Revista de España (1878-11-01 00:00:00), página 558

Rico, para la cual, no obstante hallarse en ella en toda su fuerza y vigor la Constitución de 1876, se han dado unos presupuestos por un real decreto; y, por último, la interpelación del senador D. José Juan Navarro sobre abusos administrativos en la provincia de Cuenca. Uno de estos debates, el de rescisión del contrato con el «Banco Hispano-Colonial», dio lugar a la declaración pública y solemne de la fusión del Centro parlamentario y el partido constitucional, de cuyo incidente nos ocuparemos en esta Revista, con la debida separación, por lo mismo que por sí sólo constituye un acto de gran trascendencia política.

La ley de enajenación de bonos del Tesoro, ampliamente discutida en el Congreso y en la alta Cámara, es una ley innecesaria e inconveniente; así lo han demostrado todos los oradores que la han combatido, sin que ni el Gobierno ni las comisiones hayan contestado de una manera satisfactoria a sus argumentos. El Gobierno pide en el proyecto una autorización para enajenar bonos en cantidad de 250 millones de pesetas, que al 88 ó al 90 por 100 producirán de 800 á 900 millones de reales, con esta suma no puede enjugar el déficit del presupuesto; podrá atender con ella á la deuda flotante que, en primero del corriente mes importaba, según el estado oficial publicado en la Gaceta, 127.923.859'95 céntimos; podrá atender también al cupón de Enero próximo que asciende á 67.283.030, pero de ninguna manera alcanzará para enjugar el déficit, ni mucho menos para cubrir las obligaciones atrasadas.

Si pues la autorización que pide el Gobierno no puede realizar el fin para que la pide, si media además la circunstancia de que se trata de suprimir el impuesto de 10 por 100 que venía establecido sobre los intereses de los bonos del Tesoro, lo cual constituía un ingreso del presupuesto, si con este gravamen han estado circulando en el mercado, si el suprimir este impuesto constituye un privilegio para un papel determinado en perjuicio de los demás valores, si el Gobierno no tenía necesidad de esta autorización, pues que ya lo estaba por una ley anterior para enajenar los bonos que tuviese en cartera, y si de todos estos y de otros muchos argumentos que sería prolijo citar, resulta probada la inconveniencia y la falta de necesidad de la ley, ¿no es evidente que la gestión financiera de este gobierno deja muy poco que desear?

El segundo proyecto de ley de autorización al ministro de Ultramar, para convertir el primer empréstito de Cuba en obligaciones de aquel Tesoro, quedando rescindido el contrato, es más grave que el anterior, por que en esta autorización venían envueltas cuestiones políticas y cuestiones económicas de tal trascendencia, que pueden muy bien decidir de la suerte y de lo que haya de ser la isla de Cuba.

No es fácil, en el corto espacio de que disponemos, hacer la historia de todos los preliminares de este asunto, que sería muy conveniente para comprender y para apreciar con acierto el pensamiento del Gobierno y las consecuencias que necesariamente ha de producir; pero así y todo haremos, al correr de la pluma, una ligerísima reseña.

A fines de 1876 contrató el Gobierno con el «Banco Hispano Colo-