cuáles fueron las frases que brotaron de los labios de S. M. después de las observaciones hechas por el señor presidente del Consejo de ministros, por más que los diarios ministeriales sostengan, de una parte, que el joven monarca manifestará hallarse enterado y conforme, deduciendo de estas palabras la vida quinquenal de las Cámaras y la dación al Sr. Cánovas en su día del decreto para disolverlas, y por más que los diarios oposicionistas asegur-
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ren, de otra parte, que S. M. contestó con la frase está bien, deduciendo de ella á su vez, que no se han resuelto por la Corona algunas de las cuestiones que se agitan y que de antemano suponen ventiladas las huestes ministeriales.

A pesar de la victoria de hecho obtenida por el Gobierno en el asunto de la duración de las Cámaras, de poca importancia, si se atiende á la necesidad de una próxima disolución reconocida por el Ministerio y por las oposiciones, forzoso es convenir en que el actual Gabinete corre el peligro de una crisis que bien pudiera surgir cuando su Presidente ofrezca á la firma de S. M. el decreto que ha de dar término á la vida de las Cortes actuales. Correspondencias de Madrid que han visto la luz en varios periódicos de provincia, autorizadísimas algunas de ellas por ser fruto de importantes hombres públicos en la conciliación, y afirmaciones repetidas en diarios ministeriales de Madrid, que se distinguen de sus colegas en la prensa por mayor dosis de provision, de cordura y de templanza, declaran que, después del regreso á la Península del general Martínez Campos y en ocasión de conceder el tan comentado decreto, S. M. el Rey llamará á consulta á los hombres más importantes del país, entre los cuales se significan, además del Gobernador general de la Isla de Cuba, á los respectivos Presidentes de las Cámaras y á los señores Sagasta, Alonso Martínez, Posada Herrera, general Zabala y Moyano.

Circulan rumores ya, no sabemos si con fundamento, de haber sido llamado á Madrid el Sr. Posada Herrera, y á ser cierta la noticia, que la creemos prematura, sería preciso suponer que el distinguido hombre público, alejado de la política militante, viene á Madrid con el propósito de asesorar á S. M. el Rey en la importante cuestión de la crisis, porque no es un secreto para nadie que el ex-Presidente de la Cámara popular ha declarado repetidas veces, antes de ahora, que solo para este caso abandonaría, siquiera fuera temporalmente, sus posesiones de Llanes. No es cierto, como ha dado en suponer algun periódico ministerial, que esta noticia ha caído como una bomba entre los constitucionales y centralistas, porque ambas agrupaciones políticas unidas hoy con los lazos comunes de unos mismos principios y procedimientos, fija la vista en el porvenir del país y de las instituciones, esperan con marcada insistencia los primeros síntomas de una desvinculación en las esferas del poder responsable y no puede menos de serlo grata la consulta del señor Posada Herrera, que incuestionablemente no podría dar resultados favorables á la gestión política y personalísima del Ministerio presidido por el Sr. Canovas del Castillo. De otro modo no se explicaría que el Sr. Posada Herrera hubiera descendido del elevado sitio que
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ocupaba en la Cámara popular para retirarse de la vida pública. Por otra parte, siendo como es muy sabido que el ex-ministro de la Gobernación aspira, según las declaraciones expuestas al Sr. Sagasta en entrevistas verificadas, á formar un Gabinete compuesto de elementos de la mayoría, del centro y de la izquierda, amalgama que creen imposible constitucionales y centralistas, por el abismo que separa á los diversos elementos que para el caso pudieran ser llamados, es de creer que la consulta hecha por S. M. al Sr. Posada Herrera, ofrecería ventajas, sin inconvenientes de ninguna especie, al partido á cuyo frente figura el señor Sagasta y al grupo parlamentario del Sr. Alonso Martínez.

Hoy por hoy, no damos gran crédito á la noticia propalada, y sospechamos que si consulta S. M. á los hombres importantes del país trascurrirá antes el tiempo necesario al regreso del general Martínez Campos y á la resolución previa en uno ó en otro sentido de las trascendentales cuestiones financieras que se agitan en la Isla de Cuba y que reclaman con urgencia arreglo inmediato. Mientras la prensa ministerial y los que forman parte de la conciliación, blasonando de intransigencia y de omnímodas confianzas, repiten una y mil veces que el gobernador general de la isla de Cuba viene á España con la reducida misión de discutir y resolver los problemas que naturalmente surgen de pretensiones encaminadas al establecimiento del comercio de cabotaje entre las Antillas y las Península, y á la rebaja de la contribución territorial en la isla de Cuba, toma cuerpo por momentos la creencia de que el viaje del afortunado general responde al deseo y á la iniciativa manifestada en elevadas regiones con el objeto de que haya una intervención más en los próximos acontecimientos que se preparan. Despachos de Cuba publicados en Las Novedades de Nueva-York, y expedidos en la Habana en los días 4 y 5 del presente mes, afirman que el capitán general Martínez Campos, antes de embarcarse, dió una proclama á los ciudadanos, soldados y voluntarios de la isla, en la cual declaraba que el rey le había llamado, y aún cuando, como era natural, se expresara en ella que el llamamiento obedecía á la necesidad de conferenciar sobre asuntos concernientes á Cuba, no es, á nuestro juicio, desacertado suponer que el gobernador general de la grande Antilla echará el peso de su importancia en los platillos de la balanza política, además de la gestión que lo corresponda en las medidas y leyes especiales que para la isla de Cuba reclama.

Hábese ya de modificaciones ministeriales derivadas del giro ó del sesgo que puedan tomar los debates y resultados de los asuntos de las provincias ultramarinas que, según se dice, han producido cierta tiranía entre el general Martínez Campos y el Sr. Elduayen, siendo muy común en las filas ministeriales la idea de que el actual ministro de
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en sus cuentas generales registra siempre quebrantos de consideración, así como alusión delicada que la suspicacia supondrá dirigida también al servicio contratado de la recaudación de contribuciones que anota en el año pasado la apreciable suma de doce millones de reales por alcances y los gastos consiguientes á litigios promovidos por este motivo.

Terminemos este capítulo consignando una opinión más, por modesta que sea. Creemos preferible la administración directa al arriendo de las rentas y servicios de la Hacienda pública. Pero es en el concepto de que aquella se organice convenientemente, dando á los funcionarios garantías que no tienen y concediendo á los centros directivos facultades de que carecen.

De no decidirse con ánimo levantado y voluntad decidida á entrar por esa senda, en extremo beneficiosa para el Tesoro, de continuar las cosas, como por desgracia las vemos, viviendo de costosos anticipos de fondos á reintegrar de las rentas, es preferible entregar la Hacienda del Estado á las sociedades, empresas y especuladores, que obtendrán pingües utilidades, pero que al menos garantizarán una suma positiva de ingresos, deducido el reintegro y crecido interés de los anticipos, hasta que llegue el día en que el clamor de los contribuyentes agobiados y la opinión pública exacerbada, obliguen á realizar atropelladamente lo que en los tiempos de paz y de ventura que alcanzamos, podría irse llevando á buen término con la prudencia y acierto que exige el grave y trascendental asunto de que ligeramente nos hemos ocupado.

JUAN GARCÍA DE TORRES.
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Ultramar deje su departamento, obteniendo la cartera de Estado, y de que la vacante y la salida del Sr. Silvela, destinado á una embajada, ofrezcan medios al señor presidente del Consejo de ministros para una nueva combinacion en el Gabinete. De esta suerte, los más intransigentes partidarios de la política y de la personalidad del Sr. Cánovas del Castillo, explican y fundan los motivos que ha tenido el Gobierno para no disolver las Cámaras durante los últimos días del mes de Febrero, suponiendo que el Ministerio tiene la más completa seguridad de obtener el decreto de disolucion en cualquier momento.

Nótese, sin embargo, á cada instante en los hombres públicos que rigen los destinos del pais, señales inequívocas de la poca confianza y de los continuos recelos que amargan su existencia politica en las esferas del Gobierno, puesto que, mientras corresponden en la prensa, afiliados á la conciliacion, lanzan ya con insistencia á los vientos de la publicidad, ora la idea de que el general Martinez Campos puede aceptar un sitio elevado manteniéndose lejos de nuestras contiendas de partido para inspirarse sólo en el bien de la nacion y en la ventura de su patria como el único y más seguro medio de alcanzar gloria duradera y sólida, ora la de que el general Martinez Campos acaso sea la única palanca que podrá derribar al Ministerio; se asegura, desde el último Consejo de ministros, que el Sr. Cánovas del Castillo, cambiando de estrategia, vacila entre la disolucion de las Cámaras en breve período, y el propósito de celebrar una nueva legislatura, y de que las Cortes no se disuelvan hasta el mes de Setiembre, fundando este último caso en la necesidad de discutirse los presupuestos, y en la hipótesis de ser conveniente el aplazamiento en Cuba de las elecciones de diputados.

No creemos que en esta forma y con estos motivos se abran de nuevo las Cámaras; suscitarianse grandes dificultades, puesto que además de los peligros que pudiera originar la falta de representacion de la isla de Cuba en las Cortes despues de las elecciones de ayuntamientos y diputados provinciales, y en los instantes en que disfruta de los derechos y libertades politicas otorgadas, y se halla interesada en la solucion de los importantes problemas que en gran parte han motivado el viaje del general Martinez Campos, no es concebible que de nuevo se abra la Cámara popular y se dé el caso de que se confundan en sus escenas diputados elegidos por sufragio universal, y diputados elegidos por el sufragio restringido, ó cuando menos que se ofrezca la irregularidad de que de nuevo actúe una Cámara deliberante con los poderes obtenidos según la ley de 1872 mientras impera, por la promulgacion en la Gaceta, la ley electoral de 1878 basada en el censo y las capacidades.

Difícil es adelantarse á los sucesos, en un país que ofrece por lo gene-
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ral en el campo dilatado de la política, grandes y repetidas anomalías y en el que los espíritus más juiciosos, más serenos y más imparciales sufren con frecuencia inesperados desengaños; pero prescindiendo de lo imprevisto, de lo ilógico y de lo excepcional, bien podemos asegurar que cabe dentro de las necesidades del país, de la conveniencia de las instituciones, del prestigio del sistema parlamentario y del arraigo de la monarquía constitucional, creer que el Gobierno ha prescrito en la opinión pública y que terminada su misión, está llamado á un próximo reemplazo.

No quisiéramos equivocarnos.

FEDERICO PONS Y MONTELS.

24 de Febrero.
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EXTERIOR.

No sabemos si, como algunos imaginan, quizá con preconcebido posimismo, el grande poderoso imperio británico ha entrado en una etapa de dolorosa decadencia; no sabemos si los datos ostensibles serán tantos á formar siquiera un juicio aproximado; no queremos inquirir si en esto andan pasiones de escuela y estímulos políticos; no hemos de indagar, por último, si para estas cabilaciones entran por algo las preocupaciones que generalmente en Europa existen en sus clases méños cultivadas, sobre el egoísmo y la especulación que se supone lleva siempre á todas sus empresas, incluso á las que parecen más puras y románticas. Lo que sabemos es que está pasando por ciertas contrariedades que deben herir bastante el legítimo orgullo de este poderoso pueblo.

En la última guerra de Oriente, es verdad que por el tratado de Berlín ha atajado un tanto los vuelos al águila rusa; pero en resumen, el águila se ha comido la Bessarabia, irguiendo la cabeza sobre las montañas del Pruth; ha fabricado un nido más allá del Danubio, en el llamado Principado de Bulgaria; se ha dado trazas para que los notables de este Principado o nombren, como pronto nombrarán un soberano ó cosa así, que estará bajo su influencia; y en una palabra, de salto en salto y de vuelo en vuelo, se ha instalado, si no geográfica, políticamente, en el glásia de Constantinopla para en la primera coyuntura, terminada la digestión de los últimos almuerzos, con nuevas fuerzas reanudar la campaña y no terminarla hasta posarse en las orillas del Bósforo.

Esto, en Europa. En cuanto á Asia, la suerte no lo ha sido tampoco muy propicia. La campaña del Afganistán, si había de ser eficaz, preciso es que hubiera sido muy rápida, para obtener en ella economía de hombres y de recursos, y sobre todo un prestigio moral, resorte prin-