Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 127

y el Gobierno belga, respondiendo á los procedimientos seguidos por Depretis y los Onerpos Colegiadores de Italia. «En Bélgica, dice el referido periódico, ocupa el poder un ministerio salido de las filas del partido más conservador, del partido que podemos calificar de ultramontano sin inconveniente alguno; pues que el mismo se apellida católico para distinguirse del liberal; y sin embargo, cuando la oposición le interpela para que ponga freno á las peligrosas exageraciones del fanatismo, aquel ministerio que no cede á ningun otro de Europa en adhesión á la corte del Vaticano, justifica su actitud con la libertad civil que ampara la propaganda de los católicos, pero ofrece solemnemente que no comprometerá los intereses de la Bélgica en ninguna gestión diplomática hostil á Italia, nación amiga, aun cuando otras potencias tomen la iniciativa en favor del Papa, sin consultar previamente la opinión de los representantes del pueblo. Más acentuada la opinión de los diputados franceses, acaban de resolver por la inmensa mayoría de 961 votos contra 121, que el Gobierno debe emplear todos los medios legales para impedir las manifestaciones ultramontanas, como atentatorias á la paz interior y exterior, con lo cual se demuestra que no se halla aquella Cámara dispuesta á consentir al Gobierno un acto cualquiera de ingenericia en las dificultades surgidas entre la corte de Roma y el Gobierno de la Santa Sede.»

No es de esperar, pues, del actual Gobierno que ante la decidida actitud que con relación al Pontificado observan los Gabinetes extranjeros y los recientes desastres de una guerra civil insidiosamente alejada por el rebelde ultramontanismo, se dé, con riesgo de la pública tranquilidad en el interior y de la gravísima ruptura de nuestras relaciones exteriores, paso alguno encaminado á turbar el statu quo en que hoy se encuentra la española Península respecto de la cuestión pontificia, tanto más cuanto la obstinada conducta seguida por una de las provincias del Norte que con más tesón derramó su sangre en defensa de la vencida causa del Pretendiente, ha obligado al Gobierno que preside el señor Cánovas del Castillo á decretar la total supresión de sus fueros por medio de un Real decreto publicado en las columnas de la Gaceta.

No pretendemos aquilatar la justicia de la grave medida que ha producido la disolución de las Juntas generales del Señorío de Vizcaya; no queremos tampoco examinar la conducta de la Comisión permanente de fueros, ni el comportamiento observado por las autoridades civiles y militares de aquella provincia, nos basta hacer patente que el general en jefe del ejército del Norte tuvo á bien disolver las mencionadas Juntas, en vista de que no era posible llegar en ellas á un acuerdo favorable al país,» y que el Gobierno de S. M. consigna en el preámbulo del Real decreto de 5 de Mayo del presente año, que en vista de que sus deseos no han logrado con la provincia de Vizcaya la inteligencia necesaria para alcanzar el fin que se proponía en la ley de 21 de Julio último, se hacían á ella extensivos, desde luego, los deberes que la Constitución política ha impuesto á todos los españoles, de acudir al servicio de las armas y de contribuir á los gastos del Estado en la proporción que la correspondiese.

Ocioso sería detenernos á examinar el articulado del decreto á que