Revista de España (1878-07-01 00:00:00), página 272

declarado, contestando al Sr. Romero Ortiz, que no ha formado sobre el juicio colectivo en definitiva, y que de todos modos, creía que cualquiera opinión que abrigara este Gobierno ó los que le sucedieran sería igualmente legal y respetable, declaración que prohíba dos extremos irreconciliables, que confunde el origen y naturaleza de los poderes, fuente primordial del sistema representativo, que es ocasionada á doblar la cerviz ante la extraña conversión de mandatarios en mandantes, y que si bien por un lado puede evitar con inconveniente previsión el peligro de una crisis por no haber antes arrostrado el compromiso que impone una opinión francamente expresada, puede, por otro lado, producir una suspensión en el movimiento regular y armónico de la máquina constitucional, con peligro de los más caros intereses de la patria.

Graves, gravísimas pueden ser las consecuencias de la solución que se dé al problema, y no podían menos de ser graves las declaraciones que acerca de él hiciera en el Congreso el Sr. Romero Ortiz. Sostenemos, dijo, que si estas Cortes prolongan un sólo día más allá del mes de Febrero el término de su existencia, nosotros nos extralimitamos de nuestros poderes, cometemos la más criminal de las usurpaciones, la de la soberanía, y este Senado y este Congreso no serán dos poderes del Estado, sino dos Asambleas ilegítimas, dos juntas de rebeldes. No es sólo una cuestión de derecho constitucional ó de soberanía la que, en sentir de las oposiciones, fija tres años de existencia á las Cortes actuales: hay además, en su opinión, razones de alta conveniencia, robustecidas por la necesidad de una nueva consulta al país y un cambio político asesorado por el divorcio que una gran masa de españoles supone existente entre las mayorías de las Cámaras con el Gobierno y la opinión pública. Sería arriesgado suponer que el Gabinete y los diputados y senadores que en ambos Cuerpos apoyan la conducta ministerial siguen con el apoyo y la confianza de sus poderdantes, cuando si por un lado el país vegeta entre las atribulaciones que la penuria, la miseria, las crisis, la paralización del trabajo y otras circunstancias azarosas le colocan á distancia, inmensa de aquellas fuentes de prosperidad y riqueza que los gobernantes le prometían en el discurso de la Corona, de otro lado, el Gobierno confiesa, por deducción siquiera, que no le ha sido posible, á pesar de la normalidad de los tiempos y de la larga duración de las presentes Cortes, promulgar las leyes necesarias al ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y consiguientemente desprendirse de la arbitrariedad ó de la dictadura que utiliza ante el texto muerto de los preceptos constitucionales y la absoluta carencia de las medidas legislativas que han de completarlos ó regularizarlos.

Si como revelan los síntomas, el Gobierno se ha equivocado, y si como es de suponer, el voto de las mayorías no significa después del tiempo transcurrido el apoyo de la nación, existen razones legales y motivos de altísima conveniencia para que el poder responsable desista voluntariamente de regir los destinos de la patria sin extremar la teoría que funda, no de una manera exclusiva, la permanencia de los Gobiernos en la confianza de la corona y la fuerza numérica de las Cámaras. Remontándonos á consideraciones superiores que afectan á sagrados intereses y á la verdad del sistema