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Por consiguiente, un sistema de ingreso y ascensos en la carrera judicial, fuera de toda influencia del gobierno, es la garantía solemne y eficaz de su independencia y de toda su autoridad moral y prestigio; que es absolutamente necesaria á la magistratura, que, como la mujer del César, debe aparecer exenta de toda sospecha. Sordo el magistrado enteramente á las sugestiones del gobierno y del interés particular, de todo espíritu de partido, debe luchar con toda fuerza y energía por el triunfo de las leyes y estar libre siempre de las preocupaciones y opiniones del Gobierno, por leales y sinceras que sean, en bien de la sociedad entera, que puede estar muy interesada en los actos de justicia hasta contra la opinión del gobierno, para salvar los legítimos fueros de los ciudadanos y los altos principios de la justicia y del derecho.

En cuanto al ingreso en la carrera judicial hay que abandonar el sistema tan decantado y harto desacreditado ya de las oposiciones, nueva especie de gimnasia intelectual, que no siempre prueba ciencia, ni las dotes necesarias para las funciones judiciales. Mejor sería, en mi concepto, variar nuestro régimen universitario y fijar anualmente y con arreglo á las necesidades del servicio público el número de los que se han de consagrar á las carreras del Estado, que no deben confundirse con las profesiones liberales é industriales, cuyo número puede ser ilimitado. Este sistema evitaría muchas decepciones á las familias, alentar esperanzas frustradas en los alumnos y al mismo tiempo tantas agitaciones y perturbaciones en nuestra sociedad, que abriendo el presupuesto á los que obtienen ciertos títulos académicos, le concede, en cierto modo, el derecho de convertirlos en credenciales, causando su ambición estas grandes perturbaciones. Y éste será también el medio más legítimo y eficaz de acabar con la empleomancia, que es una de las llagas de nuestro país.

Pero no basta examinar cómo se debe ingresar en la carrera judicial; es preciso también fijar cómo se debe ascender y reservarse los ascensos al mérito probado y á los servicios justificados. Y para esto, el mejor sistema sería que en cada categoría de funcionarios judiciales formaran estos anualmente y con arreglo al mayor número de vacantes que puedan ocurrir en la superior inmediata, una lista séxtupla, esto es, extensa, de candidatos (para evitar el nepotismo en ella y la dependencia de los elegidos de la mera voluntad de los
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electores sus compañeros), de entre los que hayan servido tres años en su clase, y después calificar el mérito de los propuestos, un tribunal compuesto de los funcionarios de la clase á que han de ascender y de los profesores más eminentes de la Universidad: los primeros para juzgar con verdadero acierto jurídico y por espíritu de cuerpo y de honor de la magistratura; y los segundos, para que de ningún modo los funcionarios queden atrás en los progresos de la ciencia jurídica y descuiden su estudio, y evitar así la rutina judicial, que se opone siempre á toda innovación científica y progresiva, á toda mejora judicial, justificada y reclamada por el país.

Por lo demás, aunque la antigüedad por-sí sola, rutinaria, como es bien sabido, no es el título más legítimo para los ascensos; todavía es mil veces preferible una escala cerrada á todo sistema que deje influencia al gobierno. En vano se proclama ya la excelencia del principio tradicional del nombramiento y ascensos de la magistratura por el poder ejecutivo, cuando ya no en otros países, sino en Rusia misma, tan monárquica y autoritaria, según la ley de organización judicial de 1864 (tan progresiva y notable como las de procedimientos civiles y criminales de igual fecha) tienen los tribunales reunidos en pleno, el derecho de presentación de candidatos para las vacantes que ocurren en el tribunal, y como complemento necesario de la inamovilidad que les asegura á los magistrados esta misma ley. Ni para la colocación y extinción de la clase de cesantes, en nuestro país cabe consentir las mistificaciones burocráticas y las arbitrariedades ministeriales de otra clase de escalafones que los formados clara y sencillamente por la fecha de la posesión del destino en cada clase, en justo respeto tal nombramiento legal que debió ser respetado como una especie de contrato bilateral entre el Estado y el funcionario, y sin tomar en cuenta hipócritamente en los escalafones los servicios prestados, porque es añadir la burla y crueldad á la injusticia con que fueron separados muchas veces algunos dignos funcionarios por las intrigas, complacencias y favoritismo, que alcanzaron así mayor fortuna, sin poder lograr ser repuestos por las mismas causas, harto conocidas y deploradas por el país entero.
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III

Y no es solo la inamovilidad judicial y su imprescindible y eficaz complemento, un sistema de ingreso y ascenso en la carrera judicial, fuera de toda influencia del gobierno, si bien esta es la base principal del prestigio y necesaria independencia del poder judicial; la única reforma que exige la opinión pública del país, tan interesado en la recta administración de justicia. Otras muchas reclama también imperiosamente y de ellas me he ocupado en mis artículos jurídicos ya mencionados, y que tan buena acogida han merecido del público y de personas bien autorizadas y de distintas opiniones políticas, en el Foro y en el Parlamento.

No hay para que clamar nuevamente contra la jurisdicción especial contencioso-administrativa que en verdad es una violación de la división de los poderes públicos, base esencial de la libertad constitucional y al mismo tiempo la más grave ofensa de los principios primordiales de la justicia, que sanciona su unidad moral y su necesaria garantía la unidad de jurisdicción y las imprescindibles garantías judiciales de todo litigante ó demandante, por más que sea demandado el Estado ó sea su peronificación civil, la administración pública.

Tampoco hay que insistir sobre la absoluta necesidad de dar el verdadero carácter de magistrado que debe tener, al juez de instrucción y de distinguir las facultades de denunciar y perseguir activamente á los delincuentes y acusarlos ante los tribunales que corresponden al Gobierno y son inherentes al ministerio público que debe ser su representante y estar encargado de la policía judicial; de las de dirección imparcial e inteligente de los sumarios e investigación de las pruebas, de cargo y descargo de los procesados, peculiares sólo de aquel severo e imparcial magistrado. Y es doblemente necesaria esta separación de atribuciones judiciales, conservándose todavía el secreto del sumario y otros resabios del procedimiento inquisitorial y escrito, queafortunadamente ha sido proscripto en toda Europa, y reemplazado por el filosófico y racional y verdaderamente jurídico, de las antiguas Repúblicas y de las naciones modernas, cultas y libres: el juicio oral y público.

Ni hay que recordar y volver por los fueros del ministerio jís-
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cal, verdadera y necesaria magistratura, que en vez de desnaturalizarla sin respetar su tradicional organización en nuestra patria, es preciso robustecer cada vez más para que sea, como lo fué siempre, la salvaguardia de la justicia y el baluarte de nuestras libertades públicas; constituyéndole en órgano vivo de la ley, encargado con sus dictámenes de fortalecer el sentido moral y práctico-jurídico del país, de ilustrar la conciencia moral del jurado, y la jurídica del tribunal y de la bella misión, por medio de los recursos de revisión y de casación, de asegurar la verdadera justicia y su augusta igualdad en todo el reino. Suprimiendo al doble carácter que hoy tiene de representante á la vez de la ley y del Gobierno (que puede entenderla y querer que se aplique apasionadamente) es como podrá conservar su verdadera autoridad moral y llenar su elevada misión en los tribunales, dejando que llene también debidamente la suya, como institución aparte, el ministerio público.

Evidente es también para todo el que quiera maduramente estudiar la organización judicial y libre de toda preocupación política, profundizar sus esenciales bases, la absoluta necesidad de la división del poder judicial entre el jurado y la magistratura, como base fundamental de la justicia civil y criminal, decidiendo aquél en su conciencia moral y práctica las cuestiones de hecho y consagrándose ésta al culto jurídico de la ley y de la justicia, que es su verdadera y elevada misión. La acumulación y confusión de funciones tan distintas arrastra no pocas veces al error y á la más arbitraria injusticia.

Además, es bien claro también, para no tener que aducir nuevas razones, la necesidad de una sola instancia en lo civil y criminal, salvo los recursos extraordinarios de notorio error en el jurado para nuevo juicio ó juicio de revisión y de infracción esencial de la ley ó del procedimiento para la casación; como lo exigen imprescindiblemente el prestigio de la justicia, su unidad moral y el debido acierto en los fallos. Y del mismo modo debe ofrecer el procedimiento civil iguales garantías á las partes, trátase de un negocio de más ó menos valor, siempre igual ante la justicia e inapreciable para las partes, y el procedimiento criminal de una penalidad más ó menos grave, pero que exige siempre iguales garantías de acierto. Y á estos principios debe obedecer la ley sobre competencia, ó jurisdiccional, tan importante en el procedimiento y que debe determinar-
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se, no por la cantidad del negocio civil en su tramitación sencilla, ni por la penalidad en lo criminal para decidirse con jurado ó sin él; sino filosófica y racionalmente por la naturaleza jurídica del negocio, en juicio breve, de ser sencilla, ante unos tribunales, y siendo complicada la cuestión jurídica en juicio más largo ante otros y por el hecho penal, con iguales garantías en todos los tribunales, pero atendiendo á su importancia moral y social, y atribuidos el conocimiento de los menores graves á unos, y de los crímenes á otros tribunales.

Por último, y esto es bueno recordarlo por su inmensa importancia, la justicia debe ser gratuita. Esta es una deuda solidaria de la sociedad entera, como uno de los objetos fundamentales que se propone el Estado y debe administrarse por consiguiente la justicia gratuitamente á todos, dispensándoles el mismo beneficio social, sean pobres ó ricos. Además, es una verdadera garantía de la justicia la gratuitéz, cuyas formas tan importantes se verán siempre comprometidas, mientras el fisco ó el interés profesional tengan parte en la administración de justicia.

Pero si bien el estado del Tesoro no permite por ahora esta gran reforma, por de pronto es indispensable eximir de todo gasto á las partes en los negocios de escaso valor, por la protección que debe conceder la sociedad á las clases poco acomodadas y á la pequeña propiedad que no llegue á 500 duros, por ejemplo, no consintiendo su ruina en un pleito, con desdoro y desprestigio de la justicia.

Además, debe autorizarse á las partes para actuar y defenderse por sí mismas, como de antiguo se hace en Inglaterra y los Estados Unidos y ahora ya en otros países, incluso en Rusia misma, y reunir las funciones de procurador, las de abogado, como de antiguo en Prusia y en todos los Estados de Alemania, en Ginebra y últimamente en otros países y en Rusia, que á pesar de su fama de autoritaria y atrasada, acepta en todo, más de lo que generalmente se cree, los adelantos más progresivos de la ciencia jurídica. Sujetos estos á tarifas ó aranceles en estos países, se podría también de una vez moralizar la curia y asegurar el verdadero prestigio á la justicia, asociando á todos sus funcionarios á esta gran reforma, y haciendo desaparecer completamente otros intereses que puedan debilitarle, con fijar una escala progresiva de impuesto judicial en vez de papel sellado y una cuota fija para los abogados
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EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

por todo el pleito, según sea breve ó largo el pleito ó juicio, fuera de la gratuitéz en los de escaso valor, ó cuando menos cuotas fijas para cada uno de sus principales períodos, y no por cada uno de sus actos, más ó menos necesarios y alargados ó multiplicados en los negocios con inmenso perjuicio de su deseada celeridad y debida economía y sin la menor ventaja para el examen y acierto en la justicia. Y no es tan difícil realizar tan importante reforma sin lastimar los intereses de la clase de procuradores, con conceder á estos el derecho de hacerse abogados prévio examen de las asignaturas de derecho, ni salvar los cuantiosos intereses de los abogados que aparecen á primera vista comprometidos, sin advertir que, como las grandes reformas de la tasa postal y otros, asegura nuevos y multiplicados rendimientos, con atraer á tantos litigantes que hoy se alejan de los tribunales y transigen de cualquier manera y sacrifican sus deberes, por miedo á arruinarse con costososísimos pleitos.

IV

Pero entre todos los actos del procedimiento que tanto influyen en la recta administración de justicia, ninguno tan importante como el que pone término definitivamente á todas las cuestiones judiciales, la sentencia. Y esta reforma, de inmensa trascendencia, importa mucho examinarla con alguna detención. Y no se diga que establecido el jurado y limitados los tribunales á las decisiones del derecho, estas son bien sencillas y fáciles, y que la dificultad está solo en la apreciación de la intencionalidad y del carácter exacto de los hechos. Sin duda, aunque no jurídicas, estas acciones más bien propias siempre de la conciencia de los hombres que viven en medio de la sociedad y la conocen prácticamente; las cuestiones de hecho son harto difíciles para depurar bien la verdad sin otra ley que el criterio moral de los jueces, base esencial de la verdadera y seria convicción: proscrito como está ya por contrario á la razón y á la justicia el mecanismo teórico y jurídico y sistema de tasación legal de las pruebas con que se quiere reemplazar las convicciones íntimas y profundas de la conciencia; y por más que para la apreciación moral de las pruebas sirva en verdad y únicamente como utilísima regla de conducta para el mismo jurado, como de antiguo
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II

Basada actualmente la patria potestad en la naturaleza y la razon humana, pugna con el absoluto e ilimitado derecho de los romanos para ser sustituido por un poder de interes y proteccion. De él han de salir en primer lugar todos los medios necesarios para corregir á los hijos, pues de otra manera conduciría su ineficacia á la inutilidad paternal, no seria útil, ni provechoso, ni respetado, viniendo en último lugar á extinguir el brillo de la familia, sociedad digna de ser venerada y del más detenido estudio por su incalculable trascendencia al cuerpo social. Dico Montesquien á este propósito: "On remarque, que dans les pays où l'on a mis dans les mains paternelles plus de recompenses et de punitions, les familles sont mieux reglées; les pères sont l'image du Createur de l'univers qui quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher par les motifs de l'esperance et de la crainte."

¿Quién duda, pues, que los castigos, ó mejor dicho, las correcciones son necesarias? Incompleta seria la ley fundamental del poder paterno si no estableciese los medios de justa represion. Cuando los ejemplos de los padres, sus exhortaciones, no bastan para mantener dentro de los límites de los deberes á los hijos contaminados ó perversos, entonces la autoridad pública cubre con su égida la paternal magistratura, prestándola recursos compatibles siempre con el interés de la familia. Y es que la ley sabia y previsora, hija de las costumbres, confiere equitativamente á los padres, en recompensa de sus obligaciones y en pago de su amor, derechos respetables.

Nuestra legislacion, sin perder jamás de vista las sapientísimas disposiciones de la romana, ha fijado los límites del poder paterno, le ha cedido derechos, le ha prescrito deberes, ha dado á los padres, en una palabra, la investidura de legislador, de juez, tutor y señor de sus hijos.

Pero antes de ocuparnos de las atribuciones que les son peculiares como jefes de familia, preciso es conocer una que, si bien es comun á otras personas, no será estemporánea, por su valor, y por ser el padre quien la posee con preferencia. Nos referimos al con-
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en Inglaterra y en los mismos Estados Unidos las tradiciones de los tribunales y su larga experiencia judicial, recogidas algunas con especial acierto respecto á la prueba indicial y formuladas y originadas en precepto científico y regla práctica de conducta por el eminente criminalista Mittermager. Y precisamente, esta convicción moral, la única que reconoce la conciencia solo puede depositarse fielmente en jueces los más independientes e imparciales, aceptados como tales, puede decirse por las mismas partes, y en número suficiente, que garantice el debido acierto y que revista de la necesaria autoridad moral sus fallos; exige naturalmente y sanciona legalmente la institución del jurado.

Pero verdad es también, que es bien difícil la inteligente y leal aplicación de la ley en cada caso particular, si no ha de ser este también un mecanismo jurídico y casi burocrático. Se ha dicho por San Pablo, y tratándose de los libros sagrados, que la letra mata y el espíritu vivifica, y en verdad nada más opuesto á la verdadera justicia que la aplicación judaica y material de la ley, que haría innecesaria la jurisprudencia doctrinal y sus legítimos progresos y el depósito sagrado de ella confiado á la casación. Entre la violación á la vez del espíritu y de la letra de la ley y su hipócrita y literal aplicación que tan absurda é injusta sería no pocas veces, se halla la elevada y digna aplicación que de ella hacen nuestros tribunales. Para llenar su difícil misión, no desdenan jamás lo que equivocadamente pudiera llamarse por algunos erudición jurídica, ni se contentan con consultar los antecedentes y archivos judiciales que si dicen cómo se ha decidido, no siempre fijan bien lo que ha debido decidirse; sino que se consagran constantemente al estudio filosófico y abstracto del derecho y su estudio comparado para profundizar el espíritu filosófico de la ley escrita y la historia de la ley para penetrar la razón determinante y justificativa de sus preceptos; haciendo así fecunda su diaria aplicación en provecho de una ilustrada y progresiva jurisprudencia y de la verdadera observancia de las leyes; esto es, procurando la verdadera interpretación doctrinal de toda ley, y fijar su verdadero sentido con arreglo á los progresos sucesivos de la ciencia jurídica, y la más recta e inteligente aplicación en cada caso particular, que es lo que constituye el conocimiento profundo de la ley y la verdadera justicia.

Cada vez es más necesario en nuestra sociedad, falta de carac-
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térres independientes, elevados y enérgicos, consagrados activamente al culto de sus deberes y de su conciencia, que los encuentre al menos en los Tribunales de justicia. Nunca debe la magistratura olvidar las grandes tradiciones de su brillante historia y los elocuentes ejemplos, dignos de imitarse en todo tiempo, de algunos hombres ilustres, consagrados á la ciencia y á la justicia, y cuyos gloriosos recuerdos serán imperecederos y vivirán eternamente en la memoria de cuantos amen la dignidad personal, la firmeza de carácter, el valor cívico y la noble defensa de la justicia y de la patria. Si el elocuente Portalis, comprendiendo la elevada misión y la dignidad del Ministerio fiscal, y haciendo el elogio del célebre Seguier, dijo en el Instituto de Francia, que había sido el hombre de la ley y el orador de la patria; y si se debe en verdad aplicar al abogado y al funcionario del ministerio público el bello elogio que de un gran orador de la antigüedad ha hecho un escritor moderno, Mr. Garat, diciendo que se servía de la palabra como un hombre modesto de su traje; para cubrirse y no para engalanarse; puede muy bien, en mi concepto, decirse del digno Magistrado, que es el escudo de la justicia y de la patria.

Si se quiere hacer del poder judicial una gran institución social, hay que hacer desaparecer en la magistratura todo régimen burocrático, que la rebaja y la desprestigia en la opinión pública. Además, no basta consignar el principio tan acertado de los tribunales colegiados. Para que verdaderamente sea acertado y produzca sus buenos resultados, es imprescindible adoptar en las sentencias la votación individual, pública y personal de los magistrados.

La deliberación de un cuerpo es más reflexiva y méños expuesta á precipitaciones ó debilidades que la de un hombre, y además tiene más autoridad moral, porque representa siempre con más dignidad la idea impersonal de la justicia y como lo es la ley. Con razón se decía en la antigüedad, y este bello pensamiento oriental, obra es de los antiguos sabios de Israel: "Nadie debe juzgar solo, porque este derecho supremo no pertenece más que al que es único." Pero no basta en los tribunales colegiados que á los magistrados les proteja el sentimiento de su conciencia, sino que es preciso también que inspiren confianza moral á la opinión pública. Sin su responsabilidad moral personal es preferible aun el juez único, como lo declaran así eminentes jurisconsultos. Y esto aparte de las sospechas
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en estos escritores y en la opinión pública, que por infundadas que sean rebajan siempre el prestigio de la justicia, al suponerse el ascendiente de un magistrado o de un presidente de Sala sobre sus compañeros, y no siempre por su mayor inteligencia, y que decide así por sí solo y sin responsabilidad moral ninguna bajo el nombre colectivo de la Sala; con capitulaciones, si no de conciencia, de apreciaciones y opiniones en los magistrados, que no quieren con un carácter severo e inflexible aparecer discolos y sufrir no pocos sabores y disgustos en su carrera burocrática. Es necesario que desaparezca el mito de la Sala de justicia, en cuya unanimidad nadie cree. Por el contrario, se sospecha que cubre á veces capitulaciones de ideas y apreciaciones, por las contemplaciones de carácter ó indiscutible abandono de examen de las cuestiones del proceso. Es indispensable, como escudo eficaz de toda clase de debilidades, que el magistrado no pueda desechar sobre sus compañeros la gran responsabilidad moral de sus decisiones, y que no sea un mito una Sala de justicia. Es preciso que acepte el magistrado como el juez único la responsabilidad moral de sus opiniones, de todas sus apreciaciones jurídicas, de su sentencia. Es evidente la necesidad del voto público de los magistrados, establecido en los tribunales colegiados de Inglaterra y de otros países; voto que hace responder á cada uno de ellos de los fundamentos de su voto ante la conciencia pública. Y al mismo tiempo esta digna emulación, de tan feliz trascendencia entre los magistrados, hace que, destruyendo toda sospecha de desidia, traten de rivalizar en celo e inteligencia, con gran provecho de la recta administración de justicia.

Esta organización, con la votación individual de los magistrados, pública y por escrito en los autos, y la redacción de la sentencia del tribunal y publicación de ésta por su presidente, ofrecería así, en mi concepto, las ventajas que son propias de cada uno de los dos sistemas de juzgados unipersonales y de tribunales colegiados. A la verdad, con lo primero, presentarían la garantía de acierto e integridad, que supone siempre el número escogido, no siendo tan fáciles, dado cierto número de jueces, la participación en las debilidades ó errores de uno solo. Y con lo segundo, se aseguraría la responsabilidad moral y personal, que es ilusoria, á fuerza de dividirse y ocultarse en un tribunal colegiado, y que es el único bien que puede obtenerse con el juez único, en medio de los muchos