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darse que; precisamente, merced á esta analogía, el estudio de las vibraciones sonoras ha servido de base y tipo para el de la luz en los tiempos modernos.

Los principales datos que este sentido nos suministra, se refieren á la direccion, distancia y áun naturaleza de los cuerpos sonoros; pero, con tan escasos medios, alcanza el superior grado entre todos, por lo que toca á la vida del espíritu, merced á ser el que percibe directamente el lenguaje articulado, principal instrumento de nuestro comercio intelectual. En este orden de relaciones, excede á la vista por la universalidad y facilidad de su ejercicio: pues es infinitamente más lo que del pensamiento ajeno sabemos de palabra, que, por ejemplo, mediante la lectura; y áun podria decirse que la vista parece referirse más al conocimiento de la Naturaleza, y el oído al del espíritu.

Las dos artes, que podríamos llamar más íntimas, la poesía y la música, hallan en el oído su órgano receptor; debiendo tener presente que la aptitud de este sentido para la percepcion simultánea de sus fenómenos, parece ser muy superior á la de la vista, como lo muestra el ejemplo de la audicion de una orquesta, cuya riqueza de sonidos se recibe íntegra en la sensacion, pudiendo llegar la educacion y el hábito á permitirnos distinguirlos unos de otros con maravillosa claridad.

La ley psico-física se aplica á las sensaciones auditivas, no sólo en lo que se refiere á la intensidad de los sonidos, sino tambien á su altura. La razon parece ser que la diferencia de aquellos en este respecto es igualmente cuantitativa. La produccion de estas diferencias (sobre la cual está fundada la escala musical) creen algunos que no se verifica sobre datos propiamente auditivos, sino sobre sensaciones musculares que tienen lugar en ciertas partes del oído.

VII

Siendo total la relacion entre el espíritu y el cuerpo en el hombre, abraza tambien la esfera del sentimiento, si bien en esta esfera es méños conocida hoy que en la del pensamiento, que sumariamente acabamos de indicar.

Sabemos que la unidad de la sensacion se despliega en dos direcciones divergentes. En la primera, la sensacion sirve á la in-
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REVISTA POLÍTICA.

INTERIOR.

Empezó la trascurrida quincena con la importante reunión convocada por los individuos que componen la Comisión parlamentaria de Deudas amortizables. Tenía por objeto oír los pareceres de los directores y redactores de periódicos, de los tenedores de efectos públicos y de otras personas de reconocida competencia, acerca de las cuestiones previamente planteadas en el interrogatorio que la referida Comisión había insertado ya en la Gaceta.

Aparte de las ligeras observaciones que algunos señores formularon sobre los trascendentales extremos sometidos al criterio de las personas congregadas, los ilustrados periodistas Sres. Bisu, Grael y Alonso de Bernaza, ocupáronse extensamente, bajo distintos puntos de vista, de los múltiples asuntos relacionados con el interrogatorio y con el dictamen emitido por los agentes de Bolsa y Círculo de la Unión Mercantil.

Según noticias, que de referencia hemos adquirido, el Colegio de agentes opina que la Deuda ha de quedar reducida á 25,000 millones, sin cuya rebaja no es posible pagar los intereses íntegros en diez años, plazo que considera necesario para que se liberen los 70 millones de pesetas destinados á intereses y amortización de las obligaciones del Banco y del Tesoro.

No permiten las reducidas proporciones de una revista destinada á recoger los hechos políticos más ó menos culminantes de una quincena, tratar, con la amplitud que merecen, los complicados extremos que sobre las Deudas amortizables se debatieron en la junta convocada por los individuos que
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componen la Comisión parlamentaria; diremos, sin embargo, como de paso, que diferimos en algunos puntos de las respetables opiniones allí vertidas, y que creemos que la mencionada Comisión, aquilatando, con detenido estudio, los expuestos razonamientos, arbitrará en su día los medios más conducentes á enjugar las crecidas sumas de valores públicos que pesan como una losa de plomo, y que, con la crisis financiera del Tesoro, agraven la aflictiva situación del país.

Difícil es, aun cuando no imposible, obtener los recursos que se desean; los Sres. Bissu, Grael y Alonso de Beraza, ofrecen medios que la Comisión indudablemente tendrá en cuenta y sabrá apreciar en su justo valor. Trátase de disminuir, en primer término, la Deuda consolidada, y preciso es que, para amortizar 36.000.000 y satisfacer el cupón de Enero, reducido á una tercera parte, se eviten ruinosos préstamos y se acabe con la triste serie de anticipos que tan malos resultados ha producido. Nosotros creamos, de acuerdo con los informes prestados por los agentes de cambio, que, ante todo, es precisa la nivelación de los presupuestos. Con fundamento se observa, que mientras se viva á costa del crédito, recurriendo á empréstitos y emisiones, ninguna determinación que se adopte, ya para amortizar Deuda, ya para el pago íntegro de sus intereses, puede cumplirse; y en prueba de ello basta considerar que, si se paga el cupón y se amortiza consolidado, es á costa de la Deuda flotante, ó dejando abandonados otros servicios, agravándose el mal en vez de remediarlo. Urge que los ingresos se eleven sin exagerar la tributación; que las administraciones de las provincias descubran la riqueza oculta é imponible; que se explote por el ministerio de Fomento el manantial de la riqueza con los medios que á mano tiene, poniendo en movimiento las fuentes de la producción; que se reduzca la cifra del presupuesto de gastos hasta donde sea posible, acudiendo á capítulos que admiten una visible rebaja; que, con indispensable acierto, se proceda, si necesario es, á la venta de las fincas que se indican, destinando los productos de la enajenación al propósito objeto.

Nada decimos acerca de las obligaciones y subvenciones á las empresas de ferro-carriles, porque ocioso sería después de lo expuesto luminosamente en el seno de la Comisión parlamentaria por los señores que tersearon en los debates; damos, pues, fin á tan importante asunto, haciendo votos por una feliz solución á los problemas económicos y financieros, que para el país tienen gran interés, y son de suma trascendencia.

Aquí llegados, no podemos menos de consagrar unas escasas líneas á las dificultades, por nosotros previstas en la Revista anterior, que, según noti-
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cias, se han originado con la aplicación del Real decreto del 18 del pasado, fijando la forma en que deben tributar las Provincias Vascongadas. De nuevo con la mayor parte de las apreciaciones hechas por algunos periódicos de oposición, y participando de los temores generales, dijimos ya que el importante problema de la unidad administrativa en las provincias hermanas, entrañaba originariamente un viejo difícil de estirpar, á nuestro juicio, debido á la conducta observada por el Gobierno desde que la victoria de nuestro ejército puso término á la sangrienta guerra civil, que tantos desastres ha ocasionado. Observamos que el aplazamiento de tan grave asunto equivalía á perjudiciales complacencias que, alentando las esperanzas de mantener incescibiles privilegios, y debilitando la autoridad de la ley, se convertirían en repetidos obstáculos á la debida tributación y á la igualdad constitucional.

Las dificultades no se han hecho esperar, pues á las dimisiones presentadas en una de las capitales de las Provincias Vascongadas por los individuos que ejercían cargos administrativos, síntoma de desagrado ó de resistencia tal vez al planteadimiento del real decreto, hánse sucedido varias conferencias celebradas entre el señor Presidente del Consejo de Ministros y una comisión de Vizcaya venida á la corte para gestionar cerca del Gobierno. Es, en concepto nuestro, indudable, que el problema no se ha resuelto todavía, por que, aun quando carecemos de datos oficiales, la prensa ministerial abre bastante camino para formar una idea aproximada, por no decir exacta, del estado en que se encuentra la cuestión.

Mientras los periódicos adictos á la política del Gabinete, discordando entre sí, declaran: "que el Sr. Cánovas se ha enterado detenidamente de la petición de dichos señores (aludiendo á los comisionados de Vizcaya) á quienes ofreció hacer todo cuanto pueda en favor de los intereses de sus representantes;" "que el resultado ha sido completamente satisfactorio, habiéndose llegado á un acuerdo respecto á los puntos objeto de discusión sobre la aplicación de la ley de 21 de Julio y real decreto de 13 de Noviembre;" "que el arreglo definitivo de las cuestiones que aún quedan pendientes con dicha provincia, se resolverán pronto y sin dificultades, gracias al patriotismo y abnegación de todos;" y "que la conferencia ha sido altamente satisfactoria y favorable al cumplimiento de la ley de 21 de Julio de 1876;" los periódicos fueristas declaran: "que se han hecho por los comisionados diferentes objeciones respecto á la aplicación del decreto sobre tributación, últimamente dictado, las cuales parece han sido contestadas por el Sr. Cánovas en el sentido de que la indicada disposición ha de aplicarse en todas sus partes."

Las contradicciones son manifiestas y sólo se nos alcanza que la suprema
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resolucion adoptada por el Gobierno despues de los incidentes ocurridos, tropieza con graves obstáculos, debidos al constante deseo de mantener las Provincias Vascongadas sus privilegios seculares, ó con dificultades tal vez producidas por las anomalías y lunares que, como observamos en la revista de la penúltima quincena, descubre el real decreto de 13 de Noviembre.

Preciso es reconocer que los importantes asuntos que, siquiera brevemente, acaban de fijar nuestra atencion, no han despertado el interés que otras veces hubieran merecido, circunstancia que, hasta cierto punto, se explica por haberse planteado, casi simultáneamente, dos problemas trascendentales de diversa índole, social el uno y político el otro.

Por fin el Gobierno, resuelto, al parecer, á extirpar el juego, esa funesta plaga que tantos y tan dolorosos efectos causa á la sociedad, ha expedido una bien escrita circular, no exenta de defectos en el fondo, censurando la diversidad de criterio y los prácticos abusos observados por las autoridades gubernativas en la persecución del referido delito, haciendo mención de las atribuciones que tienen las autoridades judiciales en la materia, y excitando el celo de todas para que las leyes se lleven á debido cumplimiento. Sensible es que en documentos oficiales como el que nos ocupa llegue el caso de que se reconozca que la autoridad judicial falta á sus deberes no persiguiendo el juego, y que las autoridades gubernativas falten también á ellos, imponiendo frecuentemente multas que "exceden el límite de sus facultades," sentando así una jurisprudencia arbitraria que ostensiblemente pugna con las penas establecidas en el Código.

No discurremos acerca de las teorías y la multiplicidad de opiniones sustentadas sobre el mal que nos ocupa y los medios diversos que en opuestos sentidos se presentan todos los días para extirparlo, ó, en otro caso, someterlo á una reglamentación; el juego es un vicio reprobado en todas las sociedades y ha merecido iguales censuras en todos tiempos; se trata de una accion voluntaria punible, y en este concepto, terminantes son los artículos 191, 192, 193, 194 y 334 de la ley de Enjuiciamiento criminal. El conocimiento y castigo del delito corresponde á la autoridad judicial y las demás autoridades vienen obligadas á facilitar la accion de la justicia. No hay duda ni puede haberla; pero ¿sabemos licito manifestar á gobernantes y legisladores, las dificultades crecientes opuestas de continuo á la extirpacion de una plaga que amenudo, gracias á los mismos medios de represion y á las leyes prohibitivas, consigue que la inmoralidad tome paveroso incremento invadiendo esferas que, exentas de toda sospecha, deben ser foco de prestigio y santuario de respetabilidad. Hora es ya de que en nuestro país, contando
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con la eficacia de las leyes, la exemplaridad del castigo sin distinción de las de arriba y de los de abajo, con una policía judicial bien organizada y demás medios ad-hoc, se ponga término á un vicio que las leyes reprimen en calidad de delito, ó en otro caso, como en otros países, para evitar mayores males y el peligro de tristes inmoralidades en las regiones gubernativas, una reglamentación prudente y previsora supla la ineficacia de los medios y el texto de una letra muerta. Coincidiendo con las razonadas y luminosas doctrinas vertidas por el ilustrado jurisconsulto y senador del reino Sr. Maluquer en un artículo tan erudito como oportuno, recientemente dado á luz por un periódico constitucional, tenemos "la firme convicción de que los tribunales ordinarios debieran ser los únicos competentes para perseguir y castigar á los autores de toda clase de delitos, por lo cual hemos visto, con agradable sorpresa, que un ministro de la Gobernación ha despojado á los gobernadores de las facultades que la práctica había confiado á su arbitrio, respecto al castigo de un delito cuya competencia sólo pertenece á la autoridad judicial."

Indica el Sr. Maluquer acertadamente que "pocas veces se habrá presentado un caso análogo, atendiendo á que ha habido y existe una tendencia constante en mormar, con el mejor celo, sin duda, las atribuciones de los tribunales ordinarios, en lo que á su competencia se refiere. Solo cuando la Administración se reconoce impotente, se vuelve la vista á los juzgados." La consecuencia que lógicamente se desprende de las terminantes prescripciones de la circular del señor ministro de la Gobernación, según observa el jurisconsulto catalán, no es otra que la de hallarse en completo vigor el artículo 269 de la ley del Poder judicial, que encarga el conocimiento de las causas criminales á la jurisdicción ordinaria, cualquiera que sea la penalidad señalada por las leyes, sin más excepción que la que el art. 321 reserva á las jurisdicciones de Guerra y Marina. El Sr. Maluquer, celoso de las facultades concedidas, por una abusiva práctica, á los tribunales ordinarios, contra la letra de la ley orgánica en su art. 269, llama la atención del Gobierno y de las Cortes, discutiendo, además, sobre los graves inconvenientes y vistas antimonias que resultan entre los preceptos de nuestras leyes civiles ó penales, y las leyes de 1891, de secuestros, las facultades para suspender las garantías constitucionales, y la de orden público aplicada por los Consejos de guerra.

No debemos ocuparnos de las doctrinas contenidas en su segunda parte, la más importante indudablemente del artículo del Sr. Maluquer; desde luego las admitimos, y de desear sería que nuestros legisladores y el autor que ocupa hónoro sitio en la alta Cámara, confirieran toda la fuerza que á las
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eyes ordinarias corresponde, destruyendo defectuosas antinomias que amen- guan el prestigio de una administracion y que ofrece en idénticos casos, ora la lenidad, ora la agravacion de la pena en perjuicio de la justicia y en des- doro de un pueblo culto.

De exprofeso hemos dejado para la ultima parte de la presente Revista ocuparnos de la cuestion de las legislaturas, llamada así por los periodicos de la capital. Publicado ya el real decreto convocando las Cortes para el 10 do Enero á fin de que el art. 56 de la Constitucion tenga debido cumplimiento, y vistos los terminos en que viene concebido, nada de extraño tiene que la prensa de oposicion haya observado desde luego que no tiene precedente en nuestros largos y accidentados anales parlamentarios.

No es posible deducir del texto del decreto si se convoca una nueva legislatura ó si sólo se trata de varias sesiones extraordinarias, especie de parentesis parlamentario, por decirlo asi. Los periodicos que se inspiran en los pensamientos del Gabinete andan á vueltas y lejos de aclarar cuestion tan importante, sólo alcanzan con sus contradictorios juicios, aumentar la confusion en la materia.

Sostiénese de una parte, que se ha convocado una nueva legislatura, y que en este concepto las Cortes han de discutir y aprobar precisamente el proyecto de ley sobre las capitulaciones matrimoniales, debiéndose, por consiguiente, constituirse los dos Cuerpos Colegisladores, procederse á la eleccion de Mesa, así como reunirse despues las secciones para el nombramiento de la comision que ha de dar dictamen acerca del proyecto que se someta á la aprobacion de las Camaras. De otro lado se advierte que, sin perjuicio de celebrar la legislatura ordinaria, las Cortes se reúnen siempre y cuando sea necesario; y no falta quien sostenga en el estadio de la prensa, que en el decreto de convocatoria nada se dice de reunion ordinaria ni de reunion extraordinaria, porque no siendo ni lo uno ni lo otro, es de todo punto innecesario, tratándose lisa y llanamente de dar el debido cumplimiento al articulo 56 de la Constitucion.

Palmarias son las contradicciones en que incurre la prensa ministerial, y por ellas fuerza es colegir que existe en el fondo una grave dificultad de di- fícil si no imposible resolucion. Si se trata de una legislatura, habriase, de seguro, consignado así en el decreto de convocatoria, por lo cual es de supo- ner que el Gobierno se ha propuesto simplemente que se reúnan las Cortes para consagrar algunas sesiones á las capitulaciones matrimoniales, sin la discusion del Mensaje y sin perjuicio de reanudar las tareas parlamentarias, más tarde, con los debates sobre el discurso de la Corona y la definitiva elec-
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cion de la mesa de la Cámara popular. De todos modos, el problema queda sin resolver.

No se explica que las Cortes inauguren una nueva legislatura, que sería la de 1878, y que terminada esta en breves días para dar lugar al régio enlace y á las fiestas que se preparan, dentro del año próximo se convoque otra legislatura, que sería forzosamente la de 1979. Tampoco, á juicio nuestro, por más que se evite el calificar de legislatura á las sesiones destinadas á la deliberación de los contratos matrimoniales, se explican los procedimientos adoptados por los consejeros responsables; el art. 33 de la Constitución de 1876 señala de una manera taxativa que las Cortes serán precisamente convocadas luego que vacarela Corona, ó cuando el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el Gobierno, y ni siquiera faculta el Código fundamental para convocar á sesiones extraordinarias en casos tan graves como el que pudiera ofrecerse con la invasión de fuerzas extranjeras en el territorio.

Preciso es convenir en que la anomalía procede de haberse dado por terminada la última legislatura en vez de suspenderla, circunstancia que ofrecer puede, además, el espectáculo de elegirse dos veces la Mesa de la Cámara popular en un plazo cortísimo. Hé aquí por qué las oposiciones han supuesto que el decreto que á propuesta del Gobierno que preside el Sr. Cánovas del Castillo puso término á la pasada legislatura, obedeció á un plan con antelación concebido para anular al Sr. Posada Herrera, presidente entonces del Congreso. No es para nadie un secreto, si hemos de dar crédito á versiones que circulan y que proceden de autorizado origen, que el diputado por Llanes, lejos de patrocinar al Ministerio, no oculta el desagrado con que vé la política mantenida por el señor presidente del Consejo, y de aquí que, aparte de la hipótesis, para nosotros infundada, de que el ex-presidente de la Cámara popular sea reelegido en el importante cargo que desempeñó, se indiquen ya á otros hombres públicos para ocupar tan elevado sitio. Con insistencia se han hablado los periódicos de Madrid de varias cartas escritas por el Sr. Posada Herrera á diputados pertenecientes al grupo parlamentario, á cuyo frente figura el Sr. Alonso Martínez, y personas que se suponen perfectamente enteradas, sin admitir en absoluto lo que de público se refiere; convienen, sin embargo, en que algunas ó alguna de ellas contiene declaraciones explícitas y terminantes. Nada, pues, tiene de particular que, de ser cierta la actitud que se atribuye al ex-ministro de la Gobernación, los centralistas abriguen la esperanza de que en momento oportuno ocupe este distinguido hombre público un sitio en los bancos de la opos-
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sición, y aprovecha una coyuntura para explicar en el Congreso su conducta de ayer, su actitud de hoy y sus tendencias para lo porvenir. De todos modos nos abstenemos de engolfarnos en el revuelto mar de las infinitas y contradictorias versiones en que se agita la prensa; con tanto más motivo cuanto que esperamos que dentro de poco tiempo han de despejarse ciertas incógnitas y resolverse en definitiva problemas de importancia.

Dejando aparte las cuestiones de las legislaturas, y prescindiendo de hipótesis aventuradas sobre supuestas actitudes de hombres públicos, terminamos la presente Revista, expresando las simpatías que nos inspira el enlace que en el día de su santo verificará S. M. con la infanta doña Mercedes, tanto por la belleza y distinguidas dotes que adornan á la futura Reina, cuanto porque un matrimonio que se funda en los más puros sentimientos del corazón, y que ofrece al país tradiciones parlamentarias y constitucionales, puede ser garantía para las libertades, y fuente de prosperidad y grandeza para la patria.

FEDERICO PONS Y MONTELS.

Diciembre 13.

EXTERIOR.

A la hora que empezamos á escribir estas líneas, todo es confusión, todo duda, todo incertidumbre, en el país vecino dejado, al parecer, de la mano de Dios.

Grandes han sido los errores cometidos desde el 16 de Mayo. Había un un Gobierno parlamentario que marchaba con regularidad; los intereses estaban tranquilos; Francia, llena de júbilo y de esperanza, risueña bajo la perspectiva de la próxima Exposición. El mismo mariscal, Presidente de la República, si no tenía el entusiasmo de todos los partidos por la singular manera con que fue exaltado al poder, en cambio tenía el respeto de la opinión, y por sus prendas personales y por su alejamiento de las luchas políticas, y por el prestigio relativo con que había salido de la última guerra franco-prusiana, ofrecía garantías de que ejercería su magistratura con reposo y con elevación de miras.

Desgraciadamente estos propósitos y estos cálculos han salido fallidos. Sea por influencia de un orden doméstico, de ordinario difíciles de olvidar; sea por los intereses y por los elementos, que siempre han tenido más preponderancia en el Elíseo; sea por preocupaciones de un orden religioso; sea por estímulos de su carácter personal y de una educación política poco sóli