Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 412

para el Sr. Cánovas del Castillo. Hubo de negarse el Sr. Elduayen á prestar en adelante su concurso á la política del Gobierno, ó en otro caso á dar una categórica respuesta, cuando en las columnas del periódico oficial aparecía más tarde un decreto relevándole si bien con la cancilleresca cláusula de quedar satisfecho de su celo, inteligencia y lealtad.

El acto llevado á cabo por el Gobierno en la personalidad del Sr. Elduayen, revistió desde luego toda su importancia, no solo por la trascendencia que pudiera tener una desagregación de ciertos elementos de origen liberal, si que también por el modo y forma con que se ha verificado el relevo de una autoridad civil dentro del periodo electoral. Excusado es que la prensa oficiosa del Gabinete intente, después de la inesperada resolución del Sr. Cánovas del Castillo, amenguar las grandes proporciones de un hecho que puede producir una disidencia, importante en calidad, al calor de los debates que sobre este punto se susciten en la próxima legislatura. Por de pronto la conducta del gobernador de Madrid y la medida del Gobierno han sido, durante muchos días, el tema de discusion en la prensa y en los círculos políticos de la capital.

Los periódicos ministeriales sostienen con tenaz porfía la legalidad del acto que ha tenido lugar, á propuesta del Consejo de ministros, fundándose en precedentes y en la existencia de la causa legítima que la ley vigente determina, mientras la prensa de oposición declara de todo punto impertinentes al asunto las destituciones de ciertos funcionarios hechas en otras épocas, y clama á voz en grito contra una medida que califica de arbitraria infracción del precepto legal. El art. 1.º de la ley de 16 de Diciembre de 1876 prescribe que las elecciones de ayuntamientos se ajusten á la ley electoral de 20 de Agosto de 1870, que establece á su vez en el caso cuarto del art. 171, no modificado por aquella, que comete delito de coacción electoral indirecta, «todo funcionario, desde ministro de la Corona inclusive, que haga... separaciones... de empleados, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la administracion... en el período desde la convocatoria hasta después de terminada la elección, siempre que tales actos no estén fundados en causa legítima y afecten de alguna manera á la sección, colegio, distrito, partido judicial ó provincia en donde la elección se verifique.»

Sería aventurado, solo por los rumores que se han difundido, formar cabal juicio de los motivos que tuviera el Gobierno de la nación para proponer á la Corona el relevo de la primera autoridad civil de Madrid, pero sean cuales fueren, es indiscutible que no ha existido la causa legítima á que se contrae el caso cuarto del art. 171 de la vigente ley, por cuanto el decreto publicado en la Gaceta declara terminantemente que dicho funcionario ha ejercido el cargo con celo, inteligencia y lealtad. Por otra parte, la causa legítima, en su acepción jurídica, para el presente caso, no se funda en el acto llevado á cabo por el Poder ni en la causa simplemente alegada; es preciso que un expediente la determine sin perjuicio de la inevitable acción de los tribunales; y serían de todo pun-