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sus preceptos y trasformar el ministerio en dominacion, destruyendo así la esencia pura de la religion-católica.

Ahora bien: determinados claramente los límites naturales del ministerio eclesiástico y fijada como atribución exclusiva del poder público el orden de todas las cosas temporales, á la Iglesia debe reservarse únicamente las materias puramente espirituales. Y en cuanto al vasto campo que ofrecen las materias que á la vez tienen relación con la religion, si bien no le son esenciales y con la policía y el gobierno á que afectan siempre y que llaman los jurisconsultos cuestiones mixtas, claro es que son del dominio del Estado, y que toca decidirlas al poder público, juez supremo de todos los intereses de la sociedad; procurando el interés público en todo lo que no es de esencia de la religion, y á quien está confiado por la misma Providencia el orden público del Estado.

Sin embargo, hay que reconocer la supremacía espiritual de la Iglesia y su poder disciplinario, y no olvidarlo el Estado, decidiéndose sobre materias eclesiásticas, sin respeto á la santidad e inviolabilidad de la conciencia católica del ciudadano y haciendo difícil la obediencia. Así por respeto moral á la Iglesia, y para evitar desplorables excisiones entre ambas potestades, los gobiernos de las naciones católicas las deciden de común acuerdo con la Iglesia, por medio de los llamados Concordatos. Con efecto las relaciones de la Iglesia católica con el Estado, se confirman y sancionan por medio de estos Concordatos, que son los tratados solemnes celebrados entre el poder temporal y el Papa como jefe de la Iglesia católica, para mayor esplendor de la Iglesia, y la conservación del orden moral y de la paz pública en la sociedad. Y reconociendo así las limitaciones propias de su distinta autoridad, y la esfera de su diversa competencia, acuerdan los medios de marchar unidos y en concordia sin embarazarse, en la prosecución de sus elevados y grandiosos fines.

Con efecto, el Concordato y su cumplimiento constituye las condiciones necesarias y legítimas que exige el Estado para la admisión y existencia de la Iglesia dentro del Estado. Y los Concordatos resuelven todas estas dificultades, fijando entre ambas potestades el régimen de la Iglesia católica, sus relaciones con el Estado y las atribuciones del poder supremo en los asuntos eclesiásticos, la organización del culto y clero y su dotación, las circunscripciones
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de las diócesis y parroquias, la administracion de algunos sacramentos y el gobierno eclesiástico de las diócesis, las prescripciones civiles de las fiestas y principales prácticas religiosas, las obligaciones civiles del clero y los derechos individuales de los fieles, la obligacion de la residencia en el clero y la organización de los seminarios conciliares y de su enseñanza. De este modo el Estado vigila constantemente si el culto público se sujeta á las leyes de policía y de orden público, que el gobierno considera necesarias para la conservacion de la tranquilidad pública y del orden social. Y así tambien se asegura de la buena administración temporal de los bienes eclesiásticos, puesto que si bien la propiedad de la Iglesia aplicada á fines espirituales es tan inviolable como la de cualquiera otra sociedad reconocida, debe estar, sin embargo, sometida á la tutela suprema del Estado que consiste en velar porque los bienes de la Iglesia sean convenientemente administrados y debidamente empleados en dichos fines espirituales, con gloria para la Iglesia y provecho para el Estado.

La Iglesia, como comunión religiosa, no puede reclamar más derechos que los suyos privativos, los que por la naturaleza de su institucion le pertenecen esencialmente, sin más derechos, si no le están reconocidos otros legalmente. Así cuando por circunstancias fatales el Concordato no se cumple por una de las partes, queda, si no roto, suspendidos sus efectos y entra el Estado en el lleno de todas sus atribuciones políticas, con los límites racionales y legítimos de todo poder; si bien las naciones católicas no hacen uso de estos derechos por lo ocasionado que es á producir un cisma en la nación. El deber político más preferente é imperioso de los verdaderos amigos de la libertad en las naciones católicas, es cuidar de reformarle en union con la Santa Sede, si fuere necesaria la reforma del Concordato y procurar mantenerle siempre en vigor, para la completa tranquilidad de las conciencias y la paz pública en la sociedad.

Es preciso conciliar los deberes espirituales de la Iglesia con los derechos del imperio y del Estado. La influencia espiritual por sí sola y reducida á sus verdaderos límites, es bastante grande para que al menos no deban evitarse las exageraciones y abusos de ella. Los Concordatos son necesarios para evitar los conflictos que pueden sobrevenir entre ambos poderes y pueden ser gérmenes de
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cismas, tan funestos á la Iglesia como al Estado. La confusion de las potestades, espiritual y temporal y la separacion absoluta de ellas; el ultramontanismo y la libertad de la Iglesia y del Estado, son dos extremos, de las cuales el uno excluye la variedad de sus distintas funciones y el otro la unidad politica [necesaria en el Estado, y ambos sistemas destruyen la armonía y el orden moral que aseguran y sancionan siempre los Concordatos. Los Concordatos, cuerda y debidamente establecidos, sirven de preservativo y de remedio contra las usurpaciones e injustas pretensiones de Roma, proclamadas por los ultramontanos, que tomando la religion por pretexto, ó se proponen turbar la tranquilidad pública ó la paz religiosa del país ó conculcar los derechos esenciales de la soberanía civil ó la existencia política de las naciones, la independencia nacional del Estado. Y son necesarios los Concordatos para la defensa aun de la jurisdiccion episcopal, cercenada muchas veces por la jurisdiccion papal y para asegurar la observancia de las instituciones fundamentales del Estado y de sus leyes y la defensa misma de la libertad de conciencia, y de la libertad social contra las invasiones del poder espiritual y la proteccion de los mismos clérigos contra las disposiciones abusivas de algunas autoridades eclesiásticas.

Con razon la política tradicional de la Iglesia católica, de saludable concordia con el poder civil, sanciona este régimen de Concordatos, que ha puesto término á las ardientes luchas entre el sacerdocio y el imperio que registra la historia. Este es, á no dudarlo, el derecho tradicional de los pueblos católicos y la base firme del derecho público eclesiástico, que sirve para decidir tranquilamente sobre tantas y tan graves cuestiones de jurisdiccion entre ambas potestades, y entre estas cuestiones, las que tienen á la vez relacion con la religion y con el Gobierno del Estado y que se conocen con el nombre de mintas entre los jurisconsultos, y que tanto interesan por consiguiente á la paz pública y al orden público del Estado. Sin embargo, este sistema tan liberal y racional y tan cuerdo y práctico, y que asegura eficazmente la buena inteligencia entre ambas potestades, desgraciadamente es combatido por algunos de los que se precian de demócratas y liberales, y que proclaman la absoluta independencia y verdadera separacion de la Iglesia y del Estado.
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En resumen: la Iglesia no tiene más autoridad que la puramente espiritual, propia y digna de su elevada misión, y el poder público en cada país, en virtud de su indisputable soberanía política, que es la salvaguardia de su existencia, tiene indudablemente el derecho de arreglar con entera independencia todas las materias temporales y de acuerdo con la Iglesia las llamadas mixtas, que tanto afectan á la religión y á la sociedad.

Precisamente, para evitar injustas pretensiones de la corte de Roma ó defender los derechos de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades eclesiásticas, se han establecido las tres instituciones, del plácet ó exequatur, los recursos de fuerza y protección, y el patronato del Estado.

Evidente es la necesidad del exequatur, que es el derecho que tiene el Estado de autorizar la publicación de las bulas y disposiciones eclesiásticas de Roma, y los príncipes más cristianos y católicos han adoptado siempre el Regium exequatur ó Placitum Regium en sus Estados. Es necesaria en todo país católico bien constituido la autorización expresa del Gobierno para la publicación y ejecución en la nación de las bulas y demás decretos de Roma, comprendiendo las bulas dogmáticas y breves de penitenciaria, después de examinar detenidamente si contienen alguna cosa contraria á los cánones de la Iglesia misma, los derechos de los ciudadanos, ó á las leyes del Estado y sus legítimas prerrogativas. Todas las bulas, breves, rescriptos y despachos de la corte de Roma, y cuantas disposiciones eclesiásticas suyas contengan reglas de observancia general ó particular para los ciudadanos, son actos de autoridad, leyes que obligan en la conciencia de los fieles, y poco importa que esta autoridad sea espiritual para que el Estado no autorice su publicación, sin asegurarse si son contrarias á las leyes ó si por su carácter pueden al menos turbar el orden y la paz pública. Y esto lo mismo respecto á las bulas dogmáticas, á fin de que bajo el velo de la doctrina y del dogma no se predique alguna otra cosa contra la autoridad civil y la tranquilidad pública; esto es, que se invada el poder civil y sus atribuciones, ó se sientre la discordia entre los súbditos del país.

No hay que olvidar que los hombres abusan de todo y que los ministros de la religión son hombres, y por santa y legítima que sea su misión pueden seguramente abusar, y para evitar ó prevenir
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y reprimir estos abusos están las leyes del Estado. Poco importa que la institucion del sacerdocio no tenga por objeto sino la enseñanza y el culto, y que el orden civil y político deba quedar extraño á los ministros de una religion, que no sanciona como legitima exclusivamente ninguna forma determinada de gobierno y que recomienda á sus autoridades y miembros la obligacion que tienen como simples ciudadanos de respetar todos los sistemas politicos y todas las leyes que adopten en los Estados sus principes, como más convenientes para la tranquilidad pública y el orden social. No es posible permitir á la autoridad eclesiástica el censurar los actos de la autoridad civil y combatir las leyes del Estado, que están obligados á respetar y obedecer todos los miembros de la Iglesia dentro del Estado. Si bien el Gobierno debe respetar los misterios de la religion y los dogmas de la Iglesia, debe cuidar tambien de que la inteligencia de sus prácticas religiosas sea conforme con los cánones y tradiciones de la Iglesia, y tiene el derecho indisputable de oponerse á la promulgacion de las bulas y cánones contrarias á las leyes del Estado. Es necesario cuidar del respeto por todos á la constitucion fundamental de la Iglesia, á su disciplina tradicional y á los principios esenciales y tutelares de toda sociedad y del orden social y político de las naciones, como única manera de conservar, en medio de la más viva sumision, á la fe y á la legitima disciplina de la Iglesia, la fidelidad de todos los miembros de la sociedad á las instituciones del país; haciendo que el hombre, como católico, sea tan respetuoso á la autoridad eclesiástica como fiel en concepto de ciudadano á los derechos y á las libertades de la patria.

Nada más legitimo además, que puesto que da sancion legal á los cánones y disposiciones de la Iglesia, que el que haga uso de los derechos que implican y se deducen necesariamente de la supremacía civil, su soberanía política y su independencia. No es posible imponer obligaciones á los súbditos del país sin asentimiento del Estado. El Estado no puede permitir que obliguen las leyes de cualquier poder, aunque aparezca meramente espiritual, y solo en el foro de la conciencia, sin abdicar su poder y su soberanía, porque dominando en la conciencia, son dueños tambien de las acciones del hombre, que pueden ser contrarias á las leyes del Estado en ciega obediencia al clero.

Evidente es tambien la necesidad de los recursos de fuerza ó
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apelaciones por abusos eclesiásticos, para garantizar á todos los súbditos del país, incluso los clérigos mismos, contra los abusos de sus superiores. Es preciso reprimir toda violencia cometida por la autoridad eclesiástica y velar por el respeto á las leyes del Estado, y asegurar á todos los individuos de la sociedad las formas de la justicia, que es el derecho de todos los ciudadanos. Las doctrinas fundamentales en este punto, ó sean los principios cardinales en que descansan los recursos de fuerza son: la independencia del gobierno en lo temporal, la limitacion de la autoridad eclesiástica á las cosas puramente espirituales y la obligacion misma que tienen las autoridades eclesiásticas de ejercer su autoridad ó ministerio, de una manera conforme á los cánones recibidos en la Iglesia, y consagrados por sus tradiciones.* Jesucristo decía á sus discípulos: Las leyes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, pero no será así en cuanto á vosotros. El gobierno de la Iglesia es un gobierno de caridad y de persuacion. Non dominemus fidei vestrae. En la Iglesia todo debe hacerse canónicamente, esto es, según las reglas, Omnia canonice fiunt, dice San Pablo. Los superiores no tienen sino una autoridad arreglada; la obediencia de los inferiores debe ser no ciega, sino razonable. Obsequium vestrurn sit rationabile. El abuso del poder es inevitable cuando no tiene límites, decía un cardenal al Papa mismo, y con mucha más razon puede decirse del clero en general. Los recursos de fuerza son absolutamente necesarios, puesto que con actos abusivos puede la autoridad eclesiástica comprometer el honor y los derechos de los ciudadanos, los sentimientos de su conciencia y aun la paz pública. Y precisamente el deber del poder público es conservar el respeto de las leyes y á las formas de la justicia, cualquiera que sea la cualidad ó la autoridad eclesiástica de los que las violan, y esto es lo que exige la defensa del Estado y de sus leyes.

Los recursos de fuerza, ó como se llaman en Francia y otras naciones, apelaciones por abusos de autoridad, son la legitima queja contra la autoridad eclesiástica, cuando se excede de su poder ó determina algo en contra de los Cánones de la Iglesia, las leyes del Estado y sus prerrogativas ó los derechos de los ciudadanos. En virtud de la reclamacion aun de los miembros mismos de la Iglesia, cualesquiera que estos sean, el Estado, puede á los depositarios del poder eclesiástico, obligarles, no al cumplimiento de sus deberes,
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pero si á respetar los derechos del individuo y reprimir los excesos de la autoridad eclesiástica, cuando traspasan los límites especiales de sus funciones. Los recursos de fuerza solo tienen por objeto restablecer el imperio de la ley ó de la justicia, anulando algun acto de la jurisdiccion eclesiástica; pero ilegal en su forma ó contrario á las leyes del Estado ó lo que llaman los canonistas un hecho de violencia, y esto es conocidamente de la competencia del poder público y de la autoridad civil, puesto que no conoce esta del fondo de la cuestion, cuyo conocimiento corresponde á la Iglesia, sino de las formas de la justicia ó del respeto á las leyes, que es del dominio del poder civil.

De este modo, las autoridades eclesiásticas cuidarán de observar las leyes del Estado y los canones de la Iglesia, que esta obligada á respetar la misma autoridad eclesiástica y el poder público podrá velar por esta observancia, amparando á los que sean perseguidos en sus derechos por cualquiera acto de la Iglesia, y para hacer respetar á los inferiores de la autoridad eclesiástica, la libertad cristiana y evitar la dominacion de la conciencia, que les está prohibida y que tan opuesta es al espíritu evangélico del cristianismo. No es posible consentir las pretensiones de la Iglesia de invadirlo todo con el pretexto de las relaciones que con la conciencia existen necesariamente en todos los actos humanos, y ver en estos no pocas veces faltas de conciencia religiosa y pecados, y trasferir así toda autoridad y toda jurisdiccion á la Iglesia. Y no se diga que este conocimiento de los recursos de fuerza es ineficaz, pues en el antiguo régimen los príncipes que se preciaban de más católicos, se valían de un medio bien eficaz para hacer respetar sus decisiones, cuando llegaba á ser absolutamente necesario el emplearlo y era la ocupacion de las temporalidades y hoy en algunos países se les suspende el pago de su dotacion.

Por último: el clero forma una magistratura espiritual en el Estado, cuyo personal debe inspirar confianza por sus antecedentes y por la forma de su eleccion, de que sabrá ser tan fiel á la Iglesia como al Estado. La mision del sacerdocio tiene necesariamente un origen espiritual y divino, que es el que le reviste de su carácter sagrado, inspirando consideracion y confianza á todos. Pero por eso mismo, debe reunir la autoridad moral, que le hace digno de toda esta consideracion y debe cumplir con todos sus deberes, y
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tener para esto toda la instrucción necesaria para llenar su santo ministerio y toda la pureza moral que exige la práctica de todas las virtudes cristianas. Y no hay que dudar del porvenir del sacerdocio, por que es una institución que renace con más vigor, cuando se la considera debilitada y desprestigiada. Pero si es de la esencia de la autoridad sacerdotal, ser independiente del poder temporal en sus augustas funciones espirituales, el Estado debe exigirles la garantía del conocimiento y examen previo de las circunstancias de sus individuos para optar á tan elevada misión en la sociedad.

La reforma tendía á emancipar á los fieles de la influencia del sacerdocio, en odio á sus abusos y por eso combatió el celibatismo de los clérigos. El celibatismo del clero podrá ser, sin duda, como muchos creen conveniente para el sacerdocio, pues que aparece cierta pureza corporal, que impone más severidad en la conducta e inspira más respeto y confianza moral á todos. Además sin los embarazos de las obligaciones de familia puede consagrarse, con más asiduidad y celo á su elevado ministerio. Quizás sea conveniente conservar el celibatismo en el clero, no para hacerle independiente completamente del poder civil y sujetarlo más á la corte de Roma, si no por las anteriores consideraciones bien importantes. Y podrá serlo aun más conveniente para los grados más elevados de la jerarquía eclesiástica, pero hay que considerar que es una cuestión puramente de disciplina eclesiástica, sujeta á las variaciones y reformas que crea prudentes y necesarias la Iglesia misma, en interés de su autoridad y prestigio y la elevación moral de sus funciones.

Pero el verdadero mal en este punto, ha estado siempre en haber permitido consagrarse al sacerdocio á personas poco dignas por su ciencia y sus costumbres, en vez de investigar cuidadosamente si eran personas doctas, circunspectas y virtuosas, como lo exigen sus augustas funciones. La verdad es, que les aleja del catolicismo á muchos hombres de nuestra época, no sus creencias religiosas ni políticas, sino el odio á los abusos de cierta parte del clero, por sus costumbres no muy puras ó por sus tendencias absolutistas. Desgraciadamente la religión católica se confunde con la conducta de alguna parte del clero, y el odio á esta refleja sobre la religión. La oposición moral al clero se convierte así en incredulidad, y se
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pasa de la superstición misma al ateísmo. Es, pues, incontestable que la Iglesia debe formar buenos sacerdotes, pero el Estado no debe vigilar menos para que lo sean. Y precisamente para cuidar de las circunstancias y costumbres del clero, y evitar en esta clase ciertas tendencias políticas nada mejor que el patronato, autorizado por las mismas tradiciones católicas.

VIII

Con lo expuesto, se comprende bien lo erróneo de la doctrina separatista. La libre separación de la Iglesia y del Estado, con tan poca prevision política proclamada por la escuela ultra-liberal, es la libertad de la Iglesia en favor de los ultramontanos. Con efecto, considerándose la Iglesia fuera del Estado y de su competencia y libre de su supremacía civil, cae por esto mismo bajo una dominación aun más absoluta de la corte de Roma. Todo el personal y toda su conducta dependen así exclusivamente del Papa; es decir, que el episcopado mismo tiene que ser ultramontano en su seno y en sus intereses y tiene que aceptar todas sus exigencias y pretensiones. Así establecer la Iglesia fuera del Estado y la absoluta separación é independencia de una y otra, es entregar la sociedad á las influencias omnímodas y á las invasiones del ultramontanismo; y con las armas poderosas de la enseñanza y de la predicación, tiene á su favor la influencia preponderante y exclusiva de sus intereses. En frente de una religión que reconoce un centro universal de dirección y de dominio y que no es menos peligroso por ser invisible en sus actos, en que posee enteramente el imperio de las almas no puede ser indiferente al Estado la marcha de la Iglesia y el que predomine una de las dos tendencias de la Iglesia católica; el ultramontanismo, que proclama la dominación de la Iglesia sobre el Estado, ó mejor dicho, de la corte de Roma y el liberalismo, que coloca á la Iglesia dentro del Estado y reconoce la integridad y la soberanía del poder público.

No hay más que recordar la autoridad que la Iglesia ejerce sobre los fieles, y la influencia decisiva que esta autoridad asegura á sus pretensiones, para que sea la más inconcebible esta abdicación del Estado. La libertad para la Iglesia es, pues, la libertad de ejercer completamente la soberanía sin el menor obstáculo de ningu-