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de declarar el derecho, y la potestad de votar los impuestos que exigen los servicios y cosas comunes.

En esta doble base ha de apoyar sus títulos el sufragio para ser legítimo,

El poder legislativo declara el derecho con arreglo á la razon, único criterio del orden natural, criterio imperfecto pero perceptible, que acepta provisoriamente como origen de la legalidad positiva el voto de las mayorías, pero que reconoce en los disentimientos de las minorías, y aun de los individuos, opiniones que pueden acercarse más á la verdad y á la justicia, y que depuradas por la discusion y la propaganda pacífica, lleguen tal vez á conquistar la mayoría y convertirse en leyes más perfeccionadas.

La doctrina que considera el derecho como una declaración de la razon, entraña en su fondo la legitimidad del sufragio universal. Todo hombre llegado á la plenitud de la vida, á la edad del juicio, toda personalidad jurídica completamente desarrollada, es decir, todo ciudadano, tiene derecho á que en la discusion se pese y en la votacion se cuente su dictámen, el concepto que su razon personal ha formado de los problemas jurídicos pendientes, al sumarse y restarse los votos que promulguen como leyes las declaraciones de la razon del mayor número.

Mucho tiempo ha reinado la teoría que consideraba la ley como expresion de la voluntad general, y desconocia el derecho de las minorías y del individuo, hoy sólidamente fundado en la soberania de la razon. La del número concluía necesariamente en la organización individualista del sufragio: apoyándose en la voluntad libre, en lo que el hombre tiene de más individual, para establecer la ley no necesitaba hacer otra cosa más que sumar las voluntades de los individuos, como cantidades homogéneas, donde quiera que las encontraba, sin parar mientes en diferencias, á su entender secundarias, bien naciesen de las profesiones ó de la riqueza.

Otro concepto trae consigo la teoría que busca en la razon la base de las leyes. Si el derecho es solo condicion social y voluntaria del cumplimiento del fin humano, no es posible que el poder público declare racionalmente aquellas condiciones sin tener en cuenta este fin; y como el fin moral y limitado del individuo en el mundo se concentra en el desarrollo de la vocacion á que le llaman sus particulares aptitudes en el ejercicio de su profesion, es
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perfectamente racional la doctrina que al atribuir á todo hombre el sufragio, base del poder que define el derecho, le busca como personalidad jurídica y política, en cuanto cumple su fin en la tierra, en cuanto ejerce una profesion; y es rigurosamente lógica la regla que, en vez de agrupar fortuitamente á los electores por la circunstancia accidental del domicilio, los reune de un modo orgánico por sus fines, por profesiones, por gremios.

Si el sufragio, mirado como origen del poder legislativo, ha de ser universal y por gremios, como fuente de la facultad de votar los impuestos, debe ejercerse por clases ó categorías de contribuyentes, sin dejar de ser universal y gremial.

"Importa, dice Stuart Mill, que la Asamblea que vota los impuestos generales ó locales, sea elegida exclusivamente por los que pagan una porción de estos impuestos. Disponen lo del dinero ageno, los que votan encuentran todas las razones imaginables para ser pródigos, y ninguna hallan para ser económicos. Todo poder poseído por estos es, en cuanto á los negocios de dinero, una violación del principio fundamental de un Gobierno libre, una combinación defectuosa en que el poder no tiene contrapeso ni interés en ser ejercido con acierto. Tanto valdría permitir á las gentes meter la mano en el bolsillo de sus vecinos para todo lo que se les antojase llamar objeto público. Por eso en los Estados Unidos el peso de los exorbitantes impuestos locales recae por entero sobre las clases más ricas. Que la representación sea, á lo sumo, tan extensa como el impuesto, pero no más, hé aquí el principio que está de acuerdo con las instituciones británicas."

 Nótese que Mill es el escritor liberal é individualista por excelencia, el defensor de las minorías, el paladin del sufragio de las mujeres; y así se dará á estas palabras todo el valor que tienen.

 Disentimos, sin embargo, del respetable parecer de Stuart Mill en las consecuencias que deduce de sus principios: su teoría concluye sólo en pedir la mayor extensión de las contribuciones directas, como medio de extender el sufragio, no creyendo que los impuestos indirectos sean título bastante para otorgar el derecho electoral. Conviniendo nosotros en que es menos sensible el pago de estas exacciones y que interesa menos en la economía de los gastos públicos, hemos de advertir que tales impuestos son muy onerosos, sobre todo en el estado actual de la tributación en España, y que á
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quien de un modo u otro satisface real y efectivamente una parte del presupuesto, á quien paga la más dolorosa de las contribuciones, la de sangre, no puede negarse sin injusticia el derecho de elegir la Asamblea que vota los recursos del Estado en hombres y en dinero.

De aquí arrancamos dos deducciones; una, que el sufragio universal tiene en el orden financiero un título tan justo como el que le abona en sus relaciones con el poder legislativo; y otra, que si el sufragio universal, bajo el concepto de la declaración del derecho, ha de organizarse por gremios; bajo el de la votación de los impuestos, ha de graduarse por clases dentro de los gremios.

En este punto son incontestables los razonamientos de Mill, y nosotros los seguimos hasta sus últimas consecuencias. Si la mayoría la forma el número de los no contribuyentes por impuestos directos, es segura la espolición de los ricos al formarse los presupuestos; y la clase más numerosa reduce á las otras á la insignificancia política, aunque al cabo haya de redundar en daño suyo. Mas si por evitar este peligro se votan los ingresos públicos solo por los contribuyentes, se hacen posibles la opresión de las clases trabajadoras y leyes como la de cereales, impuesta por los dueños del suelo por los land-lords á las masas obreras del Reino Unido. De ambos extremos huyen las elecciones por clases, acomodando la representación nacional á la cuantía del impuesto. Si la tercera parte de la Asamblea que vota los gastos del Estado es elegida por los primeros contribuyentes, otra tercera parte por los contribuyentes medianos, y último tercio por los inferiores y por los que no contribuyen directamente, la proporción de la cuota del impuesto con la importancia del derecho electoral se establece entre los individuos de un modo aproximado, entre las clases de una manera exacta y adecuada al estado social; y esta proporción, que corresponde á un principio de justicia, no consiente la explotación de la riqueza por el número, ni la del número por la riqueza.

La desigualdad personal del sufragio á que conducen las elecciones por gremios y clases, viene á ser lo que con el nombre de voto graduado reconocen hoy como conveniente casi todos los publicistas, buscando combinaciones para realizarlo con acierto.

Sidney Smith propone que la cantidad total de los impuestos directos se divida por el número de diputados; y como en Inglaterra-
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ra el sufragio es público, á cada candidato se ha de abrir, según su proyecto, una cuenta en la que se adicionen las cuotas que paguen los electores que la voten, y se le proclama diputado cuando la suma alcanza al cociente de la división practicada, la fracción del presupuesto que cada miembro de la Asamblea necesita representar para ser elegido. Entre otros inconvenientes, este sistema excluye el sufragio universal, que consideramos justo en principio y necesario en nuestras actuales condiciones políticas.

Mill ha buscado la escala de las gradaciones del voto en la educación, en los títulos académicos, en el lugar que cada uno ocupa en su oficio, distinguiendo, por ejemplo, el contra-maestre del simple obrero, y procura acomodar por estos y otros medios la participación en el sufragio á la capacidad del elector.

Lorrimer, el profesor de Derecho público en Edimburgo, acepta y desarrolla los medios propuestos por Mill, llegando á constituir una clasificación en la que concede á cada elector uno ó varios votos, según sus grados de riqueza, instrucción ó moralidad, y hasta con arreglo á su experiencia política y á los cargos que hayan desempeñado.

Por último, Pascaud, apoyándose en todos los trabajos anteriores, ha levantado unas tablas de categorías electorales, en que otorga un voto al contribuyente que no llega á pagar 50 francos de impuesto directo, y va subiendo progresivamente hasta cuatro votos, que reconoce á todo el que contribuye con más de 250 francos. De igual modo establece gerarquías de uno á cuatro votos entre los funcionarios del Estado, profesores y sacerdotes.

La gradación personal del sufragio, por tan diversas combinaciones buscada, se realiza en gran parte por medio de nuestro sistema, merced á la división de los contribuyentes en tres clases dentro del gremio, porque estas clasificaciones, aunque procediendo á la cuota imponible, sólo se refieren aparentemente á la riqueza, también se extienden á la capacidad. Es de suponer que son más ilustrados y más hábiles los abogados y médicos primeros contribuyentes, que los principiantes y los envejecidos en el oficio, si carecen de pleitos ó de enfermos: y aunque esta presunción no sea infalible, también falla con frecuencia la que se deduce de un título académico ó de cualquier otro signo externo.

Por otra parte, nosotros no buscamos la gradación del sufragio
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en los individuos, en las personas, sino que pretendemos establecerla á la vez de una manera social, colectiva entre las clases.

Partiendo Lorrimer de una doctrina cercana á la física del Estado, cree que la sociedad debe considerarse como un dinamismo, no como un mecanismo; como un conjunto de fuerzas desiguales, no como un rebaño que se evalúa por cabezas; y de aquí arranca su teoría del reparto del poder electivo á los individuos, en proporción á la fuerza social que representan. Mucho se aleja ya Lorrimer del sufragio individualista, atomístico, que dá igual valor á todos los elementos moleculares del Estado, que nivela en las urnas á todos los ciudadanos; pero las gradaciones individuales del sufragio, á nuestro entender, solo producirán el efecto apetecido, si se conciertan de un modo social y sistemático, por clases.

Las fuerzas que constituyen el dinamismo político encarnan en los individuos, son libres; y para interesar á los que las ejercen en la práctica del sufragio, no basta graduarlas en los electores, no basta que la fortuna, la capacidad científica, la edad ó los cargos ejercidos atribuyan á una sola persona tres ó cuatro votos, si aun le queda el recelo de que su fuerza ha de perderse y anonadarse, sin alcanzar acaso representación, en el caso de todas las fuerzas políticas. Mas cuando el individuo pueda sumar su fuerza con otras homogéneas, con las de otros electores de su clase en su gremio, cuando tenga la certeza de que unidas todas ellas han de alcanzar una representación proporcional á la resultante, los grados del sufragio á la vez individuales y sociales harán sentir su eficaz influjo en el Estado.

El régimen que proponemos admite el sufragio universal con tanta amplitud, que ni aun exige al elector la condición de saber leer y escribir, requerida por los publicistas más avanzados, Mill entre ellos, y el mismo Luigi Palma, el ilustrado defensor del derecho electoral sin el límite del censo, quien, sin embargo, excluye á los llamados analfabetos, si vale castellanizar una frase italiana, que realmente hace falta en nuestro idioma.

Comprendemos que enlazando la cuestión de justicia con la de oportunidad y conveniencia histórica, requieran estos publicistas ciertas garantías de instrucción, aunque solo sea la de las primeras letras. Hoy el elector se encuentra aislado, frente á frente del poder público, sin intermedio alguno, y necesita formar un concepto
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general de la política en su conjunto y en sus aplicaciones, concepto que, por muy somero que sea, no se alcanzan sin cierto grado de instrucción.

No sucede lo mismo en las elecciones por gremios: todo hombre, aun el más rudo, es bastante entendido para conocer el oficio con que se gana la vida; y aunque sea incapaz de llegar á una idea general de los principios del derecho público, tiene de seguro un juicio verdadero ó erróneo, pero un juicio ya formado, acerca de las relaciones de su profesión con el Gobierno, concepto que basta, á nuestro modo de ver, para que ejerza el sufragio con justicia y con provecho, puesto que sumados todos los electores en sus gremios y clases, la asamblea electiva representará forzosamente todos los fines y todas las categorías sociales en sus relaciones con los poderes públicos.

Ya reconoce Palma que, concedidos los derechos civiles á todos los hombres sin el límite de la instrucción primaria, es anómalo exigirla para el ejercicio de los derechos políticos. Pero, aunque presume contestar á su propia objeción, afirmando que el orden civil, por referirse al individuo, sin salir de sí mismo, no puede exigirle las garantías de ilustración que le exige el político en el uso de derechos que afectan á la sociedad, bien clara aparece la sinonimia de este argumento. ¿No hay en las instituciones civiles derechos que interesan á los demás? ¿Es la paternidad una investidura menos alta y de menor importancia social que la del sufragio? Pues es evidente la anomalía de imponer á éste límites que aquella no sufre, si se trata de parangonar el orden público y el privado.

No por esto creemos nosotros que pueden confundirse uno y otro orden, entregando de nuevo á los pueblos al gobierno patriarcal que modelaba las instituciones políticas por las civiles, el rey, súbdito y ministro, por el padre, el hijo y la madre; ni consideramos tampoco que los derechos políticos provienen de los civiles. Pensamos sí, que unos y otros tienen su origen común en la naturaleza racional del hombre, en su fin moral y libre, en su personalidad jurídica; pero de este centro parten para separarse y desenvolverse en distintas esferas, si bien de una manera análoga, con analogías que encuentran explicación satisfactoria en nuestro sistema.

Existen en el orden civil derechos primitivos, consecuencia in-
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mediata del fin moral del individuo, inherentes á la personalidad humana, tal es la libertad; y estos derechos son iguales en todos los hombres; pero hay tambien derechos derivados de actos propios ó ajenos, como los que se refieren á la propiedad y á las obligaciones personales; y estos derechos no son ya idénticos en todos, si no que se gradúan y proporcionan según los actos jurídicos de que nacen. Otro tanto sucede con los derechos políticos. Hay en el sufragio dos elementos que no deben confundirse: uno primitivo, absoluto, inherente á toda personalidad, el derecho que el hombre tiene de que se tome en cuenta su dictámen al establecerse las leyes como declaraciones de la razón general; pero hay otro elemento relativo, el que toca á los gastos públicos, el que se refiere á la votación de los impuestos, y este derecho derivado proviene de la parte con que cada uno contribuye á satisfacerlos. Por eso el sufragio es universal, aunque desigual y graduado, como son desiguales la propiedad y las obligaciones civiles, aunque sea igual y universal la libertad privada.

Para concluir con el aspecto individual del sufragio faltan sólo contestar un reparo que alguna vez se ha opuesto contra el régimen que defendemos.

Las elecciones por gremios, se ha dicho, coartan la libertad del elector, obligándole á votar entre los de su oficio, imponiéndole las aspiraciones y hasta las preocupaciones de su profesión, y ahogando con los intereses colectivos su interés personal y el espontáneo impulso de su albedrío. Pero ¿es esto cierto? ¿Será menos libre el elector cuando vote en el colegio de su gremio, que cuando deposita su candidatura en las urnas de su barrio? Hemos visto que únicamente la unión en el gremio salvará al elector, hoy aislado, de la fuerza que le hacen sufrir los Gobiernos, y purificará el sufragio de los vicios que le corrompen? ¿Qué es lo que se teme? ¿Qué la influencia moral de la clase imponga al elector las opiniones colectivas? ¿Que las parcialidades que nazcan dentro de las corporaciones ameniquen la libertad del individuo? Pues esta presión será menos violenta que la ejercida hasta ahora por los partidos sobre la voluntad de sus adeptos.

Las elecciones, como toda obra social, no pueden llevarse á buen término por individuos aislados sin concierto previo; si así se practicará el sufragio, produciría los más extraños escrutinios, sin
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alcanzar jamás la mayoría necesaria para una eleccion válida. La inteligencia prévia de los electores se establece hoy por los partidos, pero ¿de qué manera? Las parcialidades políticas mantienen su formacion, como los batallones por el tacto de codos; y su disciplina sí que ahoga la libertad del elector, oponiéndose á que tenga parecer propio en todas las cuestiones definidas por el credo comun, obligándole á admitirlo ó rechazarlo por completo. Ser ó no ser, esta es la cuestion; es preciso seguir al partido hasta en sus extravíos ó separarse de sus filas. El espíritu de partido sostiene la máxima de que los medios, sean cualesquiera, se santifican con el fin; él ha sido el primero que ha impuesto á los distritos candidatos desconocidos, y él ha engendrado esas monstruosas coaliciones que obligan á los electores á conocer sus votos á los adversarios más irreconciliables. Renacerán, sin duda, los partidos, como conviene que renazcan dentro del gremio; pero relacionando los principios políticos con el fin particular de cada profesion, han de encerrar sus tendencias en un circulo más limitado; su accion, méños autocrática, habrá de templarse por las convicciones e intereses de los agremiados, intereses que no sufrirán las arbitrarias exigencias que hoy sufren los electores.

En la organización individualista de los partidos, la influencia moral del individuo en las elecciones se encuentra más imperfecta y falsamente graduada que lo estaria en los gremios.

Fuera de los políticos que llegan á la talla de los hombres de Estado, cuyo prestigio ha de ser igual en todas las formas del sufragio, según veremos, los jefes de segunda y tercera fila carecen con frecuencia de respetabilidad y de valer. Hoy, nada ó bien poco significan en los comicios un sabio eminente, un artista inspirado ó un mecánico distinguido: sea cualquiera su consideracion social, como hombres de partido, apenas representan una simple unidad, si no reúnen otros merecimientos. Un ganchero de votos, un orador de club ó de plazuela, un agente desvergonzado de pretensiones oficinescas, aunque carezcan de saber, de bienes y de oficio, son verdaderas palancas políticas bajo el régimen electoral presente. Cambiese el sistema y vuelven á la nada de que salieron. Establézcanse las elecciones en el gremio, y todo el que en su seno sea respetado por su honradez, su instrucción ó su fortuna, disfrutará entre sus iguales un prestigio proporcional á sus merecimientos, de-
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manera que la influencia política del individuo corresponderá entonces con exactitud y precisión á su legítima influencia social.

No ahogan, pues, las elecciones gremiales la libertad del elector, antes la defienden; no destruyen ni desnaturalizan el influjo del individuo en los comicios, antes facilitan su accion, dándole recursos para proyectar en ellos la sombra de la que ejercen en la sociedad; le otorgan en el manejo de los caudales del Estado una participación proporcionada á la suma con que contribuye á los gastos públicos; y convierte á la asamblea legislativa en representante de su fin personal, de la misión que desempeña en el mundo.

V

Mejor se justifican todavía las elecciones por gremios y clases si se las considera como fundamento del Estado.

Dos géneros de facultades ejercé hoy el poder público: unas definindo y garantizando el derecho; otras, llamadas funciones progresivas del Estado, para fomentar el desarrollo de las ideas y de los intereses; y todas se ejercitan con más expedicion y eficacia, cuando las asambleas representativas son eco fiel de las variadas profesiones y diversas clases que constituyen la sociedad.

Reconocido ya generalmente el carácter del derecho como condición voluntaria y social, como medio para el cumplimiento del fin humano, es evidente que en la determinación racional de este fin ha de buscar su punto de partida el poder legislativo.

Ya hemos dicho que el destino de la humanidad se cumple en el individuo en forma moral de un modo limitado por la escasa duración de su existencia y por el particular desarrollo de sus facultades en la dirección de sus aptitudes; pero también se cumple en la sociedad de una manera total, es decir, en la plenitud y conjunto de todas las facultades humanas simultáneamente desarrolladas por el concurso de todos los hombres en el espacio, y en forma de progreso histórico, con la cooperación de todas las generaciones en el tiempo.

Es, por tanto, fundada la idea que dentro de la humanidad considera á la nación como ser físico realizado de un modo verdadero, en una colectividad permanente, aunque renovada sin cesar en los individuos que la componen, con unidad de esencia, hija.
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XXX

Después de estas autoridades, todas ellas favorables á la unidad orgánica del cuerpo encargado de la construcción de fortificaciones, fabricación de armas, y uso recíproco de estos medios de defensa y ataque; después de estas autoridades, digámoslo así, teóricas, podemos recordar la práctica, y á la tradición histórica, y veremos que el cuerpo de artillería e ingenieros, ó mejor dicho, los servicios científicos de la artillería y la ingeniería, se hallan desempeñados, desde el Renacimiento hasta el siglo xviii, por un solo instituto militar: y por esta causa el brigadier Almirante, en su Diccionario Militar, afirma con verdad, que al actual cuerpo de ingenieros se le puede fijar su origen en 1710.

La dificultad, mejor dicho, la imposibilidad, de separar lo que pertenece á la artillería de lo que corresponde á la ingeniería, hace que el Sr. Almirante, que es ingeniero, dice en la obra citada, que el que inventó el arco y la flecha, positivamente fue ingeniero; el general D. Ramón de Salas, que era artillero, decía en su Memorial histórico de la artillería española, que el inventor de las minas de guerra, Pedro Navarro, merece ser contado entre los más ilustres artilleros, añadiendo que tiene varias razones para pensarlo así, y entre las que expresa, una de ellas, es que en el siglo xvi artilleros e ingenieros todos venían á ser unos, y á esto añade el recuerdo de que los minadores habían pertenecido al cuerpo de artillería hasta principios del siglo presente, y la consideración de que si los ingenieros miran una mina como una trinchera, los artilleros como una boca de fuego, en cuyo doble concepto, no hay inconveniente en que participen ambos cuerpos el honor de haber tenido á Navarro.

Las mismas consideraciones por las cuales el inventor de las minas de guerra es considerado á la vez como artillero e ingeniero, pudieran también aplicarse al famoso Cristóbal Lechuga, á quien el general D. Pedro de Lucuze, en sus Principios de fortificación (Barcelona, 1772), califica con los dictados oficiales de capitán ingeniero y artillero mayor: dictados oficiales que realmente se hallan justificados en el autor del Discurso de la artillería y de todo lo necesario á ella, con un tratado de fortificación, que como ingeniero, trabajó en el famoso puente llamado Fernesio, echado sobre