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de aquellas que por sus trascendentales consecuencias, exigen el estudio más detenido.

Las leyes civiles tienen sobre la sociedad en todas sus esferas, desde la religiosa hasta la económica, una influencia tan segura como lenta; parece, cuando se promulgan, que en nada esencial afectan á la constitución política, ni á la manera de ser de un pueblo, pero son, como esas ramas débiles, sobre las que caen algunos manantiales que depositan lentamente sus sales calizas, y forman al cabo del tiempo, sobre la más débil arista, una cristalización inquebrantable. Las primeras nociones de la propiedad, de la responsabilidad, del poder, de la solidaridad, de cuanto hay de esencial en las sociedades, las recibe el hombre en la familia, y de muy diferente manera, según sea ella, las bases de su constitución y de su vida, los derechos del padre, la condición de la propiedad familiar y de sus trasmisiones. Ninguna de esas leyes trasforma á una nación en pocos años, como pueden hacerlo en sus esferas peculiares la ley religiosa, la política, la económica ó la administrativa, pero preparan y realizan las revoluciones más profundas, ya minando los cimientos de instituciones que no están en armonía con sus principios, ya robusteciendo elementos que hacen sentir su fuerza, y llevan luego su actividad á los demás fines de la vida. Esos efectos no se perciben en el momento; la ley puede muchas veces, merced á su apariencia inofensiva, plantearse, y aún arraigarse en las costumbres, y aunque su principio sea erróneo, no se recogerán los envenenados frutos, sino después de una ó de dos generaciones, lo cual aumenta para el legislador la dificultad y las responsabilidades de su obra.

No será, pues, exagerada ninguna meditación, ni excesivo todo el estudio, que consagren á la codificación civil así los jurisconsultos como los políticos que sientan el deber de legislar y con miras algo más anchas que la vida de un ministerio ó la dominación de un partido, y más apremia ese deber á cuantos aspiren á consolidar el régimen representado por la monarquía restablecida, que no ha de ser ensayo transitorio fundado en descritos ajenos, sino institución viva y permanente para realizar en el Estado lo que hay de percibido en la vida social, que apoye su existencia en virtualidad propia, no en el cansancio de sus contrarios, á quienes los aires que corren por Europa despertarán antes y con más fuerzas de lo que hoy muchos entienden.

Para que esos fines esenciales de la monarquía se cumplan, es menester unirla cuanto sea posible, á reformas y á instituciones auxiliares que respondan también á necesidades constantes de la sociedad, colocadas por
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ha alejado de los jueces ordinarios el conocimiento de los asuntos contencioso-administrativos. Pero si bien el Gobierno debe reservarse la facultad de revisar los fallos de los Tribunales Administrativos, ó sea de dictar sentencias, no vemos la necesidad de que se apropie tambien la atribucion de resolver si procede la via contencioso-administrativa, ó sea lo que se llama la cuestion prévia. Sabido es que esta atribucion la ejercen los Gobernadores de Provincia respecto de las demandas interpuestas ante los Consejos Provinciales, hoy sustituidos por las Comisiones Provinciales, con recurso al Gobierno, y el mismo Gobierno respecto de las demandas en primera y única instancia interpuestas ante el Consejo de Estado. Nunca hemos encontrado conveniente este sistema que defiere á la Administracion Activa el derecho de autorizar ó impedir el curso de la reclamacion contra sus propios actos; y si bien la decision de esta prévia cuestion se sujeta á los principios de derecho administrativo que fijan los casos en que la via contenciosa es ó no procedente, y la decision es precedida de prudentes garantias de acierto, como son el dictamen del mismo cuerpo llamado á conocer de la demanda, es la verdad que ni dicha facultad es de buen parecer ni es necesaria. No lo primero, porque el Gobierno aparece en el ejercicio de esta atribucion como revestido del derecho de impedir el exámen y juicio de sus actos. No lo segundo, porque en el caso improbable de que el Tribunal Administrativo conociese de un asunto de la competencia de la Administracion activa, siempre existe el medio de corregir el abuso y anular la extralimitacion, llevando en su dia el asunto al Consejo de Estado por medio del recurso de alzada si se tratase de un litigio en que hubiese entendido el Consejo provincial, hoy la Comision Provincial, á fin de que aquel alto cuerpo acordase en el fallo de apelacion la inhibicion de la Administracion Contenciosa, y hasta adoptando el Gobierno este mismo acuerdo en el Real Decreto sentencia, ora en el caso de que el Consejo de Estado no hubiese enmendado el erro del inferior, ora en el supuesto de que aquel alto cuerpo lo cometiese directamente en los juicios en que entiende en primera y única instancia. No vacilaríamos, pues, en reformar la legislacion en el sentido de conceder á las Comisiones Provinciales y Consejo de Estado la facultad de declarar si procede á no la via contenciosa sin intervencion del Gobierno, si bien estableciendo las reglas necesarias para asegurar la declaracion de incompetencia cuando ésta existiese, ya inmediatamente despues que el Tribunal Administrativo hubiese decidido que procedia la admision de la demanda, lo cual tendria la ventaja de evitar tiempo y gastos, ya al resolver el litigio y dictar sentencia definitiva. La Seccion de lo Con-
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la conciencia pública, sobre el nivel de toda personalidad y de todo partido. Las dinastías que se asocian á empresas cuya índole nacional es perceptible para todos, se arraigan y consolidan, y adquieren la fuerza necesaria para realizar su misión conservadora en el Estado, á despecho de todo linaje de obstáculos y pasiones revolucionarias, y buen ejemplo nos ofrece de ello una vecina península que ha salvado las situaciones más difíciles, merced á haber encarnado en la monarquía la idea de la unidad de la patria. Aprovechese para España esa enseñanza, recabando también para sus instituciones fundamentales, la gloria que aún puede recogerse completando la unidad nacional. Esa sola empresa, sería y enérgicamente perseguida, basta para colocarlas desde luego muy por encima de todas las luchas de momento, de todas las agitaciones superficiales, que son el patrimonio de nuestros partidos; ninguna otra se ofrece hoy en nuestro horizonte, de donde pueda tomar más fuerza y más prestigio el nuevo régimen, y no es posible que esto se desconozca ó se desdene, por los que son ante el país, moral y legalmente responsables de su afianzamiento. Mejor que en glorias militares ó en aventuras extranjeras, debe buscar la monarquía parlamentaria en las reformas legislativas sus raíces, afirmando por medio de ellas su sentido histórico, en la confianza de que los poderes políticos que cumplen fielmente una misión progresiva en un pueblo, tienen asegurada su existencia, y sobradas las fuerzas para dominar cuantas dificultades susciten las malas pasiones.

La codificación de la ley civil es una de las reformas indispensables para lograr el fin de la unidad nacional, y de las que más pueden preparar y afirmar esa obra, porque aparte de los males que en su peculiar esfera ocasiona la variedad del derecho privado, las relaciones verdaderamente internacionales, que se mantienen todavía entre las coronas de Aragón y Castilla, el Reino de Navarra y el Señorío de Vizcaya, en cuanto se refiere á la familia, á la testamentificación, á varios modos de adquirir, y á otras instituciones no menos importantes, contribuyen poderosamente á sostener ese espíritu de provincialismo, que alentado unas veces por ideas históricas, adulado otras por predicaciones sociales, ha prestado siempre sus fuerzas á la lucha civil, ó á la anarquía, con grave daño de la prosperidad y del sosiego público, y con organismo más vigoroso allí donde la legislación es más excepcional y privilegiada.
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IV

Cada una de las bases esenciales del Código civil, tiene su propio y racional fundamento en el terreno de la historia, de la filosofía y de la política del Derecho, y exigen los problemas que en ella se contengan, examen especial y concreto, no siendo extraño encontrar divididos, respecto de sus soluciones, á jurisconsultos, que en otras ciencias sociales, se hallan enteramente de acuerdo. Por eso, no nos proponemos en el curso de estas observaciones, generalizar ni discutir criterios, sino estudiar cada cuestión aisladamente, admitiendo, como puntos de partida, los principios cardinales que determinan la esencia de la propiedad y de la familia, de las civilizaciones cristianas. Pero hay una condición que abraza por igual á todas las reformas, á la que se subordinan todos los criterios, que se impone con preferencia á todas las soluciones, tal es, la de que las instituciones, formas ó procedimientos que nuevamente se planteen, no se analicen y se juzguen sólo en el terreno de la ciencia pura, sino que se estudien, con particular preferencia, los medios prácticos con que se cuente para su realización adecuada, resolviendo siempre, como artículo previo de cada reforma, el de su posibilidad, teniendo en cuenta lo que pueda sufrir y desnaturalizarse la idea, al pasar por las manos á quienes haya de confiarse su aplicación, atendiendo, en una palabra á la política de cada ramo de legislación que haya de alterarse, parte la más esencial para legislar y la más descuidada por nuestros estadistas, entre otras razones, porque no hay más medio de conocerla, que estudiar nuestro propio país, sus necesidades, sus medios, sus costumbres, y de nada de eso suele escribirse en la Revista de ambos mundos.

Cuando las leyes aparecen desde un principio como impracticables ó absurdas, se arraiga en la opinión la idea y la confianza de que ha de ser efímera su vida. En tal suceso, no importa para el fin político, esto es, para la realización práctica de la reforma, que su principio sea verdadero, porque no se hace posible su vida, y no se da lugar á recoger sus frutos; la reforma muere por sus defectos artísticos, antes que se dé tiempo al desarrollo de sus consecuencias y de que se puedan apreciar los bienes ó los males, encerrados en su noción científica, y su fracaso ocasiona, no pocas veces, el descrédito inmerecido de ideas útiles, dificulta y aleja su aplicación y lastima hondamente, en vez de levantar y favorecer, á cuantos aparecen como autores ó responsables en alguna manera de la malograda reforma.
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Abundantes ejemplos se encuentran en nuestra historia jurídica, que acreditan la certeza de esa observación, y que aconsejan, con elocuentes escarmientos, se tenga muy en cuenta el efecto inmediato de la ley, en las personas y en las cosas á que ha de extenderse su acción, no para que el legislador siga ciegamente las costumbres y obedezca como esclavo copista las preocupaciones ó rutinas establecidas, porque eso equivaldría á suprimir la progresión científica del derecho, sino para que consulte cuidadosamente los elementos prácticos de que dispone en la realidad, para llevar á cabo su pensamiento científico.

Ya en la reforma de nuestro régimen hipotecario, con ser una de las mejor estudiadas de cuantas se han hecho en este siglo en nuestro derecho civil, se olvidó un tanto el verdadero estado de la propiedad, especialmente en las provincias del Noroeste, la imperfección extrema de las titulaciones antiguas, las exigencias imperiosas que habían de surgir en lo relativo á servidumbres y determinados linajes de cargas reales, y las consecuencias se dejaron sentir bien pronto, y hoy hace doce años que se promulgó la Ley Hipotecaria, y no puede decirse que haya recibido obediencia ni aplicación completa en toda España, mermando considerablemente sus beneficios, siempre aplazados con infinitas prórrogas, que han ocasionado graves perjuicios á importantes derechos é intereses públicos y particulares. Pero esos han sido pecados veniales, y aún escrúpulos inapreciables para la conciencia más estrecha, al lado de los tristísimos ejemplos de las reformas con posterioridad intentadas, en el régimen de la familia y en el derecho penal, por las leyes del matrimonio civil, la reforma del Código y el Enjuiciamiento criminal: no se ha dado lugar á recoger los frutos, buenos ó malos, que se pudieran esperar de la aplicación en el país de sus principios esenciales; las dificultades de su realización, nacidas de las costumbres y aún de preocupaciones, que es en vano querer destruir de un golpe, las hirieron de muerte, apenas promulgadas.

Una ley de la organización de la familia, como la suscrita por el señor Montero Ríos, que producía el resultado seguro, de que la inmensa mayoría de los españoles, fueran al cabo de una generación, hijos naturales, para todos los efectos legales de la vida civil, quedando como rara excepción y patrimonio de una minoría reducidísima, la condición de hijo legítimo; que por el mismo procedimiento anulaba el matrimonio, obteniendo como fruto inevitable de sus disposiciones, que la mayoría inmensa de los ciudadanos viviera, á los ojos de la ley, en concubinato, no podía subsistir siquiera en su esencia, y en sus fundamentos racionales y científicos, fuera
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una pura maravilla; y así es, que antes de que esos efectos se sintieran, cuando tuvo por primera vez el Estado que usar de ella y que deducir sus consecuencias en el impuesto de sangre, la conciencia pública se sublevará, cuanto permite su estado anémico en nuestro país, y la ley estaba condenada y muerta, mucho antes de que el Sr. Cárdenas fuera ministro de Gracia y Justicia.

Análogas imperfecciones, dieron el mismo fruto en el Enjuiciamiento criminal: apresuradamente hilvanada la ley, sin consultar, no ya los medios con que el país contara para desenvolverla, pero ni aun los recursos del mismo Estado que la publicaba, la parte mayor y más sustancial de sus reformas, quedó como letra muerta y como embarazoso estorbo para la aplicación de las restantes, causándose perturbaciones tales, que en un país menos postrado por la acumulación de todo linaje de desventuras, hubieran bastado para producir honda agitación, universal clamoreo, y perpétuo descrédito para sus autores. El jurado, establecido como si se pudiera contar desde el primer día con un pueblo habituado á el ejercicio de funciones de esa índole, ocasionó bien pronto la dificultad insoluble de millares de causas por desobediencia, y en breve hubiera llegado á hacer de España, una nación de procesados; el juicio oral, sin sus naturales y necesarios medios de desenvolvimiento, fué motivo de que numerosos procesos quedaran en las audiencias detenidos indefinidamente, sin esperanza de que se fallarán jamás, por no residir los testigos en la capital ó no prestarse á hacer el necesario viaje; y para concluir un análisis de meros errores en los medios de realización práctica de las reformas legislativas, que podría ser interminable, recordaremos la Regla 4.a del Decreto de 22 de Diciembre de 1872, mandando que se aplique la ley de Enjuiciamiento criminal en lo que se pueda, disposición no bastantemente celebrada, que por sí sola hace el proceso de toda la reforma, proclamando á sus autores reos convictos y confesos de total ignorancia, ó de absoluto menosprecio, respecto de la política del derecho. Declarar un legislador que se cumpla una ley como se pueda, donde se pueda, y cuando se pueda, es enteramente nuevo en la historia de las interpretaciones auténticas, acredita, en verdad, cierta intención paternal respecto de los tribunales ó de los ciudadanos que se obstinaran en cumplir la ley en todo aquello en que fuera imposible, pero asombra la modestia ó la escasa aprensión de un legislador, que reconoce sencillamente que una parte de su obra es absurda, y no se entretiene siquiera en decir cuál sea esa porción; procedimiento igualmente expedito para gobernantes y gobernados, según el que, las leyes se escriben como se quiera, á reserva
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de aplicarlas después como se pueda, lo cual es sujetar el régimen de un país á las vagas contingencias de la interpretación individual, y de lo que á cada uno le parezca posible ó imposible, que vale tanto como declarar, que se gobernará, si el tiempo lo permite.

No pretendemos ahora juzgar, ni aún de pasada, la esencia, ni las bases del matrimonio civil, del jurado, ó del juicio oral; en esas reformas se encuentran, á no dudarlo, principios progresivos, que es fuerza admitir y plantear; sólo pretendemos mostrar al citarlos, hasta qué punto los errores de forma, el descuido en armonizar cada institución ó procedimiento nuevo, con los medios prácticos para realizarlo según se ha concebido, pueden ser, por sí solos, suficientes á hacer estéril y perjudicial cualquiera ley, que por buena que sea, necesita vivir para producir sus frutos, y no ser abogada por las exigencias, á veces brutales, de la realidad, antes de ser comprendida y apreciada.

Y no basta decir que esos obstáculos deben vencerse por la energía de los gobiernos, haciéndose comprender á los pueblos, por los sufrimientos que les impongan su indiferencia ó su apatía, la necesidad de ajustarse á las nuevas leyes. Esto es muy razonable, cuando son casos aislados, excepciones reducidas en número, los que se encuentren en situación irregular, y experimenten en sí ó en sus familias, los efectos de tales negligencias; pero cuando son mayorías considerables las que resultan lastimadas, la ley es defectuosa, no cumple con uno de sus fines capitales. La misión del legislador no de suscitar con sus preceptos calamidades públicas, como amenazaban serlo para España la ley del matrimonio civil y el jurado, como lo han sido, en la primera quinta y en las 3.000 causas de desobediencia ya incoadas. Sólo en el supremo legislador debemos respetar, como misterio de su justicia, los grandes castigos colectivos y catáclismos universales, para el mejor cumplimiento de sus divinos propósitos, pero los que aquí abajo legislan, no deben olvidar nunca que el bienestar, la paz y la tranquilidad moral y material de los ciudadanos les está encomendada, y que es grave pecado comprometerlas á la ligera, por plausibles que sean los pretextos de futuras bienandanzas y remotos progresos prácticos.

Afortunadamente, esas reglas de prudencia, en los procedimientos para realizar las reformas jurídicas, no sólo no deben, sino que por lo común no pueden, olvidarlas los legisladores. Esos periodos de fiebre intensa y prolongada, durante los cuales ha podido en algunos pueblos imponer una minoría, en breve tiempo y con procedimientos violentos, sus solucio-
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nes, desconocidas ó rechazadas por los más y por los mejores, son raros, no se suscitan en un país sin grandes causas que los motiven y hasta cierto punto los justifiquen, y no se pueden imitar por la mera voluntad de unos cuantos espíritus inquietos á quienes ayuden pasajeras circunstancias; y cuando algún legislador cándido toma muy en serio el aspecto social de una de esas parodias de revolución y quiere aprovecharla para moldear instituciones civiles á su capricho, sin contar con el verdadero estado del país, el éxito definitivo de la lucha, no es dudoso, la reforma sucumbe, y las más de las veces, como ha sucedido entre nosotros, no se contenta la opinión con condenarla en espíritu de justicia, sino que la proscribe con exagerado sentimiento de venganza.

Importa mucho tener muy presentes esas experiencias, al emprender la reforma completa de nuestro Derecho civil, que ha de herir todas las cuestiones que en ese punto suscitaron los legisladores de las Constituyentes del 69, y algunas otras más importantes todavía. Interesa, no sólo al fruto que de ellas mismas se espere recoger en su propio terreno, sino al prestigio de los poderes públicos, por cuyo ministerio se promulguen, pues es á todos notorio, que las reformas jurídicas de la revolución de Setiembre, tan á la ligera estudiadas y planteadas, contribuyeron poderosamente á debilitar en la opinión á instituciones que no tenían su responsabilidad, y esto, más por los defectos de forma y de procedimiento que por los errores de principio, cuyas consecuencias, más profundas, pero más lentas, no ha habido tiempo para sentir.

F. SILVELA.
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ORIGEN DEL HOMBRE

Según la cosmogonía de Zoroastro, á los tres mil años del mundo fué creado Gayumart, inocente y feliz, de cuya semilla brotó la planta Reivas, madre seis mil treinta años después de Mashiah y Mashiahne, Adán y Eva de los persas.

El Brahma indio no produjo á todos los hombres iguales, sino divididos en cuatro castas: el brahman (sacerdote), el chatriya (guerrero), el vaisya (comerciante) y el sudra (trabajador), este último nacido para servir á las clases superiores, según el orden de su categoría.

Los chinos, como los incas, se creen descendientes del sol, el cual les envió desde el cielo un hijo y una hija, que les enseñaran leyes propias de seres racionales.

Los mejicanos daban á su primera mujer, Cihua-Cohualt, el nombre de madre de nuestra carne, y al lado de ella dibujaban siempre en sus jeroglíficos una serpiente.

Los egipcios tenían su Ammon, principio abstracto, padre de Osiris, dios del Nilo, y de Isis, diosa de la tierra, de cuya unión resultó el mundo.

Vengamos á Grecia, y sus tradiciones mitológicas, y los poemas más antiguos de su didáctico Hesiodo y de su épico Homero, nos probarán una vez más el trasunto de la revelación, adulterada ahora mayormente con las fábulas de la imaginación más exaltada.

De Saturno y Rea, á la vez esposos y hermanos, hijos del cielo y de la tierra, nació Júpiter, que arrojó del Olimpo á su padre para que gobernara á la raza de oro, cuyos individuos, después de vivir libres de crímenes, enfermedades y guerras y de morir en las sombras de un sueño tranquilo, bajaron al seno de nuestro esferóide convertidos en génios protectores de la humanidad. Crearon luego los dioses la raza de plata, cuya infancia de cien años fué tan por extremo delicada que, enervando el cuerpo y el alma,