Revista de España (1878-05-01 00:00:00), página 397

ría de tributo: primero, conocimiento de la Administración económica, y más tarde, la autorización del Gobierno, sin cuyos requisitos legales respectivamente en épocas diversas no era posible en modo alguno que los ayuntamientos pudieran recurrir á semejante arbitrio, utilizado ya en tiempos anteriores como uno de los últimos y supremos recursos, tanto más, cuanto que el señor ministro de la Gobernación, por una real orden, había resuelto que el ayuntamiento no podía llevar á cabo el impuesto y la correspondiente sección del Consejo de Estado había declarado en Mayo de 1875, que el municipio de Barcelona no tenía derecho á gravar aquel fluido. La demostración del Sr. Castelar puso en claro el problema del gas, así como cerró la puerta á uno de sus más importantes términos un argumento de fuerza incontestable, expuesto por el Sr. Balaguer, y, por lo visto, no comprendido por el Gobierno, que formulamos con las palabras siguientes: una instrucción del ministerio de Hacienda de 1869, dispone: que los impuestos no reclamados prescriben á los dos años.

No era ciertamente de esperar que el Sr. Canovas del Castillo afirmara que, hasta tratándose de impuestos ilegales, el país venía obligado á satisfacerlos, sin perjuicio de que los contribuyentes utilizaran después los recursos que las leyes confieren, teoría que, á juicio nuestro, es una verdadera profanación del derecho constitucional, porque se opone á las inconcisas doctrinas sostenidas por tratadistas tan notables como Makauley y Blakstone, y porque todas las Constituciones de los países libres establecen que ningún ciudadano está obligado á satisfacer los impuestos no votados por las Cortes. Esa, y no otra, es la verdadera noción de la libertad que tienen los partidos conservadores de Europa; ese, y no otro, es el principio que se levanta contra la arbitrariedad, oponiendo una valla á la concurrencia de los más sagrados derechos y de las más respetables garantías. Inglaterra recuerda que, en materia de impuestos, torys y wigs, desde tiempo inmemorial, han opuesto activa y pasiva resistencia á las ilegales exacciones de sus monarcas, y Stuard Mill asegura que en estos casos es tan tiránico imponerse á la voluntad de un hombre sólo, como tiránico sería que un hombre sólo se impusiera á la voluntad de todos.

No desconocemos que el Gobierno ha sostenido habilidosaente la campaña iniciada por los diputados catalanes de oposición, haciendo desmesurados esfuerzos para defender los actos de la autoridad civil de Barcelona, y por lo mismo que no la desconocemos causanos honda pena que la estrategia del señor ministro de la Gobernación y la eloquencia del señor Presidente del Consejo, hayan sólo servido para halagar el amor propio de un Gabinete, antes que todo interesado en el éxito de las luchas parlamentarias y en combatir á las oposiciones. ¿Qué idea puede formar el país de la lucha sostenida por los individuos del Gabinete, y de la conducta de un gobernador, siendo como es público y notorio que el señor Romero Robledo ha tratado distintas veces de conferir el gobierno civil de Barcelona á otros hombres públicos? Dícese con fundamento que los señores Cadorniga, Vergara y Cossío han declinado esta honra, y se supone que la primera autoridad militar del distrito de Cataluña, general Blanco, que goza en aquella provincia de muchas simpatías es la única que en estos momentos puede resolver la cuestión de los consumidores con medios pacíficos y de concordia, prueba evidente de que el conflicto se presenta todavía con grandes dificultades, y de que el Gobierno tiene re-