Revista de España (1878-07-01 00:00:00), página 270

ciado debate. El Sr. Leon y Castillo logró, con frase feliz y elocuente, captivar la atención de la Cámara, discurriendo unas veces con la solemnidad de conceptos elevados, y otras con la más chispeante ironía sobre el poder absorvente y abrumador del Sr. Cánovas, gráficamente expresado con esta palabra: canovocracia.

Recordó el orador que el Sr. Presidente del Consejo de ministros manifestará en otra ocasión que desde el primer momento de la monarquía restaurada había creído que el partido constitucional debía formar parte de juego de las instituciones, y que consideraría como una verdadera derrota para su tendencia política el que eso no sucediera; afirmación que, en el concepto del Sr. Leon y Castillo pugnaba con la conducta del Gobierno ocasionada á un seguro fracaso si á ella no se opusiera el partido constitucional con una prudencia y un patriotismo que nunca se agradecerán bastante. En demostración de esta tesis acudió el diputado de la minoría á la falta de sinceridad con que el Gabinete practica el sistema representativo, á la dictadura inconstitucional ejercida por el ministerio y á la anulación por decretos de los derechos consignados en el Código político de 1876. Ancho campo ofrecieron á los oradores que terciaron en los debates los puntos sometidos por el Sr. Leon y Castillo á la deliberación de la Cámara, y fuerza es convenir en que todos ellos fueron ampliamente discutidos con exhuberancia de razonamientos por ambas partes. El derecho de asociación, el de reunión y la libertad de la prensa, robusta trípode sobre la cual descansan las más eficaces garantías en las modernas sociedades, constituyeron el tema primordial de la controversia, tratando de demostrar el orador de la izquierda que en plena monarquía los españoles no pueden reunirse ni asociarse, que un ciudadano, sin estar en suspensos las garantías constitucionales, puede ser llevado ante un Consejo de guerra, y que se exige la autorización prévia para publicar periódicos, por todo lo cual, al cabo de dos años de haber abdicado el Gobierno la dictadura, sigue el país sin poder disfrutar de los derechos y libertades que le pertenecen.

El Gabinete sostiene, según las declaraciones del señor ministro de la Gobernación, que los derechos consignados en el Código fundamental no pueden estar en vigor mientras no se hagan las leyes que regulen su ejercicio y que es de esperar se discutan y aprueben en el segundo periodo de la actual legislatura.

Por de pronto las manifestaciones del Sr. Romero Robledo encierran explícitamente la pública y solemne confesión de que los preceptos constitucionales relativos á los derechos de reunión y de asociación y á la libertad de la prensa son letra muerta, con lo cual se reconoce que el Gobierno viene haciendo uso de una arbitrariedad discrecional con todos los caracteres de una dictadura que pugna necesariamente con las circunstancias normales del país, con las funciones regulares del sistema representativo y los derechos individuales y públicas libertades cuya tranquila y segura posesión solo pueden interrumpir la Salus populi ó las extraordinarias circunstancias. Por otra parte, en los momentos en que las mayorías y la prensa ministerial hacen pomposo alarde de los numerosos proyectos y proposiciones de ley,