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blicos religiosos en la sociedad, en cuanto pueden influir irreflexivamente en la inteligencia y en el ánimo de los demás. No se proscriben en la sociedad las creencias religiosas serias y profundas, sino la propaganda seductora, interesada y apasionada de algunos individuos ó de una clase, sin convicciones ni meditacion ninguna, en lo que hay de más fundamental en el Estado. Se debe sí respetar la verdadera y legítima libertad religiosa; pero se debe reprimir la repugnante y sedicosa anarquía religiosa, ó el grosero ateismo y degradante materialismo, tan inconsciente y supersticioso, de nuestra sociedad moderna. Hay una supersticion más repugnante aun que la supersticion religiosa, que es la supersticion de la incredulidad. Por otra parte, la libertad de cualquier culto religioso supone y exige necesariamente que sea reconocido por el Estado, previo el examen de sus creencias y disciplinas, y de las condiciones de sus relaciones religiosas con el Estado y con sus conciudadanos: todo lo cual cae bajo la jurisdiccion suprema y privativa del Gobierno, que no puede abdicar el Estado. Por eso se ve que los Estados Unidos, modelo de absoluta libertad religiosa, no han consentido la religion de los mormones, por sus doctrinas inmorales. Y el ejercicio de tan legítima facultad, es completamente extraño al respeto inviolable de la conciencia individual que no pueden entenderse jamás á la manifestacion social y propaganda pública de ideas religiosas, esto es, á la enseñanza de sus doctrinas, á la propaganda de sus ideas, al escándalo á veces de sus predicaciones, con peligro del orden moral y la tranquilidad domestica, la paz pública y aun de la existencia politica del Estado.

Por lo demas, el ejercicio de la libertad religiosa comprende la inviolabilidad de la conciencia individual del hombre, y consiste en asegurar eficazmente á los disidentes en religion la inviolabilidad de conciencia y del culto en sus templos, del libro consagrado á materias ó controversias religiosas; la inviolabilidad de la educacion moral y religiosa del hogar domestico y de la escuela privada como fueros legítimos del domicilio y del cabeza de familia y de los derechos indisputables sobre los menores de edad, de las personas en cuyas manos se halle el poder paternal ó tutelar, hasta que la razon en germen en el niño y soberana menor, entre en posesion de su imperio y permita al hombre dirigirse á sí mismo y sin perjuicio de exigir el poder publico que se acredite conocer la instruc-
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cion primaria y obligatoria del Estado; y, por último, la inviolabilidad de las prácticas puramente religiosas de los disidentes en los actos inseparables de la vida social, esto es, en el nacimiento, el matrimonio y el entierro. Pero no puede extenderse jamás este derecho individual á la manifestación social y propaganda pública de sus ideas y ostentación en la vía pública de sus solemnidades religiosas. Esto no puede ser nunca un derecho individual, ni en el hombre, ni en el ciudadano, porque sería en este caso la abdicación moral del Estado, y es preciso reconocer y respetar siempre el límite racional de todo derecho individual, por sagrado que sea, que debe concederse siempre á las exigencias imprescindibles del verdadero y legítimo interés moral de la sociedad, sancionado por la religión del Estado, que es, no la infalibilidad religiosa del poder público, pero sí la expresión más alta de la conciencia pública, y una imprescindible necesidad moral en el Estado.

Así la religión del Estado es el colorario forzoso de la necesaria unidad moral y dirección del progreso de la sociedad que pertenece señalar al Estado, con la garantía de cortidumbre que le da la razón racional de que debe ser fiel intérprete; así como lo es también la libertad de cultos el colorario necesario de la libertad religiosa.

Por consecuencia, es evidente la necesidad indeclinable de la religión del Estado con sus legítimos fueros, si bien sin lastimar la verdadera libertad religiosa del hombre. La religión del Estado establece este gran depósito, tradicional en la sociedad, de doctrinas necesarias para fijar las opiniones morales de los hombres, en los principios fundamentales de la sociedad. Y este centro de creencias comunes es el baluarte con que resiste el hombre los sofismas de la inteligencia, alentados por el desacuerdo de los sabios de todos los tiempos, y las seducciones del corazón, avivadas por las pasiones del hombre ó los intereses de los partidos. La libertad religiosa es sagrada también, y como decía San Bernardo, Fides sua deuda non imperanda. La libertad é inviolabilidad de las creencias religiosas es el verdadero fundamento moral de toda religión.

Esta solución de la cuestión religiosa, que he cuidado de fijar bien, es la que exigen los principios fundamentales del régimen constitucional, y la que conviene, además, adoptar en las circuns-
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tancias en que hoy se encuentra el país, para salvarle de los peligros de la intransigencia fanática y de la anarquía religiosa, evitando los excesos de la loca propaganda de toda secta religiosa, sin garantías de conciencia y de reflexiva meditacion, y en detrimento de la necesaria unidad religiosa en el Estado y los abusos de la opresion religiosa, que ultraja la conciencia humana. Es preciso fijar de una vez la fórmula científica que ha de dar la debida satisfaccion á la libertad religiosa dentro de su esfera propia, y reconociendo así los legítimos límites que le impone el interés público moral de la sociedad y que al mismo tiempo atiende como es debido á las libres aspiraciones verdaderamente progresivas de la marcha religiosa del entendimiento humano. Y esto sin dejar de ofrecer al mismo tiempo garantías no menos seguras, ni menos necesarias á los sentimientos tradicionales de cada pueblo, esto es, á la religion del Estado y la unidad social de su culto público, en interés del verdadero orden moral de la sociedad y la armonía de los ciudadanos, de la paz pública y de las familias, de la legítima existencia del Estado y su grandioso porvenir. En una palabra, es imprescindible la debida conciliacion de la sensata libertad religiosa con el orden moral y político del Estado, los fueros legítimos de la libertad absoluta de conciencia del hombre y de la razon religiosa, reflexiva y verdaderamente progresiva de los hombres y de los pueblos, con las exigencias legítimas del orden moral de la sociedad.

VIII

Ahora bien: bueno es, además, fijar con toda claridad las relaciones jurídicas que deben existir entre la Iglesia y Estado, después de haber expuesto la imprescindible necesidad de una religion del Estado, y aclarado la naturaleza y limites de la verdadera libertad religiosa. Las relaciones generales de la Iglesia y del Estado, no son una cuestion canónica y ultramontana, sino una cuestion bien grave, enteramente filosófica y constitucional.

La existencia de lo que se llama regalias del Estado, y que se llaman de la Corona en la monarquía, por ser su personificación, y que son atribuciones esenciales del poder civil, lo exigen á la vez la soberanía del Estado y la defensa de los derechos de los parti-
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culares y de los mismos clérigos, puesto que constituyen el Palladium de la soberanía nacional y de los derechos de la justicia y de la libertad. Y estas regalías, inherentes siempre á la soberanía del Estado, se hallan generalmente reconocidas y garantizadas en los países católicos, por medio de solemnes Concordatos con la Santa Sede.

El derecho de inspeccion suprema en materia de religión, es un derecho esencial al poder civil del Estado; si bien es por su naturaleza puramente negativo, y no le autoriza á inmiscuirse en su régimen interior. No hay que olvidar que no existe el Estado en la Iglesia, sino la Iglesia en el Estado, para que éste deba tener siempre el derecho de suprema inspección sobre la conducta personal y marcha de los negocios eclesiásticos del país.

Reconocida la poderosa influencia que por medio de la conciencia pueden ejercer en la sociedad los ministros de la religión, no puede permanecer el Estado extraño á sus actos, á fin de que ofrezcan en ellos las garantías debidas de adhesión á las leyes de la patria, y evitar que, bajo el velo del secreto y del misterio de muchos de sus actos, puedan conspirar contra el Estado, con grave perjuicio de la disciplina misma de la Iglesia y del orden público. La Iglesia tiene necesariamente que estar sujeta á la inspección y vigilancia del poder público, para conservar la inviolabilidad de éste y del Estado. En fin, nada más legítimo que someter la Iglesia á las condiciones de orden público que imponga el Estado, qué es el que autoriza la existencia de la Iglesia en su seno, y que responde de la tranquilidad pública y de la inviolabilidad de los derechos de todos.

Por lo demás, evidente es la independencia espiritual de la Iglesia; la fuerza no puede nada, ni sobre la Iglesia, ni sobre sus individuos, no tiene dominio ninguno sobre las almas. La conciencia, es el sentido moral que existe en el hombre más rebelde á la fuerza; los actos de violencia no pueden hacer nada en materia religiosa, y el empleo de la fuerza propia del poder público sobre el dominio de las conciencias es tan cruel, como impotente e ineficaz. Pero el Estado tendría una autoridad bien precaria, si existiendo á su servicio una clase de hombres, que ejercen una gran influencia sobre los entendimientos y sobre las conciencias, no estuviesen sujetos en su conducta á su vigilancia e inspección, y en
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caso necesario á la represion penal, sancionada por las leyes del Estado. Verdad es que el sacerdocio solo está encargado de la enseñanza del dogma, del ejercicio del culto y del mantenimiento de la disciplina. Pero las cosas religiosas ejercen demasiada influencia por medio de las conciencias sobre el orden moral de la sociedad y sobre el orden público del país, para que el Estado pueda ser indiferente á los actos de la Iglesia y prácticas religiosas.

Por último, la autorización de la existencia de la Iglesia en el Estado, implica virtual y necesariamente la sujecion de ella á las leyes fundamentales del Estado, y el reconocimiento de la inspeccion suprema de las personas y cosas eclesiásticas para conservar el orden social como debe el poder público. El Gobierno, ó sea el poder soberano, con este fin y para sostener estos derechos del Estado, debe tener las condiciones necesarias, si bien respetando la mision puramente espiritual de la Iglesia: para cerciorarse de si alguna de sus medidas corrompen ó vician las doctrinas morales sociales ó políticas de que es fiel guardador, en perjuicio de los particulares ó del Estado. Y solamente así podrá evitarse también conocidos abusos, y seguramente es el medio eficaz para no ser oprimidos los ciudadanos mismos en su conciencia religiosa ó en su libertad civil, y quedar al arbitrio del capricho ó de la arrogancia de algunos ministros del altar.

Las relaciones de la Iglesia con el poder civil, provienen de la organización civil en cada Estado. La verdad es, que sin autorización de los soberanos no habría Iglesia en el Estado, pues solamente con el constante consentimiento del poder temporal, puede subsistir la Iglesia en el Estado, pues si existiera á pesar de ella y contra su voluntad, sería la abdicacion de la soberanía y entronización de la teocracia.

Por elevada que sea su mision espiritual, la Iglesia existe en el Estado y debe estar sometida en los asuntos temporales, lo mismo que toda persona física ó moral que vive en su seno. Por eso estas dos sociedades han sido representadas por algunos escritores, bajo el emblema de dos espadas que el Ser Supremo ha enviado del cielo para proteger el cristianismo, y de las cuales ha puesto una en manos del Papa, y la otra en el jefe del Estado. En efecto, hay que establecer necesariamente la debida distincion entre lo espiritual y lo temporal, y reconocer un doble derecho espiritual ó canónico, y
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secular ó civil, y que la jurisdiccion de la Iglesia debe ser puramente espiritual y espontánea. Así las relaciones jurídicas de la Iglesia con el Estado exigen la obediencia de aquella á las instituciones fundamentales y leyes de éste, y su subordinacion á la policía y á las autoridades de la nación, porque el Estado personifica la soberanía nacional, una é indivisible, y es el que, á mi juicio, tiene que significar verdaderamente el pensamiento moral y social del país, y debe velar por el fin político de la sociedad, so pena, en otro caso, de encadenarse á la Iglesia establecida, aceptando, como gobierno temporal, la teocracia. El Estado tiene que tener necesariamente una inspeccion suprema sobre la Iglesia católica, y esto resulta de la esencia misma del Estado; pues dejar á la Iglesia una independencia completa, sería lo mismo que abdicar el Estado su soberanía, esto es, los derechos los más esenciales, y, por consiguiente, también los deberes más sagrados. La subordinacion del elemento político al elemento religioso, conduce derchamente á la teocracia.

Si la Iglesia reúne la soberanía espiritual y la temporal no existe ya el Estado, y se destruye la libertad pública y particular del hombre y su conciencia. Subsiste el Estado, pero de nombre, sin vida propia, y se le deja hacer leyes con tal que sean ortodoxas, es decir, que sean favorables á sus intereses, y reservándose enteramente toda la dirección moral e intelectual de la sociedad; es la abdicacion más completa de las atribuciones esenciales del poder público. Afortunadamente el ultramontanismo es ya la más irrealizable de las utopías religiosas, si bien es siempre la más peligrosa de las doctrinas políticas, al proclamar la supremacía de la Iglesia y su soberanía teocrática. Lo que los ultramontanos llaman libertad es la dominacion de la Iglesia; dominacion que llega á anular al Estado; su ideal, si se pudiera realizar, conduciría á hacer del Estado el instrumento de la Iglesia y su esclavo; en una palabra, sería una plena teocracia.

Es, pues, incontestable la independencia del Gobierno en lo temporal y la limitacion de la autoridad eclesiástica á las cosas puramente espirituales. El Gobierno, en cada Estado, es legítimo por sí mismo, sin necesidad de ninguna sancion religiosa, y su institucion es tan divina como puede serlo la Iglesia misma en sus fines espirituales. Los derechos de la sociedad humana no reconocen otro
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origen que el de la voluntad de Dios mismo, que ha establecido el orden social, encomendándolo al gobierno temporal de las naciones, y, por consiguiente, el poder público es independiente por sí mismo de todo otro poder, cualquiera que sea. El límite de la autoridad eclesiástica, reduciendo su competencia á lo puramente espiritual, es evidente también. Y de nada sirve tampoco que los ultramontanos quieran asimilarlo todo, considerando como espiritual todo lo que pueda tener relaciones con la moral, ó cuando menos todas las cuestiones de carácter misto. De este modo ingenioso de espiritualizar lo temporal, todo dependería de la autoridad de la Iglesia, que absorbería, puede decirse, el poder público. Además, si la Iglesia es independiente del Estado y está por cima de él, la soberanía del Estado no es sino puramente nominal; en realidad, la Iglesia es soberana, y esto es lo que los ultramontanos llaman ingeniosamente la libertad de la Iglesia.

No hay que olvidar, en interés de ambas potestades, que es posible y lo más racional conciliar las creencias católicas con el respeto debido al Estado. Es verdad que es necesario establecer la independencia recíproca de la autoridad espiritual y temporal para la necesaria inviolabilidad de las augustas funciones de la religión y de los fueros de la conciencia humana. Pero es preciso también proclamar la supremacía civil del Estado y sus derechos y regalías sobre la Iglesia, por ser indispensable para conservar el orden moral de la sociedad, la paz pública y la existencia e independencia de la soberanía política del Estado. Y por eso es imprescindible también, en las naciones católicas, á fin de asegurar la debida concordia entre ambas potestades, consagrar terminantemente la necesidad de los Concordatos con la Santa Sede. Estos pactos solemnes del Estado con la Iglesia católica, previenen las ocasiones de cismas y cuando menos de inmensas perturbaciones morales, y evitan los conflictos que pueden sobrevenir entre ambos poderes, tan funestos á la Iglesia como al Estado. En fin, son indispensables así para el esplendor de la Iglesia como para la paz moral y política de las naciones cristianas.

Así no hay necesidad, para evitar estos peligros, de recurrir á otras doctrinas. Verdad es que el protestantismo con este objeto no ha tenido inconveniente en investir al jefe del Estado del poder eclesiástico, y bajo esta expresa condición ha sido admitida la Igle-
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sia reformada en varios Estados. Así en vez de hallarse separadas ambas potestades, según la expresión de Hobbes, se hallan reunidas las dos cabezas del Águila. Por lo demás, es necesario reconocer también que todo soberano que reúne al poder del Estado el de la Iglesia, es limitado como el de cualquier otro jefe de la Iglesia por el símbolo y las leyes de la misma Iglesia. Pero si la absorción en el poder espiritual del temporal, comprendiendo dos elementos bien distintos, produce la teocracia, que solo pudo justificarse en la Edad Media con la ignorancia de las otras clases; la del poder espiritual en el temporal, como en Rusia, debilitaria y desnaturalizaría la religión, rebajándola y desprestigiándola cada vez más. En este sistema de absorción, la conciencia se halla oprimida por el poder temporal y así en Inglaterra la voz de la espiritualidad ahogada en la Iglesia oficial, del mismo modo que el sacerdocio absorbido en Rusia por la omnipotencia del soberano, se hacen oír entre los disidentes, y el poder temporal desaparecerá un día bajo otra forma y un emblema de sus augustas funciones. La reunión de los poderes espiritual y temporal como entre los protestantes y la Iglesia cismática, no deja de ofrecer peligros para la libertad. Nada más peligroso que dos poderes absolutamente iguales, que dan lugar á hechos permanentes y que pueden crear una gran confusión en la autoridad; por lo general en beneficio del Estado, que abusando de sus prerrogativas produce la más cruel tiranía de las conciencias. Y eso que la verdad es, que aunque no reconocida la libertad de conciencia existe autorizada en Rusia mismo. Prohibido como está el culto de la Iglesia oriental se tolera á los luteranos, los musulmanes y los paganos y hasta á los católicos romanos. Es necesario que haya verdadera independencia espiritual en la Iglesia y al mismo tiempo un poder supremo y eminente en el Estado, y este es incontestablemente el poder público, que representa la soberanía política y á quien Dios mismo ha encomendado el gobierno de los pueblos. Y esto es lo que existe en las naciones católicas, donde se hallan establecidos dobidamente los derechos y obligaciones respectivas entre el Estado y la Iglesia, esto es, las relaciones mutuas y constantes entre ambas potestades, sin perjuicio de la independencia espiritual de la Iglesia.

No puede haber en el Estado dos jefes que se dividan la obediencia y puedan hacerla incierta. Considerando al hombre el Es-
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SAN PEDRO DE ABANTO Y BILBAO

Mucho tiempo hemos vacilado antes de decidirnos á hacer una reseña circunstanciada y exacta de las operaciones ejecutadas en los meses de Febrero, Marzo, Abril y principios de Mayo de 1874 por el Ejército del Norte para levantar el sitio puesto á la invicta villa de Bilbao por las fuerzas carlistas que operaban en las Provincias Vascongadas y Navarra.

Ha sido necesario, para que al fin rompamos nuestro silencio, dejar pasar el largo período de dos años trascurridos desde que los hechos que vamos á referir se realizaron, y cuando terminada ya la horrible y tenaz lucha que ensangrentaba el suelo de la Pátria, la razon serena y el juicio recto é imparcial, puedan juzgar sin pasion aquellas operaciones tan importantes, tan trascendentales y tan gloriosas para el ejército, como tan inmerecida é injustamente apreciadas.

Testigos presenciales de todo lo acontecido durante el tiempo que mandó el Ejército el ilustre Capitán General Duque de la Torre, y teniendo además el deber de conocer los más pequeños detalles por el cargo de confianza que en el Ejército del Norte desempeñamos, abrigamos la pretension de que nuestro relato, veraz y conciso, no ha de ser combatido con armas de razon ni de imparcialidad, en lo que tenga de reseña histórica, así como admitiremos la refutacion y la controversia en lo que se desprenda de apreciaciones y juicios que nos sean propios sobre movimientos militares y sus resultados, sobre errores ó omisiones que podamos atribuir á los que directa ó indirectamente tomaron parte en aquellas operaciones.
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tado antes ciudadano que católico, debe obligar á todos á respetar sus leyes, sin crearse por eso ningun verdadero conflicto para su conciencia religiosa, lo cual no es fácil con la legítima libertad de cultos. Para evitar, pues, estos conflictos entre dos poderes nada más legítimo que su independencia recíproca, y para prevenir graves faltas y trascendentales abusos de algunos ministros de la Iglesia, nada más razonable y necesario que la inspeccion suprema del Estado.

La cuestion es saber si la Iglesia tiene poder directo ó indirecto sobre el Estado, y la conducta del poder público, ó si se reduce sencillamente á recordar la ley moral; pero respetando la soberanía nacional de los pueblos. Cada hombre es dueño de sus destinos y la ley moral de la libertad es la fundamental en toda la humanidad. Y si cada hombre es dueño de su destino religioso y de sus creencias, no lo es menos el poder público, que representa la conciencia moral y religiosa de la nacion entera. Sagrada es en el hombre la libertad de conciencia, pero con más razon, si cabe, es respetable en el poder público la religion del Estado y la conservacion de la unidad legal religiosa, como responsable que es, ante Dios y ante la historia, dola direccion moral y legítimo progreso de la sociedad.

El poder público se basta á sí mismo y no seria nada si no fuera todo lo que debe de ser y si no tuviera todas las atribuciones esenciales del poder supremo. Y los ministros de la religion no deben tener la injusta y absurda pretension de dividir este poder ni anularle nunca; contentándose con la influencia puramente moral, propia de su auguste ministerio.

La Iglesia católica, por consiguiente, no puede ejercer ninguna autoridad exterior y de coaccion material, ni sobre las personas ni sobre las cosas, por ser opuesto enteramente á su carácter espiritual y fin moral; puesto que el hombre no se halla sometido á los preceptos de la religion, sino precisamente por ser enteramente libre de conformarse ó no á ellos, y en esta libertad descansa el mérito ó demérito de sus actos y el título glorioso de sus altos destinos. El poder de la Iglesia es puramente espiritual y más bien es un ministerio que una jurisdiccion, y si parece que tiene esta en algun modo, lo es por pura concesion del poder civil y en cuanto no quiera convertir la Iglesia el deber de emplear los medios de persuasion, en facultad de compelir y obligar materialmente á cumplir con