Revista de España (1878-05-01 00:00:00), página 268

previamente, como consecuencia de turbarse el orden público, que no se ha turbado, ó de un conflicto que no existe, según declaraciones repetidas de la prensa ministerial, se pusiera en vigor la ley de 17 de Abril, ó se hallara la plaza en estado de sitio. La cuestión sólo reviste carácter de policía, y el bando, á nuestro juicio, pugna con la normalidad de una capital un tanto agitada por una cuestión simplemente administrativa. De acuerdo en todo con La Crónica de Cataluña, periódico liberal, que se distingue por su sensatez, reproducimos con gusto las siguientes líneas: "Negamos al ayuntamiento el derecho moral de plantear la cuestión de orden público, porque no es delegado del Poder, sino simplemente administrador, y las cuestiones entre éste y la ciudad, cuando toman el carácter de generalidad que la del gas, no pueden llevarse al terreno de la fuerza. Sabemos que tal teoría ha de escandalizar á los autoritarios; pero nosotros no vacilariamos en ponerla en práctica. El Ayuntamiento presidido por el Sr. Rius y Taulet tuvo que dominar una huelga de verduleras, y la dominó; pero si se hubiese hallado con una cuestión como la del gas, se hubiera dicho, lo aseguramos en absoluto, que puesto que no merecía la confianza de sus administrados, debía dimitir; y así lo hubiera hecho, y se hubiera marchado como se marchó en otra ocasión. El municipio actual no ha creído deber hacerlo, y hemos de respetar su decisión; pero nos es forzoso consignar que para abdicar de sus facultades, más hubiera valido que las hubiese devuelto al cuerpo electoral que se las confió, que no al gobierno civil, de quien no las ha recibido, y en quien no sabemos si puede abdicarlas; pero sí tenemos la seguridad de que no debió obrar así."

Deseamos que con medios de concordia y sin exacerbación en los ánimos termine una cuestión que perjudica los intereses del comercio y de la industria de Barcelona, ocasionando al mismo tiempo una considerable lesión en las empresas del gas, y sensible ha de ser para cuantas personas ansían una solución feliz en tan enojoso asunto que tal vez por haber aprobado el Gobierno en la Cámara la conducta de una autoridad, respondiendo á la interpelación enérgicamente explanada por el Sr. Alba Salcedo en defensa de los fueros de la prensa barcelonesa, el problema no se haya resuelto todavía. Con insistencia han circulado rumores sobre la cesación del Sr. Ibáñez Aldecoa en su importante cargo, y de público se ha dicho que los señores Cadorniga, Cosío, Vergara, y otros hombres públicos han declinado la honra de aceptar el Gobierno civil de la provincia de Barcelona. De ser así no puedo argüirse que el Gobierno mantenga el statu quo para que salga ileso el principio de autoridad; dados los primeros pasos exige la conveniencia, á juicio nuestro, que se den otros para que de una vez se ponga término á la cuestión.

El conflicto que durante muchos días revistió carácter económico, ha tomado ya cariz político y general, gracias á las estralimitaciones de la autoridad gubernativa, iniciadas con algunas multas impuestas á varios periódicos por haber reproducido un comunicado en el que se escitaba á los concejales y á los asociados que votaran el presupuesto municipal de 1876-77 para que pidieran el cumplimiento de aquel acuerdo. A las multas siguió la suspensión en absoluto de la venta de periódicos, y en pos de esta la detención y encarcelamiento de los repartidores autorizados para llevarlos á domicilio, y de aquí que se agigantara un conflicto que tenía proporciones insignificantes. Víctima la prensa barcelonesa de medidas que