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Con efecto, la asociacion de los trabajadores que, como se ha visto, es de una utilidad inmensa para los actos de beneficencia ó de crédito, no lo es menos para la defensa de sus derechos, como en cualquiera otra clase de la sociedad. En Inglaterra puede decirse en cierto modo, que existe un gran número de estas asociaciones: Trades-Unions. Y no deben, ciertamente, mirarse con prevencion estas asociaciones por miedo solo á que puedan convertirse en focos de coaliciones industriales ó agitaciones revolucionarias, debiéndose fiar siempre en la severa represion penal en su caso, que corresponde á los tribunales de justicia.

Pero hay más: si es incontestable que la union constituye la fuerza, y ésta es la base de las sociedades jurídicas de obreros, de que se acaba de hacer mencion, lo es mucho más si por medio de la solidaridad; y con este elemento nuevo y poderoso, aquel principio adquiere inmensa fuerza, como sucede en la organización de las sociedades cooperativas. Sabido es que la inseguridad del trabajo, sea voluntaria ó no en el obrero hace muy incierta esta garantía para obtener crédito ninguno, sin poder ofrecer, ni aun al capitalista usurero, crecidos réditos en compensacion de esta inseguridad; y por eso el obrero se puede decir que no tiene crédito ninguno. Pero cuando solidariamente responden unos por otros, los demás que responden de cada uno de ellos ofrecen una garantía sólida al capital. Y esta responsabilidad absoluta y solidaria de todos los miembros de la asociacion para todas las operaciones de la sociedad, entre ellos y con los extraños, es la base fundamental de las asociaciones de crédito; que fueron las primeras sociedades cooperativas, establecidas por su fundador Mr. Schulze-Delitzsh, ilustre jefe del partido progresista en el Parlamento de Berlin, gran bienhechor de las clases obreras y de la sociedad moderna que, fecundizando el principio de cooperacion del honrado economista Robert Owen, en Inglaterra, y aplicándole con más profundidad y solidez, y con más sentido práctico y el mejor espíritu social y económico, le formuló de otra manera, proclamando la solidaridad, base fundamental de la organización de las sociedades cooperativas. Y de lo que se debe cuidar es solo de organizarlas con todo acierto sobre las verdaderas bases fundamentales de su existencia, que es la manera de asegurar eficazmente su éxito y sus beneficios para la sociedad.
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Por consiguiente, siendo incontestable su legitimidad y su inmensa utilidad para las clases trabajadoras y populares de la sociedad, la ley no solo debe no oponer obstáculo ninguno, sino favorecer siempre la formación y desarrollo de las sociedades cooperativas, así como de todas las demás asociaciones legítimas de que he hablado y todas las que se propongan un fin industrial y económico, nada contrario á las leyes. La libertad legítima de asociación ex para estas desgraciadas clases de la sociedad, como diría Schakpeare, Tobe or not tobe, ser ó ser. Por lo demás, la organización de las sociedades cooperativas es bien distinta, como se comprende, de las sociedades civiles y comerciales, y no presenta ciertos peligros su existencia como los que ofrecen en sus negocios las sociedades en comandita ó anónimas; porque aquellas se forman por acciones no negociables é intrasferibles, á no ser con la expresa autorización de la sociedad, y por consiguiente las sociedades cooperativas pueden llamarse sociedades de acciones personales. Así, claro es que el Estado, atendida la naturaleza particular de esta clase de sociedades, debe establecer, como se ha hecho principalmente en Prusia y en Francia, una ley especial de sociedades cooperativas que comprenda las bases fundamentales de su organización.

Con efecto, la ley debe obligar, si bien debe limitarse á esto únicamente, á que en los Estatutos se fijen clara y terminantemente las disposiciones generales y fundamentales de la organización de las sociedades cooperativas, dejando á estas los detalles de organización propios de las diferentes clases ó especies de sociedades cooperativas, según el objeto que se proponen.

Sabido es que estas sociedades cooperativas, según el objeto que se proponen, se distinguen generalmente en tres clases distintas, que son las sociedades cooperativas de crédito, de consumo y de producción; siendo las dos primeras las más numerosas y las de crédito, las que mejor organizadas han adquirido mayor desarrollo y prosperidad, y han servido naturalmente de modelo á todas las demás sociedades de esta clase. Además, se crean naturalmente y prosperan, según las diferentes necesidades sociales é industriales de cada país y el estado intelectual y moral de las clases obreras. Las sociedades cooperativas de crédito, algo más útiles que los llamados Bancos del Pueblo, y el crédito gratuito de los socialistas, cuyo sostenimiento es imposible, son de las más útiles á las clases
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obreras; pues que verdaderamente como sociedades de crédito mútuo, satisfacen las necesidades del crédito en estas clases; del verdadero crédito, que es el que inspira solo la garantía personal, pue- de no ser así es solo un crédito real ó productos. un cambio más ó menos rápido de valores.

Por último, no debe olvidarse la necesidad de establecer jurados mixtos, de fabricantes y obreros, y de magistrados, formados por terceras partes, para decidir como Tribunal del cumplimiento y ejecución leal de los contratos entre los patronos maestros y los oficiales, entre los empresarios industriales y los obreros; en interés del orden público y de la justicia, evitando graves conflictos al poder público y honda perturbaciones á la sociedad.

En una palabra; los desórdenes y sufrimientos de las clases trabajadoras provienen, sin duda, de la defectuosa organización de la propiedad, cuya forma siempre puede cambiarse ó modificarse, sin afectar y respetando su esencia de libertad y el principio individual, que es el fundamento de ella; y de la viciosa distribución de la producción, que puede prácticamente corregirse, y de la falta de verdaderas instituciones populares, formadas libremente por estas mismas clases, sin intervención ninguna del Gobierno, bajo las condiciones esenciales y fundamentales que exijan para su formación las leyes, y cuyas instituciones serán el áncora de salvación de ellas y el refugio más seguro del derecho de propiedad y de la seguridad del Estado, contra nuevas y terribles revoluciones en el porvenir.

No hay que olvidar que si ciertamente debe condenarse el predominio exclusivo que pretende arrogarse el proletariado, formando una especie de casta popular, verdadero anacronismo de nuestra época, no por eso puede autorizarse la desgraciada y cruel situación actual del proletariado, que es la verdadera causa permanente de la perturbación revolucionaria en nuestra sociedad. Afortunadamente, es de esperar que los Gobiernos del Norte y del Centro de Europa, más fuertemente constituidos y más respetados en su autoridad que los nuestros del Occidente y del Mediodía, considerándose fuertes también en su derecho y con la verdadera conciencia de sus deberes, y que si bien con sano criterio y gran tacto político, pueden imponer con toda energía la voluntad de la ley y de la justicia, lo mismo á las demasias populares y revoluciones socialistas, que al frío egoísmo y exigencias hipócritas de las clases que
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se llaman conservadoras, sabrán resolver tan árduo problema social.

Es imprescindible que los Gobiernos encargados de la defensa y porvenir de la sociedad, cuiden de acabar prontamente con la sobrescitación febril de nuestros días, con la anarquía revolucionaria que reina en las ideas, con ese desden e insulto constante á todo lo existente, y esa esperanza y seguridad revolucionaria en el porvenir, que es un constante ultraje á la autoridad y á la ley, y una provocación permanente contra el poder público; en fin, con ese llamamiento constante á la fuerza y á la lucha en las calles. Con esta lucha anárquica que tiene por teatro la tribuna, la imprenta, los campos de batalla, y muchas veces las calles ensangrentadas de las ciudades, es imposible todo Gobierno y toda sociedad. Es indispensable devolver la tranquilidad necesaria á la sociedad en el orden moral y no puramente material, y defenderla contra la barbarie moderna que la amenaza salvajemente. Para esto, justo es y previsor, volver por los fueros legítimos del proletariado, que es la esclavitud de nuestra sociedad moderna, y dispensar verdadera justicia á las clases trabajadoras, reconociéndolas en la Constitución del Estado sus legítimos derechos; so pena de tener que responder un día ante el país y ante la historia de la decadencia y de la ruina y desolación de la patria, de la destrucción de nuestra moderna civilización, de la degradación de la humanidad.

Por lo que respecta á nuestro país, la verdad es que un Gobierno que sepa inspirar autoridad moral y tenga império bastante sobre todas las clases, podrá resolver con toda decisión y energía la inmensa cuestión social, en interés verdadero de las desgraciadas clases trabajadoras. Basta para esto con solo encerrar la competencia legítima de la libertad económica dentro de los límites de la moral y del interés público; consagrando estos límites racionales y á todas luces legítimos, la Ley, que es el árbitro racional y conciliadora de todos los intereses sociales, así económicos como morales, y asegurando así completamente la paz pública en nuestra desgraciada patria.

LEON JOSÉ SERRANO.
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prueba por que se iba á pasar, la poca energía del gabinete en los primeros momentos de la manifestación proyectada, la generala llamando á una Milicia nacional discolá y soberbia, la dimisión pedida á M. Guizot cuando se agravaba el motín, no haber continuado el fuego una vez que se rompió, las trabas puestas al mariscal Bugeaud, la orden de que se retirarán las tropas sin combatir, el desconocimiento de que todo gobierno que atacado por la fuerza no se defiende por la fuerza, necesariamente perece; tales son los hechos que produjeron un desenlace en aquel momento por nadie previsto, confundiéndose responsabilidades múltiples, las del duque de Montpensier, de la reina, del rey, de Odilon Barrot, que sobresalen en aquel momento sobre la responsabilidad anterior y sin duda también innegable de M. Guizot. Pero había causas más hondas y responsabilidades más extensas. Y cuenta que la frecuencia cada vez mayor de revoluciones que ponen fin á los más opuestos gobiernos, va quitando fuerza á cierto viejo axioma, según el cual no dependen ellas jamás, ni de antagonismos personales, ni de caprichos populares, ni de casualidad alguna, sino de profundas necesidades políticas y sociales. En ocasión dada, un distinguido filósofo y diputado español teorizaba sobre el estado social y el movimiento intelectual que en su concepto había producido el triunfo de uno de nuestros infinitos pronunciamientos, el único que ha visto desarrollarse detrás de sí una verdadera, una en cierto modo indeleble revolución, y quien ya era hombre de Estado y había de realizar más tarde una amplísima transacción que honra su génio político, le contestó que si otras fuerzas del ejército con su iniciativa en medio de la anarquía deshacían la victoria de un célebre puente, él se encargaba de demostrar que en vano se pretende interrumpir la historia con sacudimientos que se quiere llamar inevitables, porque la historia revive siempre. Y para que nuestra patria goce de todas estas teorizaciones, en efecto, al día de la glorificación filosófica del desenvolvimiento social, incompatible con razas gobernantes que se atienen á conservar viejos moldes, ha sucedido el día de la glorificación de tradiciones congénitas, esenciales, indestructibles de los pueblos. El hombre de Estado y el filósofo exageraban sus tesis en el ardor de la discusión. Sin negar todo libre albedrío, no es dado sostener que un pensamiento y una resolución no pudieron ser diferentes de
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REVISTA POLÍTICA

INTERIOR.

Muchos días han pasado, desde la suspension de la legislatura, sin que se haya cumplido la promesa solemnemente formulada por el señor presidente del Consejo de Ministros, en la importantísima sesión del 16 de Julio. Conducta tan inesperada ha dado lugar, durante la última quincena, á innumerables comentarios de diversos periódicos. Grandes y centuplicados esfuerzos se hicieron para torcer la recta y genuina significación de unas frases que están grabadas en la memoria de todos.

La prensa ministerial ha sido batida en toda la línea por los diarios de oposición, como no podía menos de ser, tratándose de palabras lanzadas á la faz del país, con avidez recogidas por la extrema izquierda de la Cámara popular y por los numerosos espectadores que coronaban sus tribunas.

Nosotros, á fuer de imparciales y sin perder de vista la elevada misión que á la prensa está confiada, no vacilamos en declarar que el Gobierno, lejos de establecer una mera hipótesis, como oficioso e inoxactamente afirmaban periódicos ministeriales, empeñó formal palabra de mantener vigente la Constitución de 1876, suspendiendo las garantías por los me-
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dios que uno de sus artículos ofrece, no bien el Parlamento interrumpiera sus tareas. Así lo hemos dicho en nuestra última Revista, publicada con antelación á los debates que, sobre el sentido de las palabras del señor Cánovas del Castillo, se han suscitado. No son cuestiones de mera apreciación discutidas por la prensa; no son frases vertidas en el reducido ámbito de un gabinete ó al azar lanzadas momentos de duda ó en revuelta confusión; no; se trata simplemente de una promesa nacida ayer en la calma y majestad de un solemne debate, desvirtuada hoy en mengua del sistema representativo.

El texto del Diario de Sesiones dá á las palabras del Gobierno un sentido condicional, con verdadero asombro de cuantas personas pudieron oírlas en la famosa sesión á que nos referimos. Sin negar el valor que relativamente tiene el referido Diario, no puede ser artículo de fé para nosotros en cuestión tan grave, ya que, publicado seis días después el número correspondiente, están sus palabras en visible contraste al texto oficial del Extracto de las sesiones, confeccionado de primera intención con las cuartillas de los taquígrafos, y sin que la premura del tiempo permita correcciones por parte de los oradores.

Hé aquí las palabras, según el Extracto de la Gaceta, vertidas por el señor presidente del Consejo de Ministros:

«En cuanto al Sr. Sagasta, debo decirle que si esa proposición de su señoría me la hicieran á un tiempo los señores Diputados y los señores Senadores, quizá no tendría inconveniente en aceptarla; pero que el tiempo está de tal manera avanzado, que yo creo que será imposible retener á la mayoría de los dignos individuos de las Cortes, y del Senado sobre todo, por el tiempo que necesariamente llevarían consigo los trámites indispensables para hacer una ley.»

Y luego siguen las importantes frases siguientes, que, en nuestro concepto, resuelven de plano la cuestión:

«Por lo tanto, el Gobierno hará una cosa más sencilla, y es que como no tiene necesidad ciertamente en tres ni cuatro días de usar de esta suspensión de garantías, de la cual se pasa meses sin hacer uso, cuando se cierran las Cortes el Gobierno empleará la autoridad que espera reconocerá el Sr. Sagasta que le dá un artículo de la Constitución para suspender las garantías.»

Irritantes han sido las palabras del Gobierno. El plazo ha terminado y la promesa no se ha cumplido. Estaba previsto. ¿Qué significación en otro caso podía tener el incesante afán que durante muchos días demostraron
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los periódicos ministeriales para tergiversar las palabras del señor presidente del Consejo de ministros? El inconcebible deseo de aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de una herencia que sobre ser gravosa, según se desprende de las frases del Sr. Cánovas, era de trasmisión imposible sin las solemnidades ó requisitos prescritos en la ley fundamental. La dictadura de ayer queda juzgada. La impresión de un instante, la necesidad de la augusta firma de una elevadísima persona al pie de un documento impopular, puede quizá haber sido causa de una retirada ó de un arrepentimiento tardío. La dictadura de hoy queda juzgada también. Ayer pudo el Sr. Cánovas tener presente las frases de Mirabeau dirigidas á Maury y Cazalés. «¡La dictadura!—exclamaba con sorpresa el gran tribuno; la dictadura de uno solo para un país ocupado en la tarea de su propia constitución, para un país, cuyos representantes están reunidos!». Hoy interesa al Gobierno recordar aquella sabia máxima del venerable patriarca de los realistas constitucionales de la Restauración francesa: «Las leyes excepcionales son empréstitos usurarios que arruinan al poder cuando más se cree que le enriquecen».

Vengamos ahora á un acontecimiento que en el estado actual de la política reviste verdadera importancia. El Gabinete presidido por el señor Cánovas del Castillo ha sufrido una modificación, encargándose de la cartera de Hacienda el Sr. Barzanallana, después de haberla rechazado los señores Alonso Martínez y Elduayen, si hemos de dar crédito á las noticias verosímiles que circularon. Esta circunstancia nos ofrece la poca confianza que el Gabinete inspira á los prohombres de las mayorías de las Cámaras y puede ser indicio de nuevos derroteros por parte de la fracción disidente del partido constitucional, cuerpo flotante que oscila entre los recuerdos de la Revolución de Setiembre y las leyes orgánicas del señor Ministro de la Gobernación.

El nombramiento del Sr. Barzanallana ha sido recibido con frialdad y recelo por la opinión pública y la prensa liberal, á pesar de sus largos años de carrera burocrática y los elevados cargos que ha ocupado en el Departamento de Hacienda. Sin negar nosotros las dotes que pueda reunir el nuevo consejero responsable, antes al contrario, siendo los primeros en reconocerlas, estamos intimamente convencidos de que en las actuales circunstancias, el advenimiento al poder del Sr. Barzanallana, una vez discutidos y aprobados los planes financieros del Sr. Salaverría, y consiguientemente sin iniciativa propia en la gestión de los asuntos financieros, da la clave de un porvenir sombrío en la política del país.
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Dos ministros de indudable significación moderada ocupan ya sus poltronas ministeriales. La nave del Estado conducida por el Sr. Cánovas del Castillo en el inmenso piélago de la conciliación, sin rumbo fijo, y azotadas por contrarios vientos, abordará, si Dios no lo remedia, en las tenuebrosas playas del moderantismo. El nombramiento del Sr. Barzanallana, desprovisto de significación alguna en la gestión financiera, queda reducido á una significación pura y exclusivamente política. Inútil es que el país le diga: confeccionad el presupuesto, ese compendio de las maravillas del mundo, como decía Cormenin; aligerad la pesada carga que grava sobre las industrias nacionales; no agoteis el manantial antes que brote; reducid el interés de los capitales ó fondos públicos para que el interés sea más modesto; no consignéis en la lista civil cuantiosas sumas mientras las clases pasivas gimen en la miseria y los tenedores de la deuda sean defraudadas sus legítimas esperanzas; librad al consumidor de onerosos impuestos para que aumente el consumo; no niveleis gastos fijos con ingresos problemáticos: fomentad la producción y pagad las deudas. Al Sr. Barzanallana solo le incumbe contestar: no soy más que el sucesor del Sr. Salaserría; las Cortes españolas han pronunciado su última palabra; alev jacta est. Podía ocuparme de una operación importante, fija la vista en los billetes hipotecarios para la amortización de la Deuda del Tesoro, pero ni siquiera me ha sido posible, porque el Sr. Cánovas, antes de salir del Ministerio de Hacienda, me ha ahorrado el trabajo de pensar, colocando 250 millones de pesetas del exterior en bancas relacionadas con casas extranjeras. Solo le queda al Sr. Barzanallana una misión que cumplir; colocar en el frontispicio de su departamento la colossal esfinge del Tesoro, para distraer la atención de los transeúntes y llenar los ricos pliegues de su cartera con los decretos de un personal intransigente y adicto al antiguo régimen.

Elevados funcionarios de procedencia más ó menos liberal, han obtenido sus pasaportes; en cambio las puertas del edificio de la calle de Alcalá se han abierto para franquear la entrada á los Sres. Concha Castañeda y Cavero, que han merecido del nuevo Ministro las Direcciones del Propiedades y de Aduanas, respectivamente. Si alguna duda podíamos abrigar de la marcha fatal que, consciente ó inconscientemente sigue el Gobierno que hoy rige los destinos del país, se desvanecería ante esos dos nombramientos, de irrecusable significación ultra-moderada, aceptados por el señor presidente del Consejo de Ministros.

Es el Sr. Cavero uno de esos moderados que difícilmente se funden en los troqueles de las conciliaciones. Sintetizan su ortodoxia política, la
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Constitución de 1845 y los antiguos procedimientos del general Narvaez y Gonzalez Bravo, á cuyos difuntos hombres públicos tributa todavía incierto desde el fondo de su corazón. El Sr. Caverio, como el Sr. Concha Castañeda, como tantas otras personas de la misma procedencia, se albergan pasajeramente en las tiendas que el Sr. Gánovas les ofrece. La restauración, con un gabinete compuesto de miembros de origen revolucionario, debió producir un movimiento de asombro y estupor en las filas de un partido que hasta entonces permaneció con una tupida venda en los ojos. Diseminadas sus huestes, sin participación alguna en el Gobierno durante muchos años, muertos ó achacosos sus más ilustres prohombres y sin la regeneradora sávia de la juventud, apareció á la vista de sus dispersos individuos el triste cuadro de la realidad. Acceptaron entonces el papel que los acontecimientos les deparaban, soñaron en la reorganización del partido, en la imposición de sus antiguas creencias, y perfectamente convencidos de las infructuosas prácticas de una estéril conciliación, pretenden hoy envolver entre las esposas mallas de su ostensa red, á los arrepentidos y desengañosados. Por fortuna, las corrientes modernas pueden más que los desaciertos de los gobernantes.

El señor Caverio, moderado y neo-católico al mismo tiempo, ofrece al señor Ayala la dimisión del elevado cargo que desempeña en el Ministerio de Ultramar, recobra la libertad, y desde los bancos del Congreso emite su voto, en aras de la unidad católica, contra el artículo undécimo de la Constitución del Estado. El señor Concha Castañeda, Senador del Reino, se pinta á sí mismo en la alta Cámara, con las siguientes palabras: «Los que se titulan conciliadores son amigos míos muy íntimos, y los que son llamados intransigentes, lo mismo. De modo que estoy entre dos fuegos, y no he de decir una palabra que les ofenda; pero si he de manifestar que vine á aquella reunión (aludiendo á la de notables), con completa independencia, sin abdicar ninguna de mis ideas, ni de ninguno de mis principios fundamentales, con mis antecedentes, con mi historia, de la cual no he renegado nunca, ni renegaré jamás; y si tuviera que variar alguna vez, aguardaría á que el partido moderado, en cuyas filas he militado como soldado, estuviera en el poder. Yo no abandono nunca á mis amigos, sino en la prosperidad; en la desgracia sigo sus principios, defendiendo su bandera y la defendiendo hasta morir; no desertó nunca.»

Ejemplos tan eloquentes no necesitan comentarios. Son el termómetro fiel de la desatentada política del actual Gabinete.

La llegada de S. M. la Reina madre á Santander, después de siete