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tiene que regirse más que por un principio invariable, cual es el de mantener la armonía entre los distintos poderes oficiales, y entre éstos y el país, para lo segundo, por el contrario, necesita aplicar una variedad de criterios en correspondencia con la variedad de esferas para que se hacen y ejecutan las leyes, y con la de tiempos y circunstancias en que ambas cosas se verifican; y por consiguiente la inamovilidad no es contradictoria con la índole de la función en un caso, mientras que en el otro es incompatible con ella, como lo muestra la perpetua movilidad de los Parlamentos que hacen las leyes y de los Gobiernos que las ejecutan.

La irresponsabilidad del monarca es, para muchos, otro de los principios fundamentales del régimen constitucional, y sin embargo, sobre ser inadmisible en teoría, en la práctica es una ficción, y solo es una realidad en aquella parte en que tiene fundamento. En efecto, cuando el jefe del Estado se encierra estrictamente dentro de su propia esfera de acción, á nadie ocurre culparle por cada uno los actos censurables que lleva á cabo un ministro, y si, por revestir aquellos cierto carácter, se le hacen cargos, es porque mantiene en su puesto al autor responsable de los mismos, y no porque se suponga que él esté obligado á inspirarlos ó modificarlos. La diferencia procede de que mientras el ministro obra dentro del orden de su competencia, esto es, de lo que es peculiar del poder ejecutivo, él es el responsable, y comienza á serlo el monarca tan pronto como la conducta de aquél exige la aplicación de la facultad que tiene de removerlo y no lo hace, porque esto es ya propio de la función del jefe del Estado, y por lo mismo también responsable de hecho, aunque las Constituciones asienten el principio contrario. Suelen éstas declarar que de todo cuanto hace el rey responden los ministros, y por ello se exige que uno de éstos refrende los decretos y resoluciones que aquél autoriza con su firma; de donde resultaría, como en otro lugar hemos hecho notar, el absurdo de que el miembro de un gobierno dimisionario que refrendara el decreto en que se nombraba al presidente del entrante, respondería de éste; es decir, que un ministro reformista, por ejemplo, abandona el poder, porque la política en que pretende inspirarse no la estima el jefe del Estado de acuerdo con las exigencias de la opinión pública, y luego es responsable de la designación de un ministro conservador que va á hacer lo contrario de lo que él se proponía. Lejos de
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atemperar los pueblos su conducta á este principio, no se han contentado con culpar á los reyes constitucionales por los errores que realmente les son siempre imputables, sino que, unas veces con razón y otras sin ella, les han supuesto causantes de cuanto ocurre en las esferas del poder. Por esto Napoleon III decía en la proclama que dirigió al pueblo francés al dictar el célebre decreto de 24 de Noviembre de 1860: «La opinión pública siempre lo ha atribuido todo al jefe del Estado, así lo bueno como lo malo; y por lo mismo, escribir á la cabeza de una Constitución que este jefe es irresponsable, es burlarse del sentimiento público, es querer establecer una ficción que se ha desvanecido tres veces al fragor de las revoluciones.» Esto es verdad respecto de Francia, y el Cesarismo hizo bien en proclamar francamente el gobierno personal y aceptar sus consecuencias; pero es seguro que á ningún ciudadano inglés le ocurré atribuir todo lo que pasa en su país, así lo bueno como lo malo, á la reina Victoria.

De la irresponsabilidad se deduce naturalmente la inviolabilidad, y nada habría que objetar si esta se entendiera del modo que se entiende cuando se aplica á los miembros del Parlamento, los cuales no pueden ser llevados ante tribunal alguno oficial para que den cuenta de sus actos; pero, aparte de la que deben á sus comitentes, están compareciendo sin interrupción ante el de la opinión pública, la cual no deja de alentarlos y premiarlos con sus aplausos ó penarlos con sus censuras. La inviolabilidad que se concede á la persona del monarca llega, según se pretende, hasta sustraer sus actos á la crítica de la sociedad, y por lo mismo se declaran indiscutibles. Esto tendría menos inconvenientes si el rey se encerrara en la esfera de su función propia, porque al fin y al cabo puede parecer que, si un periódico critica un decreto por el que se disuelve el Parlamento ó se nombra un nuevo gobierno, á quien censura es al ministro que lo aconseja y lo refrenda, pero el hecho es que por encima de todas las ficciones el que resulta sometido al juicio público es el monarca; pero no sucede lo mismo cuando éste se escuda de sus atribuciones, ó las ejercita para un fin reprobado, pudiendo llegar hasta conspirar en la sombra contra la Constitución del Estado; porque nada favorece tanto tales abusos como este privilegio de la indiscutibilidad y este silencio que se impone á los ciudadanos y á los partidos. En otro lugar hemos citado ejemplos de
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Y LA MONARQUÍA DOCTRINARIA.

Inglaterra que demuestran que allí son discutibles la institución monárquica y los actos del rey, y podemos añadir aquí que lo sucedido recientemente en el Parlamento con M. Lowe es una confirmación. Es verdad que este distinguido político, estimando que no había sido justo ni oportuno al mezclar el nombre de la reina en la discusión relativa al título de emperatriz, retiró todo lo que había dicho y reconoció francamente su falta; pero hizo esto por inspiración de su conciencia y no por exigencia de la ley ni imposición del poder, lo cual demuestra que su acto pudo ser tan inconveniente y antiparlamentario como se quiera, pero en modo alguno ilegal, puesto que si lo fuera, ni el Presidente ni la Cámara lo habrían consentido. Lo que sucede en Inglaterra es que, siendo lícito discutir los actos del jefe del Estado, rara vez se hace, lo cual es debido, de un lado, á que, limitada realmente la acción de aquel á su esfera propia, las ocasiones para la censura son pocas; y de otro, á que la corona, en estos contados casos, no se inspira en otro propósito ni deseo que en el de hacer que la opinión pública rija los destinos del país.

En otros pueblos, donde se veda en absoluto esta crítica, se puede mantener la prohibición respecto de la prensa; pero lo que no se hace á la luz del día, se verifica por medio de periódicos clandestinos á veces, y siempre por la murmuración que corren por calles y plazas, resultando á la postre que se libra al rey de la justa censura de los hombres serios para entregarlo indefenso á las calumnias tal vez de sus más enconados enemigos.

Es tan extraño este modo de entender la inviolabilidad, que sin duda para que no se le diera la única interpretación racional que puede tener, añaden ciertas Constituciones que la persona del rey es además sagrada. En tiempos en que realmente lo era por su origen heróico ó divino, ó porque recibía la consagración del sacerdocio, tenía explicación este atributo; pero hoy, en que por lo menos ya se considera como institución humana la monarquía, y en que ésta no es objeto de una sanción religiosa directa, no se comprende que se use tal término, como no sea para dar á la persona del rey una cualidad extraordinaria y no bien definida, que venga á ser la última ratio de un conjunto de atributos que realmente hace de él un ser un tanto misterioso; puesto que en el Estado encontramos funcionarios que son hasta cierto punto inamovibles, irresponsables
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é inviolables; pero solo uno, además de ser todo esto y en absoluto, es indiscutible; el rey.

IV

Este conjunto de atributos es á la vez causa y efecto de las prerrogativas que se atribuyen á la corona y del modo que tiene de ejercerlas.

En efecto, de un lado se le confieren atribuciones que por su número y trascendencia parecen corresponder á la condición verdaderamente extraordinaria que alcanza el jefe del Estado; y de otro se encomienda el ejercicio de tan amplias facultades á segundas personas, sin duda porque sería por demás chocante que de ellas hiciera uso quien es absolutamente inviolable, irresponsable y hasta indiscutible; todo lo cual se resume en la célebre máxima: el rey reina, pero no gobierna, tan censurada por los adversarios del régimen parlamentario.

La causa principal de la singular contradicción que de aquí resulta, puesto que el poder del rey es á la vez mucho y nada, pareciendo todo ello una ficción, como lo muestra la frase citada más arriba, es la confusión de la función propia del jefe del Estado con la legislativa y la ejecutiva, y aún con la judicial (1), error en que incurren quizás todas las Constituciones, si se exceptúan la de Portugal y la del Brasil. De tal modo la teoría de los tres poderes, propagada, no descubierta, por Montesquieu, ha penetrado en los espíritus, que apenas si ha sido objeto de contradicción, como no sea de parte de alguno que otro escritor; y, sin embargo, salta á la vista su inexactitud, primero, porque en la práctica es fácil observar actos de la vida política que no son legislativos, ni ejecutivos, ni judiciales, como la disolución de las Cámaras, por ejemplo; y luego, porque si en el Estado hay unidad, ha de haberla necesariamente en su función y en el poder encargado de desempeñarla, y por tanto, además de los particulares en que este se

(1) En cuanto se administra justicia en nombre del rey y es atribución de éste al cuidar de que se verifique pronto y cumplidamente, lo cual puede entenderse de muy distintos modos. Además véase lo dicho en el artículo anterior respecto de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la prévia autorización para procesar á los funcionarios públicos.
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diversifica, es absolutamente preciso otro que mantenga entre ellos la armonía, para que así sea posible aquella unidad. Pues bien, esta, y no otra, es la función propia del jefe del Estado, sea rey ó presidente, el cual por lo mismo no legisla, ni administra, ni juzga, sino que lo que le incumbe es mantener el acuerdo entre los poderes que esto hacen y el país, y entre aquéllos mismos. De aquí, por ejemplo, que cuando un Parlamento se divorcia del sentido predominante en la sociedad, el jefe del Estado, por esta razón y no porque le desagrade lo que aquél hace, lo disuelve, con ocasión, ya de un acto, como un voto de censura al poder ejecutivo, ya de un proyecto de ley á que por dicho motivo pone su veto, el cual se diferencia por esto mismo esencialmente de la sanción. De aquí también que cuando las Cámaras retiran su apoyo á un ministerio, si el rey estima que aquéllas son eco fiel del sentimiento público, sustituye aquél con otro, encomendando á distintas personas el poder ejecutivo, á fin de que haya la debida armonía entre éste y el legislativo.

Es tan real esta distinción entre el poder del jefe del Estado y los demás, que mientras la irresponsabilidad del monarca parece cosa llana cuando se trata de actos peculiares del ejecutivo, pues que no disuena que de ellos den cuenta sus autores, es decir, los ministros, el principio se convierte en una ficción, cuando se trata de uno de los que son propios de la función del jefe del Estado, como el nombramiento de un ministerio. Tan cierto es esto que cuando el doctrinarismo estaba en todo su apogeo, un distinguido escritor decía lo siguiente: «El rey, en quien reside esclusivamente el poder ejecutivo, no lo ejerce por sí. Para cumplir con la Constitución, y porque mal pudiera ser de otra manera, atendida la insuficiencia de un hombre solo, lo delega en ministros responsables eligiéndolos y separándolos libremente; instituye el poder judicial, cuidando de que en todo el reino se administra pronta y cumplidamente justicia; nombra los empleados públicos; y provee por reales decretos ó instrucciones á la ejecución de las leyes, etc. Estos tres últimos actos, ó series de actos, son posteriores al primero, cuyo objeto es primordial y esencial; quedando desde entonces el rey exento de responsabilidad legal.» El autor comienza por atribuir al monarca el poder ejecutivo, con arreglo á los principios reinantes; pero luego puede más en él el buen sentido que las preocupaciones de escuela.
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igual modo, si se trata de un hecho criminal, los que lo presencian ó lo saben de referencia se consideran capaces de juzgarlo y de estimar todas sus circunstancias, y deciden sobre su existencia y formulan una opinión respecto de quién ó quiénes pueden ser sus autores; de lo que se abstienen es de manifestar la pena que merecen; eso lo dejan al juez. Por esto dice con razón un escritor, que si se niega al ciudadano capacidad para decidir sobre un delito, lógicamente no se le puede exigir responsabilidad criminal cuando él mismo lo cometa.

Pues hé aquí cómo el jurado no tiene que entender en cosa alguna que pida conocimientos jurídicos especiales, porque no es llamado á declarar el derecho, ni á resolver dudas á él concernientes, lo cual toca al juez; ad questiones facti non respondent judices; ad questiones juris non respondent juratores. El jurado decide tan solo sobre el hecho, el cual es uno de tantos como constituyen la vida diaria, y cuya apreciación, por lo mismo, está más al alcance del que conozca mejor los accidentes y circunstancias de aquella, que no del muy versado en la ciencia del derecho, si al propio tiempo carece de experiencia, conocimiento del país, etc. Por esto dice oportunamente un escritor inglés, que "los jurados, á causa de su posición en el mundo, conocen mejor á las partes y á los testigos, y son por lo mismo más capaces de penetrar en sus móviles y propósitos (ni their views and motives) (1). En efecto, ¿quién podrá estimar con más acierto el origen y circunstancias de un homicidio que tenga lugar en Valencia: un hijo de aquel país, aunque sea inculto, ó un juez nacido y educado en Galicia? ¿Quién apreciará mejor la veracidad de un testigo gallego: un paisano del mismo, ó un juez nacido y educado en Cataluña?

Pero, aun limitada la competencia del jurado al hecho, se dirá, todavía le corresponde entender en todo lo relativo á pruebas, que es un punto muy difícil y delicado; á lo cual haremos observar dos cosas. En primer lugar, lo tocante á la admisibilidad y pertinencia de aquellas lo resuelve el juez, quedando al jurado el apreciar su fuerza probatoria; lo que expresa el escritor inglés antes citado, diciendo: "la cuestión de si hay alguna prueba es del juez; la de si

(1) The principles of the law of evidence, por M. Bart, citado por M. Wladimirowa.
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y establece una diferencia profunda y radical entre el nombramiento de los ministros y los demás actos, declarando que el rey es legalmente responsable de aquel. Sorprenderá seguramente á nuestros lectores el saber que el libro de que hemos tomado el texto transcrito, se publicó en Madrid en el año de 1839, y que su autor es D. Francisco Agustín Silvela. (1)

No faltaré quien crea que esta doctrina del poder del jefe del Estado es una pura teoría concebida por algún filósofo, y á fin de desvanecer semejante error, vamos á mostrarla realizada en la práctica, copiando íntegro el artículo 71 de la Constitución de Portugal, (2) que dice así: El poder moderador es la clave de toda la organización política, y pertenece exclusivamente al rey, como Jefe supremo de la nación, para que vele incesantemente por la conservación de la independencia, del equilibrio y de la armonía de los otros poderes políticos." Y después de tratar en un capítulo, el primero del título V, del poder moderador, trata en otro, en el que sigue, del poder ejecutivo, comenzando por decir que éste lo ejerce el rey por sus ministros, cosa que no dice al ocuparse del anterior. Admitiendo la sustantividad de este poder moderador y de armonía, se puede dar una interpretación racional á la máxima: el rey reina y no gobierna, puesto que significaría que ejercía la función propia del jefe del Estado, pero no la que corresponde á los demás poderes oficiales, cuyo conjunto constituye el gobierno, en su lato sentido; mientras que si se consideran, como suele hacerse, sinónimos los términos reina y gobierna, siempre resultará un contrasentido inadmisible para la sana razón, por más esfuerzos que hagan los doctrinarios por explicar lo que es inexplicable.

De aquí resulta vulnerado el principio de la independencia de los poderes, que tanto han encomiado los doctrinarios, entendiéndolo á veces de un modo harto arbitrario. En efecto, si el rey toma parte en la formación de las leyes, como lo muestran dos derechos importantes que le corresponden, el de iniciativa, con que comienza aquella, y el de sanción, con que termina, no pudiendo hacer cosa alguna por sí y sin la intervención de los ministros, es evi-

(1) Coleccion de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó estudios prácticos de administración, por D. Francisco Agustín Silvela.—Madrid 1839.
(2) Lo mismo dice la del Brasil.
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dente que estos son quienes ejercitan dichas facultades, y por tanto el poder ejecutivo comparte con el legislativo la que debiera ser función privativa de éste; salvo que se pretenda atribuir á aquellos un doble carácter, añadiendo á los tres poderes generalmente admitidos otro que un escritor francés denomina gubernativo. Y nótese que al fin la iniciativa es prerrogativa también del Parlamento, pero la sanción es exclusiva del rey, y por lo mismo negándola á los proyectos de ley que se presenten á su aprobación, puede hacer ineficaces todos los propósitos legislativos de los representantes del país; y por esto el veto, que como jefe del Estado puede interponer, debe de ser suspensivo, no absoluto, puesto que si fuera esto último se desnaturalizaría para revestir el carácter de la sanción. Esta, como en otro lugar hemos indicado, faculta al rey para aceptar ó rechazar un proyecto de ley, siempre que en conciencia lo estime injusto ó inconveniente; el veto suspensivo, para oponerse, no por otro motivo que el de considerar que en el punto en cuestión el Parlamento no es eco fiel del sentir de la sociedad, y por esto se aplaza hasta la reunión de nuevas Cortes, y si estas insisten en la resolución propuesta por las anteriores, cesa la razón del veto y no puede interponerse.

Además, como en otra parte queda notado, allí donde el jefe del Estado es inamovible, es más contradictoria esta participación en el poder legislativo y más imperiosa la necesidad de distinguir este del propio de aquél; porque el uno necesita inspirarse en la variedad de criterios que pide la de los fines, tiempos y circunstancias á que tiene que atender el legislador, mientras que el otro hace aplicación de un solo principio, que es consecuencia de lo que debe de ser base permanente de la organización del Estado: el self-government; y por esto, al paso que es irracional que el rey presente á las Cámaras sucesivamente, á veces con cortos intervalos de tiempo, proyectos de ley que obedecen á criterios distintos y hasta contrarios, el ejercicio de la facultad del veto no envuelve contra-sentido alguno, porque no arguye en aquél cambio de idea ó parecer, tanto que puede darse el caso de que se oponga á un proyecto de ley que él estime en conciencia justo y conveniente; basta para ello que lo crea sin embargo disconforme con la opinión del país. Pero se dirá, que como todo cuanto hace el monarca, en realidad son los ministros quienes lo llevan á cabo y sólo ellos responden,
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queda salvado el inconveniente; mas entonces, aparte de las consecuencias de semejante ficción, viene á resultar una cosa que es fácil comprobar prácticamente en ciertos pueblos y á que hemos aludido con repetición en los tres artículos anteriores, y es que, en un régimen de esta naturaleza, quien preside en realidad de verdad á la vida jurídica y política de un país es el poder ejecutivo. No vamos á discutir aquí las consecuencias de que esto suceda, pero sí tenemos derecho á pedir, en nombre de la sinceridad, que si así se estima bueno, justo y conveniente, se afirme en voz alta, se eleve el abuso á la categoría de principio, y se desenvuelva y desarrolle en las Constituciones; y que no se exponga en teoría un régimen parlamentario perfecto, para resultar luego que los ministros, en vez de ser, como en Inglaterra "los encargados de ejecutar, en nombre de la corona, la voluntad de la nación expresada por el Parlamento," son los encargados de ejecutar su propia voluntad, expresada por el Parlamento hecho por ellos mismos.

Es verdad que algunos de estos defectos de organización se encuentran en las más de las Constituciones, y que en muchas de ellas al modo de consignarse las prerrogativas de la corona recuerda los derechos que llevaban anejos la soberanía en el antiguo régimen: guerra, justicia, moneda, fonsadera, etc.; pero también lo es que tales imperfecciones son de muy distinta trascendencia en los países en que están compensadas por principios sanos, que allí donde constituyen lo esencial del régimen político; y además, en la ejecución y aplicación de todas las leyes, sobre todo de la fundamental, hay que atender, más que á su letra, á su espíritu, el cual se revela en el modo de interpretarla y practicarla los partidos, los gobiernos y los jefes del Estado. Por esto lo que importa averiguar es si del examen del fondo y de la forma, del texto constitucional y de la manera de aplicarlo los poderes oficiales, de la conducta de los partidos y de la de los funcionarios sin exceptuar ninguno, resulta que todo ello converge á hacer que un país sea dueño de sus propios destinos, rigiéndose y gobernándose á sí mismo, ó si, por el contrario, no se transige con este principio más que en la apariencia y lo bastante para evitar chocantes contradicciones con exigencias universales e incontenstables de la actual civilización.

Que es necesario lo primero y que no basta lo último, lo demuestra elocuentemente la historia contemporánea. Donde los mo-