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No valieron, sin embargo, los esfuerzos de los magnates, contra la amalgama del poder régio y la decisión manifiesta de los concejos, ufanos con no reconocer otro señor que al Príncipe, libres así de la dependencia y vasallaje de la nobleza civil y eclesiástica que aborrecían á muerte. Creció á la sombra de esta franquicia la autoridad, la riqueza y la libertad de los comunes de contínuo, combatida por las clases privilegiadas, á pesar que los monarcas hasta la exaltación de Fernando é Isabel, ó flacos por carácter ó impotentes por la naturaleza de las instituciones gubernativas del tiempo, poco ó nada hicieron por hacerse respetar de los discolos y mal avenidos con los principios de razon y justicia. Considerada Asturias como mayorazgo peculiar de los primogénitos de la familia real, se amorteció el celo de los señores por adquirir estados, castillos y jurisdicciones, al paso que los ayuntamientos ensanchaban las preeminencias de que habían sido malamente despojados y el estado llano recobraba sus antiguos derechos.

El ánimo de los reyes de Castilla, bien preparado á robustecer la acción de las comunidades para contrapesar la actitud sediciosas de los próceres, venía iniciado desde los siglos XI y XII por Alfonso VI y su nieto el emperador, que concedieron fueros á Oviedo y Avilés. Fueron cada vez adquiriendo mayor desarrollo estas concesiones, alcanzando á casi todas las poblaciones cabezas de Concejo del Principado, quedando de ese modo perpetuamente emancipados del dominio señorial y elevados á la categoría de realengos de la mayor estima en aquella época. Los municipios se constituyeron por elección vecinal, presididos por un juez lego con facultades amplias, así en lo gubernativo como en lo judicial, tocando al límite del mero mixto imperio, cuyos fallos causaban ejecutoria si no se interponía recurso de alzada ante el Consejo del Rey ó al adelantado ó merino, observándose en esta parte una gran irregularidad, pues los términos de apelación en causas civiles y criminales no estaban prescritos con fijeza en la ley, siguiéndose distintos métodos, según los usos establecidos.

En Asturias, como en todos los países donde las clases gerárquicas hacían veces de soberanos, los reyes lo eran á medias, faltándoles medios represivos para refrenar los desórdenes do quiera que naciesen. Poco importaba que los pueblos se quejasen de los excesos y crímenes que les afligían, si el monarca ensordecía, for-
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zado por la inacción á que lo sujetaban las imposiciones feudales con el fraccionamiento de la suprema autoridad. No quedaba más arbitrio á los débiles para contener los atentados de los poderosos que coligarse y hacer hermandades de pueblos con pueblos, reuniéndose en juntas ó congregaciones, unas veces parciales, otras generales, bajo reglas que al efecto establecían, viendo el desamparo en que los dejaba la iniciativa real, en mengua del reposo público. La historia de Asturias ofrece multitud de casos en que se formaron estas asociaciones, ora con motivo de defender los intereses de la comunidad, ora con motivo de las banderías y ligas, con objeto de sostener derechos personales en las guerras civiles, que tantas veces atormentaron al país, ó con motivo de las turbulencias á que dieron lugar las torcidas pretensiones del infante Don Alonso y las no méños desastrosas de los Quiñones.

Es muy probable que estas Juntas populares traigan tanta antigüedad como las causas que las motivaron: la alta condición de los ricos-homes, las numerosas gavillas de gente desalmada que recorrían campos y poblados y la impotencia del poder real para hacerles entrar en razón y poner al tercer estado á cubierto de las malfetrias y violencias que sobre él ejercían los malvados de todas clases. Además de las juntas concejiles, había casos de imposible resolución, á no acudir personeros de todos los distritos en junta general, pues los asuntos que debían ventilarse afectaban á la provincia entera. Sábese que estas Asambleas, de que tomaron origen las Cortes del reino, se celebraban en Asturias antes del siglo XII, y que sus decisiones alcanzaban todo lo gubernamental y político, lo mismo que á cuanto atañía al bien público del país. Los reyes, aprobadolas y prescribiendo su observancia, les daban carácter legal, de que carecían otras congregaciones similares que había en Castilla con propensiones tumultuarias y espíritu de insubordinación para fines que no atañían al procomunal.

Escusamos ponderar cuánto ganó Asturias en quietud, en orden y bienestar con la preponderante acción del tercer estado, manifestada en la independencia de los municipios y en la autoridad y firmeza de la Junta general, cuando no espirara todavía la Edad Media en que tan mal parado andaba el elemento popular en toda Europa. Sobre las dos bases de ayuntamientos y Junta general, se afirmó la prerrogativa del Principado, título no orondio ni vala-
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dí, sino tenido en superior estima, por cuanto cerraba el camino á las ambiciones particulares de señorío una vez consignada esta distinción al que debía por ley ocupar el trono de San Fernando. Lo que podía tener de onerosa para los habitantes, no se llevó nunca á efecto. Era cláusula expresa de la concesión que correspondían al príncipe de Asturias, como patrimonio intransferible las ciudades, villas y fortalezas del territorio, sus jurisdicciones, rentas, pontazgos, etc., sin que tal condición se pusiese en planta, pues que la provincia siempre contribuyó con sus pechos al Tesoro nacional, y la administración corrió á cargo de los cuerpos municipales, de libre elección de los vecindarios.

Al inaugurarse el feliz gobierno de los Reyes Católicos pudo Asturias consolidar las ventajas que le ofrecía su peculiar situación. Cesó de una vez la porfía de algunos magnates en poner impedimentos al derecho concedido á los príncipes herederos. Ya nadie en adelante osó ir contra los fueros del principado, sostenidos con vigor por aquellos esclarecidos monarcas que, lejos de mirar al través la libertad de los comunes, les infundían consistencia, fuerza y regularidad. Por su orden los procuradores del principado fueron, como en antiguos tiempos, llamados á formar parte de la representación nacional en las cortes de Castilla y León.

La autoridad del Estado se sobrepuso á la de los señores, y sofocó la avilantéz y descaro del bandolerismo, al que no faltaba apoyo en las animosidades de los partidos en medio de tan completo desquiciamiento social. El derecho de los señores de ejercer por sí jurisdicción que siempre habían disputado con tenacidad, quedó reducido á que nombrasen jueces en algunos colos en lugares donde poseían el dominio territorial. La nobleza, hasta allí arrogante y bulliciosa, merced á lo política atinada de los Reyes Católicos, mostró sentimientos generosos, valor y galantería, que dieron días de gloria á la patria en los reinados siguientes de la casa de Austria.

Carlos V, mancebo alienígena, y como tal desorientado acerca del carácter e ideas de la nación que venía á gobernar, empapado su espíritu en miras de engrandecimiento y supremacía, no puso mano por el pronto al sistema popular, ni mostró hácía él recelos ni prevenciones; pero después de la infeliz jornada de Villalar, en que acabó la libertad de las Comunidades, pensó seriamente en anodar su organización, trasladando las facultades administrativas
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confiadas á los municipios, á manos de los funcionarios de justicia, extraños de todo punto á los negocios de república, pero nombrados por el gobierno y recibiendo de él sus dotaciones estipendarias habían de procurar más arma propicia al que les ministraba subsistencia y mando, que al régimen y necesidades de los pueblos. Los ágios y escandalosos peculiados de los ministros flamencos que tenía á su lado Carlos, cebaban la sed de riquezas en las provincias del Mediodía, donde fluían á raudales el oro y plata, sacados de los veneros de la virgen América, miraron con desdén las provincias del Norte. Aunque Castilla vió atacados de raíz sus fueros, Asturias siguió en el goce de los suyos, aunque minados ya, y con signos de caducidad por la política destructora, en mal hora nacida para España.

Felipe II, aunque motejado de intolerante y desafecto á todo lo que no dependía inmediatamente de su autoridad absoluta, no digamos respetó las instituciones del Principado, sino que las legalizó en debida forma, aprobando las Ordenanzas que de su orden le presentó el Consejo, año de 1594. Esta preciosa adquisición, dice en su Memoria histórica el Sr. Caveda, negada por largo tiempo á sus votos (los de la provincia), mejoró el orden de sus curias, clasificó de un modo conveniente sus fueros, metodizó las elecciones de Procuradores, y estableciendo la Diputacion Provincial y el oficio de Procurador general, dió, por decirlo así, una especie de perpetuidad á la representación de los Concejos. Otro servicio debe el Principado á Felipe II con la abolición de las Obispalías, ó sea la jurisdicción civil que ejercía el diocesano en varios Concejos. Estos, siempre desvividos por sustraerse del dominio señorial, apresuraron su redención, aprontando crecidas sumas al Monarca, que en los apuros que le traían los inmensos gastos de tantas guerras, impetró bula pontificia para enajenar dichas jurisdicciones.

Secularizadas por ese medio, quedaron independientes y administradas por sus vecinos, constituyendo Ayuntamientos con representación en las Juntas generales, como las demás del Principado. ¿Pero qué valen esa y otras distinciones con que Felipe II y sus sucesores de la dinastía austriaca dispensaron á las instituciones seculares de Asturias, si entre otras causas de destrucción había dos que las socavaban por cimientos y hacían infalible su próxima ruina? La primera, poner á subasta pública, á favor del ma-
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jor postor, todos los oficios de república de la nación que, aunque prohibida á vigor por antiguas leyes del Reino, D. Juan II hallé modo de pasar á caballo por encima de ellas, dando el triste ejemplo de adoptar un arbitrio inmoral, destructor é inútil, porque vender los oficios de justicia es vender la justicia misma; perpetuarlas en ciertas familias, es vincular el derecho que por naturaleza reside en el Gobierno y los pueblos de elegir personas dignas que ocupen los puestos que por medio de la venta se entregan al dinero.

Durante Felipe II, el desman de semejantes negociaciones siguió con creces; el fofo caltre de los arbitristas oficiales no encontró medio más expedito de proporcionar ingresos al Tesoro que hacer almoneda de los regimientos, alcaldías, algualazgos, escribanías, etc., con lo que las sillas consistoriales, hasta allí ocupadas por personas de saber, respetabilidad y merecimientos, pasaron á miembros oscuros, inhábiles y desarraigados, dando al traste con la institución concegial de antigua, honrada y gloriosa memoria en los fastos españoles.

El segundo golpe de muerte que recibió la causa de las comunidades, estuvo en el despojo que desde Carlos V empezaron á sufrir de las funciones e inmunidades que la Constitución y el derecho tradicional les atribuía desde los primeros tiempos de la restauración, trasladadas á la magistratura togada, cuyo ejercicio propio y único se cifraba en el ministerio judicial que excluye por su misma naturaleza, el que está encomendado á hombres del pueblo, prácticos en los negocios locales, opuestos á los que, por su carrera y representación, desempeñan los jueces letrados. Un sistema tan desaconsejadamente adoptado con miras á encanjar la representación de las curias y dejarlas sometidas con trahilla al poder de los Togados, si, en efecto, consiguió lo que se buscaba, fué destruyendo la rueda principal sobre la que estaba montado el curso del servicio público en España, y ajuando la dignidad y decoro de la clase que se pretendía enaltecer, revistiéndola de funciones que no llevan á bien los últimos agentes de policía. Los Consejeros, en los mercados de Madrid, cuidaban de los abastos, rodeados de una cohorte de alguaciles; ponían tasa á los huevos, las cerezas y las sardinas; rondaban de noche; se inmiscuaban en las batañas de vecindad; resolvían las minucias de cofradías, rosarios
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y procesiones; estaban al corriente de lo que pasaba en los bailes, meriendas y figones. Otro tanto practicaban los oidores de las Audiencias en las ciudades donde las había, y los corregidores en los respectivos distritos.

A decir verdad, este desbarajuste, esa aglomeracion híbrida de atribuciones, fué menos rotunda en las provincias del Norte que en las demás provincias de la Península. En Asturias, á lo menos hasta que se estableció la Real Audiencia de Oviedo, no sintió de lleno la accion directa de los miembros de justicia en los negocios comunes, ni sufrió notable entorpecimiento la gestion ordinaria de la administracion concejil, pues los alcaldes conservaron la jurisdicion de siempre con apelacion de sus fallos al corregidor del Principado, y en su caso á la Chancillería de Valladolid. En el ramo de impuestos todo estaba bajo la direccion y vigilancia de la Junta general y de los Ayuntamientos. El primero de dichos cuerpos, según lo habia de costumbre, entendia en la poblacion de ordenanzas rurales, pesquerías de mar y tierra, propios y arbitrios, aprovechamiento de valdios, construcción de puentes y calzados, con todo lo demás que abrazaba el fomento de la provincia. Las curias, desnaturalizadas en la parte esencial de la institucion desde que fueron invadidos sus puestos por gentes extrañas, gozaron en Asturias alguna excepcion, pues á fuer de redimirlos, ó ser de señorío, ó por diferentes motivos que se escogitaron, mantuvieron sus Ordenanzas y modo de ser con regidores elegidos por sufragio vecinal.

Desde Felipe II, además de los hombres que dió el Principado para las supuestas campañas emprendidas dentro y fuera del reino, los servicios que hizo á dinero, fueron tan cuantiosos, que se dada ría de su certeza si no los justificaseu documentos de indubitable autenticidad. En ocasiones levantó cuerpos militares, fortificó las costas, construyó armamentos, é hizo aprestos valiosos, todo éon sus fondos: en otras acudió á las urgencias del Estado con recursos extraordinarios que sería largo enumerar, las más veces sin previa excitacion, solo por impulso del patriotismo asturiano.

El advenimiento de los Borbones, aunque verificado en días en que las ideas, respecto á los medios de administrar el caudal de las naciones, se habian aclarado, y se seguian reglas y principios muy distintos en cuanto al método de dar impulso y vigor á la
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fortuna pública, no fué bastante fuerte para corregir á mano real los innumerables abusos, desorden e ilegalidades que se habían introducido y estragado al Gobierno y á los pueblos. Algo hizo en esta línea, pero le faltó energía para lo más esencial. Considerando como hecho de efecto retroactivo anular ó convertir en deuda del Estado las ventas de plazas municipales, las respetó íntegramente, dejando los cabildos en la desorganización en que los encontraría. Pero más que indiferentes, se mostraron apasionados á la política de Carlos V, á quien la calidad de extranjero disculpaba en cierta manera el desafecto á unos cuerpos cuya integridad e independencia desconocía enteramente, cuerpos que acababan de ponersele de frente en Castilla y hacer rostro á sus tropas, reclamando la incolmuidad de sus fueros y antiguas franquicias, holladas con descaro por la corte flamenga en el hecho de favorecer las invasiones de la autoridad judicial en el terreno de la administrativa y económica. Apasionados, decimos, los monarcas de la dinastía borbónica á esta manera desembarazada de gobernar sin cortapisas bajo la fé de sus mandatarios, dieron nuevas y prolijas Ordenanzas á los Corregidores, ampliando sus facultades políticas, en términos que la dirección íntima de los intereses de los pueblos en todos los ramos, desde lo íntimo á lo superior, tenía que pasar por sus manos, quedando ipso facto ahogada la voz de los Concejos y su autoridad nominal y pasiva.

Instituyó en Castilla los corregidores (quasi correctores), Don Enrique III (el Doliente), mal aceptados en un principio por los Comunes, pareciéndoles ver con dicha creación virtualmente menoscabados sus fueros y libertades. Mas la experiencia hizoles ver bien pronto que la creación de corregidores, es tal cual los concibiera el citado monarca, encerraba una idea bien entendida y bien meditada en tiempos de perturbaciones y violencias, de atentados y de crímenes, entregada la sociedad á fracciones incandescentes, agitadas á la vez, ó simultáneamente, por los señores y los vasallos, por los nobles y los villanos, y en poblaciones realengas por banderías locales de gente cabildera en cuestiones electorales en que los partidos se desgarraban, como en nuestros días, por encaramarse unos sobre el anonadamiento de los otros. Exacerbaba tan afflictiva situación las tropas de bandoleros que con sus atrocidades consternaban el país, que nadie pudiese ni se atreviese á re-
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mos el cuadro desconsolador que la Memoria presenta de la totalidad del Debe y el Haber de la cuenta provisional con el Tesoro.

Pesetas.

El total importe de los documentos de cobranza entregados al Banco desde que la recaudación corre á su cargo, asciende á.......
Los ingresos y formalizaciones realizadas á la fecha de 31 de Diciembre de 1877 se elevan á

Saldo á favor del Tesoro, ó diferencia en la cuenta con la Hacienda................. 107.412.195

1.856.194.644
1.748.782.448

El ministro de Hacienda, los representantes del país, si tuvieran la duda que nos asalta, podrían satisfacerla reclamando de los Centros directivos los totales de las cuentas que comprueben y acrediten la exactitud de la última cifra, siendo posible exista, como existirá, no despreciable diferencia en favor del Tesoro. Mas aunque no la haya, llama la atención esa respetable suma de 430 millones de reales en recibos que es posible tengan el carácter de fallidos; pero mientras no se declaren tales, justificándose la tramitación de los respectivos expedientes, la presentación en las administraciones dentro de los plazos y con estricta sujeción á las reglas establecidas en la legislación vigente, que la constituye en la materia la instrucción para hacer efectivos los débitos á la Hacienda, que resueltamente hay el propósito de alterar sin duda para perfeccionarla los recibos pendientes de realización, no puede desconocerse que constituyen cargo al Banco, al que dificultades insuperables han impedido presentar cuentas finiquitadas por ejercicios, limitándose al conjunto de lo recibido y entregado á la Hacienda durante el largo período que ha transcurrido desde que se encargará de este servicio.

Ningún interés nos impele á profundizar las cuestiones que surgen de los resultados que el Banco presenta, por que en definitiva, únicamente los accionistas son los llamados á conocer de ellos por las consecuencias que pudieran producir, aparte de lo que al ministro de Hacienda concierne, si presume que sus representan.
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primir. Un corregidor, á fuer de comisionado régio, se revestía de la autoridad única, capaz de enfrentar á los discolos, ahuyentar á los malvados y establecer el órden.

Hé aquí por qué muchos pueblos repitieron instancias para que se les mandasen corregidores, instancias que los reyes atendían, bien cerciorados de que las sujería una urgente necesidad. Se concedían corregidores para casos determinados y por el tiempo que estos duraban. Feneceas las causas, concluía la comision. En tal concepto, estos funcionarios eran deseados siempre que las circunstancias ofrecían riesgos inminentes á las personas y daños al procomunal. Pero ya se vé, en el estado habitual de hostilidad en que estaban las clases de la sociedad unas con otras, tenian á cada paso que promoverse ente ellas pendencias y zacapelas, cruzándose de parte á parte reconvenciones y querellas. En adelante, los reyes fueron mémos parcos en despachar, sin bastante motivo, corregidores; estos se propasaron en su ejercicio, haciéndose duros e interesados, y los Concejos no observaron la debida parsimonia para solicitarlos, obrando las más veces al calor ó bajo la presion de los partidos, resultando caer en desestimacion los corregidores y hasta mirar con tédio los que de oficio se nombraban.

Asturias, á entradas del siglo xviii, que comienza el reinado de Felipe V, no contaba con otro agente de salario que un corregidor en sustitucion de los antiguos, adelantado ó gobernadores de varia denominacion; pues como ya se dijo, las juntas generales del Principado, las curias y los alcaldes, sus presidentes, consevaban todavía, sin notable deterioro, las bases fundamentales de la organización de antaño. Adherido de corazon á los derechos del príncipe francés, desplegó en todo su fuerza los instintos de inquebrantable lealtad, declarándose contra la Europa coaligada para imponer á España un rey de su eleccion á despecho del que la nacion tenía jurado. Además de los cuerpos que levantó la junta armados y puestos en campaña con sus fondos, los recursos pecuniarios que la provincia facilitó al Tesoro, bien pueden calificarse de inmensos, puesto que entre donativos voluntarios, impuestos y otros arbitrios, entregó, en suma, en el periodo de diez años que duró la guerra de sucesion, más de 24 millones de reales, un país de corta extension, desamparado, sin industria ni tráfico, acabando de pasar los miserios reinados de Felipe IV y Carlos II, sin comu-
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nicaciones y sin puertos, atenido únicamente á su agricultura, entonces muy menguada en productos.

Felipe V acreditó en sus providencias gratitud y deferencia al Principado: dispensóle atenciones y apreció los sacrificios que le costará su entronización. Con tal objeto, quiso plantear medidas de buen gobierno, y entre ellas despuntaba dotarla de Audiencia Real; disposición acertada si el Tribunal hubiera de ceñirse á entender en lo contencioso y penal; pero instalado al modo seguido por la corriente del gobierno, producía general y sensible trastorno, por cuanto echaba por tierra la bienamada constitución provincial, objeto de veneración de los asturianos, cuando acababan de ostentar de una manera heroica su nunca desmentida lealtad por el trono lejítimo. El rey modificó en parte las preeminencias otorgadas á la Audiencia, pero reservándole las facultades de gubernativa que eran impropias á su índole, meramente jurídica, vatió por completo el régimen político de Asturias, el regente, y en su caso el acuerdo, asumieron todo el lleno de atribuciones de la junta general y de los ayuntamientos.

El primero de estos cuerpos, aunque con poco más que el título, fué conllevando su prévia y deseada situación, al segundo le quedó también escasa vitalidad. Después de los tres hijos de Felipe V, que reinaron uno en pos de otro, sucedióles Carlos IV, príncipe descuidado y flojo, que siéndole insoportable el peso de los negocios del Estado, los puso al cuidado de un valido, sin cualidades ni merecimientos, falto de tacto político para apreciar las circunstancias que surgían en Europa de resultas de la asombrosa revolución francesa, y harto desavisado para distinguir los cálculos siniestros que le bullían en la cabeza del coloso que regía los destinos de Francia. En 1808, juzgando este potentado que era llegado el caso de obrar, ordenó que sus tropas, sin otro ver, penetrasen á las calladas por las avenidas de la frontera, y con falaces medios ocupasen las plazas fuertes y en seguida á Madrid. Para colmo de sus tretas citó á la familia real española para una conferencia en Bayona, donde tenía armada la celada en que aquella cayese como ressalvaje en cepo. Todo le salió como deseo. La corte española, que se distinguía por su inanidad y menguado seso, hallóse sin pensarla cogida por los sofiamas y monopolios de Napoleón, que con infallos de cosmócrata recaba de la debilidad