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nora de ser distinta de la tutela de la sociedad, con la ventaja de excitar y educar la accion individual.

Era amplísima la libertad del ciudadano romano en el orden civil. El derecho de propiedad autorizaba el uso y el abuso. El domicilio era verdaderamente sagrado. No podian entrar en el santuario de la familia los agentes de la autoridad, ni aun para practicar un requerimiento judicial. La potestad del padre y del marido no tenian limitaciones. Sin embargo, la censura, que funcionaba en representacion de un principio moral, antes que jurídico, se cernia por eisma de todas las libertades. Caian bajo la accion del censor el lujo, la crueldad, el celibato, el divorcio, y hasta el cultivo de los campos. Se encarnaba con el padre, jefe absoluto dentro de la familia, que no educaba convenientemente á sus hijos. Era un contrapeso la censura, que no tolerarian nuestros tiempos, pero que denota en la vida del pueblo romano un espíritu de que no siempre podemos darnos exacta cuenta. La suma de libertad civil de que gozaba el ciudadano romano, juntamente con la parte de soberanía que le estaba reservada, tonia por fiscal al censor y por juez á la opinion pública, al mismo tiempo que dentro del hogar funcionaba el tribunal de los parientes.

Voy á concluir, pero antes habreis de permitirme que en breves palabras os indique las diferencias cardinales entre el poder antiguo y el moderno, entre la libertad, de que los romanos gozaban, y la libertad, á que nosotros aspiramos.

Era el poder en el mundo romano un fiel representante del espíritu de dominacion, que animaba al pueblo-rey. En la esencia no encontraba límites á su accion; en su desenvolvimiento tropezaba por todas partes con dificultades y contrapesos. Se confiaba mucho en la prudencia del depositario de la autoridad pública. Era su iniciativa una poderosa palanca, con que siempre se contaba. Pero estaba subdividido el ejercicio del poder. Chocaban entre sí las diversas fuerzas sociales, representadas por Asambleas soberanas y por supremos magistrados, y de aquel choque continuo, de aquella contraposicion incesante, surgian vigorosas resoluciones, que acababa ó sostenia un pueblo acostumbrado á la disciplina.

En nuestros dias la autoridad tiene facultades mejor definidas, su organización es más perfecta, y lo mismo su origen que sus funciones están con precision determinados en la ley. Se deja menos al azar.

La libertad antigua era una fraccion ó una de las fases del poder publico. Desconocian el principio de libertad, carecian de su noción verdadera, porque el elemento constitutivo de la sociedad no era el individuo sino la fami-
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lía, y el jefe de la familia estaba por la ley investido de un poder absoluto. La libertad verdadera se confundía con la soberanía, y no era libre el que, como ciudadano, no tomaba parte en la confección de las leyes, en su cumplimiento y en la elección de los magistrados.

Hoy la libertad radica en nuestra misma naturaleza. Los derechos políticos, que antes correspondían al ciudadano, son ahora propios del hombre. Las facultades inherentes á nuestra personalidad realizan en su desenvolvimiento el derecho, y la libertad, de que están dotadas, es, por su naturaleza, sagrada e inviolable.

En el fondo de nuestra conciencia tienen su asiento incombustible el derecho y el Estado. Ambos provienen de la misma causa. Tan divina es la libertad como la autoridad.

Lo que en el mundo antiguo se encomendaba á la acción moral, en la actualidad es del dominio del derecho. Antes estaba limitada la autoridad por las costumbres, ahora está limitada por la ley. En la moderna civilización todo conspira á la armonía entre el derecho y el Estado. La libertad, que es la gran maestra de la vida, y lleva por timbre la auréola del martirio, va ganando en moderación á medida que se fortalece, y merced á la libertad llegará el hombre al más completo desarrollo de sus facultades, que es el fin de la humanidad sobre la tierra.—He dicho.

Manuel Pedregal y Cañedo.
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6.ª Conferencia.

EL PODER DEL JEFE DEL ESTADO

EN FRANCIA, INGLATERRA Y LOS ESTADOS-UNIDOS.

Señores: No era ciertamente yo quien debiera ocupar vuestra atención en esta noche, puesto que el Sr. D. Gabriel Rodríguez era el designado para hablaros de un tema interesantísimo: del socialismo de cátedra. En lugar de esta cuestión, que, como todas las sociales, desperta hoy vivísimo interés, me toca á mi dilucidar un problema que, por ser político, se halla en muy distinto caso; porque la verdades, que, en esta esfera, la época presente ha llegado á afirmar principios fijos y seguros, quedando tan sólo por vencer ciertas dificultades con que tropieza su aplicación práctica, y por dar la última mano á la teoría, deduciendo todas sus legítimas consecuencias y señalando sus últimos perfiles y contornos. De esta naturaleza es el problema que vamos á examinar, puesto que se reduce á inquirir si de los principios universalmente admitidos hoy, en lo tocante á los poderes del Estado, no hay otros que el legislativo, el ejecutivo y el judicial, según viene admitiéndose de antiguo, ó si es incompleta esta tradicional clasificación, debiendo admitirse la sustantividad é independencia de la función y del poder propio del jefe del Estado.

Ocurrióme tratar de este problema, al ver lo sucedido en Francia durante la última crisis política por que acaba de atravesar. Conservadores y republi-
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canos incurrían, á mi juicio, en un mismo error, cuando trataban de darse cuenta del origen de aquella y de su posible solución; los unos, al poner al jefe del Estado en frente del Poder legislativo, como si compartieran por igual y en el mismo respecto la dirección de la vida política; los otros, al empeñarse en considerar aquel como mero representante del Poder ejecutivo. Y como no es ciertamente este error peculiar de ese país, por eso me propongo ocuparme al propio tiempo de la función y del poder del jefe del Estado, á la par que en él, en Inglaterra y en los Estados Unidos.

Aunque á primera vista pudiera parecer lo contrario, no entraña esta cuestión aquella otra que divide á los políticos en monárquicos y republicanos; pues es evidente, que esto se refiere á la organización del poder y no á la naturaleza misma y función propia de éste. Ya comprendéis bien, que si mi intento fuera ventilar este otro problema, no hubiera escogido la monarquía inglesa para ponerla frente á frente de la república francesa y de la norteamericana, puesto que es aquélla una de las pocas á que puede aplicarse con fundamento el dicho de Benjamin Constant: que la monarquía constitucional está separada de la república por una cuestión de forma; de la monarquía absoluta, por una cuestión de fondo. No sería en verdad difícil mostráros que sólo diferencias accidentales hay entre la organización del poder del jefe del Estado de ese país y la de los otros, no obstante ser republicana en estos y monárquica en aquella.

El método que hemos de seguir para examinar el punto en cuestión, es muy sencillo, y se reduce á exponer primero los hechos, afirmar luego los principios que deban servirnos de criterio en la materia, y aplicar por último este á lo observado en la realidad, para formular el juicio consiguiente.

¿Cuáles son los hechos, ó lo que es lo mismo, cuál es la naturaleza de la función del jefe del Estado y cual el carácter de su poder en cada uno de esos tres países? Hasta, para averiguarlo, atender á las facultades y prerrogativas que se le confieren en cada uno de ellos. En Francia, el Presidente de la República tiene la iniciativa; esta facultad para pedir á las Cámaras que sometan leyes aprobadas á una segunda deliberación; nombra libremente los ministros; puede disolver el Congreso de diputados, prévia la autorización del Senado; y tiene, por último, las prerrogativas referentes á la gracia de indulto, á las relaciones internacionales, al mando de la fuerza armada, etc., que se encuentran en las más de las Constituciones; siendo responsable tan sólo en el caso de alta traición, pues que en lo demás son los ministros.

En Inglaterra, si atendéis tan sólo á lo que resulta de la Constitución escrita y á lo que dicen los antiguos tratadistas, hallareís que son nada menos
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sarios. Dueños absolutos del campo, los progresistas se dividieron y acabaron por sucumbir, ante un pronunciamento civil y castrense, tal vez el más general que se haya producido en España desde la guerra de la Independencia.

La coalición que derribó al general Espartero, no hubiera podido jamás llegar á formarse, sin la trasformacion que en el partido conservador introdujo la escuela del Correo Nacional, no le hubiera valido la reputación de partido sinceramente liberal (de que gozó á la sombra de las doctrinas que prevalecieron en su seno, de 1836 á 1844), pues no es dudoso que jamás Olózaga ni los progresistas habrían consentido en contraer alianza con un partido que hubiesen podido sospechar meditaba la subversión de las instituciones vigentes.

Desgraciadamente el desengaño fué completo. Declarada la mayoría de la Reina, por acuerdo de los dos partidos coaligados, natural era que su inteligencia cesase, realizado que fué el fin común que se habían propuesto, votada que fué la mayoría de Doña Isabel. Mas si la ruptura de la coalición era cosa prevista, la manera de haberla efectuado dignamente debió reducirse á que, siendo poder uno de los dos partidos, el otro llenase sus deberes de oposición constitucional.

Al Gabinete López, que había representado á la coalición, sucedió un Gabinete Olózaga, el que no tardó en tropezar con dificultades hijas del influjo y valimiento de que gozaba el general Narvaez, capitán general del distrito, á quien su victoria de Torrejón de Ardoz había hecho dueño de la situación. Según su costumbre, Narvaez había presentado su dimisión, y sobre admitirla ó no darle curso, verdadero nudo gordiano de aquella ruidosa crisis, hubo divergencia de pareceres en el Consejo de ministros. Aplazóse la resolución, y el Presidente, metiéndose en el bolsillo la dimisión, anunció á sus compañeros que pensaría y les propondría lo más conveniente. Desde aquel momento quedó iniciada la cuestión Narvaez, quien habiendo tomado la jefatura del partido conservador, puso todo su empeño en obtener de la Reina (á la que, por lo que podemos llamar una ficción constitucional, se había declarado mayor de edad) que negase su sanción á la medida de admitir la dimisión del capitán general de Madrid, cuando, en uso de su derecho, el Presidente del Consejo presentase el acto á la firma de S. M.
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que veintiocho ó treinta las prerrogativas de la Corona; pero, si atendéis á lo que pasa en la realidad, al efecto producido por esas reformas que llama Freeman silenciosas, que vienen operándose desde la gloriosa revolución de 1689 y singularmente durante el actual reinado, descubriréis bien pronto, que, de esas prerrogativas, unas han caído en desuso, como el veto absoluto, que no se ha aplicado desde hace ciento setenta años; otras han pasado al poder legislativo y al judicial; y las más de ellas son ejercidas hoy por el Gabinete, por esa institución que para nada figura en la legislación inglesa, puesto que para ella continúan siendo los ministros unos cuantos miembros del Consejo privado de la Reina, y, sin embargo, la realidad de su poder es tan manifiesta, que yo os ofendería si tratara de mostrarlo ante vuestros ojos. ¿Puede, sin embargo, decirse con Gneist, que allí donde se lee en los antiguos tratadistas: la Corona, debe leerse hoy: el Gabinete? Ciertamente que no, puesto que entre aquellas facultades hay algunas, como las referentes al nombramiento de ministros y á la disolución del Parlamento, que el monarca y solo el monarca las ejercita.

En los Estados Unidos, según dice terminantemente la Constitución, el Presidente de la República está investido con el Poder ejecutivo; no tiene iniciativa alguna para proponer leyes, y ni siquiera los ministros asisten al Parlamento, teniendo, sin embargo, la facultad de dirigir mensajes á este aconsejando las medidas que estime justas y convenientes; no puede nombrar libremente los ministros, pues que en 1867, las restricciones, que se le impusieron en la designación de empleados, alcanzaron á aquellos, interviniendo en ella por tanto también el Senado; tiene el veto suspensivo, en virtud del cual puede devolver al Parlamento un proyecto de ley para que se discuta de nuevo, siendo necesario para que no surta efecto la oposición del Presidente, que sea aprobado esta segunda vez por dos terceras partes de votos; y, por último, el jefe del Estado es responsable como cualquiera otro funcionario.

Resulta, pues, que en Francia, el Presidente de la República es jefe del Poder ejecutivo, aunque los responsables son los ministros; interviene en la función legislativa por la iniciativa y por esa especie de veto suspensivo que se deriva de la facultad de pedir á la Cámara una segunda deliberación; y ejerce con plena libertad la de nombrar ministros, y con la intervención del Senado, la de disolver la Cámara de Diputados. En Inglaterra, de hecho el Poder legislativo toca al Parlamento; el ejecutivo, al Gabinete; el judicial, á los tribunales; y algo, que es distinto de todos estos, como el nombramiento de ministros y la disolución de las Cámaras, toca al rey. En los
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Estados Unidos, es meramente jefe del Poder ejecutivo, aunque por el veto y los mensajes viene á intervenir en el legislativo; no teniendo la facultad de nombrar libremente los ministros, y careciendo en absoluto de la de disolver el Parlamento.

Repitiendo ahora el resumen por prerrogativas, resulta, que al jefe del Estado se le concede en Francia la iniciativa sin límites; en los Estados Unidos, se le niega en absoluto; y en Inglaterra, sólo las leyes de amnistía las propone la Corona; el veto es absoluto en Inglaterra, pero no se practica, y suspensivo en las Repúblicas de Francia y norte-americana, aunque, por razón de su forma, más eficaz en la última que en la primera; el derecho de disolución lo tiene amplio en la Gran Bretaña, limitado en el país vecino, y carece de él por completo entre los anglo-americanos; el nombramiento de ministros, libre en Francia e Inglaterra, no lo es en los Estados Unidos; en los tres países se atribuyen al jefe del Estado las facultades de aplicar la gracia de indulto, mandar el ejército, dirigir las relaciones internacionales, etcétera; y, por último, aquél es responsable, como cualquiera otro funcionario, en los Estados Unidos, sólo en caso de alta traición en Francia, y nunca legalmente en Inglaterra, aunque lo es ante el tribunal de la opinión pública á cuya acción ningún poder se sustrae.

Veamos ahora, en la esfera de los principios, cuál es la naturaleza propia del poder del jefe del Estado, á fin de averiguar, en primer término, si la función que este desempeña, consiste en una intervención más ó menos amplia, más ó menos limitada, en la legislativa, en la ejecutiva y en la judicial, ó si, por el contrario, es una función propia, sustantiva, independiente y distinta de aquellas.

Si atendieramos á lo ocurrido durante la última crisis política que tuvo lugar en Francia, nos sentiríamos inclinados á lo primero; pues si, de un lado, los conservadores ponían el poder del jefe del Estado frente á frente del legislativo, como si ambos compartieran de igual modo y para iguales fines la soberanía, de otro, los republicanos consideraban á aquél como jefe del Poder ejecutivo, aunque con frecuencia no fueran consecuentes con este supuesto; siendo de notar, que por aquellos mismos días daba una conferencia en el Colegio de Francia el distinguido profesor M. Frank, y decía resueltamente: no hay mas que tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así lo pensaba Aristóteles, y eso mismo divulgó Montesquieu, incurriendo en un error que tiene, sobre todo, por lo que hace al célebre filósofo griego, llama explicación. Siendo entonces desconocido el principio de la representación y estando regidas las repúblicas griegas por el de la democracia.
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cua directa, la función del Estado no podía diversificarse en otras que en estas tres: dictar ó declarar la ley regla jurídica de vida, hacer posible su ejecución y restablecerla cuando era violada ó perturbada, es decir, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y en correspondencia con ellas los tres poderes consiguientes.

No había necesidad de otro que fuera lazo de unión entre éstos, é intermediario entre ellos y la sociedad, porque el pueblo era por sí mismo la base directa de esta unidad y de esta armonía. Pero con el principio de la representación cambian los términos del problema, puesto que se establece una distinción, que antes no existía, entre el país y los poderes oficiales, y se pena de que la soberanía de aquél sea desconocida, se hace preciso proveer á la necesidad de que esa distinción no se convierta en separación, como sucedería si los poderes oficiales se alejaran del sentido predominante en la sociedad, de la cual quedarían en tal caso desligados. Pues éste y no otro es el fundamento del poder del jefe del Estado, cuya función, por tanto, no consiste en compartir con el país, ni con el Parlamento que lo representa, el derecho á regir la vida jurídica y política de los pueblos, ni tampoco en ser un mero ejecutor y cumplidor de las leyes que dicta aquél, y sí en procurar que entre unos y otros poderes oficiales, y entre todos ellos y la sociedad misma, que es la fuente de donde derivan su fuerza, mantenga permanentemente la armonía, que es condición precisa e ineludible para que, en todo caso, aquella se gobierné y rija á sí propia. Así, por ejemplo, el jefe del Estado debe tener, no la sanción ni el veto absoluto, porque ambos suponen en él el derecho de rechazar una ley por estimarla injusta ó inconveniente, según su criterio particular, en cuyo caso vendría á disputar á la sociedad el que tiene á declarar las reglas jurídicas para su vida, pero sí el veto suspensivo, el cual arguye tan sólo la facultad de aplazar una resolución hasta que el país, de quien hay motivos para temer que se ha separado del Parlamento, confirme ó desvanezca estos temores en unas nuevas elecciones. Debe tener el derecho de nombrar libremente los ministros, es decir, los funcionarios investidos con el Poder ejecutivo, no para elegir los que sean más de su gusto, como lo hacían los monarcas absolutos, sino para que, en su esfera, puedan secundar las miras del legislativo, y por tanto, del país por él representado. Y debe tener la facultad de disolver las Cámaras, para ejercitarla, no cuando estime equivocada ó inconveniente la marcha que éstas sigan, sino cuando juzgue que, buena ó mala, no conforma con las exigencias del pensamiento público y la voluntad social.

Y esto es tan exacto, que aún cuando sólo dos Constituciones, la de
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Portugal y la del Brasil, reconocen este poder, que llaman moderador, y que distinguen claramente del ejecutivo, en el hecho en todas partes más ó menos se admite. ¿Cómo, si no, se explica la circunstancia de que mientras ministros y diputados cambian incesantemente, el jefe del Estado queda y subsiste permanentemente, si es monarca, por un tiempo limitado, si es presidente de una República? Por la sencilla razón de que los principios en que los primeros se inspiran y que están obligados á llevar á la práctica, cambian, y según que el país acepta unos ó otros, así se suceden en el poder estos ó aquellos hombres; mientras que el principio que está llamado á realizar el jefe del Estado, es invariable, puesto que no es otro que el de la soberanía social ó del self-government. ¿Cómo, si no, se explica la pretensión de que este sea superior á los partidos y extraño á ellos? Por la razón, no méños clara, de que, como no va á aplicar una doctrina respecto de la que los partidos estén ó deban estar divididos, y sí á dar á unos y otros la misma condición necesaria para su existencia, es para todos una garantía, y desde el momento en que se inclina á uno de ellos, ha desnaturalizado su función, dando lugar á consecuencias, fatales en una República, fatalísimas, en una monarquía.

Pues apliquemos ahora estos principios, que sumariamente acabamos de indicar, á los hechos antes expuestos, y veamos el juicio que merece el carácter que reviste el poder del jefe del Estado en cada uno de los tres pueblos en cuestión.

En Francia, es manifiesta la indebida intervención de aquél en la función legislativa, como lo revelan la iniciativa y la facultad de pedir que se someta á una segunda deliberación un proyecto de ley. Aquella sólo pertenece al Parlamento, y si se estima que por razones históricas debe concederse á alguien más, dando lugar á lo que un escritor francés llama poder gubernativo;—cuestión en que ni debo ni puedo entrar en este momento,—déselo en buen hora al ejecutivo, el cual podrá proponer estos ó aquellos proyectos de ley, según los principios que á la sazón imperen en la sociedad, pero no al jefe del Estado, pues como éste, á diferencia de los ministros, no cambia, es inevitable el espectáculo de que presente hoy un proyecto en un sentido y mañana otro en el opuesto. Y por lo que hace á la segunda deliberación, revista un carácter que lo acerca á la sanción y no al veto suspensivo, tal como debe de ser; puesto que es evidente que no se trata de apelar de las Cámaras ante el país, sino de obligar á aquellas á que recapaciten, volviendo sobre lo hecho y reviviéndolo: lo cual hasta rebaja un tanto la respetabilidad del Parlamento, pues parece llevar envuelto el ejercicio de esa prerrogativa la suposición de que aquél no ha obrado con el aplomo y la discreción que eran de