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lamente la izquierda, sino tambien los conservadores tomaron parte en aquellos debates, declarando la Cámara unánime, que descansaba en el gobierno para el cumplimiento de las leyes del Estado. Acudió el Nuncio á quejarse amargamente al rey de aquella discusion y voto, y Luis Felipe contestó: «Me doy por muy satisfecho de lo sucedido. Lo que llamais una derrota es un triunfo, gracias á las faltas del clero y de vuestra corte. ¿Sabeis lo que vendrá si continuais por ese camino? Volveréis á ver saqueadas más de una iglesia y más de un arzobispado. Dicenme que un arzobispo ha anunciado que recibirá á los jesuitas en su palacio si se les cierra su casa. Pues por ese arzobispado renacerán los motines. Lo sentiré tanto más cuanto que será un gran mal para mi gobierno.» Y el Nuncio turbado cambió de tono y avisó á Roma cuál era la actitud del gobierno de Paris. Presentó Rossi un Memorandum escrito con tanta moderacion como firmeza: «Al dirigirse á la corte de Roma pidiéndole prevenga con su intervencion las medidas del poder civil, el gobierno del rey tiene el convencimiento fuímo de que presta un servicio señalado á la Iglesia en general, al clero francés en particular. La dispersion de los jesuitas por la autoridad de la Santa Sede calmará los ánimos, la causa del clero quedará separada de la causa de los jesuitas, todas las cuestiones volverán á su estado natural, las relaciones de la Iglesia y el Estado serán fáciles de nuevo, y la Francia agradecida tendrá plena confianza en la sabiduría, prudencia y moderacion de la Santa Sede... Si el concurso benévolo del soberano Pontífice faltase al Rey en esta ocasion tan apremiante y grave, las leyes del Estado tendrían su curso libre y completo. Los prefectos y fiscales recibirían orden de ejecutarlas. El ruido sería grande, las imprudencias posibles, y el gobierno, comprometido en un camino que hubiera querido evitar, se vería obligado á proveer á todas las necesidades de la situacion, porque tiene derechos sagrados que defender, y ha de proteger muchos más intereses que los de algunas congregaciones, que después de todo no constituyen el clero, la Iglesia, el catolicismo... Importa insistir en un punto: permitir que un error de la opinion pública en Francia, confundiendo la causa de la Iglesia con la de los jesuitas, reuna bajo una misma bandera al clero y esta compañía, sería causar á la religión el mayor daño que haya sufrido desde los malos dias de la revolución. La buena armonía é intimidad entre la Francia y la Santa Sede, los sentimientos afectuosos de que constantemente se ha manifestado animado el Soberano Pontífice hacia la Francia y el Rey, el espíritu de prudencia y conciliación con que el Padre Santo aprecia los asuntos, son
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garantias de que su augusta concursa no faltará al Rey en una circuns-
tancia en que se trata de conciliar los derechos y los deberes del poder
civil con los del poder espiritual y de armonizar las necesidades moder-
adas de la política con los verdaderos intereses de la religión.» El Papa
retrocedía ante la responsabilidad que sobre él echaba el gobierno francés:
dispersar él mismo una congregación importante de la Iglesia, le parecía
conceder demasiado. Rossi indicó que iba á convertir el Memorandum en
Nota Oficial. Cejó la corte de Roma, é insinuó que en vez de proceder por
una órden procedería por un consejo dado á la Compañía de Jesús. El he-
cho de la dispersion era lo que interesaba á la Francia, según declaró
Rossi, y en efecto retiró el Memorandum mismo, si bien dejó huella es-
crita de las negociaciones, y el Monitor publicó provocando un grande
aplauso del país, esta concisa nota: «El gobierno del Rey ha recibido noti-
cias de Roma. La negociacion de que estaba encargado Mr. Rossi, ha
alcanzado su fin. La congregacion de los jesuitas cesará de existir en
Francia, y va á dispersarse por sí misma. Sus casas serán cerradas y sus
noviciados disueltos.» A la verdad, los jesuitas poco satisfechos del Papa,
ejecutaban lo convenido todo lo lentamente que les era posible. El gober-
no no les negó los plazos razonables, pero estaba decidido á no tolerarles
indefinidamente, y día por día se cerraban las casas y establecimientos de
la Compañía.

Desembarazado de tan grave incidente debió apresurarse el gobierno á
resolver la cuestion de la enseñanza, pero siguió en su sistema de dilacio-
nes. La monarquía mesocrática no tuvo suficiente altura de miras para
comprender así la justicia intrínseca, que asistía en esta ocasión á la Iglesia
como la oportunidad de hacer resaltar á los ojos de espectadores imparcia-
les, á los ojos de muchos de los que tomaban parte en aquellas agitaciones
siendo sinceros en su amor á la libertad, cuando no á los ojos de la misma
Iglesia, la superioridad para ella del estado legal creado en 1830, y que
aquellas protecciones oficiales, aquellos privilegios que tan caro le habían
costado durante la restauración, eran reemplazados con ventaja por el de-
recho común, por la libertad sincera, por el régimen vigente practicado á
su favor no méños que á favor de clases y de ideas anti-teocráticas. Que
los herederos inconscientes del jacobinismo, que los adoradores de la libe-
rtaad, celosos hasta no querer que de ella disfruten quienes no sean sus ami-
gos, que los que de liberales tienen poco y de revolucionarios mucho, repro-
dujeran ante una demanda de libertad común, general y recíproca aquel vo-
cabulario que ante pretensiones de dominación era explicable, aunque no muy
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elevado, amenazando con los héroes de Julio á los hombres de sacristía; que los escépticos elegantes, empedernidos y rezagados vertieran chistes sobre la reaparición como fuerza con derecho á hablar alto de quienes llevaban en su pecho una cruz episcopal, todo ello se comprende; pero en las alturas del poder y de la monarquía era ceguera que, cuando se había perdido y se tenía en frente y sañuda una parte de las fuerzas de Julio, reducida por lo tanto una base ya harto estrecha, se ensancharan las distancias con otras fuerzas por una escandalosa negativa á cumplir un texto constitucional. Importaba poco en el estado moral de Europa que no se satisfaciera la reclamación permanente de la Iglesia respecto de su derecho exclusivo á enseñar al mundo, pero importaba mucho no faltar á la consecuencia y al pudor negando la práctica de la libertad teórica y enfáticamente proclamada: para lo primero contaba con tal concurso de voluntades el gobierno que podía acoger con sonrisa la arqueológica exigencia; para lo segundo quedaba desarmado por todo lo que fuera liberalismo sincero, amplio, segundo, honrado. Aquella reclamación no podía contar con todas las fuerzas del catolicismo para su realización, esta había de obtener día por día mayores apoyos en las fuerzas mismas que sostenían la propia forma dada al Estado en 1830. A despacho de todas las cóleras falsamente liberales, la pura y hermosa idea liberal lograba abrirse paso con la práctica todavía parcial, y sin embargo irresistible del derecho común. Ciertamente cada uno de sus triunfos viene en pos de revoluciones que tanto daño hacen á la esencia misma de la libertad como al sentimiento religioso; después de una revolución que mancha la libertad y ensalza el ateísmo, viene cada victoria de la causa religiosa y liberal: después de 1850, la libertad de la enseñanza primaria; después de 1848, la libertad de la enseñanza secundaria; después de 1871, la libertad de la enseñanza superior. ¡A qué precio se depuran la libertad de sus alianzas revolucionarias, la religión de sus reminiscencias intolerantes! ¡Ah! bien lo sabemos: por muchas más pruebas han de pasar una y otra hasta que logren entenderse. Oirán todavía las generaciones siguientes palabras parecidas á las que ha oído la nuestra: «La revolución del 18 de Marzo (la Commune) es atea: borramos Dios, y ninguna voz se levantará para maldecirnos cuando hayamos fusilado al arzobispo de París;» oirán todavía que la sociedad civil actual, que su fé, la libertad, han de doblegarse á otra fé y á otra sociedad; quedarán en armas una contra otra dos intolerancias opuestas, y de todos los temores que suscita el porvenir del mundo el más justificado y no más lejano es el de tener que optar entre una Iglesia que no admita tolerancia civil y una sociedad civil que proscriba
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á Dios. Y sin embargo, todas las civilizaciones han abrigado problemas no mucho menos grave, dualismos casi tan verdaderos, y el mundo ha visto á favor de grandes etapas históricas coexistencias no sólo extrañas y difíciles, sino también fecundas. Ley del mundo es la lucha, y cuando luchan dos grandes necesidades, dos estados indestructibles de la entidad humana de las múltiples manifestaciones, esas necesidades y esos estados no se aniquilan y destruyen, se transforman. La Iglesia ha visto delante de sí Roma cesárea y pagana, Roma cesárea y cristiana, los bárbaros con su extraño estado social, la Edad Media con el feudalismo, la monarquía regalista y administrativa; la sociedad civil ha visto delante de sí el paganismo, el cristianismo apostólico y perseguido, el catolicismo prepotente, la reforma, el pensamiento libre. No, no es posible que la única incompatibilidad para la Iglesia sea la sociedad civil con la forma de libertad que esta definitivamente exige, y que la sociedad civil se crea incompatible solamente con la Iglesia del Vaticano, obedecida por doscientos millones de hombres que habitan las regiones más civilizadas del orbe. La Iglesia vivirá con la libertad civil, la sociedad civil confesará á Dios, No desmayemos. La monarquía de 1830, lejos de sospechar el problema inmenso planteadó antes de su advenimiento, y que había de sobrevivir á su ruina y á la ruina de tantos otros poderes, ni siquiera se daba cuenta del incidente que dentro del gran problema de ella pedia solución inmediata. A la verdad, fuera de Mr. Thiers, que proclamaba el derecho exclusivo del Estado á dar la enseñanza, las fracciones gubernamentales de la monarquía de Julio sólo oponían excepciones dilatorias á la concesión de la libertad de enseñanza secundaria: cuando en trece años y espontáneamente no habían cumplido el artículo LIX de la Carta, alegaban ahora para no cumplirla la dignidad del gobierno en presencia de una agitación tan poderosa. En ocasión solemne al arzobispo de París, á aquel ilustre y santo prelado, que había de morir presentándose ante las barricadas, proclamando la paz y exclamando: «el buen pastor da su vida por su rebaño: sea mi sangre la última derramada,» contestaba el rey Luis Felipe con estas palabras sobradamente displicentes: «Yo bien sé que la religión necesita toda la fuerza legal para sustraerse á los ataques, harto numerosos, de los que tienen la desgracia de abandonarla. No empecemos á edificar lo que no podriamos acabar.» Empezóse no obstante á edificar sin que se quisiera acabar. La Cámara de los Pares llegó á votar una meticulosísima libertad; pero era esta excesiva á juicio de la Cámara más mesocrática de los diputados. La izquierda liberal creía ver la destrucción de la libertad en la cesación del monopolio universitario. Mr. Thiers, nom-
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brado ponente, vertía su ironía volteriana sobre aquello mismo de que había de ser partidario tres años más tarde, á impulso de sus veleidades reaccionarias en medio de la anarquía; la mayoría conservadora nada quería conservar si había de entenderse con la fuerza eminentemente conservadora de la religión. Del gabinete salía el universitario Villemain, reemplazándole el más desapasionado Salvandy. Pero después de tantos proyectos y contraproyectos, llegó el día supremo de la monarquía de 1830 sin que se hubiera dado una solución á lo que traía perturbada la mitad del país, y aquel día supremo recogió un momento la Iglesia católica ante la revolución triunfante el fruto de su bandera de libertad, de su lucha con una monarquía exclusiva: la Iglesia (fenómeno no reproducido) fué popular entre los revolucionarios, á los que otorgó presurosas bendiciones en las calles y en las plazas.

No fué distinta la política de Mr. Guizot y del rey en cuestión muy diferente que agitaba á otra mitad del país. Año por año se sentía arrastrada la clase media á seguir la bandera de las reformas políticas, reforma electoral y parlamentaria. A los diez y seis años de haber fundado la monarquía á que otorgaba su preferencia caía en lo que era para ella, dada su ligereza, una necesidad insuperable: faire la leçon au gouvernement, era bajo la monarquía consentida como bajo la monarquía legítima su pasión primera, y la veleidad francesa tenía alguna razón de apasionar se por la nueva bandera. Desdeñados por el país mismo los derechos políticos después de su vertiginoso ejercicio durante la revolución, reemplazados durante el Consulado y el imperio, así por las imágenes de gloria como por el descanso que hallaban los espíritus y la seguridad que obtenían los intereses sometidos poco antes á prueba harto ruda, un cuarto de siglo de vida parlamentaria, libre y garantida por instituciones paternales y eficaces, daba de nuevo su valor á lo que tanta sangre había costado adquirir ó consolidar. Pero si había derechos universales, ¿por qué otros quedaban encerrados en corto círculo, en limitada esfera? Ya en 1831 se había duplicado el número de electores creado por la ley de 1817. Trascurrido otro igual período, ¿no era natural pensar en nuevo ensanche? Deduciendo del hecho de que la reforma en 1831 había elevado de 90.000 á 140.000 el número de electores legislativos y el aumento de la riqueza pública después de 1831 á 240.000, la extensión suficientemente rápida del sufragio, llegaba por el contrario el poder á la conclusión evidentemente absurda de que desde 1789, sobre todo desde 1814, el gran movimiento de progreso á que incitaban continuamente instituciones libres sólo había producido entre
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34.000.000 de habitantes 240.000 con aptitud electoral legislativa, conclusión que no sólo cedia en desprestigio del país y de las instituciones, sino que estaba formalmente contradicha por sentimientos e intereses poderosos que no se creían ni representados ni atendidos. Veíase al país legal ocupado, una parte, los electores, en comparar las cuotas en las contribuciones, otra parte, los elegidos, en codiciar puestos públicos, y entretanto los que de más alto dirigían la inmensísima cuestión de la enseñanza no tenían acceso entre aquellos ni entre estos, y agitándose otro también grave problema, la reforma arancelaria, la gran masa consumidora tampoco se creía representada, sino que se figuraba existía en los poderes legales una coalición de productores atentos á defender variados monopolios. Así surgió de la revolución siguiente una universalización del sufragio, atraída inevitable, aunque violentamente, por la parsimonia electoral que pretendió conservar la monarquía de la clase media. Luis Felipe con su resistencia exagerada tiene poca menos responsabilidad que Ledru Rollin con su apresuramiento y que Napoleon III con su sanción, en que dentro de los gobiernos contemporáneos rija esa verdadera máquina de guerra; llamada sufragio universal, no habiéndose antes hecho aptos para ejercitar su derecho los favorecidos por aduladores demagogos ó cesáreos, candidatos aquellos, astutos éstos, triunfadores efímeros y triunfadores duraderos. Pero cuanto más se pretendiera evitar la reforma electoral, era más imprescindible conceder la reforma parlamentaria. A la verdad, la Cámara popular en su conjunto venía siendo independiente, ilustrada, poderosa ante el trono y ante el país durante el reinado; y no obstante contraía ahora año por año á los ojos del país un carácter de subordinación á la Corona, y causaba efecto desplorable que aumentaran en ella los funcionarios cuando no había manera de lograr aumentaran los electores. Nadie reclamaba incompatibilidades absolutas, pero los mismos que no querían ensanchar el cuerpo electoral deseaban disminuir el exceso de compatibilidades. Son declamaciones anticuadas los anatemas á la sumisión de los funcionarios diputados á los ministros, y es notoria la conveniencia de que una parte de la administración se refleje en el mismo Parlamento; pero cuando llega á persuadirse un país de que el Parlamento se ha convertido en sucursal del ministerio, de que los intereses particulares de los diputados predominan en él, aun siendo errónea la creencia, hay que darse prisa á destruirla con los hechos, porque al Parlamento le es aplicable, como pensaba Mr. de Remusat, que más especialmente había tomado á su cargo esta cuestión, lo que de la mujer de César decía el mismo César: no basta que sea pura, es preciso se crea en su pu-
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reza. Por pura que sea un poder, si por tal no lo tiene el país que debe dirigir, le faltará la primera condición de su eficacia, especialmente siendo poder en un régimen de discusión, la autoridad moral. Ciertamente, la presencia entre 459 diputados de 180 funcionarios públicos cuando el gobierno obtenía solamente 20 votos, ocho votos de mayoría relativa, explicaba y justificaba las reclamaciones de casi todo el país. Tomaba un carácter administrativo la Cámara demasiado en pugna con el carácter parlamentario que de la monarquía de 1830 se exigía, y era verdadera necesidad remediar este mal que se unía á otros males.

A ninguna de estas dos reformas liberales se oponía fundamentalmente el gabinete, como no se oponía á la libertad de enseñanza religiosa; pero era una y otra vez de parecer de que no había llegado el momento oportuno: error tanto menos disculpable cuanto que Mr. Guizot por la altura de su inteligencia y de su carácter era el único liberal que reconocía explícitamente la legitimidad de la reclamación religiosa y el único conservador que también admitía la procedencia de la reclamación liberal. Revelábese una vez más el defecto esencial de la política de Mr. Guizot. Jamás negó un progreso ni un derecho, antes bien los magnificaba con su varonil elocuencia; pero jamás dejaba de hallar para su planteamiento una excepción dilatoria. Un escritor apasionado y por lo tanto parcial é intolerante Mr. Lanfrey, ha tenido sin embargo razón en dar esta muestra del criterio de Mr. Guizot. En un mismo discurso decía: «El artículo 291 del Código penal es malo. Sin duda los ciudadanos tienen el derecho de reunirse para hablar sobre cosas públicas. Es bueno que lo hagan, y no disputaré jamás este derecho.» Proseguía de este modo: «Pero el artículo 291 es el estado legal de la Francia. Es precisa una derogación expresa.» Llegaba hasta manifestar: «No es urgente la derogación porque hoy no está amenazada la libertad.» Y acababa así: «Ya que el poder está armado de un medio legal, no sólo no debe abandonarle, sino que de él debe servirse.» La repetición constante durante los ocho últimos años de la monarquía de Julio de semejantes ditirambos que acababan en negación práctica de todo desenvolvimiento de libertades ó derechos se hacia muy fatigosa para el país. Había comenzado á gobernar Mr. Guizot en 1840 teniendo á su favor casi toda la clase media. Los representantes más, elevados de esta clase habían de disimular la rivalidad de que estaban poseídos; el tercer partido, las fracciones Dufaure y Passy engrosaban todavía dos años después de la crisis de Oriente la falange puramente conservadora y ministerial; hasta Mr. Thiers en una cuestión capital apoyaba la solución ideada por el gabinete. Pero la política
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otra suerte cada cual se creeria autorizado á pedir con las armas en la mano lo que entendiera ser su derecho, y como no todos tienen el mismo concepto de la naturaleza y límites de éste, equivaldría á proclamar la revolución como un recurso á que podía apelarse en todo caso y momento, en todos tiempos y en todos los pueblos. Es más, podía suceder que uno ó varios individuos, invocando su derecho, cercenaran ó negaran el que tiene la sociedad á regirse á sí misma, único que, según hemos dicho, puede recabarse por la fuerza; puesto que en nuestros mismos días vemos que no falta quien considere atentatorio á su derecho el que los demás discutan las creencias religiosas que él profesa, por donde exigiría que se pusiera el consiguiente límite á la libre propagación del pensamiento, condición primera del self-government.

Otros, en interés, no ya de un derecho individual, sino de las ideas y del progreso, sostienen que es lícito emplear la fuerza, acudiendo á la revolución, para entronizar la verdad, para dar á la sociedad leyes que se inspiren en los principios de justicia más que lo hacen las existentes, aunque estas se hallen de acuerdo con el común sentir de un país. Este, dicen, puede estar dominado por prejuicios, preocupaciones, opiniones falsas acerca del Derecho y del Estado, y no es justo sacrificar á una aberración, por general que ella sea, la causa de la justicia. Los que tal cosa pretenden olvidan que en ese mismo razonamiento tratan de fundar su razón de ser el Cesarismo y la Monarquía doctrinaria; y el partido revolucionario que esto hiciera, vendría, como aquellos sistemas, á imponerse á la sociedad, á erigirse arbitrariamente en tutor de la misma, á desconocer su soberanía, á negar el principio del self-government.

Cierto que no es esta soberanía fuente de derecho, el cual es superior á la voluntad de la nación, que por lo mismo no puede arbitrariamente reconocerlo ó no, pero también lo es que no hay otro órgano que pueda y deba consagrarlo y darle una expresión en las leyes que el poder que procede y se deriva de la misma sociedad. Si á ésta se niega tal facultad, no queda otro recurso que conferirla á una persona, á una institución, á una clase ó á un partido; y en este caso, ¿qué mayor garantía de acierto, qué mayor fundamento á la consideración y respeto de los ciudadanos, tendría lo hecho por estos elementos parciales que no pueda alcanzar lo hecho por el todo social? Cuando éste rige la vida de un pueblo, aquellos participan, como componentes del mismo que son, en esta suprema dirección; mientras que sucede lo contrario en el caso opuesto.

Se añade que en toda sociedad hay una gran parte de ella, que, care-