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Revista de España (1876-03-01 00:00:00), página 145

EL SELF-GOVERNMENT

Y

LA MONARQUÍA DOCTRINARIA

LAS CONSTITUCIONES IRREFORMABLES

Uno de los errores de que, según hemos visto, procede la clasificación de los partidos en legales e ilegales, es el que consiste en declarar la Constitución irreformable, haciendo por lo mismo imposible su revisión, cosa que el célebre Sieyes apellidaba ridícula, y que Laboulaye considera como la mayor de las locuras constitucionales. Bien merece, por tanto, este punto una consideración especial.

I

Como los partidarios y defensores de la Monarquía doctrinaria, haciendo, según costumbre, una amalgama extraña de principios, aspiran á componer arbitrariamente el de la soberanía de la nación con el de legitimidad, el derecho hereditario con el popular, la estabilidad del antiguo régimen con el movimiento y vida del nuevo, han caído en el error de dar un carácter dogmático á la Constitución del Estado, ya por estimar bases esenciales e indiscutibles de la sociedad las que forman su contenido, ya por considerarla como un pacto irrevocable entre el rey y el pueblo, ya finalmente, por creer que el orden pide nada menos que el reconocimiento por parte de los ciudadanos, no ya de la autoridad, sino de la bondad, justicia y conveniencia de los principios en ella consignados.
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Así que no es extraño, si se atiende principalmente á uno de estos motivos, encontrar formulado con rigor, y hasta con crudeza, el principio de esta doctrina en J. J. Rousseau. «Hay, por tanto, una profesion de fé puramente civil, cuyos artículos toca fijar al soberano, no precisamente como dogmas religiosos, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano, ni súbdito leal. No se puede obligar á nadie á creerlos, pero sí desterrar del Estado al que no los crea; y puede desterrársele, no como impío, pero sí como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes y la justicia y de inmolar, si fuese necesario, la vida al deber. Y si alguno, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como si no los creyera, castiguesele con la muerte; pues ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido en presencia de las leyes» (1). Casi con estos mismos términos y razonamientos defienden hoy ciertos conservadores el respeto debido á la legalidad, tal como ellos lo entienden.

Y lo más extraño del caso es que nada influya en su ánimo, tan cerrado al influjo de las ideas como abierto al de los hechos, el singularísimo de que casi todos los pueblos civilizados han consignado en sus Constituciones el principio de la revisión de las mismas; Austria (2), Bélgica (3), Suiza (4), Alemania (5), Rusia (6), Baden (7), Baviera (8), Holanda (9), Suecia (10), Noruega (11), Dinamarca (12), Portugal (13), Grecia (14), Ruma-

(1) Contrat social, I, IV, c. VIII. Forma notable contraste esta doctrina con la enérgica reivindicación de la libertad de pensamiento, que encierran estas palabras de Espinosa: idem enim violentissime sequatur, ubi opiniones, quæ uniuscuiusque juris sunt, quo nemo cedere possit, pro eximine habentur. Tractatus theologia-politice, cap. XVIII.
(2) La Constitución de Austria la forman las leyes fundamentales de 1867.
(3) Artículo 131 de la Constitución.
(4) Artículos III, 112, 113, 114.
(5) Constitución de la Confederación del Norte, art. 67; Constitución del Imperio, artículo 78.
(6) Artículos 107, 118.
(7) Artículo 64.
(8) Título X, art. 7.º
(9) Artículo 196.
(10) Párs. 53, 81, 82.
(11) Pár. 112.
(12) Título X, art. 93.
(13) Artículo 130 y siguientes.
(14) Artículo 107.
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Constituciones, puesto que sólo este estudio puede darnos luz para resolver la cuestion. Bien es verdad, que para ello habremos de exponer algunos principios, y aunque estos sean tan llanos y sencillos que no traspasen los límites de la sana razon, ni los del comun sentir de todos cuantos comulgan en las ideas que constituyen la civilizacion moderna, no dejarán nuestros adversarios de ver en lo que digamos, toda una filosofia especulativa y trascendental de sabor germánico. Se pretende producir efecto entre determinadas gentes presentando ciertas ideas políticas en solidaria union con las tendencias mostradas recientemente en el orden religioso, metafísico y social, para que vayan envueltas en la misma condenacion las unas que las otras. Y sin embargo, todo el mundo sabe, por ejemplo, que Mr. Renan ha concluido por ensalzar la Edad Media y por proponer una especie de reconstitucion de la aristocracia; que Strauss, en su última obra, truena contra el sufragio universal y el cuarto estado y defiende una especie de despotismo; y que Hegel decía: «la personalidad del Estado sólo es real como persona en el Monarca... éste no tiene más que decir sí, y poner sobre la i el punto,» de donde se deduce que importa siempre, y mucho más en los tiempos presentes, cuando se ventila un punto concreto, hacerse cargo tan sólo de los principios que se exponen con tal motivo, y no establecer con ligereza y precipitacion la solidaridad de aquellos con todos los de esta ó aquella escuela ó tendencia, para alcanzar un triunfo efímero, que sí puede convenir á transitorios y mezquinos intereses de partido, daña seguramente á los sagrados y permanentes de la verdad.

II

El término constitucion tiene una aplicacion general, en cuanto nos servimos de ella para demostrar el modo como está organizado un ser individual ó social, espiritual ó natural. De aquí que con relacion á los pueblos pueda entenderse este vocablo de muy distintas maneras. La sociedad, considerada en general, tiene una Constitucion natural, que es comun á todos los paises, y otra propia y peculiar en cada uno de estos; como sociedad jurídica, tiene, dentro de la total, otra formada por las reglas que presiden á su vida en esta esfera; y como sociedad política tiene, subordinadamente á la anterior, una tercera Constitucion, que se refiere tan ólo á la organización y funciones del poder.

Importa distinguir estas tres Constituciones, porque el confundirlas arguye igual confusion respecto de los distintos órdenes á que hacen rela-
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cion. Así, si no distinguimos debidamente la sociedad del Estado, esto es, la sociedad que comprende todos los organismos destinados al cultivo y prosecución de los varios fines de la actividad, y la que atiende tan sólo á la realización del derecho, incurriremos en el error de hacer entrar las bases y reglas de toda la vida social en el molde de la Constitución jurídica, despojando, por lo mismo, á aquellas del carácter de libertad que deben mantener, para revestirlas del de necesidad, propia de las reglas del derecho. Un pueblo tiene, como solemos decir, una fisonomía, un modo de ser, una Constitución interna, que se revela en todo cuanto hace y que informa su vida religiosa, científica, económica, moral, etc., dándole un carácter propio, dentro siempre de las condiciones comunes á toda sociedad humana. Claro es que lejos de ser indiferentes á esta Constitución social las bases de la jurídica, puede ésta facilitar ó estorbar el libre desarrollo de aquella. Según que, por ejemplo, el Estado ampare ó niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más ó menos su peculiar genialidad en este orden, y podrá hasta darse el caso de que se aboque casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos. Pero aún cuando el derecho dé las condiciones necesarias para el desenvolvimiento de la vida social, ésta se determina por sí y reviste un carácter propio en virtud de una actividad que es independiente de la del Estado. Así, á través de todas las vicisitudes políticas por que ha pasado Inglaterra, ha conservado, con relación á la ciencia en sus más elevadas cuestiones, una tendencia, cuya permanencia muestra su condición de constitucional; basta recordar qué este país es la patria de Bacon, Locke, Hobbes, Hume, Bentham, Stuart Mill y Herbert Spencer. Consecuencia de no distinguir debidamente el orden social, que es el todo, del orden jurídico, que es la parte, es la tendencia á absorber aquel en este, y por lo mismo á consignar en la Constitución del Estado las reglas que han de presidir á la vida toda, lo cual favorecen, de un lado, las tradiciones del antiguo régimen, y de otro, ciertos sistemas filosóficos, como el de Hegel, por ejemplo, que llegan á considerar como único contenido de la historia la vida del Estado (1).

Respecto al orden jurídico y al político, si por una parte direcciones científicas predominantes no há mucho, y hoy todavía vivas, aspiran á desligarlos, como si el derecho político no fuera una rama del derecho, de

(1) Véase el excelente libro de Flint: The Philosophy of History in France and Germany.
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taba mucho menos severa que por los cruceros de la Inglaterra, la opinión pública inglesa no creía hubiese otro medio eficaz de represión que el pactado. Hace notar un escritor que si la situación hubiera sido inversa, si el gabinete de Londres hubiera declarado al de París que se negaba á ratificar el tratado, la emoción más viva se hubiera apoderado del pueblo francés, siendo dudoso que el gobierno hubiese llevado su condescendencia hasta no hacer ver que le hería semejante proceder. Y sin embargo después de haber diferido largo tiempo la ratificación, pasó á declarar que tampoco accedía á introducir modificaciones en el tratado de 1841, que deseaba uno nuevo basado en otros principios. Mientras esto se debatía entre los dos ministerios, cada Parlamento discutía apasionadamente la cuestión; mas al cabo de cuatro años el 20 de Marzo 1845 se ajustaba el nuevo tratado sin que se pareciera en nada á los anteriores: el derecho de visita dejaba de ser recíproco; cada nación registraria sus buques; las dos podrían cerciorarse de la verdadera nacionalidad con arreglo á los principios del derecho de gentes; el número de buques cruceros había de ser igual en cada marina. La oposición francesa se veía obligada á no votar en contra del tratado, saltándole grandeza de ánimo para votar en pró de tan feliz transacción en asunto que había servido para los más bulliciosos arranques de patriotismo declamador. Bien es cierto que pretendió era aquel tratado su propio triunfo y la derrota del gabinete, dado que éste se contentaba con los antiguos convenios, y gracias á ella se había negociado en mucho mejores condiciones. Oír el deseo de la opinión general; lograr lo que ella pide contra la opinión no menos general de otro gran pueblo, no podrá pasar nunca por acto de mal gobierno.

La cuestión de Oriente, la de Taiti, la de Marruecos, la del derecho de visita, habían sido zanjadas en un periodo de seis años sin que se alterase el paz entre Inglaterra y Francia, con reciprocas concesiones, si se atiende imparcialmente á los hechos y con arreglo al principio fundamental de no elevar cuestiones particulares á cuestiones generales, cuestiones diarias inevitables, dadas la extensión y complicación de los intereses ingleses y franceses en el orbe entero, á cuestiones superiores, que se declaraba eran sólo dos, el orden europeo y la paz, y sustituyéndose para ello el espíritu de desconfianza con una inteligencia cordial, l'entente cordiale. Así la política del poder, como la proclamada por la oposición, tenían su más alta expresión en las siguientes consideraciones de Berryer, Lamartine y Guizot. Había dicho el primero de estos grandes oradores, juzgando la solución de Oriente: «Se pretende que hay otros peligros además de los que son
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dicos fundamentales que desenvuelven luego los Códigos y las leyes; el segundo, cuando se atiende tan sólo á la organización del poder que establecen, y que es la materia propia del derecho político. Sin embargo, generalmente son consideradas las Constituciones bajo el segundo de estos dos puntos de vista; y con razon, porque en ellas es lo principal lo relativo al poder, y lo accidental lo demás, como lo muestra el hecho de figurar unas esferas del derecho casi completas, como el relativo á la personalidad, otras apenas indicadas, como el de propiedad y el procesal, y algunas pasadas en silencio, como el de familia y el penal. Este es el hecho hoy, aunque, si consultamos á la razon, es de esperar que las Constituciones políticas tiendan á convertirse en verdaderos Códigos fundamentales (1).

De todos modos, siempre resulta que una Constitución comprende el conjunto de reglas que han de presidir á toda la vida jurídica ó á la política tan sólo de la sociedad. Ahora bien, ¿quién tiene autoridad y poder para declarar aquellas y hacerlas efectivas? O lo que es lo mismo, ¿quién tiene el poder supremo para hacer que el derecho reine en la sociedad? ¡Á quién toca ejercer en ésta la soberanía?

III.

Contestando á esta pregunta, dice con razon un escritor moderno, (2) que para resolver la dificultad, basta proponerse la misma cuestion respecto á un individuo. «En efecto, ¿á quién pertenece el derecho de arreglar los intereses de una persona determinada? A esta misma persona, ó á quien haya recibido de ella el encargo de representarla. Ahora bien, trátese de una sociedad comercial, de una familia, de un municipio, de todo un pueblo, el razonamiento es igual. Lo numeroso de los interesados puede complicar y hacer más difícil la ordenacion de sus intereses comunes, pero no es motivo para privarles de sus derechos. La nación, por tanto, y sólo ella, es

(1) En efecto, si tratándose de ciertas bases esenciales, se considera necesario y conveniente rodear su declaración y mantenimiento de excepcionales condiciones de solemnidad y de garantías especiales, es llano que cada pueblo debe aspirar á consignar en su Código fundamental los principios que han de regir su vida desarrollados en las leyes, no en esta ó aquella esfera de derecho, sino en todas ellas. ¡No es, por ejemplo, contradictorio, que una Constitución ponga empeño en garantizar todas las cualidades que constituyen la personalidad humana, y pueda luego un Código imponer penas infamantes?
(2) M. P. Pradier—Fodéré.—Principes générales de droit, de politique et de législation, cap. VIII.
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dueña de determinar la forma de su gobierno; no hace en esto otra cosa que encomendar á uno ó á muchos mandatarios la gestion de sus intereses (1). Toda fuerza, toda voluntad, debe, pues, emanar de las mismas sociedades.

En efecto, el principio es el mismo respecto de toda persona, sea individual ó social. Tenga este ó aquel carácter, siempre resultará que tiene que cumplir un fin sin perder su condicion de tal persona, y por tanto obrando de suyo y por sí, y no convirtiéndose en instrumento y medio para otra cosa, como sucede cuando no es ella misma la que rige su vida. ¿Es esto decir que la sociedad, considerada con relacion al derecho, ó sea el Estado, puede arbitrariamente determinar la direccion y contenido de su actividad, como por tantos y por tanto tiempo se ha pensado, al asentar como fuente de derecho y origen de poder la voluntad? En modo alguno; los principios que han de guiar y presidir á aquella son necesarios y consecuencia indeclinable de la naturaleza misma de la sociedad y del fin del Estado. Así, pues, á la manera que el individuo, no por ser libre, está facultado para obrar caprichosa y arbitrariamente, sino que debe obrar libremente lo que la conciencia le revela como bueno (2), de igual suerte la sociedad, que es soberana, no está autorizada á crear el derecho que cuadre á sus intereses, y si obligada á declarar el que estime debido en vista de los

(1) Parece escusado decir que no debe entenderse el término intereses, que repetidamente emplea el autor, en su exticto sentido.
(2) De aquí la cuestion de la libertad para el error y para el mal, tan debatida entre la escuela católica y la liberal, y que es insoluble en los términos en que suele plantearse. Lo que el Estado reconoce y garantiza al individuo es la libertad de obrar, para mantener así su condicion de persona; pero en el ejercicio de esa actividad ¿qué duda cabe que el hombre ante Dios y su conciencia sólo tiene derecho á dirigirla en el sentido del bien y de la verdad? El Estado no ampara y protege el hecho bueno ó malo que el ciudadano realice; y si tan sólo el derecho de éste á obrar por sí, dejando á su propia responsabilidad el modo que tenga de ejecutarlo. Ni más ni menos que el Estado, al garantizar al propietario la libre disposicion de sus bienes, no sanciona ni directa ni indirectamente el uso bueno ó malo que aquél haga de su derecho.

Por lo demás á todas las doctrinas liberales abstractas que se aisan del principio moral, puede recordarse con Ahrens (Estado de la ciencia política, III, pár. I) lo dicho por Goethe: "cuanto nos da libertad de espíritu, pero no imperio sobre nosotros mismos, es corruptor." Este mismo sentido revelan las siguientes frases de Ancillon: "sólo tiene un alma libre quien obedece siempre libremente á la ley de Dios; el que hace en verdad lo que quiere, pero que nunca quiere sino lo que debe, sólo éste merece y posee realmente la autonomía; solo de él puede decirse que se gobierna á sí mismo." (Del espíritu de las Constituciones políticas y de su influjo en la legislación. —La libertad.)
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eternos principios de justicia (1) y de las circunstancias históricas de cada momento (2).

Si se rechaza este principio, llamado con más ó menos propiedad soberanía nacional, y también soberanía del Estado, autarquía, self-government, y dado que es inescusable el reconocer un poder supremo en la sociedad, para la realización del derecho, ¿qué otro puede invocarse? ¿Acaso aquella supuesta superioridad innata en ciertos individuos y razas que condujo, como dice Rousseau, al emperador Galigula á pensar que los reyes son dioses y los hombres bestias? ¿Será la fuerza, que si, como dice Guizot (3), «ha manchado en su comienzo todos los poderes del mundo» no hay ninguno que se contente con haber nacido á su sombra, ni que deje de renegar de semejante origen? ¿Será la caduca doctrina del derecho divino de los reyes, que pretendió conferir á éstos el carácter absoluto y sagrado que corresponde tan sólo á la justicia y á la autoridad en su pura esencia? ¿Será la desconsoladora doctrina que exige nos prosternemos ante el poder de hecho, ya lo ejerza un monarca usurpador, ya lo eija una revolución triunfante? ¿Será el famoso pacto de J. J. Rousseau, doctrina que es astro que se pone en la esfera del pensamiento, pero que en la realidad todavía alumbra unas veces y abrasa otras á la sociedad contemporánea? (4) ¿Será el principio, que, partiendo del mismo error que el anterior, considera una constitución como un pacto entre la nación y el rey (5), como si fuera la arbitrariedad la base de la organización social, y como si aún existiendo semejante contrato, pudiera tener éste otro carácter que el de un mandato revocable? (6)

(1) "Porque si el poder de los reyes está limitado por los derechos imprescriptibles de los pueblos, el de los pueblos lo está á su vez por las leyes inmutables de la naturaleza." (Ortolan, Cours d'histoire du droit constitutionnel.)

"Así, debajo de la alta soberanía, que pertenece á las leyes naturales, y dentro de los límites que estas leyes asignan á la libertad humana, empieza otra soberanía, aquella cuyo ejercicio tienen las sociedades, y de la que derivan el derecho de obligar á sus individuos y de obligarse á sí mismas." Passy; - De las formas de gobierno y de las leyes por qué se rigen, cap. I.

(2) Más adelante diremos algo acerca de la composición de estos dos elementos, filosófico el uno y histórico el otro.

(3) Histoire de la civilisation en Europe, lec. III.

(4) La alumbra, cuando recuerda á los pueblos que su soberanía es origen de poder; y la abrasa, cuando les enseña, que es aquella fuente de derecho.

(5) Así como la monarquía legítima, patrimonial ó de derecho divino consideraba las Constituciones como concesiones, y de aquél el nombre de Cartas otorgadas, la monarquía doctrinaria las considera como pactos, y por esto Luis Felipe decía que aceptaba "el pacto de alianza que se le había propuesto."

(6) Por esto, Pradier-Fodéré, partiendo de este supuesto, dice: "Resulta que el
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IV.

Basta atender á lo expuesto sobre la naturaleza de las Constituciones y la del poder que las formula, para afirmar sin vacilacion que aquellas son por esencia reformables.

En efecto, si constituyen su contenido las reglas que han de presidir á la vida jurídica de un pueblo, ó cuando méños, á la política, es evidente que aquéllas han de cambiar, desenvolviéndose y trasformándose según lo demanden las nuevas exigencias y necesidades que traiga consigo el progreso de los tiempos. El derecho, en cuanto lo constituyen el conjunto de condiciones que son necesarias para que sea posible el cumplimiento del destino humano, es una forma que ha menester adaptarse al fondo de la vida social, á tal punto por si se rompe esta relacion, ya porque el derecho queda rezagado en el movimiento general con que caminan los demás órdenes de la actividad, ya porque se anticipa y adelanta con exceso, pretendiendo proteger y amparar una vida cuya existencia ni siquiera se anuncia, los pueblos restablecen la armonía, en el primer caso, apelando á la revolucion para recabar las nuevas condiciones jurídicas que necesitan; en el segundo, negando el indispensable asentimiento comun á las reformas prematuras, que de esta suerte mueren en medio de la indiferencia general. Es imposible, dice M. Serrigny, que una Constitucion politica continúe siendo siempre la misma y sin cambiar; los sucesos de la vida humana crean necesidades que exigen mejoras y trasformaciones en la organizacion de los poderes que rigen á las sociedades politicas (1).

No es ménos evidente la procedencia de la revision bajo el punto de vista del poder que dicta las Constituciones. «Poner restricciones á la revision de la Constitucion es aprisionar el porvenir, es usurpar la soberania, es dar esta á un pedazo de papel. Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar su Constitucion, porque se ha hecho para él. Que sea preciso consultarle, que deba obrarse legalmente, y que no sea posible al primer partido que se presente reformarla; todo esto es muy natural; pero colocar á un pueblo en tal situacion que cuando la mayoría del mismo desee modificar la Constitucion, se le muestra una hoja de papel, diciéndole: «no puedes,

(1) Traité du droit public des Français, t. I, p. 67.—Serrigny cita en su apoyo á Portalis, Dupin y de Broglie.