Revista de España (1877-05-01 00:00:00), página 277

ensayos ofrece la materia de imprenta todavía gravísimas dificultades para encontrar el punto de intersección por medio de una ley que ofrezca en tan importante punto las garantías necesarias al poder y á los administrados, sin coartar la libre emisión de las ideas; pero fuerza es reconocer, aun admitiendo algunos de los razonamientos elocuentemente expuestos en la Cámara por el Sr. Cánovas del Castillo, que el proyecto sometido á la deliberación del Senado, se presenta, según demostramos en la Revista anterior, como una red de espesas y complicadas mallas que por completo imposibilitan la emisión de las ideas y la existencia de toda empresa periodística.

El diputado de la minoría constitucional, Sr. Linares Rivas, que, por el acuerdo de la agrupación política en que milita, no ha podido tomar parte en los importantes debates sobre el proyecto de imprenta, ha fiado á su bien cortada pluma el análisis de la medida legislativa que el Gobierno propone, publicando una serie de artículos que han sido leídos con verdadero interés en las columnas de un periódico que ve la luz en esta capital. Desde luego declaramos que no podemos menos de aceptar las discretas y meditadas observaciones del diputado de la minoría constitucional, no porque pudieran ajustarse al criterio político que en este punto tenemos, sino porque, imparcialmente discutiendo, abrigamos la firme convicción de que ellas brotan espontáneamente del buen sentido.

Hé aquí extractadas las apreciaciones del Sr. Linares Rivas que de una manera completa responden, en nuestro concepto, á los argumentos hechos por el Gabinete desde el banco azul.

«El art. 13 de la Constitución reconoce á todos los españoles el derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, viniéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante, sin sujeción á la previa censura; y el Gobierno dice en el preámbulo del proyecto, que el derecho á publicar las opiniones por medio de la imprenta, no puede ser absoluto e ilimitado para todos los españoles. No puede darse auténtica mas perfecta. La Constitución no excluye á nadie; á todos llama del mismo modo, y á todos señala el medio de imprenta, como órgano para la difusión de sus ideas y opiniones; mas el Gobierno, sobreponiéndose á la ley fundamental, cree que tal derecho no puede ser absoluto e ilimitado para todos, lo cual significa que lo será para algunos, brotando de aquí el privilegio y la desigualdad más contraria á nuestras instituciones políticas y á nuestros hábitos sociales.

»No todos los españoles publicarán periódicos, si quieren, sino aquellos á quienes se les otorgue permiso, con tal que lleven tres años de vecindad en el punto de la publicación, paguen 1.000 rs. de territorial ó 2.000 de subsidio industrial, y no hayan sido penados por algún delito. El ejercicio de la imprenta queda reservado á los ricos y prohibido á los pobres, lo cual en España no ofrece seria dificultad, porque sabe muy bien el Gobierno que en este país, ya desde muy antiguo, vienen hermanadas la riqueza y la ilustración.

»La vecindad de tres años se busca en el proyecto como garantía; ¿pero, ¿de qué? No lo alcanzamos, porque, ó es inútil ó molesta, y oprime sin resultado. ¿Se quiere saber con certeza cuál es la persona que solicita la publicación de un periódico? Pues para eso basta y sobra con la