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II

Con tales precedentes,—y prescindiendo de otras dos pragmáticas de 1569 y 1598, en las cuales se hacia respectivamente referencia á los libros religiosos, para cuya publicacion era necesaria funto, en su vida, y despues de su fallecimiento, el licenciado Bartholomé de Atienza ansi mismo del nuestro consejo han hecho la recopilacion de las leyes destos reynos y nuevo libro del ordenamiento que nos mandamos hazer: en lo qual se han ocupado mucho tiempo y han entendido con mucho cuidado diligencia y trabajo, de que nos nuemos sido muy servidos y al bien publico destos reynos resulta mucho beneficio y vtillidad: y agora por parte del dicho licenciado Atienza, y de la mujer y hijos del dicho licenciado Arrieta, nos ha sido pedido y supplicado les diéssemos licencia para imprimir el dicho libro y juntamente con la dicha licencia privilegio para que por el tiempo que la nuestra merced y voluntad fuese ninguna otra persona destos nuestros reynos, le pudiesse imprimir ni vender so graves penas ó como la nuestra merced fuese: lo qual atiendose en el nuestro consejo visto y examinado y hecho sobre ello las diligencias que según la calidad del libro y obra se requerian, fué acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra cédula de la dicha razon y nos touímoslo por bien. Y por la presente vos damos licencia y facultad para que por tiempo de treynta años primeros siguientes que corran y se quenten desde el dia de la data desta nuestra cédula en adelante, vos el dicho licenciado Atienza y la mujer y hijos del dicho licenciado Arrieta ó las personas que vuestro poder vuieren, puedan hacer imprimir y vender el dicho libro. Y mandamos, que otra persona alguna sin nuestra licencia, no lo pueda imprimir ni vender, sopena de perder todos los libros que del eniese impressos, y de más cayga en pena de cinquenta mil maravedis para la nuestra cámara. Y mandamos que despues de impresso no se pueda vender, ni vendasain que primero se trayga al nuestro consejo y se tasse el precio porque se ouiere de vender, sopena de caer y incurrir en las penas contenidas en la pragmática y leyes de nuestros reynos: y mandamos á los del nuestro consejo, presidentes y oydores de las nuestras audiencias, alcaldes de la nuestra casa y córte y chancillerías y á todos los corregidores, assistentes, gouernadores, alcaldes, y otros jueces y—justicias cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reynos y señoríos, y á cada uno y cualquier de vos ansi á los que agora son como á los que serán de aquí adelante, que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced que ansi vos hazemos, y contra el tenor y forma della ni de lo en ella contenido no vayan, ni pasen, ni consentan yr ni pasar por alguna manera, sopena de la nuestra merced y de cinquenta mil maravedis para la nuestra cámara. Fecha en Aranjuez á veinte y nueve dias del mes de Noviembre de mil y quinientos y sesenta y seys años.—Yo el Rey.—Por mandado de su Magestad. --Pedro de Hoyo."
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la licencia real, y se disponía que tasase el Consejo todas las obras que hubieran de publicarse, bajo la pena de perder la edición y diez mil maravedís, como prescindimos de las restaurantes que tienden á regularizar el ejercicio de la imprenta,—llegaba el momento en que subía al trono de España la Casa de Borbón, en circunstancias bien difíciles, pues que aparecía postrada y en dolorosa decadencia tras del ominoso reinado del infeliz Carlos II.

Triste y por extremo desconsolador era el espectáculo que ofrecía la propiedad literaria al inaugurarse el siglo xviii con la muerte del hechizado nieto del gran Carlos de Gante: desconocidos los naturales fundamentos de aquel derecho, no era el autor ciertamente, en el concepto de la ley, dueño de su propia personalidad: sus pensamientos, su trabajo, su capital, todo cuanto del individuo emanaba para producir, cual resultado, las creaciones de la inteligencia, como si le constituyeran en insólita y perpetua esclavitud respecto de los demás ciudadanos, se entendían y reputaban patrimonio común, bienes mostrencos, cuyo aprovechamiento correspondía por naturaleza á todos; siendo preciso que la corona, cual si ejerciera un acto de generosidad respecto de los autores, les otorgase, en calidad de primeros ocupantes ó primeros explotadores, un privilegio, por tiempo limitado, á fin de que nadie pudiera beneficiar aquella propiedad comun, con tantos afanes y desvelos, con tantos sacrificios personales creada por ellos durante el plazo consignado en la cédula, que debía, como justificante, encabezar el libro

Maravilla y desconsuela, al propio tiempo, la consideración de que cuando llevaba ya largos años de estudio la jurisprudencia en nuestro suelo, cuando la ilustración de aquellos cultivadores de la ciencia del derecho se celebraba y enaltecia tan sobre modo aun en el primer tercio del siglo xviii, cual acreditan las obras de Gonzalo de Berceo, citado arriba, quien para ponderar la prudencia de sus héroes les califica de preciosos legistas, leyéndose en la Vida de Santo Domingo de Silos (copla 149):

Monje... sodes muy razonado
Legista semejades | ca non monje travado;

cuando desde la formación del famoso Código de las Partidas,
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hasta la época á que aludimos, tantos y tan notables jurispréditos ilustran la historia de la literatura jurídica de España, ufanándose en comentar, esclarecer y recopilar las leyes del reino; cuando tan profundos eran los conocimientos en aquella difícil ciencia,—no hubiera ocurrido á ninguno de aquellos hombres eminentes, ante el triste cuadro que ofrecía el sagrado derecho de la propiedad literaria, la idea de que sin provecho para la nacional cultura, se comejía con anuencia de la ley el criminal despojo que patentizan con dolorosa realidad los privilegios reales.

Si hubieran fijado, acaso, su atención en la suerte de los autores en las épocas que preceden á la aparición de la imprenta: si el glosar el Código de Justiniano, y con él todas las leyes romanas que miraban como norma y modelo de los que debían constituir el Código civil español, se hubieran detenido á investigar en virtud de qué ley ó declaración imperial los autores vendían sus obras y los libreros (bibliopolae) vivían en Roma; los medios con que se alimentaba aquella industria, respecto de la cual no existe prescripción alguna, tal vez habrían hecho cambiar la suerte de la propiedad literaria, y con ella la de tantos escritores celebrados que acabaron sus días en la miseria.

Porque, aún dada la condición de la época; aún supuestas las injuriosas trabas con que Felipe II pretendía dificultar, sin duda, el progreso de la imprenta; aún con la licencia del Consejo Real, la tasa, las visitas á las librerías y á las bibliotecas particulares, y la terrible amenaza del Catálogo de libros prohibidos que debía redactar el Santo Oficio de la Inquisición, como le apellidaba en sus pragmática aquel prudente soberano,—todavía hubieran podido vivir los autores del legítimo fruto de su trabajo y de su inteligencia, sin dar el vergonzoso ejemplo,—de que no ha sido sola España,—de que génios como Cervantes hubiesen fallecido en el abandono y la soledad de un hospital, á expensas de la caridad pública!

¿Cómo extrañar, pues, que imitando á los más afamados poetas de Roma,—de quienes decía Lamartine que no dieron siempre á la posteridad ejemplo de completa independencia, pues á medida que su genio se elevaba se envilecían su clase,—solicitaron los escritores de la España de los siglos XVI y XVII la protección de los magnates para la publicación de sus obras, si ni aun capital tenían para darlas á la estampa? Con la conciencia de que si sus producciones
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alcanzaban el favor del público no escaseaban merodeadores que, reproduciéndolas fraudulentamente, obtenían el lucro que les pertenecía, natural era que demandarán el auxilio de los poderosos para costear la edición de sus obras, y recibir de ellas, con arreglo á la estimación que hubiesen merecido al consejo, la ganancia ó recompensa, bien exigua por cierto, de su trabajo.

Si Juvenal, republicano por convicción, incensaba al emperador á quien detestaba; si Marcial, Quintiliano y Stacio cantaron á porfia las virtudes de Domiciano, de siniestra memoria, no faltaron en España escritores á quienes la necesidad puso más de una vez en el caso de celebrar á aquellos mismos á quienes la voz pública condenaba; afflictiva situación á que los reducia la ley, desconociendo en ellos la propiedad de sus creaciones, únicos bienes que garantizan- do la independencia de su criterio y de su musa, podían contribuir,—dada la exuberancia de vida que singularizalos mencionados siglos, á despecho de aquellas declaraciones vejativas,—á asegurar- les una existencia libre de azares y que tal vez no habrían consen- tido que el inmortal autor del Ingenioso hidalgo, como dice un autor contemporáneo, hubiese sido recaudador de contribuciones. La dificultad de la reproducción de manuscritos, pudo ocasionar en los poetas mencionados de la antigua Roma, el servilismo que les afeaba Lamartine; pero deshecho aquel obstáculo con el invento de Guttenberg, la falta de una ley que pusiera á cubierto de toda detención la propiedad de los escritores sobre sus obras, daba igual resultado, viniéndose á concluir, en consecuencia, que si la imprenta pudo contribuir al desarrollo y fomento de la propiedad literaria, lejos de darla origen, cual afirmaba el Sr. García Goyena, la destruyó en España, protegiendo, por el contrario, la criminal industria que tiene su nombre propio en las leyes penales.

Habituados ya los autores á mirar impasibles cómo á su costa y con el fruto de su trabajo se enriquecian los editores fraudulentos, plaga que parecía destinada á perpetuarse, y acostumbrados aque- llos constantes detentadores de la propiedad agena á la impunidad más absoluta, que autorizaba de consumo el silencio de la ley y el de los autores mismos,—natural era que el subir al otro de España Felipe de Anjou, no fijara su atención en lo que era parte tan prin- cipal para el florecimiento de las letras, que "como la experiencia universal había demostrado, era cierta señal de la entera "felicidad
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de una monarquía, según declaraba aquel príncipe en la cédula de 3 de Octubre de 1714, en cuya virtud creaba la Real Academia Española (1). La propiedad literaria, por tanto, en medio de aquella restauración científica que con generoso aliento acometía el ilustre fundador de la dinastía borbónica, continuaba sujeta á las mismas vejaciones que la habían aniquilado durante la casa de Austria, sin que se levantará una sola voz en su defensa. No parecía sino que, subyugados por la fuerza de la costumbre, no les era dado á los célebres jurisconsultos de aquel tiempo el comprender la naturaleza del referido derecho, ó que constituidos los autores por prescripción ó por consentimiento presunto, en perpetua servidumbre, no había en la ley términos hábiles para sacudir el yugo oprobioso de los privilegios y rechazar la inmoral industria con que habían progresado los editores fraudulentos.

Pagaron los autores la inexperiencia del legislador, al encontrarse en la esfera de la vida social con un elemento desconocido, cuyos efectos se dejaban sentir en el terreno jurídico, engendrando derechos y obligaciones; y tal fué, por desdicha, la influencia de la costumbre, que aún en pleno siglo XIX, cuando tan crecido incremento y preponderancia adquiere la ciencia del derecho, no ha llegado aún á confesarse el error en que incurrieron los legisladores, y á subsanarse la falta, reconociendo la naturaleza de la propiedad literaria, y por tanto, sus lógicas, naturales y legítimas consecuencias. Impenitencia es esta de que no es posible acusar sólo á nuestra España: países que han presumido, como Francia e Inglaterra, marchar á la cabeza de la civilización moderna, y aún los que, como Alemania, se han colocado en aquel sitio en Europa, no han acertado todavía á desligarse de tan desplorable error, que oscurece la claridad de sus leyes civiles, cual si, al reconocer la virtud y la eficacia que para el progreso humano encierra el cultivo de las ciencias, se redujera á la categoría de siervos á los que, á fuerza de afanes y dispendedios, intentan abrir nuevos caminos para la perfección del hombre y de las sociedades.

Mas sea como quiera, preciso fué que llegarán los días de aquel monarca esclarecido, á quien debió España cierta especie de prosperidad, y cuyo nombre aún se repite con veneración por los es-

(1) Ley I, tit. XX, lib. VIII de la Novísima.
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pañoles, para que se inaugurase una nueva era en beneficio de la propiedad literaria. No bastaba, ciertamente, para producir el renacimiento de las letras, las ciencias y las artes, la creación de aquellas Academias de la Lengua, de la Historia y de Nobles Artes de San Fernando, cuerpos ilustres á quienes estaba encomendada la guarda y el depósito de aquel legado de la cultura española: necesario era que ofreciese el cultivo de las ciencias y de las letras cuantas garantías podían ser apetecibles; y como había sido no pequeña parte á debilitar el derecho de los autores, con la intervención omnímoda, la intrusión, mejor dicho, de la ley, en cuanto se relacionaba con el ejercicio de la imprenta, la facultad que se arrogaba el legislador de justificar las obras que se pretendía poner á la venta pública, Carlos III se apresuraba á abolir el oprobio de la tasa, en Real órden de 1764, por la cual disponía que en adelante se vendieran los libros al precio que los autores y libreros quisieran ponerlas, pues "siendo la libertad en todo comercio madre de la abundancia, lo será también en este de los libros," exceptuando solo aquellas obras como indispensables reputadas para la educación e instrucción generales, por los perjuicios que podrían irrogarse al público, si los libreros se prevalian de la necesidad de adquirirlas (1).

Dado este primer paso, no podía ya la ley detenerse en el salvador camino que emprendía; y como quiera que había sido frecuente, y aún seguía siéndolo, que al mismo tiempo que los autores solicitaban privilegios exclusivos para imprimir y vender sus obras, al tenor de lo autorizado por la necesidad y la costumbre desde mediados del siglo XVI, los editores fraudulentos podían igual gracia respecto de las mismas obras, medio por el cual conseguían la protección de la ley y la impunidad de su delito, así como las comunidades seculares y regulares,—ordenaba Don Carlos que en adelante sólo se concedieran privilegios exclusivos para imprimir sus obras á aquellos que las hubiesen compuesto, negando todo permiso á las comunidades seculares y regulares y dando por fallecidos los que las mismas tuvieren respecto de libros ya publicados (2).

(1) Ley XXIII, tít. XVI, lib. VIII de la Novísima.
(2) Ley XXIV de los mismos título y libro.
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No eran, sin embargo, suficientes estas declaraciones,—con que se comenzaba á rehabilitar el derecho de propiedad literaria, arrebado por la ley á sus naturales señores, á quienes paulatinamente se restituía,—para producir el resultado á que aspiraba en ellas Carlos III. Reservada al rey la facultad de otorgar los referidos privilegios, cual premio y galardón de los autores, y concediéndose aquellos por tiempo limitado, que se dilataba ó reducía según el favor y la influencia de que los escritores gozaban en el Consejo, pero que generalmente era el de diez años, ocurría más de una vez que siendo el privilegio de carácter personalísimo, é intransmisible por consecuencia, quedaba sin aplicación por el fallecimiento del autor, y con notorio perjuicio de sus herederos. Sin comprender todavía la índole de la propiedad literaria, y apegado á las formas tradicionales con que el referido derecho aparecía en sus tiempos, tras dos largas centúrias, estimando Carlos III que no era el privilegio sino premio y estímulo graciosos que se concedía como merced á los autores, dictaba en 20 de Octubre de aquel mismo año de 1764 otra real orden, en que disponía «que los privilegios concedidos á los autores no se extingan,—dice,—por su muerte, sino que pasen á sus herederos, como no sean Comunidades ó Manos-muertas," previniendo «que á estos herederos se les continúe el privilegio mientras lo soliciten, por la atención que merecen aquellos literatos, que después de haber ilustrado su patria, no dejan más patrimonio á sus familias que el honrado caudal de sus propias obras, y el estímulo de imitar su buen ejemplo» (1), palabras nobles que exaltan la memoria de aquel

(1) Ley XXV.—Para comprender la injusticia de la legislación que venía á derogar la Real orden de Carlos III, á que aludimos en el texto, baste sólo considerar el privilegio, que como ejemplo, hemos copiado en notas anteriores y fué concedido á la viuda é hijos del licenciado Pero Lopez de Arrieta en unión con el licenciado Bartolomé de Atienza, miembros ambos del Consejo. Si, cual de las pragmáticas de los Reyes Católicos y de Felipe II, se deduce que no existía ningún derecho en los autores sobre sus obras, ¿en virtud de qué derecho solicitaban la viuda é hijos del licenciado Arrieta el privilegio exclusivo respecto de la Recopilación de leyes del reyno? Si en el referido Arrieta no existía, ¿qué trasmitió á sus herederos? ¿Qué criterio era, pues, el de aquel legislador que hallaba justo el conceder á la viuda é hijos de Arrieta el privilegio á que hacemos relación, y no lo de-
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monarca, cuyos esfuerzos tendian visiblemente á romper la oscuridad que envolvía el derecho de propiedad literaria, aunque sin acertar, por desgracia, á librarle en absoluto de la cárcel de hierro que lo aprisionaba y constreñía, como lo aprisiona y constriñe en nuestros tiempos, á despecho de la ley de 10 de Junio de 1847.

Como término y corona de aquella legislación, aparecen, finalmente, la Real orden de 14 de Junio y cédula del Consejo de 9 de Julio de 1778, en la cual se prescribía:

1.º Que la Real Biblioteca, las Universidades, las Academias y las sociedades reales gozasen privilegio para los otros escritos por sus propios individuos, colectiva ó particularmente, y publicadas por ellos mismos, por el tiempo que se concedía á los demás autores; pero sin que en este punto disfrutaren prerrogativa alguna especial que redundara en perjuicio de la libertad pública, ó que aun indirectamente atentare contra el fin principal de sus propios y respectivos institutos, ni se entendiera que el privilegio concedido para reimprimir obras de autores ya difuntos ó extraños, era siempre privativo y prohibitivo, pues sólo habría de serlo cuando los libros que hubieren de ser reimpresos fueran cotejados con los manuscritos ó adicionados y adornados con notas ó nuevas observaciones, caso en el que debían los indicados cuerpos ser tenidos, no en concepto de editores, sino como co-autores de las obras que de tal suerte ilustraban y enriquecían, lo cual no impedia el que en igualdad de circunstancias debía permitirse á cualquier particular reimprimir las mismas obras con cotejos, notas y adiciones diferentes, como asimismo le era lícito hacer ediciones correctivas con el texto solo.

2.º Que los referidos Establecimientos y Cuerpos literarios gozase también privilegio cuando publicaran obra manuscrita de autor ya difunto, ó colección de ellas, aunque se incluyesen cosas que estuvieren impresas, porque en este caso hacían veces del autor los que ilustraban y eximian del olvido obras que podían dar crédito á la nacional literatura, y que habían quedado inéditas por falta de medios ó de propuccion en sus autores.

claraba por igual á los herederos de todos los autores? Verdad es que nos olvidamos de que tal aconteció en tiempo de Felipe el Prudente, y de que se trata de un privilegio.
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3.º Que espirado el plazo concedido á los autores ó sus herederos para la publicacion de sus obras, si dentro de un año no pedian prórroga, se concederia licencia á quien la pidiese para reimprimir, entendiéndose lo mismo en el caso de que concedida la prórroga, no usasen de ella dentro de un término proporcionado; pues mediante aquella morosidad, que indica abandono de su pertenencia, quedaba la obra á disposicion del gobierno "que no debe—dice—permitirse haya falta ó se encarezca, si es útil."

4.º Que en las licencias que se concedieren para reimprimir por alguna vez cualquier obra, cuando no fuera al mismo autor, quien podia tener motivo fundado para diferir su uso, pusiese el Consejo término limitado, dentro del cual debia hacerse la reimpresion, pudiendo autorizarse á cualquiera otro que solicitará la misma licencia, si trascurrido el plazo señalado por el Consejo no se hubiere hecho la reimpresion por el primero.

Y 5.º Que sin embargo de haberse concedido licencia para reimprimir un libro en tamaño y formas determinadas, si la solicitase otro para hacer nueva edicion, más ó menos magnifica y costosa y en tamaño y letra diferentes, se le otorgara tambien, pues lo contrario seria poner impedimento á la perfeccion de esta especie de manufactura, siendo así que la misma diligencia indicando el buen despacho de la obra, aseguraba el éxito de cualquiera edicion que se hiciera, con arreglo á la posibilidad y el gusto de los compradores (1).

Por lo que á las traducciones se refiere, habíase declarado la más completa libertad, no existiendo obstáculo alguno que impidiel se la publicacion simultanea de dos ó más de un mismo libro, cua- atestiguaba la real orden de 2 de Octubre de 1782, en la que se dispuso que, sin embargo de estarse imprimiendo de orden y á expensas de S. M. la traducción de la Medicina domestica, de Bouchan, no se impidiese á otros cualesquiera particulares que imprimieran y publicasen nuevas traducciones del mismo libro (2).

(1) Ley XXVI, tit. XVI, lib. VIII de la Novísima.
(2) Gutierrez, Estudios fundamentales de derecho civil español, t. II, pág. 460.