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do, si se le considera solamente como forma externa de la justicia, variable por tanto y prefetible como todos los hábitos exteriores, no debe ser clasificado entre el número de los derechos anteriores y superiores á toda legislación. En el fondo, en la idea fundamental, como anteriormente hemos procurado definirla, algo hay, de todos modos, intimamente relacionado con las leyes supremas de la sociedad. La misión de la justicia es demasiado alta, aún cuando no haya de considerársela como institución política, para que al realizarla se equipare con los otros ramos de administración y gobierno que componen lo que se titula poder ejecutivo. No es nuestro propósito de ahora discutir la fórmula con que la expresión de la justicia social deba presentarse al lado de otros principios admitidos, siquiera sea en teoría, como origen y no creación de las leyes; diremos únicamente que así como es un derecho primordial de los pueblos el de darse leyes, debe serlo también el de juzgar sobre la aplicación de ellas, asociando la conciencia pública al fallo que absuelva ó condene, gran virtud difícil ó inasequible bajo otros sistemas. La lucha, que entre los que son opuestos ha mediado en el campo de la administración de justicia, forma, desde lejanas fechas, la trama de la historia jurídica. Cuando quiera que la libertad ha triunfado, afianzando los derechos del hombre y de la sociedad, la dignidad de los tribunales crece y se pugna por establecer ó mejorar las garantía del juicio oral y por jurados; cuando quiera que las máximas absolutistas preponderan, dedican los que las aceptan sus mayores esfuerzos á suprimir ó debilitar las aludidas garantías, y puede decirse que su bello ideal se halla perfectamente descrito por Tácito (Anales, lib. IV) en las siguientes palabras: Tibi Cæsar, sum num rerum juditium Dii dedere; nobis obsequii gloria relictâ est. ¡La gloria de la obediencia, reservada á los pueblos como su única salvación y derecho!... Para libertarlos de esa humillante alnegación, que se confunde con la servidumbre, es para lo que necesitan mantenerse incólume la declaración de los derechos superiores, base ó norma de las leyes que en comparación con ellos pueden calificarse de secundarias, y entre esos principios ó muy cerca de ellos, debiera figurar, á nuestro juicio, el de que la administración de justicia se efectúe adoptando una antigua y vulgarizada frase, por el pueblo y para el pueblo. Entiéndase sin embargo, que no pretendemos dar á esa frase una extensión inadmisible aun en su aplicación política, donde la intervención popular solamente se ejerce por delegados ó representantes; y claro es también que, en resumen, no conceptuamos acertado elevar la forma del juicio por jurados al nivel de los principios supremos, de que antes nos hemos ocupado.
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ciendo de criterio y de principios, no puede influir, ni de hecho influye, en los destinos de aquella, y que por tanto viene á resultar que en realidad son siempre elementos parciales los que deciden de la suerte de un pueblo. Pero de este hecho, que es exacto, aunque más ó menos trascendental, según la cultura y educacion política de cada país, no puede deducirse en manera alguna consecuencias que favorezcan el error que combatimos. Esta parte neutra, que un escritor ha llamado vientre de la nacion, por lo mismo que es pasiva, ó al mémos no obra por iniciativa propia, es un factor comun que se une á este partido ó á aquel, según que uno ó otro se apoderan de los elementos activos que determinan la marcha de una sociedad; de donde resulta que siempre es esta el agente de la vida pública, aunque varie el carácter del concurso que prestan los individuos, los cuales vienen como á escalonarse en razon de lo más ó mémos consciente que es su participacion en la obra comun.

Por último, de la permanencia con que se nos presentan las revoluciones en la historia, se ha pretendido deducir, que su existencia es una ley de la vida de la humanidad. Aquí el error consiste en considerar como esencial de estos hechos lo que no es sino accidental. Lo que es esencial en ellos y por lo mismo se repetirá constantemente en lo porvenir, es el perfeccionamiento de las edades, el progreso de los tiempos, la revolucion de las ideas. Lo que es accidental, y por lo mismo pasará y desaparecerá, es la violencia, la fuerza.

Y no por esto destruimos el fundamento de las revoluciones justas, pues claro es, que si aquel es jurídico, ha de ser eterno. Lo que creemos es que llegará para todas las naciones, como ha llegado ya para algunas por fortuna suya, dia en que no tengan necesidad de hacer uso de ese derecho, al modo que algunos individuos tienen la suerte de no haber sido victimas de agresiones ilegítimas, no habiendo por tanto necesitado hacer uso del derecho de defensa, que sin embargo tienen lo mismo que el que desgraciadamente se ha visto precisado á valerse de él. Llegará un dia en que será el pensamiento completamente libre, la opinion ciegamente respetada y la ley religiosamente obedecida, y en el seno de la libertad y del orden se irá verificando así en la esfera jurídica y política, como en las demás de la vida, el progreso de la civilización mediante la revolución pacífica de las ideas; progreso que es consecuencia de una ley providencial y se deriva de la naturaleza perfectible del hombre, sér finito con aspiraciones infinitas, ángel y bestia, como le llamaba Pascal, que, si toca con los pies en el suelo, llega con su razon hasta Dios, á cuya imagen está hecho,
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Un escritor famoso, cuyas obras siempre serán leídas con fruto, J. Bentham, enumeraba, entre los sofismas políticos, el principio de los derechos inalienable e imprescriptibles, que siempre encontraba enajenados y prescritos. Argumentos que se fundan en actos de violación ó usurpación, esos sí que son unos verdaderos sofismas, propios del plan extremadamente positivista del utilitarismo de aquel escritor, que consideraba á las leyes como única fuente de toda clase de derechos, incluso el de propiedad individual, viniendo á confundirse en esto con las teorías comunistas.

Vamos á hacer punto en estas consideraciones que requerían mayor extensión y mejor ingenio para desarrollarlas debidamente. La breve historia que en seguida trazaremos, demostrará la exactitud de algunas de ellas, y servirá, al mismo tiempo, de prueba respecto á la conveniencia de la institución que examinamos y que llama la atención desde remotos tiempos, sin que la antigüedad sea para ella un argumento en contra.

Otra observación hemos de emitir todavía, cediendo á la desordenada espontaneidad de nuestros pensamientos. En los tiempos del Renacimiento en que se inauguraron grandes progresos en las ciencias y en las artes, trabajóse por asegurar el acierto en los juicios y tranquilizar la conciencia de los juzgadores, preservándolos de toda arbitrariedad. Para ello se establecieron reglas absolutas de prueba, que frecuentemente luchaban con la verdad y ponían la conciencia en lamentable tortura. Aceptóse luego, y preponderó en la jurisprudencia la prueba indirecta ó por indicios, convirtiéndola, como dice un escritor, al que con preferencia consultamos (1), en una especie de aritmética moral, cuyos resultados debían dominar al mismo sentido íntimo y producir en el espíritu del juez una convicción facticia, destinada á salvar su conciencia por lo mismo que la subyugaba, quitándole la responsabilidad consiguiente á todo acto libre. Estas palabras envuelven la condenación más enérgica de los antiguos métodos del procedimiento. En vano se buscaron remedios á tamaños males: la regla 45 de nuestra ley provisional reformada para la aplicación del código penal de 1848 que puso el convencimiento según las reglas ordinarias de crítica racional por suplente de la evidencia moral que requerían las leyes de Partida, mostró en breve los graves inconvenientes de dejar esa puerta á la arbitrariedad ó al descuido, escudados en las reglas indecisas e indefinidas del juicio crítico de un hombre. En vano el art. 12 de la ley de 24 de Junio de 1870 sobre reformas en el procedimiento criminal fijó la clase de pruebas necesarias

(1) Mr. Du Bois.—Histoire du droit criminel, tomo V.
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para tener por demostrada la delincuencia, y puso condiciones para que los indicios se considerasen graves y concluyentes; siempre quedó el ánimo sujeto á dudas, ocasionadas á producir fatales consecuencias. Esto es lo que está llamado á subsanar el Jurado, que el escritor referido considera, en la organización que se inició en Francia en 1789, como una especie de eclecticismo entre el principio popular del siglo XIII y el principio científico del XVII. Veamos si esta opinión se explica por las tradiciones seculares que ascienden aún más allá de la Edad Media.

III.

Hay en las investigaciones históricas, una parte de curiosidad novelesca, que empezaremos descartando. «El establecimiento del Jurado (decía la comisión que en 1821 informó sobre el Código de procedimientos), establecimiento amigo del hombre y de su libertad, se pierde en el caos del tiempo. Quizá nació con la sociedad civil y fué anterior á las leyes escritas.» No nos importa ascender tanto para nuestras investigaciones; basta limitarlas á la época y pueblos de que más directamente procede la civilización moderna.

La intervención popular en la elección de los jueces que habían de entender en el castigo de muchos crímenes y delitos, asoma ya entre los asirios, según refiere Strabon (lib. VI), y algo análogo encuéntrase también en el pueblo hebreo, donde los procesos se instruían y fallaban por mayoría ante el Sanhedrín compuesto de veinte jueces (sopheti) elegidos por el pueblo, de omni plebe; según se lee en el Exodo (c. XVIII v. 21). Grecia nos ofrece ya datos más explícitos. El areopago, que con el Arcontado y el Senado constituían el elemento aristocrático de Atenas, empezó conociendo de la mayor parte de los crímenes, hasta que restringida su competencia á algunos de los capitales, se encargaron los restantes al juicio por el pueblo. Los dicasterios, tribunales de justicia, fueron el elemento popular, puesto que para las funciones de dicasta bastaba tener la edad de treinta años, ser de vida intachable, y no deudor al tesoro público. El más importante de esos tribunales llegó á ser el de los Heliastes, que juzgaba los negocios civiles y causas criminales, constituyendo así la jurisdicción ordinaria de los atenienses. Formaban parte de él seis mil ciudadanos, designados anualmente por la suerte, y se dividían en secciones, variando el número de jueces según la importancia de los asuntos. Presidia un arconte que hacia también de juez instructor, y antes de funcionar prestaban un solemne juramento, cuya fórmula nos ha conservado Demóstenes en su
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oracion contra Timocrátes. Es de notar aquí, que Pericles, anheloso de concentrar todos los poderes, procuró destruir indirectamente la fuerza de esa institucion, y al efecto eximió á los ricos de la multa en que por falta de asistencia incurrían, y dió á los pobres, por su concurso, una remuneracion ó salario.

Roma, de cuyas leyes y costumbres son todavía vivísimo reflejo las nuestras, presenta ya un bosquejo más completo del moderno Jurado. Aun en los pueblos que no pertenecen á la raza latina, ha sido influyente, y continua siéndolo, el elemento del romanismo, lo cual acredita la gran fuerza de vitalidad de los principales estatutos de su organización. Allí, lo mismo que en Atenas, la justicia fué popular, y los jueces un verdadero Jurado; el pretor Urbano formaba cada año, en las calendas de Enero, una lista de los ciudadanos más dignos, procurando, como decía Cicerón en su oracion pro Cluento, optimum quemque in selectos judices referre. Poco después de la expulsion de los reyes Valerio Publio ola, el cónsul compañero de Junio Bruto, hizo que una ley prohibiese imponer pena capital sin expreso mandato del pueblo, que había de elegir los jueces, y juzgar en apelacion en los comicios. Las causas se distinguian en privadas y públicas; de las primeras—civiles y criminales de pequeña importancia—conocian el pretor y los triumviro; las públicas, que afectaban á la condicion de ciudadano romano, eran en las que aparecian las formas y garantias del Jurado. El pretor dirigia la instruccion, y desechaba ó admitia la acusacion presentada por la parte querellante, asistida de tres suscriptores; fijado el dia del juicio en el foro, se publicaba el nombre de los jueces, acusados y oradores; las partes podian recusar cierto número de los primeros, que prestaban su juramento, y se reemplazaban, lo mismo que se elegian, á la suerte (per sortitionem) (1): ellos tambien tenian derecho á escusarse por enfermedad, funciones públicas ó privilegio concedido á algunas profesiones li-

(1) El señalamiento, por suerte, de los Jurados que entre todos los de la lista total de ellos habia de entender en cada asunto, es una de las condiciones que con más generalidad encontramos establecida, pero es tambien la que más se ha prestado á las burlas de una critica que, en este particular ha de permitirsemos calificar de ligera é irreflexiva. ¡Es tal y tan absurda la ceguedad que á la suerte se atribuye, cuando no recae sino sobre un número de personas, determinado en listas formadas (ó debidas formar) concienciadamente! ¿Seria menos preferible la imparcialidad aunque ciega de la suerte, que la eleccion hecha por autoridades ó corporaciones que de buena ó de mala fé, pueden obrar cediendo á estimulos ó prevenciones personales? No vale ade más mucho el medio de las recusaciones para corregir los defectos del sorteo...
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berales (1). Procediase en seguida al juicio, pero no se terminaba la causa en el mismo dia, sino que se continuaba en el siguiente, destinándose en segunda accion á exponer los nuevos medios suministrados por las partes y á las réplicas de los defensores. La votacion, que fué pública hasta que esa 607 el tribuno Casio hizo adoptar el escrutinio secreto, se verificaba por mayoria, y el pretor ó magistrados presidente, llamado juez de la cuestion, proclamaba el resultado. Despues procedia la apelacion al pueblo, reunido por centurias, en las causas graves, que ocasionaban la perdida de la cualidad de ciudadano; y de esta jurisdiccion popular solamente se eximian las que interesaban á las Vestales, de que conocian los Pontifices, las de costumbres, que correspondian á los censores y alguna de alta traicion y lesa majestad popular, que se encomendaban á decemviro nombrados por los comicios. En cuanto á la eleccion de los judices jurati, ya hemos dicho que el pretor formaba una lista anual, que en los cuatro primeros siglos de la Republica, se componia de 450, sacados exclusivamente del orden senatorial; la ley Sempronía, propuesta por Cajo Graco, transfirió estas funciones al orden de los caballeros; la Servilia, para acallar discordias, hizo mixta la eleccion, arreglo que se confirmó posteriormente, elevando á 600 el numero de los jueces, y agregándose por fin 15 plebeyos por cada tribu, lo cual, siendo estas 35, hacia un total de 529 (2). Desde Syla en adelante, fué olvidándose la intervencion del Jurado, que reaparece más tarde. En resumen, diremos, copiando las palabras de un escritor moderno (3), «hállase en el derecho romano, desde el vii siglo hasta el reinado de Diocle. sciano, la institucion de los Jurados funcionando con una organizacion semejante á la que ha recibido en las legislaciones modernas; intervencion de los ciudadanos en los juicios de los negocios criminales, distincion del hecho y del derecho, calificacion del delito reservada al magistrado, derecho de recusacion, y examen de pruebas confiado á los judices jurati que pronuncian la pena contra el culpable, pero sin poder modificarla. A la decadencia de semejante institucion, contribuyeron, entre otras causas, y además de la corrupcion de costumbres que á tan inconcebible extremo llegó en los últimos tiempos del imperio romano, el caracter de privilegio, con que se vio limitado el derecho de formar parte de esos tribunales, á

(1) El número de jueces variaba según la gravedad de las causas, pues en la de Milon, por ejemplo intervinieron 41, y en la de Pison, 75.
(2) Leyes Livia y Plautia.
(3) Mr. Ambrosie Buchère, Etude historique sur les origines du Jury.
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pesar de todas las tentativas que para evitarlo se hicieron, y la circunstancia siempre fatal en semejantes cosas, de estar encomendada á la arbitrariedad de los pretores la formacion de las listas (1).

IV.

El desmoronamiento y caída del imperio romano, produjo una especie de torbellino social, del que trabajosamente habia de ir saliendo el mundo moderno: las ciencias y leyes antiguas se perdieron ó eclipsaron, y entonces á aquellos gastados elementos vino á mezclarse la áspera y agreste, pero pura sávia de las razas del Norte, destinadas providencialmente á levantar sobre las ruinas de lo pasado una civilización mejor encaminada al progreso moral y político de los pueblos. Obsérvese con frecuencia este fenómeno en la historia; en casos extremos hase visto acudir á regenerar la viciada sangre de razas decadidas, otras que, aunque caracterizadas de montaraces, al mezclarse á fundirse con aquellas las renuevan y vigorizan.

Así sucedió en el mundo romano sobre el que sucesivamente fueron desplemándose las hordas del Norte, que para nuestro objeto pueden considerarse refundidas en el potente tipo galo germano, de cuyas costumbres nos han dejado interesantes noticias César y Tácito. Pues bien, en la historia de esos pueblos, en sus costumbres e instituciones, vemos aparecer la del Jurado, y no nos cansaremos de repetirla, cuando elementos semejantes se encuentran en diversos periodos históricos, y brotan espontáneamente en nacionalidades, de origen y vida muy distintos, algo es preciso confesar que hay allí de organizador y permanente, y adherido á la existencia de las sociedades.

A tomar acta de ello dedicamos el breve resumen que, á grandes rasgos, vamos á hacer de los distintos momentos históricos en que más se han acentuado las evoluciones progresivas en la parte que al modo de administrar y aplicar la justicia se refiere, empezando por las de aquellos pueblos, que son los que inmediatamente siguen, ya que enteramente no hereden, á las tradiciones romanas. No es, ni con mucho, una completa y ordenada historia jurídica, que aún circunscriba al Jurado necesitaría grau-

(1) En las Oraciones de Ciceron, monumento notable en la historia de la elocuencia y del derecho, que ya se van olvidando en demasía como otros estudios clásicos, se encuentran noticias importantes sobre el procedimiento que estamos historiando. Véanse al efecto las oraciones pro Quintio, pro Roscio Amesino, pro Caecina y pro Cluentio.
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de meditacion y desarrollo, la que nos proponemos realizar: conste que nos limitamos á unas compendiosas indicaciones de los hechos que más importan á nuestro propósito, y que para mayor seguridad de acierto hemos cuidado de extractar fielmente los datos, y transcribirlos á veces, que nos suministran las numerosas obras y folletos sobre la materia, qué hemos tenido á la vista y consultado.

Lo que primeramente excita la atencion al ocuparse de esas épocas denominadas de barbarie, es el afán con que se procuraba conciliar las formas severas y solemnes del juicio á que se sujetaba á los criminales en las asambleas del pueblo (plaid), con la facultad de avenirse ofendidos y ofensores por medio de composiciones, que evitaban las venganzas, de tan funestas consecuencias en aquellas agrupaciones, y á cuyo fin tendian igualmente las garantias que se daban las centenas y decanías (sistema de division y organización política y administrativa muy generalizado en la antigüedad), obligándose á responder solidariamente de los daños que causaban sus individuos, cuando no se llegaba á descubrir, ó podia castigar, á los verdaderos culpables (1). De aquí provino tambien otra costumbre análoga, que consistia en el derecho del acusado á rechazar, cuando faltaban pruebas, la imputacion que se le dirigiera, prestando un juramento confirmado por el de otros hombres libres, en número que variaba según la importancia de los casos. Eran los que en las leyes (y en nuestros fueros) se conocian con los nombres de juradores, conjuradores, collandantes; y compurgadores (2).

Cuando el número y complicacion de los negocios judiciales fueron creciendo, dividiéronse en dos clases, una de los que podian ocasionar la imposicion de pena capital ó muerte civil de hombre libre, y otra de los menos importantes, ó que no afectaban á todo el cuerpo de la nacion, ó estado, sino únicamente á los distritos, que generalmente se conocian con el nombre de condados. Los primeros remitianse á las grandes asambleas nacionales que presidia el rey, y los otros á las pequeñas que hoy pudiéramos

(1) Esto se conocia con el nombre de pledge (cancion) de que se hace mérito en las leyes sajonas de Camit, citadas por Mr. Aignan en la Histoire du Jury.—Tal vez acudiendo á esa palabra se explique la inteligencia que se dio antiguamente á la nuestra pleyto; que equivalia á las de obligacion y contrato y á la de pleytesias, que significaba tambien convenio, contrato, accion que obligaba á reconocer superioridad en otro.

(2) Esta garantía ó derecho se llevaba hasta el extremo de que en algunos pueblos por ejemplo entre los Grisones, si el autor de un crimen era desconocido tenia el perjudicado derecho á acusar siete habitantes del burgo, los cuales habian de purgarse con once conjurativos cada uno. (Mr. Aignan, Histoire de Jury.)