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timos, son igualmente absurdas y contrarias á las verdaderas noci-
ciones del Estado y de la autoridad y de la libertad. Y para evitar
precisamente que se generalicen doctrinas tan peligrosas, hay que
fijar bien las leyes fundamentales de la libertad y del progreso y
su verdadero espíritu, y determinar de una manera clara y com-
pleta el origen filosófico é histórico de la soberanía y del poder
público, su verdadera naturaleza y sus legítimas atribuciones.

Y en cuanto á la teoría de los derechos individuales, es incon-
testable su legitimidad y su existencia. A pesar de las censuras in-
geniosas y gubernamentales, que han merecido de algunos publi-
cistas, la verdad es que existen en el hombre, sin duda ninguna,
estos derechos individuales; naturales, porque estas libertades son
las manifestaciones de la personalidad, propias de la naturaleza
humana; sagrados, porque, como el hombre mismo, son obras de
Dios; inalienables, porque como necesarios que son para cumplir
los deberes, que es su fundamento, no se puede renunciar ni abdi-
car el deber, que es su verdadero fundamento moral; é impres-
criptibles, porque la injusticia contra la ley de Dios jamás pres-
cribe.

Pero tambien es verdad, que no son de ninguna manera, como
suponen los escritores radicales, absolutos, porque si su existencia lo
es, pues, absoluta, es la razón de que emanan; no así su ejerci-
cio, que se halla necesariamente regularizado por las leyes; pues
no existe autonomía en el hombre, sujeto á la ley de Dios, y á la
sociedad y sus leyes; ni ilimitados, porque la libertad, racional
como es, tiene, naturalmente, los límites que exige la razón para su
legítimo ejercicio, y los que reconoce la ley como necesarios para
el orden social, en una palabra, porque la conciencia pública re-
conoce que la limitación de los derechos del hombre en todas las
esferas de la actividad humana, es una necesidad imprescindible
del orden social: ni ilegislables, porque es evidente la necesidad de
establecer leyes represivas contra los abusos que puedan cometerse
en el ejercicio de ellos y que determinan la línea divisoria entre el
ejercicio legítimo de los derechos individuales y el abuso en el ejer-
cicio de estos derechos. Así la doctrina de los "derechos individua-
les soberanos é ilegislables," envuelve la negación del principio del
derecho legítimo de la sociedad y de toda autoridad; y se complace
en inculcar á las masas con loca soberbia y culpable imprudencia.
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la falta de respeto á la ley y á la autoridad, induciéndolas siempre á hacer alarde de desobediencia, y haciéndolas insolentes e incompatibles con toda clase de gobierno; en vez de proclamar la necesidad indispensable de cuidar de su educación, no sólo política, sino moral, para conservar el orden social, y de hacerlas comprender que es preciso que cuiden de respetar la ley y la autoridad legítima, para hacer respetables sus derechos. Y hay una inmensa distancia, como se ve, entre esta doctrina y la de los derechos innatos primitivos, sagrados e inviolables e imprescriptibles; en una palabra: de los "derechos naturales, inviolables e imprescriptibles," y por consiguiente, anteriores y superiores á toda ley social, y que ésta debe respetar cuidadosamente; doctrina tan profundamente filosófica y liberal, que si bien pone un valladar á la omnipotencia del legislador y á todo despotismo, hace comprender al mismo tiempo la verdadera naturaleza de estos derechos individuales y su legítimo ejercicio, al declarar que todos los derechos implican necesariamente deberes, cuya observancia es tan sagrada como el ejercicio de los derechos y el verdadero título del respeto e inviolabilidad que estos merecen.

Además, es preciso distinguir bien los derechos sociales ó civiles que son los individuales y los derechos políticos ó garantías constitucionales, y no olvidar que el derecho tratándose de los derechos de la libertad social y la Constitución del Estado, respecto á los de la libertad política, marcan la manera de ejercerlos, esto es, establecen la forma legítima de su ejercicio. Con efecto, los derechos civiles que son propiamente los que se llaman "individuales" no son concesiones de la ley ni del legislador, sino de derechos innatos en el hombre; y los "derechos políticos" por el contrario, los crea la ley constitucional, según va reclamándolos la razón pública. La libertad social asegura á todo hombre, como se ha visto el legítimo desenvolvimiento de su razón; y por esto tiene el hombre también derecho á ejercer la influencia política en el gobierno del Estado, que según el progreso de aquella, esto es, según su moralidad e inteligencia le es debida. Nada más prudente; en efecto, que dar legítima satisfacción á estas aspiraciones, tan dignas y tan propias de los pueblos que han llegado al desenvolvimiento de su razón política. Y como "ser libre y racional", el hombre siempre, tiene también derecho, como ya he dicho, á exigir su libre consen-
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DE TIERRA.

No obstante, quedará exceptuado de nuestro silencio el interesantísimo trabajo para la geología exacta, por W. v. Lassaulx, sobre El terremoto de Herzogenrath, acaecido el 22 de Octubre de 1873 (1).

Todas las circunstancias de este fenómeno, determinadas y demostradas matemáticamente por dicho sabio, se hallan en la referida monografía, donde aparece que el sitio desde el cual arrancó aquel temblor estuvo á una profundidad de 11.130 metros, atribuyéndole su origen á haberse hundido partes subterráneas terrestres á causa del enfriamiento de nuestro planeta.

Es muy notable que sepamos de un modo positivo, respecto á cinco terremotos examinados por P. Schmidt, Mallet, v. Seebach y v. Lassaulx, aplicando las matemáticas, que los puntos de donde arrancaron tales temblores aparecieran siempre situados á escasa profundidad y nunca á tan gran distancia dentro de la tierra, como suponen los que admiten que el origen de estos fenómenos radica en la parte interior fundida de nuestro globo.

Sobre los terremotos ocurridos en el territorio de nuestra península, no creemos que se hayan publicado datos exactos completos ni observaciones científicas de ninguna clase, tomadas aplicando cualquiera de los instrumentos que hay para registrar estos fenómenos.

Los periódicos anuncian los temblores de tierra en España cuando reciben oportunos avisos. Aquí, empero, no insertamos tales noticias ni otras muchas de clase análoga relativas á diversos países, porque ocuparían mayor espacio del que corresponde á la presente árida reseña sobre estos curiosos fenómenos, que suelen ocasionar grandes ruinas, abrir tumbas á pueblos enteros y originar á veces otras terribles y espantosas catástrofes.

Las oscilaciones de la tierra se repiten con suavidad durante algún tiempo en el mismo sitio donde acaece fuerte terremoto, después que han terminado las sacudidas de mayor energía. Sirvan de ejemplo los temblores de tierra durante catorce meses después del inmenso terremoto que en 21 de Octubre de 1766 destruyó á Cumana, y el de Calabria, donde duraron diez años las oscilaciones del suelo después del gran temblor ocurrido allí en 1783.

(1) Impreso en Bonn, año de 1874, en un tomo 4.º mayor de 157 págs., con un mapa iluminado y tres láminas. (Das Erdbeben, etc.)
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timiento en las bases constitutivas, para que pueda considerársele como ciudadanos.

La libertad política, así en general considerada, es sin disputa un derecho natural también, y su reconocimiento y ejercicio da lugar á diversas manifestaciones, que son las que crean los llamados propiamente derechos políticos. Y como la libertad moral es el único fundamento de las libertades sociales, y es la misma en todo y pertenece á todos los hombres, á todos también pertenecen éstas; pero las libertades políticas ó constitucionales, se fundan en la capacidad política y se conceden oportunamente á los que acredita aquella y pueden hacer buen uso de ella, en interés de todos.

Por consiguiente, la "declaración de los derechos del hombre y del ciudadano," bien definidos y claramente expuestos, es sin duda, uno de los principios fundamentales del derecho constitucional. "La teoría de los derechos individuales" bien comprendida, no tiene, pues, nada de quimérica y abstracta, ni de peligrosa en sus aplicaciones; sino que es "legítima" filosóficamente considerada y "practicable" en el terreno político de sus aplicaciones. Además es una solemne protesta, digna y enérgica, contra toda clase de despotismo y de tiranía; combatiendo lo mismo la arbitrariedad y el despotismo de los gobiernos, que la opresión y la tiranía revolucionaria del pueblo.

LEON JOSÉ SERRANO.
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REVISTA POLÍTICA

INTERIOR.

Los debates suscitados por el Centro parlamentario de la Cámara popular, con motivo del discurso de la Corona, perdieron parte de su importancia y menguaron en interés, no bien, con verdadero asombro de la Europa liberal, los telégramas anunciaron que el mariscal Ma-"-Maoh había aceptado las dimisiones de M. Jules Simon y de otros miembros del Gabinete francés para sustituirlos con un ministerio presidido por el duque de Broglie.

Ajeno fuera á la índole de nuestro cometido extendernos en consideraciones sobre la importancia de un acontecimiento que la opinión pública del Continente acogió con recoloso estupor, previendo quizá futuras complicaciones en la marcha general de la política, influida todavía, á pesar de los desastres de Sedan, por las soluciones que alcanzau los problemas planteados en una nación que, sirviéndonos de una frase vertida por un inmortal tribuno, hicieron célebre á la vez la espada de César y la pluma de Tácito.

No pretendemos, pues, ocuparnos en poco ni en mucho del suceso que hoy preocupa el ánimo de todos los hombres pensadores, con tanto más motivo, cuanto que LA REVISTA DE ESPAÑA consagra algunas de sus páginas á reseñas de política exterior para que sus lectores no sólo puedan estar al corriente de lo que ocurre en nuestro patrio suelo, si que también asistir como espectadores á los diversos espectáculos que ofrecen las naciones extranjeras.

Basta á nuestro propósito consignar que el inesperado cambio de Gabinete que se ha producido en la vecina república, ha desviado un tanto la pública atención de cuantas personas siguen con interés las ardientes luchas de la tribuna española; tal importancia, sin embargo, revistieron las discusiones empeñadas en el Congreso sobre el Mensaje
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que, á pesar de todo, lejos de pasar inadvertidas, han merecido los honores de la controversia en el estadio de la prensa, y siguen todavía, siendo objeto de comentarios diversos en los círculos de la capital, las apreciaciones que distinguidos hombres públicos hicieron desde los escaños de la Cámara popular.

El Sr. Gamazo, diputado centralista, que viene precedido de una justa reputación conquistada en el foro, inició los debates, impugnando el dictamen de la comisión en un discurso tan razonado en el fondo como templado en la forma. Ocioso sería ocuparnos de las dotes parlamentarias y de las singulares condiciones que reúne este orador, puesto que lo hicimos ya en Revistas dedicadas á sesiones de otras legislaturas. De todos modos, venimos obligados á manifestar que si el Sr. Gamazo no hubiera justamente adquirido fama de orador en las lides de la tribuna, bastarían las campañas que recientemente ha hecho para ser una de las más deslumbrantes figuras del centro parlamentario.

Con los profundos razonamientos de un hombre avezado á las discusiones del foro, y la fría altitud del combatiente que fía el éxito de la lucha á su destreza y al temple de sus armas, atacó el Sr. Gamazo al Gobierno por la dirección que había dado á los asuntos políticos, financieros e internacionales. La acusación pesaba como una losa de plomo sobre el Gabinete, y no pudieron menos de tomar la defensiva, interviniendo en el debate, los ministros de Gracia y Justicia, Estado, Gobernación, y el señor Alzugaray, como mantenedor del dictamen.

Evitaron los Sres. Calderón Collantes y Silvela (D. Manuel) entrar en el fondo de la cuestión de Jolo, iniciada por el diputado centralista, circunscribiéndose á manifestar que no era lícito ocuparse de un asunto internacional, como el que se debatía, y que la nota dirigida en 15 de Abril por el Gobierno español al de Inglaterra, en virtud de la cual se prohibía intervenir el tráfico hecho por los buques extranjeros en las aguas del archipiélago joloano, no favorecía el contrabando de guerra; pues para haberla, era preciso que así lo reconocieran las potencias beligerantes, y España ha sostenido que lo que hay allí es simplemente una rebelión.

Ignoramos hasta qué punto pudieran ser pertinentes al debate las razones expuestas por el Gobierno en tan grave cuestión, porque en perjuicio de los intereses españoles en aquel archipiélago, difícilmente la actividad hostil de los moros y las sangrientas correrías de sus pueblos alcanzarán en tiempo alguno una declaración de beligerancia, sin que jamás pueda darse el caso de que exista contrabando de guerra, y consiguientemente se evite que España, para sostener el honor de su bandera, se vea obligada á derramar su sangre y gastar sus recursos en infructuosas expediciones. «Desde el día en que ese Gobierno, decía el señor Gamazo, contestó á ciertas declaraciones de los Gobiernos de Alemania e Inglaterra, dota la abdicación de nuestra independencia; la dilapidación de nuestros derechos está consignada en un párrafo imprudente de un documento que ese Gobierno, antes de entrar el Sr. Silvela en el ministerio de Estado, dirigió á
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aquellas potencias sobre los sucesos de Joló; afirmaciones gravísimas que no hacemos nuestras; pero que, cuerdamente discutiendo, se prestan á ciertas dudas y á sobresaltos desagradables, porque al fin y al cabo el Sultan de Joló, vasallo es de España, y esta tiene, como observaba el orador del centro parlamentario, perfecto derecho para no consentir la intervención de otras naciones.

Cúpole al Sr. Alzugaray, individuo de la comisión, la tarea de reba- tir las apreciaciones hechas por el Sr. Gamazo acerca del retraimiento de las minorías constitucionales y del proyecto de imprenta leído en el alto Cuerpo Colegislador. Sin entrar en el fondo de ambas cuestiones, trató el diputado ministerial de demostrar que los centralistas no tenían derecho á impugnar las penas que el Gobierno proponía para los delitos de imprenta, porque eran de idéntica naturaleza á las que se preceptuaban en el decreto vigente, tanto más, cuanto que en todas las leyes promulgadas sobre tan importante materia se exigían, en concepto del orador, condiciones más numerosas que las que contiene el proyecto sometido ya á la deliberación del Senado; y que respecto del retraimiento de los constitucionales, sólo observaba que el centro parlamentario debía lamentarlo mucho más que el Gobierno, porque con él se hacía de todo punto imposible la fusión entre las minorías de aquel partido y el grupo del Sr. Alonso Martínez.

Prescindiendo de apreciaciones de interés secundario, fuerza es convenir en que el Sr. Gamazo probó hasta la evidencia, con extensos razonamientos, que el actual decreto es una violación flagrante del art. 13 del Código fundamental y contrario al derecho natural de los ciudadanos sobre la manifestación de las ideas por medio de la imprenta, por más que el señor ministro de la Gobernación, recogiendo los argumentos del diputado centralista, hiciera notar que el art. 13 de la Constitución no dice que todos los españoles podrán fundar periódicos, sino que se autorizará la emisión de las ideas por medio de la imprenta, sin sujeción á la prévia censura.

Es verdaderamente de sentir, forzoso es decirlo, sin que nos mueva la pasión política, que la necesidad de sostener en el Parlamento un proyecto que, á juicio de todas las inteligencias parciales, abolece de grandes luces, obligue á un ministro de la Corona, de reconocidas dotes, á echar mano de recursos que en último término se ofrecen como pueriles mistificaciones á cuantas personas estén versadas en materias penales y tengan conocimientos más ó menos profundos en cuestiones de imprenta.

En apoyo de su inadmisible tesis, vertía el Sr. Romero Robledo las palabras siguientes: «el artículo constitucional consigna también que los españoles tienen el derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana. Difícilmente se podrá encontrar un fin más sagrado que el del matrimonio, y sin embargo las leyes regulan cómo se ha de hacer éste, y marcan algunos casos en que no es posible, por ejemplo, entre parientes dentro de cierto grado, sin que por esto crea nadie que está infringido el artículo 13 de la Constitución.»
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presentativo, opuso, como medio fácil y accesible, el que resultaría de las vacantes producidas por los senadores de derecho propio y á elección de la Corona que, en un breve plazo, no hicieran valer su derecho, quedando su provision en lo sucesivo á merced de la real prerrogativa.

Ignoramos hasta qué punto el alto Cuerpo colegislador, con estricta sujeción al precepto constitucional, pueda fijar un plazo, después del cual caduque un derecho que por su naturaleza pudiera estar fuera de una ley orgánica ó secundaria, y no sabemos hasta qué punto sería conveniente que ilustres dignidades que por su edad ó por circunstancias respetabilísimas viven alejadas de las luchas diarias de la política se vieran proscritas de los bancos del alto Cuerpo Colegislador, y privadas, por consiguiente, del derecho de ocupar su sitio en momentos solemnes. ¿Puede además prescribir en un brevísimo plazo el más respetable de los derechos cuando las leyes civiles para otros derechos de importancia relativamente secundaria establecen prescripciones de larguíssima duración? Estas y otras dificultades se nos alcanzan, y ellas con evidencia demuestran que el señor presidente del Consejo de ministros necesita de todo su talento para vencer en primer término obstáculos graves, á fin de que los partidos, seguros de que los Gobiernos que se sucedan en la gobernación del Estado, puedan libremente ejercer sus funciones políticas y administrativas, intervengan con su valioso concurso en la gestión de los intereses generales del país.

Elocuentes estuvieron los Sres. Cánovas del Castillo y Alonso Martínez, reseñando los tristísimos frutos que el retramiento de las agrupaciones políticas ha producido en España, según el irrecusable testimonio de nuestra historia contemporánea; pero, por desconsoladora y grave que sea la abstención del partido constitucional, algo ha de significarle al Gobierno de S. M. la tendencia que manifiestan los comités de provincias en contestación á la consulta circulada por las minorías. Significación no menos elocuente tiene la actitud pasiva del Centro parlamentario ante la iniciada discusión de la ley electoral, después de haberse recientemente declarado por los labios de su jefe, resuelto enemigo del retramiento. De todos modos y sin más interés que el que nos inspiran nuestro patriotismo y la consolidación de las públicas libertades, ardientemente deseamos que el Gobierno que rige nuestros destinos, ó el señor Presidente de la Cámara popular que, desde su elevado sitial, ha permanecido silencioso á las repetidas excitaciones del Centro parlamentario y del banco azul, con los medios, derechos y deberes que sus cargos les confieren, pongan término á una crisis parlamentaria, que ni cuadra á la dignidad de los partidos, ni aprovecha á las instituciones de la patria.

FEDERICO PONS Y MONTELS.

27 de Mayo de 1877.
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La extension abrazada por los movimientos de que tratamos, presenta á menudo grandísimas dimensiones. El célebre terremoto de Lisboa (del 1.º de Noviembre de 1755), se sintió en las Antillas, en los Alpes y otros sitios, estando calculado que entonces fué más ó menos conmovida una superficie cuatro veces mayor que la de Europa. El terremoto peruano de 1868 alcanzó el quíntuplo del anterior, pues la zona que conmovió fué \( \frac{1}{3} \) de toda la superficie terrestre.

Sucede á veces, que simultáneamente se notan temblores de tierra en muy apartadas comarcas. Por ejemplo: en 16 de Noviembre de 1827 acaeció un terremoto en Colombia, y al mismo tiempo, á la distancia de 1.900 millas, en Siberia; en 1839 hubo uno en Sicilia, y á la vez en Escocia, etc.

Ferney, Winslows, v. Hoff, Perrey, Merian y otros han reunido datos para determinar en qué estaciones del año ocurren temblores de tierra, resultando que el mayor número corresponde al invierno, después al otoño, sin que también dejen de observarse durante la primavera y el verano.

Pissis, Bischof y Volger, sostienen que las muchas lluvias favorecen la producción de terremotos en las regiones expuestas á tales fenómenos.

No faltan naturalistas, como Kluge, Perrey y Falb, que declaran que en los plenilunios hay más terremotos; pero Cornelius, Fuchs y otros, contradicen tal aserto, afirmando que ni la luna, ni los demás astros, tienen la más leve influencia respecto á aumentar el número de los aludidos movimientos terrestres.

Se ha propuesto que sirvan ciertos indicios y señales para pronosticar terremotos; pero el exámen atento de los hechos niega toda exactitud á cuantas predicciones de tal linaje se anunciaron, y nunca jamás resultaron verdaderas las aludidas profecías.

Los terremotos producen cambios, más ó menos importantes, sobre la superficie de la tierra, tales como hendiduras del suelo, alteraciones rebajando su nivel, etc., de los que no corresponde aquí referir ejemplos. Únicamente diremos que el ingeniero E. Roberts narra que una grieta con 90 millas de longitud, fué abierta en Nueva-Zelandia por el terremoto allí ocurrido el 23 de Enero de 1855.

Comarcas enteras resultan hundidas á consecuencia de estos fe-
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EXTERIOR.

Nada más interesante, después de la guerra de Oriente y de sus posibles desenvolvimientos, que la última crisis política ocurrida en la vecina república.

No es la primera vez, seguramente, que el mariscal Mac-Mahon ha cambiado de ministros desde 1873 en que ocupa la primera magistratura de su país; pero las circunstancias que han concurrido en esta crisis son tan singulares, acusa tal violencia contra las buenas prácticas la conducta del Presidente de la República y tiene un sabor tan reaccionario y clerical cuanto se ha hecho en contra de los partidos adictos á la Constitución, que con razón ha despertado este suceso el más vivo interés, y con razón sigue siendo comentado, en general con bastante dureza, por toda la prensa juiciosa y liberal de Europa.

Los hombres imparciales y pensadores no ven únicamente en la caída de Julio Simon y en los documentos con tal motivo expedidos por el mariscal, un sencillo cambio de ministros. Ven, por el contrario, un cambio total de política que lleva la tendencia de destruir las actuales instituciones; y además, por la solidaridad y combinaciones de los sucesos, presenten complicaciones posibles en el exterior, que quizá con más cautela hubieran podido eludirse fácilmente.

Todo vivía en calma, al parecer, en la república vecina. El Gobierno seguía su marcha regular, y la Cámara popular se ocupaba, sin calor desusado, de las leyes electoral y de imprenta. Sólo se advertía, como nota agudísima en el concierto general el clamoreo, allí como en todas partes, producido por las últimas palabras del Padre Santo sobre las injurias que padece y sobre el gran agravio de la unidad italiana. Las excitaciones de los prelados y los trabajos ultramontanos eran tan vivos, mostraban tal impaciencia estos intereses por acarrear disidencias con el Gobierno de Italia, que al fin la Cámara hubo de votar una orden del día excitando al Gobierno á defenderse de estos manejos.

El país legalmente constituido hablaba en esta forma; el país legalmente constituido no había dado un voto adverso al ministerio de Julio