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INTERVENCION CENTRAL.

ministracion de los intereses locales que forzosamente se contraen á la gestion económica y al gobierno respectivamente de la provincia y del pueblo. En este sentido planteado el problema, no vacilamos en oponernos resueltamente á la intervencion.

Dice muy acertadamente el Sr. Silvela, en su obra titulada Estudios prácticos de Administracion: "La libertad de la administracion municipal debe contribuir poderosamente al desarrollo del espíritu público. ¡Cuántos hombres, por desgracia, no pueden elevarse hasta el sentimiento del amor á la patria, hasta aquella fuente de noble desprendimiento y de sacrificios del interés individual! Al méños, si su vista intelectual y moral no alcanza á tanta elevacion, se extenderá á la reducida esfera del distrito municipal. El interés del comun les hará comprender el interés público, é impedirá que se entreguen á un vil egoismo. En el seno de la comunidad recibirán la recompensa de su celo, buscarán y obtendrán el aprecio y consideracion pública, gozarán de los beneficios de los que les precedieron y procurarán dejarásus sucesores el legado de los suyos propios. Proporcióneseles ocasion de experimentar tales satisfacciones, y no hay que dudar que empleen sus conocimientos en provecho del país; no hay que dudar que el espíritu público se propague por todas partes; y que, saliendo de los límites de la municipalidad ó del partido, reciba las generosas inspiraciones del interés nacional y del patriotismo."

Es verdaderamente de sentir que la respetable autoridad que en términos semejantes se expresa, quizá en aras de transacciones políticas, haya aceptado principios opuestos que pugnan con sanas teorías escentralizadas... de carácter puramente administrativo, pues no solo rechazan la intervencion que nos ocupa consideraciones morales del orden más elevado que se ligan con el establecimiento de un sistema liberal y que han debido ejercer sobre nuestras instituciones una decisiva influencia, si que tambien se oponen á ella los derechos que constituyen la vida de la provincia y del municipio, que naturalmente existen sin que una ley les confiera, y que consiguientemente no pueden desconocerse sin proceder, con grave atentado, contra los mismos. El jus ante omnia natum proclama la libre iniciativa, la libre accion, la libre ejecucion, la independencia de la provincia y la del municipio. Si el poder central interviniera ó concursase ó tomara parte en la gestion económica y en el gobierno de la
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provincia y del pueblo, quedarian menguados los derechos naturales; el jus ante omnia natum, la libertad en la iniciativa, la libertad en la accion y la libertad en la ejecucion, la consecuente, la necesaria espontaneidad de la provincia y del municipio seria una quimera, una solemne falacia, y otra, hasta estupenda, la reconocida é indisponsable unidad administrativa, porque dejaría de existir la simplicidad, la indivision ó la singularidad del ente. Es preciso no olvidar, para no incurrir en la contradiccion y en el absurdo, los sencillísimos y naturales principios expuestos que dan esta consecuencia forzosa: intereses puramente colectivos generales: el Estado. Intereses puramente colectivos provinciales: la provincia. Intereses puramente colectivos municipales: el municipio. Intereses colectivos generales y provinciales ó mixtos: el Estado y la provincia. Intereses colectivos, provinciales y municipales ó mixtos: la provincia y el municipio. Intereses colectivos, generales, provinciales y municipales ó mixtos y triples: el Estado, la provincia y el municipio.

El Estado, se dice, representa la unidad, la fuerza, la causa comun, pero es necesario consignar que ésta entraña ó comprende, no la causa de uno ó algunos, sino la social ó del cuerpo politico, esto es, la unidad ajustada á las condiciones topográficas, á las tradiciones históricas, á los distintos intereses económicos, y siquiera á necesariamente á los derechos naturales de los pueblos, sin abandono de los resortes sociales reunidos en un centro, y la vigilancia para el cumplimiento de las leyes á que viene llamado el poder que no legisla; antítesis de la absorcion que conduce al absolutismo.

La unidad pretendida por los centralizadores no pasa de una ficcion, de una quimera, de un bello ideal irrealizable é insostenible dentro de la sana razon de los pueblos. No se concibe el sistema representativo sin la separacion de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí está la descentralizacion política; ahí están las garantias constitucionales; ahí la libertad. Las teorias politicas no han consentido sabiamente la triple accion legislativa, judicial y administrativa ó la aglomeracion de todas las fuerzas sociales á discrecion de uno solo. ¿Por qué? Oigamos la autorizada voz de Montesquieu en su inmortal libro titulado Espiritu de las leyes. Dice este distinguido publicista: "Cuando el poder legislativo se reune con el poder ejecutivo en la misma persona ó cuerpo de ma-
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gistratura, no existe la libertad, porque es de temer que el mismo monarca ó el mismo Senado dicten leyes tiránicas y las hagan ejecutar tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Si estuviese junto con el poder legislativo, la vida y la libertad de los ciudadanos quedarian á merced de un poder arbitrario. Si se uniese al poder ejecutivo, el juez pudiera llegar á oprimir." Y con respecto á la unidad administrativa séamos permitido recordar aquí la opinión del célebre Degerando, que en nuestro concepto es la más bella expresión que de aquella pueda hacerse. "Se teme el espíritu de localidad, dice; yo temo toda idea vaga que se hace indefinida á fuerza de ser general. No creo como los escolásticos la realidad de los universales, y no entiendo haya otros intereses reales que los locales reunidos, cuando son los mismos, y balanceados cuando son diversos. Los vínculos fortifican al general en vez de debilitarlo. El hombre está adherido á la familia, luego á su ciudad, luego á su provincia, luego al Estado. Si quitais estos conductos intermedios, no haceis otra cosa que cortar esa gran cadena y destruirla. Multiplicad, pues, los lazos que unen á los hombres; personificad la patria en todos sus puntos, y sean nuestras instituciones locales como otros tantos espejos que os representen el interés y la voluntad general."

Y, sin embargo, desoyendo la lógica de tan poderosas ideas, se han vertido y se vierten cada dia doctrinas que con ellas contrastan y que conducen á la monstruosidad de la más absoluta centralización. Centralizar del modo que hemos expuesto es prever demasiado, debilitar con ofensiva suspicacia la fuerza de una posible y salvadora resistencia, quitar la vida del cuerpo para reconcontrarla en la cabeza, es, en suma, la violación más directa de los fueros populares, un ataque preparado contra la libertad y la independencia del país, es el principio y fin del despotismo. Y no se diga que la centralización ó la unidad en ese sentido ha engrandecido á la Francia, le ha dado días de gloria y ha podido por ella sufrir sin destruirse los mayores sacudimientos y borrascas, pues, prescin- diendo de que en esta parte los ejemplos no son nunca argumentos concluyentes, porque el hecho no prueba el derecho, admitimos, sin embargo, el exámen en este terreno. No podemos olvidar las sangrientas páginas de la Historia en distintas épocas, debidas á la,
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omnipotencia de la Francia, reconcentrada exclusivamente en París. Recordemos, en cambio, la heroica resistencia de nuestros padres en la guerra de la Independencia contra el Gran Capitán, contra el coloso del siglo, y será forzoso reconocer que aquella imperecedera gloria se debió á la vitalidad, á la robustez, á la independencia de las localidades.

Estas consideraciones no se oponen en manera alguna á que, con los partidarios de la escuela adversa, creamos que la centralización es una verdadera reacción contra el antiguo e incoherente sistema de la Edad Media, y por lo mismo condenamos para las actuales necesidades, la época feudal con sus señores, prelados y corporaciones que acuñaban moneda, declaraban la guerra, dictaban leyes y administraban justicia; pero fuera del interés puramente general, no debemos cubrirnos con el manto del absolutismo condenado por la ciencia política moderna, ni vestir la seductora imagen de nuestra regeneración con los enlutados despojos de sistemas que felizmente desaparecieron para siempre.

Se puede decir, como se dice, unus Deus, una lex, unum imperium, y concebirse perfectamente las unidades locales en el Estado, dentro del Estado y con el Estado; localidades sujetas á una ley bienhechora y generosa, ley basada forzosamente en la natural libertad de las mismas con respecto á sus intereses de familia, y libertad sin exclusión de responsabilidad. De aquí resultan la igualdad, el orden, el juego regular y desembarazado de la máquina administrativa, el preservativo contra el monopolio y la tiranía, el derecho, la unidad del Estado bien entendida, y la fuerza. El centro domina, pero no mata; imprime movimiento á todas las partes del Estado con arreglo á leyes no conculcadoras de sagrados derechos. Sin violentarlo, toda la nación no debe vivir en insoportable minoría. Se enervan las fuerzas del hombre, se relajan los vínculos de la ciudad y de la familia; el amor á la patria desaparece. ¿Qué importa, después de todo, que un día y otro día los centralizadores citen las siguientes palabras de Cormenin: "Quien divide sus fuerzas las quebranta; quien apetece la libertad desea el orden; quien quiere el orden quiere un pueblo concertado; quien quiere un pueblo concertado quiere un Gobierno fuerte, y quien quiere un gobierno fuerte quiere un Gobierno central." Estas palabras no destruyen nuestras modestas observaciones. El Gobierno fuerte no se
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explica por la absorcion de la vida de los gobernados; un Gobierno así sería absurdo y tiránico. Concebido para el interior de la nación en que exista, no expresa más que aquella desquiciadora máxima de Maquiavelo: Divide y vencerás. Con respecto al exterior ó en guerra extranjera, baste recordar que sucumbió la Francia cuando los aliados entraron en París en 1814.

Sabido es que hasta los más decididos campeones del sistema que rechazamos confiesan que la centralización administrativa es un principio, cuyas aplicaciones pueden ser muy varias, que no hay medida exacta del radio de la acción administrativa central, ningún punto fijo por donde trazar la línea demarcatoria de las funciones propias de la existencia común y de la vida local, lo que consecuentemente significa la carencia de fijeza de razon fundamental, y expresa lo caprichoso de la centralización. ¡Cómo torcer la sencilla, recta y genuina inteligencia de nuestros conceptos, si los centralizadores proclaman el respeto á los hábitos adquiridos, al duradero goce de libertad local, á la ilustración común, al espíritu de actividad y á las mismas costumbres populares? Por una parte, condenan el abuso con la supresión de los inviolables derechos naturalmente radicados en las localidades, por otra anatematizan el principio de orden que nadie ataca, convirtiéndolo en instrumento ó máxima de monopolio, y en último término afirman que el Gobierno jamás debe hacer lo que la sociedad sabe y puede hacer por sí misma. ¡Lamentable confusión! De la máxima "dejar obrar ó no gobernar demasiado," no es para nosotros rigurosa consecuencia la libertad en todo y para todo en el sentido de una libertad trastornadora ó dueña absoluta de sí misma, digámoslo así, con sus abusos. Esto equivaldría á proclamar la anarquía ó el Estado acéfalo.

No hay sistema político que no se establezca sobre el orden y sobre la independencia. No se concibe sin la unidad aun en los Gobiernos más libres. A la Dieta federal de Suiza envían sus diputados los grandes Consejos de los cantones con las instrucciones convenientes y en que deciden los negocios comunes á todos, y los que tocan al poder central de la república, á su administración general, á su defensa común, á sus relaciones mútuas y á su política extranjera. Véase en los Estados Unidos para cada Estado la igualdad en la forma, en la uniformidad y en los efectos, con respecto á intereses generales. La Constitución y las leyes de la Unión, así
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como los tratados, forman la ley suprema, y á ella se arreglan los jueces de cada Estado. No se diga, pues, que proclamamos la absoluta independencia de la provincia y del municipio, antes al contrario pagamos tributo á la existencia del Estado y á las localidades que le forman ó integran, combatiendo, como no podemos menos de combatir, la absorvente centralización. La unidad social que admitimos es la de profundos pensadores. No resulta del establecimiento de un poder con la misión, más ó menos extensa, de sujetar á su exclusiva acción todas las esferas sociales con el apretado lazo del principio gubernamental. De aquí nacen las atribuciones exorbitantes e invasoras concedidas al Estado, y de aquí las deplo rables consecuencias destructivas de la libertad moral y política.

La verdadera unidad social debe tener por base el acuerdo libre y racional de las instituciones sociales, cada una de las cuales, dentro de su esfera particular, viene llamada á cumplir su destino, uno de los fines de la actividad humana. Por esto ha de hacerse imposible la opresión de ningun miembro por la odiosa preponderancia de otro; es preciso conservar á cada uno su libertad y carácter propio. O esto ó no hay positivo organismo. O esto ó la falta absoluta de movimiento esencial y espontáneo. De esta manera la vida social retrocede.

La verdadera unidad social no se funda en la aglomeración de todas las funciones en un solo punto ó en un solo órgano. No consiste en la uniformidad de principio y de accion aplicada á los diversos dominios. Debe manifestarse en la armonía, en la correlación, en el lazo que no ahoga, en el concierto y desembarazado uso, en el movimiento libre de todas las funciones sociales; es necesario que todas las esferas, que todos los órdenes sociales vengan á producir la unidad ó el orden general de la sociedad, no el tras torno de la regularidad, no la absorción.

Para comprender bien, en fin, la unidad sintética de la vida social, es preciso no olvidar que la sociedad es un conjunto de instituciones orgánicas sometidas todas á las mismas leyes de relativa independencia y de correlacion, y que ella es, á decir verdad, no un estado único para el caso, sino una especie de confederación de Estados constituidos por tantos órdenes, cuantos están dentro del Estado. Ni bajo el punto de vista, pues, de los derechos naturales, ni de la verdadera unidad social, pueden ser oprimidas la provin-
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cia y el municipio. Ambas se manifiestan en su necesaria existencia local y nacional. Hay un todo que no se concibe sin la preexistencia de las partes de que se compone y esencialmente lo constituye. Es el municipio una de esas partes, y posee en ese sentido intereses colectivos generales, con sus derechos y deberes de la misma índole. Así la convergencia al centro, ó á la viva representación de la unidad. Es un todo dentro de su demarcación, y en este otro sentido dispone de sus intereses vecinales para satisfacer sus propias ó comunes necesidades. La provincia se explica del mismo modo. Ni esta ni el municipio abusan impunemente. La ley lo ha de decir; la administración central ha de velar; el poder judicial, juzgar.

Y no se olvide que no se trata de lo que es, sino de lo que debe ser. En el terreno de lo que ab origine han sido ambas, responda por nosotros la Historia. Cada una de ellas con vida propia y explicada por sus vínculos naturales. Véase de qué manera se expresan los centralizadores respecto de las provincias: "Son estas, verdaderas unidades administrativas que se fundan comunmente en vínculos naturales y espontáneos, no tan estrechos como los que constituyen el pueblo y dan origen al Ayuntamiento, pero lo bastante, sin embargo, para que no deba ser considerada esta unión como puramente artificial y obra tan solo del legislador." Y ya unos centralizadores sostengan la existencia natural de la provincia, ya lo nieguen otros, prohibiendo ciertas teorías francesas, estos y aquellos han debido reconocer la unidad administrativa, un todo administrativo, intereses particulares de la misma índole, intereses propios é inherentes á su existencia particular, que constituye el patrimonio de familia desde su antigua y natural independencia, y que envuelve los caracteres, hábitos, lenguaje, recuerdos é inviolables derechos. Por lo que se refiere á lo que a posteriori han sido la provincia y el municipio nos basta recordar la obra de los legisladores del inmortal Código de Cádiz, quienes, lejos de deprimir derechos, los reconocieron y consagraron, sin consignar quizá todo lo que ansiaban consignar y sin perder de vista los fueros de la razón y de la justicia.

Después de las expuestas consideraciones, paladinamente confesamos que no responden á la ciencia administrativa las sonoras palabras de Cormenin sobre las cuales hacen hincapié los centralizadores. Dice el célebre publicista francés: "En un instante el Go-
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bienes en pública almoneda; doctrina digna de crédito porque revela la justa consideracion del padre, y porque salva el honor y el buen nombre del difunto.

Llegamos, por fin, á la época renombrada del inmortal Justiniano, y en ella la patria potestad se debilita en extremo. Todos los derechos rigurosos prestados por las leyes civiles, han desaparecido poco á poco, y solo va quedando la autoridad moral que dá la naturaleza; en una palabra, empiézase á prodigar incienco al derecho natural.

En pró de las buenas costumbres, del incremento de la familia y de las afeciones de los padres, aumentan los medios de legitimar á los hijos; conciliando la justicia con las bellas aspiraciones humanas se enraízcan las adopciones, y para evitar que el hijo por medio de la adopción pierda el derecho de suceder al padre natural, y por medio de la disolución, siendo emancipado, el que tendría el padre adoptivo, dispuso una sabia constitución del emperador que se conservasen íntegros los derechos del padre natural, al darse el hijo en adopción á una persona extraña, gozando concepto de tal la que estuviera fuera de la línea recta ó sea de los ascendientes.

En correlacion de los derechos, desarrolláanse en la familia otros tantos deberes, y oponiendo castigos á los premios y al contrario, las leyes previsoras se presentan como medio supletorio de la paternal autoridad, y atendiendo á la reciprocidad del cariño, ó en caso opuesto á las malas acciones, enumeran las causas de desheredación entre padres é hijos.

Así las excepciones que introdujera Constantino, hechas reglas generales por Justiniano, tuvieron efectos más extensos, y desapareció al momento la incapacidad de los hijos; si bien que su propiedad fué sometida á un régimen especial que sustentó todavía parte de la severidad que Rómulo le imprimiera.

Es tan cierto, que en Roma encontramos siempre al padre investido con el poder en cuestion, sin que de él participe la madre, que está sujeta á una tutela perpetua, ó á la manum mariti; y sin que de él pueda el hijo libertarse por otro recurso que el de la emancipacion. Hasta los nietos se encuentran en el mismo caso, terrible consecuencia, aunque exacta y lógica, si se atiende al principio sobre el cual descansa la teoría de semejante institucion.

Conocida ya la patria potestad, y suponiéndola constituida en
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bierno quiere, el ministro manda, el prefecto comunica, el alcalde ejecuta, los ejércitos marchan, las escuadras navegan, se toca á rebato, retumba el cañón y la Francia está en pie." Magníficas palabras que tienen su antítesis en las siguientes frases: En la cabeza la vida, la muerte en el cuerpo, se invade el país, se manda sin fuerza, nadie obedece, las campanas mudas, acabó el aliento, no hay quien resista y la Francia sucumbe.

Nuestros centralizadores reconocen el principio popular de las municipalidades, consagran el respeto en los vecinos de nombrar administradores de sus intereses comunes, y pagando tributo de consideración al jus ante omnia naturum, lo aplican. "Si hubiese un gobierno, dicen, capaz de abolir este derecho, sería culpable como usurpador de las más antiguas libertades públicas; pero si la ley no confiere ni puede conferir ese derecho, nada condena que se regule su ejercicio." Aun así resultaría únicamente que podría ordenarse el mero ejercicio del derecho reconocido, ó darse determinada forma á la mera práctica del derecho inviolable, pero no la facultad de suprimirse ese derecho, ó lo que es igual, que contra ese derecho y contra la regulación, órden ó práctica de su mero ejercicio, pudiese circunscribirse el derecho electoral activo á un mezquino número de vecinos contribuyentes en mayores cuotas, gracia hecha á algunas capacidades, y que por ese medio se estableciese la elegibilidad ó el derecho pasivo, con exclusión casi afrontosa de las capacidades, postergándolas á las incapacidades afortunadas, poniendo frente á frente la ciencia y el dinero y la ignorancia vencedora.

Y los partidarios de la centralización, cuyas ideas nos vemos en la necesidad de combatir, sostienen que los alcaldes y tenientes de alcalde deben ser nombrados por el rey ó por el superior representante civil de la provincia según el número mayor ó menor de respectiva población, haciéndose el nombramiento de entre los concejales elegidos. Fúndanse en la ya tan decantada teoría que M. Vivien consignó en el proyecto presentado á la Cámara francesa de 1836, buscando preferentemente el punto de apoyo en el inadmisible principio de que la justicia se administra en nombre del rey. ¡Error crasissimo! Falsa es la premisa y consiguientemente falsa la consecuencia. Prescindiendo por completo de que sólo han desempeñado nuestros alcaldes facultades judiciales en negocios insignificantes y de que