ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 250

ATRIBUCIONES DEL ESTADO

Y DE LOS

DERECHOS INDIVIDUALES.

Los derechos individuales bien definidos, son el verdadero fundamento y salvaguardia de la libertad y por eso esta grave y trascendental cuestión renace siempre en todas las luchas del principio de la autoridad contra la libertad.

Ante todo, y para resolver con acierto esta gravísima cuestión, preciso es fijar bien la teoría del Estado y las condiciones verdaderamente esenciales de su legítima existencia. Y por más que aparezca difícil su solución, no es tan difícil, procurando examinarla profundamente, fijar el origen y la naturaleza del Estado, su fin, así como su objeto y sus límites; en una palabra los principios en que descansa su existencia, la ley filosófica de su organización. Pero el Estado es la nación constituida políticamente, y puesto que la nación es la sociedad constituida, es igualmente imprescindible recordar bien lo que es la sociedad civil, esto es, su origen y su naturaleza, así como su fin y su objeto; y por último, su organización.

En cuanto á la sociedad; necesario es examinar las diversas cuestiones que suscita su exámen, incluso la primera y más capital so-
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 251

bre el origen de la sociedad civil. Es innegable que la sociedad es el estado natural del hombre; es decir, el estado en el cual se hallan todas las condiciones para el hombre de existencia y legítimo progreso, absolutamente necesarias para la realización moral de sus altos deseños, para su perfección; ó lo que es lo mismo, que el origen de la sociedad se halla en la naturaleza misma del hombre, porque la sociedad es una ley providencial de la naturaleza humana. Verdad es que muchos y célebres escritores han creído lo contrario, afirmando que la sociedad no es el estado natural del hombre; esto es, el estado en el cual deben nacer, conservarse, desarrollarse y llegar á sus fines, realizando su destino en la tierra.

Han supuesto que ha existido otro Estado primitivo de pura naturaleza, en el cual, dócil á la voz sólo de la naturaleza, se regía únicamente por sus leyes, y que éste ha sido el estado anterior al establecimiento de las sociedades y las ha precedido. Y de aquí lógicamente la idea de un contrato social, esto es, el considerar ellos la sociedad como institución humana, establecida sobre un contrato voluntario y libre, y por consiguiente, el atribuir el origen de la sociedad puramente á la voluntad del hombre. Pero esta distinción de un contrato social expreso ó tácito, es un absurdo como distinción filosófica, lo mismo que como hecho histórico. No solo es contraria á la sana filosofía, sino que se halla además completamente desmentida por la historia, que jamás nos presenta, ni en los orígenes, ni en los primitivos tiempos de la humanidad, al hombre aislado y solitario, sino asociado á la mujer y formando la familia, más tarde á la reunión de la familia constituyéndola la tribu y después éstas formando las naciones. En efecto, la nación es precedida por la tribu, la tribu por la familia y la familia está fundada en la unión del hombre y la mujer, y por eso el matrimonio, á la vez origen de las familias y plantel de las generaciones que forman la nación, es una institución consagrada siempre por todas las tradiciones de los pueblos antiguos. El hogar doméstico, el santuario íntimo de la familia, es, á no dudarlo, la primera cuna de la sociedad. Así la humanidad, las naciones, la familia, el individuo, tales son los elementos sociales de la especie humana. La humanidad, vasto círculo que encierra todas las sociedades civiles, la sociedad civil, la nación, círculo menos extenso que encierra las familias y las imprime un carácter particular, el carácter nacional;
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 252

en fin, la familia que comprende los individuos y les garantiza su individualidad, su porvenir y su historia.

Además, los pueblos primitivos revelan una civilización muy avanzada para poder suponer que es el resultado de los primeros ensayos de una generación que acaba de abandonar los bosques. Por otra parte, no son tampoco los salvajes, como creen algunos, los que ofrecen el estado verdadero de lo que sería la humanidad en su infancia. La vida salvaje es una triste excepción en la humanidad, y el estado sólo de unos cuantos seres que, desgraciadamente, olvidaron las leyes morales, que no podían perderse en la humanidad, y que eran el verdadero germen de la civilización. Poco importa, también, que la historia humana nos presente, entre otras costumbres, ni muy morales ni ilustradas, la compra de la mujer, como la primera forma del matrimonio: el sistema de composiciones, fundadas sobre la venganza, como el primer ensayo del derecho penal, y las ordalias y el duelo judicial como la primera tentativa del género humano en el sistema de procedimientos judiciales. Podrán muy bien estas instituciones, universalmente establecidas en los pueblos antiguos, mirarse, no como peculiares de una sola raza ó de algún pueblo, sino como propias de todos ellos en los primeros pasos de su civilización, cualesquiera que sean su clima, su religión, su raza ó origen y su lenguaje; y de consiguiente, ser consideradas como las primeras fases de la civilización humana, en una palabra, como una de las formas necesarias de transformación, por la cual la especie humana prosigue su trabajo de desarrollo y de civilización.

Esto sólo prueba lo mucho que ha costado á la humanidad, después de sus extravíos y oscurecido su sentido moral, restablecer la autoridad, olvidada de las leyes morales que Dios la inspiró en la creación, y volver un día por los fueros de la razón y de la justicia. Pero de todos modos, cualquiera que haya podido ser el grado de cultura y civilización del hombre, jamás en ningún tiempo, ni en ningún lugar, ha existido el hombre en el estado de aislamiento, ni ese singular estado de naturaleza. El hombre es necesariamente sociable, y la sociedad es la ley inviolable de su destino en la tierra. Y del mismo modo, no hay para qué repetirlo, porque está ya bien demostrado, es innegable que la naturaleza de la sociedad descansa en la libertad racional del hombre, que es su ley funda-
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 253

mental, y que su objeto es la existencia y legítimo progreso del hombre, así como su fin lo es su perfección moral, que es la ley de la humanidad entera.

Y en cuanto al Estado, sabido es que es una sociedad de un orden superior, puesto que se designa así á la sociedad civil cuando se halla enclavada dentro de ciertos límites geográficos, rigiéndose y gobernándose independientemente de otras sociedades semejantes. Ante todo, importa mucho desvanecer completamente graves errores, algún tanto acreditados, sobre el origen y la naturaleza del Estado; esta gran institución fundamental y jurídica, que tiene por objeto la realización del derecho, y que debe, por consiguiente, velar cuidadosamente por su cumplimiento. Y si su objeto inmediato es, en verdad, la realización del derecho, su fin, no hay que olvidarlo, es el mismo que el de la sociedad; la perfección moral del hombre, que es la ley moral de la humanidad.

Afortunadamente, respecto al origen del Estado, no hay necesidad de destruir el error de la doctrina, que todavía aceptan algunos liberales, y que proclama un contrato político, en virtud del cual el hombre se compromete á formar parte de una nación, y obedece á su Gobierno. La verdad es que el Estado no es obra del hombre, ni resultado de su libre voluntad, sino una institución necesaria y providencial en la humanidad; que es libre el hombre de modelar, en cierto modo, y modificar siempre, pero no de crear á su antojo. Así el Estado es la verdadera realización social de la libertad humana, la sociedad constituida políticamente para cumplir con la ley moral de la perfección del hombre; y, por consiguiente, es absolutamente necesario al hombre, como una ley providencial e inviolable de su raza.

En vano se ha querido por algunos distinguidos publicistas dividir el supuesto contrato social en dos contratos, á saber: el contrato de reunión, ó propiamente dicho social, y el contrato de sumisión, ó sea contrato político. Sobre confesar ellos mismos que esta es una distinción puramente ideal ó filosófica, uno y otro se hallan completamente desmentidos, así por la sana filosofía, como por la historia. Y no se necesita ciertamente recurrir á esta quimérica teoría, de tan graves y trascendentales errores en sus aplicaciones, para asentar un principio verdadero y fundamentalmente liberal, como lo es, en mi concepto, la teoría que yo he formulado.
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 254

Esta doctrina mia es bien sencilla, y consiste en establecer que la libertad racional, que necesariamente es reconocida y proclamada por el derecho, exige imprescindiblemente que el individuo consienta en las bases constitutivas del Estado, para que se le considere como ciudadano ó miembro suyo. Y no hay que olvidar que estas prerrogativas no son sólo del ciudadano en un pueblo libre, sino de todo hombre en la sociedad.

I.

Expuesta ya la doctrina que fija con toda claridad la verdadera naturaleza del Estado y de su organización, su fin y su objeto, y recordando los principios filosóficos fundamentales de la libertad, es fácil deducir ahora las verdaderas atribuciones esenciales del poder público, así como la naturaleza y los límites de los derechos individuales, que deben determinarse y fijarse bien en interés de la libertad.

En cuanto á la naturaleza del poder público, la verdad es que el carácter pasivo que únicamente quieren reconocer algunos publicistas liberales en el Estado, no corresponde, ciertamente, á la grandeza moral del principio que representa su institución. Por el contrario, debe establecerse como principio fundamental, que el poder del Estado, teniendo por objeto la realización del derecho, á fin de lograr la perfección moral y el bienestar social de sus individuos, es esencialmente tutelar más bien que represivo; esto es, directivo y protector en los límites legítimos de su acción, nunca opresivo. Su acción debe ser, no solo negativa, sino también positiva; no basta que reprimá el mal, es necesario además que realice el bien; y por consiguiente, debe tener toda la extensión para ello necesaria dentro de sus legítimos límites. Y en efecto, este principio, bien aplicado, resuelve perfectamente la cuestión concreta de las atribuciones que son propias del Poder público, del Gobierno del Estado.

A la verdad, nadie pone en duda las atribuciones del Estado, respecto á la diplomacia, ó sean las relaciones exteriores con otros Estados, y al ejército, ó sea la fuerza pública, la justicia, la policía y la hacienda. Pero algunos escritores de la escuela liberal limitan á esto sus atribuciones, pues para ellos el Estado solo tiene la doble misión de conservar el orden en el interior, y asegurar la
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 255

independencia nacional con el extranjero. Pero de ningun modo se puede reducir tanto la accion del Gobierno, porque el Estado no es solo el órgano de la ley y de la defensa nacional. El Gobierno, en toda sociedad bien constituida, debe cuidar constantemente de la defensa del orden social y del legítimo progreso de sus individuos, y para esto debe, no solamente asegurar la independencia nacional y cuidar de la policía exterior y la tranquilidad material en las calles, sino que le corresponde tambien, segun la teoría del derecho que he dejado establecida, la conservacion indispensable de la unidad moral de la patria; esto es, de la unidad religiosa moral y social, y la prevision constante del porvenir; y todo esto sin lastimar en manera ninguna los derechos individuales, sino que, por el contrario, asegurando eficazmente su legítimo ejercicio. Y es incontestable que únicamente á todo el conjunto de estos deberes morales y materiales se puede llamar verdaderamente Gobierno; y por consiguiente, todas las atribuciones que exija su cumplimiento, son propias del poder público, son atribuciones legítimas del Estado.

Así el Estado debe adoptar una Religion, como verdadero fundamento de la moral y del derecho; y cuidar severamente de su observancia, sin permitir á sus individuos ningun acto público contrario, si bien sin lastimar la santa libertad de conciencia, que es la base sagrada en que descansan verdaderamente la moral y la Religion, y la libertad de cultos en los límites legítimos conciliables con el Estado. El ateismo del Estado, como ingeniosamente lo explican algunos célebres escritores de la escuela doctrinaria, es una doctrina tan impía como absurda y anárquica. Y del mismo modo se comprende bien que es esencial para la realizacion del orden moral de la sociedad conservar la unidad moral en la educacion y la instruccion de la juventud, y, por consiguiente, que deben estar al cuidado del Estado. El hombre que es mayor deedad y está ya en la plenitud de su razon, esto es, que es capaz de pensar y obrar por sí mismo con completa conciencia, puede, sin duda, en virtud de su libertad racional, educarse asimismo como quiera, y entregarse libremente al examen dela ciencia, sea en el retiro de su estudio, ó en las severas y tranquilas discusiones de las Academias puramente cientificas. Pero el Estado no puede permitir que se abuse de la menor edad de la juventud, ó de la sencilla imaginacion del pueblo, para sembrar en
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 256

su corazón sentimientos no muy morales, é inspirar en su inteligencia ideas falsas y extraviadas, contrarias á las que ha proclamado la razón nacional, y ha sancionado la conciencia pública en el país; y, por consiguiente, no puede autorizar la libertad de enseñanza, sino únicamente la libertad en la instrucción científica, que son dos cosas muy distintas. Es incontestable la competencia del Estado en materia de enseñanza pública. La enseñanza interesaba profundamente al Estado, porque se refiere á todo un orden de doctrinas y de creencias religiosas, morales y metafísicas, de que depende el orden moral de la sociedad; y seguramente los que rechazan como una usurpación la intervención del Estado en todo lo que sea del dominio de la moral y de la Religión, se olvidan de las condiciones esenciales del orden moral, de las condiciones morales del orden social; en una palabra, de las condiciones esenciales para conservar la unidad moral de la nación, que es verdaderamente necesaria para la existencia legítima del Estado. No es posible entregar la educación y la instrucción de la juventud al espíritu de empresa ó de partido, á la especulación industrial ó política, con gravísimo daño de la sociedad y de sus legítimos fueros. Además, la educación y la instrucción pública bien organizadas, son el aprendizaje de la vida pública, y por eso el Estado no puede abdicar su derecho á cuidar del que ha de ser algún día ciudadano, por más que tenga que respetar en lo que debe los derechos sagrados de la familia. Y no es posible que deje á éstas en completa libertad de atender como quieran á esta imperiosa necesidad social; pues harto influjo moral deja á la acción legítima de los padres, respetando en este punto como debe la vida privada y el hogar doméstico. El derecho del padre sobre sus hijos no es un derecho absoluto, ni son su propiedad, y no autoriza ciertamente el suicidio moral de sus hijos. El padre no tiene derecho sobre sus hijos, sino porque tiene un deber moral que cumplir, y sólo en la medida de este deber puedo ejercer legítimamente sus derechos. Y no es menos legítima también la competencia del Estado en todo lo que puede interesarse á la salud y á la beneficencia pública, no permitiendo lo que puede causar perjuicio á la salud pública en toda una población, ó inadvertidamente al individuo cuando éste no se halla en disposición por sí de evitarlo, y proporcionando todos los auxilios posibles en medio de sus recursos, á las familias desgraciadas.
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 257

y á los individuos cuando carecen de éstas, si no ha alcanzado aliviar estos infortunios la caridad privada. Ni es menos legítima tampoco la intervencion del Estado en las obras públicas y en la industria y en el comercio, cuando lo exija indispensablemente la seguridad pública ó el interes general, el fomento de los intereses materiales del país ó la gloria artística de la nacion, sin lastimar por eso las leyes económicas del libre desarrollo y circulacion de la riqueza, ni la espontaneidad y libertad de las obras de la inteligencia y de las inspiraciones de las bellas artes. Por último, el Estado tiene el derecho de formar la estadística, porque es indudable que la autoridad social tiene el deber de tener un conocimiento exacto de todas las verdaderas necesidades sociales y del estado del país, para su mejor y más acertada gobernacion. Y no hay que olvidar nunca que estos principios sobre la competencia del Estado en las esferas diversas de la actividad social, no dependen de tal ó cual sociedad, ni forma de Gobierno determinada, sino que son inherentes á toda sociedad verdaderamente organizada y convienen á toda clase de Gobiernos, por más que varíe como siempre su aplicacion, según las circunstancias de cada país.

Pero no basta que se hallen reconocidas las atribuciones que corresponden al Estado; cualquiera que sea la forma política de su organización, es preciso, tambien, fijar ciertos principios generales que señalan el límite que separa la iniciativa del Estado de la iniciativa individual; en una palabra, que determinan claramente el límite de las atribuciones del Estado. Y de lo que precede es fácil ya deducir la regla general que debe presidir á las relaciones del individuo con el Estado, considerado como cuerpo moral, esto es las obligaciones y derechos del Estado, así como las obligaciones y derechos del individuo.

Con efecto, la sociedad considerada, como una personalidad se llama nacion, y cuando está organizada políticamente se llama Estado (Res-publica) y el Estado no es una abstraccion, ni el producto arbitrario de la inteligencia ó de la voluntad individual del hombre, es una institucion necesaria y providencial de la humanidad. El Estado, como se ha visto, es la expresion moral y personificada de la sociedad, que tiene por objeto la realizacion del derecho; esto es, el asegurar las condiciones sociales necesarias para la existencia y legitimo progreso del hombre en la sociedad y para el
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 258

debido mantenimiento del orden social. Y si el Estado verdaderamente debe tener por objeto asegurar el orden social y la libertad individual, es evidente que las obligaciones del Estado pueden reunirse en las de conservar el orden social, y proteger y asegurar la libertad individual, esto es, el ejercicio legitimo de los derechos individuales; y las del individuo pueden resumirse tambien en las de contribuir á sostener el Estado y respetar el orden social establecido y la libertad individual de todos sus miembros.

A la verdad, bien ya demostrado está que hay un orden moral preexistente á toda ley social, eterno, inmutable; y afortunadamente esta verdad se halla grabada indudablemente en la conciencia del género humano. Y es evidente que esta ley moral, superior á todas, exige la perfeccion moral del hombre, y para que pueda lograrla por medio de su libertad racional, se halla establecida precisamente la sociedad; que no es una obra humana que haya sido el resultado de un contrato social de los hombres, cansados de los desórdenes del estado de naturaleza. Dios ha hecho al hombre sociable y la sociedad es un estado necesario y providencial como lo es el Estado, que es la institucion que tiene por objeto la realizacion del derecho, del orden social; que es el medio necesario é indispensable para la realizacion del orden moral. Así el orden social consiste en mantener los derechos de la sociedad contra sus miembros, si intentan quebrantarlo; y de los miembros entre sí, si no saben respetarse: porque en la sociedad tienen que existir estas dos relaciones: de la sociedad considerada como cuerpo moral con los individuos que la componen, y las relaciones de los individuos entre sí. La justicia social debe ser siempre, y no hay que olvidarlo, una emanacion y aplicacion del orden moral.

Por esto, el Estado debe asegurar á sus individuos las condiciones necesarias para su existencia y legitimo progreso en la sociedad; esto es, la libertad individual necesaria para su desenvolvimiento fisico, moral é intelectual, y para que pueda aspirar libremente á su perfeccion moral. Y, por consiguiente, todo hombre tiene derecho de pedir al cuerpo social ó á la nacion, la proteccion necesaria para el legitimo ejercicio de su libertad; así, como tiene el deber de sostener y defender á la sociedad, á la nacion, y no hacer nada que pueda perjudicarla. Y ante todo, el Estado se halla, pues creado, y organizado para procurar la garantía de los derechos
Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 259

individuales, que personifica la libertad. Así, la verdad es, que todos los hombres tienen estos derechos, que no son más que las distintas manifestaciones del ejercicio legítimo de su libertad; y que estos derechos son independientes de la autoridad social del Estado, que no puede negar la existencia de ellos, sin hacerse culpable de usurpación.

Además, la sociedad, puesto que es de institución divina y no el resultado de un contrato, tiene, como el hombre mismo, el derecho y el deber de su propia conservación. Y la consecuencia inmediata del derecho de su propia conservación, es, pues, el derecho de exigir de sus individuos el cumplimiento de todas las condiciones que sean consecutivas del orden social, de hacer respetar las bases esenciales de la sociedad y del Estado. Y, en efecto, cualquiera que sea la forma de su organización política, no puede existir el Estado, que es la sociedad constituida legalmente, sin la institución de un poder encargado de hacer cumplir las leyes del orden social, y sin la necesaria y legítima obediencia de sus individuos. Así, como es preciso también para conservar la paz en la sociedad el respeto recíproco de sus derechos entre sus individuos; pues si el hombre tiene el derecho de ejercer sus derechos, tiene también el deber de respetar los de los demás. La obediencia es absolutamente necesaria á la ley y á la autoridad legítima, dentro de los justos límites de acción de su competencia.

En una palabra: el orden social es el resultado necesario de las garantías de los derechos y del cumplimiento de los deberes de la sociedad, y de todos sus miembros. Así la sociedad, si para obedecer á la ley de su propia conservación, tiene, pues, por su parte, el derecho de exigir la obediencia á las leyes, por otra parte, para cumplir con el fin de su institución, que es la perfección moral del hombre, y con su objeto inmediato, que es asegurar la libertad racional, tiene el deber de garantizar la libre acción del hombre en el círculo legítimo de sus derechos.

Así, en tesis general, los derechos de la sociedad ó del Estado, son el exigir el cumplimiento de las condiciones que son esenciales á su conservación, al orden social; sus deberes son el asegurar por medio del empleo de todas sus fuerzas el desarrollo moral y material del hombre, las condiciones de su existencia y legítimo progreso. Los derechos del individuo son desplegar, bajo la protección