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gales de su existencia y organización, y al sistema de represión penal.

La libertad de la imprenta, sin embargo, puede existir cualquiera que sean las condiciones legales de su existencia, aun bajo la legislación más severa, cuando es una legalidad común para todos los partidos y todas las clases sociales. Ni debe haber duda tampoco en no considerar los delitos de imprenta como delitos de índole especial y sui generis, que exijan una legislación especial, sino como delitos comunes, cometidos por medio de la imprenta y sometidos á la ley común. La publicidad del acto por medio de la imprenta, no les hace variar de naturaleza é índole jurídica, y sí solo agrava su criminalidad hasta el punto de justificarse la imposición de la penalidad superior en un grado á la común. Pero de todos modos, nada más legítimo y eficaz para la justicia y el orden moral de la sociedad, que aplicar las penas personales á los autores de los escritos, si no se quiere eximirles de la ley común de moral penal, y concederles un privilegio, tan odioso como injusto en la sociedad, y tanto más cuanto que caso de delinquir, su intencionalidad es mayor y más conocida, su perversión moral más grande y sus consecuencias sociales más funestas. Y para ciertas faltas graves en la publicación, y cuyo conocimiento debe estar también libre de la arbitrariedad administrativa y hallarse siempre sometido á los tribunales, bien pueden imponerse, como más análogas, las penas privativas de los derechos políticos, de que precisamente han abusado, con ofensa de su dignidad moral y de la libertad.

Es necesario que el escritor sea responsable, y la ley, en efecto, debe exigir que los escritos publicados por la prensa vayan firmados por sus autores, para asegurar su responsabilidad moral ante la opinión y la conciencia pública, y su responsabilidad legal ante los tribunales. La literatura política anónima permite á la fogosidad de una inteligencia pronta y audaz, y aun á hombres moderados y delicados, cometer, bajo el velo del anónimo, grandes ofensas, sin riesgo personal ninguno, y lo que es más, sin cólera, ni resentimiento. Nada más legítimo que cada uno pueda publicar sus ideas y pensamientos por medio de la imprenta, sin restricción alguna preventiva, si bien bajo las formas de publicación que prescriben las leyes; pero nada más justo también que responda de lo que imprima, como responde de sus acciones y de sus palabras, esto es,
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que responda personalmente de los abusos que cometa en el ejercicio de este derecho, para desagravio de la justicia y de la libertad.

Pero hay que distinguir el libro, el folleto ó revista y el periódico, para fijar, con arreglo á su distinta índole, la diversa esfera de su libertad y diferente represion penal. No hay identidad entre estos derechos bien distintos, porque su diversa naturaleza establece una diferencia genérica entre ellos, y la ley debe fijar claramente la diversa esfera de su legítimo ejercicio, en interés mismo de la libertad.

Con efecto, la ciencia es libre y debe serlo enteramente el libro consagrado á ella y á las discusiones serias y desapasionadas. El libro es la expresion social del derecho de la razon humana á la investigacion de la verdad, que debe ser absolutamente libre, trátese de cuestiones religiosas, políticas ó cuestiones prácticas, sociales ó de gobierno; sin más limitacion que las provocaciones directas á la subversion del orden material ó las ofensas al pudor público, que deben castigarse severamente.

Libertad completa es esta, aunque no ilimitada, y que no impide la publicacion de todas las grandes obras filosóficas y políticas, de todas las obras serias del pensamiento; y si solo la publicacion de las obras enteramente anárquicas ó eróticas é inmorales, que repugnan á la conciencia ó al decoro público. No se olvide que la libertad de la ciencia, invocada como garantía del progreso humano, no puede ser la anarquía, ni la inmoralidad. Propia la discussion de obras serias, solo en el libro puede conseutirse un examen doctrinal y práctico de todas las cuestiones, pero de índole científica, que es lo que caracteriza esencialmente al libro. El libro es el asilo inviolable de la ciencia y del progreso humano.

Fácil es comprender así el inmenso recurso que ofrece el libro para la instruccion, la cultura y civilizacion de un pueblo y para su verdadera libertad. Prodigiosos serian los resultados que produciría en Europa la proteccion de la ciencia libre, si mereciera de los gobiernos la que se dispensa á la ciencia oficial en China. No hay más que recordar que en aquel país, es comun poder adquirir una obra de tres ó cuatro volúmenes por solo diez ó doce reales, y que el emperador Kien-Long, en 1773, decretó la impresion de una biblioteca general, enciclopédica puede decirse, con el título de Los cuatro Tesoros y que habia de formarse de ciento sesenta mil
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volumenes, de los cuales se van imprimiendo más de mil por año: monumento que no tiene rival en toda la culta Europa.

En la Revista literaria cabe, por lo mismo, la misma libertad que en el libro, pero no así en la Revista política, que ocupándose, aunque con elevación y profundidad, de las cuestiones de aplicación social y de gobierno, participa del carácter del periódico y debe estar sometida á las mismas restricciones, imponiéndose el mismo respeto á las instituciones fundamentales de la sociedad y la Constitución del Estado. Por lo mismo que en la revista política se consagra el escritor al estudio profundo de las grandes cuestiones sociales y constitucionales, con la elevación de ideas que inspira tan augusta misión, el ejercicio legítimo y digno de esta magistratura política, le obliga á la prudencia y mesura en la forma, por más que se muestre enérgico e inflexible en las ideas y principios de sus convicciones.

Pero al lado del libro y la revista, que son la elaboración reflexiva del pensamiento y el campo de las ideas, de los principios y de las doctrinas; está el periódico, que suele ser una profesión que se ejerce con la esperanza del poder ó del lucro, y está así en el camino del interés y en la senda del extravío ó de la corrupción. Sin duda es un derecho común la investigación reflexiva de la verdad y de la justicia; pero cuando conocidamente, por la índole propia del periódico, puede perder este carácter y ser peligroso para el hombre y la sociedad, la limitación de su ejercicio es necesaria y bien legítima. Los libros no pueden dañar á la sociedad, ni á ningún gobierno, y los folletos ó revistas bien poco, además de que el público es bastante avaro de su tiempo y dinero para gastar en adquirirlos; pero los periódicos, sobre ser accesible su adquisición á todas las fortunas por su reducido precio, se distinguen á veces por su charlatanismo político, su personalismo egoísta ó especulador, el lenguaje babilónico de sus doctrinas ó la inmoralidad de sus predicaciones, y pueden ser bien perjudiciales para el hombre y la sociedad y para todos los gobiernos, cualesquiera que sean. Por consiguiente, son campos bien distintos y cuyos límites no pueden confundirse, y esta es la teoría incontestable que debe servir de base á la legislación penal.

Adoptar este sistema, no es proscribir la libertad de la ciencia y el progreso humano, sino rechazar la anarquía moral en la so-
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ciedad y defender las bases fundamentales del orden moral. El libre examen, si no es científico ó cuando menos cuerdo y reflexivo, es irracional e ilegítimo. Y por eso, si bien se debe consentir libremente la publicación de obras filosóficas ó de trabajos serios, por el contrario es necesario limitar el periódico á sus funciones propias, reduciéndolas, como debe ser, al derecho de exponer con mesura y decoro sus opiniones sobre las mejoras de las leyes no fundamentales del Estado y sobre las medidas y actos del gobierno y quejarse de los actos abusivos e ilegales del poder. El periódico, cuando llena su verdadera misión, es también el mejor auxiliar del gobierno establecido, y en este concepto es tan útil en la India Inglesa, donde se publican periódicos en la lengua indígena del país, y muchas veces un periódico en diversos dialectos, contribuyendo á sostener el verdadero prestigio y la autoridad del gobierno mismo de Inglaterra.

Pero, la verdad es, que fuera de ciertas épocas, funestas para la libertad, no hay que temer tanto por el progreso moderno y las legítimas conquistas de la civilización, necesaria e inevitablemente respetadas por todos; sino por el orden moral de la sociedad y la tranquilidad pública, seriamente amenazadas por la agitación revolucionaria de nuestros días y la anarquía moral de nuestra sociedad, y que es la que se opone verdaderamente á la existencia de la sociedad y sus legítimos progresos, esparciendo las teorías más insensatas y anárquicas, nacidas de la soberbia humana ó del estravío de las pasiones populares y explotadas por la codicia ó la ambición de algunos hombres, bien funestos para la sociedad.

Se ha dicho que la imprenta diaria se parecía á la lanza de Aquiles, que curaba las heridas que hacía; pero la verdad es que queda siempre mala semilla y rastros desplorables en la sociedad de las doctrinas funestas que propaga, ó alguna mancha de la maleficencia personal que emplea, para no castigar severamente todos estos excesos y tratar también de evitar graves males, que puedan ser irremediables.

Es preciso fijar y distinguir la discusión digna y decorosa, de la polémica exaltada y personal; la profundidad del pensamiento y de la convicción, de la violencia de la pasión; la elegancia de la palabra, del brillo y encanto fascinador de la frase; la injuria de la vivacidad y energía del estilo, el severo patriotismo de la falaz
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administracion lleva su influencia. Nosotros conocemos, y los lectores conocerán igualmente, no pocos estadistas mal apreciados, que pueden dar quince y falta á cuantos economistas célebres y hacendistas más sobresalientes registra la historia, llámense Say, Sismondi, Smith, Flores Estrada, Ensenada, Colbert ó Necker, Pitt, Sully, Jovellanos, Moñino, Campomanes, Peel ó Gladstone, por más que éstos y otros coetáneos, que no debemos ni queremos citar para no dar lugar á comparaciones, sean orgullo y gloria de los pueblos que los han visto nacer.

No tenemos la necia presuncion de contarnos en el número de aquellos seres afortunados que, después de entusiasmarse con su propio valer, consiguen que la multitud les admire; pero como fuimos benevolamente tratados por la Universidad, hicimos sudar las prendas con desalinados escritos; pronunciado algo parecido á discursos; estudiado la ciencia de la Administracion en los trabajos de los Espinosas, Dalp y Juana Pinilla, y la práctica que ofrecieron los Belza, Sanchez Ocaña, Perez, Santillan y Lopez Ballesteros, forzosamente habíamos de venir á formar, aceptando el título de romancistas, en las filas de los modernos hacendistas.

Perdónese este atrevimiento, siquiera en gracia de la confesión que hacemos, y que, si reincidimos en escribir sobre esta materia, (porque, según el Sr. Conte, la historia de la Hacienda es un libro que está por hacer), lo verificamos con propósito de la emmienda, y previa la manifestación de que, no permitiendo la modestia ocuparnos de las para otras fáciles y sencillas cuestiones de actualidad, reduciremos la tarea á tratar de lo que pasó, reseñando de corrida y sin observaciones de propia cosecha, aquello que aprendimos en los ya lejanos tiempos que nos animaba la fe en el porvenir económico administrativo, impulsándonos á revolver empolvados documentos que yacen desconcertados y completamente ignorados en los archivos, para mal de la Hacienda pública, así como del arte paleográfico, y para bien de muchos que, merced á la pérdida ó olvido de preciosos antecedentes, han disfrutado lo que por justo título no les pertenecía.

Algo, y aun algo, pudiera hacerse aún en provecho y debido reintegro de los intereses del empobrecido Tesoro; pero, siendo esta empresa más propia de los llamantes y aventajados economistas, limitaremos la nuestra á una sencilla narración que no ofrecerá ense-
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populachería, y no profanar el talento y la razon haciéndolos consistir en el ingenio y el sofisma, cuando no en el sarcasmo y la injuria, ni prostituir la libertad convirtiéndola en desenfreno y licencia. La prensa, en tanto que es digna, es un sacerdocio inviolable; pero prostituida por falsos sacerdotes, es un crimen.

La libertad absoluta es, en su esencia, lo mismo que el despotismo, y por eso las naciones meridionales de Europa hacen después de tantos años un trabajo de Sísifo. La prensa, en ellas, no es constitucional, sino revolucionaria, y á la violencia de la resistencia sigue siempre la violencia de la revolución; esto es, la revolución en el poder ó en las calles, oscilando siempre el país entre la anarquía ó el despotismo.

No es posible la libertad absoluta de la imprenta, porque si completa es necesaria en el orden científico y los libros de índole doctrinal ó reflexiva, no puede serlo así en el orden político y en la prensa diaria, donde las cuestiones más fundamentales de la sociedad pueden tratarse ligera y apasionadamente, esparciendo la duda ó el sofisma sobre el orden moral, que es su piedra angular, y donde las cuestiones ardientes ó personales de la polémica política se convierten en arietes contra la tranquilidad pública, no menos que contra la honra de las personas.

La libertad ilimitada de la prensa diaria supone una utopía: la extinción de las pasiones, el reinado del sentido común, el triunfo de la razon serena é imparcial contra los sofismas del ingenio y los instintos anárquicos de las pasiones; que emplea para sostener las doctrinas más extremadas y extravagadas, no la serenidad del ánimo, la rectitud del juicio, la templanza y moderación en la forma, que son propias de las sanas doctrinas, sino el encono y la pasión, la paradoja y el ridículo, el resentimiento y el despecho, que son peculiares de aquellas otras, profanando tan bella institución.

Si la ley debe establecer ciertas restricciones legales cuando son legítimas, porque la prevision y la inteligencia de los hombres, por lo general, no pueden preverlas de la desleal concurrencia del trabajo, de la ineptitud de la industria, de los fraudes del comercio, de los peligros del uso de ciertas armas, de las terribles y funestas consecuencias de la impericia, en las profesiones encargadas del cuidado de la salud, ó de la defensa de la fortuna de los parti-
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culares; debe, por esto mismo, establecerlas tambien en la prensa para evitar ciertos errores ó extravíos, los más graves y trascendentales, y las injurias y difamaciones, cuyas consecuencias todas no son menos funestas é irreparables para el hombre y la sociedad. El periódico no consiente la misma libertad que el libro.

Al periódico debe estarle prohibido el exámen de las instituciones fundamentales de la sociedad y de la Constitucion del Estado (lajo cuyo imperio y respeto público viven lo mismo las monarquías que las repúblicas), mientras no esté autorizada por las Cortes la discusion sobre su reforma ó revision. Ni es posible tolerar tampoco la injuria y la calumnia á los ciudadanos, y toda tendencia conocida á perturbar la paz pública. Sin duda es legítima en el libro y la revista la completa libertad de instruccion científica e investigación doctrinal de los progresos intelectuales, y lo es en el periódico la propaganda de la instruccion y educacion adoptadas por el Estado, la iniciacion de mejoras legislativas y la proteccion de todas las legítimas aspiraciones de todas las clases de la sociedad; pero no el introducir la incertidumbre y la confusion en las inteligencias y en las conciencias, perturbando toda la sociedad y haciendo dudar de las bases fundamentales del orden moral y del régimen constitucional del Estado. En verdad, hay periódicos literarios verdaderamente populares ó profesionales, que son el único medio de instruccion para ciertas clases sociales, que no pueden proporcionarse libros ni aun elementales, y la única voz de defensa de sus intereses; pero justo es que respeten el orden moral y las leyes del Estado.

Incontestable es tambien que debe estar severamente castigada en el periódico, la publicacion y propaganda de doctrinas contrarias á las instituciones fundamentales de la sociedad, en que descansa su orden moral, sometiendo á un exámen tan ligero y apasionado, cuestiones tan vitales para los pueblos; ni de las que sean opuestas á las instituciones políticas, disminuyendo el respeto público y la confianza del país en ellas. Ni es posible tampoco la violacion de la moral pública, pues con haría razon decia Washington: que la religion y la moralidad son la verdadera base de todas las leyes y costumbres, que pueden fundar la prosperidad política de una nacion.

El hombre público, dice el ilustre Sismondi, tiene que con-
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sentir que sus actos estén sujetos al exámen de la opinión pública y resignarse á sufrir sus censuras, pero no el ridículo ó el sarcasmo y la injuria, ni las injusticias y calumnias. El funcionario público no deja, por serlo, de tener derecho como todo hombre á su reputación, y cuando se le ultraja pierde su calma é imparcialidad y se le hace apasionado. Además, aunque no se dé crédito á la maledicencia, no por eso deja de mancharse la pureza de su carácter en el concepto del público, y éste deja de tener confianza en su probidad. La nación no tiene necesidad, ni gana nada, sino que pierde mucho, en ser servida á este precio. Y el resultado inmediato es, que se alejen de los cargos públicos los hombres honrados y de mérito, que no gustan de ser el blanco de la maledicencia y de injustas consuras, eco solo de bastardos sentimientos, de la enemistad ó de la envidia, de la pasión política, y, por el contrario, que busquen estos cargos los hombres de escasa inteligencia é inmorales, que desafían la opinión, de la cual no hacen caso, porque nada les importa su reputación.

No hay que dudarlo: la prensa puede examinar todos los actos del poder y sus consecuencias y la conducta de los funcionarios, pero jamás acusar sus intenciones, si los hechos no constituyen delito; ni hacer recaer sobre sus autores, por errores graves que cometan, el ridículo, el sarcasmo ó la ironía. Las cosas y los principios pertenecen al país y á la discusión; las personas se pertenecen á sí mismas. La menor injuria ó imputación verdaderamente ofensiva, desprestigia á la autoridad y rebaja el carácter moral de los funcionarios públicos, con perjuicio de la sociedad y descerebrido de la libertad. Ni debe ser menos protegida la memoria de los muertos, castigando la imputación calumniosa contra ellos y conciliando el respeto á la vida privada, con los derechos de la historia y con el exámen y libre apreciación de los actos políticos, ó hechos históricos, que es un derecho indisputable de la conciencia pública.

Por lo demás, sabido es que la ley debe reprimir también la publicación de noticias falsas, la relación parcial de las discusiones del Parlamento, obligando á los periódicos á insertar el Extracto Oficial ó del Diario de Sesiones; la publicación de vistas de causas criminales, á no ser en periódicos jurídicos, y todo hecho que pueda alarmar gravemente al país.

En una palabra, es necesario que la ley cuide de separar, lo
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que la conciencia pública distingue siempre bien. Una cosa es el derecho de la discusión elevada de los principios ó la discusión mesurada de los actos del gobierno y otra la facultad de provocar la sedición, esparcir las doctrinas más peligrosas y excitar las pasiones políticas, perturbando la paz ó el orden público. No es posible confundir la viril energía del patriotismo y la defensa enérgica de la justicia y del derecho, con el encanto fascinador de las paradojas ó del fanatismo de los partidos; que oculta la perversidad moral de ciertas ideas y el interés bastardo de sus autores, seduciendo al vulgo y falseando el espíritu público del país.

La ley debe exigir la firma del autor en los escritos y en los impresos. La literatura política anónima consiente los intereses más egoístas y los pensamientos más desleales, las apreciaciones más falsas, bajo el velo del anónimo; y es preciso no renunciar á la verdadera literatura elevada y viril, digna de un pueblo libre.

En cuanto al sistema de represión penal, no es posible dudar que debe imponearse á sus autores por los delitos que cometen por medio de la prensa, las penas corporales que señala la legislación común; que hipócritamente suponen, precisamente los menos amigos de esta institución, muy cruel para estos privilegiados delincuentes, para ellos merecedores solo de penas pecuniarias. Pero la verdad es que no importa la severidad de la legislación sobre imprenta, cuando no es arbitraria y tiene su eficaz garantía en el Jurado. La intemperancia de la prensa diaria hace necesaria una legislación severa para su represión. Además, las penas pecuniarias castigan, no á los autores, sino al propietario del periódico, considerando á este como una empresa industrial; lo cual es bien opuesto al fin moral de esta institución, y una ignominia para la prensa. Y no por eso el periódico ha de ser, como quieren algunos, una tribuna irresponsable para los periodistas responsables, porque para ciertos hechos muy graves y repetidos, que deshonran la libertad de la prensa, no es eficaz esta última represión sola, y necesita apoyarse también en la responsabilidad del periódico. Las repetidas condenas judiciales por ciertos delitos muy graves, deben arrastrar consigo ipso jure y autorizar la supresión del periódico; si bien aplicada esta pena por los tribunales. Pero nunca es necesario el depósito, que hace preciso el sistema de penas pecuniarias, para que no sea fácil hacerle ilusorio; constituyendo como gerentes