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libres bajo un nombre colectivo de toda responsabilidad moral y de honor, y censuran todos, lo que no han aprobado más que á medias: es la debilidad y desprecio del poder público, su completa impotencia. Y las comisiones ejecutivas, nacidas del seno de las Asambleas legislativas, añaden á estos inconvenientes, el no pequeño de escudarse con ellas en sus actos de arbitrariedad y despotismo; considerándose como verdaderos mandatarios suyos, sin responsabilidad ninguna; es, en una palabra, el sistema que consagra la arbitrariedad ministerial en nombre del poder legislativo y como consecuencia de la falsa y sucesiva aplicación del dogma de la soberanía del pueblo.

No hay para qué recordar tampoco la funesta mistificación del sistema doctrinario de la monarquía constitucional, rechazado ya por cuantos de veras aman la libertad y el régimen monárquico-representativo. Esta teoría no solo hace consistir la garantía de la libertad constitucional en el pretendido equilibrio de los poderes públicos, asegurando á cada uno de ellos una resistencia igual á la acción de los demás, y suscitando rivalidades y luchas entre ellos, tan funestas al orden como á la libertad. Además, humilla al trono, negándole toda superioridad política sobre los demás poderes, y antronia de hecho la omnipotencia de la Cámara popular y mesocrática, en la cual vincula la soberanía. Y sin embargo, es indispensable no la desunión y el antagonismo de los poderes públicos, sino su cooperación armónica hacia un mismo fin, la unidad suprema de los esfuerzos y la reunión de las fuerzas sociales para un objeto elevado y patriótico; ni es racional la inmovilidad que produciría la decantada combinación mecánica del equilibrio; porque la acción del poder público es la primera necesidad del orden social.

Este sistema doctrinario, consecuente con su espíritu político, ha consagrado la máxima constitucional de que el Rey reina y no gobierna. Pero este principio, entendido doctrinariamente, es la sanción humillante de la incapacidad hereditaria de la monarquía, la desconfianza permanente contra el Trono, y es el resultado natural de copiar indiscretamente las formas históricas de instituciones extranjeras, en vez de comprender su verdadero espíritu filosófico y trasladarlas con cordura, modificando sus formas externas. La Inglaterra es, sin duda, un modelo de régimen constitucional en sus principios fundamentales y organización esencial; pero más que
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monarquía constitucional es de hecho una república aristocrática y constitucional. Un Rey de Inglaterra se contenta con encargar á un individuo del Parlamento que forme él, bajo su responsabilidad, el Gabinete, y este ministro es desde entonces dueño absoluto de los negocios públicos, sin mezclarse para nada el Rey en el gobierno del Estado. Este primer Ministro viene á ser un rey electivo, ó mejor un presidente de la república, de duración más ó menos corta en el poder é incierto el término; y que lleva el pensamiento del Gobierno, al cual han de cooperar sin la menor resistencia y contradicciónd los demás ministros. Pero la escuela doctrinaria, al plantear este mecanismo político en Francia, sin una inteligente, severa y liberal aristocracia, sin espíritu constitucional y costumbres públicas, y sin respeto á la libre y detenida formación de la opinión pública y á sus decisiones soberanas; convirtió la monarquía constitucional en un gobierno puramente parlamentario, en una oligarquía mesocrática y soberana, sin patria, ni Gobierno, ni trono, ni libertad.

Ni ha tenido tampoco en este sistema el poder ministerial la unidad personal, absolutamente necesaria aun en el poder ejecutivo, y que hace imprescindible la creación de la verdadera presidencia del Consejo de ministros; ni siquiera el carácter tradicional y de gobierno, siempre necesario, sino que á merced de una Cámara mesocrática, engreída con el poder y producto siempre de las ambiciones é intrigas de los partidos políticos, jamás ha podido fijar ni consolidar ningún sistema de gobernación en el Estado.

Es preciso no confundir también el parlamentarismo con el gobierno representativo, haciendo consistir éste exclusivamente en el régimen parlamentario y su apología. No hay más que recordar las diferentes formas de gobierno y dejar bien sentado que la influencia predominante de un solo elemento político y un solo interés legítimo, pero exclusivo, determina la forma simple de gobierno, así como la mista ó compuesta es el resultado de la acción colectiva de dos ó más elementos políticos y de varios intereses sociales. Además, si lo es, como debe, de todos los elementos políticos e intereses legítimos que existen en el seno de todas las sociedades y de los que crea el desarrollo histórico y estado positivo en que se encuentra el país, se llama verdaderamente gobierno representativo. Pero no hay que olvidar, que por filosófico y racional que sea este mecanismo
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político, la fuerza moral y la solidez de esta forma de gobierno están en razón de la homogeneidad que existe entre la constitución del Poder Supremo y de los poderes públicos, y en la esencia y el principio filosófico de este gobierno y el valor práctico que tengan sus elementos políticos en el país, en cuyas dos bases fundamentales descansa esta admirable y verdadera forma de la libertad moderna.

Por lo demás, la omnipotencia del Estado y de la ley, la omnipotencia parlamentaria, la llamada centralización administrativa, son otros tantos dogmas políticos de la funesta escuela doctrinaria. De ella no hay que esperar el respeto á las instituciones fundamentales de la patria, que hacia inviolables la antigua monarquía, y cuya solemne revisión sólo consiente en Cortes Constituyentes la escuela liberal; ni moralidad y pureza en la administración, que convierte la centralización en un inmenso bazar de favores ministeriales, destinos públicos, subvenciones, privilegios, concesiones de empresas y negocios, con qué premiar á los representantes que sostienen al ministerio, y el brillante éxito, vanidoso ó lucrativo, de su palabra en la tribuna; ni energía e iniciativa en la actividad individual y local, en medio de la acumulación de atribuciones en las manos del poder y de recursos financieros, con que satisfacer todas estas pretensiones generales que erigen el gobierno en una gran explotación, codiciada por todos los partidos en su provecho; ni progreso moral y adopción sucesiva de economías y mejoras sociales, cuando solo se piensa en acreditar las doctrinas más convenientes para perpetuarse en el poder, en pervertir el sentimiento público, extraviar la opinión e inculcar ideas falsas y equivocadas sobre la misma naturaleza y legitimidad del gobierno y sus verdaderas atribuciones, y sobre las nociones de la justicia y del derecho y los principios esenciales de la libertad. Este sistema de corrupción general que entroniza el poder autocrático e irresponsable de los ministros, escudados con el monarca ó el Parlamento, es el desprecio de la monarquía y la mistificación y perversión de la libertad.

IV

Establecida la necesidad de la unidad en el Poder Supremo, no es su Constitución y la forma política lo que importa más, sino la naturaleza de sus prerrogativas y la extensión de sus esenciales
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atribuciones. La incertidumbre de estas paraliza su ejercicio y la accion del Poder Supremo, tan necesarias en situaciones politicas, graves y dificiles, para salvar la patria y la libertad.

No es el Poder Supremo un gobierno personal del monarca ó presidente, ni el simple mandatario de un gobierno parlamentario. Nada más exacto que la máxima constitucional, el rey reina y no gobierna, ó lo que es lo mismo, el presidente preside y no gobierna; fórmulas ambas que pueden comprenderse en una bien generica. El poder supremo dirige, pero no gobierna.

Pero olvidando la explicacion puramente histórica de la máxima monárquico-constitucional, dése la verdadera inteligencia filosofica y racional á este principio constitucional, y entendiéndole bien, no sirva como he dicho, mistificándole, para anular el poder ó desnaturalizarle y que no pueda llenar la alta mision que le está confiada. El gobierno personal es incompatible con el régimen representativo; es el absolutismo de la voluntad del jefe del Estado, inconciliable con la significacion soberana de la razon nacional. Pero tampoco es el mandatario del Parlamento y su constante representante, porque no es el Parlamento el soberano, sino la nación, y esta confiscacion de la representacion nacional seria, no pocas veces, una verdadera usurpacion. Los Cuerpos legislativos tienen todo su valor como cuerpos deliberantes, y en este concepto son una garantia de la libertad; pero no como gobernantes, porque pueden significar tan solo opiniones apasionadas y forzosas de los partidos politicos, y no los intereses elevados y patrióticos del pais, que debe representar el gobierno. El principio mas esencial de la libertad es el respeto á las opiniones independientes de todos, á la libre manifestacion de toda convicion sincera y honrada, á la defensa de todos los derechos y de todos los intereses legítimos, para que se forme libremente la opinion pública, se ilustre suficientemente, y llegando á ser asfrentamente la razon publica, se reconozca su legitima autoridad soberana. Por eso el poder supremo, poder esencialmente moderador y de alta direccion politica, debe elegir libremente los ministros, aun fuera de la mayoria parlamentaria, llamando á los hombres que crea representan mejor los intereses publicos. Y en el pueblo primogénito de la libertad, para separar completamente la politica de la administracion, ó mejor dicho, para asegurar eficazmente la independencia de los
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dos poderes administrativo y judicial, se declaran incompatibles las funciones de ministros con el cargo de representante del país. De este modo en los Estados Unidos se moraliza la administración y se libra el gobierno de las oposiciones sistemáticas e interesadas del Parlamento, de las cábala ambiciosas de los partidos políticos y se limita el Parlamento á su principal misión de fiscalización legal de los actos del poder y de la ilustración completa e imparcial de la opinión pública sobre las más graves cuestiones políticas. Por lo demás, lo mismo en la monarquía constitucional que en la república, el poder supremo se halla personificado en un hombre y representado por el nombre glorioso de una dinastía y quizá también por la ilustración personal del monarca ó por la alta significación política y nombre nacional de un presidente. Y así también se personifica necesariamente la política americana en los nombres célebres de Washington, de Jefferson, de Jackson, lo mismo que la política de Inglaterra en los ilustres nombres de Pitt, de Cunning y de Sir Robert Peel.

En mi opinión, como ya he dicho, el objeto del Poder Supremo debe ser el de contener á cada uno de los demás poderes del Estado en sus límites constitucionales y conservar su armonía política; cuidando severamente de la observancia de la Constitución y de realizar en todos sus actos las verdaderas inspiraciones de la razón nacional, de la cual debe ser la primera y más alta personificación constitucional. Pero por esto mismo, considerado el trono en la monarquía constitucional como el símbolo de todos los recuerdos históricos, de las generaciones pasadas y de todas las antiguas glorias de la patria; debe considerarse también como la más legítima esperanza de los progresos futuros de la libertad y de la grandeza y altos destinos de la nación. Y no debe disputársele sus esenciales prerrogativas y libre ejercicio, olvidando las ofensivas y poco meditadas precauciones que ha inspirado la desconfianza en varias naciones por haberles arrancado á la fuerza la libertad; porque harto han debido aprender que la más firme garantía de la duración de las dinastías son las simpatías de los pueblos. Por grandes que hayan aparecido Luis XIV y Napoleón, más grande es aun la responsabilidad de sus faltas y desastres políticos ante la historia, y este elocuente ejemplo debe servir de lección á los reyes en sus locas tentativas, y á los pueblos en sus funestas abdicaciones.
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DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

Así, el libre ejercicio de las prerrogativas reales en la monarquía constitucional y sin más norte que la conciencia pública y el sentimiento nacional, no pocas veces harto divorciados del Parlamento mismo, es la doctrina verdaderamente constitucional y que ha proclamado en nuestro país con gran profundidad política y previsión, el ilustre publicista y elocuente orador D. Fernando León y Castillo. En mi concepto, en el régimen constitucional, sea el monarca ó el presidente de la república, la situación que ocupan con arreglo á la teoría que he procurado exponer con toda claridad es la de un hombre ilustrado y moderado con iniciativa política y acción constitucional, y no la pasiva de un poder impotente ó comprometida de un hombre de partido. No es el rival peligroso de los demás poderes públicos, sino que colocado á una gran altura sobre estos, y sobre todos los partidos, es en esta esfera superior y especial el moderador constitucional de los poderes públicos y confía el gobierno á los hombres y sistemas que creen más conformes con la razón nacional, que juzga más tarde, y definitivamente estos actos políticos por medio del sufragio electoral; es el piloto, puede decirse, que con arreglo á la dirección señalada por el capitán al buque, observa el tiempo y evita los escollos sin imprimir dirección, ninguna ulterior, ni mandar la tripulación. Con efecto, ejerciendo su inspección y poder moderador, evita los peligros del abuso de cualquiera de los poderes públicos, reduciéndolos á la impotencia y exigiendo de todos ellos el respeto á la Constitución, á la soberanía del sufragio nacional, á la conciencia pública; no piensa en engrandecer su autoridad, haciéndola peligrosa para la libertad, sino en acrecer su autoridad moral y su prestigio, identificándose con los intereses generales y verdaderos del país, y procurando ser su más digno intérprete y leal representante en los conflictos constitucionales, entre los poderes públicos, ó entre estos y el país. El problema de la organización del poder supremo es harto difícil siempre, bajo cualquiera de las dos formas de gobierno, monarquía ó república que se adopte, y cualquiera que en esta última, sea también el sistema de los dos que principalmente pueden seguirse. Pero de todos modos, ningún sistema como el anteriormente expuesto, se concilia mejor con el principio de la unidad y división de las funciones del poder público; ninguno asegura mejor la decisión determinada y meditada, tranquila y normal de la razón pública, verdade-
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interés de clase y no en los principios universales del derecho.

En cuanto á la clasificación de los partidos en constitutivos y políticos, muéstrase que no es esencial esta distinción en el hecho de no existir en algunos países, que son, sin embargo, un modelo por lo pacífico, lo ordenado y progresivo de su vida política, al mismo tiempo que por la organización que en ellos tienen los partidos y el influjo incontrastable que ejercen. Allí no se conoce la división de las leyes en fundamentales y ordinarias (1), admitida en los pueblos neo-latino, ni hay tampoco una Constitución ó Código fundamental en que se consagren los derechos de los ciudadanos y las bases de la organización del Estado, sino que éstas y aquellos están consignados en una serie de estatutos y costumbres que sucesivamente van formándose, resultando así que en Inglaterra puede decirse que el período constituyente nunca se cierra. En todo caso, lo más que puede suceder es, que cuando se trata de constituir un país en la forma en que suele hacerse en los neo-latinos, los partidos se acercan para procurar que se consignen en la Constitución principios que les sean comunes; pero sin que deje por esto de ser este movimiento de las parcialidades políticas un accidente y no un hecho con carácter de permanencia.

Por último, por lo que hace á los partidos de gobierno y de oposición, haremos notar tan sólo que esta distinción nace de circunstancias transitorias que no cambian la esencia ni el fin de los partidos políticos. Es verdad que si, prescindiendo de lo que debe ser, atendemos á lo que pasa en la realidad, quizá encontramos que no deja de tener trascendencia la posición respectiva que con relación al poder ocupan aquellos, como lo muestra el hecho de perder la organización que tenía el llamado á regir en primer término la vida del Estado, sustituyéndola con otra, cuyo centro de acción es el Gobierno mismo; resultando de aquí que éste, encontrándose á un tiempo al frente de la nación y al frente de su partido, cae en la tentación de utilizar en provecho de éste los medios y las facultades que se han puesto en sus manos para bien de aquella, de donde se origina el torcimiento sistemático de la justicia, el cual lleva consigo el desprestigio de las instituciones y poderes oficiales del

(1) Aunque de hecho, claro está que la Carta-Magna y la declaración de derechos, por ejemplo, alcanzan muy otro valor que un estatuto cualquiera.
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ra soberana en el régimen constitucional; ninguna que ofrezca mayores garantías contra la anarquía parlamentaria, la dictadura ministerial, ó el despotismo mismo en el trono. Esta teoría constitucional, evitando los golpes de Estado y las revoluciones, es la egida de todo verdadero gobierno y del orden público, y el escudo inquebrantable de la libertad.

V

En resumen: el Estado, como cuerpo político, es uno, y el poder público que le representa, uno también; pero se subdivide bajo el aspecto de su ejercicio ó funciones, que, aunque todas forman parte del gobierno, exigen distintas cualidades, y deben tener diversa organización y una existencia, en cierto modo, aparte e independiente. Es imposible, estudiando la verdadera naturaleza del poder público, no reconocer estas distintas funciones como necesarias para su ejercicio, y que justifican esta división, que descansa filosóficamente en la naturaleza misma de las cosas. Cualquiera que sea en verdad la idea que se forme del poder, deben distinguirse siempre en él estas diversas funciones para la mejor gobernación del Estado.

Además es incontestable, en buena doctrina liberal, que la división de los poderes es la base del sistema constitucional, y que la confusión de éstos es la más funesta para su verdadero espíritu político. Por eso con inteligente provision cuidó la Constitución del '91 en Francia de consignar terminantemente el principio de que la separación de los poderes públicos es la primera condición de un gobierno libre, y aunque algunas Constituciones modernas no establezcan ninguna disposición especial y expresa sobre este punto, contienen siempre virtualmente este precepto fundamental en que descansa el sistema representativo. Pero la verdad es que es incompleta esta división, si conforme con este fundamento esencial de la Constitución, de la separación de los poderes públicos entre diferentes autoridades encargadas de ejercerlos como funciones que son enteramente distintas unas de otras, no trata separadamente del Rey ó presidente de la república, según sea la forma adoptada del régimen constitucional, de las Cortes, de los ministros y de la administración de justicia; respetando la separación de estos elevadas
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instituciones, y conservando el principio de la respectiva independencia y armonía de los tres poderes legislativo, administrativo y judicial, y sujecion en los conflictos constitucionales á la decision soberana del Poder Supremo, que es siempre en estos casos la más alta expresion de la soberanía nacional constituida.

Inmensa es la distancia que separa la verdadera soberanía política ó poder constituyente, del poder constituido ó Gobierno establecido, consagrándose en todo país regularizado el mayor respeto á las leyes fundamentales de la patria, lo mismo en las antiguas monarquías que en las repúblicas modernas, y que evita pueda proclamarse la teoría doctrinaria, tan absurda é imprevisora, de la confusion de la soberanía con el poder público, tan favorable á la tiranía como á la anarquía y á la revolucion. Pero necesario es tambien asegurar la unidad del poder público para salvarle de la debilidad y de la impotencia; y afirmar sus restricciones constitucionales y garantías de la division de los poderes, para salvar al mismo tiempo la libertad de la patria. Por lo demás, la organización de cada poder es aquella que es más conforme con la índole especial de sus funciones y naturaleza de sus atribuciones. El Poder Supremo, gobierna solo por la Constitucion y únicamente en virtud de sus preceptos, puede exigir la debida obediencia en sus actos constitucionales, esto es, en los actos privativos de su suprema jurisdiccion. Y esta se reduce á inspeccionar los límites de los demás poderes para contenerlos en su esfera propia y constitucional, y no tiene verdaderamente sobre ellos más que un derecho necesario de inspeccion, de alta direccion constitucional en el Estado.

En todo gobierno donde el ejercicio del poder está dividido entre varias instituciones, importa mucho que cada una de estas tenga una esfera de autoridad claramente circunscrita, y que cada una de ellas no pueda invadir la de las otras; pues esta division de los poderes es una de las garantías más importantes de la libertad política y lo que distingue esencialmente los gobiernos constitucionales, donde las leyes fijan los derechos y deberes de las autoridades y de todos los ciudadanos, de los gobiernos arbitrarios, donde todo depende de la voluntad de un cuerpo ó de un individuo que ejerce el poder público. Pero la division del poder crea naturalmente cierta rivalidad entre las instituciones establecidas, y es necesario im-