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Revista de España (1876-09-01 00:00:00), página 147

Y LA MONARQUÍA DOCTRINARIA.

Distingua á éste un carácter peculiarísimo, cual era la confusión del poder, de la soberanía, con la propiedad, de tal modo que llegaron á correr la misma suerte, pues que ambos unidos se disfrutaban y se trasmitían por herencia. Pero es de notar que en esta relación estaba el orden público subordinado al privado; esto es, no se era propietario, porque se tenía poder, sino al contrario. Aque- llo sucedía en Roma, donde solo el ciudadano romano, es decir, el participe en la soberanía, tenía los derechos que constituían el jus civitatis, y por tanto como uno de ellos el dominio ex jure quirita- rio; en el régimen feudal, á la inversa, tanto que en ciertos países se dió el caso de alcanzar una soberanía real y efectiva dueños de bienes alodiales, solo por la importancia de estos; de tal modo la propiedad se había convertido de signo en causa y fundamento de poder.

Ahora bien; la Monarquía, que más tarde se desenvuelve, logran- do sobreponerse al feudalismo y hasta arruinarlo en el orden político, si por su carácter absoluto y de derecho divino es negación radical de aquel régimen y obra de los legistas que se inspiraban en el derecho de la Roma Imperial y en el Antiguo Testamento, es en otro respecto consecuencia del principio antes expuesto, y de aquí su condición de patrimonial; lo que antes fuera el feudo para el señor, fué después todo el territorio de la nación para el rey; y así Luis XIV no se contentaba con expresar la índole de su autoridad con la frase célebre, el Estado soy yo, sino que además decía á su hijo, que cuanto poseían sus súbditos á él pertenecía. De aquí que por entonces á nadie ocurría que pudiera ponerse límites á poder tan absoluto, el cual para unos era de derecho divino, para otros concesión del pueblo, pero que éste no podía anular ni retirar, y para los más un derecho tan sagrado como el que en sus bienes tiene el propietario, pues que los reyes decían, mi pueblo, no al mo- do que el ciudadano dice, mi patria, ó el padre, mi familia, (1) sino con un sentido análogo al en que dice el dueño, mi casa. Sin embargo, chocaba á la sana razón que pudiera convertirse de esta

(1) Decir esto cuadra á la monarquía patriarcal, y cuando hoy se repite, partiendo del erróneo supuesto de que la sociedad es como una familia, se olvida que de esta forma parte esencial los hijos, los cuales, como menores, han de estar someti- dos á la tutela y potestad de los padres, lo cual no sucede en aquella. En este falso concepto del Estado está basada la organización política de China.
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suerte la sociedad en objeto ó cosa, en un puro medio; y comenzó á afirmarse el principio contrario en la fórmula de que los reyes eran para los pueblos y no los pueblos para los reyes, y á sostenerse que la autoridad de estos tenía límites naturales y aquellos derecho á resistirla en ciertos casos; y después de estas y otras tentativas y protestas del sentido común y de la ciencia, llega la época moderna y se asienta como base de la organización del Estado el principio de la soberanía de éste, es decir, de la sociedad jurídica, ó sea el derecho de los pueblos á regirse y gobernarse por sí mismos.

La antinomia entre la idea nueva y el hecho existente no podía ser más señalada y manifiesta. Si continuaba reconociéndose el derecho y la soberanía de los reyes, aunque por acaso éstos dieran participación al pueblo en la gestión de sus propios negocios, no sería otra cosa que una concesión graciosá de su parte; y de aquí las cartas otorgadas que la monarquía dió en algunos países, segura de que al hacerlo no cercenaba su legitimidad. Si se reconocía á la vez aquel derecho en el rey y en el pueblo, se incurría en una contradicción, porque no se compadece este dualismo con el verdadero concepto de la soberanía, y tenía que resultar el poder convertido en algo como á modo de cosa litigiosa, cuyo goce y disfrute se distribuía entre una y otra parte mediante una estipulación consignada en un pacto, ó sea en la Constitución. Por último, si se afirmaba que la soberanía residía en la sociedad, y sólo en ella, á la monarquía no le quedaban más que dos caminos que seguir: ó retirarse, reconociendo que su misión había concluido, ó trasformarse, dejando de ser señora para convertirse en servidora de los pueblos, aunque ocupando, en la esfera de los poderes oficiales, el punto más preeminente. De estas tres soluciones pareció mejor la primera á los reyes más obstinados en sostener la autoridad que tenían en el antiguo régimen; pero no podía satisfacer á los pueblos poco dispuestos á aceptar una pequeña gracia, cuando tenían conciencia de toda la extensión de su derecho. La segunda fué un paso más dado en el sentido de las nuevas exigencias de los tiempos, que creyeron bastante los monarcas, puesto que no era poco para la vanidad propia de todo poder antiguo, y más cuando ha sido absoluto, el pactar de igual á igual con los pueblos de que antes dispusieran; y sin embargo, aquellos de éstos que han querido encontrar punto de
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reposo y alcanzar la plena consagración de su libertad e independencia, han tenido que llegar á la tercera solución, proclamando la república ó trasformando la monarquía absoluta en la monarquía verdaderamente representativa, constitucional y parlamentaria.

Pues bien, la Monarquía doctrinaria pretende combinar estas distintas soluciones, afirmando su legitimidad anterior á toda ley y por consiguiente la indisputabilidad de su derecho, considerando la Constitución del Estado como un pacto entre el rey y el pueblo, y protestando, sin embargo, de su deseo de atender las exigencias propias del tiempo presente. Que lejos de hacer esto último, se contenta con tomar de los nuevos principios ciertas formas exteriores, dejando vivo en el fondo lo esencial del antiguo régimen, es lo que nos proponemos demostrar, examinando al efecto el sentido y carácter general que se atribuye al poder del rey, los atributos de que se reviste su persona, y las prerrogativas que suelen concedérsele.

II

Ante todo, ¿por qué se obstina la Monarquía doctrinaria en apellidarse legítima? ¿Qué significa este término? Basta, para comprenderlo, recordar que en la nación vecina el da nombre al partido político que aspira á renovar el antiguo régimen. Si atendiéramos tan solo al valor literal del vocablo, deduciríamos que era legítimo todo poder reconocido y consagrado por los medios legales, y por tanto que cabe decirlo de cualquiera funcionario que ejerce autoridad, desde el más humilde hasta el jefe del Estado, ya sea presidente de república, ya sea rey hereditario ó electivo. Pero otro es su significado, como lo revela el propósito con que se ha empleado y se emplea todavía. Enfrente de los poderes que los pueblos levantaron en uso de su soberanía, y cuya legitimidad radicaba precisamente en tener este origen, los monarcas afirmaron su derecho como anterior y superior á la voluntad de la sociedad, y en consecuencia, consideraron ilegítimo todo cuanto pudiera hacerse ó se hubiere hecho en menoscabo de su autoridad, única legítima. ¿Según qué ley podía atribuirse esta condición? Con arreglo á la misma que invoca el propietario de una cosa heredada de sus mayores, para continuar poseyéndola y disfrutándola.
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ñarlo, se cruza luego de brazos en tales países, esperando que el tribunal de justicia dicte una sentencia que se considera resultado de un procedimiento intrincado y misterioso sólo conocido de los iniciados. (1)

En todo juicio, sea civil ó criminal, se trata de averiguar si un hecho está ó no conforme con el derecho, tal como se consigna en las leyes; y de aquí las tres partes esenciales de todo proceso: la averiguación de aquel, la discusión de este, y la sentencia que establece la relación entre ambos declarando la justicia ó injusticia del primero. Es esta distinción tan fundamental que, no solo se revela en los fallos cuyos resultantes y considerandos corresponden á ella, así como la fijación por separado de los puntos de hecho y de derecho en la demanda, sino que algún código moderno de procedimiento obliga á los tribunales colegiados á votar antes las cuestiones que se refieren al primero, y después las relativas al segundo. Ahora bien, salta á la vista una diferencia radical entre la naturaleza de uno y la del otro. El hecho tiene, á causa de su relación con la ley, una trascendencia jurídica, que solo es capaz de conocer y estimar el perito en el derecho, como tiene, según su índole, en distintos respectos, otra que solo puede penetrar el filósofo, el economista, etc.; pero en su misma realidad está al alcance de todo hombre, (2) como lo demuestra la práctica diaria. Si á uno que ha servido de testigo en un testamento ó en un contrato, le preguntamos sobre la validez de estos actos, se encogerá de hombros, y nos dirá que no entiende de leyes; pero á fe que si se le interroga sobre lo que el testador manifestó ó lo que los contratantes estipularon con todos sus pormenores, lejos de declararse incompetente, afirmará sin vacilar todo lo sucedido con todas sus circunstancias. De

(1) En Inglaterra, la opinión pública se interesa en los asuntos judiciales, como en todos, llegando á veces á formarse asociaciones con el objeto de reunir medios y recursos para defender ó acusar al reo, como sucedió en los casos de Tichborne y de M. Eyre, el gobernador de la Jamaica; y en estos mismos días El Times ha estado publicando todos los incidentes de la causa del misterio de Balham, y numerosas cartas de particulares que, para facilitar la aclaración de los hechos, hacen públicos otros análogos de ellos conocidos.

(2) "Yo, aunque no conozco las leyes en que descansa el mecanismo de un estereoscopio, veo, sin embargo, las imágenes, lo mismo que el físico profundamente versado en las leyes de la luz." Artículo de Wladimirowe sobre el jurado en Rusia, publicado en la Revue de droit international et legislation comparée.—1871.—T. IV.
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De aquí el carácter hereditario que con empeño mantiene también la Monarquía doctrinaria, entendiéndolo como en el antiguo régimen se entendía y por lo mismo de un modo que contradice el principio del self-government. En efecto, cuando se comienza por declarar y reconocer que la ley en que funda su poder y autoridad el rey, es la Constitución del Estado, la sucesión hereditaria en este cargo es perfectamente compatible con la soberanía del país, puesto que, siendo siempre posible reformar aquella, y por tanto cambiar el orden de suceder, la misma dinastía y hasta la forma de organización del poder, los llamamientos que se hacen tienen un carácter condicional, en cuanto no pueden llegar á ser efectivos sino mediante el asentimiento ulterior de la sociedad, la cual lo muestra en el hecho de no modificar los artículos constitucionales referentes al caso.

Por esto, los monarcas que han sabido desprenderse de añejas preocupaciones y que han comprendido que en esta época de transición, no solo era el único medio de salvación para ellos el cambiar por este nuevo título el antiguo, sino que es deber de toda institución, so pena de morir, el amoldarse al interés de las sociedades y no subordinar éste al suyo particular, se han propuesto como fin de sus esfuerzos el conservar para sus hijos el poder, que ellos heredaron de sus antepasados, no invocando un derecho que ya no es valedero y una legitimidad que ya no es eficaz, sino inspirando confianza á los pueblos y sirviéndoles del modo que piden los tiempos, para que de esta suerte los mantengan á ellos y á los suyos en el puesto desde el cual cooperan á la obra común. Pero cuando, por el contrario, los reyes, imbuidos en las preocupaciones propias de la época de apogeo del antiguo régimen, no consienten siquiera que se discuta el fundamento de su poder, olvidando que si hacen derivar su derecho de una ley, otra puede modificarlo ó anularlo, y si del hecho de la posesión, arguye el alegar este título que se confunde el orden público con el privado, y llegan, cuando más, á conceder al país el derecho de intervenir en la gestión de sus asuntos, compartiendo con el monarca la tarea de constituirlo y regirlo, aunque no la responsabilidad, la cual se pretende que no alcanza á aquél, entonces la sociedad moderna no puede transigir, porque tiene que decir con Hamlet: to be or not to be; ó el principio hereditario tal como lo entendía la monarquía patrimo-
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nial, ó el reconocimiento de la soberanía del Estado, del self-government; ó un país es dueño de sí propio y todos los funcionarios sus servidores, ó uno de estos tiene sobre aquél un derecho en que se sucede al modo que el hijo hereda la finca del padre.

Este carácter patrimonial, esta confusión del orden público con el privado, se revela, no ya en hechos de escasa importancia, como el de estampar en las armas nacionales símbolos de las particulares de la casa reinante, cosa que algún día parecerá tan extraña como si un ministro ó gobernador pusiera las de sus antepasados en el sello del papel de oficio; ó en otros ya no tan insignificantes, como la intervención de las Cortes en el matrimonio de los reyes y el ser objeto de una ley los contratos y estipulaciones referentes al mismo, sino en una contradicción en que por necesidad tiene que incurrirse. En efecto, cuando se trata de la sucesión hereditaria en el orden civil y privado, la ley prevé todas las contingencias posibles, y en ningún caso puede morir persona alguna que no tenga heredero; mas como respecto de la sucesión en el trono no cabe semejante prevision, porque no la consiente la naturaleza misma del poder, los doctrinarios se ven precisados á ser inconsecuentes, y así, después de hacer ciertos llamamientos, reservan al país el derecho de verificar otros nuevos como mejor le convenga, para el caso de que aquellos no pudieran hacerse efectivos. ¿No se reconoce en esto que el criterio para elegir jefe del Estado no es otro que la conveniencia de la nación, y por tanto la necesidad de atender á la aptitud de aquél para el desempeño de la elevada función que se le va á encomendar? Y entonces, ¿es justo y racional cerrar la puerta á toda variación que pudiera intentarse inspirándose en este legítimo interés? Lo que se hace con esto es venir á decir á un pueblo: mientras esta dinastía esté de por medio, no tienes que cuidarte de si te sirve ó te estorba para el cumplimiento de tu destino; solo el día remoto é improbable en que se extinga, podrás buscar un hombre para el cargo; hasta entonces el cargo pertenece de derecho al hombre, y si por acaso abusara de él, no poresto lo perderá, como no pierde el propietario la cosa de que es dueño, aunque de ella abuse también.

De aquí un dualismo irracional, una de cuyas lamentables consecuencias es la aparición del interés dinástico al lado, cuando no enfrente, del interés supremo de la justicia y del Estado. Allí don-
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de aquel surge, los ministros del monarca pretenden servir á ambos, y por esto frecuentemente van unidos en sus lábios estos nombres: el rey y la libertad, la dinastía y la patria, como si fuera obligacion de ellos y de todos labrar á la par la felicidad de esta y de aquella, y como si se hubiera organizado el Estado en vista de estos dos fines, tanto del uno como del otro. Nelson decía á sus soldados la víspera de la batalla de Trafalgar: "Inglaterra espera que todos cumplirán con su deber;" en otros pueblos el recuerdo de la patria y de la libertad no sirve, según algunos, para enardecer los corazones en tales casos, y ¡ay del general que, al lanzar sus tropas sobre el enemigo, se atreviera á dar otro grito que el de ¡viva el rey! El interés dinástico hizo correr la sangre á torrentes, durante el reinado de los monarcas absolutos, en tantas guerras de sucesion, de conquista y de rivalidad entre las testas coronadas y sus familias; y en nuestros días, este mismo interés contribuyó, y no poco, á la ruina de la monarquía de Luis Felipe, harto preocupado con el presente y el porvenir de los suyos; y recientemente, en la misma Francia, ha sido causa de la vergonzosa caída del Imperio, que, como dice el Times, "ha mostrado, entre otras cosas, cuál es la suerte de toda dinastía que se cuida más de su propio interés que del de la nación que rige." (1)

Este interés dinástico contribuye además á hacer que los individuos y las colectividades, cuando alcanzan el poder, lo utilicen sin escrúpulo en provecho propio; puesto que al ver que el jefe del Estado, en lugar de servir á la función que le está encomendada, se sirve de ella para su bien particular ó el de su familia, se sienten aquellos inclinados á hacer lo mismo, y el ciudadano defiende el puesto oficial que se le ha confiado como si fuera cosa de su propiedad, y los partidos consideran lícito todo cuanto puede ayudarles á mantenerse en el mando, y así sacrifican la justicia y la

(1) En el número correspondiente al 1.º de este mes, al conmemorar la capitulación de Sedan. Para que se vea hasta dónde puede conducir el interés dinástico, recuerda que "si no hubiera sido por la presión de los que querían salvar á todo trance la dinastía, el mariscal Mac-Mahon habría retrocedido de Châlons á París, en vez de marchar á reunirse con Bazaine, y entonces no hubiera sucedido lo de Sedan y habría sido cosa muy diferente el sitio de París; y si Bazaine se hubiera considerado servidor de una dinastía, antes que de la nación, habría sido el sitio de Metz una página menos ignominiosa de la guerra."
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patria, los monárquicos á la monarquía, los republicanos á la república, todos á la posesion del poder. Si el rey, movido por un interés particular ó de familia favorece esta ó aquella política, aunque sea injusta ó perjudicial para el país, ¿por qué el ministro no ha de obrar atendiendo, antes que á la conveniencia de la nación, á la de la parcialidad que representa? ¿Por qué el diputado no ha de servir su cargo pensando en lo que mejor puede contribuir á que de nuevo se lo confieran y no en los estrechos deberes que le impone la elevada investidura de representante del pueblo? ¿Por qué el empleado no ha de conducirse en su puesto atento tan solo á asegurarse en él, aunque se dé el caso, por desgracia harto frecuente, de que seu medio de conseguirlo faltar á la ley, restringirla ó ensancharla, según convenga?

De todos los caracteres propios de la monarquía del antiguo régimen, ninguno resiste tanto á la accion del tiempo y de las nuevas ideas como éste de que nos ocupamos. Por excepcion se invoca hoy el omnis potestas est á Deo y los demás textos de la Biblia, para dar una sancion divina al derecho de los reyes, y más raro es todavía que se detienda la autoridad ilimitada de estos que se revelaba en la conocida máxima: quod Principi placuit, leges habet vigorem; pero en cambio, cuenta con numerosos defensores el principio patrimonial ó de legitimidad, cuya filiacion feudal es innegable, no menos que su absoluta incompatibilidad con los principios jurídicos y políticos que informan la civilización moderna.

III

De este carácter y sentido general de la Monarquía doctrinaria se deducen lógicamente los atributos de que se rodea á la persona del rey. En primer lugar, reinando éste por derecho propio, y no por nombramiento ni designacion del pais, por necesidad ha de ser inamovible, no ya porque la duracion de su cargo no esté limitada á cierto período de tiempo, como sucede con el presidente de una república, sino porque, cualquiera que sea su conducta, no hay medio legal de deponerlo, ni quien tenga autoridad para ello. Luego, como sería contradictorio exigir responsabilidad por sus actos á quien no se puede imponer la pena de separacion, que es la más adecuada al caso cuando un funcionario falta á su deber ó es inca-
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paz de servir su cargo, se le declara irresponsable. Y como los que responden son los ministros, y el rey reina, pero no gobierna, éste nada hace, legalmente hablando, y por tanto sus actos no caen bajo el dominio de la crítica y de la censura de los ciudadanos; son indiscutibles. Y no teniendo que dar cuenta de su conducta á nadie, como no sea á Dios, al modo de los antiguos reyes de derecho divino, se le declara inviolable. Por último, como en el Estado hay otros funcionarios á quienes, no obstante ser irresponsables e inviolables, los pueblos someten constantemente al tribunal inapelable de la opinión pública, para sustraer también de esta jurisdicción al monarca, se declara su persona sagrada. Veamos brevemente qué significa cada uno de estos atributos.

El principio de la inamovilidad del jefe del Estado suele considerarse como una de las diferencias esenciales que separan la república de la monarquía, y con razón cuando ésta es absoluta ó reviste los caracteres de la doctrinaria, pero sin ella cuando es verdaderamente constitucional, representativa y parlamentaria. En efecto, si la organización del Estado es tal que no hay en ella principio, ni institución, ni poder, que se sustraiga á la necesidad de experimentar las trasformaciones que la sociedad estime convenientes, aunque se establezca la monarquía hereditaria, la inamovilidad no es incontrastable, puesto que la remoción del rey es posible mediante la reforma de la Constitución. Ahora, cuando lejos de ser esto hacedero, se supone que es hasta un crimen el pensar en la deposición de un rey ó en el cambio de una dinastía, partiendo de los errores que más arriba hemos combatido, entonces la inamovilidad es una verdadera imposición que los pueblos difícilmente toleran ya, pues, como dice un escritor contemporáneo, "es opinión hoy muy acreditada que las sociedades, á medida que adelantan en civilización, se van haciendo más aptas para gobernarse á sí mismas, y que ya está cercano el día en que las de Europa no dejarán subsistir en su seno poder alguno que no sea la expresión directa y no permanezca bajo la dependencia continua de sus voluntades." Además, esta absoluta inamovilidad del jefe del Estado tiene un inconveniente grave cuando, como sucede en la Monarquía doctrinaria, aquél no sólo desempeña lo que constituye realmente su función propia, sino que, como veremos más adelante, interviene de un modo directo en las demás; porque si para lo primero no