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Revista de España (1876-05-01 00:00:00), página 318

Córtes. "Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinan las leyes." ¿Será casual la omisión de la palabra oral, cuya falta se echa de ver inmediatamente en ese artículo, copia de los de otras Constituciones anteriores? No por cierto; en esta clase de documentos lo que se dice y lo que se calla lleva su intención explícita ó encubierta. Es, á nuestro entender, que no se ha querido contraer compromiso acerca de la oralidad de los juicios, la cual, una vez establecida, prejuzga en cierto modo la existencia, y elimina las principales dificultades del Jurado, si bien al lado de esa calculada reticencia venga la frase, fácilmente amoldable á diversos sistemas, de dejarlo todo sujeto á la forma que determinen las leyes.

II

El juicio oral y público, que, según nuestras leyes orgánica y de procedimientos, es común á los tribunales de derecho y á los del Jurado (1), hásé tenido por algunos como un término prudente de transacción capaz de exonerar el establecimiento de este último; pero no surtiría sus buenos efectos sino reuniendo las dos circunstancias que su misma designación expresa. Suprimid la parte de oralidad, y poco ó nada se habrá adelantado en cuanto á la prontitud, verdad y legalidad de los procedimientos; la publicidad apenas puede entonces comprenderse; no sería más que una ampliación, no sabemos en qué manera concertada, de la que hoy distingue á la parte del juicio denominado plenario, que está muy lejos de ser satisfactorio y de ofrecer las oportunas garantías á las partes interesadas ni á los mismos juzgadores. Bien puede afirmarse que esta es ya una verdad pasada en autoridad de cosa juzgada: apelamos al testimonio de los que conocen los misterios del foro y han podido estudiarlos desde las prácticas de los juzgados de primera instancia hasta los Tribunales superiores. El respeto que inspira todo cuanto al decoro de los tribunales afecta, nos impide echar una mirada

(1) Los tribunales de partido deben conocer en única instancia y en juicio oral y público de los delitos á que la ley señale en el grado máximo una pena correccional; las Audiencias, en igual forma de los que tengan señalada pena superior á la de presidio correccional y que no exceda de presidio mayor; y de los demás delitos, con intervención del Jurado. Artículos 274, pár. 3.º y 276, párrafos 2.º y 3.º
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retrospectiva hacia tiempos no muy remotos, pues que prácticamente los hemos conocido, y de cuyas ideas ó influencia no hemos logrado completamente desprendernos. Fácil fuera recordar y comentar aquellos procedimientos en que las sentencias no se razonaban, porque eso se hallaba prohibido, y en que jueces irresponsables después de un proceso larga y detenidamente formado, á pesar de las numerosas diligencias, en cuya mayor parte no solían tener otra intervención que la de poner su media ó entera firma, concluían dictando una sentencia bajo la fórmula, si era Tribunal eclesiástico de "Christi nomine invocato," y si civil la de "Vistos, dijo que debía condenar, y condenaba, etc." designando arbitrariamente las penas por el desuso en que las antiguas habían caído, y fijando para algunas la tarifa de redención pecuniaria con destino al fondo de penas de Cámara. El advenimiento de los principios liberales acabó con aquellos desgraciados sistemas; pero decenas de años han pasado y hoy todavía constituimos una excepción lamentable sufriendo los errores de sumarios, de duración indefinida, (1) de plenarios tardíos que poco suelen conducir á la averiguación de la verdad, y de una intervención mista del juez único y del tribunal colegiado, que ni aun siquiera proporcionaba las ventajas peculiares á cada uno de esos sistemas. El juez, que á un tiempo instruye y sentencia en primera instancia, no siente todo el peso de su responsabilidad, porque, más bien que sentencia, lo que emite es una consulta al tribunal superior (2), y este tropieza con el gran inconveniente de que va á formar juicio sobre hechos lejanos en tiempo y lugar, y por medio de diligencias que no ha ordenado y en las que no ha intervenido. Esto exige para el acierto un aumento de trabajo moral y enaltece sin duda el mérito de la justicia que administran nuestros tribunales.

Pues bien,—volviendo á nuestro propósito,—gran parte de los

(1) La evidencia de esto no permite ya duda alguna. Continuamente estamos oyendo anunciar vistas de causas incoadas dos ó tres años antes con presos ó sin ellos. Ejemplo pudieranmos citar de una que estuvo señalada para el Jurado de 7 de Enero de 1875, y después no ha llegado á la Audiencia hasta el mes de Abril de 1876.

(2) No hay declamaciones en nada de lo que decimos, y apelamos á cuantos algo tengan, ó hayan tenido que entender, en negocios forenses. Si al principiarse un pleito ó una causa se consultase á los interesados si querían prescindir de la primera instancia, tal vez sólo dejarían de contestar afirmativamente los que pensasen utilizar el medio de las dilaciones y entorpecimientos.
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hemos dicho; y Lingard, Doctor y sacerdote católico, dicen ambos, en sus respectivas Historias de Inglaterra, que la Reina Catalina, al entablarse contra ella el pleito del Divorcio, declaró terminante y enérgicamente haber entrado virgen en el tálamo de Enrique. Ni uno ni otro escritor expresan su propia opinión en la materia.

Nuestra Crónica, dándonos en su cap. IV, la curiosa noticia de que habiendo escrito la Reina á Juan Luis Vives, filósofo español, á la sazon residente en Brujas, "que tenía gajes de la bendita señora," llamándole para que fuese á defenderla, y rehusándolo cobardemente aquel á la cuenta más docto que hidalgo personaje, hubo de resolverse por necesidad á ser ella misma su abogada, dice lo siguiente, refiriendo la comparecencia de la ilustre víctima ante sus jueces:

"Uno de los letrados (eran ocho por la parte del rey, y la reina uno tenía ninguno que la asistiera) dijo estas palabras: 'Señores, vuestras señorías sabrán que, si el príncipe de Gales (Arturo) tuvo conversación carnal con esta señora, no hay ley divina ni dispensación que valga, ni puede ser válida; y para que más claro se vea aquí están dos señores de gran crédito, que jurarán que una mañana, que salía el Príncipe de su cámara, dijo: Señores, muy alegre salgo, por que he estado esta noche seis millas dentro de España.—Y luego el letrado mostró los testigos, los cuales juraron que era verdad; y por su honra, no los nombró.—La bendita señora, visto la gran maldad y alevosía, sacó luego la dispensación (Dispensa del Papa autorizando su enlace con Enrique), y dijo estas palabras: ¡Oh, falsos! ¡Cómo podeis vosotros, jurar tan gran maldad, porque el Rey Enrique mi marido, sabe bien cómo me halle!—Y sin falta se sonó que el Príncipe (Arturo) fué impotente, y que la bendita señora estaba virgen cuando casó con el Rey.'"

Mas explícito, mas parcial, y suponiéndose mejor informado, no se sabe cómo ni por quién, el Padre Rivadeneira que, como sabemos, conocía y aprovechó cuando le convino la crónica que de citar acabamos, dice terminantemente en el cap. I.º de su Historia del Cisma:

"La noche de la fiesta (de la boda) fueron llevados el Príncipe Arturo y la Princesa Doña Catalina á su tálamo, con toda la pompa y majestad, que á tan grandes Príncipes convenía; mas el Rey Enrique (VII) había ordenado que estuviese con ellos aquella
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aludidos defectos y perjuicios desaparecían solo con el establecimiento del juicio oral y público. La publicidad, circunscrita á las vistas y á los debates—primer término de las reformas que sirvieron de reprobación al sistema inquisitorial secreto—no llega, ni con mucho, á los resultados apetecidos. Para hacer patente nuestra imparcialidad y para que nuestras afirmaciones no se estimen como efecto de apasionado alucinamiento, preferimos, á emitir nuestros propios juicios, copiar los de enemigos manifiestos del Jurado, concepto por el cual son menos recusables. El mismo glosador crítico de la ley á que antes hemos aludido, decía al hablar de este asunto: "Grandes defectos tenía el procedimiento escrito en que las más de las veces las diversas páginas de un proceso no eran la verdadera consignación de los hechos averiguados de un delito, sino la expresión del estilo del juez ó escribano, redactores de las declaraciones de los testigos, y cuya falta de ortografía daba lugar en algunos casos á cuestiones gravísimas y á soluciones inesperadas." En prueba de las consecuencias lamentables de una falta de ortografía,—que es todo cuanto pudiera alegarse en mengua de cualquier método de procedimientos,—recuerda un caso práctico que por la calidad de sus pormenores no hemos de reproducir ahora; otros parecidos hemos tenido ocasión de ver, y de seguro que lo mismo acontecerá á los que hayan entendido en los negocios forenses; y en verdad que siendo esas actuaciones escritas el fundamento de los fallos, no queda tranquilo el ánimo respecto al acierto en ellos, y menos cuando van á parar á jueces alejados del sitio de los sucesos, que ni han tenido ocasión de ver á reos y testigos y que se hallan casi reducidos á formar concepto de los hechos por la lectura del apuntamiento.

La simple publicidad en los debates (1) ni la que de mera pala-

(1) Esta ha sido la primera y tímidas concesión que empezó á otorgarse en los países más resistentes al Jurado. La Constitución de 1848 de los Países-Bajos establecía que las vistas de los negocios civiles y criminales fuesen públicas. La de Cerdeña, de igual época, disponía, art. 72, que las Audiencias de los tribunales en materia civil, y los debates forenses en materia criminal, serían públicos; y la de Dinamarca, de 5 de Junio de 1849, también mandaba, en su art. 79, establecerlo más pronto posible en el ejercicio del poder judicial la publicidad de los debates y juicios; pero además reconocía la conveniencia del Jurado en las causas por delitos comunes, así como en las que provengan de delitos políticos. ¿Estaremos ahora nosotros condenados á contentarnos con ese ineficaz remedio?
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bra, ó poco méños, se atribuye al plenario, no disminuyen los graves inconvenientes que han sido objeto de continuo clamoreo y autorizadas censuras; pero si á ella se unen la oralidad en la parte de las pruebas, no vacilamos en repetir que desaparecian aquellos en mucha parte.

El juez único, ya generalmente rechazado á pesar de que Benthan creía encontrar reunidas en él todas las cualidades necesarias, por solo el hecho de ser tambien el único responsable ante el tribunal de la opinión pública y ante las leyes, mientras que la pluralidad en los tribunales debilita, á su parecer, de muchas maneras la responsabilidad de los jueces, que unos con otros pueden disculparse, y por su propio número fortalecerse contra las censuras de la opinión; el juez único solamente podría méños mal admitirse, según el mismo sistema de Bentham, cuando procediese en juicio oral y público, porque solo así prestaria la atención necesaria á las causas y tendría que someterse á la influencia de trámites que sobre él atraerían en caso de alguna injusticia, "los ojos de tantos testigos interesados en espaciar la alarma." Por eso tan general se ha hecho la opinión de las personas competentes en la materia á favor del juicio, sencillo en sus primeros trámites de instrucción, y en los posteriores garantizado por la verdadera publicidad, tal como antes la hemos señalado.

Reformas de este género no son preocupaciones pasajeras producidas por el viento de las revoluciones: contra esa imputación que hoy inesperadamente parece reproducirse, protesta el ejemplo de toda Europa, y la desmienten también entre nosotros, antecedentes legislativos nada sospechosos por cierto. En Junio de 1854—y llamamos la atención sobre esta fecha—reconocía el gobierno la necesidad de establecer un método de procedimiento peculiar para los delitos de pena correccional; lamentaba el cúmulo de procesos en que se entendía con formas escritas siempre, haciendo que los procesados viesen pasarle los días y los meses, cuando no años enteros, entre el horror de las prisiones, y consideraba al país suficientemente ilustrado ya sobre las ventajas teóricas del nuevo sistema, qué, entre otras, había de producir la de que "la administración de justicia obtuviese, en fin, una publicidad de que siempre ha carecido entre nosotros, á pesar de ser la primera garantía de libertad e imparcialidad en las sentencias, que reconocen de consumo
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la ciencia y el espíritu y texto de la moderna legislacion española." Tal era el concepto que tenía formado y resueltamente existía hace veintidos años el gobierno que precedió á la revolucion ó pronunciamiento de 1854, á cuyo testimonio apelamos hoy que parecen dominar otras creencias. Aquel gobierno no se atrevió más que á formular un ensayo, estableciendo un tribunal correccional que ejerciese su jurisdicción en el distrito de los diez juzgados de la corte, y publicó un reglamento dictando las reglas á que los procedimientos de aquel juicio habían de sujetarse, que coinciden en lo esencial con las disposiciones de la moderna ley de 1872.

Refundióse luego ese tribunal en la Sala cuarta de la Audiencia (en 1857); alteración no bien justificada, que se apartaba del espíritu del anterior decreto, y que además, sin producir ventajas en el fondo, aumentó la confusión y el número de los negocios encargados á la Sala que conocía de los correccionales de Madrid en única instancia y juicio oral, y de los de igual clase del resto del distrito como tribunal de alzada. Las poco afortunadas consecuencias de semejante arreglo no tardaron en ser conocidas, y dieron, por fin, lugar á que en 10 de Marzo de 1874 se repusieran las cosas al estado antiguo, en espera del nuevo sistema, en curso entonces de llevarse prontamente á cabo. No es extraño, por tanto, que el ensayo de 1854 dejase de llenar las esperanzas que sus promovedores habían concebido y que pasará poco méños que desapercibido.

Culpa fué, prescindiendo de otras causas más accidentales, de no haberse efectuado el plan, obrando con mayor resolución. Un solo tribunal misto de correccional y ordinario para Madrid era á todas luces insuficiente, y de ahí provino, si no en todo, en mucha parte, el gran retraso de causas que no pudo méños de concluir llamando la atención pública y del gobierno. El mismo carácter excepcional que tenía la anunciada reforma hizo que ni se la apreciase, ni se la mirase con interés, ni se la desenvolviese cual debía; vivió así medio olvidada y luchando con las dificultades que asaltan á todo lo que incompletamente se organiza.

III

Pero si aquella suspension del método de enjuiciar, que tanto ha venido siempre echándose de méños, tenía disculpa en la próxi-
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midad con que de una manera completa iba á generalizarse, no sucede lo mismo respecto á la tibieza, ya que de otra manera no deba calificarse, con que hoy se recuerda alguna vez la posibilidad de su restablecimiento. Esto constituye un fenómeno que por cierto no puede sermos muy lisonjero. Al mismo tiempo que jurisconsultos notables y elevados funcionarios ponderan la utilidad y urgencia del juicio oral, y que oficialmente se está ofreciendo en perspectiva, al aproximarse el trance de realizarlo, levántanse contrariedades, y se apela al argumento de las economías, incompatibles con el aumento de gastos necesarios para plantear los nuevos tribunales y la nueva forma del juicio.

Hay cierto linaje de gastos en la administración de los Estados, para los que no vale mucho, á nuestro parecer, el manoseado pretexto de las economías. Si se trata de servicios indispensables para el orden público, tranquilidad de los ciudadanos y fomento de la prosperidad general, están aquellas muy lejos de deber considerarse como efecto de una prevision prudente y provechosa. Tal sería, por ejemplo, el resultado de la que, para disminuir ó no aumentar la cifra de algun presupuesto, rechazase el establecimiento de la Guardia civil ó de la policía judicial. Hay además la circunstancia de que los gastos relativos á la administración de justicia, no pecan por exceso en la parte personal ni en la material, y esto se comprende fácilmente tomando el trabajo de descomponer y analizar el presupuesto del ministerio de Gracia y Justicia (1). No nos parecen, sin embargo, exactos ni bien fundados esos temores; y como la cuestion es esencialmente práctica, vamos á procurar exclarecerla con datos de ese género, no sin hacer notar precisamente que obstáculos semejantes no autorizan á abandonar con desaliento los trabajos oportunos para vencerlos y dejarlas arrinconadas las reformas en espera indefinida de mejores tiempos.

La ley orgánica del poder judicial (15 de Setiembre de 1870) dispuso que el territorio de la Península, islas Baleares y Canarias se dividiese, en términos municipales; en circunservicio-

(1) No pretendemos ni necesitamos que se haga tanto como en Inglaterra, donde, según nota que tenemos á la vista, la policía de lo criminal contaba (1859) con más de 20,000 hombres, ascendiendo su coste á 1.447,000 libras esterlinas.
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neo con solo un juez de instrucción; en partidos con un tribunal compuesto de tres jueces; y en distritos con una Audiencia en cada uno. Como el deseo de realizar las importantes reformas contenidas en aquella ley, á la que ni aun sus mayores adversarios pueden negar parte de los elogios que merece, era sincero, nombróse en seguida una comisión encargada de formar los proyectos de división territorial, señalando bases á que hubiera de atenerse, porque en otro caso, y para efectuar la más acertada, fuera preciso variar profundamente la actual, cuyos defectos cada día se hacen más patentes (1). Esa comisión tiene ya terminados todos sus trabajos, y muchos de ellos publicados en la Gaceta, pudiendo asegurar que antes se hubieran concluido, y más adelantados estarían en cuanto á su cumplimiento, si circunstancias, que es excusa do referir, no hubiesen contribuido á alejar de semejantes asuntos la atención de los gobiernos. Pues bien, el resumen de ciertos datos que los aludidos proyectos contienen,—de los que tenemos conocimiento por haber formado parte de la comisión citada,—va á servirnos para demostrar que no son tan costosos de vencer los inconvenientes que en el particular se achacan al establecimiento del juicio oral y público, y menos aun al del Jurado. Con este propósito debemos llamar la atención sobre el siguiente

(1) En el primer proyecto que formó y publicó relativo á la Audiencia de Madrid, hizo presentes algunas consideraciones acerca de las dificultades con que tenía que chocar si había de sujetarse estrictamente á los actuales límites del territorio de Audiencias, provincias y juzgados, de los que el gobierno creyó que no podía prescindirse, después de oído en consulta el Consejo de Estado. La descripción geográfica de las provincias es acaso la más completa y exacta que se ha publicado, y ella sola bastaría para hacer apreciables los trabajos de la comisión. En justicia debemos añadir que el mérito principal corresponde á los vocales y auxiliares facultativos, y á los medios que ha facilitado el Instituto geográfico y estadístico.
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ESTADO de la división territorial en lo judicial conforme á la ley orgánica de 1870.

    AUDIENCIAS.
    Número de provincias
    Población total.
    Partidos.
    Circunscripciones.
    Número de negocios criminales.

    Albacete
    4
    1.066.418
    10
    25
    3.668

    Barcelona
    4
    1.674.142
    14
    35
    3.649

    Burgos
    6
    1.148.309
    9
    29
    3.099

    Cáceres
    2
    697.407
    6
    18
    2.603

    Coruña
    4
    1.799.266
    13
    37
    2.667

    Granada
    4
    1.585.979
    13
    36
    5.032

    Madrid
    5
    1.332.655
    12
    34
    5.925

    Oviedo
    1
    540.580
    4
    10
    740

    Pamplona
    2
    462.001
    3
    11
    1.002

    Sevilla
    4
    1.400.508
    12
    38
    4.711

    Valencia
    3
    1.275.731
    10
    27
    3.610

    Valladolid
    5
    1.254.045
    9
    30
    3.808

    Zaragoza
    3
    891.059
    8
    23
    3.333

    TOTAL
    47
    15.107.212
    107
    300
    37.827

Hemos comprendido solamente las trece Audiencias peninsulares, porque son las de aplicación más inmediata á nuestro objeto. Las circunstancias de las Baleares (Palma) y Canarias (Las Palmas) son excepcionales; y aunque se agreguen al resumen de las demás, ninguna alteración producen en el resultado que de todas ellas deducimos (1). Tenemos, pues, que conforme á los indicados proyectos habrían de organizarse en las 47 provincias 107 tribunales de partido con un personal de 321 jueces ó magistrados y 300 jueces instructores, haciendo un total de 621, y como actualmente tenemos 480 jueces y otros tantos promotores fiscales,—960 entre las dos clases,—resulta un sobrante de personal de 279, destinable á llenar la parte del ministerio fiscal que habría de asistir á los tribunales de partido. Estos cálculos podrían sufrir alteraciones; pero ahora en momentos de discusión, cuando se está trabajando en la reforma de la ley orgánica, no nos ha parecido inoportuno consignarlo, recomendándolos al examen de los que, por no analizar las

(1) En Baleares el último dato sobre negocios criminales los eleva á 800 para una población de 288.747 habitantes; y en Canarias puede calcularse poco más ó menos por otra de 283.402 habitantes: la primera tiene en la actualidad seis juzgados, y la segunda siete.
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cosas, hayan podido persuadirse de que una, y no la más leve, dificultad de los juicios oral y de jurados ha de consistir en el aumento de personal y de gastos. La idea de los tribunales de partido no es novedad de ahora: muchos años hace que un ministro de Gracia y Justicia,—no de procedencia progresista, sino moderada, que eran las denominaciones por aquellos tiempos admitidas,—pensó, y aun formuló, un proyecto de tribunales colegiados ó Audiencias provinciales, con lo cual hubiérase conseguido un fin, al que debe siempre tenderse, tan importante como lo es el aproximar la justicia á los que de ella necesiten valerse, y hacer que en materia criminal funcione próxima á los sitios que hayan servido de escena á los delitos, reuniendo así la facilidad en las averiguaciones, prontitud en las diligencias, y ejemplaridad en los procedimientos que no vale menos que la ejemplaridad en las penas.

No se limitan á esto las observaciones que de los anteriores datos se desprenden, si bien sean demasiado incompletos. Con disgusto recordamos aquí el atraso ó descuido con que entre nosotros se llavan las investigaciones estadísticas, recargadas á veces de números y olvidadas del método que requieren para llenar en cada ramo su provechoso objeto. Museos de la historia moral del hombre facilitan altamente el estudio de lo que para adelantar en su perfeccion necesita, y marcan los puntos en que puede y debe intervenir la accion reformadora de las leyes. La degradacion ó mejora de los pueblos en diversos periodos de nuestra misma historia contemporanea no se conoce bien, y á veces por ligereza de juicio ó pasion de partido se aprecia contra lo que es verdad, á consecuencia de no tener la historia de los hechos á que tales apreciaciones deben referirse. Conociendo los males que declinan pueden las leyes favorecer su desaparicion más pronta, reformando las disposiciones penales: conociendo los vicios y delitos que prosperan, puede tambien contrarestarse su incremento por los medios indirectos de la instruccion y vigilancia preventiva, y por los directos de la correccion y las penas. ¿Nada significa, por ventura, el aumento, que en algunos países se nota, en los envenenamientos, que constituyen el más vil de los asesinatos, las falsificaciones y las estafas en sus infinitos medios de ejecucion?... Insistir en este punto, seria separarnos demasiado de la materia á que estos articulos se hallan dedicados; basta lo dicho para nuestro objeto y para justifi-