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nturas, el qual sobre juramento que primeramente haga, que lo "hará bien y fielmente, mire si la tal obra está verdadera, y si es "lectura authéntica ó apruada, y que se permita leer, y que no "aya duda; y siendo tal, den licencia para imprimir y vender, con "(tal) que despues de imprimido, primero lo recorran, para ver si "está qual deue: y assí (concluye) se hagan recorrer los otros volu- "mines, para ver si están concertados (1)."

A partir de esta declaracion legal, la primera en su género, la propiedad literaria, sujeta desde entonces al arbitrio de los legisladores y en especial al de los prelados, á quienes encargaban y mandaban los Reyes Católicos la revision y el exámen de los libros cuya impresion ó cuya venta se pretendiera,—debia arrastrar una vida efímera, trasplantada por la fuerza, de su lugar propio á un terreno estéril é infecundo. Desde el momento en que, dada la reaccion erudita que se realiza á principios del siglo xvi, quedaba á voluntad de "los letrados de la facultad," á que perteneciera el libro, el determinar, no la naturaleza de la doctrina contenida en las obras sometidas á su exámen,—pues siendo abiertamente erróneas ó hostiles á la fe y á la religion que habia guiado constantemente la nacionalidad española, desde las asperezas de Covadonga hasta la hermosa ciudad de los Al-Ahmares, debian ser como ofensivas para el sentimiento nacional, rechazadas sin vacilacion ni escrúpulo,—sino la utilidad que de las indicadas producciones podria recabarse, reputándolas, por tanto, como "cosas vanas y sin provecho," la facultad natural de disponer los autores del fruto de su inteligencia, se reducia á tan estrechos límites, que no era fácil, puesto ya el legislador en tal camino, se detuviera ni contentase con aquellas trabas, á despecho de las cuales, ofrecen tan grandioso espectáculo las centúrias xvi xvii, que no sin justicia han recibido nombre de siglo de oro de las letras españolas.

No trascurrian muchos años de dictada la pragmática á que

(1) Fué tambien dictada esta pragmática en Toledo, y figura como la ley XXII del mismo título y del mismo libro que la anterior, concluyendo con estas palabras: "Y al dicho letrado hagan dar por su trabajo, el salario "que justo sea, con tanto que sea muy moderado, y de manera que los libreme- "ros é imprimidores, y mercaderes y factores de los dichos libros, que lo han "de pagar, no resiban en ello mucho daño."
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aludimos, cuando advertidos los Reyes Católicos de que se habian dado con facilidad licencias para imprimir,—lo cual habla por cierto muy alto en favor de los prelados á quienes habian autorizado en 1502 para examinar los libros cuya publicacion se pretendia,—y de que se habian "impreso libros inútiles y sin provecho alguno y donde se hallan cosas impertinentes," decretaban que "los libros que se hubieren de imprimir de nuevo se examinasen con cuidado antes de dar las licencias," quedando el original de las que reputaba "obras de importancia," en el Consejo Real, en quien residia la facultad de autorizar las indicadas publicaciones, despues de haberse hecho la edicion, para confrontar, sin duda, el manuscrito con la obra ya impresa (1), pragmática que coartando más y más la libertad de los autores, les sometia en un todo al arbitrio de la persona encargada de revisar su obra, cada vez que esta hubiese de imprimirse de nuevo, según lo exigiese el favor alcanzado por el libro en el público.

Mas no paraban aquí, por desdicha, las vejaciones á que habian de quedar sujetos los autores en la Edad Moderna, y despues del beneficio del invento de Guttenborg: el temor, por un lado, de que se propagasen en la España de Felipe II las herejías de Lutero que habian ensangrentado, con horror del orbe, los Países Bajos, y de otra, la omnímoda influencia de aquel poder, ante el cual todo se humillaba, como impotente para resistir el impulso del llamado Santo Oficio,—no hallando en las dos últimas pragmáticas de los Reyes Católicos suficientes garantias para evitar el daño que de la imprenta recelaban, demás de aquellos índices de libros prohibidos con que la Inquisicion pretendia lanzar su terrible anatema contra las obras, cuya materia no fuera por ella comprendida, decidian á Felipe el Prudente, y en su nombre á la princesa doña Juana, á dictar en Valladolid, con fecha 7 de Setiembre de 1558, otra nueva disposicion, en cuyo primer artículo se ordenaba "uso pena de muerte," que "ningun librero, ni mercador de libros, ni otra persona alguna de cualquier estado y condicion que sea, trayga, ni meta, ni tenga, ningun libro, ni obra impresa ó por imprimir, de las que son vedadas y prohibidas por el Sacro Offi-

(1) Ley XLVIII, tit. IV, lib. II, de la cit. Recopilacion de las leyes del reino.
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ocio de la Inquisicion," á cuyo efecto, y con el propósito de que nadie pudiera alegar ignorancia, mandaba que los libreros tuviesen al público el Catálogo de obras prohibidas por la Inquisicion, el cual debía ser impreso, para los fines expresados.

Por medio de un otro, se prohibió en el segundo artículo la introducción de todo linaje de libros "de romance," los cuales, aun procediendo "de los reynos de Aragon, Valencia, Cataluña y Navarra," debian ser entregados al corregidor ó alcalde "para que los mande al Consejo, para que visto se provea, y entre tanto no los tengan ni vendan (los libreros) so pena de perdimiento de sus bienes y que sean desterrados destos reynos perpetuamente," declaración que en el tercer otro de la citada cédula, se hacia extensiva á los libros que hubieren de imprimirse, los cuales no podian darse á la estampa sin licencia del Consejo, "sopena de muer-te (1), perdimiento de todos sus bienes y los tales libros y obras sean públicamente quemados."

Habia ocurrido, sin duda, que burlando la vigilancia de la ley, despues de conseguida la licencia para imprimir, en los términos prescritos por la pragmática de 1502, introducian los autores alteraciones en sus obras, y para evitar que en lo sucesivo se diese tal ejemplo, se prevenia en el cuarto otro de aquella carta, fueran rubricados por un escribano de camara los manuscritos, hoja por hoja, y plana por plana, señalándose y salvándose al fin las enmiendas que hubiera estimado procedentes el Consejo, con el número y cuenta de las hojas, diligencia que debia ser firmada y rubricada por el referido escribano, para imposibilitar toda otra con-

(1) El texto de esta pragmática, en el otro á que aludimos, es tan ambiguo y anfíbológico de suyo, que, á la verdad, se hace por extremo difícil su interpretacion, defecto censurable en toda ley, y mucho más aun cuando como sancion penal llevaba la imposicion de la pena de muerte. La pragmática de Felipe II, á cuyas declaraciones hacemos referencia, deja en la duda de si aquella pena irreparable debe imponerse por igual al autor del libro que se imprimiese sin licencia del Consejo, y al impresor que le diese á la estampa, como coautor en el delito de contravenir á lo dispuesto en aquella ley, ó si debia aplicarse sólo al autor, ó sólo al impresor; con arreglo á la naturaleza del supuesto delito, parece deducirse que la indicada pena debia ser impuesta al autor, con preferencia; pero no es fácil de determinar el alcance de esta declaracion que necesitaba, para su recta interpretacion por los tribunales, una aclaracion terminante y explicita.
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cesion, adicion ó enmienda por parte de los autores. Terminada la edicion, estaba obligado el impresor á devolver al Consejo el original con uno ó dos ejemplares ya impresos para ser confrontados con el manuscrito, no pudiendo ponerse á la venta, sin embargo, aun despues de hecha la confrontacion ordenada, sin que "en principio de cada libro que así se imprimiere, se ponga la licencia, y la tassa y privilegio, si le quiere, y el nombre del autor, y del impresor, y lugar donde se imprimió," requisitos unos y otros que eran igualmente indispensables para las reimpresiones, y que debían constar en "un libro encuadernado en que (dice la ley) se ponga por memoria las licencias que para las dichas impressiones se dieren, y la vista y examen de ellos (los libros), y las personas á quien se dieren y el nombre del autor, con dia mes y año."

Declarábase en el quinto otro, so la pena de "perdimiento de bienes y destierro perpétuo" que para la publicacion de misales, devocionarios, cartillas para niños, Flos sanctorum, Constituciones synodales, artes de gramática y vocabularios y otros libros de latinidad, á los cuales eximia del examen y licencia del Consejo Real,—bastaba simplemente la licencia de los prelados y ordinarios, como era suficiente para la impresion de los libros que hiciesen referencia al Santo Oficio, la del Inquisidor general y la del Consejo de la Inquisicion; y para la de las bulas y cosas de cruzada la del Comisario, siendo sólo exenta de toda traba la publicacion de las "informaciones ó memoriales de los pleytos," que podian imprimirse libremente. De mayor alcance el sexto artículo, venia á demostrar el concepto que para Felipe II merecia la propiedad literaria, prohibiendo terminantemente que se tuvieran "libros de mano" (manuscritos), sin que hubieran sido antes examinados en la forma que la pragmática preceptuaba por el Consejo, "so pena de muerte y perdimiento de bienes," debiendo ser quemados públicamente los manuscritos que no hubieren sido sometidos al fallo del referido Consejo. Encargaba asimismo, á este alto Cuerpo que examinados brevemente los manuscritos á que alude, dieran licencia para leer y publicar, acaso, los que calificara y entendiese como buenos y provechosos y los que no reuniesen, á juicio de los consejeros las condiciones exigidas, los hicieran romper y rasgar, anotando en el libro de licencias, los titulos de los que por tal arte quedaban invalidados.
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Y como si después de tales declaraciones hubiera sido posible que se introdujeran en la España del siglo XVI ó se imprimiesen ó se escribieran entonces libros, cuyas doctrinas ó fuesen perjudiciales á la fé, ó atentatorias á la Iglesia, ó de materias "vanas y sin provecho," y por tanto "inútiles" y llenos de "cosas impertinentes," daba facultad y encargo especial á los arzobispos, obispos y perlados, en el último otro de aquella famosa pragmática, recomendándoles "con mucha diligencia y cuidado, cada uno en su distrito," visitase por sí ó por medio de delegados idóneos las librerías y tiendas de mercaderes de libros, así como las bibliotecas de seglares y religiosos seculares y regulares, visita que debía hacerse una vez cada año, y para la cual autorizaba en Salamanca, Valladolid y Alcalá á dos doctores maestros de cada una de las Universidades allí establecidas, para que en unión con los prelados examinaran los libros de las librerías y bibliotecas, revista de que no se libraban, por cierto, los monasterios. Las obras que á juicio de aquella especie de pesquisidores ó investigadores, parecían sospechosas ó deshonestas, habían de quedar depositadas en poder de buena persona, hasta que el Consejo Real dispusiera de ellas, con presencia de la lista que debía serle para tales efectos enviada (1).

Extraviada y perdida por completo la noción verdadera de la propiedad literaria, cual acredita la precedente ley, dábase razón en ella de la suerte que cabía á los autores en el concepto del legislador, respecto á la facultad que por naturaleza les correspondía sobre cuanto era fruto de su inteligencia. La imprenta, invento portentoso, que dando formas aptas para las transacciones mercantiles á los productos del ingenio, debía facilitar el ejercicio del "segundo derecho" de propiedad literaria,—mirada con singular recelo por la ley, y considerada por los libreros cual medio eficaz y poderoso de acrecentar un lucro inmoderado, en perjuicio de los autores, daba de sí resultados contraproducentes y abiertamente hostiles á los fines que debía cumplir en las esferas del derecho. La afición á la lectura de libros, ya de instrucción, ya de ameno recreo, que se había despertado en España con el florecimiento de le-

(1) Aparece en la Recopilación de leyes del reino esta pragmática, como la ley XXIV del tít. VII del libro II.
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tras y de ciencias, excitando la codicia de los logreros de aquella edad, llevábales á reproducir fraudulentamente las obras que mayor favor merecian del público, privando así del fruto de su trabajo á los autores, cuyo capital, invertido en aquellas costosas ediciones, quedaba defraudado y sin auxilio alguno en las leyes. Como consecuencia ineludible de tal sistema de lucro por parte de los libreros, para no perder en un todo las legítimas esperanzas que la impresion de sus producciones habia hecho concebir á los autores, viéronse, sin duda, éstos precisados á aumentar el precio de sus libros, tal vez no para reportar ganancias, sino para resarcirse al méños de los gastos ocasionados, dada la competencia irresistible de los libreros, que se enriquecian con la propiedad agena.

Ocurría tambien, que prevaliéndose estos de la precision en que se encontraba el público de adquirir ciertas obras de estudio, hacían pagar con tales creces el valor de los ejemplares, que la lesion no podia ser por nadie desconocida, dificultando de tal suerte el estudio de las ciencias, para cuyo acrecentamiento convenía allanar cuantos obstáculos pudieran oponerse. Unas y otras causas, ya por ser frecuente la reproduccion fraudulenta hecha por los libreros de aquellos libros que gozaban mayor estima, en menoscabo de la legítima propiedad de los autores ó de los editores, ya por el afán de la codicia que señooreaba á los indicados mercaderes respecto de las obras de estudio, debian al postre llamar la atencion del legislador, quien, á instancia, sin duda, de su Consejo, antes de dictar disposicion alguna sobre la materia, daba como cosa comun y corriente la facultad de justipreciar ó de estimar los libros cuya licencia de impresion se solicitase al mencionado Consejo, mandando en el cuarto otroso ó artículo de la pragmática de 1558, que "en principio de cada libro... se ponga la licencia y la tassa".

No habremos de detenernos en la demostracion de lo humillante de ésta, porque sin graves esfuerzos puede comprenderse, despues de cuanto llevamos manifestado en articulos anteriores respecto á la naturaleza de derecho de propiedad literaria; impórtanos dejar, no obstante, consignado el hecho, por lo que interesa á nuestros ESTUDIOS, pues habia de influir no poco en el ánimo de los legisladores de posteriores épocas, para desvirtuar el indicado derecho, desgajándole, por decirlo asi, del árbol fecundo del de propiedad, al que hasta entonces habia pertenecido. Ya hemos in-
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dicado antes de ahora (1), que ni el estado en que le encontramos durante la Edad Media las pequeñas monarquías que al grito de religión y patria surgen en las agruras de Covadonga, ni cuantos precedentes hallan en la legislación de otros pueblos los legisladores españoles, ni las necesidades sentidas hasta entonces, ni los medios materiales empleados en la reproducción de las obras de la inteligencia, podían consentir ni autorizar la creación de una ley de propiedad literaria, que determinando la naturaleza del derecho á que aludimos, pusiera bajo el amparo de disposiciones especiales el que competía á los autores sobre el fruto de su laboriosidad y de su ingenio.

Como manifestación propia de la vitalidad de aquellos pueblos que nacen, crecen y se desarrollan entre el estruendo de la lucha, contra el enemigo de la religión y de la patria, apareció la literatura en las monarquías cristianas, sin que la ley tuviera precisión de consignar expresamente los derechos y las obligaciones que en el terreno legal engendraba, pues ni los primeros pudieron ser negados por nadie, ni los segundos fueron desconocidos, cual hemos procurado atestiguar en lugar oportuno; pero cuando aquellas obligaciones y aquellos derechos, con el descubrimiento de la imprenta, adquirieren no dudosa trascendencia, alimentando industrias tales como la tipográfica y la de la librería, en la forma que revelan las cuatro primeras declaraciones legales, de que hasta aquí hemos hecho referencia, la ley debió comparar el mencionado derecho, no sólo porque así lo demandaba la justicia, sino también porque naciendo de su ejercicio obligaciones exigibles, no había un texto en que apoyarse para poner á salvo los intereses que se representaban en los libros.

La necesidad de esta ley dejóse sentir muy en breve: menudeaban ya en 1558 las especulaciones fraudulentas que con el trabajo de los autores hacían los libreros, reproduciendo subrepticiamente las obras de que esperaban lucro cierto, y en las cuales sólo arriesgaban estos el capital invertido en la edición, al paso que aquellos, demás del capital, exponían su trabajo y su inteligencia; las reclamaciones ante los tribunales debieron de repetirse con har-

(1) Véase el primer artículo de estos Estudios, publicado en el número 226 de esta Revista.
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tar para las fiestas de la canonización de San Pío V (1) aquellas "pinturas de buena mano" de que habla la Relacion, y sólo el podía pintar en su pueblo! ¿Hízolo por necesidad? ¿Por agradecimiento? Esto último es más fácil, puesto que consta que para los dominicos de Santiago trabajó los cuadros de que hace mérito Cean, y para los de Lugo, cuando menos, uno que no conoció este autor y se conserva actualmente con el respeto y estimación que se merece, en la misma iglesia y altar para que fué destinado. No será el único. En poder de particulares deben existir los escasos que consta pintó por esta tierra, y nosotros sospechamos sea suyo, uno que se ve en la capilla del Pilar de la catedral compostelana, aunque tan alto y á una luz tal que es imposible examinarlo.

Habiendo desaparecido los cuadros de Santo Domingo, no habiendo tenido tampoco ocasión de ver el que existe en Lugo, y que según noticiases digno de toda atención y lo mejor que nos queda de este artista, siendo verdad, por desgracia, que, como dice Cean, "por no haber tenido obras públicas que pintar en aquel país (Galicia) se encuentran pocas de su mano," no nos es posible juzgarle por más, que por los de San Andrés y el San Pedro, que se ven todavía en la sacristía de la catedral. Representan á ambos apóstoles, de pie y de tamaño natural, y son obra que debe examinarse con atención, si se quiere formar idea del estilo y manera de nuestro Bouzas. Pecan en el color, pero son de excelente factura, y harto diversos del Santo Tomás, que muchos señalan como suyo en la iglesia de Santo Domingo, pues ni aún diciendo que este pintor, á ejemplo de su maestro, tan pronto imitaba á Rafael, cuyo color recuerda en los cuadros de la catedral, como pintaba siguiendo opuesto camino, puede creerse que sea suyo. Del que no es posible dudar es del de

(1) Estas fiestas se celebraron en 1714. Dice el autor de la Relacion que, entre otras cosas se veían dibujados, (debido decir pintados) en dos tarjetones la imagen de Pío V y las armas de la casa de este pontífice, y un retrato del príncipe de Asturias. El pórtico del convento, "adornábanle preciosas pinturas de buen pincel" todas ellas, por lo que se infiere, de nuestro Bouzas. En la portería, se colocaron los retratos de los dos principales bienhechores del convento, cardenal Moscoso, hijo de Santiago y arzobispo Monroy, el de este último, debido tal vez al pincel de nuestro artista. ¡Protegióle acaso este expléndido prelado? ¿debio á esta circunstancia el ser favorecido de los dominios á cuya orden pertenecía el arzobispo?
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ta frecuencia, sin obtener satisfactorio resultado, y los autores, desamparados y sin norte, viéronse en la necesidad de acudir á la corona, impetrando de ella, no ya el reconocimiento del derecho que les asistía y ejercitaban como sobre cosa exclusivamente de su pertenencia, sino la merced de impedir que en fraude de sus intereses se enriquecieran otros, y cual merced graciosá, como premio y galardón de aquellos á quienes estaba encomendada la misión civilizadora de procurar los adelantos de la patria con el cultivo de las letras y las ciencias, revestía la declaración real la oprobiosa forma del privilegio, ley privada, de carácter puramente personal y cuya influencia sólo se extendió á quien á título de autor la reclamaba.

A los privilegios, pues, aludía el memorado otro de la pragmática de Felipe II, dando razón de lo que podía significar, cuando ordenaba que al principio de los libros que se imprimieran, demás de la licencia y de la tasa, esto es, la estimación material de la cosa jurídica, se pusiera el privilegio, si le vuiere, con lo cual se demuestra que no todos los autores conseguían aquella gracia, y se fomentaba el indigno y criminal comercio del trabajo ageno, autorizándose por tal camino, respecto de los libros cuyos autores no gozaran de las influencias necesarias en el Consejo para inclinar el ánimo del rey á otorgar la merced de que nadie más que el legítimo dueño gozase y disfrutase de su propiedad, sin impedimento alguno (1).

(1) Aunque para el mayor número de los ilustrados lectores serán familiares las fórmulas de la tasa y del privilegio, no creemos del todo impertinente, dada su importancia y la índole de estos Estudios, el trasladar aquí copia de la tasa de la Recopilación de leyes del reino, impresa en 1569, que hemos consultado, y del privilegio otorgado á los autores de la misma. Dice así la tasa, impresa al dorso de la portada del libro:

"Yo Domingo de Canala escriuano de cámara de su Magestad de los que residen en su consejo, doy fé que en la villa de Madrid á catorce días del mes de Enero de mil y quinientos y sesenta y nueve años, los señores del consejo tassaron la recopilación de las leyes del reyno que va en dos partes y en nueve libros, á cinco duendes que son mil y ochocientos y setenta y cinco maravedís: y mandaron que esta tassa se ponga al principio del dicho libro, en fé de lo qual lo firmé de mi nombre, fecha vt supra.—Domingo de Canala."

El privilegio, que va en la plana inmediata, se expresa en estos términos:

El Rey.
"Por quanto el licenciado Perolopez de Arrieta del nuestro consejo ya di