Revista de España (1878-05-01 00:00:00), página 396

sin embargo, prescindir de algunas de ellas por la íntima relación que tienen con los puntos y argumentos sostenidos ó impugnados por los oradores que terciaron en las lides parlamentarias. Por fortuna, nos hemos ocupado de la cuestión en las columnas de un periódico de Madrid, y, por lo que al objeto hace, bastará que recordemos lo que de una manera sintética ha sido por nosotros expresado á raíz de tan importantes debates. El problema, con acopio de datos, planteado por los diarios de Barcelona y por las relaciones exactas de las medidas adoptadas con que la prensa de la capital del Principado llenará sus columnas por espacio de muchos días, había sido detenidamente examinado, y con justicia y exactitud juzgado. Los conflictos de Barcelona, sostenidos con las vacilaciones del Gobierno, que así patrocina, ampara y defiende en la Cámara los actos de una autoridad civil, como, según oportunamente recordaba el diputado Sr. Reig, condena su conducta ofreciendo el cargo que desempeña á otros hombres públicos, abren ancho campo á cuestiones magnas, de suma importancia y de innegable trascendencia, porque afectan directamente á los principios cardinales del sistema constitucional.

En apoyo de los actos llevados á cabo por el gobernador de Barcelona, ha defendido el Gobierno las multas impuestas por esta autoridad gubernativa y la prohibición y suspensión por la misma de los periódicos, alegando que estas facultades competían, dentro de la esfera de la policía, á los gobernadores, afirmativa que arranca de la mistificación de los textos legales y que, en último término, destruye por completo la libertad que para emitir sus ideas han de tener todos los españoles, según el precepto de la Constitución del Estado. El luminoso dictámen que, suscrito por veintinueve letrados del Ilustre Colegio de Barcelona, ha visto la luz en toda España, demostró ya de una manera incontrovertible el alcance y significación que tiene la orden de 6 de Febrero de 1876, en modo alguno opuesta á los derechos que reivindica la prensa de la capital del Principado. No es posible que la autoridad gubernativa pueda imponer las multas establecidas en el Código penal, aboliendo las más indispensables garantías que ofrecen la prueba y el sagrado de la defensa, creando una cruel y depresiva excepción para el periodista y escritor público; no es posible tampoco, ni se concibe, la prohibición de la venta de periódicos en absoluto, porque esta prohibición entraña directamente la no publicación de los periódicos y con ella se barrena por completo el precepto constitucional, dándose el caso de que la regularización de un derecho se trasforme en prohibición ó de que con una mal entendida regla de policía, se llegue á suprimir el derecho mismo que el Código fundamental reconoce, proclama y garantiza. Triste resultado de actos semejantes ó de tan insostenibles interpretaciones habían de ser las resistencias, y la arbitrariedad sistemática contra la prensa manifestóse después con detenciones y encarcelamientos, pasándose del menoscabo de la ley al menosprecio de la seguridad individual, como si se tratara, según elocuentemente observaba el Sr. Balaguer, de agravar la triste situación en que se encuentra Barcelona, con sus fábricas y talleres paralizados, con sus miles de obreros privados de los medios de subsistencia y sus numerosas embarcaciones ancladas en los puertos.

Y para completar el cuadro, el Sr. Castelar expuso en el Congreso la ilegalidad del arbitrio impuesto por el municipio de Barcelona. Sostuvo el ilustre orador que el gas, fuera de la tarifa, necesitaba, para ser mate-