Revista de España (1877-11-01 00:00:00), página 273

en el sistema, y por demás ambigüedad y confusión en los medios que se proponen.

Haciéndonos eco de los temores generales manifestados por la opinión pública, forzoso es que literalmente expongamos las dudas que ha sometido la prensa de oposición al criterio de los órganos del Gobierno: "Si las diputaciones de las Provincias Vascongadas establecen, para realizar sus contribuciones, arbitrios indirectos, repartimientos personales, u otro sistema de tributación, que no tenga por base la riqueza útil, ¿quién será el responsable para con el Estado, en concepto de primero y segundo contribuyente? ¿El propietario, colono ó ganadero, ó los ayuntamientos y diputaciones? ¡Contra quién, en caso de morosidad, deberán dirigirse los procedimientos de apremio! ¿Ha pensado el Gobierno en la eficacia de estos procedimientos, cuando llegue, que llegarán, el momento de emplearlos, según que los dirija contra el contribuyente ó contra las corporaciones administrativas?"

Todos estos vacíos y otros de importancia no menor que se notan en el real decreto que nos ocupa, nos obligan, muy á pesar nuestro, á consignar que el Gobierno ha sido poco afortunado en la adopción de los medios necesarios á la unidad constitucional y administrativa del país. Aceptando, como no podemos menos de aceptar, por considerarla conveniente, justa y eficaz, la opinión fundada de un periódico constitucional que se publica en Madrid, creemos que en el art. 8.º del real decreto ha debido decirse, cuando menos, que si las diputaciones de las Provincias se negasen á formular sus propuestas ó si las formuladas no reuniesen todas las condiciones de equidad en su sistema y de garantía en el pago de los trimestres, el Gobierno procedería inmediatamente á formar las cartillas de evaluación en todos y cada uno de los pueblos, los amillaramientos ó padrones de la riqueza pública, y los repartimientos municipales e individuales de la respectiva cuota, trabajos difíciles y que absorben cuantiosas sumas, pero que al fin y al cabo tendrán que llevarse á cabo, si no se quieren invertir infructuosamente cantidades mayores, y si se trata de cerrar de una vez las puertas á insoportables privilegios, realizándose en todas sus partes la ley de 21 de Julio de 1876.

Aquí llegados, preciso es que, á fuer de imparciales, aprovechamos una circunstancia que nos ofrece la trascurrida quincena, para fijar la actitud del señor presidente del Consejo de ministros en la cuestión religiosa que se ha suscitado con motivo de las manifestaciones hechas por el señor ministro de Gracia y Justicia en el seno de la comisión de Códigos. No hay para qué insistir en la presente Revista sobre las ideas por nosotros difundidas en la anterior; pero justo es que nos ocupemos de tan importante asunto, incidentalmente siquiera, después de leídas las noticias del correspondal del Standart, cuya exactitud garantiza uno de los periódicos ministeriales más sensatos y autorizados.

Hélas aquí: "Pocos hombres hay á la cabeza de un Gobierno más convencidos que el Sr. Cánovas del Castillo de la necesidad para su país de la libertad religiosa, política y civil, compatible con el espíritu de los partidos y la naturaleza de una raza dispuesta siempre á apelar á la violencia, y como último recurso á la revolución. Ocupándose de asuntos de más interés para los ingleses, el Sr. Cánovas del Castillo habló largamente de la libertad de conciencia. Insistió en que sus intenciones no habían cambiado en lo más mínimo desde que tuve la honra de verle (el correspondal del Standart al señor presidente del Consejo) el otoño pasado. Dijo que seguiría sosteniendo en las Cortes su interpretación del art. 11. de la Constitución, que garantiza la libertad de la Iglesia y del cementerio y el ejercicio privado del culto de los que no profesan la religión del Estado; pero que jamás permitiría que se hiciesen en las calles manifestaciones públicas que pudiesen perturbar el orden en las provincias ó en los distritos rurales donde domina el espíritu de intransigencia. Después definió hábilmente el artículo del Código penal adoptado por la Comisión de Códigos, de que es presidente el ministro de Gra-