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si el Consejo podía o no admitir recursos como el que los encausados promovieran; si se conocía la escarcelación en el procedimiento puramente legal de la milicia y si, en el terreno de la ley, pueden los Capitanes Generales de los Distritos acordar prisiones o libertades en la forma que hoy practican.

Tenemos para nosotros, que el Consejo Supremo de la Guerra no es un cuerpo simplemente consultivo, y que los que tal afirman incurrían en un error crasísimo, pues si bien ese alto Cuerpo tuvo solo en sus primitivos tiempos dicho carácter, así en los asuntos de Gobierno como en los de Justicia, pertenecientes á la jurisdicción extraordinaria de Guerra (pues en la ordinaria militar obró siempre con atribuciones propias) es por que entonces se hallaba retenida en manos del Rey la Justicia militar; pero hoy, meramente conservando dicho carácter consultivo para los asuntos de Gobierno, tiene para todos los negocios de Justicia jurisdicción propia, como verdadero y Supremo Tribunal en el Ejército, por más que conserve la denominación de Consejo. Y cuenta que la jurisdicción propia, conferida en tiempos del absolutismo para determinados asuntos de la jurisdicción extraordinaria militar por la Real Cédula de 12 de Febrero de 1816, no podía menos de conservarla al advenimiento del régimen representativo, porque, descansando éste principalmente en la división de los poderes, ha establecido de una manera precisa y terminante en todas las Constituciones que la Justicia se administra por los Tribunales en nombre del Rey, no por el monarca, ni por sus Ministros, ya que de otro modo el poder ejecutivo se confundiría con el judicial, destruyendo la sabia teoría de Montesquieu, aceptada y planteadá en todos los países constitucionalmente regidos. El desenvolvimiento del principio, en virtud del cual se suprime la jurisdicción retenida del Rey en el Ejército, no se ha completado por lo que se refiere á los oficiales, hasta hace poco tiempo, en los Reales Decretos de 19 y de 24 de Julio de 1875, desde cuyas fechas ningún proceso militar debe remitirse al Ministerio de la Guerra: y así como todos se ultiman por sentencia del Consejo Supremo de la Guerra, cuando hubo disentimiento por parte de los que deben intervenir en la aprobación de los fallos inferiores, el Consejo Supremo, por su cualidad de superior de todos los Consejos de Guerra y de cuantos administran justicia en el Ejército, tiene anexa por concesión, la facultad de corregir y castigar á todos los que, administrando justicia militar, faltan á sus deberes, ora al dictar sentencias, ora en la tramitación de las causas y en todos los incidentes, pudiendo, por consecuencia, enmendar y desaprobar lo que necesario fuere con arreglo á derecho.

Usando de estas atribuciones, el Consejo Supremo de la Guerra mandó
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poner en libertad á los señores Domenach y Barahona, procesados en la Isla de Cuba como contratistas de suministros al Ejército, dejando, no obstante, al arbitrio del Capitán General del Distrito el suspender la ejecución de este acuerdo si así lo requerían las actuaciones posteriores al testimonio que el Consejo Supremo tuvo á la vista. La providencia fué directamente comunicada al general Jovellar.

Háse sostenido erróneamente por la prensa ministerial que el acuerdo no fué puesto en conocimiento del Gobierno, y que esta circunstancia es un requisito indispensable. Asumiendo como asume el Consejo Supremo la plenitud de jurisdicción para entenderse directamente con los Capitanes Generales en asuntos de justicia, el Gobierno no puede tener en ellos la menor intervención; pero, después de todo, supónese, con fundamento, que el Ministerio tuvo noticia extraoficial de la providencia, sin que se manifestara hostil á ella hasta que llegó á sus oídos que el general Jovellar había dimitido.

Trascurridos dos meses y cumplimentada la providencia, el Consejo Supremo recibió, según se asegura, una Real orden en la que el Gobierno consignaba que el Consejo había admitido ciertos recursos, extralimitándose de sus atribuciones, pidiendo al mismo tiempo informes sobre todo ello. De aquí que se suscitaren las cuestiones que anteriormente hemos indicado sobre la facultad de admitirse por el Consejo recursos como el que entablaron los procesados; sobre si este podía dar una providencia de escarcelación y sobre si está autorizado para acordar prisiones ó libertades en la forma que se practica. Por de pronto, haciendo caso omiso del procedimiento anormal y que al parecer no correspondía á los procesados, cuestión de pura incomprensión de los tribunales, ocurre que el Consejo Supremo de la Guerra, como superior en la administración militar de justicia, tiene concedida la facultad de imponer correcciones disciplinarias y originar responsabilidad á todos los que en ella intervienen, con sujeción á las leyes especiales, y en su defecto á las comunes; y sería absurdo suponer que no pueda enmendar las irregularidades de procedimiento de que tenga noticia ni tampoco atender á las quejas sobre abusos que se cometan durante la sustanciación de los procesos.

Al refundir los fueros ordinario y extraordinario en uno sólo, no se dictaron reglas sobre la manera de interpretar las quejas, y esto, á lo sumo, pudiera demostrar que existe la imperiosa necesidad de un Código de procedimientos, pero no es lícito sancionar la imposibilidad de atender quejas, en cuanto sean legítimas, pues equivaldría á reconocer que no es posible re-
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frenar la arbitrariedad y utilizar contra males gravísimos la vigilancia, las enmiendas y las correcciones. No es, pues, de sustentarse la idea de que la escarcelación no se conoce en el procedimiento legal de la milicia, tanto más cuanto que tampoco se conoce en él la prisión como hoy se entiende y práctica, y en último término, si los inmutables principios de justicia exigen que los infelices que sean vejados tengan un recurso de queja, claro está que dada la actual organización de los tribunales militares, sólo puede el conocimiento de este recurso corresponder al Supremo Consejo de la Guerra.

La actitud del Tribunal que hoy se halla en disidencia con el Gobierno á efecto de la revocación de su providencia y la orden dada por el señor ministro de la Guerra, disponiendo la prisión de los contratistas, no ha dejado de ser digna y mesurada; limitóse el Consejo á rechazar por unanimidad de votos la pretensión que en su seno surgió para revocar la providencia de escarcelación y, por lo que se dice, sigue manteniéndola porque, además de creerla justa, entiende que la dictó con plenas facultades. Con seguridad, tan respetable cuerpo emitirá el informe por el Gobierno solicitado, con la elevación de miras y la varonil independencia de un tribunal que sostiene los fueros de la justicia y las garantías tan necesarias como indispensables á los intereses generales de la sociedad.

Con el respeto que nos merecen siempre los poderes constituidos no podemos menos que declarar que en tan importante cuestión se ha infringido, en nuestro humilde concepto, el art. 76 del Código fundamental sancionado por la Corona en 30 de Junio de 1876, dando origen al más grave conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial. En menoscabo de la santidad de una providencia firme dictada por un tribunal de justicia, no solo se ha ordenado una revocación que á todas luces pugna con las facultades concedidas y respetadas por las leyes, si que también, para cubrir la arbitrariedad con el manto de inconcebibles pretextos, hase tratado de desvirtuar indirectamente la naturaleza de uno de los más elevados Cuerpos de la nación, encerrándole dentro de los más estrechos moldes.

El Decreto-ley de 16 de Abril de 1869, al cual se acude equivocadamente para demostrar el carácter simplemente consultivo del Consejo Supremo de la Guerra, dice al pie de la letra, en sus artículos 1.º y 2.º: "queda suprimido el Tribunal Supremo de Guerra y Marina," "se establece un Consejo Supremo de Guerra, cuya competencia y atribuciones serán las mismas del Tribunal á que sustituye, salvo las modificaciones introducidas en ellas por los Decretos del Gobierno Provisional de 6 y 31 de Diciembre último."

No puede sostenerse, á nuestro juicio, que las funciones del Consejo Su-
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premo de la Guerra, al establecerse, fueron distintas de las que hasta entonces había venido ejerciendo el Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Los Decretos-leyes de 6 y 31 de Diciembre de 1863 se circunscribieron á disminuir el número de asuntos en que debía entender la jurisdicción de Guerra y llevarlos al fuero ordinario común, pero en los negocios, que en el fuero de guerra quedaban, no introdujeron reforma alguna ni en el modo de tramitarse ni en las atribuciones y manera de funcionar de los Tribunales que en ellos entendían.

El preámbulo del repetido Decreto-ley de 16 de Abril de 1869 no deja lugar á dudas acerca de su verdadera significación puesto que uno de sus párrafos, dice que "la competencia establecida por los decretos citados, al destinar los delitos comunes del oficial en activo servicio que se someten á la jurisdicción de Guerra y los delitos militares que puedan perpetrar paisanos, reconoce el imperio de la ley común en el Ejército y hace precisa la existencia de jueces y Tribunales que la apliquen."

En otro párrafo se expresa lo siguiente: no cabe, por lo tanto, alterar la organización que tiene entre nosotros la justicia del ejército sin exponerse á perjudicar acaso la justicia del país, organización por cuyo medio se juzga con arreglo á Ordenanza el delito militar, y con arreglo á las leyes del país el delito común." Y concretando más y más, se manifiesta lo que sigue: "en tal concepto, el ministro que suscribe entiende que sólo es posible reducir el número de ministros del actual Tribunal Supremo y los empleados en él, organizándose un Consejo Supremo de la Guerra."

Está, pues, plenamente demostrado que el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, como el Consejo Supremo de la Guerra, tuvo siempre jurisdicción propia en cierta clase de asuntos, á la par que en otros funcionaba sólo como corporación consultiva; y es evidente que éstos, sujetos en tiempos primitivos al fuero ordinario de guerra, se ampliaron por Real Cédula de 12 de Febrero de 1816, en lo relativo á las causas falladas en Consejo de Guerra ordinario y algunos otros negocios, habiéndose dictado, desde entonces, diferentes resoluciones acerca de competencias, tramitación y atribuciones disciplinarias, sobre todos los que administran justicia en el ramo militar, sin excepción de los capitanes generales de Distrito, apareciendo, en último término, como complemento los Reales Decretos de 19 y de 24 de Julio de 1875 y la Real Orden del 26 del mismo mes y año. Estas disposiciones legislativas acabaron por completo con la parte de justicia que por otras anteriores y no derogadas tenía retenida el Monarca, pasando en virtud de dichos Reales Decretos y disposiciones aclaratorias al Consejo Su-
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premo de la Guerra, con todo lo cual tuvo debido cumplimiento el artículo 76 de la Constitución del Estado.

Examinada, pues, la cuestión, que tanto ha preocupado los ánimos, bajo el punto de vista legal, y teniendo en cuenta la conducta que ha observado el Gobierno con su inconcebible intervención, fuerza es reconocer que se ha cometido un atentado grave contra el precepto de la Constitución y la sagrada independencia de un Tribunal, dando lugar, con verdadero asombro, á un conflicto cuya solución no se nos alcanza si el Consejo mantiene la integridad de sus atribuciones y el Gobierno insiste en la revocación de la providencia.

La extensión de la presente Revista nos impide ocuparnos de otras cuestiones surgidas durante la última quincena, que no entrañan méritos importancia y gravedad que la motivada por el auto de encarcelación de los contratistas de Cuba. Aludimos al reciente bautizo de dos niños, hijos de una persona perteneciente á la religión evangélica, en Iznatoraf, llevado á cabo con violencia moral, y con entera impunidad, á pesar de las leyes penales, y á la cuestión suscitada en el seno de la comisión de Códigos sobre la definición y sentido de la palabra manifestación, que ha originado acaloradas controversias, produciendo visiblemente una incomprensible y sorprendente antítesis entre las opiniones del Gabinete y el precepto constitucional por un lado, y las del señor ministro de Gracia y justicia por otro.

De ambas cuestiones nos ocuparemos en la próxima Revista con la extensión y detenimiento que requieran.

FEDERICO PONS Y MONTELS.

25 Octubre 1877.
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EXTERIOR.

Nuestras predicciones de la última Revista referentes á las elecciones en Francia, se han cumplido, pero se han cumplido en una medida que no podíamos presumir á la vista de las grandes violencias y recursos de todo género empleados por el Gobierno para torcer la voluntad del país.

En los últimos cinco meses, los ministros, pudiera decirse que no han pensado mas que en el 14 de Octubre, en procurar á la política autoritaria una mayoría en la Cámara popular que legitimará el acto del 16 de Mayo.

Renovaciones de prefectos y subprefectos, cambios de funcionarios del orden judicial, secuestro de periódicos, insinuaciones imperativas á las empresas de ferro-carriles, la especie de monopolio que, por artes bien poco escrupulosas, han ejercido los ministros en materias de publicidad; las imprecações á los republicanos de la disuelta Cámara, por medio del Boletín de los Comunes, los procesos á Gambetta; no se ha perdonado medio para obtener un triunfo que, en medio de gritería confusa y escandalosa, anunciaban por adelantado los órganos de la coalición gubernamental.

No debe, por lo tanto, haber quedado remordimiento alguno á M. Fourtou de haber olvidado recurso, fuerza ni ardid que no haya esgrimido para hundir á sus adversarios; pero llegó el 14 de Octubre y la victoria, como bajo la administracion Buffet, se declara por los republicanos; pero una victoria, en concepto nuestro, grandemente valiosa é importante por los grandes intereses que se reían, y por las resistencias colosales que ha sido preciso vencer para tocar estos resultados.

De 533 diputados que componen el Cuerpo legislativo, han sido elegidos en el primer escrutinio 321 republicanos, á los que hay que añadir cuatro de
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taré sólo los siguientes, por lo característicos. Cuando Badía viajaba por África, en la primera década de este siglo, vió cultivar melones, higueras y vides cerca de Alejandría, en un desierto de arena tan movediza, que se hundían los caballos hasta el estribo; al efecto, abrían zanjas de ocho á diez pies de fondo y talud muy pendiente, y en su fondo se cultivaban las mencionadas plantas, á beneficio de la humedad que no lejos encontraban las raíces en aquella profundidad: también era un sistema de zanjas lo que proponía años después una Revista catalana, para cultivar en los secanos patatas, legumbres y hortalizas, después de haberlo acreditado la experiencia en el Jardín Botánico de Barcelona, y un sistema de escabaciones profundas en la arena, hasta dar con alguna subterránea, constituye los famosos navazos de San Lucar. Cuando Bowles viajaba por España, tuvo ocasión de conocer en Reinosa á un particular que cultivaba en secano, y sin riego, plantas de regadío, cubriendo el suelo con lasas taladradas en el centro, unidas unas á otras, y plantando coles al través de ellas, una en cada agujero; merced á lo cual, libre el suelo de una evaporación excesiva, se mantenía continuamente fresco como si se regara: Rozier practicó después este sistema de cultivo, con baldosas construidas ad hoc, y taladradas convenientemente. Admirable modelo de esta clase de conquistas alcanzadas por el espíritu individual sobre la Naturaleza, nos ofrecen también los berberiscos del Suda, en la antigua fertilísima provincia de Numidia, hoy playa infecunda del Sahara oriental: en medio de la abrasada arena abren un hoyo en forma de embudo, de 10 á 12 metros de profundidad, y con los escombros forman alrededor un terraplen que proporciona sombra; en el fondo de este hoyo plantan una palmera, cuyas raíces van á buscar el agua que corre á pocos pies; y en las pendientes, y á la sombra de la palmera y del terraplen, siembran arbustos y legumbres. Cuando el viento del desierto pasa por encima y entierra este cultivo singular, el pacífico númida toma la pala y comienza de nuevo sus trabajos de excavación. Así produce una gran parte de los dátiles que expenden nuestros comerciantes de ultramarinos, y así se enriquece el berberisco del Suda, en cuyo aspecto se revela una vida más sosegada y un bienestar más cierto que en sus vecinos los de Túnez y Argelia.

En montaña escarpada ó en arenal ardiente, nunca hay motivo
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las posesiones que en América posee Francia, y siete que se espera con fundamento triunfen en las segundas elecciones que el 28 del corriente mes habrán de celebrarse en aquellos distritos donde resultó empate; total, 335 diputados republicanos contra 193 distribuidos entre los grupos diferentes de la coalición gubernamental, donde siguen preponderando, como en la disuelta Cámara, los hombres adictos al imperio.

Ha quedado, por lo tanto, en una completa y brillante derrota la política desacertada, en 16 de Mayo, sugerida al mariscal y derrotada en medio de un movimiento electoral, de que no hay memoria en los anales políticos de la Francia, pues se aproxima á nueve millones la suma de los votos emitidos.

¿Puede, sin embargo, presumirse que este resultado haya obedecido á los naturales impulsos del sufragio universal, inclinado con frecuencia á las soluciones menos conservadoras y juiciosas? En tesis general, y sin pararnos en país determinado, el problema planteado en la pregunta precedente, requiere meditado estudio, y no es tan fácil una conclusión categórica; pero si el argumento pudiera tener su natural y legítima fuerza en labios de hombres y de partidos que siempre hayan recelado del sufragio universal por lo propenso que puede ser á mover con peligrosa violencia las sociedades, en boca de los imperialistas de allende y aquende los Pirineos, no tiene la más liviana fuerza.

El instrumento de combate y el asiento de la organización de los bonapartistas, es cabalmente el sufragio universal, que lo han empleado con prodigalidad y con orgullo en todos sus plebiscitos. Si ahora este instrumento se ha vuelto en su daño, podrán resolverse contra su mala suerte, pero no contra un procedimiento electoral que constantemente glorifican.

Seamos, sin embargo, sinceros; algo más, mucho más que el voto atropellado é iracundo de las masas indoctas y concupiscentes, ha habido en las últimas elecciones francesas. De estos votos, los republicanos han podido disponer en las ciudades; pero en cambio el Gobierno habrá encontrado á millares electores dóciles en el campo, y váyase lo uno por lo otro. No estriba en esto el secreto de la última elección que tan terribles amarguras ha debido llevar al espíritu confuso del Mariscal. Lo luminoso y lo importante de la elección está, á juicio nuestro, en que la política del 16 de Mayo es una política sin apoyo en las clases ricas, productoras, juiciosas é inteligentes de Francia.

Conviene no confundirse por el resplandor de ciertas aparariencias. A los consejeros del Mariscal no los han vencido los republicanos históricos, no los ha vencido el amor ardoroso y consciente que los franceses puedan
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sentir de improviso por las instituciones republicanas; los ha vencido, en primer lugar, su insensata política, que no conducía mas que al caos ó á la guerra civil, y después los ha vencido toda esa suma de intereses y de fuerzas, que, alrededor del comercio, de la industria y de la producción, quieran y quieren reposo, que precisamente ha venido á alterar el Mariscal desde el momento en que se ha entregado á los autoritarios.

Es posible que en los ulteriores desenvolvimientos de una política republicana y de un Gobierno de hombres republicanos, surgieran sus peligros y sus peligros de consideracion; pero la verdad es, y nadie que tenga sentimientos de rectitud puede negarlo, que esos peligros no existian al ser despedido con tan pocos miramientos el bondadoso Julio Simón. Y como no habia esos peligros, y brotaron luego otros más verdaderos y cercanos con la exaltación de Broglie y Fourtou, las verdaderas fuerzas conservadoras de Francia, esto es, las fuerzas que trabajan, que producen y que piensan, á quienes acusaban y acusan de trastornadores, es á los ministros del mariscal, que unos del campo legitimista, otros imperialistas, quien orleanista, quien ultramontano, no podian construir nada sólido, y si levantar aspiraciones e intereses quizá precursores de un paveroso choque.

Pero he aquí el error de muchos conservadores demasiado pasados de moda, en España y en Francia. Piensan que por gritar que los intereses y la sociedad están en peligro, todo el mundo se va á alarmar, y sin otra reflexión pedir un salvador; y no observan que cabalmente los intereses, por su esquisita sensibilidad, no necesitan de voces de alarma ni se satisfacen en sentido contrario con explicaciones tranquilizadoras. Si en Francia no se han alarmado los intereses, y este extremo se halla perfectamente comprobado, claro está que la honda mudanza, sin motivo bastante á cabo llevada en 18 de Mayo, había de llenarlos de inquietud, y así ha sucedido, pues ni el pretérito de la publicidad de las sesiones en los pequeños municipios, ni la orden del día en oposición á los ultramontanos, eran razones suficientes ni siquiera medianas para despedir á Julio Simón; más claro para arrojar el guante á todas las agrupaciones liberales.

Es posible que teniendo más paciencia el Mariscal, y esperando con calma el desarrollo natural de las cosas, es posible, decimos, que las exageraciones que en el porvenir hubieran podido cometer las izquierdas realmente alarmañan á opinión, y esta entonces hubiera armado el brazo del jefe del Estado para defender los grandes intereses de la Francia; pero pasar el Rubicon cuando lo pasó el Mariscal, cuando son públicos y notorios los actos de prudencia y de moderación llevados á cabo por los republicanos, así en las