Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 274

El artículo del Código fundamental, como acertadamente ha observado en este punto la prensa de oposición, no dice que se concederá a los españoles el derecho de publicar periódicos, porque el derecho de emitir sus ideas no es el de fundar periódicos, sino simplemente que: «Todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante.» De suerte que el derecho individual que la Constitución garantiza es el de emitir el pensamiento por los expresados medios, puesto que de no ser así vendría absurdamente á consignarse en la ley fundamental el derecho de la palabra. Ni es tampoco admisible la inexplicable paridad que el señor ministro de la Gobernación establecía entre el matrimonio y la libre emisión del pensamiento, pues ésta procede de un derecho individual que no tiene punto alguno de comparación con el sagrado lazo, contra cuya extraña confusión claman, por una parte, los más triviales principios de derecho natural y político, y por otra, los tratados elementales de derecho canónico.

«Dando una prueba de nuestro liberalismo, replicaba el señor ministro de la Gobernación al Sr. Gamazo, llevamos los ataques á los tribunales. Los que nos injurien no tienen la pena de suspension; van á los tribunales, y allí pueden insultarnos de nuevo, porque nosotros, ante todo, queremos resguardar las instituciones, sin pretender resguardarnos nosotros.» Con estas palabras hizo el Gobierno la apología de una reforma reclamada por las oposiciones contra la letra del decreto de 31 de Diciembre de 1875 que en su artículo I., párrafo 10, establecía que los periódicos que injuriaban las autoridades podían ser condenados á la pena de suspension y á la de supresión, aun cuando les fuese posible probar la verdad de sus imputaciones. No podemos menos de recordar que el Sr. Martín Herrera, que hoy está al frente del departamento de Ultramar, siendo ministro de Gracia y Justicia, sostenía, en un debate promovido por el Sr. Gamazo hace más de un año, la conveniencia y la justicia de la disposición contenida en el párrafo 10 del art. I.º del vigente decreto de imprenta, reformada en el proyecto por el señor ministro de la Gobernación, quien, á su vez, obedece á criterio distinto. De todos modos, el tiempo ha venido á darnos razón, puesto que ya en 13 de Diciembre de 1876 consignábamos en las páginas de LA REVISTA DE ESPAÑA, las palabras siguientes:

«No debía olvidar el Sr. Martín Herrera que existen ciertos principios legales claros, inconcisos y axiomáticos, que un jurisconsulto que goza de cierta fama, por el cargo que de la Corona mereció, no debe ni puede sacrificar á un objetivo político. La omisión inexcusable que se observa en el decreto sobre imputaciones á las autoridades, no tiene defensa. El párrafo décimo, del artículo primero, del referido decreto, enumera esta clase de abusos, sin establecer los términos y medios de prueba que concede á los acusados la legislación común; de suerte, que la prensa, excepcionalmente, y dentro de su más sagrada misión, puede verse condenada por un tribunal, como con recientes ejemplos demostraba el Sr. Gamazo. Hasta las antiguas leyes españolas en tan delicada materia,