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Revista de España (1878-11-01 00:00:00), página 3

EL PROBLEMA SOCIAL.

Resumen de la discusion que sobre este tema tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, durante el curso pasado.

(Continuacion.)

V

"¿Qué es el capital de hoy más que el trabajo de ayer? ¿Qué es el trabajo de hoy sino el capital de mañana?" Esto decian unos obreros á sus compañeros reunidos en congreso en París en 1867. En efecto, desde el momento en que el hombre creyó más útil consagrar parte de su trabajo, no á la producción directa ó inmediata de lo que necesitaba, sino á la de un instrumento que le facilitara aquél y le procurara un resultado más beneficioso, apareció el capital. Poner en duda la productividad de éste, equivaldría á proclamar que es más ventajoso preparar la tierra para la siembra, removiéndola con las manos que con el azadón ó el arado.

En esta cuestión acontece lo que antes os decía respecto de la de la propiedad y la de la herencia; no hay quien niegue aquella productividad, lo que se discute es cómo deben distribuirse los productos, y por esto el problema surge en cuanto interviene el cambio, no antes. Si uno se dedicará á la caza empleando un palo ó sirviéndose de piedras, y encontrando que de
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neral y ciego acatamiento. Los antiguos derechos del episcopado han muerto aplastados bajo la pesada losa de las reservas pontificias. Ni el más tenue rumor se escucha, si la más ligera protesta llega como ola perdida, á amenazar con sus furores la augusta cátedra de San Pedro. ¿Pues son estos los síntomas de la esclavitud y del rebajamiento de la importancia del Pontificado? ¿Son todos estos, repetimos, los males que trajo á esa institución la pérdida del poder temporal? Ciertamente que ante un estado de cosas como el que dejamos dicho, preciso es confesar que no hay razón que motive esa alarma que se pretende infundir á las conciencias, suponiendo á la Iglesia blanco de las miradas de los pica-padreros del ateísmo filosófico, y al Pontífice preso en cadenas y privado de la libertad necesaria para ejercer su espiritual ministerio. Como hijos de un exagerado celo, pueden pasar esos delirios. Como engaño, la burla sería sangrienta, y no es posible que haya nadie, que sea sinceramente católico, que pueda contribuir á que continúe.

Bien lo demuestra así Su Santidad Leon XIII en la carta que examinamos, en la cual, si es cierto que se lamenta de la pérdida del poder temporal, no tiene, sin embargo, ni una palabra siguiente por la que se pueda venir en conocimiento de que cree aquel poder necesario en absoluto para el cumplimiento de los fines espirituales que le están encomendados en la tierra como Vicario de Cristo. Asegura, sí, con doliente voz, que la Iglesia se halla en la persona de su cabeza visible, cohibida, y que hay obstáculos puestos al ejercicio de su supremo poder. Pero, ¿manifesta que estos males son debidos á la ocupación de la Ciudad Eterna por el Gobierno italiano? No por cierto. Si bien dice y cree que el hecho de esta ocupación "es un despojo," (que es lo menos que en este asunto puede decir el Papa), la verdad es también que atribuye sus presentes males á la supresión de los Institutos religiosos, que han privado al Pontífice de una eficaz ayuda en sus sabias congregaciones, las leyes relativas al reclutamiento militar, que roban al culto divino muchos ministros, á la supresión de las instituciones de caridad y beneficencia, erigidas por los romanos Pontífices, y por último, al modo de entenderse y cumplirse en algunas diócesis de Italia los derechos del patronato régio; cuestiones, como se vé, extrañas al poder temporal, y que han sido
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las reformas que deben hacerse en la sucesion testamentaria y en la intestada.

En la primera urge acabar con la institucion de las legítimas y consagrar la libertad de testar. Aquellas son un anacronismo hoy, puesto que con la emancipacion del hijo por edades incompatible la coopropiedad de la familia de otros tiempos, único fundamento racional en que pueden basarse; son una negacion del derecho del padre como propietario, pues que el Estado le impone una determinada distribucion de sus bienes; son una traba que se pone al ejercicio de la patria potestad, porque se le priva de un medio de premiar y castigar á sus hijos; contribuyen á dar á la familia un caracter interesado y puramente economico, puesto que cada miembro de ella piensa en la parte que tiene en el haber de la misma, al modo que piensa el accionista en el de una asociacion ó companía; autorizan el torcido sentido de la herencia, segun el cual sólo se veu en esta los bienes economicos, considerandolos en sí mismos, y no como medios para el cumplimiento de fines sociales; impiden al individuo "permanecer en la sociedad que deja y prolongar su existencia entre los hombres," uno de los fines del testamento segun Proudhon; y, por último, tienen el gravísimo inconveniente de que, como dice Le Play, "el Estado que se abroga la facultad de distribuir los bienes entre los descendientes del propietario difunto, se inclina por esto mismo hacia todas las doctrinas que le autorizarian para operar esta distribucion en un círculo más extenso..." Y es verdad; el legislador desconfia del testador, teme que no se inspire en su deber al disponer de su fortuna, y para evitar los inconvenientes de ese posible extravío, impone y señala en la ley aquello á que estima está obligado en conciencia el propietario. Pues bien, desde el momento en que eso hace, la cuestion queda planteadá en estos términos: ¿en qué principios debe inspirarse el testador al distribuir sus bienes? ¿á qué deberes habrá de atenerse? Y como, además d los que se refieren á sus hijos y á sus ascendientes, el hombre los tiene para con sus parientes, sus amigos, las instituciones de que ha sido miembro, el pueblo en que ha nacido ó vivido, etcétera, etc. ¿por qué se ha de imponer el cumplimiento de algunos de estos deberes y no el de otros? Admitidas las legítimas, la justicia y la lógica llevan á establecerlas, no sólo en favor de los
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descendientes, sino también de ascendientes, colaterales, esposos, amigos, instituciones, pueblos, etc.; como lo han hecho, con buen acuerdo, algunos cantones suizos, donde se obliga á dejar una parte de los bienes al municipio, á la Iglesia ó á las instituciones de enseñanza, al modo que se obligaba entre nosotros á dejar las llamadas mandas forzosas, como la pía de Jerusalén, las destinadas á redención de cautivos, casamiento de huérfanas, etc.

Además—y esto interesa más directamente todavía á nuestra cuestión—las legítimas, circunscritas, por lo general, á descendientes y ascendientes, contribuyen á mantener uno de los errores que agravan el problema social: el egoísmo de familia, tanto más temible cuanto que, por no ser repugnante como el egoísmo individual, pasa por virtud, y se extiende y arraiga más y más, cegándose así una de las fuentes del bienestar social. Cuando se trata de la libertad de testar, es frecuente citar el ejemplo de aquellos países en que se hace uso de ese derecho para dejar toda la herencia al primogénito, sin inspirarse en otros motivos que en una vanidad pueril, y olvidar el de aquellos otros en que se ejercita para distribuir racionalmente los bienes atendiendo á las diferencias de sexo, edad y posición de los hijos, á la naturaleza misma de la propiedad, con cuyo desmembramiento se perjudica gravemente á veces á la riqueza pública, al deber de ayudar al sostenimiento de las instituciones religiosas, científicas y benéficas, asociándose así á las empresas de interés general que tienen á su cargo, al país en que se vive ó al pueblo en que se ha nacido, etc., etc. ¿Necesito deciros cuánto podría contribuir á la resolución del problema social la libertad de testar, si el Estado la consagrara y la sociedad consiguiera de sus miembros que la ejercitaran inspirándose en esos móviles? El único argumento que se aduce contra este principio, y en favor del opuesto de las legítimas, es el temor al abuso; es decir, el que, á tomarlo en cuenta, concluiría con todas las instituciones: además de que tal puede ser aquél, que no merezca, en verdad, respeto de parte del legislador, el cual haría muy bien en declarar nulos los que un jurisconsulto español llama testamentos ab irato, a decepto, a imbecilli, a delirante.

En la sucesión intestada urge no menos introducir reformas en el sentido que proponían los Sres. Revilla y Romero Giron,
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aunque á mi juicio se equivocan así los que las temen como los que esperan mucho de ellas, porque no cabiendo duda de que ha de atenderse en todo caso á la familia en primer término, y no habiendo de tener lugar los llamamientos del legislador sino á falta de testamento, es claro que la ley en este punto sólo habrá de tener una aplicación excepcional. Pero cualquiera que sea su trascendencia, es absurdo conceder la herencia á parientes en décimo ó duodécimo grado que el muerto ni conocía quizá siquiera, anteponer muchos de éstos al cónyuge, como hacen la legislación de Castilla y la francesa, y por último, en sustitución de ellos no hallar otro heredero que el Estado; cosa que ni los mismos romanos hicieron, pues antes que á éste llamaban á la Iglesia, á la corporación, á la legión y á la ciudad de que era vecino el difunto. No creo ciertamente que deba limitarse el derecho de suceder ab intestato á la línea directa, como decía el Sr. Revilla, pero estimo que no debe pasar en la colateral de aquel grado de parentesco á que damos valor en la realidad, esto es, de los descendientes del mismo abuelo. Después de éstos, y salvo el cónyuge superstite que debe compartir más ó menos según los casos con todos ellos la herencia, deben ser llamadas, ya las personas unidas al muerto por los estrechos vínculos que crean una verdadera amistad ó la larga cooperación á una obra común, ya las instituciones de que aquél ha sido miembro activo, ya el pueblo ó pueblos á que tenía una señalada adhesión por haber nacido ó vivido en ellos. La sucesión intestada, tal como hoy la regulan las más de las legislaciones, es ilógica, porque presume interpretar la voluntad del testador, y ya hemos visto cómo lo cumple; y es inconveniente, de un lado, porque incurre en el error, que antes censurábamos, de no ver otros deberes sociales que los que impone la familia; y de otro, porque el llamamiento en favor del Estado autoriza otros, aquellos precisamente de que es costumbre asombrarse y escandalizarse cuando los proclama el socialismo.

En el derecho de obligaciones una sola cuestión nos interesa, pero es fundamental. ¿Debe mantenerse el principio de libertad como base de la contratación, es decir, garantizarse la libre concurrencia, ó, por el contrario, habrá la ley de poner trabas á ésta, tasando, por ejemplo, el salario en el arrendamiento ó locación de servicios y el interés del capital en el préstamo, rescindiendo los con-
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tratos en que haya lesión para una de las partes, interviniendo en el cumplimiento y ejecución de todos. Si tenéis presente lo que os decía al exponer este punto del problema social, sospecharéis que no he de hallar justa ni conveniente semejante intrusión del Estado, no porque crea que es bueno y excelente todo cuanto pasa y sucede en un régimen basado en la libre concurrencia, sino porque, según vimos, los males que á su sombra se producen, sólo pueden remediarlos el individuo y la sociedad. Lo que importa es, como os decía al hablar antes del propietario y hace un momento del testador, que todos y cada uno se convenzan del deber en que están de hacer un uso racional de ésta como de todas las demás libertades; en una palabra, que la moralidad penetre en esta esfera de la actividad. Entonces el interés continuará siendo en la vida un móvil importante, cuya legitimidad no puede ponerse en duda, pero como se subordinará á la razón, dejará de ser la concurrencia esa lucha inhumana entre intereses egoístas que los socialistas han pintado, unas veces con exactitud, otras con exagerados colores.

VIII

¿Es esto decir que á ninguno de esos abusos debe poner remedio la ley? La respuesta á esta pregunta nos lleva ya á una rama del derecho público, al derecho penal. El respeto á la libertad individual y á la libre contratación acaba allí donde comienza el delito, y éste empieza allí donde aparecen la mala fe y el engaño; en una palabra, la estafa. Por esto está en lo justo nuestro Código criminal al castigar al que defrauda á otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las cosas que se entregan en virtud de un título obligatorio; al que defrauda á otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa ó negociaciones imaginarias; á los plateros y joyeros que cometen defraudación alterando en su calidad, ley ó peso los objetos relativos á su arte ó comercio; á los traficantes que defrauden, usando de pesos ó medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico; á los que se coaliguen con el fin de encarecer ó aburratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones; y últimamente, á
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los que, esparciendo falsos rumores ó usando de cualquiera otro artificio, consiguiesen alterar los precios naturales que resultarian de la libre concurrencia en las mercancías, acciones, rentas públicas ó privadas ó cualesquiera otras cosas que fuesen objeto de contratacion. Hé aquí una serie de trabas que encontrarán muy molestas ciertas gentes, pero que no merman ni un ápice la absoluta libertad de un hombre honrado. Pero por desgracia son letra muerta estas prescripciones, si no me engaña mi experiencia en esta materia, que es escasa, no obstante ser abogado. Los únicos casos de que tengo noticia, son, cosa rara, dos referentes á coaligaciones de obreros, y en los que por cierto se entendió de distinta manera por los tribunales el término abusivamente, que por su vaguedad se presta á interpretaciones injustas y peligrosas. En cuanto á los otros artículos del Código penal, no sé si habrán caído en desuso todos ellos, como el que castiga á los que usan de pesos ó medidas falsas; y digo esto, porque con frecuencia oimos que á los tahoneros de Madrid que tal hacen no se impone otra pena que el decomiso del pan mal pesado.

Otros dos puntos de derecho penal nos interesan; el de la vagancia y el referente á los establecimientos penitenciarios. Respecto del primero, no he de discutir aquí incidentalmente de si ese vicio trasciende de la esfera moral, y debe por lo mismo ser incluido en el Código criminal; pero no vacilo en afirmar que castigar la vagancia de los pobres y dejar impune la de los ricos, es una iniquidad, porque sobre ser la falta la misma bajo el punto de vista puramente individual, bajo el del interés social es más grave en todos conceptos la ociosidad de los segundos que la de los primeros; es una cosa en alto grado inconveniente, porque equivale á proclamar en voz alta que el trabajo es una carga de que está exento el favorecido por la fortuna, error cuyas funestas consecuencias hemos visto antes; y es, finalmente, una hipocresía, porque la prueba de que no es la vagancia lo que se castiga, es que muchos vagos quedan impunes. Y en cuanto al otro punto, con ser tan importante, he de contentarme con decir que si el proletariado, por ser la clase más numerosa y la más inculta, suministra el mayor contingente á la población de los establecimientos penales, salta á la vista lo mucho que las condiciones de éstos pueden influir en la situacion de aquel.
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EL PROBLEMA SOCIAL.

Parece á primera vista que podia pasarse en silencio el derecho procesal, cuando se trata del problema que estudiamos, y, sin embargo, á todas horas oimos decir á los pobres que la balanza de la justicia se inclina fácilmente del lado de los ricos, y á éstos que la mayor desgracia que puede sobrevenirles es un pleito con uno de aquellos. Que ambas quejas tienen algo de fundado, me parece cosa indudable; pero no lo es méños que el mal no procede de la ley, sino de su aplicacion. Es verdad que el Parlamento de un país, de cuyo nombre no quiero acordarme, tuvo recientemente la feliz idea de modificar el sistema de pruebas, en el juicio de desahucio, en favor del propietario y en contra del inquilino; pero tengo para mí que se obró inconscientemente al tomar un acuerdo, que si envuelve un error bajo el punto de vista del derecho, es grandemente inconveniente e inoportuno bajo el social. Los abusos reconocen por causa los incalculables e inveterados enredos de la curia, para decirlo con una palabra. Y como la administracion de justicia es una garantía sobreentendida en todos los tratos, convenios y relaciones entre los hombres, cuando falta ó se abrigan dudas sobre su eficacia, aquellos no se llevan á cabo ó se modifican sus términos y condiciones. Preguntad al usurero por qué exige un interes exhorbitante, y vereis cómo se disculpa con que lo que en unos casos gana, en otros lo pierde en costas judiciales causadas á veces en pleitos en que sale vencedor el deudor de mala fe. Preguntad al colono, al obrero, al pequeño propietario, por qué abandona la defensa de su derecho desconocido por el potentado, y os responderá que carece de medios y de fuerzas para sostener un litigio cuya duracion puede aquél prolongar impunemente. No es necesario notar las consecuencias generales de tal estado de cosas; sólo observaré, con relacion á la cuestion que nos ocupa, que la afirmacion de que las leyes consagran cosas injustas, se puede contestar negando que así sea y defendiendo la procedencia de los principios consignados en aquellas; pero á la de que la justicia no se administra rectamente, ni con prontitud, ni con igualdad, no cabe dar respuesta análoga; y esto es más grave cuando la clase que formula la queja está alejada casi por completo del poder, y por tanto exenta de toda responsabilidad por los males en cuestion. Un pueblo puede vivir con leyes injustas; pero es imposible que viva con tribunales que no administren bien y pronto la justicia.
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Queda por examinar la esfera del derecho político, respecto de la cual me he de limitar á hacer ligeras indicaciones, pues otra cosa no es posible. Para apreciar la cuestion en su totalidad, hasta atender á las tres soluciones que se proponen á la misma: la de los conservadores, la de los demócratas y la de los socialistas radicales. Los primeros alejan al proletariado de la gestion de los negocios públicos, y á ese fin establecen como base del sistema electoral el censo; los segundos, atentos á procurar la fusion de las clases y estimando que todos tienen derecho á influir directamente en la vida del Estado, proclaman el sufragio universal; y los terceros, bajo la inspiracion de prejuicios y preocupaciones, en que más adelante habré de ocuparme, aspiran á organizar los trabajadores en frente de los demás elementos sociales, y de aquí la pretension de constituir el partido obrero. La primera y la última de estas soluciones adolecen del mismo defecto; puesto que si con la una se camina á poner la fuerza impulsiva del Estado en manos de las clases acomodadas, con la otra se pretende ponerla en las del proletariado. El sufragio es, ciertamente, una funcion y no un derecho, y por lo mismo pide capacidad; pero, ¿por dónde se ha de atribuir ésta al que tiene riqueza y solo por tenerla? El censo, además de ser injusto, tiene el inconveniente de desnaturalizar la índole de la funcion, puesto que no parece sino que el poder legislativo va á ocuparse en primer término, ó exclusivamente, de los bienes económicos, y el más grave aún de dar pretexto á la sospecha de que lo que se desea es constituir un cuerpo electoral de defensa y de fuerza contra las clases pobres. Como protesta contra el aparece la formacion del partido obrero, que es ya en los Estados Unidos una temerosa realidad, y que si llega á consolidarse, traerá una profunda perturbacion á la vida política, sacando á ésta de sus cauces naturales para empujarla por los torcidos caminos que señalarian la soberanía arbitraria del número y el espíritu estrecho de clase y de venganza. Por esto creo que la justicia y la conveniencia aconsejan hoy el mantenimiento del sufragio universal donde existe y su adopcion, dentro del plazo más breve que sea posible, allí donde todavía no se ha establecido. El puede contribuir á operar la fusion de las clases, en vez de la separacion que mantienen el censo y el partido obrero; él facilitaria al cuarto estado el medio legal y pacifico de
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hacer oír sus quejas y de formular sus aspiraciones; él haría posible que los partidos políticos se constituyesen para servir á las ideas y á los principios, y no á los egoístas intereses de clase. Y no hay que exagerar los peligros que envuelve, pues si algunos de ellos serían reales si se tratara de un régimen basado en la democracia directa, dejan de serlo en el sistema representativo, pues con sufragio universal, como ha dicho un escritor conservador, la armonía reina, y no el antagonismo, allí donde las clases directoras han sabido cumplir su deber.

Hemos visto hasta aquí lo que toca hacer al Estado en cuanto es llamado á declarar el derecho y á hacerlo efectivo; veamos las reformas que deben hacerse en su régimen económico.

IX

Prescindiendo de los bienes comunes, tales como caminos, ríos, costas, etc., que propiamente hablando son propiedad de la sociedad y no del Estado, tiene éste dos clases de medios para atender á sus necesidades económicas: los procedentes de la propiedad mueble ó inmueble que disfruta y explota como puede hacerlo cualquiera otra persona individual ó social, y los que son producto de los impuestos. Constituyen los primeros las fincas rústicas y urbanas que posee y las industrias, estancadas ó no, que ejerce por su cuenta. Si recordáis lo que al comienzo de este discurso os decía, comprendereis fácilmente que, en mi juicio, el Estado no debe ser agricultor, ni industrial, ni siquiera propietario de fincas que haya de arrendar á los particulares; no debe monopolizar la fabricación del tabaco, de la sal, de la pólvora, de los fósforos, etc., ni atender por sí á la de armas ó buques para la marina de guerra, como no sea absolutamente preciso, ni explotar bosques y minas; no debe, en una palabra, hacer nada que le convierta en agente directo de producción de riqueza con daño de su carácter exclusivo de institución jurídica. Cierto que, como toda sociedad, necesita y tiene su haber, su propiedad, pero esta la constituyen los bienes muebles e inmuebles de que necesita para su fin, como los edificios que ocupan sus dependencias, su moviliario, etc., y sobre todo los productos de los impuestos. Así creo que el Estado debe desprenderse de los demás que toda-