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y la misericordia, cuando un obrero tosco e ignorante hace suyas las palabras de los santos, la cuestion cambia de aspecto; lo moral se vuelve inmoral, y lo que era salvaguardia de la sociedad se convierte en elemento subversivo del orden. No es este el único ejemplo: ¡hartos citamos y muchos nos restan por citar todavía!

San Ambrosio declara maldito al usurero, fundándose en el texto de David: «Bendito y habitador del cielo quien no dió á usura;» y de aquí saca una consecuencia poco conforme con los rudimentos de la lógica. «Si es bendito quien no dió, luego quien dió, indudablemente maldito (1). Y quien recibe dinero á préstamo, se cuelga como Judas el traidor.» Declara á quien toma prestado libre de la obligacion contraída, porque «pidió medicina y recibió veneno. Quiso pan y le alargaron una espada: buscó libertad y se encontró esclavo; deseó aflojar el lazo y apretaron más el nudo.» Las mismas frases leemos en San Basilio. «Apenas hay diferencia, continúa San Ambrosio, entre funeral (funus) y usura (fornus); y entre capital (sors) y muerte (mors) (2).

El estilo de San Ambrosio lo afea, con demasiada frecuencia, un insoportable juego de palabras, lleno de equivocos que brotan en montón de su pluma; nunca desperdicia la ocasión de un ásimil que sigue y desarrolla forzadamente hasta las más triviales analogías, ó semejanzas de sonido. Como muestra de este mal gusto literario, remitimos al lector á los capítulos 4.º y 5.º del libro de Tobías. Sacada la cuestion del terreno de la lógica, para llevarla al de la filología, ofrecía el método serios peligros, de los cuales ya tenemos adquirida la experiencia; y, según luego veremos, la discusion de la usura ha versado siempre, más que sobre el fondo, sobre equivocos de palabras ó sutilezas de metafísica.

PEDRO PEREZ DE LA SALA.

(Se continuará.)

(1) Muchos padres, San Agustin entre otros, reproducen este género de argumentación. Tertuliano, sin embargo, protesta contra Marcion porque lo emplea.
(2) San Amb., lib. de Tobias, cap. 3.º, 4.º y 15. San Leon copia el juego de palabras. «El interés (fornus) del dinero, es la muerta (fornus) del alma.» Id., sermon 17, sobre el ayuno del décimo mes. San Bas. Horn, contra los usureros, núm. 1.
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REFORMAS

EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

La administracion de justicia es una de las cuestiones más vitales para el país, que no puede ser indiferente á las reformas judiciales que reclama la opinión pública y que afectan los intereses más capitales de la sociedad y los derechos más importantes de los ciudadanos. Verdad es que la Ley orgánica del poder judicial, que se puede decir que es la ley fundamental de nuestro régimen judicial, monumento imperecedero elevado á la ciencia jurídica y á la libertad, y obra insigne del ilustre jurisconsulto D. Eugenio Montero Ríos, ha consagrado los principios incontestables modernos, cardinales y fundamentales de la organización judicial y del procedimiento, iniciando y plantando muchas de las grandes reformas que exigen imperiosamente la ciencia y la justicia, y preparando otras futuras y progresivas en el porvenir. Pero, desgraciadamente, en nuestro país no se sigue el saludable sistema de Inglaterra, como en la antigua Roma, de perfeccionar nuestras leyes, sino el funesto ejemplo de abrogarlas, trastornarlas, profanando el sentimiento público de legalidad y rebajando el prestigio moral de la magistratura, que se la compromete en las eventualidades políticas del porvenir.

Y no hay que dudarlo: en medio de las transformaciones progresivas de nuestra sociedad moderna y de sus incesantes e irresistibles adelantos, el espíritu verdaderamente conservador consiste
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REFORMAS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

no en contrariar imprudentemente las reformas progresivas, sino en facilitar su realizacion por medio de fáciles y meditadas transiciones, sin perjuicio de los intereses creados, e inspirándose en la justicia, que es el deber del jurisconsulto, y en la verdadera habilidad práctica de la gobernacion, que es necesaria en el estadista, prevenir de este modo los cambios bruscos y revolucionarios que pueden perturbar la sociedad. Y con estas reformas prudentes y sensatas, que hábilmente planteadas hacen solidarias de ellas á las mismas clases cuyos intereses parecen lastimar, salvándolos de una u otra manera, y en las cuales se procura hacer desaparecer los defectos que son generalmente de la no acertada organización y nueva aplicación de las instituciones y no esenciales de estas; se debe ir satisfaciendo progresivamente la opinión pública y hacer justicia á las aspiraciones dignas y legítimas del país.

A la verdad, grandes son las reformas judiciales que reclama la ciencia jurídica en sus constantes y aceptables progresos, que están por cima de todos los partidos políticos y sus exigencias y que impone la conciencia pública en nuestro país, que fija seriamente su atención en la incertidumbre aun de las garantías judiciales existentes, en la inseguridad de todos los derechos individuales, tan injustamente calumniados y que tan respetables y sagrados deben ser en el ciudadano, reclamando cada vez más nuevas y eficaces garantías en la justicia civil y penal. Y esto aparte ya de las legítimas exigencias del régimen constitucional, con el cual todavía no se halla muy conforme nuestra organización judicial, debiendo ser más atendidas sus sinceras y severas prescripciones fundamentales. Hay que entrar en la arena con el valor de sus convicciones, y contribuir en la medida de sus fuerzas á la defensa de las buenas doctrinas constitucionales y al triunfo de las ideas de justicia y de libertad, que son la base de la sociedad moderna. Por mi parte, sin desmayar ante graves e increíbles vicisitudes, y sin cuidarme de los nuevos sinsabores á que me expongo en mi carrera de magistrado, he procurado en varios artículos doctrinales (1) fijar y proclamar y difundir en el país, ansioso de verdad y de justicia, algunas verdades jurídicas, en mi entender útiles á la justicia y á

(1) Véanse los números del periódico El Imparcial, de los días 17 y 19 de Agosto, 12, 20 y 27 de Setiembre último.
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la libertad, y las grandes reformas que espera la justicia en el porvenir.

I

Y en verdad que bien antiguas son las grandes tradiciones de la justicia y de la libertad, oscurecidas ú olvidadas en ciertos períodos funestos de la historia de las naciones, que por fin han sabido recobrarlas en nuestra sociedad moderna. Los pueblos libres de la antigüedad, celosos de su libertad y en su justa desconfianza de todo acto del poder y recelando siempre de que el proceso criminal se convirtiera en un medio de opresion (y esto en medio de la vida pública de aquella sociedad, que hacia difícil la opresion individual), establecieron prudentemente como garantías de la libertad, que puede llamarse, en mi concepto libertad judicial (y ciertamente tan importante como puede serlo la libertad política ó administrativa) estos principios: la libertad de los acusados bajo caucion, durante el procedimiento, á no ser por crímenes graves;—la libertad de acusacion pública, con la responsabilidad penal consiguiente;—el completo procedimiento oral y público, esto es, la publicidad en la instrucción del sumario, lo mismo que en el juicio;—la recusacion de los jueces;—la libre presentacion y discusion de las pruebas, y el juicio público y contradictorio entre las partes;—el derecho de libre defensa en el acusado;—la conviccion moral de los jueces;—el juicio por jurados;—la autoridad de la cosa juzgada.

A la verdad, estos son tambien los principios fundamentales de la justicia, sancionados por la ciencia judicial, si bien hay que añadir, en mi concepto, como resultado de sus progresos, estos otros bien importantes: la institucion de los jueces de instruccion, como verdadera magistratura;—la institucion de los jueces de paz;—la distinta organizacion del ministerio público y del ministerio fiscal, estableciéndolos como dos diversas instituciones, y considerando el primero como funcionario encargado de la seguridad pública, y el segundo como magistrado conservador de la justicia y de las leyes;—la institucion de los abogados como cargo público y social, y no como profesion libre, y refundicion en esta clase de la de procuradores;—el establecimiento de los tribunales colegiados;—la votacion individual de los magistrados, pública y por escrito, y la re-
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dacion de la sentencia del Tribunal y publicacion de ella por su presidente;—la inamovilidad judicial y verdadera independencia del poder judicial, asegurados eficazmente con el nombramiento y ascensos, como atribuciones privativas suyas, independientes del poder ejecutivo, mejor dicho ministerial;—la direccion de los establecimientos penales, como privativa del poder judicial;—el jurado en lo civil y en lo criminal;—la conciliacion del derecho general e individual de denuncia y acusacion pública con la persecucion y acusacion de oficio en nombre del Estado;—la igualdad ante la justicia, de condiciones judiciales en la defensa y en la acusacion;—una sola instancia en lo civil y en lo criminal;—la facultad en el tribunal, en determinados casos, de anular el veredicto civil ó criminal del jurado, celebrándose nuevo juicio ante otro jurado;—el juicio de revision en su caso;—y por ultimo, el recurso de casacion para la unidad de la justicia y verdadera aplicacion de ella, y la severa observancia de las leyes.

Por ultimo, los progresos modernos de la ciencia judicial, aparte aun de las prescripciones del regimen constitucional, exigen en mi concepto grandes reformas en nuestras instituciones judiciales; tan importantes por la grandeza moral de sus funciones y la extension de sus legítimas atribuciones y por los grandes servicios que en el porvenir han de prestar á la fortuna y á la patria.

Bajo la unidad primordial de estas instituciones, el poder judicial encierra las atribuciones más variadas y distintas, que si en su origen se han confundido, con el tiempo se han ido desarrollando y ofrecen ya muy diversos caracteres, reconociendo en el dia la ciencia la energia vital de cada especie de ellas y la necesidad de separarlas enteramente y circunscribirlas cada una en su esfera especial. Y esta separacion y distribucion acertada de atribuciones, que son completamente diversas, entre diferentes autoridades, es la que contribuye siempre al perfeccionamiento de toda institucion social.

Así el regimen constitucional descansa principalmente en lo que se llama la division de los poderes publicos ó mejor dicho, en la distribucion y separacion de las distintas funciones del poder publico. Con efecto, como he dicho en otra ocasion (1), la unidad del

(1) Véase mis Estudios sobre el regimen constitucional y su aplicacion en España, 1876.
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tiene el hijo, y la del adventicio el padre como á usufructuario, por lo que si aquel no hubiese sido quitado, se entiende dejado, y concedido al hijo voluntariamente por el padre; pero si retiene éste y conserva en su poder, se considera que quiere guardar su derecho y aprovecharse del beneficio de la ley, á no ser que en el acto de la emancipacion lo hubiese renunciado, ó haciendo donacion del mismo, se hubiera desprendido de él en favor de su hijo.

Hé aquí los principios sobre los cuales descansaban en Roma los derechos de la patria potestad sobre las personas y los bienes de los hijos.

Con la reseña histórica que en correlacion con el derecho se deja apuntada, facilísimo es convencerse de que si bien la patria potestad fué paulatinamente modificándose, no llegó jamás á separarse por completo de su casi despotismo, como acertadamente dijeron célebres jurisconsultos, así como nunca admitió de pleno las luces del derecho natural.

Sin embargo, la mayor parte de los derechos que confería el poder patrio ha llegado hasta nuestros días. En cambio rechazan las legislaciones modernas sus ilimitadas y señoriales facultades.

Basta enunciar sus antiguos fundamentos, para ver claramente lo muy contrario, que son á toda idea de libertad, de industria, de comercio, de los golpes que el poder de los padres asentan, desnaturalizándole, de lo mucho que debilitan la vida de la familia y de la sociedad política, oponiéndose como una valla á la prosperidad general.

Casi todos los principios que hemos visto en el derecho escrito, pasaron después á ser adoptados por las costumbres en distintas naciones modernas, y en algunas de ellas, reproducidos literalmente en ciertos fueros, como ha sucedido en España; de manera, que al inconveniente que resultaba de un sistema poco moral, muchas veces se añadió el de ciertas nuevas costumbres que dieron por resultado un sin fin de contrasentidos, que pudieron figurar en las legislaciones consuetudinarias. Y siendo imposible sobre tan importante punto hallar remedio en las leyes romanas ni en las imperfectas costumbres, debió acudirse á la naturaleza y á la razón, sobre las cuales descansa el poder paterno, tal cual hoy dia lo vemos, sancionado por nuestro moderno derecho español.
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poder supremo, árbitro soberano en los conflictos entre los poderes públicos y encargado de la alta dirección política del gobierno, inviolable é injusticiable en el ejercicio de sus funciones verdaderamente privativas y esenciales prerrogativas y la división y separación de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo ó administrativo y judicial, á quienes se confían las distintas funciones del poder y que son responsables de su ejercicio, es la verdadera doctrina liberal y de gobierno contra las arbitrariedades del poder público y la que al mismo tiempo le libra de la impotencia ó de la anarquía.

Es absolutamente imprescindible establecer la debida distinción en la Monarquía representativa entre el poder real y el poder ejecutivo ó ministerial, como la más firme base de la libertad constitucional. No es posible al regurgularizar en las leyes orgánicas el ejercicio de las funciones del poder real, y bajo el frívolo pretexto de la confusa forma adoptada, lo mismo para el ejercicio de las prerrogativas reales que para las funciones del poder ejecutivo y que verdaderamente pertenecon á éste, si bien por altos respetos son ejercidas bajo el nombre del rey, como lo es á su vez administrada la justicia á su nombre sin pertenecerle ninguna de sus funciones; consentir la funesta concentración del poder público en el ministerio, bajo el manto del poder real y á la sombra de no pocas mistificaciones constitucionales, erigir, bajo las formas hipócritas de la libertad, una soberanía ministerial depresiva para el trono y más despótica y arbitraria que la monarquía absoluta. Y no es esto decir que el poder judicial no deba estar siempre como el poder ejecutivo mismo, bajo la alta inspección del poder supremo, que para esto debe tener sus especiales prerrogativas, como lo sería, entre otras, el variar, si lo creía necesario, el personal del Tribunal Supremo á petición de los Cuerpos Colegiadosores. Pero únicamente con los verdaderos principios constitucionales, protectores á la vez de la autoridad y de la libertad, se puede crear una magistratura independiente y fuertemente constituida, superior é inaccesible á todas las situaciones políticas y sus exigencias más ó menos legales y transitorias, y constituir así el Patriciado de la justicia, respetable y respetado en el país y firme guardador, contra la arbitrariedad y la anarquía, de la Constitución y de las leyes.

Del mismo modo, la filosofía jurídica señala también, en mi opi-
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nion, la diversa naturaleza de los principales actos que deben concurrir necesariamente en el procedimiento para la recta administracion de justicia; esto es, la demanda ó la acusacion, y por consiguiente el derecho sagrado de la defensa, la instruccion ó reunion de las pruebas, el juicio ó exámen contradictorio de éstas, el dictamen jurídico en nombre de la ley, la sentencia ó decision judicial, que comprende dos actos tambien distintos, la declaracion del hecho y la aplicacion de la ley, y los diversos recursos de revision y de casacion, contra la validez legal de las sentencias.

Y no hay que dudarlo: la division y acertada distribucion de las distintas funciones del poder judicial entre diversas autoridades y la institucion de garantias anteriores y posteriores á la organizacion del personal, necesarias para procurar tener dignos, integros e ilustrados magistrados, y fijarles despues, á fin de evitarles errores y debilidades, las formas mas acertadas, á que se han de sujetar en el ejercicio de su autoridad y de todos los actos en que concurren á la administracion de justicia, son seguramente la base fundamental y filosofica de todo buen sistema judicial, es decir, los principios primordiales, que deben presidir á toda organizacion judicial y servir de reglas fundamentales del procedimiento.

Así, no basta establecer en la organizacion judicial, las garantias judiciales anteriores; es imprescindible tambien fijar bien otras posteriores, que constituyen el procedimiento, que debe ofrecer las garantias necesarias á la verdad y á la justicia. El procedimiento, así civil como criminal, que es el que da vida á la ley y la pone en movimiento, tiene inmensa importancia, destinado como está á ser la garantía necesaria de la propiedad, de la libertad, del honor, de la vida misma de los ciudadanos.

El regimen judicial tiene que ser la verdadera y más eficaz garantía práctica y legal del regimen constitucional, y á su sombra deben quedar suficientemente protegidos y completamente asegurados todos los derechos sociales y todas las garantias que aseguran al hombre su felicidad moral y su libertad social, y afianzado la justicia, que es la primera necesidad moral de la sociedad. Las instituciones judiciales deben ser la más sólida garantía de la justicia y de las libertades públicas.
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II

Ante todo, es incontestable la absoluta necesidad de la completa independencia del poder judicial, y de no hallarse ésta eficazmente asegurada no podría á veces, y en las ocasiones á que puede verse obligado á ello, ser el censor público de la ley contra todos los actos reprobables y criminales de un favorito del poder ó de los más altos funcionarios, con la misma energía y valor cívico que si se tratara del último de los ciudadanos. Y de esta manera únicamente puede cumplir con la bella misión de velar siempre por los intereses legítimos de la sociedad y de mantener y hacer respetar todos los derechos sancionados por la ley y con el deber imperioso de reprimir toda pretensión ilegítima, venga de donde venga, y volver por los fueros de la justicia, cualquiera que haya sido el violador.

En cumplimiento de sus severos deberes, el poder judicial debe oponerse á los atropellos del gobierno, no consintiendo, en virtud de reclamación de los ciudadanos, que se les arranque de sus domicilios y se les prive de sus jueces naturales, y haciendo respetar y observar las leyes protectoras del procedimiento criminal, verdaderas garantías que deben ser de la justicia penal y de la libertad civil. Debe hacer que se cumplan las leyes y reprimir los abusos de los funcionarios públicos por elevados que sean, que faltan á sus deberes; tiene con toda energía que no consentir en el santuario de la justicia, el cumplimiento de toda orden ilegal ó acto de toda autoridad fuera de las condiciones legales, que exigen y justifican la obediencia; tiene en fin que oponerse no pocas veces á las invasiones del poder ejecutivo, y estas son sus más nobles y altas funciones, pero también las más graves y difíciles. Evidente es pues, que sin la debida independencia en sus actos, el poder judicial puede causar inmensos perjuicios á la libertad y á la seguridad de los ciudadanos. Se comprende fácilmente los graves conflictos de su conciencia, cuando estos dignos funcionarios se hallen en desacuerdo con las opiniones del gobierno y sus actos, ó cuando tengan que censurar y castigar los actos de funcionarios públicos y agentes de la administración que hayan sido aprobados por el gobierno. Y no es cosa de elevar á la categoría de principio de gobierno y de regla hon-
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rosa de conducta, las capitulaciones inmorales de la conciencia, á que pudiera dar lugar la falta de una verdadera independencia judicial. Es absolutamente indispensable esta, para que nunca aparezca que puede verse comprometido á obedecer las indicaciones ó excitaciones que pudiera recibir del gobierno, y no se dude nunca, aunque sea sin fundamento, que puede seguir siempre, como debe, las aspiraciones de su razon y de su conciencia. De otro modo podrá aparecer profanada y hollada la justicia, y entregadas á discrecion del gobierno, aun bajo las formas tutelares de la justicia, la libertad, el honor; la fortuna, los derechos todos del ciudadano. Aterra verdaderamente las terribles consecuencias que podría producir, conferir tan graves e importantes funciones judiciales, á magistrados no independientes y enteramente amovibles; en medio de nuestras discordias políticas y de tantas revueltas y persecuciones de partido, y todo esto á pesar de haber cambiado felizmente la ley orgánica nuestro procedimiento criminal. Es imposible que no reconozca de buena fe toda persona imparcial, cualesquiera que sean sus ideas y opiniones políticas, lo peligroso de la amovilidad judicial, que hace posible la violacion de los derechos más sagrados de la humanidad, con gran desprecio de los más simples preceptos de la razon y de la justicia. La Constitucion del Estado no establece la inamovilidad personal del poder judicial, como un favor dispensado á sus funcionarios, sino como una garantía absolutamente indispensable para asegurar eficazmente la recta administracion de justicia.

El poder judicial, como representante vivo y enérgico de la ley, debe ser impasible ante todo interés particular ó público, que no sea el precepto de la ley, y la inamovilidad es la imprescindible garantía de su independencia. Pero para asegurar eficazmente ésta, es preciso establecer un sistema acertado de ingreso y ascensos en la carrera judicial, fuera de toda influencia del gobierno, única manera de salvar la dignidad moral del magistrado y su conciencia individual. El poder judicial, en sus elevadas funciones, debe existir exento de toda sospecha de parcialidad y de debilidad. Ante la posibilidad de la seducción de los ascensos dejaría de aparecer puro, sospechándose que pudiera algun interés arrastrarle fuera de las vías y preceptos de la ley, y sus funciones serian alteradas y profanadas, en desprestigio de los tribunales y de la justicia.