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atencion, tratándose de una cuestion como es la relativa á la existencia de la jurisdiccion administrativa, objeto de divergencia de opinion tan tenaz entre los partidos conservadores y radicales, que ni una vez sola desde 1845 hasta hoy, al pasar por el poder, han dejado de legislar sobre ella en contrario sentido. Un año despues, la REVISTA DE ESPAÑA dedicó al referido decreto de 20 de Enero, un articulo firmado por el que suscribe, cuyo razonamiento se dirigió á demostrar, por una parte, la necesidad del restablecimiento de la jurisdiccion de que se trata, como complemento de un organismo admidistrativo, hijo de un sistema politico fundado en la plena independencia de los poderes ejecutivo y judicial; y por otra, la conveniencia de introducir en el modo de ser de dicha jurisdiccion, reformas que, quitando á sus adversarios toda razon para atacarla, en el concepto de invasora y contraria á la misma independencia de poderes que se invoca como base de su restablecimiento, creasen un estado de cosas, aceptable para las diversas escuelas que parten de la necesidad de dar al orden administrativo la libertad de accion que su responsabilidad reclama. No es cosa de repetir aquí el pormenor de las consideraciones en aquel trabajo esplana-das; pero encerrando en pocas líneas el espíritu de las mismas, manifestaremos: Primero. Que merece elogio el restablecimiento de la jurisdiccion contencioso-administrativa que el decreto de 20 de Enero de 1875 llevó á cabo. Segundo. Que es oportuna, como provisional y transitoria, la forma en que aquella disposicion realizó este acto importante. Tercero. Que os tambien de la más alta conveniencia que se estudie una reforma en la organizacion, competencia y procedimientos de los tribunales administrativos, que al par que dé á los fallos de esta rama del orden administrativo las garantías de acierto que el derecho y el interés de los particulares, no menos que los del Estado reclaman, resuelva de una manera definitiva la cuestion que acerca de la existencia de esta jurisdiccion se halla desde hace treinta años planteadá entre los partidos conservadores y radicales en España. Cuarto. Que los puntos principales de esta reforma son los siguientes: Ejercicio de la jurisdiccion administrativa por jueces especiales que reúnan las condiciones de nombramiento del Gobierno, aptitud probada y duración indefinida. Limitacion de su competencia al conocimiento de las cuestiones que pertenecen propiamente al orden contencioso-admi-
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nistrativo, ó sea á la jurisdiccion administrativa ordinaria, con exclusion de las que por su carácter corresponden en rigor de principios al orden civil, por más que hasta hoy se hayan deferido á aquellos tribunales en virtud de una jurisdiccion atribuida. Devolucion de esta última especie de asuntos á los tribunales civiles, si bien con sujecion á las reglas que en materia de competencia y procedimiento regian al publicarse el decreto de 20 de Enero de 1875 para los asuntos contenciosos de la Administracion en general. Concesion á los tribunales administrativos de la facultad de resolver acerca de la admision de la demanda, ó sea de la procedencia de la vía contenciosa, si bien dictándose las reglas necesarias para evitar ó remediar hasta donde sea posible los errores de principios en la materia.

La regla 4.a del proyecto de ley de 23 de Mayo, no establece innovacion en la manera en que el decreto tantas veces citado de 20 de Enero restableció la jurisdiccion administrativa, salvo la muy acertada de que, cuando las Comisiones provinciales conozcan de asuntos en que pugnen el interés general y el provincial, hayan de formar parte del tribunal dos funcionarios dependientes de la Administracion general, nombrados por el gobernador en las clases que se expresan. En cambio, dicha regla da un carácter definitivo á la intervencion de las Comisiones provinciales, que como queda dicho, solo provisionalmente se decretaba en aquella otra disposicion, según los términos de su articulado y de su bien meditado preámbulo (1).

La Comision del Congreso de Diputados, encargada de dar dictamen acerca del proyecto de ley de que se trata, confirmó en su informe el sistema de este en el inciso 2.a de la regla 4.a, expresando que "las Comisiones provinciales actuarán como Tribunales contencioso-administrativos en los asuntos que determinan los artículos 83 y 84 de la ley de 25 de Setiembre de 1863 y en los demás que señalen las leyes."

(1) "Y en la imposibilidad de restablecer desde ahora en todas sus partes el orden antiguo, por no existir hoy los consejeros provinciales á quienes estaba cometido el conocimiento de los recursos contra los actos gubernativos de las autoridades de las provincias, se da esta atribucion, aunque solo con carácter interino, y mientras se acuerde lo conveniente respecto de las leyes orgánicas, á las Comisiones provinciales, que son los Cuerpos que mas analogia tienen con los antiguos Consejos."
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Comprendemos las razones políticas que, tanto la Comisión como el Gobierno han podido tener presentes al no restablecer los Consejos provinciales, que bajo el punto de vista administrativo tan preferibles condiciones presentaban para el oficio de ejercer jurisdicción en su comparación con las Comisiones provinciales, aun sujetos como quedan por el proyecto los individuos de éstas al nombramiento Real; por el carácter permanente de los Consejeros, por las prendas de idoneidad que la ley les exigía, por la calidad del personal en que por lo mismo se reclutaban aquellos cargos. El carácter político que en nuestra patria toman las instituciones todas, por agenas que sean á este orden, imprimió en los Consejos una marca de exclusivismo y de parcialidad, quizá injusta, pero que explica que hoy se huya, y acaso prudentemente, de traerla á la memoria, restableciendo la cosa y resucitando el nombre; y que se haya preferido, en la rapidez irremediable con que las cosas que tocan á la política se hacen entre nosotros, dejarlas en la materia como las colocó el decreto de 20 de Enero, salvas las variaciones indispensables indicadas, y seguir confiando la jurisdicción de que nos ocupamos á Cuerpos nuevos aún, y cuya corta historia, como Tribunales administrativos, no ha dado lugar hasta hoy, y ojalá no dé en lo sucesivo á la censura y á la desconfianza. Sea en buena hora. Comprendemos también que en razón á esa misma rapidez, á ese apremio, á esa necesidad de hacer, y de hacer pronto á que aludimos, la organización, la competencia y el procedimiento administrativo continúen siendo los que dicho decreto restableció. Urge restaurar el orden político. Urge reformar la organización administrativa, que es una de sus bases. No hay tiempo para introducir en lo de antemano establecido como parte esencial de la futura organización, mejoras de detalle y pormenores de perfección que requieren calma y espacio. Bien hecho está. Pero no se renuncie á ello. Y si realmente la organización del Tribunal administrativo que se conserva no responde por completo á las exigencias de su misión; si puede presentar mayores garantías una institución que carezca de todo origen popular y de todo carácter electivo, como lo sería un Juez administrativo especial ó el Gobernador con el auxilio de un asesor permanente, como en un tiempo llegó á proyectarse y nosotros preferimos; si en la competencia y atribuciones de ese Tribunal caben reformas que la conveniencia reclame; y si alguna parte del procedimiento porque
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hoy se rige es susceptible de modificaciones saludables, no se dé á los preceptos de la ley que se va á elaborar un carácter definitivo, y prolonguese el de interinidad que á sus disposiciones dió el decreto de 20 de Enero.

Dadas quedan en nuestro artículo de 13 de Enero las razones acerca de la conveniencia de introducir las reformas expresadas. Si estas pareciesen aceptables, ó si al menos se considerasen materia bastante importante para hacerla objeto de meditacion y estudio, nos atreveríamos á proponer que el inciso 2.º de la regla 2.ª, y el párrafo 2.º de la regla 4.ª del dictámen que examinamos, se refundiesen en los términos siguientes: "Intérn no se reforman por una ley especial, la organización, competencia y procedimientos de los tribunales contencioso-administrativos, continuarán actuando (las Comisiones provinciales) como tales en los asuntos que determinan los artículos 83 y 84 de la ley de 25 de Setiembre de 1863 y en los demás que les señalen las leyes, y se ajustarán en su conocimiento y fallo á los artículos 90 al 98 de la expresada ley, y al reglamento aprobado por real decreto de 1.º de Octubre de 1845."

La ley especial á que se hace referencia, debiera formularse con presencia de las consideraciones que hemos esplanado en nuestro referido trabajo, y de los resultados de la experiencia de una práctica de treinta años, que ya en 1860 obligaron á los autores de la ley del Consejo de Estado de 27 de Agosto de aquel año á consignar en su art. 70 que "los procedimientos contencioso-administrativos serían objeto de una ley;" prueba clara de que los reglamentos que los contienen no parecían ya entonces perfectos. En la redaccion de la ley que proponemos, deberá ser oída la Comisión de Códigos, y el mismo Consejo de Estado, como materia que se roza con ambas competencias y jurisdicciones, la civil y la administrativa.

La propia Comisión del Congreso tiene en cuenta la conveniencia de recordar que esta ley está por hacer, cuando al fijar en el párrafo 2.º de la regla 4.ª de su dictámen, que el procedimiento en los negocios de que se trata se ajuste á las disposiciones citadas, establece que esto sea mientras no se publique la ley á que hace referencia el art. 70 de la de 17 de Agosto de 1860. Pero no bastaría á nuestro propósito una ley limitada al mero procedimiento de los tribunales administrativos, porque no es solo esto lo que debe ser objeto del estudio del legislador, sino su organización y compe-
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tencia; y todo lo que en el interin se legisle acerca de estos puntos, debe tener el carácter de provisional. Lo que en 1860 se consideraba que debía ser materia de revisión, es ya campo estrecho, y el objeto de aquella se ha ampliado y ensanchado. En efecto. La última revolución política suprimió por segunda vez los tribunales administrativos. Los del fuero común han estado en posesión del ejercicio de aquella jurisdicción, invocando para ello la pureza de los principios constitucionales; y esto, ya lo hemos dicho antes, crea la necesidad de examinar los títulos, en virtud de los que la Administración revindica lo perdido, y exige que se vea, si renunciando á lo que en estricto rigor de principios no tiene derecho, á lo que no la es indispensable para su desenvolvimiento, para su independencia, para su vida, asegura la posesión de lo que retiene, creando un estado de cosas aceptable para unos y otros.

A esta necesidad de dar satisfacción á las doctrinas que diariamente se suceden y cambian en Administración y en Política, han obedecido, sin duda, las modificaciones que la ley francesa de 24 de Mayo de 1872 ha hecho en la organización de aquel Consejo de Estado, en lo relativo á su modo de funcionar en lo contencioso (1). No consideramos que de imitar sea la reforma que lo ha convertido en un verdadero tribunal con facultad de dictar sentencias decisivas, sin sujeción á la revisión del jefe del Estado, pues como hemos dicho en nuestro artículo anterior, desde el momento en que éste delega en los tribunales administrativos la facultad de fallar de una manera irrevocable en las materias que son objeto de su jurisdicción, no hay razón bastante eficaz para que esta delegación no recaiga en los tribunales ordinarios, ni para crear una gerarquía judicial más que con el trascurso del tiempo habría de adolecer de los vicios por temor á los cuales se ha alejado de los jueces ordinarios, el conocimiento de los asuntos contencioso-administrativos. Pero esto no obsta para que resulte evidente que al introducirse en el vecino Estado aquella profunda innovación en el modo de ser de su alto Consejo, se ha cedido, bien ó mal, con razón ó sin ella, pero se ha cedido al cabo, á exigencias de opinión que de tiempo atrás recla-

(1) Art. 9.º de la ley de 24 de Mayo de 1872. «Le Conseil d'Etat estatue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès des pouvoirs formés contre les actes des diverses autorités administratives.»
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maban una modificacion en sentido restrictivo, en cuanto á las facultades del Gobierno, de la justicia administrativa; y que este hecho, quitando una gran parte de su apoyo á la existencia de esa misma jurisdiccion entre nosotros, en sus condiciones primitivas, y por decirlo así, históricas, obliga más y más á una revision serena é imparcial, que despojándola de lo que pueda tener de disputado y aun de odioso, bajo cierto punto de vista, la deje en condiciones de ser por todos admitida.

Propio es de estos tiempos en que las cuestiones de principios se miran sin pasion en las esferas del poder y en que éste no excluye las soluciones conciliadoras, buscar la que debe poner término á esta antigua y empeñada contienda. Solo por transaccion se resuelven las luchas envejecidas, y adecuado es á tiempos relativamente normales, como son los que por ventura corren, buscar las que pueden lograr aquel resultado en las esferas del derecho, del arte del gobierno y de la administracion.

EL CONDE DE TEJADA.
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CUESTION DE AMORES

Continuación (1).

ACTO SEGUNDO.

Sala elegantemente decorada. Dos puertas a la derecha y otras dos a la izquierda. Un balcón con mirador en el fondo. Muchos cuadros al óleo con marcos dorados, adornando las paredes.

ESCENA PRIMERA.

LAURA Y TERESA.

(Laura aparece pintando en un cuadro puesto en el caballete, cerca del mirador. El cuadro representa a Jesús, dándole la mano y alzando del suelo a la Magdalena.)

TERESA. ¿Cuándo piensas dejar los pinceles? Tengo hoy muchas cosas que decirte.

LAURA. Pues dimélas; aunque continue pintando, te escucho y puedo contestarte.

TERESA. Villamar me habló anoche de ti.

LAURA. (Con viveza y dejando de pintar) ¿Qué te dijo?

TERESA. Parece que te interesa.

LAURA. Más de lo que debiera interesarme; pues ese cariño jamás puedo tener su natural término. (Con tristeza.)

TERESA. ¿Y por qué?

LAURA. Ya lo sabes.

TERESA. No en verdad. Villamar te quiere tanto, que estoy cierta de que si le confesases francamente el motivo de tus vacilaciones se casaría contigo, poniendo en olvido todo lo que...

LAURA. Tu misma lo dices. Tendría que olvidar; aun es poco, tendría que perdonarme... Quizá llegara un día en que se avergonzase de haberme dado su nombre. (Con profunda pena.)

(1) Véase el número 204 de la REVISTA.
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TERESA. ¡Avergonzarse de ti! ¡De ti, que en los dos años que hace que vivimos en Sevilla, has adquirido la consideración de todos por tu talento como artista y por tu intachable conducta como mujer!

LAURA. Sí; todos me conceden aquí una consideración que no merezco. Si supiesen...

TERESA. Si supiesen ¿qué? Todo lo que podrían saber es que antes de los diez y seis años, eras huérfana de padre y madre; que yo estaba lejos de ti; que amabas á un hombre...

LAURA. No; ahora sé que no le amaba... era ese momento en que la niña se trasforma en mujer y cambia sus juguetes por el novio; por el primer hombre que se acerca á su lado y la dice que la quiere.

TERESA. Y aquel malvado usaba de toda clase de medios. Hizo que su madre escribiese á nuestro padre pidiéndole tu mano, y así te dió la seguridad que habla de ser tu marido.

LAURA. No hablemos de eso, me hace daño. ¿Qué fué lo que Fernando te dijo anoche?

TERESA. Que no comprende tu carácter; que no le cabe duda que tú correspondes ó al menos de que agradeces su cariño, y que sin embargo...

LAURA. No he sabido ocultarle mis sentimientos. ¡Fernando es tan digno de ser querido!

TERESA. Y sin embargo, dice que cuando te indica su deseo de cambiar la índole de vuestras amistosas relaciones...

LAURA. Imposible. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerle? ¡Un nombre manchado! (Llevándose el pañuelo á los ojos.)

TERESA. Déjate de romanticismos. Cuántas en tu mismo caso... No, no, cuántas en peor caso...

LAURA. ¡Teresa! (En tono de reconversión cariñosa.)

TERESA. Déjame hablar. Si señor: cuántas muchachas qué han loqueado en sus primoros años, se casan y son después modelo de esposas. La que más y la que menos...

LAURA. Ves, Teresa, para defenderme á mí tienes que acusar sin razón á todas las mujeres; y al mismo tiempo tienes que confundirme con las que han ido por su voluntad hasta donde yo llegué, tan solo por la fatalidad de las circunstancias.

TERESA. Pues si sabes que solo has sido desdichada y no culpable...

LAURA. El juicio del mundo no hace esas distinciones. Yo no puedo ser la digna esposa de Fernando, y no lo seré.
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TERESA. Y Villamar, que ha concebido ya esperanzas, te acusará de coqueta, y dirá que le has engañado.

LAURA. Tú crees...

TERESA. Vaya si lo creo. En fin, tú le quieres; él te adora, y te lo repetirá tantas veces, que un día u otro desecharás tus escrúpulos y aceptarás su cariño primero, y después su mano.

LAURA. No, no. Es preciso evitar ese peligro. Yo no puedo continuar viendo casi todos los días á Fernando.

TERESA. ¡Hola, hola! parece que le tienes miedo.

LAURA. Sí; temo no tener bastante fuerza de voluntad para resistir al cariño que me manifiesta y al que yo misma le tengo.

TERESA. ¿Y con qué pretexto hemos de impedir á Villamar la entrada en nuestra casa?

LAURA. No sé. Sin embargo, es preciso buscar algún medio...

TERESA. Tranquilízate. Villamar me dijo anoche, que en vista de tus inexplicables vacilaciones, las cuales le hacen padecer lo que no es decible, se va á marchar á Madrid.

LAURA. ¿Se marcha á Madrid?

TERESA. Sí; me dijo que ya había escrito á sus primas las de Soto, que le tuviesen preparada una habitación.

LAURA. ¿Las de Soto son primas tuyas? Mejía trataba mucho á esa familia... Ellas le contarán... Se explicará mis contradicciones... Me despreciará... ¡Dios mío, qué desgraciada soy! (Se lleva el pañuelo á los ojos, y llora.)

TERESA. No entiendo tus palabras. Ese llanto...

LAURA. Me ahoga la pena; ¡mi desdicha jamás tendrá término!

TERESA. No te aflijas así; ¡no hallas algun consuelo en la ternura con que yo te quiero! ¡Hermana mía! (Abrazándola.)

LAURA. Teresa, mi querida Teresa, yo deseo conservar la estimación de Fernando, ya que nunca puedo aspirar á llamarme su... ¿comprendes mi pensamiento?

TERESA. No; dices que quieres conservar la estimación de Villamar...

LAURA. Sí, eso es. Fernando sabría en Madrid la horrible historia del primer año de mi orfandad, desfigurada por la maledicencia del mundo. Precisamente Mejía trataba mucho á las de Soto, que vivían frente á mi casa.

TERESA. Ya; y tú quieres impedir que vaya á Madrid.

LAURA. No. Tu puedes evitar que Fernando llegue á mirarme como á una
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CUESTION DE AMORES.

de esas mujeres... que desde los primeros años de su juventud...
(Rojugándose las lágrimas.)
TERESA. No comprendo...
LAURA. Cuando venga hoy Fernando lo recibes tu sola: le cuentas todo mi pasado; todo, entiendes; le dices que si yo pudiera ofrecerle un nombre sin mancha, mi mayor dicha sería aceptar su cariño... pero que esto no es posible... que renuncie para siempre á esa esperanza... que deje de verme... que yo se lo pido como un inestimable favor... (Llora.) ¡que sacrificio tan cruel!
TERESA. ¡Hermana mía! cálmate. Yo le diré á Villamar todo lo que tu quieras, pero al contarle la verdad de los hechos, al saber tu desdicha, se aumentará su cariño y estoy segura de que insistirá en sus proyectos de matrimonio.
LAURA. Jamás... yo no puedo ser su esposa; yo no puedo aceptar que mi matrimonio produzca el deshonor del hombre á quien amo con todo mi corazón, con toda mi alma. (Llora.)
TERESA. ¡Que extremosa eres! ¡Si yo pudiera convencerte con la exageración que ves todas las cosas de la vida!
LAURA. Hablala hoy mismo: dile todo... todo... Quiero que sepa por encargo mío, toda la verdad, os lo más leal y lo más digno. (Llora.)
TERESA. Bien: haré lo que quieras.
LAURA. Mucho te lo agradeceré.
TERESA. Calla. (Soare un reloj de sobremesa que dá horas.) Son las dos y media; Villamar suele venir á eso de las tres y yo tengo que salir antes á hacer un encargo. Hoy es día de correo para Filipinas. ¿Puedo salir? ¿estás ya más tranquila?
LAURA. Si, Teresa puedes salir, pero vuelve pronto. Recuerda á los criados que ya saben que no recibo á nadie mientras estoy sola.
TERESA. ¿Y si viniese Villamar?
LAURA. Que lo digan que tenga la bondad de volver un poco más tarde.
TERESA. Está bien, niña mía. (Abramándola.) Tu hermana mayor te obedece siempre en todo. ¡Te quiero tanto! Hasta luego. (La abraza y la dá un beso.)
LAURA. Vuelve pronto.
TERESA. No tardó ni diez minutos. (Vase.)
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y juzgarlos; que no se invita á los ciudadanos á que asistan á los tribunales para hacer el papel de autómatas. Antes, por el contrario, pueden discutir, aprobar ó desaprobar todo cuanto pasa ante sus ojos, según que lo crean digno de alabanza ó de censura; pueden hacerlo á solas ó discutiendo dos, diez ó cien personas; pueden comunicar su opinión por escrito á quien bien les cuadre; pero si pretenden hacer algo de esto mismo por medio de la prensa, no se le debe consentir, según algunos. ¿Qué sentido tiene esta distinción? ¡Por qué en este caso se niega el principio invocado y reconocido en los anteriores? Tan cierto es que la intervención de la prensa no cambia la esencia del hecho, que cuando se invoca el principio contrario, como sucede, por ejemplo, en el sumario secreto, lo mismo se castiga al que lo viola de palabra, que por escrito ó por medio de un impreso.

El segundo punto es aún más claro; pasó ya el tiempo de las cosas indiscutibles; el velo del misterio no sirve para conciliar respeto á disposición alguna, y la santidad de la cosa juzgada no se entiende de forma que haya de aceptarse como un dogma indiscutible.

Es ciertamente sagrado un fallo definitivo para los efectos legales del caso; pero no lo es en modo alguno en el sentido de que no sean controvertibles sus fundamentos, su justicia y procedencia. Y no sé diga que conviene que las sentencias de los tribunales sean consideradas como decisiones infalibles; porque no siendo posible suponer tal condición en los fallos humanos, no sería digno alimentar y sostener una ficción que tendría, entre otros inconvenientes, el de despertar en el ánimo del pueblo la idea de que, á falta de otros medios, pretendían los tribunales conciliarse el respeto de las gentes cubriéndose con el velo del misterio.

El poder judicial no debe eximirse de la condición común á todos los poderes, y ha de aceptar por lo mismo la intervención y el concurso eficacísimo de la opinión pública en la administración de justicia. Esto, sobre exigirlo la facultad que la sociedad tiene de velar incesantemente por el cumplimiento del derecho, es en alto grado conveniente por la necesidad en que coloca á los jueces de obrar, no solo de modo que queden exentos de la responsabilidad civil y criminal que puede exigirseles por los tribunales, sino con el celo, diligencia y buena voluntad que harán respetable su fallo