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Revista de España (1877-07-01 00:00:00), página 406

REVISTA POLÍTICA

INTERIOR.

Mientras el joven príncipe que hoy ocupa el trono de España viene siendo, en las provincias gallegas, objeto de las más deferentes y respetuosas demostraciones, Madrid, bajo los ardorosos rayos del sol de Agosto, se entrega al descanso, como para reponerse del cansancio que la vida, animación y movimiento le han producido en los largos meses del pasado invierno.

Los ministerios y centros oficiales, libros de exigencias y peticiones, relegan al polvo sus numerosos expedientes, hacinados en las catacumbas; los tribunales de justicia y los altos Consejos de Administración en plenas vacaciones, mueven apenas el fiel de la balanza de Thémis; la Bolsa, ese antro de flotantes intereses, reducía á su más mínima expresión, agitase lánguidamente con la subida de los valores; los palacios, como abatidos por los rayos caniculares que durante el día bañan en fuego, desde sus elevadas cúpulas hasta sus cimientos, permanecen mudos y encantados; el salón de Conferencias, hervidero, poco há, de nuestros representantes, y centro de tantas ilusiones como de perdidas esperanzas, yace convertido en un triste panteón, que, con las inscripciones de sus bóvedas, las marmóreas estatuas de sus ángulos y sus pintados medallones, recuerdan en silencio las pasadas glorias parlamentarias, el poder de la eloquencia y la inmensísima de nuestras sangrientas guerras civiles; los aristocráticos paseos de la Castellana y del Retiro, hí poco favorecidos por el incesante aluvión de briosos corceles y
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magníficos carruajes, que invadían sus espaciosos terraplenes, entre vastas hileras de árboles frondosos, han perdido gran parte de su animación, y desde el modesto tendero hasta el pobre morador de la desvencijada guardilla, víctimas de sus deberes ó adscriptos á la gleba de sus penosas necesidades, se recatan de la sofocante y abrumadora atmósfera, exhalando hondos suspiros con las poéticas descripciones, que los correspondientes de la prensa madrileña hacen diariamente de las costas Cantábricas y de Levante, de San Juan de Luz, Cautterets, Bagnères de Luchon, ó de los deliciosos vergoles que amenizan las frescas vertientes de los Pirineos.

La política goza de completa calma; nuestros hombres públicos, alejados de la coronada villa, aprovechando el interregno parlamentario, dan tregua á sus incesantes tareas en lejanos climas, ó procuran alivio á sus dolencias en los establecimientos balnearios de España ó del extranjero; los ministros viajan, y hasta el señor Presidente del Consejo, raro ejemplo en nuestros fastos políticos! se aleja de la capital por tiempo relativamente largo; eloquente y expresivo síntoma de una normalidad garantizada en las elevadas esferas del Poder.

En tanto, los círculos y los periódicos de Madrid, privados de sus dioses y del interés que prestan las apasionadas luchas de la tribuna, sostienen, como para no enervar su espíritu y mantener sus inveterados hábitos, si no grandes batallas, combates parciales que no dejan de tener mucha importancia, porque, dicho sea con imparcialidad, cuestiones se debaten, hoy por hoy, que en el fondo encierran soluciones que poderosamente han de influir en los futuros destinos de la patria.

Los rumores del régio matrimonio; la opinión sustentada por los Consejeros de la Corona; la disolución de las Cámaras, su continuación, ó en otro caso, el llamamiento de Cortes extraordinarias, y la línea de conducta de un gran partido político, ageno á las luchas parlamentarias de la última legislatura, temas son harto trascendentales, puestos sobre el tapete de la pública discusión que, con fundado motivo, vienen hoy preocupando el ánimo de nuestros hombres pensadores.

No podemos desconocer en manera alguna la trascendencia política que los publicistas de otras épocas dieron á los matrimonios regios, y la importancia que hoy los atribuye todavía la mayor parte de nuestros hombres públicos. Durante largos años, como trasunto de previos teorías, avivadas al calor de sistemas absolutos, ha sido máxima constante sostenida por los más respetables e ilustrados pareceres de las escuelas
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liberales, la de que siendo las condiciones fundamentales de la monarquía hereditaria su estabilidad y firmeza, en vano estas se alcanzarían si los regios enlaces se efectuaren sin la intervención del Poder legislativo, considerándoles como actos de la vida privada exclusivamente subordinados al imperio de las leyes civiles, proscindiendo de los derechos que crean, de las confederaciones á que son ocasionadas, y de los conflictos que pueden producir, comprometiendo la tranquilidad ó la paz de los Estados. Hé aquí por qué los legisladores de 1869, imbuidos de estas ideas, en su afán de vindicar para las Cámaras ciertas franquicias como contrapeso á las prerrogativas regias, consignaron en su Código, caso 6.º del artículo 74, que el rey necesita estar autorizado por una ley especial para contraer matrimonio.

Respetando, como no podemos menos de respetar, una ley que desde tiempo inmemorial ha descansado sobre la sólida base de la más sabia prevision, y que en otras edades ha podido servir de valla insuperable á la arbitrariedad de los príncipes ó á conflagraciones universales, abrigámos, sin embargo, la firmeísima creencia de que, lejos de responder á necesidades, hoy sentidas, ó de ofrecer las garantías públicas que ofrecía en plena absorción de la soberanía real ó en los primeros altorres del sistema representativo, ha perdido la mayor parte de su importancia y eficacia, con las progresivas evoluciones del derecho en los países que rinden tributo al self government, bajo la protectora égida de las Cámaras deliberantes.

Enhorabuena los Concejeros de la Corona asesoren al Monarca, no sólo en la elección de la persona que con él ha de compartir las glorias ó las amarguras de su reinado, si que también en cuantos puntos se relacionan con el régio enlace, por que tales son los altísimos deberes que han de llenar los que presiden los destinos del país y merecieron la confianza del trono. Las relaciones internacionales, la conveniencia de determinados matrimonios para que la nación alcance el prestigio y la fuerza necesaria, poniéndose al nivel de las naciones más adelantadas, la oportunidad de asegurar ciertos compromisos ó garantías por medio de lazos indisolubles, la instabilidad de las libertades modernas en el concierto europeo; en una palabra, toda clase de inconvenientes ó ventajas deben elevarse por los ministros hasta las gradas del trono, sin otra norma que los intereses del país.

Por fortuna la libre elección de la Corona en los modernos tiempos no ofrece en los problemas políticos de las sociedades actuales los peligros-
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de antes, porque las facultades que los Códigos fundamentales otorgan á los Parlamentos y la limitación de la antigua soberanía en el Poder Real, contiene ó evita naturalmente la arbitrariedad impulsada por los sentimientos de familia ó los vínculos de la sangre; y los Estados, relegando al olvido preocupaciones que la experiencia condena, descansan ya en la confianza que les inspira el sistema parlamentario radicado en casi todas las acciones de la culta Europa.

Así se explica la indiferencia con que éstas modernamente han mirado ciertos enlaces, en otros tiempos clasificados de desguaces, y que entonces hubiesen producido gravísimos conflictos. Así se explica también que los diversos Estados de Europa, sólo hasta cierto punto agiten los recursos de la diplomacia para intervenir en la importante cuestión de los matrimonios regios.

Ningún obstáculo, por otra parte, se opone á que hoy por hoy los matrimonios de los monarcas dejen de estar subordinados al exclusivo imperio de las leyes civiles.

Aparte de las prerrogativas que tiene la Corona, pudiéramos citar la más trascendental sin duda, cual es, la de declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada á las Cortes. En Inglaterra, la Cámara de los Comunes puede conceder ó denegar los auxilios necesarios para los gastos de la guerra ó para levantar un ejército, y las Cortes españolas tienen, dentro de los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución del Estado, medios análogos para servir de contrapeso á la facultad del Monarca.

Creemos con M. Guizot, por lo que se refiere á los matrimonios de los reyes, y á todos los negocios públicos, que no es fácil mantener una política sistemática y preconcebida; las cuestiones de Estado son muy complicadas y mutables para sujetarlas á reglas lógicas y premeditadas, sin que por ello deba prescindirse de cierta medida de consecuencia y unidad en el pensamiento y en los actos tan necesarios á la fuerza como á la dignidad del Poder. Bajo este concepto, admitiendo la libre elección del monarca, es tan grande la órbita de los intereses modernos de un país, que bien pueden los consejeros responsables, por más que en este punto hayan sus propósitos fracasado, arbitrar medios para sostener «la medida de consecuencia y unidad en el pensamiento y en los actos tan necesarios á la fuerza como á la dignidad del Poder,» de lo contrario bajar oportunamente de las elevadas esferas del Gobierno para que otra
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de inconvenientes privilegios, sostenidos también con tenacidad por los interesados. Esos privilegios que hoy la legalidad y la conveniencia pública rechazan, se pueden compendiar en breves frases. Uno de ellos, referente á la administración de justicia, consistía en la exención de ciertas jurisdicciones comunes, y en una organización especial de jueces y juzgados opuesta á la admisión de jueces foráneos, como se decía en la real cédula de 24 de Marzo de 1489; otro privilegio era el de la franquicia comercial, al que francamente reconoceríamos un tanto merecedor de elogios; como anticipación práctica de avanzadas doctrinas económico-políticas, y que, por tanto, preferiríamos ver generalizado más bien que restringido (1), no opinando así, y ya tenemos emitidas las razones sobre la exención de todo pecho, servicio, moneda y alcabala y otra cualquiera imposición, que alegaban corresponderles como beneficio remuneratorio de los servicios que Vizcaya hacía al Rey su señor y á las Castillas con la defensa de la costa marítima, reduciéndose toda su cooperación pecuniaria y personal á los auxilios comparativamente escasos, y otorgados, como los del clero, á guisa de donativo voluntario. De agravio y mal trato calificaba Vizcaya en el reinado de Felipe III el haber sido comprimida en el impuesto del servicio de millones, y al suplicar que "se borrase, testase y atildase de las praguáticas reales lo que á ellos tocara," (gracia que acto continuo alcanzaron), concluían con las siguientes palabras: "nosotros quedamos obligados á defender nuestra muy querida y amada patria, hasta ver quemada y asolada esta señoría, y muertos mujeres é hijos y familias, ó buscar quien nos ampare é trate bien;" frases energéticas, que con la última amenaza que contienen, nos traen á la memoria el derecho personal que el fuero atribuía á los señores castellanos de abandonar el servicio y dependencia del Rey. Y aún nos falta recordar otra prerrogativa más grave, que equivale á una protesta de independencia; la de obedecer y no cumplir las cartas contra la libertad, ó sea contra fueros.

(1) Hé aquí las palabras del fuero de Vizcaya. (Ley X, tit. 1.º) «Otrosí, dijeron, que habían fuero, uso y costumbre y libertad, que los dichos Vizcaínos, hijos-dalgo, fuesen y sean libres y esentos para comprar y vender, ct recibir en sus casas, todas et cualesquier mercadurías, así de paño como de hierro, como otras cualesquier cosas, que se puedan comprar et vender, según que fasta aquí siempre lo fueron.»
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política, aconsejada por circunstancias diversas, responda á las nuevas etapas de la Monarquía.

De todos modos nosotros, que fácilmente nos explicamos las intervenciones interiores y exteriores á raíz de aquellos tiempos en que un soberano fracasó desle su trono exclamaba: El Estado soy yo, y cuando más tarde, repuesta la Europa de las catástrofes producidas por todo género de alianzas procuraban los Reyes por activas mediaciones, garantías de paz que mantuvieran el equilibrio de las potencias en el Viejo Continente, no podemos por menos, alejados de circunstancias especiales que ya pasaron, de devolver al derecho civil lo que por una necesidad duradera, pero al fin y al cabo transitoria, formó parte del derecho político.

Desde 1812 hasta 1817, Francia, Inglaterra, Austria y otras naciones no perdieron medio alguno para que su intervención poderosamente influyera en el matrimonio de Doña Isabel II. Cansados los soberanos de las convulsiones pasadas, encaminaron sus esfuerzos á la obtención de garantías en favor de la paz pública, evitando que el nulace proyectado pudiera dar, andando los tiempos, preponderancia á ninguna de las naciones de Europa. Luis Felipe, al cabo de trece años de coger la corona, quiso establecer una confianza absoluta, un acuerdo cordial y sincero entre París y Londres, concordia que según él, significaba el interés real de dos países y constituía el verdadero alcanzar de la paz de Europa.

Con este propósito M. Pageot hizo cuanto pudo para que oficialmente no apareciese la candidatura del duque de Aumale, inpidiendo al mismo tiempo, que la corona de España saliera de la casa de los Borbones, cuyas ramas se estendían por gran parte de los Estados europeos. Metternich, proclamando en alta voz que ninguna nación tenía el derecho de formular pretensión alguna frente á frente de la independencia de un Estado soberano en aras de la paz, no ocultaba sus deseos por una transacción que significara en España la conciliación de los dos opuestos principios que habían luchado entre sí desde la muerte de Fernando VII. Los propósitos de aquel célebre hombre de estado no eran otros que el del matrimonio de la Reina Isabel con el hijo de D. Carlos, empresa considerada por todos, absolutamente imposible. Inglaterra, en fin, persiguiendo también el objetivo de la paz, declaraba por los labios de hombres tan ilustres como Aberdeen, Robert Peel y Palmerston que la española Península se hallaba investida de todos los derechos y privilegios que pertenecen á un estado independiente, y que por lo tanto podía celebrar, sin intervención alguna, las alianzas matrimoniales que juzgara
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Convenientes. Sólo un temor asaltaba á los célebres hombres de Estado de la Gran Bretaña; el de que la oficiosidad de otros gabinetes, lejos de producir garantías, comprometiera en lo sucesivo las libertades constitucionales que ya fulguraban en Europa desde las Cámaras de Westminster. Quizás deberíense á este recelo las simpatías que Inglaterra mostró particularmente, y sin interés mayor, por el príncipe de Coburgo.

Fuerza es convenir, de todas maneras, en que las circunstancias especiales que atravesó la Europa desde 1842 á 1817, no pueden servirnos de ejemplo, que los matrimonios de la Reina Doña Isabel y la infanta Doña Fernanda pusieron término á intervenciones que seguían distintos derroteros, y que, ya entonces, Inglaterra, país clásico de la libertad y del derecho, se declaraba adversaria de toda mediación. Nosotros, avanzau lo más por este camino, y planteando el problema dentro de nuestras fronteras, lo resolvemos con la libre elección del monarca, dada una Constitución con las garantías necesarias y un sistema representativo digno y sinceramente practicado. En suma, sostenemos la libertad de elección en el Monarca, sin más intervención por las Cámaras que la de mediar en los contratos y stipulaciones matrimoniales, porque éstas, aún cuando son patrimonio del derecho civil, afectan, ó pueden afectar, á los intereses del país, y en este concepto sométense también al dominio del derecho público. Hé aquí por qué, con el criterio de la libertad, somos en este punto partidarios del art. 53 de la Ley fundamental del Estado, pareciéndonos menos aceptable el art. 74 de la Constitución de 1869, aun cuando tributemos á la obra de los legisladores de Setiembre el más puro incienso desde el fondo de nuestro corazón. Hé aquí por qué, sin desconocer las ventajas del Código político, derogado ya, abogábamos con frecuencia por la necesidad de ciertas modificaciones, aparte de las reformas que los tiempos y las circunstancias aconsejarán; que no hay Ley, por fundamental que sea, que resista á los embates de la experiencia, tanto más cuanto que el frío exámen y la severa práctica se sobrepone al tumultuoso choque de las agrupaciones parlamentarias, ó á la pasión política de los legisladores.

No entraremos nosotros en cierto orden de consideraciones ni descenderemos á detalles, objeto de una parte de la prensa de la capital, porque aun cuando pudiera argüirse que se trata de hechos futuros que importan á toda una nación, firmemente creemos que ciertas cuestiones solo pueden debatirse, con elevación de miras, en las altas esferas de la política y de la Historia. Tampoco hemos de engolfarnos en la inagotable
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série de hipótesis difundidas al calor de las lides periodísticas sobre el aplazamiento del matrimonio régio, como consecuencia de razones de Estado, alegadas por los Consejeros de la Corona, ni en los pronósticos nebulosamente aventurados sobre el nuevo giro que los acontecimientos políticos puedan tomar con el viaje á la Granja del duque de Montpensier, y, mucho menos sobre las probabilidades de que, según los sucesos, surja una cuestión de Gabinete y á ella siga una crisis inevitable, porque difícil es emitir juicios exactos sobre tan importantes asuntos, sin tener ciertas y seguras premisas; pero, de todos modos, bien podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que para el caso de realizarse el matrimonio del Rey, dentro de poco tiempo, no podrán para los efectos de la Ley fundamental, reunirse las Cámaras hasta principios del año próximo ya que, terminada la legislatura de 1877 á 1878, no es posible que las Cortes se convoquen antes, á no ser que estas obtenga un carácter de extraordinarias.

No participamos de la opinión sustentada por algunos periódicos y sostenida en círculos de la capital acerca de la disolución de la Cámara popular y la parte electiva del Senado, por más que, á juicio nuestro, pudiera depender principalmente de un partido político, abstenido de toda participación en las luchas parlamentarias, porque si el matrimonio de S. M. el Rey se realizara, no ha de perdonar medio alguno el Gobierno para que la notificación de tan fausto suceso se haga solemnemente en las Cámaras en presencia de todos los partidos políticos; ó, en otro caso, si el acontecimiento se aplazara y no surgiera la crisis por muchos vaticinada, no sería natural ni lógico que el Gabinete, presidido por el Sr. Cánovas del Castillo, iniciara los debates en otra legislatura con los escaños de la izquierda despojados.

El partido constitucional, en tanto á la prensa de Madrid discute con creciente interés su actitud de hoy y sus propósitos para lo porvenir, sigue en sus tiendas esperando con calma á que trascorran los ardorosos meses de la estación presente, dispuesto á salir de su abstención si así lo aconsejan futuras y previstas eventualidades.

Enemigo de una política que pueda lanzar al país á todo linaje de aventuras, y deseoso de poner término, de una vez para siempre, á catérriles y desdichadas convulsiones, uno de sus órganos en la prensa, Los Debates, ha enarbolado la bandera de la izquierda dinástica, obedeciendo á la patriótica idea de fundir en una grande agrupación á los elementos liberales del país, y evitar grupos intermedios que, imposibl-
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ltando el turno regular y armónico de dos grandes partidos, reproducen, con grave peligro del sistema representativo y de las instituciones, el ostracismo y el divorcio á que el antiguo partido progresista fué desgraciadamente condenado durante pasadas administraciones. No pretendía el referido diario, al enarbolar la bandera de un gran partido, la abdicación de los principios que sostienen ciertos elementos de precedencia revolucionaria, porque por más que á la derogada Constitución de 1869 sucedió el Código fundamental de 1875, aceptado y discutido por la izquierda constitucional, las libertades y derechos que desaparecieron, ó se menudieron cuando menos, como producto de la incontrastable fuerza de los acontecimientos, exigen imperiosamente, á su juicio que los partidos políticos vecinos, poniéndose en las condiciones materiales de los tiempos, empiecen la obra de la reconquista, persiguiendo su ideal de etapa en etapa, si necesario fuese.

Con efecto; Inglaterra nos ofrece innumerables ejemplos de ministros wigs, que suben á poder para plantear una sola reforma, legando, á más lejanos tiempos, la realización de otras aspiraciones. Cavour trinige con los conservadores, y aplaza para más tarde las libertades públicas, con el objeto de dar cima á la unidad de la patria; y Depretis, partidario del sufragio universal, sube á la presidencia, prescinde de toda reforma electoral, atiende á las más apremiantes necesidades de Italia, y gobierna con una carta otorgada.

¡Triste suerte la de nuestro país!

Federico Pons y Montels.

Madrid, 11 de Agosto de 1877.
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EXTERIOR.

Cuando el Sr. D. J. Ferreras escribió su revista de la quincena anterior, ocupaban la atención en todo el mundo las huelgas de los Estados Unidos. Comenzaban apenas por aquellos días, y habían despertado en Europa una curiosidad mal satisfecha por el telégrafo, el primero en avivarla con relatos de verdaderas batallas y conflictos espantosos, que ningún otro pueblo hubiera tenido vitalidad bastante para soportar sin grave trastorno del sosiego público. El tráfico estaba en suspensión desde los grandes lagos hasta el Potomac y el Ohio, y desde el Hudson al Mississippi; las milicias locales hacían causa común con los huelguistas; en poco tiempo se elevaban los perjuicios á cuatro millones de duros, y las grandes poblaciones de aquel inmenso territorio veían caer sus caminos comerciales, repentinamente, sin antecedente ni síntoma ninguno, en poder de los trabajadores rebelados. Era un movimiento espontáneo de la necesidad, pero parecía una confabulación laboriosa del cálculo. Los Estados Unidos no habían visto nunca huelga tan considerable; aun allí, donde por justa proporción y medida de los maes y los bienes, á menudo traspasan aquellos los límites en que suelen contenerse para el europeo, no faltaba motivo de inquietud en todas las clases sociales.

Sería imposible decir cuánto se ha escrito y disertado en Europa acerca de esta conjuración formidable del trabajo, ó á qué extraño género de controversias ha dado ocasión y argumento.

Huelgas como las de los Estados Unidos son casi un espectáculo nuevo, poco menos que incomprensible, para los pueblos de nuestra ra-