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téutico de origen inmemorial que se cobraba en Valencia y Cataluña, reducido al pago de un tanto por peso, número ó medida de los géneros y artículos que pasaban por tierra, y de los que conducían las embarcaciones por los mares entre Mallorca y Menorca, y desde Tortosa á Cabo de Creux; derecho enfitéutico por más que no parezca muy exacta dicha denominación, que se desconoce si en este mismo concepto le disfrutaban los reyes de Aragón, los cuales siempre conservarían el dominio directo, cediendo el útil como aparece en algún caso, á pesar de la oscuridad que se advierte en estos asuntos.

No hemos podido, por dicha circunstancia, averiguar si el derecho de Lleida, según queda expresado, era, como se pretende, el mismo que el de Lezda, que se percibía en Barcelona por la introducción de mercancías y de exportación en las que salían de aquel puerto (nos inclinamos, sin embargo, á creerlo); ni si era aquella prestación de carácter señorial, y por lo tanto comprendida en la ley de 6 de Agosto de 1811; así es que nos limitaremos á resumirlo que en el particular puede decirse consta.

Por instrumento otorgado en Barcelona á 10 de Noviembre de 1296, el rey Don Jaime II de Aragón hizo cesión en enfitésis perpétua e irrevocable, á Pedro Burqués y Bernardo Marquet, y sus sucesores, del derecho que á dicho monarca pertenecía de la Lezda de mar y tierra de Barcelona, declarándoles la posesión con tal que hicieran el debido pago; concediéndoles para el día de la Santa Cruz, de cada año sucesivo, dos morabetinos alfonsinos de oro, satisfaciendo en cambio los adquirentes por cada uno de aquellos nueve sueldos de monedas de Barcelona, de terno.

Si los antecedentes que recordamos son exactos, el precio en que Burqués y Marquet adquirieron el dominio útil del citado derecho, fué una cantidad de pimienta, evaluada en la suma de ochenta mil sueldos de Barcelona, de terno. Cuál era el valor de éstos, no lo conocemos suficientemente; pero ateniéndonos al Tratado de monedas antiguas de Cataluña, escrito por Sallat, y según una tabla de reducción que lo facilita, doce sueldos de terno equivalían á 19 reales \( \frac{1}{4} \) maravedís de vellón. De forma que el valor de la pimienta recibida por el rey Don Jaime representa una cantidad de 129.075 rs.

Nada aparece en los papeles que revisamos de lo que ocurrió res-
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pecto á la Lezda en los siglos sucesivos; así es, que supondremos continuarían los interesados y sus descendientes en la pacífica posesión de la cobranza del impuesto, hasta que, promovida la guerra de sucesión, el Pretendiente austriaco, bajo el título de Carlos III, reunió Cortes en Barcelona el año de 1706, para ocuparse de los asuntos de pública utilidad al Principado; las cuales, por consecuencia de la resolución acordada en el capítulo 79 declarando puerto franco el de Barcelona, propusieron á la aprobación del Pretendiente el capítulo 106, que se titula: "Suspensió del dret de lleudas real y de mediona y la subrogació y permuta de aquell." En dicho capítulo se establecía y ordenaba la suspensión en Barcelona del cobro del derecho de Lleuda, y para indemnizar al real Patrimonio del rey como señor feudal ó señor directo, y los señores ó poseedores útiles ó otros cualquiera interesados, se les subrogaba con un derecho de 16 sueldos en carga de aguardiente, 4 en la de vino, y 2 en la de vinagre que entrase en la playa, muelle ó dentro de la ciudad.

Habiéndose posesionado el rey Felipe V, una vez terminada la guerra, de todos los derechos de la ciudad de Barcelona, como castigo de su rebeldía y reintegro de lo que adeudaba, ordenó el restablecimiento de las Lleudas con destino al Erario del monarca; pero una corporación respetable y de poderosa influencia en aquella época, ó sea el Cabildo de la iglesia catedral en concepto de uno de los principales co-partícipes, reclamó contra esta disposición y obtuvo sentencia del Tribunal de la Superintendencia de Cataluña, publicada en 17 de Marzo de 1717, en la cual se condenaba al real Fisco á satisfacer á los partícipes las 3.974 libras devengadas por equivalente de las expresadas Lleudas en los años de 1715 y 1716.

Así hubieron de seguir las cosas hasta que, en 1838, considerando la autoridad política de Barcelona que el derecho de Lezda se hallaba comprendido en la ley de 1811 que queda citada, previno cesase la subrogación dispuesta en el siglo anterior; pero una real orden de 31 de Agosto de aquel año desaprobó la medida, que de nuevo fué adoptada por la Junta de vigilancia y seguridad pública de dicha capital en 27 de Octubre de 1841, resolución confirmada por orden del Regente del reino de 16 de Noviembre siguiente, reservándose á los interesados el reclamar la indemnización que correspondiera, aprobada que fuera por las Cortes. Pero vino la ley de
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presupuestos de 1845, y, como consecuencia de ella, clasificados fueron los poseedores del dominio útil de la Lezda en iguales términos que los de Alcabalas, previniéndose el año de 1846 se les liquidasen los productos en idéntica forma, según así se verificó, y desde entonces viene figurando como carga de justicia en este concepto la cantidad de 184.864 rs. anuales.

Como tributo análogo de la alcabala, se creó el del catastro por real cédula de 25 de Enero de 1716, estableciéndose que los pueblos e individuos del reino de Aragón contribuyeran con la cantidad anual de ocho millones de reales en equivalencia de las alcabalas y demás rentas provinciales que se pagaban en Castilla. Así tuvo efecto, haciendo el repartimiento en los trece partidos de que se componía dicho reino, señalándoles el cupo con que debía contribuir cada pueblo, encargando á las justicias y regidores procedieran á la subdivisión entre los vecinos con proporcionar las rentas, caudales, tratos y lucientes, comprendiendo á los forasteros que las tuvieran dentro del término, y sujetando á este pago á los nobles y exentos, sin más diferencia que la de figurar en padrón separado del en que se consignase á los plebeyos, siendo la única excepción admitida la de los pobres de solemnidad, que fueron eliminados del impuesto.

Reducido á cinco millones el total de esta contribución en 1718, se recargó en 1766 con 168.000 rs., y en 1780 con otro millón más, destinado á la construcción del canal imperial, habiéndose fijado definitivamente aquella suma en diez millones, según lo ordenado en 1816.

El catastro de Cataluña se dividía en tres clases: tributo real, tributo comercial y tributo personal. En este último contribuían todos los artesanos menestrales y jornaleros mayores de catorce años, según la instrucción formada por la Intendencia en 20 de Diciembre de 1735. Este documento y los términos del impuesto, merecían estudiarse en vez de ser relegados al más completo olvido, y lo decimos porque en ellos podría haberse encontrado la manera de resolver dificultades económicas suscitadas en estos últimos años, aprovechando su conocimiento á los futuros regeneradores de nuestra hacienda.
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El equivalente de Valencia y la talla de Mallorca representaban una suma anual de 7.762.000 reales bajo la base de diez pesos por cada vecino en el primero, y un total de 480.000 reales en el segundo, rigiéndose por reglas análogas á los expresados.

Sin detenernos en la Sína, concedida por las Cortes de Toledo á Carlos I, consistente en la rehija de cierta cantidad en los pesos y medidas porque se vendían los artículos de consumo, ni en la renta de la Abuela que se pagaba en el reino de Granada por las ventas de cal, yeso y ladrillo, é insistiendo en hablar de las alcabalas, añadiremos, que sus poseedores las administraban por sí, las daban en arrendamiento, ó las encabezaban con los ayuntamientos, causando perjuicios, vejámenes y molestias á estos, aunque aquellos también experimentasen disgustos, contradicciones y peligros que el interés les impelia á arrostrar, á pesar de algún espantoso ejemplo, tratado de imitar en nuestros días, de ahorrar por los pies ó tostar á fuego lento á desgraciados alcabaleros.

El desconocimiento de que muchos de estos derechos se disfrutase con justo título; los abusos denunciados; los clamores de los pueblos y principalmente la obediencia á tantas leyes y pragmatícas que declaraban nulas todas las egresiones de las alhajas de la corona, reclamaban resoluciones energicas y decisivas; pero siempre hubo de troppezarse para dictarlas con dificultades y con el temor justificado de ser peligroso para la paz del reino lastimar los intereses de los magnates ya que no fueran los de los favoritos.

Fernando VI consagró atencion preferente, como hemos dicho, á la obra de reincorporacion intentala con mediano éxito; Carlos III hubo de emplear mayor rigor en la real cédula de 15 de Enero de 1760, mandando que los contadores de privilegios no confirmasen ninguno que careciera del requisito de la confirmacion cumplido en los tres reinados anteriores; Carlos IV reprodujo en 15 de Marzo de 1789 la misma disposicion, mostrando razonable propósito de depurar estos oscuros y complicados negocios, siempre entorpecidos por influencias palaciegas, ó aviesas intrigas de los que temian verse arrebatar lo que olvidaban pertenecia de derecho al Estado.

Durante los reinados que acabamos de citar es innegable,
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se mostró decidido empeño en la reivindicación de los expresados derechos, debido especialmente á la eficacia, rectitud y energía del ilustre conde de Campomanes y del marqués de la Corona, fiscales del Consejo de Castilla y del de Hacienda: en el Diccionario de Hacienda del Sr. Canga Argüelles se encuentra la larga relación de las incorporaciones verificadas, después de sostenerse largos y reñidos pleitos y de haberse reintegrado á los poseedores de aquellos en cantidad de setenta y cuatro millones de reales; pero la satisfacción que produce lo patriótico del propósito, se aminora al conocer el frecuente ejemplo que se ofreció de vender inmediatamente á la reversión cosas que antes ni después debieron enagenarse.

Continuando el antiguo propósito, á principio de este siglo hubo de constituirse una comisión gubernativa y de Libros reales exclusivamente encargada de examinar la legitimidad de las donaciones hechas por los monarcas y de las demás egresiones verificadas, para facilitar la reincorporación de lo que no estuviera justificada la posesión por título oneroso ó debidamente adquirida su propiedad. La misión era difícil y espinosa, puesto que había de lucharse con la falta ó confusión de los antecedentes, el favor e influencia de muchos interesados y la escasa protección y apoyo que prestaba el Gobierno. Para conocer lo primero bastará mencionar que según la proposición de D. Alfonso Valentín Bravo, que estuvo encargado de organizar dicha comisión, había indispensable precisión de examinar los datos siguientes, cuya enumeración hacemos por ser detalle digno de conocerse: los 1.932 libros titulados Registro general de Corte ó sello real, comprensivos desde el año de 1475 hasta el de 1636, considerados como el manantial más precioso de donde podían sacarse noticias utilísimas, bastantes á suplir la falta de papeles perdidos ó extravíados; los libros denominados de lo Salvado; los 249 legajos correspondientes á Hacienda por las ventas de villas, lugares, desmembraciones y otras cosas, desde el año de 1560 al de 1592; los 413 libros de averiguaciones de alcabalas y tercias que se mandaron hacer en 1596, en los cuales estaban comprendidos los de las Secretarías, escribanías de Cámara, órdenes, etc.; los que se titulan Diversis de Castiella, que eran 21 legajos de mucha antigüedad, copiosos datos y admirables noticias que se refieren, aunque no correlativos, á los años desde 1214 hasta el reinado de Felipe II y pertenecieron á la an-
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al temor precisamente, al examen poco agradable de las probabilidades que pueda haber de despertarse rodeado de llamas. En cuanto á las personas de espíritu timido, seguro es que han de pasar largas horas de insomnio.

Porque la idea del fuego está siempre presente á la imaginacion de aquellos habitantes. Es, puede decirse, el tema obligado de sus conversaciones; y así como en nuestras visitas se habla casi siempre de los paseos, de los teatros ó del tiempo, allí, como no hay teatros ni paseos, no se hablaria más que del tiempo si la preocupacion constante de los espíritus no tuviera en los incendios un asunto inagotable de conversacion. ¡Qué de recuerdos terribles! ¡Qué de siniestros presentimientos!

Tentado estaria uno á creer que todo esto, que parece una manía y que de hecho constituye en algunos una perturbacion mental, era solamente efecto de un terror infundado, ó ponderacion al menos de un peligro ordinario, exagerado por el calor de aquellas imaginations orientales. Pero ¡ah! desgraciadamente no es así; y á poco que el extranjero llegado á Constantinopla pese el valor moral é intelectual de las personas que le hablen de los incendios, teniendo por fuerza que prestar crédito á palabras uniformemente repetidas por todos los labios; á poco que á la fe otorgada añada el testimonio de su propia observacion, y las ocasiones no tardarán en presentarse, se convencerá bien pronto de que el fuego está muy lejos de ser un riesgo imaginario.

Los incendios son, en efecto, una de las calamidades que pesan sobre la capital de Oriente, y revisten en ella formas y proporciones completamente excepcionales. En nuestras ciudades, Madrid por ejemplo, un fuego consume rara vez una habitacion, siendo extraordinario el caso de arder el edificio entero, y considerándose como una catástrofe, como una verdadera conflagracion, que por lo demás tiene lugar cada quince ó veinte años, el que devora media docena de casas. En Constantinopla la cosa es diferente: un fuego en que se queman dos ó cuatro casas, á nadie llama la atencion: cuando son pasto de las llamas 15 ó 20 viviendas ó almacenes, se dice: "Ha habido fuego en tal barrio," como si se hablara de la cosa más natural y corriente: es preciso que arden algunos centenares de edificios, que desaparezcan manzanas enteras para que el público tome alguna parte en el suceso, lamentándolo ó
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tigua secretaría de Gracia; los 352 libros de Registro de dicha Secretaría, comprensivos del período que media desde 1.º de Enero de 1433 á 9 de Octubre de 1626; los 21 tomos, aunque truncados, de los Bularios y noticias que remitió de Roma el célebre Juan de Berzosa; multitud de documentos existentes en el archivo de Simancas, relativos á Alhajas y rentas de la Corona, y finalmente el archivo del suprimido Consejo de Hacienda, en cuya respetable corporación se ventilaron y debatieron largamente los derechos del Estado. Compréndese fácilmente que, si tanto había que examinar, la empresa no era llana y hacedera, pudiendo suponerse que, por mucho que fuera el celo, se arredraria ante la magnitud del trabajo, adoptando el sistema cómodo y sobradamente repetido de entretener el asunto ocupándose en promover consultas ó incidentes de escasa importancia, únicamente oportunos para ganar tiempo.

De presumir es, que otra circunstancia contribuiría eficazmente: la envidia por los merecimientos de Bravo, debió apoderarse de algunos que le hostilizaban y maltrataban sin piedad, dando lugar á que aquél renunciase el cargo, malográndose el principal objeto con que la Comisión se creára.

Era Bravo, según se colige de varios de sus escritos que tenemos á la vista, hombre de muchos estudios y conocimientos en la paleografía; coleccionador de noticias y documentos importantes; narrador ameno y escudriñador incansable de los secretos contenidos en los archivos. No hay noticia referente á que publicase ninguno de sus trabajos, lo cual es sensible, porque algunos contienen referencias y datos curiosísimos, cuales son los que contiene la genealogía del Príncipe de la Paz, en la cual se rinde abundante tributo de adulación al poderoso valido, sin embargo de que Bravo revela en sus escritos carácter irascible y poco sufrido. Debe suponerse que la desgracia, acaso la miseria, doblegarían su altivez, obligándole, siguiendo el espíritu de la época, á pedir protección al único árbitro de dispensarla, según se manifiesta en un memorial dirigido por conducto de D. Manuel Sixto Espinosa, documento que original poseemos, escrito de puño y letra del interesado, que por las formas, noticias y observaciones que expresa, trasladaremos íntegro, creyendo no desagradará conocerlo á nuestros lectores, siquiera porque á un hombre de mérito y desatendido se refiere.

JUAN GARCÍA DE TORRES.
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ESTUDIO SOBRE SUCESIONES INTESTADAS.

El estudio del Derecho es una verdadera sima sin fondo. La legislación más perfecta deja abierto el campo á dificultades que la inteligencia más perspicua y la más sagaz prevision no alcanzan á adivinar. Solo el curso ordinario de las cosas, la accion lenta, pero eficaz, del tiempo, permiten que se planteen y resuelvan interesantísimos problemas que hacen del Derecho la ciencia más importante, más variada y más difícil de cuantas es dado imaginar.

Ocurre, no obstante, que, en algunas materias, la opinión general, en todos los pueblos y en todas las épocas, les imprime cierta permanencia que se eleva á la categoría de dogmática; de forma, que si alguien presenta una tesis contraria á lo unánimemente establecido, el sobresalto es grande, si grande es la autoridad y el prestigio de quien expone ó decide conforme á esa nueva y no generalizada opinión.

Vamos á plantear un debate sobre materia muy importante de sucesiones intestadas, que, sobre su trascendencia en el terreno especulativo y puramente teórico, la tiene también en el orden social, y es además de oportunidad práctica en los momentos mismos en que trazamos estas líneas.

Trátase de saber si un pariente colateral legítimo ha de ser preferido, ó por el contrario postergado, en la sucesión del intestado por un ascendiente ilegítimo del mismo. En otros términos, y bajo un punto de vista más general y más científico, trátase de saber si en el orden sucesorio ab-intestato ha de introducirse una línea
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general ilegítima antes de que se agoten los tres órdenes que para la legitimidad establecen nuestras leyes, salvo los casos particulares de excepción prescritos también en nuestro Derecho, y aconsejados por altas razones de justicia, de conveniencia y de equidad.

No es posible resolver este problema sin elevarse á consideraciones de un orden técnico, pero que son la base fundamental de toda la materia de sucesiones. Contemplar desde abajo las dificultades, examinar en detalle los obstáculos, y pretender vencerlos con facilidad, es un delirio. Envidiamos la mirada de águila que es menester para penetrar con acierto en tan grave cuestión, y sentimos carecer de autoridad para decir algo que lleve el convencimiento á los que están habituados al estudio y decisión de los problemas jurídicos; pero modestamente, sin pretensiones de ningún género, deseando esclarecer un punto que siempre creímos muy claro, y ahora, por alguna circunstancia particular pudiera parecer nebuloso; emitiremos dictamen, ansiosos de que alguien, más autorizado, rectifique aquello que deba rectificarse, ó sostenga y ampare nuestra humilde opinión.

No hay sociedad sin familia, ni ésta sin que las leyes civiles regulen y determinen sus derechos de un modo estable y seguro. No es una cosa accidental y pasajera la unión de los cónyuges, la procreación de los hijos, la existencia en común, y la bifurcación en ramas que parten de un mismo tronco ó que brotan luego de los brazos principales; sino que todo eso, santo por naturaleza, respetabilísimo por la fuerza incontrastable de la opinión e invulnerable por la consagración de todos los países, de todos los tiempos y de todos los Códigos, es permanente e indestructible en tesis general, y existe tendencia á la misma perpetuidad por lo que hace á cada familia en particular.

Ni los ritos de una religión que ha elevado á Sacramento el matrimonio, ni los preceptos de la ley que lo enaltece, prestándole toda consideración y apoyo, ni los vínculos de la sangre, ni los lazos del afecto, ni la conveniencia de mutua protección y amparo, son bastantes á sostener la familia tal como se concibe por la razón ilustrada, y como la requieren el orden social y la prosperidad de los Estados. Se necesita algo que sirva de complemento, que sea la cúspide de esa trama urdida por la naturaleza, por la religión y por las leyes; que afiance, en una palabra, vínculos y lazos que de
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otra suerte veríanse quebrantados á menudo en la vida real, ó por tristes necesidades, ó por exigencias de la envidia, ó por locuras de ambición, ó por impudencia y excesos de fuerza.

Por eso, la propiedad, que nace con el hombre, y vivirá tanto cuanto la humanidad viva, es indispensable que sea el patrimonio de la familia, y puesto que en ella se desarrolla, que por ella se trasmita suavemente, estableciendo el equilibrio más perfecto, la igualdad más absoluta. Solo así se explica, dignificándose al mismo tiempo, el impulso generoso de dejar con un nombre honrado una propiedad legítima; solo así se concibe el poder de la testamentificación que llega más allá de la tumba; en una palabra, solo así se atan y unen los eslabones de una cadena que tantas concupiscencias y tantos intereses bastardos de todo género muestran duro empeño en quebrantar.

Estas verdades de recto sentido hallanse confirmadas por la historia. Ya sea en la familia de origen puramente religioso, como en el pueblo hebreo; ya en la de origen exclusivamente civil, como en el pueblo romano; ya en la de origen mixto, como en muchos de los pueblos modernos, siempre, sin excepción alguna, hízose radicar la propiedad, honrada y lícitamente adquirida por cualquiera de los medios que la naturaleza ha indicado ó el derecho establecido, en esa institución que es la base cardinal y el sostén de todos los pueblos. ¡Profunda armonía que no obedece á causas arbitrarias y accidentales, sino á lo que hay de más íntimo y más interesante en la conciencia de la humanidad!

El derecho, en su esencia, es perfectamente filosófico; por eso Lemniniér ha dicho que el derecho es la vida. La legislación no puede ser más que la ciencia en donde se inquieran y se determinen los principios que, arrancando de la naturaleza humana y persiguiendo la realización de un ideal que tal vez no se alcance nunca, pero al cual es indispensable aproximarse, marque con seguridad y fijeza la ruta que han de seguir los hombres en sus relaciones civiles, políticas y sociales de todo género. Las leyes no tienen otro objetivo que encarnar en un pueblo y en un tiempo dado, cuanto el derecho imprime en la conciencia, y cuanto dicen los principios de legislación que como bueno, útil y aceptable, puede practicarse.

La noción más pura del Derecho, de igual suerte que los principios de legislación unánimemente aceptados y que los Códigos de