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estén muy lejos de serla propicias. La gran función social de la justicia ha sido, en todos tiempos, reconocida y ensalzada; y como importante garantía de su recta aplicación descúbrese el germen del Jurado en antiguas épocas, y desde los primeros momentos de la civilización moderna, generalizándose cada vez más en el corriente siglo.

Explicación poco satisfactoria tiene el hecho de que tanto hayan tardado en realizarse los más anhelados progresos en la justicia penal. Cuánto afán ha costado la desaparición de las absurdas e inhumanas inquisiciones por el tormento, del juicio secreto, las pruebas supersticiosas, la estimación forzada de las que arbitrariamente se tasaban, y tantos otros errores, y tantos otros abusos que llegaron á hacerse mirase con terror, nada saludable, á los tribunales, y con no leve mengua de la moralidad pública (1).

En esto, fué nuestra España una de las naciones rezagadas, y es hoy la que más dificultades encuentra al querer seguir el movimiento europeo; así nos lo demuestra lo que estamos presenciando respecto al juicio oral y público, y al del Jurado, para cuya suspensión indefinida pareció poca toda premura.

II

Principiando estaba á instalarse en cercanos países, el juicio por jurados, ya de antiguo arraigado en las costumbres y, como ahora suele decirse, en la Constitución interna de Inglaterra, cuando las Cortes de 1812 volvieron su mirada hacia esa institución que se ofrecía á su patriótico celo cual otras muchas de elevada trascendencia. La reforma de las leyes criminales, decían aquellos legisladores en el discurso preliminar al proyecto de Constitución, es sobre todo muy urgente... Dos grandes escollos son los que hacen peligrar la administración de justicia, según el orden establecido en nuestra jurisprudencia. Escollos que no es posible evitar del todo mientras las luces no se difundan, y en tanto que la libre discusión de las materias políticas no ponga á la nación en estado de comparar el sistema judicial de otras naciones con el que se observa en España. Los tribunales colegiados y perpetuidad de sus jueces, y la facultad que tienen éstos

(1) Al hablar de la justicia, decía Meléndez en una de sus anacréonticas,

En mentando esta diosa
Me estremezco cobarda.

Traduciendo mi al sentimiento general que producía en el pueblo,
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de calificar por sí mismos el hecho sobre que han de fallar, sujetan sin duda alguna á los que reclaman las leyes al duro trance de hallarse muchas veces á discreccion del tribunal. «La comision no se consideró por entonces en el caso de examinar á fondo tan delicado asunto convencida de que reformas de esta clase «han de ser el fruto de la meditacion, del exámen más prolijo y detenido, único medio de preparar la opinion pública para que reciba sin violencia las grandes innovaciones.» Pero al mismo tiempo creyó que la Constitucion «debía dejar abierta la puerta para que las Cortes sucesivas, aprovechándose de la experiencia, del adelantamiento que ha de ser consiguiente al progreso de las luces, pudieran hacer las mejoras que estimasen oportunas en el importantísimo punto de administrar justicia.» Hé aquí la primera aparicion de la idea del Jurado en nuestro horizonte político, y no puede en verdad desconocerse la mesura de aquellas Cortes, que con tan inteligente brio iniciaron una serie de grandes reformas, entre las que figuran con general aplauso las disposiciones del tit. 5º. de la Constitucion, modificando la organizacion de los tribunales, y dictando para la administracion de justicia reglas de notoria importancia. Conforme á ese ilustrado espíritu, y despues de una breve discusion, fué aprobado el articulo 307 que decia: «Si con el tiempo creyesen las Cortes que conviene haya distincion entre los jueces de hecho y de derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente.» La ilustracion no deja de avanzar, y sobre todo en pueblos que como el nuestro despiertan al sacudimiento de una guerra de libertad e independencia, y que además reciben y profundizan en el temor y en el silencio, la enseñanza que providencialmente se desprende de las lecciones de una reaccion desenfrenada.

Fué, pues, rubusteciéndose la opinion pública y ya permitia á un diputado (D. Marcial A. Lopez) proponer en la sesion de 21 de Julio de 1821 «que se estableciesen los jueces de hecho, fijándose el mismo tiempo las condiciones de propiedad y demás que hubieren de tener los individuos que se eligiesen para este cargo.» Antes de esto, en la legislatura de 1820, se había discutido la ley de imprenta, tocándose las principales cuestiones relativas al Jurado (1); y por fin en las sesiones de 28, 29 y 30 de Diciembre

(1) No queremos pasar en silencio la defensa del Jurado, que en la sesion extraordinaria de 26 de Setiembre de 1820 hizo el Sr. Martinez de la Rosa. «Se añade—decía entre otras razones—para impugnar nuestro dictamen, que faltaría ilustracion, que la comision no requiere otras circunstancias que la de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser mayor de 25 años: pero preguntaré á su señoría para el cargo primero de la nación, para ser diputado á Cortes, ¿se necesita más?.. La comision bien hubiese
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de 1821, con motivos del art. 104 del Código penal volvió á examinarse si procedía establecerse la distinción de jueces de hecho y de derecho, apro-bándolo así después de consultados los informes de audiencias, universidades, colegios de abogados, etc. (1). Entonces también se formó un proyecto de Código de procedimiento criminal, muy digno de consideración y honroso para sus autores, pero del cual apenas se ha tenido conocimiento en épocas posteriores, sin duda por haberse concebido en tiempo aciago que no le permitió pasar de la clase de proyecto. Establecianse en él los jurados de acusación y calificación, marcando detenidamente todas sus circunstancias y funciones en los títulos 3.º al 8.º de la segunda parte sobre el procedimiento en negocios graves.

La Constitución de 1837, supliendo el silencio del Estatuto Real, que hizo caso omiso de todo lo que el poder judicial podía referirse, no se atrevió más que á declarar en su art. 65 que «los juicios en materias criminales serían públicos en la forma que determinasen las leyes;» artículo que literalmente reprodujo en el 68 la Constitución de 1845, y en el 69 la que no pasó de votada por las Cortes de 1854 á 1856, si bien en el 75 consignó la oferta de que «las leyes determinarian la época y el modo en que hubiera de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos.» Ganando iba así terreno la opinión, lentamente elaborada, y no podía menos de fortalecerse, siquiera no fuese más que impulsada por el movimiento que llevaba esa clase de reformas á todos los países del continente europeo. De notar es que en medio de cierta desconfianza hacia el Jurado, se le admitió y vió funcionar, sin notables desaciertos, en una de las materias en que más expuesta era la parcialidad y más fácil el engaño; en los delitos que

querido que se necesitasen otras cualidades; no precisamente instrucción ni gran sabiduría, sino la calidad que se exige en Inglaterra, que es la de tener cierta renta anual... pero por las mismas razones que tuvo la Constitución para no exigir por ahora esa circunstancia á los diputados á Cortes, por la misma no se ha atrevido la comisión á proponerla como necesaria para los jurados.»

(1) El art. 101 decía: "En los casos en que la ley imponga al delito pena corporal ó no corporal, ó pecuniaria, de tiempo ó cantidad indeterminada, y haya fijado solamente el mínimo y el máximo, los jueces de hecho deberán, cuando declaren el delito, declarar también su grado. Lo mismo harán los jueces de derecho en las causas excepcionadas." Esto fué lo que motivó la discusión en la que se adujeron los informes de la Audiencia de Valladolid que echaba de menos la ilustración del pueblo, de la de Granada, que opinaba deber aguardarse á que la propiedad estuviese más dividida; de la Coruña, que quería limitar el Jurado á los delitos políticos; de la de Pamplona, que lo consideraba prematuro, y de varias Universidades y colegios de abogados, entre los cuales se distinguió el de Madrid en sentido favorable.
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por medio de la imprenta fuesen cometidos. En 1837 (ley de 10 de Octubre) se organizó un Jurado compuesto de contribuyentes, que subsistió á pesar del sistema represivo inaugurado por el decreto de 10 de Abril de 1844. Poco después, en 6 de Julio de 1845, fué ya suprimido por que el Gobierno creía no ser posible contener los abusos de la imprenta mientras que á aquella jurisdicción estuviese sometida. Volviósele á encomendar de nuevo en 1852 y por la ley de 21 de Diciembre de 1855; pero todo ello no pasó más que de un transitorio y combatido ensayo: sirvió, sin embargo para que se conservase viva y fuese madurando la idea que al fin—después de casi medio siglo de estudios y preparaciones—se aplicó por el artículo 93 de la Constitución de 1869 «á todos los delitos políticos, y á los comunes que determinase la ley.» requisito que llenó la orgánica del poder judicial (15 de Noviembre de 1870) definiendo en su artículo 276 núm. 2.º, corresponder al Jurado solamente las causas por delitos á que las leyes señalaran penas superiores á las de presidio mayor en cualquiera de sus grados, y sin distinción de penalidad las de lesa majestad, rebelión y sedición (1). Esta brevíssima reseña de nuestras disposiciones legislativas no sirve sólo para marcar las vicisitudes que en diversas épocas ha experimentado, sino que además evidencia no haberse procedido de ligero y sobre cosa nueva ó no preparada al establecer lo que desde 1812 venía meditándose.

No era de esperar, sin embargo que reforma tan importante, y cuya aparición con la de otras no menos graves coincidia; dejase de suscitar apasionadas críticas y censuras. Los hábitos y antiguas prácticas de que con dificultad logramos desprendernos; los resabios de escuela, que no menos tenazmente se arraigan en los ánimos; los intereses de clases que acaso los creyeran mermados con semejantes innovaciones; lo cómodo y aún acomodaticio que eran el secreto é irresponsabilidad del juicio en sus añejas formas; cierto movimiento de disgusto en la gente letrada, que pudo creer rebajada su importancia al partir con gente lega las altas funciones de la justicia, y más que nada el ciego espíritu de animadversión política; todo esto hacía presentir que no sin fuertes luchas había de afirmarse el Jurado en el campo de nuestras instituciones judiciales. Bien lo comprendió el Gobierno y así lo declaraba en la notable circular que á los presidentes de las Audiencias dirigió al publicar-

(1) La ley de enjuiciamiento criminal de 22 de Diciembre de 1872 trató este punto más detalladamente en los arts. 661, 662 y 663. Consultada la estadística criminal se comprende que la jurisdicción del Jurado no alcanzaba á un número exhorbitante de causas, ni excederían mucho de mil en tiempos normales.
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xionar si eran en sus odios además de españoles instrumentos de rivalidades ajenas. Los nombres de Aston y Bresson pesan hoy por igual sobre quienes se inspiran en la dignidad de la patria posponiendo mezquinas dominaciones de bandería, y aún después de tantos años no puede leerse sin pena el despacho de lord Aberdeen á lord Cowley de 24 de Julio de 1843 (en los días mismos de la caída del regente). Iniciando para lo sucesivo, aunque sin fruto, una inteligencia de las dos grandes potencias occidentales, encaminada á calmar las pasiones de nuestros partidos y á devolver un poco de tranquilidad á un país desgraciado, era una confesión poco disimulada de que la desunión de Francia é Inglaterra entraba por mucho en las desdichas españolas de aquellos tiempos. Insistió el estadista inglés en su idea cuando el partido español en que más influía había sido vencido, y escribió el 12 de Diciembre de 1843: «los ministros ingleses y franceses se han dedicado demasiado á equilibrarse y estorbarse recíprocamente; es hora de que esta especie de antagonismo cese, porque ha perjudicado mucho á España y á nosotros nos ha servido muy poco. Es verdad que los dos gobiernos son bastante poderosos para causar la ruina de España, pero es necesaria la cordial cooperación de Inglaterra y Francia para su prosperidad.» ¡Ojalá habiendo cesado al fin el antagonismo anglo-francés en nuestra patria hubiesen cesado nuestras desdichas! ¡Ojalá pudiera afirmarse que no era cierto en aquel tiempo, que hoy es del todo falso lo que está escrito en la correspondencia diplomática! «La envidia, la ambición y la venganza son los principales móviles de los hombres que figuran aquí en la escena política. No hago excepción para ningún partido: odiarse, satisfacerse y vengarse, es todo su horizonte... ¡Qué hombres! ¡Cómo entienden el amor al trono y al país! ¡Qué mucho se dejaran inspirar por plenipotenciarios astutos partidos tan ciegos y funestos! El partido progresista en su mala voluntad á Francia había llegado hasta negarse á que el regente recibiera las credenciales del embajador conde de Salvandy en presencia del monarca menor de edad, en lo que revelaba carencia de espíritu verdaderamente monárquico, á pesar de su entonces sincero y caluroso entusiasmo por la reina, y carencia de conocimientos diplomáticos. El embajador francés se retiró á su país, y lord Aberdeen mismo más experto ó menos apasionado que mister Aston, declaró contraria á los precedentes la conducta del gabinete progresista. Ahora en cambio, el nuevo embajador francés conde Bresson lo era todo, porque el partido moderado estaba en ciega admiración del rey Luis Felipe y de Mr. Guizot. Consolidado el mando de los moderados, esta admiración les hizo cometer las
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se la ley de Enjuiciamiento, y ordenar la convocacion de los tribunales del Jurado. «Grande es—decia—la mision que vienen á desempeñar los ciudadanos á quienes corresponda ejercer las funciones de jueces de hecho, y cabalmente en exagerar las dificultades de semejante cargo, en suponer á la generalidad del pueblo español privada de las condiciones que exige, en augurar con cierto fatalismo pesimista, errores en los veredictos y presentir la impunidad de los crímenes, es en lo que han de cifrar seguramente sus argumentos de oposicion los adversarios del Jurado. Infundado agravio irroga con ello á nuestro pueblo, que lejos de hallarse en peores condiciones que otros en que dicha institucion existe, conserva tradicionalmente costumbres favorables á ese género de funciones; porque en efecto, un pueblo en cuyos antiguos fueros tantas veces se encuentra la idea cardinal del Jurado; que hasta nuestros dias lo ha conservado en algunas provincias si bien en pequeña escala; cuyos ayuntamientos en su antigua organizacion desempeñaron tambien funciones judiciales, y que en todos tiempos, incluso los del más intranquilo absolutismo ha sabido administrar sus intereses municipales y de comunidad, no puede ser acusado de que entra escaso de educacion, á apreciar hechos tan sensibles como los que forman la atribucion de Jurado. Poco impulso se necesita por tanto para que esta institucion se realice y se afiance, y los que han de ser jueces de derecho contribuirán poderosamente á ello con su enseñanza, con su ejemplo y con su vigilancia para resolver desde el primer momento las dificultades que aparezcan.»

¿Justificó estos temores la experiencia?.. apenas se ha dejado tiempo al Jurado para que la práctica hiciese conocer sus méritos ó sus defectos ya en lo esencial del mismo, ya en sus accidentes. Como todo lo que de nuevo se plantea nada extraño era que tropezase con dificultades, hijas de su propia novedad, y de la inesperiencia de los que en su organizacion y funciones intervenian; pero esas dificultades por sí mismas y sin mucho esfuerzo hubiera ido desapareciendo, y tambien con ellas habriase acallado el rumor adverso, y no siempre de sincera fe, que por de pronto se levantare, más con tendencia de guerra de partidos que de concienzuda discusion jurídica. Lo cierto es que el Jurado funcionó en siete trimestres conociendo de unas 1.500 causas, y que muy pocos y en lo general nada bien fundados fueron los cargos que á la rectitud de sus fallos se dirigieron.
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III

De creer es, porque así sucede con toda clase de instituciones en los primeros momentos de su práctica, que la experiencia, al mismo tiempo de denunciar los vicios, hubiera enseñado los medios de prevenirlas ó de corregirlas. Conveniente era, por tanto, proceder con detenimiento, y sin imitar la misma impaciencia para suprimir que para establecer la reforma se imputaba á los autores de ella. No eran tan insuperables las dificultades ni tan marcados los daños y conflictos, que obligasen á un brusco rompimiento, ni hiciesen absolutamente precisa la medida de suspension, dictada tal vez algo abusivo y con deseo de convertir en permanente lo que como suspensivo empezaba anunciándose.

Esta prudente marcha se proponía, sin duda, seguir un ministro de Gracia y Justicia, altamente reputado como jurisconsulto, cuando no mucho después de haber empezado los tribunales del Jurado su ejercicio, acordó abrir una información dirigida á obtener «el más exacto conocimiento del resultado que en la práctica fuera ofreciendo la ley del enjuiciamiento criminal, especialmente en lo tocante á la importantísima novedad del juicio público ante jurado.» Digno en la forma, y procurando encubrir el concepto, que su autor hubiera preconcebido, era el preámbulo del interrogatorio dirigido á los presidentes de las Audiencias en 22 de Junio de 1874, en el cual encargábáseles no olvidar «que los vicios y defectos de lo presente agobian de ordinario con gran pesadumbre, haciendo perder muchas veces la memoria de lo pasado, quizá no más perfecto y satisfactorio.» «La conciencia pública (continuaba diciéndoles) acertada ó equivocadamente, no siempre quedó satisfecha, en el antiguo procedimiento, de la acción de la justicia, ni de su éxito en el descubrimiento de los delitos y castigo de los criminales.»

Parécenos que la experiencia de un año, y de un año de planteamiento tenía que ser escasa para suministrar datos completos, y apreciar las consecuencias de ello; parécenos también, que la información debía haberse ampliado á oír más dictámenes que los de las Audiencias; y parécenos por fin, que el interrogatorio no abarcaba todas, ni acaso las más importantes cuestiones relacionadas con la ley de enjuiciamiento, lanzándose de prisa á las dos últimas preguntas referentes á la necesidad de reformar la ley ó derogarla en lo que toca al Jurado, y sobre la posibilidad de que el juicio
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público continuase sin que la administracion de justicia sufriera graves entorpecimientos con la actual organización de los tribunales.

¿Se evacuaron los informes de las quince Audiencias? ¿En qué sentido lo fueron? ¿A qué solución se inclinaban? Hé ahí lo que todavía no ha llegado á conocimiento del público. No sirvió eso de obstáculo para que tres días después de restablecida la monarquía, en 3 de Enero de, 1875 decretase el ministerio regencia la suspension del Jurado y del juicio oral y público, como si fuese su continuación un peligro inminente para la paz y afianzamiento de las instituciones. El preámbulo que precedía al decreto no llena el objeto de justificar tan apresurada medida. ¿En que se fundó para no considerar posible la continuación en el trimestre que entonces daba principio? Del expediente, nos dice, resultaban los cargos siguientes:—
«Que la ausencia de los magistrados, que iban á presidir el Jurado, dejaba en las Audiencias un vacío imposible de llenar, y originaba considerable retraso en el despacho de los negocios:—Que el ser juez de hecho se miraba, no como honrosa función pública, sino como pesada carga, de la cual procuraban librarse cuantos tenían escusa legal, y otros preferían verse procesados:—Y que cada día se aumentaba la dificultad de conseguir que compareciesen los jurados y testigos.»—A algunos millones—decía—ascienden las dietas devengadas por los expresados funcionarios de las carreras judicial y fiscal; miles de causas se siguen contra Jurados por injustificadas faltas de asistencia; gran número de procesos están detenidos por no haberse podido constituir el tribunal de hecho; en muchos de ellos hay reos que están sufriendo indebidamente la privación de la libertad durante esta prolongación del proceso cuando acaso sean al fin declarados inocentes; y la forzosa ausencia de los magistrados tiene paralizada la sustanciación de millares de juicios, criminales también en su mayor parte. El análisis y contestación de estos argumentos vendrá á ser la mejor defensa de lo mismo que con ellos condenaba.

IV

Si documentos oficiales comprobaban, con datos irrecusables los indicados hechos, nada más natural y oportuno que el dar les publicidad. Tratándose de asunto tan grave, como son todos los que afectan á la buena administración de justicia, no debía ciertamente escusarse una diligencia que al paso de ilustrar la opinión pública, rectificase también la que sospechara haber influido las tendencias de partido más que otro género de con-
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sideraciones. Obrar de distinta manera, limitándose á simples afirmativas que por respetables que sean, atendida la autorizada fuente de que emanan, no son indiscutibles, es sistema mal avenido con lo que tiene algun derecho á exigir la opinión pública.

Poco á propósito han sido las circunstancias que el país ha atravesado para fijarse en cosas alejadas de las lides políticas, pero no de consecuencias méños importantes y duraderas. A pesar de eso, ocupáronse algunos periódicos, y La Prensa (núm. 1.256 de 1.º de Julio 1875), recordando la calidad de los informes pedidos á la alta magistratura, decía lo siguiente: «¿Sería mucho exigir que esos informes se hiciesen públicos? Poco costaría llenar con ellos algunas columnas de la Gaceta, que para asuntos méños importantes sirven con frecuencia. La opinión de corporaciones tan competentes no podría ménos de ejercer grande influjo en el público, que tendría además un medio de apreciar la ilustración de los tribunales superiores. Si aún esto pareciese demasiado, nos contentaríamos con un resumen de los aludidos informes, en que constase los que fuesen adversos y los favorables al Jurado, y las reformas ó enmiendas que propusieran.» También echaba de ménos otro dato al par que curioso instructivo; el del número de causas vistas; con expresión de las condenas y absoluciones, y de los casos de desconformidad con la sección de magistrados, así como también los recursos de casación que se entablasesen y la resolución del tribunal Supremo en aquellos en que mediasen disidencias entre los jueces de hecho y de derecho.

De lamentar es que á nada de esto se haya atendido, dificultando el estudio á que darían lugar los reclamados datos, y tanto más lo sentimos, cuando que, según hemos oído, los informes de las Audiencias era casi en su totalidad, favorables á la continuación del jurado, salvas algunas modificaciones.

Una observación conviene dejar desde luego consignada, y es la de que ya en los argumentos oficiales no se empleaba el manoseado de la ignorancia de los jurados, sus graves errores, su lenidad en los juicios, la impunidad consiguiente á ella, y el aumento de la criminalidad. Esto que vulgarmente tanto se ha repetido, no ha tenido confirmación en los hechos, sino que por el contrario el Jurado dió con sus fallos un solemne desengaño á los que esperaban ejemplos escandalosos de parcialidad y de ignorancia. Habrá incurrido en algunos errores; nada tendrá de admirable, pero en esto no saldría mejor librado el antiguo procedimiento, del que no siempre quedó satisfecha la conciencia pública, como decía el Sr. Alonso Martínez. Impu-