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"llegarán á desmayar los escritores, que, más ricos en talentos que "en bienes de fortuna, no tienen otros medios de subsistencia que "los productos que aquellas les proporcionan,"—llevaba, con efecto, en nombre del Gobierno á la deliberación de las Cortes la referida ley, "á fin de que los escritores españoles tuvieran todos los estímulos que necesitasen."

No hemos de culpar, ciertamente, á aquel ilustre republico por las contradicciones en que, al estampar las anteriores palabras en el Preámbulo de la Ley, incurría visiblemente, dejándose llevar de las influencias tradicionales que aun hoy se oponen al desarrollo de la propiedad literaria; pero reparable es que, mientras se declaraba pública y solemnemente en las Cámaras que el autor creaba, "á fuerza de estudios, gastos y desvelos," y que aquellas creaciones eran "una propiedad sagrada é inviolable,"—como estímulo, como premio, como privilegio, en una palabra, se limitaba aquel derecho, viniendo á quedar por tanto la propiedad "sagrada é inviolable," cual ficción sin consecuencias en las esferas de la vida. Lástima grande que las preocupaciones de la política, interviniendo á deshora en cuestiones puramente jurídicas como la presente, impidieran al marqués de Molins desprenderse de las influencias de la tradición, y ya que proclamaba en los autores una "propiedad sagrada é inviolable," respecto de las creaciones de la inteligencia, hubiera reconocido las consecuencias que lleva tras sí la propiedad por naturaleza y por derecho.

Ya en artículos anteriores de estos mismos Estudios examinamos los fundamentos de aquella Ley sancionada en 10 de Junio del referido año de 1847, y no hemos de repetir en este sitio cuando en ellos dejamos consignado; pues cuando el legislador es el primero en reconocer la existencia de la propiedad, con tantos afanes creada por los escritores, no puede ser, en nuestro concepto, lícita, llegados á este caso, la pretensión de demostrarla, contra enemigos que en realidad no existen. Dividida la ley en tres títulos distintos, consagrados respectivamente á tratar de los derechos de los autores en general, de los que corresponden á los autores de obras dramáticas y de las penas en que incurren los trasgresores, natural era que se redeljase en el articulado de aquella disposición legislativa el espíritu dominante en el preámbulo, que pretendía razonar la inconsecuencia con que se procedía reconociendo y negando simultáneamente la propiedad referida.
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II

Y así fué con efecto: dada la necesidad de encabezar aquella disposición con la definición legal y científica de la propiedad literaria, tropezaron los legisladores con el primer obstáculo que se opinia naturalmente al desarrollo gradual y sucesivo del pensamiento que en la citada Ley debía predominar, supuestas las declaraciones contenidas en el Preámbulo; y en este sentido, mirando más al interés político que al legal, quedaba redactado el artículo primero, base y cimiento de todo el edificio, en los términos siguientes, que nada enseñan, ni realmente determinan:

"Se entiende por propiedad literaria, para los efectos de esta ley, el derecho exclusivo que compete á los autores de escritos originales, para reproducirlos ó autorizar su reproducción por medio de copias manuscritas, impresas, litografiadas, ó por cualquier otro semejante."

El orden lógico de proceder, pedia á lo que se nos alcanza, dadas así la singularidad de la ley, primera de las que aspiraban á reglamentar el derecho de propiedad literaria, como la necesidad de definir en ella con sujeción á los principios de la ciencia el referido derecho,—que en lugar de calificarla para los efectos de aquella especial disposición, se hubiera desde luego desarrollado por medio de una verdadera y amplia definición, lo que en realidad era en las esferas del derecho la propiedad aludida. Podía haber dimanado sin dificultad alguna, supuestas las declaraciones del preámbulo, y conocida su índole y naturaleza, del concepto general de la propiedad, diciendo con las leyes de Pontida, que propiedad literaria, tanto quiere decir como el "señorio que el ome ha" en todo todo aquello que es producto directo de su inteligencia, y va directamente encaminado á la inteligencia misma, sirviéndose de la palabra hablada ó escrita. Acaso hubiera podido ser tildada semejante definición de algún tanto metafísica; pero si hemos de considerar que precisamente en la indicada ciencia tiene su natural asiento y raíz la del derecho, la definición que proponemos, cumpliendo los fines de la primera de ambas ciencias, no es sino muy adecuada á las exigencias modernas, reconocida y quilatada la progenie del derecho.
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No era licita la sospecha, aceptada la precedente definición, de que la propiedad literaria, cuyo último límite y posterior diferencia van incluidas en aquella,—ni pudiera confundirse en modo alguno con cualquiera de las diversas formas que afecta la propiedad, ni se reputasen como excluidas de ella aquellas otras manifestaciones literarias que ejercen su acción moral sobre el sentimiento. No podía ser presumible lo primero, porque ni las manifestaciones de la propiedad industrial ni las de la artística, tienen por objetivo principal el ejercer su acción sobre la inteligencia, pues cumplen las unas su fin, introduciendo economías y mejoras en las producciones industriales, y las otras cumplen el suyo por su parte, realizando la belleza, y obrando, por consiguiente, primero sobre los sentidos, y después sobre el sentimiento. Tampoco era de suponer lo segundo, porque si bien es cierto que, así las obras recreativas, como las poéticas, aspiran á deleitar, no lo es menos que aquellas y éstas llevan en sí mismas una enseñanza indudable, y obran, por tanto, directamente sobre la inteligencia, además de que así las producciones de la amenal literatura, como aquellas otras que son fruto de especulaciones científicas, correspondiendo por naturaleza á la gran familia del arte literario, realizan belleza en sus formas interno-externa y externa, valiéndose todas ellas, como vehículo propio, de la palabra hablada ó escrita.

Así, pues, pudo quedar definida la propiedad á que aludimos, en los propuestos y otros análogos términos; pero siempre en forma que de la definición fuera hacedero el extraer y deducir sin dificultad ni riesgo las naturales consecuencias, que habían de ser objeto propio de la Ley, ya que se pretendía dictar disposiciones especiales en materia que realmente no lo exigía, pues bastaba sólo, á nuestro juicio, con declarar la referida propiedad incluida en las condiciones generales de la propiedad de las demás cosas, y determinar los diversos aspectos bajo las cuales podían manifestarse, así como los medios de que á este linaje de propietarios era dado disponer para garantir aquella propiedad, previniendo á impidiendo al mismo tiempo, intrusiones, cohechos, fraudes, detentaciones y toda suerte de atentados contra la propiedad, reconocidos en las leyes generales.

Sentada aquella base, surgía naturalmente de ella la materia que debía proponerse como objeto la Ley, prescribiendo al pro-
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pósito, que "corresponde libremente á los autores el total y exclusivo dominio de sus producciones, siendo en ellos potestativo el enagenarlo, arrendarlo, cederlo, hipotecarlo, empeñarlo y trasmitirlo por cuantos medios, formas y términos reconocen las leyes," determinando al par, que "nadie sino ellos, sus derecho-habientes ó representantes, debida y expresamente autorizados, puede utilizar bajo pretexto alguno aquel dominio, reproduciendo las creaciones literarias por cuantos medios proporciona en la actualidad ó proporcionare en lo sucesivo la industria."

Semejantes declaraciones llevaban como por la mano á la determinación individual y graduada de los propietarios, notando en párrafo ó artículo distintos quiénes son autores, y proclamando como tales: 1.º, á los productores originales de obras literarias escritas; 2.º, á los productores originales de obras literarias habladas, á cuya categoría corresponden los sermones, alegatos, lecciones, notas y discursos pronunciados en público; 3.º, á los productores originales de traducciones de obras escritas en lenguas muertas; 4.º, á los de traducciones originales de obras escritas en lenguas vivas; 5.º, á los de glosas, comentarios y anotaciones á obras inéditas ó ya publicadas, aunque independientemente de ella; 6.º, por analogía, á los compositores de cartas geográficas y planos.

Al discutirse en el Senado el articulado de la Ley vigente, extrañaba uno de los dignos miembros de aquella Cámara, Sr. Ondovilla, que siendo el artículo 1.º fundamento y base de la Ley, no se hubiera reconocido en él el derecho exclusivo de los autores de escritos traducidos, pues que á ellos era extensiva la propiedad de las traducciones, cual se reconocía más tarde; y aunque este defecto de redacción no era en sí realmente trascendental, no dejaba sin embargo de ser reparable, tanto más cuanto que, dado el propósito restrictivo en que la Ley de 10 de Junio de 1847 se inspiraba, ni podía producir la oscuridad que se recelaba, sin perjudicar tampoco intereses de ningún género. Tal vez si se hubiese procedido con sujeción á un verdadero sistema en el desarrollo de la ley, se hubiera evitado este inconveniente, por más que tomaba verdadero origen y causa en la declaración del artículo 2.º, el cual dice textualmente:

"...El derecho de propiedad declarada en el artículo anterior, corresponde á los autores durante su vida, y se transmite á sus he-
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rederos legítimos ó testamentarios por el término de cincuenta años."

No hay para qué reproducir, respecto de este artículo, nada de cuanto arriba queda ya consignado, pues que precisamente van encaminados todos nuestros esfuerzos á poner de relieve, así la falta de conocimiento que hubo por parte de los legisladores de 1847, en orden á la naturaleza de la propiedad literaria, como la arbitrariedad con que ex-propria auctoritate se procedió al fijar un límite al ejercicio de aquella propiedad, que el legislador no vacila en apellidar sagrada.

Si no residiera realmente en el individuo productor (autor), la libre y exclusiva facultad de disponer de sus producciones, no seríamos nosotros ciertamente, quienes hiciéramos armas en contra de la Ley de 10 de Junio de 1847, que fué un verdadero progreso, dada la precaria vida, que arrastraba á la sazon la indicada propiedad según hemos procurado notar en los artículos precedentes; pero como quiera que tal afirmacion no puede hoy sustentarse; como quiera que no es el Estado, no es la Ley la fuente de que dimana,—la limitacion del ejercicio de aquella facultad, es un atentado legal, que debe desaparecer de nuestra legislacion, ya que no podamos decir de nuestro Código.

El hecho de que por ministerio del legislador quede reducida la propiedad literaria á mero usufructo, si ha alcanzado la sancion de la mayor parte de los legisladores de otros países, no puede alcanzar jamás la consagracion de la justicia, pues contra él clama la naturaleza de aquel derecho, como claman sus tristes consecuencias en la práctica.

Empeñada la Ley en proseguir su marcha insegura y vacilante, apresurábase en el artículo 3.º á declarar que "igual derecho (que á los autores) corresponde: 1.º, á los traductores en verso de obras escritas en lenguas vivas; 2.º, á los traductores en verso ó prosa de obras escritas en lenguas muertas; 3.º, á los autores de sermones, alegatos, lecciones, notas, discursos pronunciados en público, y á los de artículos y poesias originales de periódicos, siempre que estos diferentes escritos se hayan reunido en coleccion; 4.º, á los compositores de cartas geográficas, á los de música y á los calígrafos y dibujantes, salvo los dibujos que hubiesen de emplearse en tejidos, muebles y otros artículos de uso comun, los cuales
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estarán sujetos á las reglas establecidas ó que se estableciesen para la propiedad industrial; 5.º, á los pintores y escultores con respecto á la reproducción de sus obras por el grabado ó otro cualquier medio.

Lo heterogéneo de las materias que abarca; el vicio de origen que se advierte en este artículo, anula, en realidad, la mayor parte de sus declaraciones, pidiendo de sí muy detenido estudio y hace aun más ostensibles las incoherencias y faltas de método, sensibles en la Ley, cuyo exámen intentamos. No se ocultará, á nuestros benévolos lectores, que puesto el legislador en el camino á que conduce el artículo primero, necesitaba ampliar el texto del mismo, pues no se había detenido á definir lo que debía entenderse por autor, como no se detuvo tampoco á considerar las consecuencias que aquella cualidad lleva consigo. En tal concepto, pues, y repartiendo de especie y categoría distintas á los que apellidaba autores en el artículo primero, les concedía igual derecho que á aquellos, siempre que sus producciones se hallasen comprendidas en la arbitraría clasificación propuesta en el artículo tercero.

Por el primero de sus párrafos, declaraba en toda su extensión, equiparados á los autores de escritos originales, esto es, de aquellos escritos cuya esencia (idea), cuya forma interna-externa (método, sistema, plan), y cuya forma externa (lenguaje, estilo) eran producto privativo suyo, con los autores originales de traducciones en verso, de obras escritas en lenguas vivas, ó lo que es lo mismo, con los productores de nueva forma externa, siempre que ésta se hallase sujeta al metro. Y á la verdad, no es fácil de presumir la razón, en cuya virtud los legisladores se resolvían á marcar esta diferencia entre las traducciones en prosa y las traducciones en verso, porque siendo así el verso como la prosa formas ambas literarias, y hasta cierto punto los traductores creadores, en uno y otro caso, de forma,—igual porción de propiedad debía corresponderles. Cierto es que, considerando el verso como forma principal, atendian á la cantidad de trabajo que en la traducción empleaban los traductores; pero este error es tanto más notorio, cuanto que siguiendo semejante sistema, se llegaría al absurdo de considerar más propietarios de sus producciones á los poetas que á los hombres de ciencia, en cuanto que éstas emplean como forma propia y adecuada á las controversias y á la exposición científicas la prosa, y aquellos
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que es acreedor por parte de la segunda. El Estado tuvo poderosa intervención en la Iglesia, hasta el punto de que fué árbitro de los destinos de su régimen interior, en los tiempos en que apenas la Iglesia crecía, sin que la mano del poder civil no la guiasse cariñoso, protegiéndola contra las represiones y desmanes de que fué tantas veces víctima. El Estado generosa y magnánimamente renunció después á sus derechos. Él intervino, con autoridad legítima, y con el consentimiento más amplio, en la elección de los Pontífices, y más de una vez se debió á su intervención que el nombramiento del vicario de Cristo no reportarse á la Iglesia grandes días de luto. El entendió en las convocatorias de los Concilios, ordenando hasta la forma y modo de celebrarlos, él tuvo un tiempo la aprobación superior, en virtud de la cual entendía en la provision de todos los beneficios eclesiásticos, fundamento de donde arranca el derecho de patronato, de que nos ocuparemos en otra parte de este artículo; él gozó y aun goza del derecho del pase ó regium exequatur, en nombre del que tiene la alta inspección de las Constituciones pontificias; él tuvo el derecho de exclusiva; él defendió la Iglesia con sus ejércitos, y propagó la fe con la conquista de los territorios. Pues si á todos estos fueros y preeminencias renunció el poder civil, en justo brillo de la sociedad cristiana, ¿por qué la Iglesia por su parte no renuncia también á sus pretendidos derechos, para entender en la Constitución política de las naciones? ¿Qué móvil superior existe para que así se haga depender el fin religioso del hombre, del que tiene como ciudadano en frente del poder civil, y como tal partidario de una idea política? ¿A qué ligar lo temporal á lo eterno? ¿A qué confundir en una sola y común aspiración ideas tan diversas, y que si no contrarias, son independientes y absolutas entre sí?

Nadie que sea sinceramente católico y que como tal se halle interesado en el esplendor y la pureza de las ideas religiosas, puede encontrar á las anteriores preguntas una respuesta satisfactoria y fácil. Porque no hay duda de ello: los que defienden la intrusión de la Iglesia en el poder civil, piden para éste una esclavitud y una tutela que rechazan, no obstante, cuando, resolviéndose la oración en sentido contrario, se pretenden ejercer esa misma tutela por la sociedad temporal, en desprestigio de la Iglesia. Entonces los que aspiran á la perpetua minoridad del Es-
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emplean por su parte, por igual causa, la metrificacion ó el verso.

La participacion que el traductor toma por razon de su trabajo en la propiedad agena, no consiste, según se nos alcanza, precisamente en la forma. No podia ocultarse á los legisladores, que tanto mejor es una traduccion cuanto mejor penetra, siente e interpreta el traductor el espíritu del autor; y en este presupuesto, si el traductor en verso de una obra, escrita originariamente en prosa ó verso, no ha acertado á identificarse con el autor, aunque la forma de la traduccion sea modelo de versificacion y contenga verdaderas bellezas literarias, la traduccion será digna de menosprecio, mientras que, por el contrario, si el traductor en prosa de una obra, escrita originariamente en prosa ó en verso, ha acertado á identificarse con el autor, la traduccion será digna de estima, por más que contenga defectos ó vicios de lenguaje y escasas bellezas literarias, por lo que á la forma externa atañe. El trabajo, pues, en una y otra traduccion, es el mismo: la cantidad de propiedad que en la traduccion debe corresponder al autor del mencionado trabajo, debe ser tambien, como efecto de una sola causa, la misma.

Por otra parte: si el mérito de las traducciones en verso estriba en esta circunstancia, no debe, á nuestro juicio, ser el legislador el encargado de procurar la recompensa, que ha de obtener el libro espontánea y libre del público, siendo por tanto óciosa aquella declaracion de la Ley, en el concepto á que venimos aludiendo.

Pero donde resalta más la injusticia de la Ley, dadas las consideraciones arriba expuestas, es á equiparar en un todo, para los efectos que de ella se desprenden, al autor de una obra original, con el autor de mera forma, sólo porque esta se halle sujeta al número, medida y ritmo. El trabajo, y los capitales empleados por aquel que crea, quedan, por tanto, en el texto de la Ley, reducidos á la misma categoría que el trabajo y los capitales empleados por el que vacía en otro molde la creacion agena, siendo por tanto igual el resultado que deben producir la acumulacion de los elementos originales (esencia, forma interno-externa y forma externa,) y la manifestacion sola de la última expresion de la propiedad literaria, lo cual es la forma externa.

El galardon reservado por el legislador á este linage de traductores en verso, es á la verdad contraproducente, por el mero hecho de que excitando en ellos el interés material, podria sin duda al-
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guna conducirles al extravío de ensayar en forma poética la traducción de obras científicas, sólo porque á emplear la prosa, sus derechos quedaban limitados en la disposición que marcan ulteriores artículos, mientras que reduciendo, sea cual fuere su mérito, á la forma versificada las lucubraciones, acaso de las ciencias exactas, la facultad de utilizar su trabajo se ampliaba el término concedido en la Ley á los autores de obras originales.

Nada hay por cierto de reparable en el párrafo segundo, con el cual debió realmente de confundirse el primero para los efectos que la Ley indica, si bien ha de reputarse de mayor mérito el trabajo del traductor de obras escritas en lenguas muertas, aunque en sustancia son por igual estilo creadores de mera forma los unos y los otros. No sucede lo mismo por lo que hace al párrafo tercero, el cual es no solamente inútil, pues que se halla virtualmente comprendido en el artículo 1.º, donde se trata de autores de escritos originales, sino que es además por extremo vejatorio e inoportuno.

Sea cualquiera el punto de vista bajo el cual se le considere, para nadie es dudoso que la propiedad de sermones, alegatos, lecciones y discursos pronunciados en público, así como la de los artículos y poesías publicados en periódicos, corresponde desde luego al autor, como fruto directo e inmediato de su inteligencia, al cual ha dado vida y con ella la esencia y la forma. ¿Qué necesidad había, pues, de hacer semejante declaración, tratándose de producciones originales, y por qué causa, se colocaba dos sitios después de los párrafos en que se aludía á los traductores?

Defecto es éste, que tomando origen en la estructura de la Ley, aparecía tal vez como indispensable, dado el cúmulo de dudas y cuestiones que hubría de suscitar lógicamente la vaguedad con que está redactada la Ley y especialmente el artículo primero, donde sólo se hace referencia de escritos originales. Pero si tratándose de aquellas producciones que no han recibido forma tangible, por no haber sido trasladadas al papel, podría (si bien con grandes dificultades,) admitirse esta especie de aclaración, repugna al buen sentido que se haga extensiva á los artículos y las poesías de los periódicos, escritos unos y otros, pues si el autor los enagénó como propios, el derecho que le asistió no puede ejercitarse por su parte, y si tal enagenación no existe, tampoco hay renuncia del pleno dominio que sobre ellos le corresponde. La aclaración estaría en su
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lugar si en el primer caso, el autor ó sus derecho-habientes publiquen en colección sus artículos ó sus poesías, ya dadas á luz en periódicos ó revistas.

Prescribe el párrafo 4.º que gocen del mismo derecho que los autores de escritos originales, los compositores de cartas geográficas, los de música, los calígrafos y dibujantes con las excepciones señaladas en el mismo párrafo; y á la verdad es tal y tan notoria la confusión que el legislador hubo de padecer al redactarla, que no se alcanza á comprender de otro modo la lastimosa amalgama hecha en él de cosas que ni por índole, ni por naturaleza, ni por fin pueden mostrarse reunidas, tratándose de la propiedad literaria.

Ciento es, y no seremos nosotros quienes lo desconozcamos, que los productores ó autores de composiciones musicales, de cuadros y muestras caligráficas y de colecciones de dibujos, tienen indisputable derecho de propiedad sobre sus creaciones en este terreno, por la misma razón que les asiste á los productores de obras literarias; pero si la ocasión era ó parecía oportuna para declarar la existencia del derecho á que aludimos, no lo era en modo alguno el lugar reservado, cual indica el título de la Ley, á la propiedad literaria. Semejante confusión no es, sin embargo, sino producto natural de la que se advierte visiblemente en toda la Ley, la cual, ya que se deseaba darle esta amplitud extraña en cuya virtud se mezclan las artes del tiempo y las del espacio;—debió encabezarse de distinta manera, comenzando por declarar que entendía también por autores de escritos originales, á los de composiciones musicales, á los calígrafos y á los dibujantes, variando al propio tiempo su título. Porque en cuestiones de ciencia, no basta afirmar como lo verificaba el señor marqués de Falces en el Senado (1), que la ley ha definido en los términos que lo hace, "porque no encuentra otro modo de expresar esta idea" (la de la propiedad literaria): es preciso buscar el último límite y la última diferencia; y tratándose de escritos originales, debió circunscribirse á las producciones meramente literarias, esto es, á las que tienen como medio sensible de expresión la palabra, hablada ó escrita.

(1) Sesión del 11 de Marzo de 1847.