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este argumento no ha sido por nadie utilizado para sostener el nombramiento, no ofrece la menor duda de que lejos de administrarse la justicia á nombre del rey, se administra aun á pesar del poder moderador, ya que no puede concebirse la violacion de ley alguna por orden del monarca, como no se concibe por este procedimiento la libertad de un procesado. Hé aquí por qué uno de los más distinguidos oradores de la tribuna española sostenía, de acuerdo con sus compañeros de la antigua escuela liberal, que por esta razon los bandos que principian por el rey, debieran empezar por la ley, ó por la justicia, ó por la nacion, que es la fuente, el origen y la raiz de toda potestad y de todos los poderes constituidos. Si por un momento se admitiera la peregrina hipótesis de que la justicia se administra á nombre del monarca para sostener el nombramiento de los alcaldes por la corona, nos veríamos en el caso de proclamar el absurdo de que los nombramientos de los jueces forman parte de la prerrogativa constitucional del trono. En Francia, nacion exageradamente centralizadora, de vida municipal distinta y de diversa historia, hasta el reinado de Felipe Augusto han sido las magistraturas hereditarias y objeto de compra-venta. Puesto que los centralizadores han acudido casi siempre al inmenso arsenal que les ofrece la anunciada teoría de M. Vivien, es muy conveniente recordar las palabras consignadas en el dictámen por la comisión encargada de informar acerca del proyecto de ley municipal redactado por este distinguido hombre público, leído en el Congreso de la nación vecina en 26 de Abril de 1836: "La administracion general del reino, deciase, halla en las municipalidades uno de sus medios de accion: los alcaldes son sus delegados. Bajo este concepto proveen á la ejecucion de las leyes y reglamentos, y cumplen con ciertas funciones que determinan leyes especiales. Este mandato público les pone bajo la dependencia del gobierno, de quien reciben las órdenes y á quien tienen obligacion de obedecer. La comunidad municipal tiene tambien sus derechos y sus intereses peculiares; el alcalde ejerce en medio de ella la autoridad ejecutiva y las funciones de administrador; y como tal, posee un poder que le es propio, peculiar y no delegado. No está sometido, en estos casos, sino á la simple vigilancia del gobierno." De manera que, además de las facultades esencialmente inherentes al cargo que desempeñan, tienen los alcaldes otras de
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pura delegación gubernativa, oportunamente calificadas de adyec- cias por un distinguido hombre público. Sobre estas últimas fun- dan los centralizadores los nombramientos de los alcaldes por la corona, ó cuando menos la tímidas combinación de hacer intervenir en las elecciones el voto de los electores y la designación de la co- rona, servilmente copiando las disposiciones de la ley francesa de 21 de Marzo de 1831; todo bajo el fútil pretexto de que son funcio- narios del poder ejecutivo, que exclusivamente reside en el rey, ó que como delegados del gobierno vénse obligados á ejecutar las ór- denes que el poder les comunica. No importa; el carácter público ordinario existe de una manera popularmente esencial, no puede alterarlo el delegante, ya que la delegación es un hecho posterior que envuelve el reconocimiento del anterior, sin que facultades de- legadas, poco frecuentes, de escasa importancia y reducidas á órde- nes del gobierno, de tarde en tarde llegadas y de simple ó mecánica ejecución, puedan alterar las facultades esenciales, ordinarias, ane- jas siempre al cargo y constantemente ejercidas.

Es, pues á todas luces manifiesto que el carácter más importante que el alcalde tiene es de autoridad municipal de presidente de Ayun- tamiento y, bajo este concepto, la investidura de origen popular no puede en modo alguno desconocerse, á pesar de las inconcebibles mistificaciones de una escuela exageradamente partidaria de la ab- sorción administrativa, ó de los fanáticos sectarios de prácticas mu- nicipales que reprochan los principios de derecho constitucional, y que nuestra historia condena. La elección de los alcaldes radican en las localidades, y ni siquiera puede admitirse que estas supliquen ó propongan porque esto equivaldría á mutilar un derecho sagrado y respetabilísimo. A excepción de la Francia, que está en París, con lo cual queda dicho todo, apenas se hallará otro país libre en que el alcalde deje de ser nombrado por el pueblo, como en Portugal, en el Brasil, en las repúblicas de América, en los Estados Unidos, y en la misma Inglaterra, modelo de instituciones libres, cuyo pue- blo nombra á su Mayor, que corresponde á nuestro alcalde. Y cuen- ta que á pesar de la simpatía y preferencia que sentimos por el país inglés, porque allí el sistema representativo ha llegado á un grado envidiable de perfección, no nos es dable tomarle por mode- lo en lo que se refiere á nuestras instituciones, temerosos de que al trasladar á nuestro país las leyes é instituciones inglesas, alcanzemos
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los desastrosos resultados producidos por el inconcebible afán de copiar en el presente siglo las instituciones y leyes francesas. Error gravísimo en que incurrieron nuestros hombres públicos en su insaciable deseo de llevar hasta el último rincon de España la intervención central más exagerada, prescindiendo por completo de nuestros derechos, nuestra Historia, nuestras costumbres y de las gloriosas páginas que nos legaron, con su independencia, nuestros antiguos municipios. Francia, de elementos constitutivos diversos, de historia y costumbres distintas, de administración constantemente encadenada al poder, con sus modernas comunnes, sin el amor á la vida municipal que en España existe, no puede ofrecernos en esta materia ejemplo alguno que imitar. Cormenin, partidario de la centralización, y por lo mismo autoridad no sospechosa, reconoce que durante muchísimos años la Francia ha carecido de una Constitución solemne y legalmente establecida, sin carácter constituyente y en consecuencia sin intervención popular.

Es imposible, lo hemos dicho ya, traer las instituciones inglesas á nuestra patria, por más que ellas puedan servir de saludable ejemplo á todos los países regidos constitucionalmente. La prosperidad de Inglaterra débese en gran parte á la vitalidad de las localidades, y á la libertad en que las deja el Estado sin intervenciones que maten ó destruyan el estímulo ó la iniciativa de los esfuerzos individuales. El Estado y la localidad tienen allí plena conciencia de sus derechos y deberes. El descuido de los intereses propios y mismos, no ofrece duda. El elemento aristocrático, de respetable historia, entra por mucho en su régimen municipal, y el Estado, desatendiendo ciertos servicios, influye extraordinariamente en la opinión pública por la autoridad de la justicia y de la tradición. La legislación inglesa dista mucho de ser uniforme, y, sin embargo, prescindiendo de Escocia é Irlanda, víctimas todavía del sistema feudal de la Edad Media, las poblaciones urbanas tienen su representación en las villas, democráticamente constituidas, y con completa independencia. Las funciones puramente judiciales corresponden á los jueces de paz, y la administración á un consejo municipal que elige á su presidente de entre sus mismos regidores (aldermans), y que con sus extensas atribuciones abarcan todo lo que se refiere al presupuesto, caminos, policía, en una palabra, todos los intereses locales sin exclusión alguna. Estos consejos municipales han podido
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servir, y han servido de modelo á nuestros municipios, creados en distintas épocas, y sobre todo á las leyes orgánicas de 1870. Por lo demás, ni el condado, ni la parroquia, ni las comisiones locales establecidas por la ley de 1858 pueden darnos la clave de nuestras instituciones locales ó provinciales. El Condado, conjunto de poblaciones rurales en su mayor parte, tiene una organización permanentemente aristocrática y su soberanía es absoluta; la autoridad reside en los jueces de paz, de atribuciones distintas á los que en España se establecieran, puesto que elegidos por la Corona de entre los grandes contribuyentes y perteneciendo á la aristocracia, son inamovibles y ejercen funciones judiciales y administrativas. En este concepto reparten los arbitrios, intervienen las cuentas, inspeccionan los montes, caminos, canales, etc., etc., están encargados de la policía y de la paz pública; son comandantes de la Milicia y tienen á su cargo los nombramientos de secretarios de paz.

La parroquia, circunscripción puramente religiosa, transformada hoy en unidad administrativa, se funda, dentro de reducidos límites de actividad, sobre determinados servicios civiles y eclesiásticos, por más que la asamblea general, formada por todos los que satisfacen el impuesto de pobres (vestry) para el nombramiento de los empleados de la parroquia, votación del presupuesto y examen de las cuentas, sea un ensayo curioso y permanente de Gobierno popular directo.

Las comisiones locales, limitadas á los objetos comprendidos en la ley en virtud de la cual fueron creadas, tienen jurisdicción sobre cierto número de parroquias; son sus atribuciones análogas á los consejos de las villas, y obedecen, á pesar de su carácter excentrallizador, á un principio de uniformidad en la administración provincial. No puede, en manera alguna, implantarse por completo, ni mucho menos en España, la organización local inglesa, especial y única en Europa. Permitáseños que aquí reproduzcamos textualmente unos párrafos ad hoc de un concienzudo y erudito artículo de autor desconocido, publicado en un periódico político de esta capital. Así dicen: «Cuando se penetra en el fondo de ese régimen, (aludiendo á la organización local inglesa) cuando se fija la vista en aquellas circunscripciones territoriales de configuración irregular, desiguales en extensión y en importancia; cuando se observa lo mal definidas que están las atribuciones de poderes que se mez-
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clan y se confunden; cuando se encuentran á cada paso disposiciones especiales, costumbres especiales en vigor, antiguos privilegios respetados, y todo este complicadísimo aparato administrativo funcionando de hecho sin bruscas suspensiones, sin violentas sacudidas, pausada y ordenadamente, haciendo circular por todo el territorio una intensa corriente de vida local; dejando á la iniciativa individual ó á la actividad de las asociaciones su propia esfera de accion; desarrollando y manteniendo una opinion pública de incontrastable potencia, no puede menos de quedar sorprendido el ánimo, pero incurren, á nuestro juicio, en un grave error los que por esto piensan en la asimilacion de algunas de esas instituciones á nuestro pais.

Es, pues, forzoso que en esta materia nuestro criterio se forme con pleno conocimiento de la independencia de los antiguos municipios españoles, de nuestros usos y costumbres, de nuestros derechos y de nuestra historia. Por desgracia, las libertades municipales, nacidas en este suelo para oponer á los abusos de los grandes una valla salvadora, murieron en los campos de Villalar, y esos elementos, íntimamente unidos en Inglaterra, no se han fundido aquí todavía.

Tampoco, lo repetimos, puede darnos la Francia de los Césares y de las Convenciones ejemplos que imitar, por más que tenga una historia feudal parecida á la nuestra. Convienen casi todos los publicistas franceses en que las catástrofes recientes de la nacion vecina débense á la excesiva centralización ó á los nombramientos de prefectos y alcaldes que anuncian por completo su administracion perteneciente á corporaciones de origen popular.

Dicho está que si, en nuestro concepto, es insostenible la eleccion de los alcaldes por la Corona, lo son tambien las trastornadas facultades que se les confieren, explicadas por la viciosa centralización de su nombramiento ante las bien entendidas libertades municipales. Todo lo que en ellos pase de lo que directamente se refiera á la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, á la conservacion del orden público, salvas delegaciones de interés general, y á la mera ejecucion de los acuerdos municipales, sin que en ningun caso contra los mismos prevalezca su particular juicio, como se pretende por la fuerza de la centralización y del dominio, envuelve un atentado contra los fueros municipales.
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Y no basta el nombramiento del alcalde ordinario por el rey de entre los vecinos concejales. Ha sido absurdamente necesario un instrumento directo de ningún origen popular; ha sido preciso un alcalde corregidor en donde se ha conceptuado conveniente; se ha sostenido la desnaturalización del municipio; forzoso ha sido que éste no pudiese moverse sin la licencia de un introducido en la familia de la localidad; fué preciso, en fin, que tan grande deservicio se pagara todavía con un sueldo por el pueblo ó por la misma localidad. Dos solas observaciones: para cohonestar ese nombramiento se cita el monstruoso sistema que felizmente desapareció y tanto se ha abusado de ese funesto pensamiento que inventó, más acaso que la idea centralizadora, la pasión política y la inmensidad de pretendientes, que su autor se arrepintió de ello, aunque más tarde no quisiese acordarse de su pública confesión, ó no tuviera valor ó fuerza para derribar su triste obra.

Se dice, después, por los centralizadores á los parodiados ayuntamientos: lo más sencillo de vuestra administración económica es el sistema de administración de los propios, arbitrios y demás fondos del comun; el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechamientos comunes; el cuidado, conservación y reparación de los caminos y veredas, puentes y pontones vecinales, las mejoras materiales de poco importe, según el número de vecinos, y repartición de granos de los póritos y la administración y fomento de estos establecimientos. Sobre esos objetos circunscritos, cercenados y mezquinos, se añade, podreis tomar acuerdos ejecutorios, empero continúase, con tal que os conforméis con las leyes y reglamentos que os impongan, es decir, por esta misma condición, con las leyes y reglamentos que condenan la voluntad, que destruyen la libertad, que absorven las facultades naturales y que las anonadan en mayor ó menor escala en razón directa de la insaciable centralización. Si no lo haceis, se previene en conclusión, la primera autoridad civil de la provincia, podrá suspender vuestros acuerdos oído al Consejo Provincial, ó á cualquiera otra comisión de nombramiento real. ¡Ni siquiera con la retrógrada y atentatoria cortapisá de los fueros municipales, se quiere que unos cuerpos populares, superiores, provinciales, conocedores más inmediatamente de los intereses de que se trata, afectos á otra responsabilidad más delicada y ligados íntimamente con la familia colectiva municipal, ni siquiera se quiere,
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repetimos, conceder una atribucion por usurparla! Lo ejecutario, separadamente, puede dejar de serlo á cada paso, por interés centralizador, por mira conveniente, aunque anti-popular, ó por interpretacion extraña debida á tal ó cual circunstancia de momento. ¡Qué vida tan precaria la del municipio!

Al lado de los negocios que acaban de ocuparnos colocan los centralizadores separadamente los de más supuesta trascendencia. Solo por esta circunstancia se oponen á que queden, como los anteriores, á la mera vigilancia del Gobierno, sino sujetas á su autoridad. Los ayuntamientos, según ellos, deliberan, pero sus acuerdos no pueden llevarse á efecto sin el pase del superior delegado civil del Gobierno, ó el de éste en su caso. Hé aquí cómo se descubren las facultades naturales del municipio, á pesar de la centralización ahogadora de las mismas. Según esto, los ayuntamientos no deben proponer, solo deliberar. Ni el delegado, ni el Gobierno en su caso debe aprobar. Aprueba ó desaprueba. Es como una rendija que ha debido quedar en el edificio de parecido extranjero, para que por ella pudieran descubrirse por lo menos las sombras de las primitivas libertades públicas, de aquellas agregaciones naturales no procedentes de la ley. Pero, se les dice, deliberad nuevamente, como por vía de ficticio recuerdo, ya que seguidamente, se añade, me reservo el veto. A la vez os concedo y os niego: no quiero que olvidéis lo que fuisteis y lo que debírais ser, ya que no modifico ni reformo; pero quiero robustecerme á vuestras espesas, quiero estenuaros, quiero vivir de vuestra vida. No puedo consentir siquiera que la provincia, la segunda unidad popular administrativa que toca, ve, comprende y estima vuestros intereses, inspeccione vuestros actos relativos á la gestión económica y al gobierno del pueblo.

Sin dicha apelacion, pues, y por lo mismo sin tramitacion fatigosa, y sin expediente aplastador é insoportable, no podrá ejecutarse una mejora material en un pueblo, v. g. de menos de 200 vecinos, cuyo importe sea de un maravedí más de 200 reales; ni una simple alineación de calle, pasadizo ó plaza, como si pudiera el más interesado en la higiene y en la belleza desconocerse á sí mismo: ni el arrendamiento de un arbitrio, que naturalmente supone la conveniencia, ni la supresión de ese arbitrio.

Y los centralizadores ya calificados proponen y aprueban "que los ayuntamientos no pueden deliberar sobre más asuntos que los
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indicados, ni hacer por sí, ni prohijar, ni dar curso á exposiciones contraídas á negocios políticos, ni publicar sin permiso del gobernador de la provincia las exposiciones que hicieran dentro del círculo de sus atribuciones, como tampoco otro papel alguno, sea de la clase que fuere. ¡Qué impresión desagradable no ha de causar á los que como nosotros opinan por la publicidad de las sesiones municipales, fundados en que la publicidad en todo es la base de los gobiernos representativos! De manera que erigido por un lado casi en principio el secreto de lo que interesa á un pueblo entero, por otro resulta que los ayuntamientos no pueden defender sus actos; y más que esto, no pueden defender su honra sin permiso del delegado del Gobierno. Perfectamente nos consta, que contra los partidarios de las libertades municipales, vencidos con lamentable frecuencia por los defensores de la centralización devoradora, se dirá que eso no envuelve una prohibición absoluta, que es una mera cautela, que no se negará en su caso la defensa; pero ocurremos á ese original argumento, replicando que el permiso es absurdo y que basta con que pueda negarse.

¿Y qué diremos nosotros, tan enemigos de la anarquía, como adoradores de todas las verdaderas garantías constitucionales, y de todos los más puros derechos populares, del derecho de petición que se mistifica y se condena, sin tener en cuenta que inmediatamente nace de uno de los derechos absolutos recibidos de la naturaleza, esto es, del derecho de la libertad individual? Se admite la teoría, y con respecto al derecho de petición se contradice. La libertad viene constituida por principios, y luego se la ataca por excepciones. Es bello, se dice, ese derecho de petición en sí, y en seguida se pretende darle otro carácter radicado en la magistratura popular. El derecho de petición tiene directa mira á los negocios públicos; y previamente el municipio que los representa por la suma de intereses y derechos individuales en su mayor parte, no puede utilizarlo.

La existencia del municipio debe depender de la voluntad del Gobierno: hé aquí la última palabra de nuestros centralizadores. El representante superior civil en la provincia puede, dicen, en caso grave, á su juicio, suspender á un Ayuntamiento, al alcalde ó cualquier concejal, y consecuentemente proceder á su reemplazo. El Gobierno, añaden, mediando causas graves, á su juicio tam-
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bien, puede destituir á un alcalde, teniente ó regidor, y disolver un Ayuntamiento con facultad exclusiva de dar ó no noticia de los hechos al tribunal competente para la formacion de cause. Ahí te- neis aquel municipio cubierto de gloriosos é imperecederos recuer- dos desde los siglos XI y XII; aquel municipio que reprimió el po- der y anonadó la influencia de los señores feudales; aquel munici- pio cuya independencia fué ley constitucional en España, que libró á los pueblos del yugo que sobre ellos pesaba y consolidó el trono; ahí está á los pies de los vencedores, á discreción de un Gobierno, dependiente su ahogada vida de una disposicion gubernativa, sin poder invocar las leyes que consagran la defensa, ni las protectoras formas judiciales establecidas á favor de los que piden justicia, abatido, humillado, muerto.

¿Por qué discurrir ahora sobre el gobierno y administracion de los intereses provinciales y sobre el derecho electoral activo y pa- sivo de los ciudadanos de las respectivas circunscripciones, en el sentido que se deja expuesto con respecto á los municipales? ¿Para qué? Si basta decir que nuestros centralizadores mientras no niegan la unidad administrativa de la provincia, mientras no niegan su unidad natural, salvo algunos que, preocupados, en nuestro hu- milde concepto, por ciertas teorías francesas, pugnan con nuestro provincialismo no desaparecido, con antiguos confines no destrui- dos, con nombres históricos no olvidados, con vivas y remotas tra- diciones, sin que por todo esto dejen de ver lo espontáneo del vínculo provincial, ni pueden demostrar el artificio ó la obra del legislador, mientras, en fin, se ven obligados á reconocer la exis- tencia de los intereses comunes y esencialmente propios de la pro- vincia en lucha abierta con esos hechos palpitantes, y en contradic- cion consigo mismas, incurren en seguida en los propios vicios, en iguales contrasentidos y en la misma desnaturalización para acabar con ella. ¿Para qué, repetimos, discurrir sobre el gobierno y admi- nistracion de la provincia, si nos veriamos en el caso de reproducir lo expuesto con respecto á la apurada situacion del municipio? ¿Si no existe otra diferencia entre éste y aquella, más que en la demar- cacion, en la consecuente extension de intereses y en el mayor nú- mero de vecinos? ¿Si se pretende que la administracion central go- bierne demasiado y viva de gracia la provincia sin independencia alguna? ¿Si con respecto al derecho natural, activo y pasivo, quie-