Revista de España (1878-09-01 00:00:00), página 272

puede hacer traicion á su propia conciencia, pactando con sus enemigos políticos una variación que creyese inconveniente.

Verdad es que el señor Presidente del Consejo de ministros ha declarado que, en su concepto, la ley que regía acerca de la duración de las actuales Cámaras era la Constitución de 1876, y que por consecuencia que, sin faltar á la legalidad, podía prolongarse hasta los cinco años la vida de las Cortes, y no es menos cierto que el señor Cánovas del Castillo ha dicho, que por parte del Gobierno y salva la régia prerrogativa, después del día 15 de Febrero, y de ninguna manera antes de esa fecha, podrá plantear el Gobierno la cuestión de si conviene ó no disolver las Cámaras; pero también es público y notorio que el señor Presidente del Consejo de ministros expuso en el seno de la Representación nacional que consideraría su política fracasada si los constitucionales tomaran cierta actitud, y semejante declaración presupone el convencimiento de que, sin necesidad de pactos ni convenios, ha llegado el momento de sacrificarse en aras de los grandes intereses de la patria, so pena de que la codicia insaciable del poder sea para el país fuente inagotable de peligros y de perturbaciones.

El ostracismo y los divorcios de los partidos políticos que se hallan dentro de una legalidad, y que no perdonan medio para vivificar y robustecer con su savia y su intervención en los asuntos públicos la monarquía constitucional y el sistema representativo, suele producir males irreparables. Echese una mirada retrospectiva, y fíjese la atención en la triste historia del antiguo moderantismo, y la memoria del pasado sirva de prevision para los tiempos futuros.

Los partidos políticos que fían la estabilidad de las monarquías modernas en el feliz consorcio de los atributos del monarca y las prerrogativas del país, dichosa fórmula que garantiza las libertades públicas en Inglaterra y en Bélgica, deben mostrarse igualmente celosos por la integridad de los fueros de arriba y los derechos populares, oponiendo un dique salvador á las transgresiones ó á la invasión que las leyes fundamentales han provisto y condenado. La resistencia legítima que, por inversión de los términos, pudiera oponerse llegado el caso, que no puede llegar, á la duración quinquenal de las Cámaras, supondría el cumplimiento de un deber sagrado, ineludible por parte del partido constitucional, creyéndose este, como cree, que los poderes de sus representantes en la Cámara popular claudican á los tres años, y que la falta de una Constitución ó de un término préviamente determinado en el decreto de convocatoria, no confiere á una Asamblea facultades convencionales, porque en ningún caso pueden los mandantes convertirse en mandatarios, ni los diputados de la nación dar á una soberanía delegada la extensión ó los límites que tenga por conveniente. No es difícil prever cuál sería la conducta de la minoría constitucional, después de las declaraciones hechas sobre tan grave asunto por el Sr. Romero Ortiz, y de la importancia y significación que tiene una prerrogativa de carácter exclusivamente popular; pues, si bien es atributo de la corona el disolver las Cámaras en un momento dado, el plazo máximo de la duración de las Cortes, es de la exclusiva competencia de los legisladores que taxativamente la preceptúan en la Constitución del Estado.

Por esto deploramos que el Gobierno haya eludido el solemne com-