Revista de España (1877-11-01 00:00:00), página 272

muebles, cultivo y ganadería, con la suma de 8'30.200 pesetas la de Alava, 837.000 la de Guipúzcoa, y 1.052.000 la de Vizcaya, que se les asignaron en la distribución del cupo general que para todas las provincias del reino señala la ley de presupuestos, fecha 11 del propio mes."

Conocidas son nuestras ideas acerca de las rebeliones carlistas, de la unidad administrativa originada por el Código fundamental, y la justicia y conveniencia de que las Provincias Vascas tributen ó contribuyan como las demás á las cargas generales de la nación. Ócioso es que reproduzcamos hoy nuestras opiniones, manifestadas ya en otras Revistas, cuando en los Cuerpos deliberantes se suscitaron grandes y acaloradas controversias con motivo de la supresión de los fueros. Fuerza es, sin embargo, que repitamos con una parte de la prensa de oposición que con nosotros coincide en este punto, tomando textualmente sus palabras, que "nunca nos pareció sistema conveniente el seguido por el actual Gobierno para resolver los problemas que la persistente rebelión carlista planteó en las provincias del Norte. Aplazarlos, transigir con las resistencias, sortear, en una palabra, el cumplimiento de una ley que establece la unidad administrativa en aquella parte del territorio de la Península, sobre que alienta las esperanzas y estimula la acción de los interesados en mantener sus privilegios, menora la autoridad de la ley y produce tristísima impresión en el ánimo de las demás provincias que comparten por igual los penosos deberes de la tributación."

Nada podemos oponer, de cosache propia, á los defectos que, precediendo de su causa originaria, se notan en el real decreto que fija nuestra atención, porque, de una manera tan concisa como atinada, han sido ya expuestos por dos periódicos de distintos matices que ven la luz pública en esta capital. Uno de ellos observa, con justificada extraneza, que el Gobierno acaba de publicarlo cuando ha transcurrido ya la mitad del actual ejercicio económico, circunstancia que, á nuestro juicio, no debe pasar inadvertida, por que revela las dificultades que en esta materia surgen para la administración, como consecuencia quizá de haber despertado el tiempo ó de habarse establecido, desde un principio, un sistema opuesto á la pronta y relativamente más fácil realización de la unidad administrativa; pero, después de todo, pasando ligera revista á los lunes que de buenas á primeras se descubren en el real decreto expedido de una manera anómala por la presidencia del Consejo de ministros, preseptuando las cuotas que las Provincias Vascas han de satisfacer en los indicados conceptos, no podemos menos de argüir, con uno de los diarios más avanzados que en Madrid se publican, que no es posible saber á ciencia cierta si el cambio en la forma de satisfacer el Estado la contribución territorial, es ó no favorable al Tesoro, "por cuanto sería necesario conocer la cifra de las obligaciones eclesiásticas de cada provincia, que en adelante correrán directamente á cargo del Gobierno, en compensación del cupo por territorial señalado á las mismas, y que deberá ingresar en lo sucesivo en las administraciones económicas, cifra que no figura en el presupuesto sino por cálculo y sólo en lo referente al clero y culto parroquial, ya que el catédrat se ha pagado siempre directamente por el Tesoro."

Prevemos además que, por descartarse el Gobierno de medidas más radicales y más costosas hoy, pero de seguros é infalibles resultados, ha de engolfarse en el complicado laberinto de inciertos medios administrativos que ofrecen ciertamente grandes y contundidos obstáculos al planteadiento necesario de la unidad constitucional y administrativa de España. Los indefinidos aplazamientos del subsidio industrial y comercial, que uno de los artículos del decreto pone de relieve, y la concesión que se otorga á las provincias hermanas á fin de que, dentro del plazo de 30 días, ofrezcan la forma que estimen conveniente para realizar los impuestos, advirtiéndolas que de dejar de hacerlo ó de no utilizar este beneficio, les serán exigidas y cobradas sus cuotas por los procedimientos de apremio, acusan cierta desconfianza