ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 114

nete alcanza, tener pleno conocimiento de los debates que en el Congreso se empeñaron sobre el dictámen de alzamiento de suspension de garantías, dando lugar áfrecuentes peripecias personales y áinteresantísimos discursos por parte de los más distinguidos oradores de la Cámara.

Terciaron en la discusión los señores marqués de la Vega de Armijo, marqués de Sardoml, Romero Ortiz, Castolar, Sagasta, Ullor y Candau, cuyas peroraciones fueron contestadas por los Sres. Romero Robledo, conde de Toreno, Calderón Collantes, Martín de Horrera y Canovas del Castillo; apoyando enmiendas ó torciendo en tan importante controversia para alusiones personales los Sres. Leon y Castillo, Ruta, Gonzalez Fiori, general Salamanca, conde de Llohragat, Zavala y otros. En defensa del dictámen bajaron también al palanque de la discusión el señor Vallarino y el Sr. Fernandez, quien á pesar de su escasa práctica en las luchas parlamentarias, demostró recomendables dotes de orador, por más que hubiera tomado la carga, harto difícil y pesada, de defender la política del Gobierno en un debate sostenido, con tanto calor y tanta elocuencia, por los más reputados leaders de la Cámara.

Constitutionales, centralistas, radicales y demócratas dirigieron de consumo los más certeros tiros contra el banco azul con el incansante afán de sepultar entre escombros y ruinas la desatentada política del Gobierno y minar de una vez el pedestal levantado por las mayorías al señor Presidente del Consejo de Ministros. Solo los del grupo intransigente de los moderados históricos, en cuyas filas militan los Sres. Moyano y Pidal y Mon, permanecieron impasibles, silenciosos y al parecer indiferentes á los rudos combates que á su presencia se trababan como si presintieran que su política y sus principios incubados en el banco azul y en los bancos de la mayoría hablan de bullir, al calor del debate, en los cerebros de la falange ministerial.

La promesa solemnemente formulada por el señor presidente del Consejo de Ministros en la memorable sesión del 16 de Julio fué en primer término objeto de los brillantes discursos pronunciados por los señores marqués de la Vega de Armijo, Leon y Castillo, Castelar y Sagasta. «El Gobierno, según afirmábamos en la Reseña de política interior publicada en 13 de Agosto último, lejos de establecer una mera hipótesis, como oficioso e inexactamente suponían los periódicos ministeriales, empeño formal palabra de mantener vigente la Constitución de 1870, suspendiendo las garantías por los medios que uno de sus artículos ofrece, no bien el Parlamento interrumpiera sus tareas.»
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 115

No se trataba entonces de un asunto de mera apreciación, ni de frases vertidas en el reducido ámbito de un gabinete ó al azar lanzadas en momentos de duda ó en revuelta confusión, no; se trataba simplemente de una promesa hecha en la calma y ante la majestad de un debate solemne, desvirtuada más tarde en mengua del sistema representativo.

Hé aquí las palabras, según el extracto de la Gaceta, vertidas por el señor presidente del Consejo de Ministros:

«El Gobierno hará una cosa más sencilla, y es que como no tiene necesidad ciertamente en tres ó cuatro días de usar de esta suspensión de garantías, de la cual se pasan meses sin hacer uso, cuando se cierran las Cortes el Gobierno empleará la autoridad que espera reconocerá el Sr. Sagasta que le da un artículo de la Constitución para suspender las garantías.»

Irritas fueron las palabras del Gobierno. El plazo terminó y la promesa quedó pendiente, á pesar de las ofertas que, como recordaba el señor marqués de la Vega de Armijo, se hicieron por el jefe más autorizado de las oposiciones, y que fueron descartadas. Todo fué inútil y cuenta que no podía menos el señor presidente del Consejo de Ministros de reconocer con su talento que lejos de tratarse de una cuestión de detalle, la Constitución en su espíritu y en su letra exigía que si las circunstancias del país fuesen tan graves que cuando no están reunidas las Cortes del reino sea necesario suspender las garantías de los ciudadanos, entonces podrá, por un decreto, hacerlo el Gobierno. No era posible pues, en manera alguna que el gabinete legitimara una dictadura, ni por los procedimientos anormales con prioridad aprovechados ni con intermitencias que el Código fundamental rechaza y condena.

Todas las teorías repetidamente expuestas durante el curso de los debates suscitados sobre la dictadura y alzamiento de la suspension de las garantías constitucionales, pueden sintetizarse en las descarnadas frases vertidas por el Sr. Romero Robledo en la sesión del día 27 de Diciembre último en la siguiente forma: «El Gobierno se ha visto en la necesidad de usar de las facultades extraordinarias, pero hoy que se puede vivir en el orden legal, venimos á pedir un bill de indemnidad, una amnistía para todos los Gobiernos que hayan faltado á las garantías que establecen todas las Constituciones que han regido este país.» Palabras que á la vez que reconocen la conciliación de las leyes fundamentales, presuponen, con visible inexactitud, que otros Gobiernos en análogas circunstancias emplearon iguales procedimientos.

Con grande elocuencia y contundente lógica manifestó ya el ora-
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 116

dor de la minoría Sr. Sagasta en qué situación ejerció la dictadura el partido constitucional: «Una Asamblea constituida en verdadera Convención suspendió las garantías, decía el elocuente líder de la izquierda. Un acto de fuerza disolvió aquella Asamblea; el poder que la sustituyó encontró la ley en suspenso, encendidas tres guerras civiles, desgarrada la Patria, perturbada la sociedad, los poderes públicos en el suelo; y entonces nosotros procuramos remediar todos estos males oponiendo la fuerza á la fuerza, el fuego al fuego, el hierro al hierro. ¿A qué ley faltamos ni á qué poder, si nada había quedado en pie?»

«No hay, pues, que tratar de la dictadura que ejercían en estas condiciones, como no se trató de la vuestra hasta que las Cortes fueron congregadas. Cuando llegan momentos de perturbación para la Patria es lícito apelar á los medios de la dictadura y de la fuerza.»

«En esa situación se ejerció la dictadura: el Gobierno al ejercerla tenía la sanción de la necesidad, y la historia guarda siempre veredictos absolutarios para los Gobiernos que salvan á la libertad y á la Patria de las grandes crisis que los pueblos atraviesan.»

«Nosotros estábamos en el poder por la fuerza, no simbolizábamos ninguna legalidad, no teníamos que dar cuenta de nuestros actos á ningún poder, ni responder de ellos más que ante la historia y ante Dios. Nosotros usamos de la dictadura, pero usamos de ella con prudencia hasta donde era necesario para combatir la demagogia en armas, para sofocar la guerra civil que ardía en la Península y en Cuba, para devolver la confianza á los que la habían perdido y para reconstituir esta sociedad, entonces disuelta. No pretendemos, pues, averiguar cómo habéis ejercido vosotros la dictadura: nos limitamos á examinar si habéis faltado á las leyes que vosotros mismos habéis hecho.»

Reducida la cuestión á sus naturales límites, é imposibilitado por completo el Gobierno de recurrir á comparaciones de todo punto imperitantes, viéronse los consejeros responsables, y la mayoría, en la lógica necesidad de sostener el debate colocándose en el terreno oportunamente designado por el Sr. Sagasta. La obra levantada por los diferentes miembros del Gabinete, á expensas de la supuesta conducta del partido constitucional, se hundió en el polvo, y desde entonces fué absolutamente indispensable debatir la legalidad ó ilegalidad de la dictadura ó suspensión de las garantías, el buen ó mal uso de las omnímodas facultades, y los efectos del alzamiento solicitado por el Gabinete que empuña las riendas del Estado; puntos concretos que fueron objeto preferente de los magníficos discursos pronunciados por los Sres. Sagasta, Castelar, y Romero Ortiz.
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 117

INTERIOR.

Iniciada tan importante cuestión por la fogosa y elocuente palabra del Sr. Leon y Castillo en el primer período de la legislatura, había quedado reducida á los términos impuestos por la proposición del Sr. Vallarino, contentiva solo de un voto de confianza; pero el debate adquirió todo el vuelo y la magnitud que el asunto requería al deponer el Gobierno al pie de la tribuna las discrecionales facultades, siquiera fuese de una manera aparente.

Los Sres. Cánovas del Castillo, Romero Robledo y los oradores de la mayoría, sostuvieron el debate defendiendo la dictadura del Gobierno, apoyándola en la ley de orden público de 1870 y en el famoso decreto de 5 de Enero de 1874, decreto que, como elocuentemente observaba el señor Sagasta, ha tenido la fortuna de escapar á todas las tormentas que han agitado el mar proceloso de la política y ha sabido sobrevivir á una república, á una monarquía, á dos Constituciones y á dos dinastías.

No puede invocarse, dentro de un criterio legal, la ley de orden público de 1870 para cohonestar la conducta observada por el Gabinete, pues lejos de tratarse de una ley común de ejercicio permanente, se trata de una medida legislativa para circunstancias extraordinarias que ofrece reglas á las autoridades, y sólo para mientras estén suspendidas las garantías; de suerte que esa ley de orden público no puede regir mientras viva el decreto de suspension. Y como quiera que el referido decreto, derogado por otras administraciones no ha existido nunca, y el artículo 7.º de la ley de orden público declara que ésta no abraza los casos de guerra extranjera, ni de guerra civil formalmente declarada, venía el Gobierno impedido por completo de utilizar la dictadura por los procedimientos empleados, ó en otro caso, á declararse incursos en las más incontenibles violaciones de la ley fundamental, incapacitándose para la gobernación del Estado.

No tienen réplica las observaciones del Sr. Sagasta que nos apresuramos á trascribir íntegras. Decía este distinguido hombre público: ¿Cómo había de existir el decreto de 5 de Enero si se refiere á la Constitución de 1869 á sus artículos y según vosotros la Constitución estaba 'derogada'? ¿Cómo había de quedar en vigor la consecuencia si el antecedente no lo estaba? ¡Y aunque se admitiese el absurdo de que muerta una Constitución pudiera sobrevivir el decreto que á ella se refiere, ¿podría continuar rigiendo después de promulgada la Constitución de 1876? ¿Cómo había de servir para otra Constitución que tiene distinto articulado? Eso sería tanto como suponer la existencia de dos Constituciones, y entonces la de 1869, no solo no
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 118

habría estado derogada como habéis dicho, antes de hacerse la de 1876, sino que no lo hubiera estado aun después de promulgada esta.

A nuestro juicio, y procediendo con toda imparcialidad, no pudo el señor presidente del Consejo de Ministros sostenerse á la altura en que generalmente se coloca durante los debates parlamentarios y prueba manifiesta de ello fué escusar la discusión sobre las oportunas trasgresiones indicadas por el Sr. Sagasta, relegando tan importante asunto á la palabra del Sr. Vallarino, perdida entre las marcadas muestras de impaciencia de los diputados y de las tribunas, ávidas de presenciar el rudo combate empeñado entre el Sr. Sagasta y Cánovas del Castillo.

Ya el Sr. Castelar, con un discurso elocuente, como todos los que salen de la brillante imaginación de esa gloria de la tribuna española, había demostrado en primer término los vejámenes de que actualmente es víctima la prensa periódica y las contradicciones en que incurian los tribunales como consecuencia de múltiples leyes y medidas gubernativas que, sin obedecer á sistema alguno, proclamaban el más fatal empirismo. Con oportunidad digna de aplauso recordaba el orador democrata que los recursos arbitrarios utilizados por el Gabinete, no habían sido patrimonio de otros Gobiernos investidos de facultades más legítimas, aunque por desgracia tan inspiradas palabras fueron acogidas con murmullos de la mayoría; triste termómetro que con exactitud demuestra cómo se oyen en nuestra Patria los axiomaticos principios que constituyen la esencia de las naciones libres.

En vano después del señor Castelar se levantaba el señor Romero Ortiz para dejar oír su palabra, tan solemne como severa y magestuosa. La Cámara popular y el numeroso público que se hacinaba en las tribunas, escuchaba la brillante peroración del ilustre orador constitucional con interés creciente y religioso silencio. Poco menos que imposible sería reseñar con exactitud ó fidelidad los múltiples razonamientos que contra la dictadura ejercida por el actual Gobierno vertieron los autorizados labios del señor Romero Ortiz, como fuera temeraria empresa dar á conocer, describir ó detallar los contundentes cargos, los brillantes períodos, las innumerables bellezas y los proféticos conceptos, ricos esmaltes de una peroración modelo de elocuencia parlamentaria. Recorlando las frases de Lamartine, decía el orador de la izquierda, con la vista fija en el banco azul: Caminais entre ruinas humeantes todavía y no creéis en la existencia de los volcanes.

Y con efecto, no pueden los Gobiernos, sino con grave peligro de re-
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 119

producir catástrofes de triste recordanza, abarcar todas las representaciones y asumir todos los poderes en épocas normales, por más que se alardee proclamando en el desdichado derrotero de la incontinencia una confianza como garantía, el adecuimiento como título y la permanencia como aspiración. Los pueblos no se acostumbran fácilmente á la arbitrariedad erigida en sistema, durante la normalidad de los tiempos y á la sombra de una forma de gobierno de carácter estable, en mengua de las públicas libertades y con divorcio de instituciones elevadísimas.

De una manera diáfana é inconcesa ha demostrado el Sr. Romero Ortiz que el alzamiento de la suspensión de las garantías es una mistificación. La dictadura levantada á espesura de incontrovertibles transgresiones legales seguirá como hasta aquí, gracias al decreto de imprenta y las leyes vigentes restrictivas de los derechos de asociación y reunión. Y no se diga que los preceptos constitucionales de diversas Constituciones españolas han dejado de cumplirse en materia de imprenta, de codificación civil y de unidad constitucional, porque si bien es cierto que así ha sucedido, es necesario tener en cuenta que los legisladores de 1837, 1845, 1856 y 1868 redactaron ciertos artículos que no podían tener aplicación inmediata, con el propósito de que nuestras Cámaras, en un período más ó menos breve, llevaran á la práctica teorías y principios cuyo planteadimiento venía ya reclamado por la opinión pública. La libertad de imprenta, la necesidad de un Código civil para todos los españoles y la abolición de los fueros en las Provincias Vascas, han sido ya proclamadas de una manera solemne por nuestras Cortes, y no es lícito siquiera utilizar como argumento las contradicciones en que han incurrido los partidos políticos ó la intencionada negligencia de los Gobiernos, para originar un sistema el antagonismo entre los preceptos constitucionales y los decretos y las leyes orgánicas. Preceptúese en buen hora la unidad de los Códigos, mientras comisiones sabias y estudiosas procuren que sea una verdad el artículo constitucional dentro de un espacio mayor ó menor de tiempo; pero no se sostenga en modo alguno un decreto de imprenta como protesta de la libertad del pensamiento consignada en el Código del Estado; ni con sistemas contemplativos, en mengua de la unidad constitucional, se mantenga la irritante desigualdad y la oligarquía de los fueros, con peligro de que un día arda de nuevo la tiza de la guerra civil, y sea completamente estéril la sangre, tantas veces derramada, de nuestros valientes soldados.
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 12

verment, al regir los destinos de un pueblo, tiene el deber de atender y tomar en cuenta todas esas aspiraciones de que son órganos los partidos; pero subordinándolas al principio ó criterio de la parcialidad de que procede, y cuya representación le ha llevado al poder. Es decir, que el problema tiene solución, si se atiende á la distinta actitud que corresponde guardar á un partido en la oposición y en el poder; en aquella, por lo mismo que es eco de una aspiración determinada, de una tendencia exclusiva, no le toca hacer otra cosa que mantener siempre vivo en la sociedad su sentido parcial en frente de los que mantienen los demás partidos; mientras que cuando sube al poder, lleva al mismo tiempo la representación de la parte y la del todo, esto es, la de su partido y la del país, y entonces, por lo mismo, tiene el estricto deber de atender y tomar en cuenta las soluciones de todas las parcialidades, para que de este modo sea lo que lleve á cabo una obra verdaderamente social, puesto que en ella se reflejarán los varios sentidos que se entrecruzan á través de la sociedad; estando obligado, por otra parte, como hemos dicho más arriba, á subordinar todos esos diversos criterios al que la sociedad ha venido á reconocer como más justo y conveniente en aquel momento, puesto que ha concedido el poder al partido que lo representa y mantiene. De aquí la necesidad de dar siempre representación á las minorías en toda organización del Estado, que aspire á ser racional y justa, y de aquí tambien el único modo de evitar las consecuencias á que conduce el principio de las mayorías presentado con frecuencia por sus adversarios como fuente inevitable de la tiranía.

II

Una vez examinado el concepto del partido político, veamos los que pueden formarse en el seno de las sociedades, procurando clasificarlos. A este fin no es posible partir de otra base que de la naturaleza misma de aquellos y de su misión, por lo cual no podemos aceptar la adoptada por Stahl, quien al considerar como los dos fundamentales el de la legitimidad y el de la revolución, parte de una base que es histórica y no racional; así como, no por este motivo y sí por ser inexacta, rechazamos la de Rhomer, patrocinada por Bluntschli, puesto que refiriendo estos escritores los partidos polí-
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 120

Hé aquí por qué abrumado el Gobierno de S. M. por los gravísimos cargos que le dirigían los señores Sagasta y Romero Ortiz en la importante cuestión de las garantías constitucionales, se vió preciso a emprender la retirada, procurando, con los esfuerzos del presidente del Consejo de ministros, suscitar otros debates del todo agenes á las premisas que se discutían. Con su acostumbrada habilidad parlamentaria hizo el Sr. Cánovas del Castillo una larga excursión histórica, ocupándose con más erudición que fortuna de la evolución política e intelectual llevada á cabo por el Sr. Castelar, y de la conducta observada por otras agrupaciones antas del 31 de Diciembre de 1874. Ni las miradas retrospectivas, casi siempre infructuosas para el país, ni las académicas disertaciones del Sr. Cánovas del Castillo dieron resultado alguno. Las oposiciones ciferon sus sienes con la corona del vencedor.

La estrella que lanzaba sus vividos destellos sobre la frente del señor presidente del Consejo de Ministros se había eclipsado; y perdido el Gobierno entre las sombras del oscuro dédalo de una política desatentada, buscó en vano un rayo de luz en la admisión de cuatro partidos políticos y en la insostenible teoría de la omnipotencia del Parlamento con el Rey. No se ocultó á la profunda penetración del Sr. Cánovas del Castillo la imperiosa necesidad en que se encontraba el Gobierno de resolver de una manera concreta el difícil problema de los partidos legales e ilegales, tan elocuente y lógicamente combatida por el señor marqués de Sardoa; y la instabilidad de cubrir, aparentemente siquiera, la serie interminable de as violaciones constitucionales con los bills de indemnidad de las mayorías.

Los señores conde de Toreno y Fernández, inspirándose en las palabras vertidas en otros debates por el Consejero presidente y el señor ministro de la Gobernación, ofrecieron como clave de la ilegalidad de los partidos los principios ó actos contrarios á la Constitución del Estado; absurda teoría que condena al ostracismo á todos los grupos que, acatando la legalidad vigente, aspiran dentro de las corrientes progresivas de la humanidad á mejorar sin violentas sacudidas los preceptos de las leyes fundamentales ó de medidas legislativas de carácter transitorio; pero comprendiendo la peligrosa extensión de semejante teoría, opuso, el Sr. Cánovas del Castillo, á los indestructibles razonamientos de los señores Castelar y Sardoa la idea del Estado y los dos artículos del Código penal de 1870, relativos á los delitos que se cometen contra la forma de gobierno establecida por la Constitución. De todos modos, manifestóse el señor
Revista de España (1877-01-01 00:00:00), página 121

presidente del Consejo, estrechado por la discusion, en visible discordancia con las ideas vertidas sobre este punto desde el banco azul y los bancos de la mayoría; y ni siquiera puede admitirse la disciplina mantenida por el Estado, sin agrupar elementos alrededor de un sistema político y legal, como no puede aceptarse tampoco la ilegalidad de los partidos como consecuencia de textos penales que, dentro de las transitorias lucubraciones de una ciencia cuya perfectibilidad dista mucho de ser absoluta, se concretan á la imposición de castigos relativamente necesarios al mantenimiento de las instituciones.

El Gobierno, en suma, según la declarada afirmacion del Sr. Cánovas del Castillo, reconoce ya explícitamente que todos los partidos son legales cuando acatan las leyes vigentes y no será extraño que, dado el primer paso, desaparezca por completo de las elevadas regiones del poder una teoría á todas luces insostenible ya que si bien por una parte se sostiene, como aportada de Alemania, la teoría de los cuatro partidos, por otro lado se reconoce á la fracción del señor marqués de Sartolo con justo título á la existencia política y á la vida legal; contradiccion manifiesta en que ha incurrido el Gobierno, pero susceptible de fácil enmienda, si la consabida teoría se suple con la de cinco partidos ya que sin la agrupacion de los radicales militan en el dilatado campo de la politica, sin protesta gubernamental, los grupos respectivamente acaudillados por los Sres. Sagasta, Cánovas, Moyano y Alonso Martinez.

Los importantes debates, rudamente sostenidos por las oposiciones en la Cámara popular, terminaron con una discusion academica, pero no de menos interés y trascendencia. El distinguido hombre público de la minoria constitucional, Sr. Ulloa, tan competente como versado en los difíciles estudios del derecho constitucional europeo rechazó de una manera elocuente la tesis mantenida por el Sr. Cánovas del Castillo, relativa á la omnipotencia del Parlamento con el Rey.

Pretendía el señor presidente del Consejo de Ministros dar en nuestro suelo carta de naturaleza á la teoría vulgarmente expresada en Inglaterra con las siguientes palabras: El Rey con el Parlamento pueden hacerlo todo, menos de un hombre una mujer y de una mujer un hombre, citando en apoyo de la referida afirmacion los textos de dos comentaristas, Blackstone y Fischel.

Como acertadamente observó el Sr. Ulloa, no estuvo muy afortunado el Sr. Cánovas del Castillo ni en las citas ni en los medios para ejercer una dictadura permanente al abrigo de los bills de indemnidad. No puede