Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 413

to contradictorios esos procedimientos con la irresponsabilidad oficialmente declarada.

Prescindiendo de las numerosas consideraciones que en el orden legal pudiéramos aducir en demostración de la tesis que sustentamos, por que no lo consiente el reducido espacio de una revista, nos limitaremos simplemente á recordar que en la Gaceta de 4 de Enero de 1871 se publicó un decreto fechado el 1.º del mismo mes mandando proceder á la elección de diputados provinciales y que, con arreglo á lo preceptuado en su artículo 5.º, desde el día 11 al 21 del referido mes hicieran los gobernadores la convocatoria prevista por el artículo 100 de la ley electoral y 35 de la provincial de 20 de Agosto. Como acertadamente ha observado un periódico constitucional de esta corte: «No podía entonces hacerse la convocatoria por los gobernadores sino desde el 11 de Enero en adelante, y solo desde aquella fecha se contaba el periodo electoral para los efectos del párrafo 4.º del artículo 171; y esto es evidente y hasta rudimentario, pues el decreto mandaba tan solo proceder á la convocatoria, dictando al mismo tiempo las reglas á que la elección debía ajustarse. He aquí por qué los precedentes que han invocado los periódicos ministeriales son á todas luces de manifesta impertinencia. Los gobernadores que cesaron en 11 de Enero de 1871 no fueron separados de sus cargos dentro del periodo electoral, porque, aun suponiendo que la convocatoria se hiciese por las autoridades civiles de las respectivas provincias en el referido dia, sabido es que las leyes obligan desde el siguiente á la publicación. No puede tampoco admitirse como separación hecha dentro del periodo electoral, la llevada á cabo en el gobernador de las Baleares D. José Sánchez Tagle, antes de publicarse la convocatoria. Según el artículo 5.º del ya referido decreto, las elecciones de diputados provinciales debían verificarse en Barcelona ó Islas Baleares en los días 9, 10, 11 y 12 de Marzo, y las de ayuntamientos en los días 24, 25, 26 y 27 del mismo mes.

Queda, pues, perfectamente demostrado que ni los precedentes ni los fundamentos expuestos en las hojas de la prensa ministerial para conocer el relevo de un funcionario público en pleno uso de sus funciones y durante el periodo electoral justifican de ningún modo una medida adoptada contra el espíritu y letra de la ley. Es el gobernador civil de una provincia, por el cargo que desempeña, un importantísimo jefe de la administración y tiene á su alcance, en este concepto, medios poderosos de influencia y los resortes todos que pueden garantir el ejercicio de sagrados derechos ó bastardear la libre emisión del sufragio. Nada de extraño tiene que los periódicos órganos de las diversas fracciones que combaten la política del Gobierno, impulsados por un sentimiento de justicia y por el patriótico deseo de obtener por medios legales debida participación en las administraciones de los pueblos, hayan redoblado los ataques contra sus adversarios, declarando al gobierno reo del delito de coacción electoral, y, por consiguiente, incursos en la penalidad que el Código establece. De todos modos á las Cámaras incumbe dar