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Volviendo á nuestro propósito, repetiremos que la primera tributacion que merece recordarse, toda vez que ha resistido al transcurso de los siglos, permaneciendo subsistente en una u otra forma, es la conocida con el nombre de Alcabala.

Sin entrar á discutir si es la expresion corrompida Al-que-vala, algo que valga; del verbo hebreo cabal, recibir y artículo al; ó como otros pretenden, de la voz latina guadella con que se dice que los romanos denominaban una imposicion análoga, ello es que semejante derecho aparece, creemos que por vez primera, en un fuero de poblacion, de Villafria, otorgado por Fernando I en 1039 (1), por más que tuviera poca importancia entonces, pues los autores más diligentes no hacen mención de él sino como concesiones especiales de los reyes, citadas por el Sr. Pinilla, hasta 1341, reinando Don Alonso, en que se otorgó este impuesto de guerra que estaba llamado á tan larga existencia, como tal vez alcance el que con igual objeto se ha establecido en el último período, por mal nombre apellidado revolucionario. No debía durar aquel impuesto más que mientras se sostuviera el cerco de Algeciras; pero tomada esta plaza, y para sostenerla así como otros castillos fronteros á los moros, se prorrogó seis años por las Cortes celebradas en Burgos en 1343, así como en las de Alcalá de 1349 se amplió su continuacion de una manera indefinida, si no fue en las de Burgos, como otros escritores pretenden.

Luego de aclamado por rey Enrique II, hubieron de rechazar la concesion algunos reinos, notándose que las Cortes celebradas en Palencia en 1388 para la Costa ordinaria ó para cumplir guerra gruesa é viva con Portugal, acordaron dar alcabala, según el año pasado, añadiendo la condicion de que si la guerra cesase en dicho año en todo ó en parte, "lo que romaneciese fuera descontado ó abajado, ó en caso de que algo sobrase de las alcabalas ó que no se dispensase en la Costa ordinaria á fin de que en provecho ó relevamiento de las cosas que acaecieren para vuestro servicio, esto otorgan por dos años."

Gallardo, al adicionar el Ripia, dice que se perpetuaron las alcabalas rebajando al 10 por 100 el tipo de pago que antes era

(1) Este fuero fue adicionado en 1045, disponiendo que los vecinos pagasen al abad del Monasterio de San Pedro de Cardeña la veintena del precio de todas las ventas que verificasen.
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del 20 por las Cortes de Burgos, que hemos citado, y que se celebraron al advenimiento de Don Enrique; pero D. José Canga Argüelles lo contradice, apoyándose en la Coleccion manuscrita que poseía de las Cortes de Castilla, y de las celebradas en la misma ciudad en 1373, 77 y 79, por no constar semejante acuerdo, siendo de opinión que la perpetuidad de esta contribución fue más bien obra del tiempo que de concesión otorgada por el Cuerpo representativo de la Nación, sin que haya sido fuerte á impedirlo, la decidida repugnancia de los pueblos, las vejaciones de torpes ó aviesos recaudadores, y las dignas palabras que Isabel la Católica escribió en su testamento. Habíanla representado si las alcabalas se podían llevar en buena conciencia; en cuya virtud prevenía á sus hijos hicieran examinar su origen para conocer si fué temporal ó perpetuo, y hubo libre consentimiento de los pueblos, y si ilegítimo, hicieran luego juntar Cortes para que dieran orden sobre los tributos que justamente debieran imponerse para sustentación del Estado, con beneplácito de los reinos.

El escrúpulo de la gran reina debió ser infundado, ó poco profundo y concienzudo el exámen, si es que efectivamente se verificó cumpliendo su mandato, pues las alcabalas, durante tres siglos y con arreglo á las 146 leyes del Cuaderno de 1491, continuaron cobrándose sin cuidarse gran cosa de la mayor ó menor legalidad que hubiera para verificarlo. (1)

(1) Según dichas leyes, el tributo debía pagar el vendedor, y estaban sujetos á él las ventas de bienes de todas clases, salvo algunas excepciones por razón de las personas que contrataban ó de las cosas objeto del convenio. Así no lo satisfacían:
1.º El rey ni la reina por las cosas que enajenaban, no quedando obligado á hacerlo el comprador, ó no ser que aquellos vendieren el aceite de Sevilla, que entonces venía obligado el adquirente á pagar la mitad de la alcabala.
2.º Las iglesias, monasterios, hospitales, cofradías y lugares religiosos y piados, que como tales gozaban del privilegio de la Iglesia, y los prelados y clérigos, aunque fueran de menores órdenes, teniendo beneficio eclesiástico, no debían alcabala de las ventas que hicieran de sus bienes, pero sí de lo que vendieran ó trocaron por vía de negociación ó tráfico.
3.º Los comendadores de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan, en las ventas de frutos de sus encomiendas, á excepción del de yerbas en donde hubiere costumbre de pagarla.
Algunas personas y familias, en remuneración de sus especiales servicios al Estado, y también determinados pueblos que gozaban de este privilegio.
4.º Tampoco devengaba el impuesto la venta de los bienes del difunto, para descargo de su alma y conciencia, para distribuir y gastar en misas y oficios divinos, para
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Y no solo subsistió este impuesto, sino que se aumentó con los cuatro unos por ciento sobre el diez que se pagaba por las ventas y permutas. Estos cuatro unos se crearon: el primero en 1639, tres años después el segundo, el tercero en 1650, y el cuarto en 1665.

Las necesidades públicas, la falta de dinero con que atenderá los gastos de las continuas guerras, la consiguiente insuficiencia de los tributos y la imperiosa precisión de allegar fondos, hicieron arbitrar el recurso de enagenar las alhajas de la corona. ¿Podía esto hacerse?

En el Fuero Juzgo, en el Fuero Real, en los Establecimientos y Ordenamientos de las Cortes de Castilla y de la antigua corona de Aragón, en multitud de leyes, pragmáticas y declaraciones solemnes de los monarcas, se determina de una manera explícita y terminante la prohibición de enagenar ninguna renta, oficio, derecho o regalía de la corona; y si alguna excepción se hizo, fué en el concepto de que únicamente sería valedera durante la vida del rey que la otorgara, y nunca más allá. Se estableció en el Fuero Juzgo que el rey no diese las cosas pertenecientes al señorío, mandando que esta promesa la renovase el sucesor al empuñar las riendas del Gobierno; en el Fuero Viejo, sancionado por Don Sancho, se expresa: "Estas cuatro cosas son naturales al señorío del rey que non las debe dar á ningun home, ni las partir de sí, ca pertenecen

limosna, alimentos y ayuda de dotes á pobres, redención de cautivos y otros usos pios, cuando aquél expresaba, especial ó generalmente, los bienes que para los mencionados fines se habían de vender, gastar ó distribuir.

La de todo género de pan cocido.
La de caballos, yeguas, mulas ó machos de silla, ensillados y enfrenados, y a de pobres, siendo la primera, y hecha por los criadores de caballos de casta.
La de la moneda.
La de los libros, así en latín como en romance, encuadernados ó por encuadernar, escritos de mano ó de molde
La de cautivos, ganados y otras cosas que se sacaban de tierra de moros en tiempo de guerra y se vendían en el reino.
La de pinos para las astarazanas de Sevilla, si juraba el comprador ser para ellas.
La de armas ofensivas y defensivas.
La de naves y bageles, siendo de la armada ó dispuestas para ello.
La de los sepulcros de las iglesias, cosas sagradas de éstas ó dispuestas para el culto divino.
La de medicinas, compuestas por los boticarios.
La de falcones, azores y demás aves de caza, y otra porción de artículos que sería prolijo enumerar."—Estudios históricos, teóricos y prácticos acerca del impuesto sobre derechos reales, publicados en la Revista de este ramo por D. Teobaldo Fejarnés.
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á él por razon de señorío natural, justicia, moneda fonsadera y sus yantares, ca todo es justicia del rey é non cae en otro home ninguno." En el Fuero Real dice el Don Alfonso el Sábio: "Mandamos que quando quier que venga finamiento del rey, todos guarden el señorío y derechos del rey á su fijo ó á la suya fija que reine en su lugar; é los que alguna cosa tubieren del rey que pertenece á su señorío, luego que supieren que el rey es finado vengan á su fijo que reinare despues dél á obedecer y fazer su mandamiento."

Ciento que las Córtes de Alcalá, en tiempo de Alonso IX, permitieron la enagenacion de las fincas y regalías de la Corona, pero no podian darse de otro modo que con arreglo á las leyes fundamentales: esto es, limitándolas á la vida del Rey concedente ó hasta los nietos del donatario, porque, según Campomanes, "sobre ser pacto y convencion jurada con los Reyes desdeque se fundó la monarquía, la inalienabilidad perpetua de las regalías, hay entre las mismas leyes de las Partidas algunas que terminantemente lo aseguran."

Todos los monarcas habían jurado y aceptado el compromiso de no dar ni vender las cosas pertenecientes á la corona; así como las enérgicas peticiones de las Córtes conminaban con la excomunición, autorizando el alzamiento y rebelion contra el soberano que olvidare sus juramentos, no omitiendo nada para evitar las desmembraciones, llegando á establecerse en Aragon aun con mayor energía que en Castilla, pues que si el rey hacía alguna donación, estaban autorizados los vasallos á la desobediencia, y á resistir sus mandatos con las armas en la mano y viva fuerza, sin que se pudiera perseguir al que, oponiéndose á la segregacion de bienes, ocasionase alguna muerte, declarando delincuentes de Jesa magestad á los que aconsejasen, firmasen y obtuviesen dichas donaciones. Juramentos, excomuniones, voluntad de los pueblos y de los reyes, ¿que podian contra la inflexible ley de la necesidad?

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La inalienabilidad del patrimonio, pues, está escrita, siquiera haya sido letra muerta, en la legislacion de los reinos, aunque indique lo contrario quien tratando de la revocacion ó más bien transformacion de una gracia concedida al Conde de las Torres, expresaba en estos términos: "que no se habla en la orden, del mayorazgo del patrimonio, de ser inalienables los bienes de este, ni de
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TURQUÍA (1)

VIII

Frecuencia de los fuegos.—Cuidados de los perotas.—Lo que son los incendios en Constantinopla.—El de 1865.—"Yanghui var."—Los tulumbachis.—Cronología especial.—El domingo 5 de Junio de 1870.

Todo europeo que llega por primera vez á Constantinopla se admira de oír con tanta frecuencia hablar de los fuegos; y si el recién llegado es fumador, puede estar seguro de recibir en las primeras veinticuatro horas, cuando menos otras tantas saludables advertencias sobre las precauciones que debe emplear para impedir que caiga un fósforo en el suelo al sacar la caja de cerillas, que arroje la que ya ha servido sin estar del todo apagada, que salte sobre la alfombra una chispa del cigarro, etc. Y todas estas lecciones, que durante el día se le prodigan, son de nuevo prolíficamente repetidas, al descansar una buena noche, por la hacendosa patrona que le hospedó por el celoso sirviente que ha admitido en su casa á su llegada. Y, fumador ó no fumador, raro será el viajero que antes de dormirse la primera noche no consagre algunos momentos, si no

(1) Véase el número 216.
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nada parecido. Las facultades omnímodas de la Monarquía absoluta no eran puestas en duda (1).

Por respetable que sea esta creencia, la consideramos infundada, y aunque interrumpamos el orden que nos hemos propuesto, vamos á explicar, ó más bien á hacer una ligérissima indicación de lo que á dicha gracia se refiere.

El conde de las Torres hubo de prestar distinguidos servicios á la dinastía en la guerra de sucesión, y queriendo recompensarlos, Felipe V, entre otras mercedes, le concedió la Albufera de Valencia, ignorante como estaba de que dicha finca pertenecía al patrimonio de la Corona y que la Legislación prohibía terminantemente que la donase. Disfrutándola se hallaba el conde cuando, por la iniciativa de los Fiscales del Consejo y después de un juicio seguido al efecto en los tribunales superiores, si no estamos equivocados, se reincorporó la finca á la Corona el año de 1761, señalándose en equivalencia la pension de 76.000 rs. (no de 73.000, como se dice), que continuó abonándose hasta que las Cortes de 1840 la eliminaron del presupuesto, fundándose en que si los servicios recompensados eran á la dinastía, y si el Real Patrimonio poseía la Albufera, al mismo correspondía, en doble concepto, satisfacer la pension.

Suponemos que ni la Hacienda ni el Patrimonio volvieron á pagarla, hasta que en 1848 el marqués de Alcañices, como conde de las Torres, promovió expediente en el que no se examinó la legitimidad del derecho, si la donación fue graciosá ó remuneratoria, si la sucesión directa del conde de las Torres había terminado y con ella la causa del deber, nada de eso; solo se trató de determinar quién había de pagar la pension, declarándose lo verificase el Tesoro, y desde entonces, y confirmado por un real decreto de 1859, el marqués de Alcañices ha disfrutado la pension de 76.000 rs. que como carga de justicia ha figurado en los presupuestos de gastos; y decimos ha figurado, porque recientemente, así esta como otras pocas, entre ellas una análoga que percibía el duque de Berswick y de Alba de 120.000 rs. anuales, han sido convertidas en Bonos del Tesoro, procediéndose con acertada prevision al utilizar un acuer-

(1) Número 42 de esta Revista: El Patrimonio real bajo la monarquía absoluta, por D. Fernando Cos-Gayon.
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do legislativo que no podrá generalizarse con profundo pesar de los demás poseedores de cargas de justicia.

Digna de meditarse nos parece la circunstancia, sin duda no tenida presente, de que los servicios prestados en la batalla de Almansa (1) para asegurar una dinastía, hayan sido pagados en definitiva con el papel creado por una revolución triunfante que destronó á la misma dinastía.

Paréceños, sin metermos en otras profundidades, que la inalienabilidad como principio se conservaba, y que si un rey, desconociéndola, donó graciosamente una allhaja, los tribunales la reivindicaron á la Corona, recompensando, con una pension que ha pagado el Tesoro de la Nación, los servicios del conde de las Torres, y del general afortunado de la batalla de Almansa.

Siguiendo el curso de nuestras indagaciones, que un momento hemos abandonado, porque dada la ilustración de la persona, tenía autoridad á la frase que antes copiábamos, repetiremos que el derecho en la monarquía absoluta no consentía tales egresiones del patrimonio real.

Hipócritamente al principio, cual cosa natural después, con incalificable despilfarro y falta de imprudencia siempre, enajenaron los reyes cuantos derechos, imposiciones y oficios encontraron, creando para vender lo que algo valía y lo que á la vanidad, comodidad é interés de los particulares convenía adquirir por bajo precio, ó cuanto la astucia cortesana podía recabar, simulando ventas para lo que de usurpaciones podía calificarse.

No creemos se juzguen exageradas estas calificaciones, méños expresivas y elocuentes que las palabras de Enrique IV en las Cortes de Ocaña el año de 1569, en las que excitado y obligado fuertemente por los procuradores, no encontró mejor medio de excusarse de quebrantamiento de lo que juró en las de Salamanca, que confesar lo había hecho por necesidad inevitable que le ocurrió por defender su real persona, para atraer así á los caballeros á fin de que le sirviesen, ó para que non le destruyeran.

(1) "Al menos ahora no se sacan del Tesoro de España, por orden de Luis XIV, dos millones de pesos para sobornar al almirante inglés que se hallaba en Gibraltar, ni cien mil doblones para ganar al general holandés que mandaba el cuerpo de tropa que debía operar en la batalla de Almansa. En el primer tercio del siglo XVIII, España suministró á la Francia para sus guerras y proyectos, 1.537 millones."—La Hacienda de nuestros abuelos, por D. Modesto Fernández y González.
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Unas veces bajo el pretexto especioso de poner correctivo á los abusos, aunque solo fuera buscando un recurso con que atender á los siempre crecientes gastos, y otras porque la conciencia de leales consejeros lo promoviera, se dictaron multitud de acuerdos para anular las donaciones, y para gravarlas con juros á que se daba el hombre de situados.

Y era en verdad este último un remedio heróico, porque los tales situados, llegando en no pocos casos á ser más importantes que el total producto de las alcabalas, daban el resultado, no muy legal, pero sí efectivo, de que los dueños abandonasen su derecho á percibirlas, con lo cual obtenía doble beneficio el Erario.

Juro, aceptando la definición oficial (1), era un censo ó imposición sobre las rentas del Estado que se gravaban á favor de particulares ó corporaciones, con la circunstancia de que á las formalidades ordinarias se unía la de estamparse en las cédulas el juramento ó promesa del rey al cumplimiento de lo convenido, de lo cual se ha creído vulgarmente derivaba su nombre, que tiene origen en la calidad de renta anual perpétua, ó al quitar, hereditaria ó trasmitible por juramento de heredad.

Los juros tuvieron su origen á fines del siglo XII ó comienzos del XIII en el reinado de Don Alfonso VIII de Castilla, quien no teniendo manera de recompensar servicios hechos en la guerra contra infieles, concedió ciertas rentas con este nombre por vía de merced, y cuyo pago se verificaba entonces en trigo, cebada, sal, etc. Pero estas imposiciones fueron, sin embargo, poco generalizadas, como otras de las que hemos hablado hasta el reinado de los Reyes Católicos, los cuales, para atender á los gastos de las guerras en que se vieron comprometidos, tuvieron precisión de tomar á censo los capitales que les ofrecieron, estipulando el interés á razón de catorce, veinte y treinta mil al millar, pagadero de los productos de las rentas de la Corona. Este fué su principio: la idea pareció bien, como sucede con todas las que sirven para reunir dinero, sin que nadie de los que las aceptan se preocupen gran cosa de los resultados y consecuencias que puedan traer para el porvenir, y dicho se está que se utilizó en cuantas maneras y conceptos, que llegan á doce, se consideró posible.

(1) Colección legislativa de la Deuda pública.
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Los juros, pues, proceden, unos de caudales entregados, ó tomados para las urgencias del Estado; otros de recompensas de servicios militares ó palaciegos; de bienes ocupados; de pago ó satisfaccion de alcances de asentistas, y finalmente de los llamados de medias anatas ó sea importe de las medias anualidades que dejaron de satisfacerse á los juristas por haber dispuesto los monarcas, con calidad de restitucion, por supuesto, de las rentas hipotecadas, y no habiéndose reintegrado, se encontró esta manera de indemnizar convirtiéndolas en capitales, que así iban á gravar sobre las rentas antiguas, alcabalas tercias, servicio y montazgo, salinas, cochinilla, solimán y azogue, puertos de Portugal y secos de Castilla, diezmos de la mar de Castilla, soda de Granada, azúcar, almojarifazgos mayores de Sevilla é Indias, lanas, naipes, casas de moneda, nieves, islas Canarias, esclavos negros, millones de primera y segunda situacion; como las modernas rentas del pescado, cientos, servicios, media nata de mercedes, papel blanco, azúcares y conservas, cacao, chocolates, extraccion ó regalia de Sevilla y Málaga, primeros, segundos y terceros dos reales de lanas y 1 por 100 de las mismas, millones de tercera, cuarta, quinta y sexta situacion, 8.000 soldados, renta del tabaco, papel sellado, etc.

La penuria, siempre creciente, exigió la creacion de gran cantidad de juros: las rentas sobre que se imponian eran insuficientes para cubrir el importe de aquellos, y de aquí el que con la excepcion consiguiente á favor de los hospitales, conventos de monjas, fiestas al Santísimo Sacramento, redencion de cautivos y memorias de misas por las ánimas del Purgatorio, los descuentos situados y valimientos redujeron el producto de los juros hasta un punto de que al que debía percibir 100.000 maravedises de su renta primitiva, le quedaba esta suma reducida á 14.000 si era situada sobre las antiguas ó á 11.000 en las modernas, porque, según manifiesta oportunamente el Sr. Fernandez Heredia, los recursos administrativos y económicos de la época, no sugirieron otra idea que la de formar con esta clase de acreedores un verdadero concurso.

Pobre remedio y mezquina idea de verdadera bancarrota que habría sido rechazada con indignacion en nuestros dias porque la ciencia ha llegado á mayor grado de perfeccion, procediéndose en consecuencia á la solucion de las cuestiones económicas y de crédito con un acierto que enaltecerá debidamente la historia y alabará
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la posteridad agradecida al abundante manantial de recursos que legaremos á los españoles del siglo xx. Estos acaso adopten, para disminuir las deudas, alguno de los procedimientos por nosotros empleados, ó si son más justos y celosos del crédito, contando, lo que es mucho suponer, con dinero sobrante, sigan en este punto el ejemplo de Fernando VI respecto á los juros, que fué el de que la Hacienda comprase los que voluntariamente se vendieran; pero añadiendo que pudiéndose recetar hubiese habido baratería en la adquisición de los que no se hallasen en los herederos de las personas que os constituyeron, se averiguase la legítima propiedad. Lo cual no fué obstáculo para que el mismo monarca decretase al año siguiente del en que mandó hacer la compra, esto es en 1749, que eran viciosos, usurarios y de ningún valor ni efecto todos los juros constituidos de intereses separados ó unidos al descubolso principal, á los asentistas proveedores y personas que prestaron sus caudales en las urgencias de la corona, fundándose en que los que proveían en especie, con el precio llevaban la ganancia, y que los que surtieron de metálico lograron, además del interés estipulado, otro premio con pretexto de adehalas ó introducción de créditos ó libranzas en lo que debió ser efectivo dinero, que en conciencia no podía reconocerse. Hé aquí justificada nuestra opinión de que el Estado no ha tenido escrúpulo en faltar á sus compromisos; pero en cambio el pueblo hebreo ha sido, es y será el mismo, siquiera su estado actual y sus condiciones sociales hayan venido progresivamente mejorando desde los primeros monarcas de Castilla hasta nuestros días, conservándose tradicionalmente el tipo de prestamistas usurarios que envuelven en la comun ruina al Tesoro y á los acreedores de buena fe.

No habremos de ocupar la atención con los antiguos derechos señoriales que constituían el patrimonio real en la corona de Aragón. Los diezmos, derecho de Cops, corrales reales y algunos otros, debían tener importancia, aunque hay quien presume que el más considerable era el de Lleuda de mar y tierra, que reunía condiciones parecidas al de la alcabala y almojarifazgo de Castilla. Daremos, pues, algunos detalles recogidos en ratos de ocio, y que nos parecen curiosos y algún tanto instructivos.

La Lleuda, según el Sr. Canga Argüelles, era un derecho enf-