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el desierto, como Mahoma en la Arabia, que se levantará antes del día para sorprender el secreto de este mundo desconocido, y comprenderá el nuevo Evangelio del nuevo universo."

Hé aquí, pues, que un nuevo Evangelio va á levantarse; el viejo ya no satisface. El progreso le ha inutilizado por su vejez terrestre. ¿Si los astrónomos desecharán la estrella del polo por su vejez también?—No, porque dicha estrella no puede variar.—Pues un dogma es más invariable que la estrella, bien brille, bien se nuble.—¿Y el progreso?—En metafísica no hay progresos ni puede haberlos; verdad bien notoria para los pocos que profundizan tal ciencia.

Pero dando de mano á todo esto, los racionalistas nos dicen: Un nuevo Evangelio, una nueva luz principia á divisarse en la oscuridad que nos circunda. ¿Y qué es esa luz? Oigamos á otro, tan poeta ó más que Quinet:

—L'orient! l'orient! qu'y voyez vous, poètes!
Tournez vers l'orient vos esprits et vos yeux!
Helas! ont repondu leurs voix long-temps muettes,
Nous voyons bien là-bas un jour mysterieux!

Mais nous ne savons pas si cette aube lointaine
Vous annonce le jour, le vrai soleil ardent;
Car survient dans l'ombre á cette heure incertaine,
Ce q'on croit l'orient peut-être est l'occident.

Hé aquí á dónde nos ha conducido el sujetivismo de la Escuela ecléctica, con su inspiración, con su espontaneidad y su desarrollo histórico inflexible. Nos ha traído á lo que dice Victor Hugo en sus anteriores versos, á ignorar si amanece ó anochece, corriente filosófica que hemos visto pasar, melancólicamente por cierto.

Se nos dirá que todo lo expuesto se salva con la libertad defendida por el eclecticismo, y de la que vamos á ocuparnos. Confesamos que admitimos, queremos y defendemos la libertad, con tal que se mantenga dentro de los límites metafísicos y morales que la sostienen y la honran.

¿Qué es libertad? Es en su raíz la capacidad de la vida, y el poder de accionar y reaccionar sobre ella misma; capacidad concedida á toda criatura según su naturaleza. Hay libertad física para las criaturas físicas, y libertad moral para los seres inteligentes.

No depende del hombre el vivir ó no vivir. Para que viva es
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preciso que ejercite su espíritu, que su pensamiento trabaje. Es una ley de nuestra vida espiritual, saber claramente qué queremos, lo que queremos y por qué lo queremos, conformándonos ó rechazando la impresión que nos estimula ó nos solicita, decidiéndose en pró ó en contra entre dos solicitudes contrarias que se disputen nuestro asentimiento. Mas no podemos admitir á ambas, porque nadie puede servir á dos amos á la vez. Nuestro espíritu, aunque libre, está sujeto á su principio psicológico, á un principio ontológico, á su desenvoltura orgánica y á las leyes lógicas, que limitan su libertad invenciblemente.

Esa espontaneidad absoluta del racionalismo, dice un filósofo de nuestros días, esa autonomía proclamada altamente por el panteísmo moderno, y que sólo efectivamente como primera consecuencia de afirmación que Dios es todo, que to lo es Dios, es otra consecuencia por la que el hombre se declara dueño de sí mismo, legislador del mundo, propietario de la vida, con su yo creador de las ideas, de la ciencia, del Universo, porque en el panteísmo, el Universo no es más que la idea objetivada. Pero el hombre no se fija él mismo en foco de existencia en el seno del mundo: no es él quien ha animado este foco, ó se ha elevado por sí mismo á la actualidad de la existencia; no vive, ni subsiste en su individualidad y personalidad sino por una asistencia continua, por el concurso perpétuo de acciones exteriores que estimulan su vida y le suministran el alimento; así no solamente él no es de él, no tiene sino lo que ha recibido y lo que recibe en todos los instantes de su duración. Y esto, no obstante, es este ser, esta criatura de quien cada aspiración supone un dón, que no existe, ni subsiste sino bajo de condición, á quien se propone sistemáticamente, como bastándose á sí mismo. El hombre no puede dejar de estar sometido por su alma y por su cuerpo á leyes necesarias, á las que no puede sustraerse, porque es criatura y no creador, y se quiere ser absolutamente libre, independiente en su espíritu. No puede moverse, pensar y conocer, querer y amar, sino á condición que viva; el alimento vital no le es dado, sino en razón de su capacidad y según su disposición, de momento en momento, y quiere abrogarse el derecho de soberanía sobre su existencia, y pretende no tener necesidad sino de sí mismo, ser él mismo su ley y su fin, y no reconocer ni maestro, ni autoridad.
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El hombre, sin duda, es metafísicamente libre; el primer grado de libertad pertenece á su alma, y á ella solamente; es el poder sublime de amar el soberano bien.

El hombre es moralmente libre, y la libertad en este grado pertenece más particularmente al espíritu; es la potencia de discriminamiento entre el bien y el mal. El ejercicio de la libertad moral consiste en la elección reflexiva y motivada entre dos términos contrarios; y esta doble libertad que nadie puede destruir ni robárnosla, constituye nuestra nobleza, al mismo tiempo que nuestra responsabilidad. Pero esta libertad, por poderosa que sea, no nos hace independientes; pues, como criaturas, estamos subordinados al principio que nos ha creado, que nos conserva, y de cuya voluntad depende nuestra existencia, así como las leyes por las que se trasmite la vida.

Hé aquí cómo nosotros entendemos, con el citado filósofo, la libertad, bien distinta por cierto del Panteísmo, de la eternidad del mundo, de la espontaneidad, de la inspiración absoluta, de la geometría inflexible de la historia, y de esas apariciones y desapariciones de las religiones, consecuencias todas del eclectismo, cuyas corrientes han causado tantas ruinas.

Y con tal metafísica nada de extraño que el eclectismo haya sostenido que el error es una verdad incompleta, que el error es necesario, que el error es divino, porque es el principio de todo desarrollo, de todo progreso. ¿Qué progresos espera la humanidad de una doctrina que dice á la razón que está destinada á perseguir al través de las modificaciones incesantes del pensamiento y de la opinión, un fantasma que huye siempre y nunca puede ser cogido?

Y por lo expuesto, en nuestra humilde opinión, la filosofía ecléctica no es más que un cuadro histórico que abraza todas las opiniones humanas verdaderas ó falsas, pues por lo mismo que han existido representan una faz del hombre y merecen la consideración del filósofo. No es menester juzgarlas por sus consecuencias morales. Útiles ó dañosas, tienen derecho á producirse, porque emanan del hombre. Pero si todas las opiniones, todas las doctrinas son buenas, como expresiones del espíritu humano, todas las acciones lo son igualmente como realizaciones de la voluntad. El crimen y la virtud son iguales, porque expresan modos de la actividad humana. Un siglo, por pervertido que parezca, lleva en sí
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Libras esterlinas.

Ingresos generales en la India........... 51.019.140
Id. en la Gran Bretaña.................... 290.923

TOTAL DE INGRESOS............. 51.310.063

Calcúlanse los gastos, á saber:

Libras,

Los del Gobierno general del mismo ejercicio.......................... 16.933.328
Bengala........................................ 7.066.217
Provincias del Noroeste..................... 2.515.943
Ouda............................................. 545.155
Pundjab......................................... 2.045.031
Provincias centrales.......................... 674.609
Burmah británico.............................. 856.721
Madars.......................................... 5.991.449
Bombay y el Sind............................... 7.384.611

Total de los ingresos de la India.. 44.013.064
Id. id. en la Gran Bretaña............. 9.898.683

TOTAL GENERAL............... 53.911.747

Resulta un déficit de 2.601.648 libras esterlinas.

Para el presupuesto de 1876-77 se han apreciado los ingresos en 50.480.000 y en 50.336.000 libras esterlinas los gastos ordinarios, y los extraordinarios en 3.759.000. El balance en efectivo del Tesoro arrojaba una existencia, en 1875-76, de 16.243.214 libras y se han calculado para 1876-77 la suma existente en 13.552.614.

La Deuda pública del imperio de la India, había alcanzado la cifra de 134.058.644 libras esterlinas, y los intereses de la Deuda y obligaciones estaban calculados, en 1875-76, en 5.412.055.

Hemos llamado al presupuesto clave de muchos secretos.

El capital de la Deuda pública no importaba más que 59.943.814 libras el 30 de Abril de 1859.

Constituyen los gastos principales el capital del ejército, que antes de la insurreccion de 1857, importaba 12.000.000 al año, y fué creciendo hasta 25.000.000, bajando durante un corto período después de 1861, á 15.000.000, subiendo otra vez, durante los
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su justificación, porque estaba destinado á representar una faz de la humanidad. El corazón rechaza tal doctrina, y el espíritu no ve en ella más que un farrago de principios metafísicos que braman juntos.

La humanidad no puede aquietarse con tal doctrina. Instintivamente conoce que es preciso elevarse por cima de ella para ensanchar el horizonte, y que lo que ella enseña es poco para lo que queda más allá. De aquí ese disgusto, ese desdén por los estudios metafísicos, reflejado hasta en la literatura. Nada de extraño por esto que Goethe, que había presenciado muchas revoluciones filosóficas, que había vivido en los tres focos del trascendentalismo, se preguntará á sí mismo: ¿Para qué la ciencia de Kant, de Fichte y de Schelling, que mueren tan pronto como nacen, que pasan sin producir nada, ni aun dejar señales de sus sandalias en las márgenes del cráter? ¿Para qué la metafísica, la teología, la sicología, la jurisprudencia? ¿Para qué el pensamiento en un mundo que conviene sin renovar! Fausto, tú eres un viejo loco! Desecha el mecanismo y el micróscopo! Sal á la calle, espera á una joven inocente, háblala de amor y te hará feliz. Después, cuando Satanás vuelva á por ti, habrás hecho al menos alguna cosa.

NICOMEDES MARTÍN MATEOS.

Béjar, Setiembre de 1878.

(Continuará.)
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LA PREVIA AUTORIZACION

PARA PROCESAR A LAS AUTORIDADES Y SUS AGENTES.

El hecho es el punto de donde nace, en la mayor parte de los casos, el derecho político: no pidais á la revolucion que estalla que contenga su espíritu reformador dentro de los límites que la conveniencia de la patria y su propia conveniencia le aconsejarían; no pidais á la reaccion que le sucede, obedeciendo á una ley de la humanidad, que establezca distingos entre las instituciones traídas á la vida legal por la revolucion, cuya conservacion sería prudente, y aquellas otras, debidas solamente al delirio de los primeros momentos, que deben desaparecer y que pudieran acarrear funestas consecuencias; generalmente ni las revoluciones se contienen ni las reacciones meditan.

Una prueba más de esta verdad nos suministra la experiencia de los últimos años; consecuencia inmediata de la revolucion de Setiembre, fué la Asamblea constituyente de 1869, que formó y promulgó el Código político más liberal acaso que ha regido jamás en ningún país de Europa; en aquella Constitucion, nunca bien juzgada, por serlo siempre á la luz de las pasiones políticas, se consignaba de una manera libérrima el derecho de asociacion, se daba vida y vida potente á la seguridad individual, á la libertad de imprenta y á la libertad religiosa; ¡qué nos ha dejado la restauración de todos estos principios que constituyen verdaderamente la
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encarnacion del espíritu moderno de progreso? Solamente el nombre de ellos consignado en la Constitución de 1876 y ni robustecidos ni garantidos siquiera por las leyes que han venido á desarrollar.

Todo al contrario: dos son las más importantes armas que los Gobiernos pueden reservarse para falsear las libertades consignadas en el Código fundamental; á saber: la jurisdicción retenida para los asuntos contenciosos de la Administración y la necesidad de autorización prévia para procesar á las autoridades y sus agentes por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones; y el Gobierno cuenta con la primera desde Enero de 1875 y contará con la segunda trascurrido un breve espacio de tiempo, puesto que ya ha sometido á la deliberación de los Cuerpos colegisladores un proyecto de ley que traduzca en realidad práctica el restablecimiento de este privilegio consignado en el artículo 77 de la Constitución del Estado, determinando los casos en que el requisito de la prévia autorización sea indispensable.

De ambas armas se desprendieron los poderes revolucionarios, entregando á la jurisdicción delegada el conocimiento de los asuntos contencioso-administrativos y suprimiendo en absoluto la prévia autorización; pero el poder central vuelve ahora á recojerlas, siguiendo impenitente el sistema de no dejar en pie una sola de las conquistas revolucionarias, por más que, como veremos, no ha podido menos de contenerse dentro de límites más estrechos, gracias á la benéfica influencia del progreso que la revolución de Setiembre vino á representar.

No ha bastado á los hombres de la Restauración que este principio haya sido ya borrado casi en absoluto de todos los Códigos políticos de Europa; no les ha bastado que en los últimos tiempos la voz unánime de todos los estadistas haya condenado por irracional y por odioso este privilegio; no les ha bastado el convencimiento de que ninguna nación tanto como la nuestra ha sentido los deplorables efectos de la prévia autorización, que jamás ha tenido otro fin, practicada por los Gobiernos de la escuela doctrinaria, que el de falsear por su base el sistema representativo, proporcionando por este medio la impunidad á los funcionarios públicos, que, especialmente en los períodos electorales, abusaban del carácter de que se hallaban investidos para favorecer los fines políticos de sus supe-
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Á LAS AUTORIDADES Y SUS AGENTES.

riores: habia dado ese paso la revolucion en la senda progresiva de las libertades; y era preciso, para ser consecuentes, anular su obra: sólo á los hombres de la restauracion corresponde la poco envidiable gloria de este retroceso. He aquí las consideraciones venidas á mi mente, con motivo de la lectura del último proyecto de ley presentado por el Gobierno á las Cámaras, y que me han movido á examinar en principios la teoría general de la prévia autorización.

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Uno en su esencia el poder social y distintas sus manifestaciones, según pretenden unos publicistas, ó esencialmente distintos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, según otros estadistas aunque en menor número, es indudable que en la definicion y division de los dos últimos, nunca hasta ahora perfecta y claramente establecida, tiene su origen y fundamento la autorización prévia para procesar á las autoridades y sus agentes por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones; pero si bien la necesidad de este requisito, necesidad real ó ficticia, en la confusion de los poderes tiene su origen, no es su consecuencia necesaria como algunos tratadistas han aseverado; es solamente un punto más de confusion entre las funciones del poder administrativo y del poder judicial; es no más que una dificultad entre muchas otras para establecer la total separacion de estos dos poderes; acaso no tiene otro carácter que el de una ingerencia de la Administracion en los dominios de la Justicia.

Preciso es, pues, antes de entrar en el fondo de la cuestion que me he propuesto, establecer los límites que á mi juicio separan estas dos potestades, trazando á cada una su órbita fija, para que ambas, dentro de la suya respectiva, puedan moverse y funcionar libérrimamente; y enunciar los principios generales que vienen á ser como piedras millarias en este deslinde de dominios, sin olvidar que es de todo punto indispensable asegurar así á la Administracion como á la Justicia su propia independencia, y que en vez de ser ambas entre sí como dos círculos secantes, deben ser como dos círculos tangentes, ó, como dijo un célebre publicista francés, que deben tocarse pero no deben oprimirse, máxima saludable re-
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conocida ya por los más y por los mejores como necesaria en la práctica para la más perfecta organización social.

Cuán difícil tarea es esta, lo demuestra perfectamente la diversidad de teorías que sobre el mismo punto se han expuesto, y el hecho de que por mucho tiempo se haya considerado al poder judicial sólo como una rama del poder ejecutivo. Un resumen acaso de todas ellas, una exposición, quizá la más notable de las hasta hoy hechas de las diferencias que separan á la administración de la justicia, es la contenida en las "Lecciones de Administración" del Sr. Posada Herrera. En ellas hace notar: que el monarca interviene en los actos del poder ejecutivo, y no puede hacer otro tanto en los del poder judicial; que las resoluciones de éste tienen que ser graves, detenidas y con arreglo á determinados trámites, mientras que la administración no tiene otras reglas fijas para obrar que la equidad y la prudencia; y que el poder ejecutivo puede prever los males, en tanto que el judicial puede sólo reprimirlos una vez consumados. Yo entiendo, no obstante, que estas diferencias son de forma y no de fondo; que hay entre los dos poderes de que me ocupo una más esencial que marca distintamente las funciones que á cada uno de ellos corresponde ejercer con energía propia y con entera independencia del otro; y yo también entiendo que, conteniéndose ambas potestades dentro de la órbita que esa línea divisoria les traza, podrían vivir vida propia, auxiliándose mutuamente, caminando acordes y observando la misma tendencia al fin común del bienestar social.

Conferida así á la administración como á la justicia la misión de hacer ejecutar las leyes, aquella la cumple por medio del precepto y ésta por medio de la coerción; la primera dicta reglas para el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter general; la segunda infinge el castigo de antemano por la legislación determinado al trasgresor de aquellas; pero independientemente la una de la otra, la acción de ambas alcanza por igual á todos los ciudadanos, sin excepciones irritantes ni privilegiados odiosos. Y esta diferencia esencialísima entre las funciones de uno y otro poder, es el fundamento primero de la opinión que sustento de que el requisito de la autorización previa para procesar á las autoridades y sus agentes, debe desaparecer por completo de nuestra legislación.

Me propongo desarrollar este principio en el curso de este solo
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artículo; pero entrando ya de lleno en la cuestión de la autorización previa, el método requiere que comience por desvanecer las razones que, en pró de la opinión contraria, alegan los defensores de esta llamada garantía.

No es de gran importancia, á mi juicio, la que los defensores de la previa autorización hacen arrancar de las condiciones dentro de las cuales debe funcionar la administración; á saber: libertad, independencia, energía y prontitud: temen los partidarios de la previa autorización que aquella pierda su libertad y su independencia desde el momento en que la justicia pueda incoar y seguir contra cualquiera de sus agentes un procedimiento criminal, sin que preceda su permiso; temen que pierda su energía, porque de este modo se vería, hasta cierto punto, sometida á la potestad judicial; y temen que pierda su esencialísima condición de prontitud ó actividad, porque los tribunales, al comenzar un proceso ó abrir un juicio criminal contra cualquiera de sus agentes, podrían inhabilitarlo, y dejar en tanto en suspenso el desempeño de las funciones que á él estaban encomendadas.

Basta solamente fijar bien los términos y contraer un tanto sobre ellos la atención para convencerse de que no puede atribuirse á estos temores otro carácter que el de verdaderas cabilosidades ó el de sutilezas; en manera alguna pierde, ni perder puede, la administración su independencia ni su libertad porque la tenga la justicia para procesar á los agentes de aquella por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuando quiera que de alguna infracción legal que dé origen á responsabilidad criminal tenga noticia: el funcionario público que, preválido de su carácter y abusando de la circunstancia de hallarse de él investido, comete un delito, es un criminal ordinario que ha caído desde el momento de su abuso bajo la jurisdicción de los tribunales de justicia, los cuales deben imponerle desde luego, y sin esperar para ello previa autorización de otra persona ni poder alguno, el castigo que para la falta por el cometida tengan de antemano determinadas las leyes penales, sin que deba darse valor alguno al veredicto absolutorio ó condenatorio de la administración, que no es la llamada á inquirir ni á exigir responsabilidades criminales ordinarias; no perderá tampoco su energía, porque no implica, ni puede implicar la idea de dependencia ó sumisión esa de sus agentes á los tribunales de jus-
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ticia en el caso de delinquir, sumisión bajo la cual nos hallamos todos los ciudadanos de igual modo; y mucho menos tendrá necesidad de perder la prontitud y rapidez que le son tan necesarias, puesto que en sus facultades está el sustituir inmediata y hasta momentáneamente á sus agentes inhabilitados por los tribunales ordinarios, en atención á que contra ellos resultan indicios ó convicción de criminalidad, cosa menos difícil en nuestro país que en ningún otro, por el exceso de personas que continuamente aspiran á prestar sus servicios á la administración del Estado.

Si la justicia tiene antes que la administración noticia de que esta se sirve de un agente indigno y hasta criminal, ¿por qué no inhabilitarle desde luego y proceder contra él? ¿Para qué esperar á que la administración, una vez que de los hechos abusivos tenga conocimiento, haga esa declaración? ¿Con qué objeto dejar que durante el tiempo necesario para la tramitación de ese antejuicio, continúe el funcionario público criminal desempeñando las funciones que, considerándole honrado y digno, le fueron encomendadas, dando lugar á que persista en sus abusos, y á que, quizá apercibido del descubrimiento de ellos, pueda proporcionarse la impunidad?

Más fundamento aparenta tener en la práctica la razón expuesta en favor de la prévia autorización por sus defensores, de que sin este requisito y en virtud de la delegación de facultades que el poder ejecutivo hace en favor de sus agentes para llenar cumplidamente los fines que á la administración están encomendados, podría cualquier administrador excusar sus hechos ilícitos con un mandato de su superior gerárquico, y acaso llegar por este camino hasta la responsabilidad ministerial; dirigiéndose en muchos casos el procedimiento criminal á que el abuso ó abusos dieran lugar contra un funcionario público de quien no fuera exigible la responsabilidad; peligros que se pretende evitar suspendiendo la acción de la justicia hasta tanto que la administración pronuncie su veredicto declarando si existe ó no verdadera responsabilidad criminal, y, en caso afirmativo, la persona á quien es imputable; pero semejante argumentación está rebatida, teniendo presentes las disposiciones del Código penal vigente, con un dilema: ó el que cometió la infracción legal que ha de perseguirse judicialmente, obró en virtud de obediencia debida, obró por su propia voluntad ó me-