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clase llamada telúrica, y no á la de los temblores de tierra perimétricos.

Mucho más funesto, y en verdad memorable, fué el tremendo terremoto del 29 de Junio, que devastó toda la comarca de Belluno. Este, que fué observado por Falb, Zigno di Padova, Pirona, Farnelli, Bittner, Sness y otros, (1) tuvo 15 segundos de duración, produciendo la ruina de todo Belluno, de unos 52 pueblos además, así como muertes, desgracias, grandes hendiduras y distintos tornos en la superficie terrestre. El movimiento se propagó de S. S. E. á N. N. O., manifestándose en el contacto de los terrenos posteócenos con otros más antiguos y debiendo haber estado el punto de arranque debajo del cretáceo.

Al apuntar lo anterior y otros particulares que ya hemos consignado, vése claramente que debajo de la península italiana entera existe una especie de circulación subterránea, y que en tal comarca se manifiestan con singularidad las fuerzas volcánicas, ya inmediatamente, ya continuadamente, ora en el Etna, Vesubio e islas Lipari, ora por los cráteres de antiguos volcanes, ó ya bien por conmociones y violentos movimientos de la tierra.

Así que tales investigaciones en ningún país de Europa tienen mayor importancia que en Italia, donde sabios de primer orden como Palmieri, Bertelli, Denza, Secchi, Serpieri, Scarabelli, Silvestri, Stoppani y Gorini, confieren predilecta atención á semejante asunto, y á fin de fomentar su estudio y consignar observaciones y demás trabajos, dan á luz, desde Enero de 1874, una revista mensual, dirigida por De Rossi, intitulada Vulcanismo italiano.

Durante 1873 experimentáronse en Alemania muchos terremotos cuyas descripciones omitimos aquí por la brevedad, que también prohibe hasta citas de algunos de los numerosos impresos donde aquellas han visto la luz pública.

(1) Para evitar prolongidad, no se citan aquí los títulos de las monografías, revistas, etc., donde constan descripciones del aludido terremoto; únicamente apuntamos ahora los que siguen: la Memoria leída en la Academia de Ciencias vienesa, el 16 de Abril de 1874, por A. Bittner, impresa en el tomo LXIX del Sitzb. der K. Akad. der Wissensch.; la obra por E. Snass sobre Los temblores de tierra de Italia (Die Erdbeben des südl. Italien); Viena, 1874, el libro de R. Falb, intitulado Pensamientos y estudios sobre el vulcanismo con relación especial al terremoto de Belluno del 29 de Junio de 1873 y á la erupción del Etna del 29 de Agosto de 1874. En octavo, XXIV, 320 páginas, con 13 láminas, impreso en Graz, 1875. (Gedanken und Studien u. d. Vulkanismus, etc.)
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del poder social, su actividad, su inteligencia, su libertad, y realizar su libre perfección moral; sus deberes son no oponerse á la acción legítima del derecho social, y obedecer al poder social en el ejercicio legítimo de su autoridad. Y sentados bien estos principios, puedo hacer ahora con toda seguridad las deducciones fundadas y convenientes, para trazar debidamente el círculo de los derechos y deberes del Estado y de sus miembros; y establecer en sus relaciones el límite de la acción colectiva del Estado y de la acción individual del hombre; y hacer, según las distintas aplicaciones que sean necesarias y convenientes, la aplicación particular de estos principios en la solución de las diversas cuestiones que se susciten. Con efecto, de lo expuesto se deduce, necesariamente, que, si el individualismo predomina, produce la anarquía, que es la ruina de toda libertad; y que si predomina el principio social, produce el despotismo, que es la ruina de toda autoridad. Desgraciadamente hay algunos que quieren una sociedad sin libertad, y otros que la quieren sin autoridad. Los primeros invocan siempre para todo la iniciativa del Estado; y los segundos, todo quieren abandonarlo á la iniciativa individual. Se niega el derecho individual por miedo á la anarquía, como se niega el derecho social por miedo al despotismo. Pero la verdad es, que el derecho individual y el derecho social son inseparables, y deben conciliarse y armonizarse debidamente.

Además, el derecho individual debe estar subordinado al derecho social, porque el hombre, ser esencialmente social, no puede cumplir su destino sino en la sociedad, que es la condición de su vida y la ley de su ser; y naturalmente, para conservarla en caso de duda ó de conflicto, debe ceder de sus derechos individuales, en cuanto sea éste absolutamente necesario para conservación del orden social y del Estado. Y esta es la verdadera razón de la autoridad superior del Estado sobre el individuo, que necesariamente es más ó menos extensa, como lo exige la conservación del orden social, según el estado de adelanto y de civilización en que se encuentra la sociedad. El principio de la subordinación del derecho individual al derecho social, debe ser aceptado en interés de la libertad misma. Por último, en la teoría filosófica del derecho que he formulado, no es posible reconocer ningún derecho absoluto; porque nada hay absoluto sino Dios, y la razón su representante; en la
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tierra. Así, todos los derechos individuales deben reconocer por límites los que son absolutamente necesarios para conservar el orden social, según el estado en que se halla el país, teniendo siempre por norte el ensanchar su ejercicio, hasta que no tenga más límite que el absoluto é indispensable para la conservación del Estado.

Pero hay que hacer una distinción en estos derechos individuales, según su diversa naturaleza, entre los derechos que se llaman civiles, propiamente individuales, y los derechos políticos. Los primeros deben ser reconocidos y garantizados, ó asegurados eficazmente á todos los hombres en toda sociedad civil bien ordenada, y comprenden las relaciones de los individuos entre sí ó con el Estado que no afectan al Gobierno, y son la libertad de conciencia, la seguridad personal, la propiedad individual, la inviolabilidad del domicilio, etc. Los segundos son los derechos relativos al ejercicio del poder político; es decir, los derechos que se fundan en la capacidad política; esto es, en la posesión de las condiciones requeridas para ser admitido á participar en el manejo de los asuntos públicos; el electorado, la elegibilidad, la libertad de la imprenta periódica, el derecho de reunión, el jurado, etc., y estos no son necesariamente concedidos á todos los hombres; sino que son reconocidos y distribuidos entre ellos, según la naturaleza del gobierno del país. Los derechos civiles son inherentes á la naturaleza del hombre, y los derechos políticos suponen una capacidad especial. La posesión segura de los primeros en todos los hombres, es el fin inmediato del Estado, pues que en ellos descansa el progreso moral de la humanidad, que es el fin definitivo de la sociedad. Y los segundos son únicamente la garantía de los derechos civiles, y su conservación un medio de asegurar el ejercicio legítimo de aquellos, y en tanto son legítimos y convenientes, en cuanto son oportunos para este objeto. Pero cuando lo permita el estado de un país, se debe procurar siempre aumentar el número de los que se interesan por el Estado y toman parte en su Gobierno, pues fácilmente se comprende que serán tanto más eficaces, cuanto mayor sea el número de los que los ejercen y velan así por la conservación y el respeto de aquellos derechos civiles.

En resumen; los derechos individuales, si bien se fundan en la naturaleza del hombre los declara y consagra la Ley y la Constitución; y es preciso distinguir en estos derechos los derechos civiles,
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que son los que se llaman generalmente individuales y los derechos políticos. Los derechos civiles son los que pertenecen al hombre como hombre aparte de su consideración de miembro del Estado, y se fundan en la naturaleza moral del hombre, y por consiguiente, todos en general deben disfrutar de ellos. Los derechos políticos son los que pertenecen al hombre como ciudadano y se fundan en la capacidad especial para ejercerlos útilmente; significando la intervención conveniente del ciudadano en el Gobierno del Estado. Los derechos civiles son el objeto inmediato de la institución del Estado; los derechos políticos son la garantía de los derechos civiles.

Los derechos políticos no descansan como los derechos civiles en la libertad, descansan en la capacidad. Los derechos políticos, á la verdad, son sometidos á condiciones de capacidad, más ó menos elevadas, según su grado de importancia social; y así no suele haber una clase uniforme de ciudadanos, porque los poseen en grados diferentes. Así, al paso que las leyes naturales reconocen en todos los hombres igualmente los derechos civiles, que les son inherentes por su misma naturaleza; las leyes constitucionales son las únicas que crean verdaderamente á los ciudadanos y los forman, concediéndoles los derechos políticos. Los derechos civiles pertenecen ciertamente á todos los hombres, pero no á los políticos, sino á los que tienen las condiciones á que las leyes ó la Constitución del Estado, adhiere la presunción de la capacidad política. En fin, los derechos civiles se hallan personificados en la libertad social, como los derechos políticos en la libertad política. Ahora solo me resta asentar que la felicidad y prosperidad material y la dignidad moral de toda la nación, exige que los derechos civiles estén claramente y bien definidos en la Constitución del Estado y que se hallen garantizados eficazmente por medio de la más acertada distribución de los derechos políticos, según el estado de cada país.

Esta es, en mi concepto, la verdadera teoría de los derechos individuales; pero algunos escritores liberales proclaman desgraciadamente en este punto como en otros, las doctrinas más radicales. Estos los consideran como derechos absolutos del hombre, ilimitados e ilegislables; doctrinas tan absurdas como anárquicas. Bien que, como se ha visto, se considere estos derechos bajo el aspecto del reconocimiento de su existencia como sagrados e inviolables, en
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todos los hombres y tan imprescriptibles como naturales y no por que nazcan todos los hombres con ellos, sino porque descansan en su naturaleza moral que es una misma; y así todos los hombres nacen con el poder de obtener su legítimo ejercicio en su plena racionalidad. Con efecto, el hombre, como ya he dicho, es un ser libre pero razonable, á quien Dios ha confiado su propio destino, encomendándole el noble y libre cuidado de su perfectibilidad, por medio de la educación moral de su racionalidad; y así al mismo tiempo que consagra este principio fundamental, el respeto inviolable á la libertad social del hombre, que es una consecuencia legítima de su libertad moral, impone cierta condición y límites á su ejercicio. La condición se reduce naturalmente á la capacidad racional, que existe generalmente en todos los hombres, pero título indispensable para su legítimo ejercicio y en cuanto á sus límites los señala la conciencia, que debe ser su expresión. Estos derechos son, sin duda, derechos naturales y legítimos del hombre, independientes de la ley en cuanto á su existencia; pero su ejercicio debe estar sometido á la moral y á la razón, y á la ley en la sociedad toca fijar las condiciones legítimas que exigen imprescindiblemente la justicia y el interés público, y que, cuando se hallan reconocidas éstas por la razón y aceptadas por la conciencia pública, son la medida del legítimo ejercicio de todos los derechos individuales.

La ley, en efecto, es la regla superior que hace armónica y posible la coexistencia del derecho de la sociedad y de todos sus individuos con la libertad individual. En mi concepto, la existencia de los derechos individuales es absoluta, porque lo es la idea de la justicia de que emanan, pero su ejercicio es relativo porque pertenece al hombre considerado individualmente y se halla subordinado al fin moral de su existencia; esto es, al uso racional para que Dios se lo ha concedido. Y esto quiere decir que el legislador no puede desconocerlos ni anularlos, y tienen que reconocer necesariamente su existencia y su legitimidad en todos los hombres, independientes de la ley social, porque no lo crea ésta; pero que debe reconocerlos en sus límites razonables, que les impone la ley misma de la existencia de estos derechos; su fin moral, por consiguiente, el supremo regulador del ejercicio de ellos. Así, la ley y el poder público, que es su representante, tiene indisputable derecho, y lo que es más, el deber imprescindible de determinar el ejerci-
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cio de los derechos individuales para salvar el orden social y los derechos de todos los individuos de la sociedad, que es la ley fundamental de su existencia.

Pero, por otra parte, la existencia de la libertad individual, o sea de los derechos individuales, es incontestable y no merece cíertamente la impugnación que han hecho algunos célebres publicistas, combatiendo la idea de la declaración de los derechos del hombre, y sobre todo la idea absurda, en su concepto, de considerarlos como inagotables e imprescriptibles, puesto que estos derechos dicen han sido, en la marcha de la humanidad, á veces enagénados, y muchas prescritos. Sin embargo, poco importa que lo hayan sido; pues lo que verdaderamente se dice es precisamente que no han debido ser enagénados ni prescriptos; se habla de lo que debe ser, no de lo que ha sido, ni puede ser. Nada dice en contra de la legitimidad de los derechos naturales del hombre, anteriores y superiores á toda ley social las legislaciones contrarias de los pueblos. Y no hay que olvidar nunca los límites que legítimamente oponen á la acción del Estado los derechos verdaderamente individuales, pues la primera obligación del Estado es no quebrantarlos jamás, así como las instituciones fundamentales de la sociedad, que deben respetarse verdaderamente. Y de esta manera se puede fijar y restringir eficazmente la acción del Estado del poder legislativo mismo, la llamada omnipotencia de la ley, á que los ingleses llaman, con razón, over-governing, exceso de gobierno, que es el origen siempre del depotismo.

Así, en mi concepto, los escritores radicales que abogan por la teoría absurda y anárquica de los derechos individuales, absolutos, ilimitados e ilegisladores, confunden lastimosamente la existencia de estos derechos individuales con el ejercicio de ellos, el título indiscutible de la dignidad del hombre con el ejercicio de sus derechos. Pero en mi opinión no es solo la distinción entre la existencia y el ejercicio de los derechos aun de los llamados civiles, la que necesariamente hay que hacer. La verdadera causa de la justicia y de la libertad aconseja también; para reconocer y fijar de una vez lo que tiene de legítima ó de estraviada la teoría de los derechos individuales, que por difícil que parezca, se declinde cuidadosamente de los derechos del individuo como hombre, de los que pueden corresponderle como ciudadano. Verdad
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que se tropieza con algunos derechos que ha sido difícil clasificar y calificarlos con el debido acierto; pero, en mi opinión, ha sido por no haber observado que algunos de ellos, que, al parecer, participan de la naturaleza de unos y otros, y figuran como un mismo derecho, que consiente distintas manifestaciones; son, en realidad, muy distintos derechos, que dan lugar á bien diversas manifestaciones. Así, en mi concepto, la libertad de imprenta, por ejemplo, envuelve dos derechos completamente diferentes; el de la publicación de los libros científicos, que es un derecho civil y natural, y el de la imprenta periódica y política que es un derecho puramente político. Y lo mismo sucede con otros muchos, como por ejemplo también el derecho de asociación, que comprende, igualmente, los derechos bien diversos: el de asociación para fines puramente sociales, y el de reunión política para influir en la marcha política del Estado.

Es absolutamente indispensable distinguir los derechos civiles, que son los que con más propiedad se pueden llamar individuales, de los derechos puramente políticos; pues que por su origen, su naturaleza y su fin, son bien diversos. Con efecto, si los primeros tienen su origen y radican en la naturaleza humana, los segundos son hijos de las instituciones políticas, la Constitución del Estado. Si la naturaleza de los primeros hace que sean debidos á todos, sólo,—absolutamente sólo,—por el título de hombres, los segundos deben estar basados, deben exigir el título de la capacidad, y se deben conceder únicamente á los que han de ejercerlos para bien de la sociedad. Si el fin de los primeros es el respeto á la dignidad y á la naturaleza del hombre, el desarrollo físico, moral e intelectual, el de su felicidad misma; los segundos son los medios, solamente medios, si bien los únicos medios para asegurar eficazmente el goce de los primeros. Los primeros están representados por el derecho que en la pensadora Alemania se llama personalidad; los segundos por el de la libertad política.

Pero si sagrados e inviolables son los derechos civiles, como el hombre mismo, también lo son los de la sociedad; no sería justo, ciertamente, sacrificar el todo por la parte, exponer á la sociedad á grandes peligros, por su respeto exagerado á los derechos de sus individuos. Deber es, pues, de la sociedad reducir á sus justos límites los derechos de sus individuos; y la ley que sanciona
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esta limitacion de los derechos individuales, está santificada por la razon, la justicia y la conciencia pública; más aún, por la existencia misma de la sociedad; y he aquí cómo se puede y se deben hermanar los principios del orden y libertad, que parecen encontrados, y cuán equivocadamente han creído unos, con su sombrío carácter, comprometida hasta la existencia de la sociedad con estos derechos; y otros, en su acalorada imaginacion, han visto peligrar la libertad con la justa limitacion de estos derechos individuales.

En una palabra: las atribuciones del Estado se limitan á las facultades necesarias para la conservacion del orden social establecido, y el respeto á los derechos de todos y cada uno de sus individuos. Por consiguiente, esta teoría rechaza el principio que, con exageracion del derecho de la sociedad y falsas ideas de autoridad y de gobierno, proclama la omnipotencia de la ley y del Estado; dando por resultado el más degradante despotismo. Y de la misma manera rechaza tambien el principio que, con exageracion de los derechos individuales y con falsas ideas de liberalismo, proclama la autonomía ó soberanía absoluta del hombre, limitando las facultades del Estado únicamente á hacer conciliable el desarrollo enteramente libre de las facultades del hombre, sin sujecion á ley ni á regla ninguna, con el de los demás individuos de la sociedad; dando por resultado la más completa anarquía.

A la verdad, gustan algunos de encarecer siempre la importancia del Estado, multiplicando sus atribuciones; sin advertir que cada invasion del Estado, en la esfera legitima de la actividad individual, contraria los grandes designios de la Providencia, y rebaja al hombre y degrada á la humanidad. Y si bien es preciso reconocer al Estado su legitima accion dentro de su esfera propia, no por eso debe autorizarse la tendencia á entender y ensanchar la esfera de la actividad del Estado, á espensas de la de los individuos y de otras instituciones fundamentales de la sociedad: tendencia funesta que amenaza al hombre en lo que tiene de más precioso y sagrado, en sus elementos más esenciales de perfectibilidad, contrariando el libre y racional desarrollo de las facultades del hombre y su legítimo progreso moral, que es el origen de la dignidad y de toda verdadera grandeza en el hombre y en la sociedad.

Sin embargo, si bien la actividad humana para su completo y legitimo desarrollo exige, sin duda, la mayor libertad posible de
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accion, ha de ser dentro siempre de los legítimos límites impuestos por el Estado. Yo bien sé, que á medida que la libertad civil es restringida, la espontaneidad individual se enerva, el espíritu de actividad languidece y se extingue todo progreso legítimo; de manera, que toda extension de atribuciones, toda tutela que se arroga indebidamente el Estado, agrava el mal y dificulta el remedio. Pero el Estado debe cuidar severamente de que se respete por todos el orden social establecido, y además, para cumplir con su altamision, no debe abdicar nunca la direccion suprema de la sociedad, que no quebranta de ninguna manera la libertad individual; y limitándose, por consiguiente, en este punto á "dirigir moralmente" y no obligar forzosamente, sino al cumplimiento de las obligaciones indispensables para hacer respetar el orden social y político del Estado. Y este derecho social, este derecho legítimo de la sociedad, es verdaderamente la esencia y el fin del derecho constitucional, que se ocupa de la organización del Estado. El Estado es la personificación de la soberanía política; y, por consiguiente, le corresponde, sin duda, la "suprema inspeccion" sobre todas las instituciones sociales y derechos individuales, so pena de "abdicar el poder y quebrantar la unidad necesaria en el Estado." Pero ni la unidad es la absorcion gubernamental, ni la soberanía es absoluta, porque sobre ella está siempre el derecho, regla eterna y medida de su accion, y en el radican los límites de toda institucion humana. Por consiguiente, el Estado debe respetar, á su vez, los derechos inviolables del individuo, de la familia y de la Iglesia; si bien la exclusiva accion del individuo es anarquía, y la de la familia, y aun más, la colectiva de la Iglesia ó del Estado, son absorbentes y despóticas. En buenos principios constitucionales, la impulsion y la iniciativa social pueden partir indistintamente del individuo ó de las instituciones sociales ó del Estado mismo, pero la direccion debe corresponder únicamente al Estado; y por eso la impulsion en los pueblos libres, suele ser de la opinion pública, y la direccion siempre del Gobierno.

Así la doctrina de la absorcion de la libertad social del hombre por la omnipotencia suprema del Estado, esto es, de la absorcion gubernamental del Estado, como la del predominio de la libertad individual por el desarrollo completamente libre de la actividad del hombre, sin punto de partida ni objeto y fin conocidos y legi-