Revista de España (1878-05-01 00:00:00), página 267

más la medida adoptada por el ayuntamiento, alegando que la orden del Poder Ejecutivo de la república de 4 de Agosto de 1874, consigna que el recargo de consumos, que pueden utilizar los municipios, es el 100 por 100 sobre los derechos que adeuden las especies comprendidas en las tarifas, por lo cual no deben gravarse los demás artículos de comer, beber y arder. El ayuntamiento, á su vez, defiende el impuesto, manifestando que las disposiciones de la ley municipal de 1870 rigen en cuanto no se oponen á las de presupuestos del Estado, ya que posterior á éstas es la ley municipal puesta en vigor en 20 de Octubre del año último, y no en vano el legislador ha confirmado en la misma los artículos de comer, beber y arder. Observaban también los que abogan por el planteamiento del impuesto, que la citada orden del Poder Ejecutivo de la república se refiere exclusivamente á los recargos que presuponen siempre materias ya gravadas, rechazando la afirmación de tener el gas carácter de impuesto indirecto, por más que el arbitrio sobre su consumo tenga cierta analogía con la contribución de consumos. Dicen además que entre las empresas del gas y el ayuntamiento de Barcelona existen ciertos contratos con cláusula ó cláusulas, que se oponen al planteamiento del arbitrio.

Tales son las noticias incompletas que acerca de esta cuestión tenemos, prometiéndonos completarlas ó rectificarlas, si, como esperamos los diputados catalanes la tratan en el Congreso con la detención y la importancia que realmente entraña. Creíamos que la interpelación expuesta ya en la Cámara popular por el Sr. Maspons sobre este punto, fijaría de un modo que no ofreciera duda la legalidad ó ilegalidad del impuesto, pero no ha sido así; el diputado por Granollers sí, concibió, sin entrar en el fondo de la cuestión, á tomar pie de los hechos de Barcelona para atacar, desde los bancos de la mayoría, al Gobierno, haciéndole responsable de aquellos acontecimientos. Pero como, por otra parte, en los momentos en que escribimos la presente Revista han de iniciarse en el Congreso por el distinguido ex-alcalde constitucional de Barcelona, señor Rius y Taulet, importantes debates sobre la conducta observada por el Gobierno con los consumidores y la prensa de la capital del Principado, y en ellos intervendrán, según le público se dice, los señores Castelar, Balaguer, Alba Salcedo y Collaso y Gil, daremos á nuestros lectores en otra Revista conocimiento de tan graves asuntos, para formar exacto juicio.

La tiranía producida por las medidas adoptadas, han extremado de tal suerte la cuestión, que los consumidores de Barcelona se niegan á alumbrar sus establecimientos sin que cesen en sus cargos el actual municipio y el gobernador Sr. Ibañez Aldecoa. No se explica satisfactoriamente que, conviniendo el Gobierno y la prensa toda ministerial en que la cosa no pa á do ser una dificultad de carácter puramente administrativo, la autoridad civil de aquella provincia haya aceptado la delegación que in partibus le ha conferido el ayuntamiento para resolver el caso, ni que, después de muchos días de calma trascurridos, el referido gobernador publicara un bando, cuya segunda disposición viene concebida en estos términos: "Los grupos que se estacionen en la proximidad de cualquiera establecimiento alumbrado por gas, se considerarán dirigidos á cohibir la libertad del consumidor, y al igual de los que, por cualquier concepto, se for- men para alterar el orden, serán disueltos por la fuerza pública, después de las intimaciones que previene el art. 257 del Código penal."

No podía menos de producir sorpresa la medida adoptada, sin que