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con más severidad se castiga el duelo. La simple provocacion ó aceptacion, se pena con prision en el tercer grado, interdiccion de cargos ó funciones y pérdida de cualesquiera pensiones remuneratorias que gocen los desafiados, por todo el tiempo de la prision y dos ó cinco años despues de extinguir aquella pena principal. El duelo realizado, aunque sin consecuencias, se castiga con presidio de siete á doce años y multa; y si resulta muerte ó lesiones, con la última pena.

Portugal.—Tambien en Portugal, como en los Estados Pontificios y en Rusia, se aprecia la criminalidad en el delito de duelo segun el tiempo que trascurre entre la injuria y el combate. La ley vigente, que data de 1668, juzga con benevolencia el duelo inmediato á la injuria; mas castiga el premeditado con la deportacion á Africa, con la confiscacion y la degradacion civil.

Estados Unidos. Aunque en muchos Estados de América, como Nueva-York, Maine y otros, se castiga el homicidio ocasionado en duelo con la pena capital, en la mayor partesólo se le conmina con las de multa y prision. En Pensilvania se impone al que envía ó acepta un cartel de desafío, ó á los que se baten, la pena de un año de prision con trabajos forzados y 500 dollars de multa. La muerte perpetrada en duelo se castiga como el asesinato en segundo grado, ó sea con cuatro á doce años de prision celular, cuya pena se hace perpetua en caso de reincidencia. La privacion absoluta ó temporal y la incapacidad para cargos publicos, acompanan en cualquier caso á las penas con que el desafío se castiga.

El Código de la Luisiana, pena las lesiones ó la muerte producidas en duelo con dos á cuatro años de prision y pérdida de derechos civiles y politicos, imponiendo la pena del asesinato al que falta á las leyes del combate, ó se aprovecha de ventaja.

VI

Ya hemos visto que en España data la prohibicion del duelo de la publicacion de la Ley de Toledo por los Reyes Catolicos en 1480. Despues de aquella fecha se han dictado diferentes órdenes, reales decretos, ordenanzas y pragmaticas sobre esta materia, ya sujetando á la jurisdiccion ordinaria, con privacion de todo fuero, á los
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Exportacion de mercancías.

    Años.
    Libras esterlinas.

    1872
    63.189.732

    1873
    56.231.463

    1874
    54.981.561

    1875
    56.359.230

    1876
    58.091.495

Exportacion (además) de metales preciosos.

    Años.
    Libras esterlinas.

    1872
    1.495.642

    1873
    1.308.579

    1874
    1.958.512

    1875
    1.625.309

    1876
    2.200.236

Como se ha podido ver, han sido las exportaciones de mercancías y las de metales preciosos muy superiores á las importaciones por ambos conceptos. Regresan al pátrio suelo los tesoros, después de haber viajado por la culta Europa: venden los indios más que compran; venderán más, mucho más, cada dia.

Viven, como todos los pueblos de la tierra, sujetos á las crisis, que son el resultado natural de leyes económicas, pero viven prosperando.

No neguemos ¿por qué negarlo? que los ingleses colocan una parte de sus algodones manufacturados y hierros en la vasta Península, famosa en la antigüedad por la fabricación de análogos artículos, lo cual no habrá dejado de producir, ciertamente, quiebra en la materia similar del Indostan; pero confíese ese sin empacho—que tampoco hay para qué negarlo—la superioridad incontestable de la exportación sobre la importación; confíese que el algodón en rama, jute, arroz, lino, linaza, té y cueros al pelo de la India, son de más valor que las manufacturas británicas: esos artículos se estiman, en 1876, en las cantidades siguientes:
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combatientes, (1) ya prohibiendo y castigando severísimamente el duelo entre los militares, (2) ya finalmente reproduciendo las disposiciones anteriores y usando del rigor más extremado contra esta clase de delito. (3)

Sabidas son las vicisitudes por que ha pasado nuestro derecho penal desde la publicación de la Nueva Recopilación durante el reinado de Felipe II.

Insuficiente aquel Código, en cuanto á la materia penal, para llenar las exigencias de los progresos y adelantos obtenidos en este importante ramo del derecho, fué preciso llenar los inmensos vacíos que en él se notaban, con la publicación de disposiciones aisladas, ya en forma de autos acordados, ya de reales pragmáticas, cuya diseminación hacía casi imposible su perfecto conocimiento, hasta que se formó por orden de Carlos IV y á propuesta del Consejo la Novísima Recopilación que, sancionada por el monarca, fué publicada en 1805. Pero ni esta nueva compilación legal logró cumplir las exigencias de la ciencia legislativa; pues predominando en ella las penas crueles, desconocida la graduación de las penas aplicadas á ciertos delitos, como los que se cometían contra la propiedad, y basada en el principio exclusivo de la intimidación y el terror, chocaba con el estado de las costumbres y la civilización del siglo. Estos graves defectos de que adolecía nuestra legislación penal, y que la hacían inejecutable, dió por fruto la arbitrariedad en la imposición de las penas, lo que exponía á veces á los reos á la ignorancia, ó tal vez á la malicia de los juzgadores; y para evitar males de tan grave trascendencia, las Cortes generales extraordinarias de 1810, fijaron su atención preferente sobre este importante ramo de la legislación, aboliendo el tormento (4), suprimiendo la pena de horca (5), desterrando del derecho la pena de confiscación y la de azotes, declarando que los castigos no fuesen el triste patrimonio que antes legaban los reos á su familia; y poniendo, en

(1) Real decreto de 29 de Agosto de 1578.
(2) Ordenanza militar de Flandes de 18 de Diciembre de 1701.
(3) Pragmática de Felipe V de 29 de Enero de 1716, ya citada, y reproducida por Fernando VI en 9 de Mayo de 1767.
(4) Decreto de 22 de Abril de 1811.
(5) Decreto de 24 de Enero de 1612.
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fin, la libertad de los ciudadanos á cubierto de los abusos del poder judicial (1).

Más tarde, en 1819, Fernando VII decretó la formacion de un Código criminal, pensamiento que fué concebido por las Cortes de 1812; y aunque el cambio político acaecido poco tiempo después, por el que volvió á restablecerse el régimen representativo, impidió la realizacion de lo prescrito por aquel monarca, las Cortes de 1820, insistiendo en tan necesaria reforma, cuya importancia había sobrevivido á los sacudimientos políticos de que entonces era víctima nuestra nación, nombraron una comisión que redactara un Código penal, que fué presentado en Abril de 1821, y sancionado, después de una detenida discusion, en Julio del año siguiente.

A la caída del sistema constitucional en 1823, el gobierno absoluto derogó este Código, por más que el rey Fernando VII, persistiendo en la necesidad de la reforma, y fundándose en motivos análogos á los expuestos en su decreto de 1819, mandó por otro de 26 de Abril de 1829 que se procediera á la formación de un Código nuevo, que, terminado después de la muerte de aquel rey, ó sea en 1833, fué incompatible con las instituciones políticas que regían ya en aquel tiempo, sin que siquiera llegará á discutirse.

En 1836 se nombró una nueva comisión que redactase un proyecto de Código, que, aunque formado, no llegó á presentarse á los Cuerpos Colegiados; y en 1843 se hizo igual nombramiento para que se doblara á la nación de Códigos claros, precisos, completos y acomodados á los modernos conocimientos, (2) lo cual dió por fruto el Código penal, sancionado por la ley de 19 de Marzo de 1848, en la cual se previno, conociendo los defectos de que adolecía, que el gobierno propusiera á las Cortes en el plazo máximo de tres años las mejoras ó reforma de que fuera susceptible. Autorizado así mismo el gobierno para hacer por sí cualquiera reforma urgente, se dictaron varias adiciones y aclaraciones por decretos de 1.º de Julio, 21 y 22 de Setiembre y 30 de Octubre de 1848; de 30 de Mayo, 2 y 5 de Julio y 28 de Noviembre de 1849, y de 7 y 8 de Junio de 1850, hasta que en 30 del último mes y año nombrados se publicó una nueva edición del Código, en la cual se incluyeron é

(1) Título V de la Constitución de 1812.
(2) Así lo dice textualmente el decreto de 10 de Agosto de dicho año.
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intercalaron todas las reformas verificadas por medio de los anteriores decretos.

Las radicales innovaciones verificadas en la Constitucion del Estado de 1869, hicieron de nuevo necesaria la reforma del Código penal, que se llevó á término en breve plazo, y que dió por resultado la formacion del Código vigente, autorizado por la ley de 18 de Junio de 1870, y en el cual despues se hicieron algunas correcciones, que se aprobaron por decreto del Regente del Reino en 1.º de Enero de 1871.

Hecha esta ligera digresion sobre la historia y vicisitudes de nuestra moderna legislacion en materia penal, vengamos á hacer una relacion de las penas con que el Código de 1822 y el de 1848 condenaban el duelo, dejando para un examen más minucioso y deteniendo las disposiciones que sobre esta materia se contienen en el de 1870, que actualmente rige.

Lo mismo en el Código penal de 1822 que en el de 1848, se impone la pena de destierro al que acepta ó propone simplemente el duelo, la de arresto mayor si se verifica sin consecuencias, la de prision menor si produce lesiones graves, y la de prision mayor al que mata en duelo á su adversario: impónense dichas penas en su grado máximo al injuriante que no dió satisfacciones, al injuriado que se negó á recibir las que se le ofrecieron, y al retador que no hizo saber á su adversario el motivo en que se fundaba su reto: se condena respectivamente con las penas de confinamiento menor, en caso de homicidio, destierro en el de lesiones menos graves, y multa de diez á cien duros en los demas casos, al provocado que se batí por no haber obtenido del provocador explicacion de los motivos del duelo, y al desafiado á quien no le fué admitida por el que se creyó ofendido reparacion ó explicacion satisfactoria sobre la ofensa.

El que incita á otro á un duelo, es castigado como los autores de él, si se verifica, sin que en ningun caso le comprendan al incitador las atenuaciones que respecto de los autores se fijan; y el que denuncia á otro por haber rehusado un desafío, inurre en las penas señaladas para los autores de injurias graves.

Los padrinos que intervienen en el duelo son castigados al igual que los adversarios, cuando ellos le han promovido, ó concertado para su ejecucion cualquier género de alevosía. Se les considera co-
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mo cómplices si lo hubiesen concertado á muerte ó con ventaja conocida en favor de cualquiera de los combatientes, é incurren en una multa de 50 á 500 duros, cuando no han hecho lo posible por conciliar los ánimos, ó no han procurado que el duelo se verifique con el menor riesgo posible para la vida de los que se baten.

Por otra parte, el duelo que se verifica sin padrinos y sin que éstos hubiesen elegido las armas y arreglado las demás condiciones, se castiga con la pena de prisión correccional, no resultando muerte ni lesiones, y con las generales del Código si resultaran; pero sin que en ningún caso pueda bajar la pena que se imponga de la prisión correccional. Igualmente se imponen las penas generales, y además la de inhabilitación absoluta temporal, al que provoca ó da causa á un duelo, proponiéndose de él un interés pecuniario ó un objeto inmoral, y al combatiente que comete la alevosía de faltar á las condiciones concertadas por los padrinos.

Hasta aquí las disposiciones contenidas sobre esta materia en los Códigos antedichos, con las cuales termina la historia jurídico-legal del duelo. Como por aquellas puede verse, si los legisladores que los formaron no dieron culto al cruel rigorismo en que se inspiraron los que desde la repetida Ley de Toledo condenan este hecho como una de las más graves contravenciones al derecho, no por eso dejaron de incurrir, entre otros, en estos dos gravísimos defectos: sobra de encono contra un hecho sancionado por las costumbres, y falta de gradación en las penas con que ese hecho se conmina.

VII

Viniendo ahora al exámen de las disposiciones del Código que en la actualidad rige, referentes á la materia que nos ocupa, no ha de serle favorable por cierto nuestro fallo, aun á riesgo de que parezcan osadas nuestras apreciaciones; porque no sólo falta en él la conveniente distinción entre el duelo provocado y el aceptado, entre éste y el llevado á su término, y entre el que se verificó sin consecuencias lamentables y el que produjo lesiones ó la muerte á alguno de los combatientes, sino que con respecto á las distintas causas que pueden motivarle, son tan leves las atenuaciones del castigo y tan graves por lo general las penas con que aún en el caso
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más favorable se le conmina, que apenas hay entre unas y otras obstensible ni racional diferencia.

Estamos muy lejos de aceptar la máxima de un célebre letrado francés (1) que afirma que el desafío, como el suicidio, debe quedar reservado á la justicia divina; pero no debe, en cambio, desconocerse que en una ley sabia relativa á tan espinosa materia ha de tener en cuenta, además de las distinciones antes indicadas, las que tengan por objeto investigar quién provocó el duelo y por quién fue involuntariamente aceptado, y si se produjo por un motivo fútil y ligero, ó por una causa grave; porque de no hacerlo así, hu- yendo el legislador del mal que produciría la impunidad de este delito, viene á incurrir en el mal, no menor ni menos grave, de un rigor inmoderado é injusto; y en el Código vigente existen sólo en embrion estas importantes distinciones, que reclaman de consumo la índole especial del duelo, y el modo, especial tambien, como la sociedad le considera.

En dicho Código se castiga con las penas de inhabilitacion temporal, confinamiento y destierro, según los casos, la simple provocacion ó aceptacion del duelo, cuando habida noticia por la autoridad de estarse concertando, y exigida palabra de honor al retador y retado de desistir de su propósito, faltasen á lo que ofrecieron; con las de prision mayor y prision correccional, en sus grados medio y máximo respectivamente, al que matase ó hiriese en duelo á su adversario; y con las de confinamiento y destierro, tambien respectivas, si el matador ó lesionador no obtuviese del que resultó muerto ó lesionado explicacion de los motivos del duelo, ó no le fuesen admitidas las satisfacciones decorosas que se ofrecía á dar, ni dadas las que pidiera. Conmina tambien la sola verificacion del duelo con las penas de arresto mayor ó multa de 50 á 500 pesetas, y estima como agravaciones los mismos hechos que admite como atenuacion de las penas, cuando estos concurren de un modo negativo, respecto del que resulte vencedor.

Considera como autores y castiga con las mismas penas señaladas á estos en sus casos respectivos, al que incitase á otro á provo- car ó á aceptar un duelo, y á los testigos que le hubiesen promovi- do, ó usado cualquier género de alevosía en su ejecucion ó en el

(1) Mr. Berryer: su defensa en el proceso Beauvallon.
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concierto de sus condiciones, y con las de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas á estos últimos, si no hubiesen hecho esfuerzos por conciliar los ánimos, ó concertado las condiciones de la manera menos peligrosa para la vida de los combatientes.

Asimismo se castiga con las penas generales del Código, resultando muerte ó lesiones, ó con las de prisión correccional no resultando, á los que verifiquen el duelo sin la asistencia de testigos y sin que éstos hayan elegido las armas y arreglado las bases del mismo. Ultimamente, considera dicho Código como cómplices del delito de duelo á los testigos que le hubiesen concertado á muerte ó con ventaja conocida de alguno de los contrarios, y castiga también con las penas generales del mismo, tanto al que provocase ó diese causa al duelo con un propósito inmoral ó un interés pecuniario, como al combatiente que faltase de una manera alevosa á las condiciones concertadas por los padrinos (1).

Reseñadas ligeramente las penas con que se comina el duelo, séanos permitido hacer un análisis detenido de su conveniencia ó ineficacia. Desde luego convenimos con el artículo 439 del Código en el deber que obliga á las autoridades á intervenir en evitación del hecho, siempre que tengan noticia de su concierto, y aun de exigir al retador y al retado su palabra de honor de que desistirán de su propósito; pero no podemos estar de acuerdo ni con la calificación de desleal con que señala el hecho de faltar aquellos á la palabra empeñada, ni con las penas de inhabilitación absoluta, confinamiento y destierro que respectivamente aplica á la nueva provocation y aceptación del desafío. Ha querido verse una desobediencia á la autoridad y un desacato á sus representantes en la reanudación de un duelo que aquella había tratado de impedir; pero se olvida lastimosamente que, conforme al concepto que la sociedad tiene del honor, pueden inferirse á éste agravios que no sufran la impunidad, y que la opinión pública, que en estas cuestiones pesa á veces más que los preceptos legales, no juzgaría vindicado al hombre herido en su honra, si desistiera de reparar su ofensa, por el mero hecho de haberle exigido ó impuesto este sacrificio la autoridad. No hay en semejante hecho deslealtad, ni el negarse al desistimiento exigido puede por sí sólo constituir un delito; porque el hombre mas leal

(1) Código penal de 1870.—Libro II, cap. IX, artículos del 437 al 447 inclusive.
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y pondonoroso faltará siempre en este caso á su palabra, si la empeña, supuesto que ha de influir en su ánimo mas directamente, la ofensa que le hiere, que el respeto á una promesa arrancada por la fuerza del prestigio autoritario.

En la inmensa mayoría de los casos se reanudarán los duelos, á pesar de la intervención judicial, si las causas que le han originado son justas y legítimas; á no ser que la pusilanimidad de los contendientes les haga congratularse de una intervención que les libra de las consecuencias de un lance personal, que les era imponente.

Mas eficaz sería, á no dudarlo, que la autoridad interviniera en el duelo proyectado, procurando que los presuntos combatientes se dieran satisfacciones decorosas y cumplidas de sus recíprocas ofensas, lo cual podría acaso alcanzar fácilmente, ayudada del prestigio moral que la acompaña, y hasta entregando á aquellos á sus respectivas familias, para que con su vigilancia y sus ruegos les persuadan. Pero detenerlos, como dispone el art. 439, ya citado, sería cometer una arbitrariedad manifiesta que conculca los principios de la ciencia jurídico-penal, y castigar, además, con una pena real un delito, que si lo es por los Códigos, sólo existe todavía en la intención, sobre la que no es posible legislar. Estos medios preventivos son siempre injustos; y en este sentido no podemos aceptarlos respecto de ningún delito, y mucho menos respecto del que nos ocupa.

Las penas de prisión mayor, impuesta en el artículo 440 al que matare en duelo á su adversario, de la prisión correccional en sus grados medio y máximo al que le infiriere herida de las cuales quedará para siempre lesionado, y la de arresto mayor con que se condena á ambos combatientes por la sola verificación del duelo, aunque de éste no resulten lesiones, no pueden menos de parecer absurdas por su excesiva cuanto inaplicable severidad. Pretender imponer al que se bate en duelo y tiene la desgracia de matar á su contrario el mínimo de la pena que se impone al homicida, es querer chocar obstensiblemente con la opinión pública y desconocer la índole especial del desafío, que dejamos ya examinada. Lo mismo podemos decir de las demás penas antes referidas, como las impuestas á los testigos ó padrinos, de las cuales también hemos hecho mención en su lugar oportuno.
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Y es que sin la conveniente y necesaria distincion, que en nuestro Código falta, entre los diferentes motivos que pueden dar ocasion al duelo, entre el que le provoca y el que le acepta, y entre el que no produce consecuencias y el que las produjo lamentables y fatales, cualquiera ley relativa á esta materia ha de resultar informe y absurda en su aplicacion. Nos asiste un perfecto convencimiento, adquirido despues de un largo y desapasionado estudio, de que el duelo exige para su represion, y castigo en su clase, una legislacion especial, ya que su índole propia le distingue de los demás delitos comunes, así por su origen y por los medios empleados en su ejecucion, como por todos sus demás caracteres y circunstancias.

No pedimos para el duelo una legislacion de privilegios, tan opuesta á los preceptos del derecho y de la moral, de que las leyes deben ser fieles intérpretes; pero pensamos con sinceridad que no existirían privilegios, ni excepciones siempre odiosas, si se tuviese en cuenta la esencial diferencia que distingue al duelo de otros delitos análogos; como no le hay, por ejemplo, en que se castiguen los delitos de imprenta de distinto modo que los otros.

Algunos ciegos defensores del duelo han pretendido que no se mencione éste en los Códigos; pero no podemos aceptar de modo alguno esta omision, que daría lugar á que unas veces se considerara el duelo comprendido en las decisiones del derecho comun respecto de los delitos de heridas ó de homicidio, y otras se le dejara impune, según la interpretacion del poder judicial, dando lugar con esto á que se abusara de este medio, encubriendo con las apariencias del duelo verdaderos crímenes, hijos del consorcio entre el odio encarnizado y la más refinada malicia.

En el Código penal de la vecina Francia no se hace mención del desafío, ni se le considera siquiera como causa de atenuacion de las muertes ó lesiones que de él pueden originarse: se han sostenido acalorados debates entre los que opinaban que por el silencio de las leyes el duelo no constituía delito, y los que por la misma causa le consideraban comprendido en los delitos de homicidio y lesiones; y triunfando estos últimos, hallamos en la práctica allí seguida esta jurisprudencia, que no vacilamos en calificar de absurda:—Cuando del duelo resulta muerto uno de los contendientes, el otro es absuelto; más si resultan lesiones, el lesionador es