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tratación, y la limitación de las horas de trabajo, aun cuando respecto de la última deba hacerse una distinción entre varones adultos, mujeres y niños. Cuando los padres de estos abusan de una manera visible y manifiesta del poder que la ley les confiere, explotando á sus hijos en vez de educarlos, es deber del Estado evitar que se desnaturalice y contrarié radicalmente el fin de la patria potestad; así como si lleva á tal extremo la necesidad, y no la codicia, es deber de la sociedad el procurar que aquella no exista. De igual modo, cuando las mujeres trabajan en condiciones tales que se hace del todo imposible para ellas el cumplimiento de los deberes que su misión en la vida les impone ante todo en el seno del hogar, y cuya falta refluye en primer término sobre la educación de los hijos, la ley puede también poner un límite á las horas de trabajo. Pero ninguna de estas razones puede alegarse respecto de los varones adultos, y por añadidura no se conseguiría lo que se apetece; pues, salvo que se establezca la tasa del salario, este descendería á medida que el tiempo de trabajo se rebajara, y por tanto, lo que el obrero ganara en alivio de esfuerzo, lo perdería en la cuantía de la retribución.

Respecto de la libertad, ¿será preciso renegar de esta conquista de la civilización moderna y retroceder desandando lo andado? Cierto que á su sombra han surgido, en vez de la igualdad soñada, muchas de las desigualdades chocantes que dan vida al problema social, pero no ha de ser, en verdad, por virtud del restablecimiento de los absurdos privilegios y monopolios de otros tiempos, ó de la reglamentación legal, ni por la continuación de sistemas aduaneros prohibitivos y proteccionistas y de Bancos exclusivos, como se ha de evitar ese mal; antes, por el contrario, se agravaría y tendríamos,—en parte la tenemos—sobre la desigualdad, producto de la concurrencia, la que es fruto del privilegio. Además, por mucho que los proteccionistas utilicen el sofisma del trabajo nacional, en que caen á veces los obreros, y por mucho que los adversarios de la libertad de crédito pinten con vivos colores los peligros que ésta envuelve, nunca dejaría de ser verdad que con esos aranceles de aduanas y esos Bancos privilegiados, lo que se hace, como dice Bastiat, es sacar el dinero del bolsillo de los pobres para meterlo en el de los ricos, lo cual, sobre no ser muy favorable en verdad para el proletariado, tiene
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el gravísimo inconveniente de poner á éste en el caso de pensar que sería más justo, ó si no menos injusto, el volver la oración por pasiva. No hay que renegar de la libertad, no; antes por el contrario, es preciso consagrarlá por entero, haciendo desaparecer los obstáculos que todavía la estorban así en la vida religiosa y en la científica como en la económica. Lo que importa en este punto, con relación á nuestro problema, son dos cosas: primera, reconocer la completa libertad de asociación, para que no encuentre traba alguna la formación de las personas sociales, condición indispensable de la reorganización de la sociedad; y segunda, la rectificación del concepto abstracto de este principio, que conduce á considerar la libertad como un fin y no como un medio, y á confundirla con la pura arbitrariedad, errores cuyas desastrosas consecuencias en la vida práctica hemos observado antes. El Estado cumple con ampararla; los frutos que dé, dependerán del uso que de ella haga el individuo, así como del influjo que sobre éste ejerza en bien ó en mal la sociedad.

Por último, si el problema social es, como aquí se ha dicho, el problema de la igualdad, ¿qué toca hacer al derecho para que esta exista en la sociedad? Es esta una de aquellas cuestiones siempre en pie y que al parecer no dan un paso, efecto, á mi juicio, de los términos en que se plantea. Si se comenzará por distinguir la igualdad esencial ó de naturaleza, la social, la jurídica y la política, se llegaría á un acuerdo que, en otro caso, es imposible. Los hombres son esencialmente iguales, en cuanto todos tienen la misma naturaleza, la naturaleza humana, y por esto todos tienen cuerpo y espíritu, inteligencia, sentimiento y voluntad, es decir, las mismas propiedades. Pero eso, que es lo mismo en todos, se dá de distinto modo en cada uno, por virtud de una peculiar combinación de aquellos elementos, y por esto cada cual, teniendo idénticas facultades, tiene una existencia espiritual peculiar, así como, teniendo las mismas facciones que los demás, tiene una fisonomía propia; en una palabra, todos son iguales en cuanto hombres, y todos distintos en cuanto individuos. Ahora bien, esta última cualidad tiene que determinar siempre la diferente posición social de cada uno en el mundo, porque ella es causa de la vocación que nos lleva por diferentes caminos y de los varios resultados que en uno mismo alcanzan los
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que le siguen; así, mientras unos se consagran al arte ó á la ciencia, otros se dedican á la industria ó al comercio; y mientras unos avanzan por estas sendas, otros se quedan rezagados; y, por tanto, la igualdad social es imposible, como todo el mundo reconoce, pues nadie ha tenido la pretensión de hacer que desaparezcan de la vida las diferencias entre robustos y débiles, torpes y dispuestos, sabios e ignorantes, buenos y malos, etc. Pero, para que cada cual pueda cumplir su destino, comuná todos en cuanto humano, propio de cada uno en cuanto individual, son necesarias determinadas condiciones, aquellas cuyo conjunto constituye el derecho, esto es, el respeto á la vida, á la actividad, á la libertad, á la propiedad, etc., etc., igualmente precisas á todos, cualquiera que sea el fin que prosigan y cualquiera que sea el éxito que les acompañe; y de aquí que la igualdad jurídica es, no sólo posible, sino obligada, porque esas condiciones se deben al hombre como tal y no como individuo. Mas la declaración y mantenimiento del derecho constituyen el fin del Estado, esto es, de la sociedad convertida á este fin, de la cual formamos todos parte y todos con los mismos derechos y deberes, y por eso todos influyen en la marcha de aquel y todos contribuyen á su mantenimiento; y de aquí la igualdad política, la cual no implica el que todos estén facultados para ejercer las que son, propiamente hablando, funciones, y no derechos, porque es claro que eso lo pueden hacer sólo los que tengan capacidad para el caso.

La exactitud de estas indicaciones la comprueba la historia. Mientras que las antiguas preocupaciones acerca de la diferencia de origen, naturaleza y destino de los hombres han desaparecido por completo, desde que la religión y la filosofía de consumo proclamaron la igualdad esencial de todos, la desigualdad social ha subsistido en medio de incesantes cambios y mudanzas á través de los siglos, como no podía menos de suceder, dada la base en que se funda. Por el contrario, la igualdad jurídica ha venido realizándose sucesivamente, y cabe la gloria de haberla consagrado á la época moderna, que ha borrado casi por completo las diferencias que en este respecto había antes entre libres y esclavos, nacionales y extranjeros, ortodoxos y heterodoxos, nobles y plebeyos, etc.; y lo propio sucede con la igualdad política, puesto que la obligación de soportar las cargas del Estado y el derecho á
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intervenir, por lo menos indirectamente, en la gestión de los negocios públicos, van extendiéndose y aplicándose á todos los miembros de la sociedad.

Ahora bien, que según que exista ó no la igualdad jurídica, así serán menores ó mayores las desigualdades sociales, es cosa manifiesta. Cuando en el antiguo régimen se negaba el derecho á adquirir á los esclavos, ó se dejaba sin protección la propiedad de los extranjeros ó de los heterodoxos é infieles, ó se concedía á este ó á aquél un privilegio ó un monopolio, claro es que por virtud de la intervención del Estado se hacía mejor la condición de los unos con daño de los otros, como acontece hoy mismo con los títulos profesionales, con los aranceles protectores y con los bancos privilegiados, puesto que vienen á conceder á unos medios de vida que se niegan á otros. Pero confundir estas dos especies de igualdad, hasta el punto de pretender que la social ha de ser, ni aún en la parte que es posible, producto directo de la jurídica, es, en mi juicio, un gravísimo error, porque el Estado no tiene medios para conocer la vocación de cada cual, ni el mérito que contrae por su trabajo, ni la recompensa que se le debe, y sin esto quedaría siempre en pie la fuente permanente de desigualdad, así como con ello resultarían radicalmente negadas la actividad, la libertad, en una palabra, el principio mismo de la personalidad. Que existen desigualdades chocantes que son la causa primera del problema que estudiamos, y que en mucha parte son debidas á vicios de la organización social, y que el ideal, á cuya realización debe caminarse, es á que subsistan las diferencias esenciales y necesarias y desaparezcan las facticias y artificiales, son cosas que antes he reconocido; pero, según hemos visto, una parte de esto, la mayor, corresponde al individuo y á la sociedad, y otra, la menor, al Estado, el cual puede hacer mucho en este respecto, no buscando directamente una igualdad imposible, sino de un modo indirecto mediante las reformas convenientes en otras esferas del derecho, así como en su propio régimen de vida, para que por lo menos "desaparezcan con el tiempo las grandes desigualdades, que por su enormidad pueden ser peligrosas," como dice el Sr. Cárdenas.

En resumen, podemos decir, por lo que hace al derecho de la personalidad, que lejos de exigir el problema social que se retro-
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cada en el camino andado, deben llevarse á su cabal término las conquistas alcanzadas por la civilización moderna en este punto, mediante la plena consagración de la libre actividad y del comercio social en todas las esferas de la vida.

VI

Vengamos al derecho de propiedad, cuya relación directa con el problema que nos ocupa es evidente y manifiesta. Como aquél es una derivación del de la personalidad, en cuanto no hace sino garantizar el ejercicio de nuestra actividad cuando recae sobre la Naturaleza para el cumplimiento del fin económico, se reflejan en él naturalmente los caracteres que reviste el otro en la actualidad. Si casi todos los jurisconsultos conciben el derecho de propiedad de un modo análogo, desde Savigny, que lo consideraba como "el imperio absoluto y exclusivo de una cosa", hasta Taparelli, que lo define: "derecho de servirnos de un objeto con exclusión de otra persona," no es extraño que haya venido á ser el famoso jus utendi et abutendi de los romanos, torcidamente entendido, la expresión del sentido dominante, y que se dedujeran, como decía el Sr. Reynals, estas dos consecuencias: el ideal del dominio e ser individual y ser libre. De aquí la relación estrecha entre las reformas llevadas á cabo en los tiempos modernos en el derecho de la personalidad y en el de propiedad, en términos que todo lo dicho de las unas cabe decirlo de las otras. Si en las primeras hemos observado el desconocimiento de las personas sociales, en las segundas salta á la vista la antipatía á la propiedad social ó corporativa; y si la libertad que por aquellas se concede al individuo, se toma por el libre albedrío ó pura arbitrariedad, la reconocida por estas al propietario se entiende y traduce en igual forma; en una palabra, lo mismo en una que en otra esfera, se ha inspirado la revolución en un liberalismo abstracto é individualista.

Claro es, por tanto, que yo no he de hacer en este punto más que repetir en cierto modo lo antes dicho. Hay en este sentido, que ha presidido á las reformas en el derecho de propiedad, dos errores: uno, que puede y debe rectificar la ley; otro, que pueden y deben rectificar el individuo y la sociedad. Consiste el
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primero en negar, estorbar ó dejar sin garantía la propiedad social ó corporativa, ya negando la capacidad de tener bienes á las personas sociales, ya poniendo trabas á su adquisición, ya abandonándolas á merced de la arbitrariedad del Estado. Los defectos indudables que tenía este género de propiedad en el antiguo régimen, pudieron corregirse devolviendo al dominio, en todo caso y circunstancia, sus condiciones esenciales; pero se prefirió destruir á reformar, y así, además de desaparecer, sobre todo por virtud de la desamortización civil, cosas que debieron respetarse, se cerró la puerta á la libre formación de nuevos organismos, porque para éstos, como para los individuos, es la propiedad una condición necesaria de vida, y el negársela en todo ó en parte es imposibilitar ó entorpecer su constitución. Consiste el segundo en olvidar que si se autoriza al propietario para disponer de sus bienes, no es para que haga con ellos lo que mejor le cuadre, hasta llegar al abuso, como se suele decir, dando al jus abutendi de los romanos un sentido que éstos no le dieron, y sí para que use racionalmente de su libertad y de su derecho sirviéndose de lo suyo, como dice el Código de las Partidas con recto sentido, segund Dios e segund fuero. Pero así como el remedio á lo anterior toca ponerlo á la ley reconociendo ó amparando lo que hoy en mucha parte desconoce ó desampara, el que pide esto último no puede venir sino de la reforma moral del individuo y del influjo que para la consecución de esto mismo debe ejercer la sociedad, pues que el Estado no podía poner mano en esos abusos sin negar ipso facto la libertad que está obligado á garantizar. Y no se diga que este remedio es poco eficaz; observad las diferencias que, respecto de la actitud del proletariado, se observa entre unos y otros países, y dentro de uno mismo, entre unas y otras provincias; atended á la frecuencia con que toma pié aquel para sus quejas y reclamaciones del uso que de su riqueza hacen en determinados casos los propietarios; y decidme luego si será lo mismo que estos compartan sus rentas entre sus atenciones personales y el deber de ayudar á los que de auxilio necesiten y el de interesarse en el mantenimiento y desarrollo de las instituciones piadosas, científicas, benéficas, etc., ó que las empleen todas en satisfacer caprichos propios ó de los suyos sin ventaja de nadie, que ya no hay quien crea exacta la máxima de que la extra-
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vagancia del rico es la ganancia del pobre. Ciertamente que si hubiera en el mundo muchos Peabodys, sería más respetada la propiedad individual; mientras que si los proletarios oyea que la señora de un capitalista ha empleado en alhajas y piedras preciosas cincuenta millones de reales, hecho de que acaban de dar cuenta los periódicos, yo no sé cómo se ha de evitar el que se les ocurra que con ese capital, invertido en un objeto de puro lujo á impulsos del capricho ó de la vanidad, podrían ser felices más de mil familias.

Pero, aparte de la cuestión de la herencia, en que me ocuparé luego, hay ciertos puntos especiales sobre los que debo decir algo después de lo expuesto respecto del derecho de propiedad en general: me refiero al arrendamiento, al censo y á la hipoteca.

Si recordáis lo que al hablar de la renta os manifestaba acerca de las diferencias que hay entre unos y otros arrendamientos según su duración, según que la cuantía de aquella se determine por la costumbre ó por la competencia, según que sea fija ó se modifique en parte en vista de las circunstancias de la cosecha, y según, por último, que el colono tenga ó no por ley ó costumbre derecho á indemnización por las mejoras que haya hecho en la finca, comprendereis bien que me he de inclinar á que algo debe hacer el Estado en favor de aquellas condiciones del arrendamiento que son á mi juicio más justas y convenientes. Pero si ha de quedar á salvo, como debe quedar en mi sentir, el principio de libertad de contratación, lo que en este respecto está al alcance del legislador no es tanto como á primera vista puede parecer. Porque los arrendamientos largos sean preferibles á los cortos, ¿va á prohibir éstos? ¿Es ni siquiera posible que imponga al propietario las condiciones que sean de costumbre, en vez de las que determina la competencia? Si aquél rebaja la cuantía de la renta á fin de contar con una segura, y el colono encuentra esto ventajoso, ¿habrá la ley de imposibilitar tal arreglo, haciendo depender en todo caso aquella de las circunstancias de la cosecha? Por último, ¿será justo y conveniente obligar en todo caso á la indemnización por las mejoras, cuando puede suceder que en gracia de ellas el propietario conceda la finca al colono por muchos años y por una renta módica? Además, es preciso no perder de vista que á veces serían contraproducentes las medidas que se encami-
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háran á esos fines, porque, so pena de llegar á una completa reglamentación, el propietario á quien se impusiera un requisito, buscaría la compensación en la designación de los demás. El Estado puede hacer mucho, garantizando la seguridad del colono, como lo ha verificado en España la ley hipotecaria; declarando los casos en que la costumbre alcanza el carácter de verdadera fuente de derecho; concediendo al arrendatario la facultad de pedir la rebaja ó condonación de la renta en ciertos casos, como lo hacen las leyes de Partida, y la de reclamar indemnización por las mejoras hechas, cuando no se opone á una y otra cosa el contexto terminante del contrato; é interpretando, finalmente, el silencio de éste en cualquier otro punto de acuerdo con las que hemos considerado condiciones más favorables del arrendamiento. Todo lo demás habrá de ser fruto de la costumbre y del convencimiento por parte de los propietarios mismos.

En cuanto al censo, lejos de hallar fundada la profunda antipatía, casi el odio, con que lo ha mirado la Revolución, lo estimo llamado á prestar en lo futuro servicios análogos á los que prestó en lo pasado, y que se desconocen ó se olvidan. En la Edad Media, gracias á él, los derechos de los siervos, tan precarios que apenas si merecen la denominación de propiedad, aunque se añada el epíteto de servil, se transformaron, convirtiéndose ellos en hombres libres y propietarios censatarios, para constituir luego un elemento del tercer estado, y más tarde de la clase media. El error ha consistido, de una parte, en suponer que todas las instituciones censales procedían de los abusos del feudalismo, cuando muchas emanaban de contratos celebrados libremente y con ventaja de los colonos; y, de otra, en considerar, bajo el influjo del concepto unitario que formaron los romanos del dominio, la consolidación de éste como único ideal, en vez de aquella división y subdivisión del mismo en directo y útil, característica del régimen feudal. En este, como en otros muchos puntos, importa reformar y no destruir; esto es, tomar lo esencial de la institución y adaptar esta á las nuevas necesidades. En buen hora que se hagan todos los censos redimibles, porque sólo siéndolo pueden cumplir su misión, y que se supriman ciertos derechos insostenibles, como algunos de los que caracterizan á la enfeleusis; pero, ¿por qué no se ha de mantener y enalzar el censo reservativo, que
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tanto se acerca al largo arrendamiento, y que puede prestar el inmenso servicio de ir transformando suavemente y sin daño de nadie, los colonos, primero en censatarios, y después, por virtud de la redención, en propietarios? ¿Por qué no admitir el censo consignativo, que dá al escaso de recursos el medio de proporcionárselos para mejorar su finca ó satisfacer sus deudas en vez de vender aquella ó hipotecarla?

Y hé aquí uno de los motivos por qué entiendo que es pertinente cuando se trata del problema social, decir algo acerca de la hipoteca. El Sr. Romero Giron nos habló ya de ella, pero fué para condenarla, fundándose en que, á su juicio, nos llevaba á la sustitución del crédito personal por el territorial, lo cual le parecía un retroceso. Hay en esto, en mi sentir, un error fácil de desvanecer. Si nos figuramos trente á frente dos individuos, uno pidiendo dinero prestado y otro exigiendo en garantía una hipoteca, es evidente que éste no tiene confianza en aquél y que teme que no querrá ó no podrá pagar la deuda en su día; pero esto, que tiene algo de antisocial y egoista, desaparece desde el momento en que contemplamos funcionando un Banco Hipotecario, puesto que ni éste conoce personalmente á los millares de particulares que toman sus cédulas, ni los que adquieren éstas en el mercado saben siquiera los nombres de los que han hipotecado sus fincas en garantía de las mismas. Ahora bien, la importancia de la hipoteca en los tiempos actuales hay que apreciarla á través de estas instituciones de crédito, que facilitan al propietario la adquisición de capital en condiciones singularmente favorables por lo bajo del interés y por lo largo y la forma del reembolso. Por esto puede servir esta institución para ayudar á resolver el problema social en lo referente á la tierra, pues, utilizando las ventajas que proporciona el crédito territorial, el pequeño propietario conservará sus fincas en vez de verlas pasar á manos tal vez de un usurero sin conciencia, ó adquirirá otras tomando dinero sobre las que ya posee; y el colono censatario podrá procurarse el capital necesario para redimir el censo, haciéndose así dueño absoluto de los bienes gravados.
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VII

El derecho de familia no tiene ciertamente con el problema social tan estrecha relación como el de propiedad; pues, aunque parezca deducirse lo contrario del contenido de la conocida obra de M. Le Play, ya que el mantenimiento, ó mejor restablecimiento, de lo que llama famille-souche, es para este escritor la base fundamental de la reforma, es lo cierto que el medio que al efecto propone en primer término, entra en la esfera del derecho de sucesiones, en que luego me ocuparé; y lo demás, esto es, que la familia se continúe mediante la asociación y unión de las que proceden de cada una, en vez de disolverse á la muerte de su jefe, tiene indudables ventajas, entre ellas la de reaccionar contra el atomismo dominante y la de levantar el sentido de la institución de la familia, de la que se ha dicho, no sin razón, que en la actualidad no era más que una sociedad económica; pero estimo que, aparte de lo que en este respecto pueden influir las reformas en el derecho de sucesiones, es más obra del individuo y de la sociedad que no del Estado el conseguirlo. Así, por ejemplo, no cabe duda que es una medida eficaz y directa para la solución del problema social el no contraer matrimonio cuando se carece de los medios indispensables para levantar las cargas del mismo; pero, ¿no sería injusto é inconveniente convertir esta regla de conducta individual, cuya propagación la sociedad debe procurar, en un precepto jurídico, como se hizo en Noruega?

Mas el derecho de sucesiones está en muy distinto caso, y así no es maravilla que se traiga siempre al debate la cuestión de la herencia cuando se trata del problema social, no para negarla, pues esto ni siquiera es posible hacerlo, sino para discutir el modo de regularla, sin que deba sorprendernos que á veces se proclamen en esta materia muchos absurdos, puesto que, como se ha hecho notar por un escritor, son consecuencias de principios consagradas en el derecho civil y admitidos por los jurisconsultos antiguos y modernos, que con frecuencia, por ejemplo, han movido los cimientos mismos de esta institución diciendo que era de derecho civil y no de derecho natural. Veamos sumariamente