Revista de España (1878-07-01 00:00:00), página 564

Fundaba el fiscal la denuncia de Los Debates en que la noticia de haber dado un gobernador instrucciones á cierto alcalde para ganar la elección apelando á coacciones, era una injuria que se cometía contra persona constituida en autoridad, estimando el tribunal, por el contrario, que no refiriéndose en el suelto denunciado directa ni indirectamente la persona del gobernador, no era posible apreciar el hecho como abuso comprendido en el número décimo del art. 1.º del Real decreto sobre ejercicio de la libertad de imprenta, mucho más si se consideraba que, con arreglo á las prescripciones del Código penal, en el caso de determinarse la autoridad injuriada, podía ser perseguido, según las leyes comunes, el autor de la injuria, á quien, para su esculpación, se le admitiría prueba sobre la verdad de las imputaciones de coacciones electorales, contenidas en dicho suelto denunciado y constitutivas del delito.

Ya, con motivo de una discusión sostenida en la Cámara popular sobre el decreto de imprenta entre los Sres. Martín de Herrera y Gamazo, siendo el primero ministro de Gracia y Justicia, decíamos en la Revista del 13 de Diciembre de 1876: "No debía olvidar el Sr. Martín de Herrera que existen ciertos principios legales, claros, inconcusos y axiomáticos que un juríscus-ulto que goza de cierta fama no puede ni debe sacrificar á un objetivo político. La omisión inexcusable que se observa en el decreto sobre supuestas imputaciones á las autoridades no tiene defensa. El párrafo décimo del artículo 1.º del referido decreto, enumera esta clase de abusos sin establecer los términos y medios de prueba que concede á los acusados la legislación común; de suerte, que la prensa excepcionalmente y dentro de su más sagrada misión, puede verse condenada por un tribunal, como con recientes ejemplos ha demostrado el Sr. Gamazo. Hasta las antiguas leyes españolas, en tan delicada materia, sin dejar impunes los delitos de injuria y calumnia, permitían que se dijera del funcionario público todo lo que fuese verdad, y excusado es manifestar que su demostración exigía términos y medio de prueba. La prensa, elemento necesario en los Gobiernos representativos, se distingue por venir obligada, como todos los poderes del Estado, á denunciar abusos, sujetándolos á la vigilancia del público, y por la libertad que, como observa Mr. Guizot, excita y provoca á los ciudadanos á buscar por sí la verdad y á comunicarla al Poder."

El tiempo ha demostrado prácticamente que la razón estaba de parte de las oposiciones al combatir el decreto de 1875, y que justamente pedíamos, desde las columnas de la Revista, que se corrigiera un defecto legal que desvirtúa la más noble misión que la prensa tiene, y hace de peor condición al periodista. De todos modos, el tribunal de imprenta de Madrid, con su declaración de derecho, ha dado á las leyes debida y justa interpretación, y el Gobierno no puede menos que llenar un vacío que produce jurisprudencias contrarias en desprestigio de la administración de justicia y en detrimento de los sagrados intereses del periodismo.

Prescindiendo de las noticias políticas de carácter personal, desprovistas de toda importancia con que los periódicos se han alimentado durante la