ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 43

cionales que tan pingües rendimientos ha dado al Tesoro. Tampoco los expedientes de indemnización de participes legos corren ya por las mesas de las oficinas encargadas de su calificación, salvo alguno retrasado. Subsisten, es verdad, los asuntos relativos á la inteligencia, rescisión y efectos de los contratos sobre servicios y obras públicas, pues tanto los primeros como las segundas son de ejecución constante, y por tanto, las contiendas á ellos relativas son constantes también. Pero si al pasar estos negocios, como los demás propios hoy de la jurisdicción extraordinaria de los Tribunales Administrativos, á los Tribunales Civiles, se declarasen subsistentes para ellos las reglas que en materia de competencia y procedimiento rigieron durante el periodo en que la jurisdicción administrativa en general estuvo encomendada á los últimos, en mucho se disminuirían los inconvenientes indicados.

—En efecto. Sométanse á una de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia las contiendas á que den lugar los contratos celebrados por la Administración Central. Sujétense igualmente á una de las Salas de las Audiencias, con recurso al Supremo, las cuestiones que se promuevan con motivo de los contratos celebrados con la Administración Provincial y Municipal; aplíquese en toda su integridad el sistema de procedimiento porque se rigen el Consejo de Estado y las Comisiones Provinciales, y no se habrá antelantado poco para que los fallos se den con la celeridad conveniente y sin suspender la ejecución de los servicios y obras que importa al Estado no se paralicen.

La diferencia esencial que existe entre la jurisdicción común y la administrativa, es que la primera se ejerce por jueces inamovibles que dictan sentencias no revocables por autoridades ajenas al orden judicial, y la segunda se ejerce por funcionarios amovibles y cuyos fallos son revocables por el Gobierno; sin que sea excepción de esta regla la calidad de firmes que tienen las sentencias que dictan los Tribunales de primera instancia, pues la Administración Activa puede provocar la apelación ante el Consejo de Estado ó tribunal de alzada, cuyo fallo queda sujeto á la revisión y decisión del Gobierno. Graves son las consideraciones que aconsejan la conservación en favor de este de tan importante facultad, y todas ellas pueden resumirse en la siguiente. Si el Jefe del Poder ejecutivo delegara le derecho en los Tribunales que constituyen la jurisdicción administrativa la facultad de fallar de una manera irrevocable en las materias que son objeto de la misma, no habría razón para que esta delegación no recayese en los Tribunales Comunes, ni para crear una gerarquía judicial más, que con el transcurso del tiempo habrá de adolecer de los vicios, por temor á los cuales se
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 430

La misma gravedad del asunto y lo arriesgado de su examen, aún trazado á la ligera, nos obligan á señalar únicamente el carácter y tendencias del folleto del señor Gladstone, donde á más de la cuestión general ya indicada, se comprenden otras que derivan de ella, como la declaración dogmática de la Purísima Concepción y la infalibilidad proclamada como inherente al pontificado por Pío IX, el Syllabus y la Encíclica, cuestiones que basta anunciarlas para comprender su alcance y cuantía.

La traducción, hecha de segunda mano—si me es permitida la frase—no ostenta la limpieza y corrección que fueran de apetecer, pero bastan para dar idea del original, cuyo sentido absorbe la atención por completo.

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD HISTOLÓGICA DE MADRID.—Madrid, imprenta de F. García y D. Caravera, 1874.

El título indica sobradamente lo que contiene este folleto, cuya fecha atrasada corresponde á aquella—26 de Mayo de 1874—en que en junta general fueron aprobados los estatutos y reglamentos de la sociedad citada; la cual ha conseguido ya plantear una escuela práctica de histología, de notoria utilidad para los que se dedican á este importante ramo de la ciencia médica y de cuya utilidad se deduce asimismo la de las reglas que gobiernan la sociedad que ha llevado á efecto la creación de la citada escuela práctica de histología.

L. A.
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 431

ESTUDIOS
SOBRE
LAS BASES DEL CÓDIGO CIVIL

"Porque el hacer es cosa grave y
el desfacer muy ligera."
LAS PARTIDAS.

1

Entre las escasas venturas que puede contar España en lo que va corrido del siglo, es una de las más modestas, pero no de las menos positivas, haber hecho sus diferentes trozos de revolución algo atrasados, siempre sobre modelos ensayados ya en cabezas ajenas, y no pocas veces heridos en el resto de Europa de mortal descrédito, al tiempo mismo que se proclamaban en Madrid como principios regeneradores y sempiternos. Esto ha privado á la historia de nuestra revolución de originalidad y de interés dramático, pero ha templado no poco esas violencias y furores, de tanto daño para los presentes y de tan difícil remedio para los venideros, que caracterizaron á la de nuestros vecinos y maestros, pues siempre se debilitan en una reproducción á larga fecha, los efectos y las proporciones todas, de las reformas que la influencia de un pueblo impone á la historia de otro.

Fijándonos únicamente en la esfera jurídica, nos sería fácil enumerar todas las novedades intentadas y planteadas, señalando á cada una su genealogía transpirenáica, por lo comun, bien sencilla y al alcance de cualquier lector asiduo del Diario de los Debates; porque no han acostumbrado nuestros reformistas á profundizar mucho en los orígenes y fundamentos de la legislación importada, para asimilársela e imprimirle algo de carácter
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 432

propio, y con frecuencia han preferido aprovechar hasta las hechuras, y plantearla en una traducción libre; pero al propio tiempo, no cabe desconocer el hecho notabilísimo, y en nuestro sentir por todo extremo feliz, de que las diferentes riadas de legisladores reformistas y poco aprensivos, hayan respetado las principales bases de nuestro derecho civil y los preciosos elementos que en este terreno encierran nuestras legislaciones forales.

Causa á primera vista maravilla, que en un pueblo donde cada bandería, formada quizás al calor de un periódico y de media docena de ex-ministros que lo sostienen y lo leen, tiene su Constitución política y sus leyes orgánicas dispuestas para reemplazar en pocas horas á las vigentes, si es llamado ó si se llama á sí propio al poder, donde á liberales y á reaccionarios, no ha costado escrúpulos proclamar la abolición de todo lo existente, y declarar nulos, hasta el tiempo pasado y los sucesos consumados, se mantenga vigente el libro de los Godos, y vivan en paz el Fuero de troncalidad, el Privilegio de bailío, y las más importantes excepciones de las leyes civiles de Aragón, Vizcaya, Navarra y Cataluña. Este aparente fenómeno se explica por las consideraciones que apuntamos al principio; el espíritu de la revolución francesa, que informa toda nuestra historia contemporánea, ha llegado á nuestros hombres públicos debilitado, y ha sido bastante la resistencia de ciertos sentimientos de provincialismo, que se mantienen más vivos que otros principios del antiguo régimen, para evitar nos la desgracia, de que cualquier general, glorioso en pronunciamientos ó en desarmes de milicianos nacionales, encargara á cuatro amigos que le conseccionasen un Código Napoleón para el mayor lustre de su biografía y lo publicara por decreto.

Pero si es justo dar gracias á la Providencia por habernos librado de Códigos civiles hilvanados á la ligera, que hubieran hecho padecer á la propiedad y á la familia, suerte parecida á la del municipio y la provincia, que en lo que va de siglo llevan diez leyes orgánicas diferentes, y están seriamente amenazados de la undécima, no es esto motivo para permanecer en la inacción, sino por el contrario, debe ser estímulo para aprovechar estos tiempos, de espíritu científico más sereno, en que la ciega aversión á el antiguo régimen, ha dejado de ser el criterio de los que tienen fé en la libertad y en el progreso humano, cuando el elemento histórico,preciado en su justo valor, se aquilata friamente, sin el absurdo divorcio en que se pretendía mantenerle del elemento filosófico.

No es menester profundizar mucho en el examen de nuestro derecho civil, para llevar al ánimo el convencimiento de lo verdaderamente necesa-
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 433

Sobre las bases del Código Civil.

ría, que es ya, una sabia y prudente codificación de la multitud de Leyes Usages, Fueros, Ordenamientos, Observancias, Costumbres, Privilegios, Novelas imperiales, Motus propios, Cánones, Decretales, Compilaciones romanas, Cuadernos, Ordenanzas, Pragmáticas y Reales órdenes, que ha venido acumulando el aluvión de toda la accidentada historia de la Península; verdadero y confuso laberinto, para el cual no ha servido ciertamente de hilo de Ariadne, la Jurisprudencia, siempre sabia, pero á menudo contradictoria, del Supremo Tribunal de Justicia.

Al través de semejante cumbre de preceptos, vigentes unos, en desuso otros, de aplicación tan dudosa muchos de ellos, que se discute largamente si Códigos completos están ó no derogados, es preciso perseguir y descubrir las leyes, que deciden á veces de los intereses más graves, empleando procedimientos y trabajos análogos, á los que usaria un erudito para buscar un documento ignorado, en un archivo en desorden, y así, es frase corriente y admitida entre los jurisconsultos españoles de mayor ciencia y experiencia, la de haber encontrado una ley, y por tales hallazgos se resuelve una dificultad ó se gana un pleito. Un derecho civil en el que, leyes obligatorias para todos los ciudadanos, que no le es lícito ignorar ni al menos letrado, se pierden, se encuentran y se descubren, aún á la vista de los que consagran su vida á estudiarlas, preciso es confesar que está lejos del ideal científico, y exige, por esa sola consideración, pronta y radica reforma.

Y no se crea que á semejante mal, se puede poner remedio con meros trabajos de compilación, que á manera de razonados catálogos, sirvan para encontrar en cada caso su legislación apropiada, y para agrupar el derecho constituido y vigente, en orden lógico y sujeto á índice manuáble y fácil. Los varios libros que con ese generoso propósito se han publicado, queriendo hacer de nuestros inmensos materiales legislativos, Códigos de bolsillo, prueban con su inutilidad, bien notoria para cuantos practican en el foro, que la generación del orden y de la claridad en nuestro derecho civil, exige un principio más alto y unos procedimientos más científicos, que los de una mera colección de materiales heterogéneos; que es necesario codificar, en el más elevado sentido de esta palabra.

Lo escaso del fruto obtenido hasta el presente, de lo recursos de casación y de la jurisprudencia que en ellos establece el Tribunal Supremo de Justicia, se debe, en muy mayor parte, á ese deplorable estado de nuestra legislación, y ofrece también concluyente prueba, de la necesidad de atacar en su raíz el mal y realizar una reforma completa, si han de obtenerse al-
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 434

gunos beneficios positivos, y no se ha de acrecentar cada día el daño que la multiplicidad y oposición interna de nuestros Códigos civiles ocasiona. Hoy es una verdad universalmente confesada, que el trabajo en el que tanta ciencia han invertido é invierten nuestros magistrados de casación, será inútil, cuando no perjudicial, mientras no se forme un Código civil, que haga posible la uniformidad de la jurisprudencia, que concluyendo con el infinito casuismo de nuestro derecho, evite sean las sentencias nuevos materiales que lo acrecientan, en vez de corregirlo, que permita crear doctrina sobre bases fijas, aplicables á todo el país, y no empequeñezca más y más la tarea y misión del juríscusulto, con la inevitable variedad de las interpretaciones de leyes inspiradas en precedentes tan múltiples, y en principios tan diversos.

La legislación romana y la gótica constituyen las primitivas formaciones de nuestro derecho en toda la Peninsula, pero los Usages en Cataluña y Aragón y los Fueros municipales en Castilla, crearon instituciones nuevas con los caracteres más variados, perdiéndose totalmente la unidad en el derecho privado, como en todas las demás esferas de la vida, y recibiendo de muy diversa manera cada Estado y en muy desigual proporción, las influencias del Derecho Canónico, y del renacimiento de los estudios clásicos.

Fuése reconstituyendo lenta y trabajosamente la unidad, en la monarquía, en las relaciones exteriores, en la vida política y en la lengua, pero poco ó nada se adelantó por tal camino en la ley civil, antes bien, se produjo el singular fenómeno de consolidar en cada Estado su particular derecho, por medio de compilaciones sucesivas, formadas todas con escrupuloso respeto á sus peculiares orígenes, y manteniendo en cada una en vigor los códigos, y aún las doctrinas y costumbres que constituían sus singulares precedentes.

Así en Castilla D. Alonso XI, no atreviéndose á secundar el proyecto de unidad de Alonso X, responde á las excitaciones de las Cortes, que ya lamentaban los males de la multiplicidad de Códigos, con su famoso Ordenamiento, en el que declara: que para mantener en justicia á los moradores y naturales de estos reinos, es menester dar leyes ciertas por do se libren los pleitos, y á ese fin, manda observar el Fuero de los Godos, los particulares de cada ciudad y villa, donde fueren guardados, las leyes de su Ordenamiento, las Siete Partidas de su bisabuelo D. Alonso, y los privilegios particulares de los hijos-dalgos porque se juzgasen ellos y sus vasallos. Los Reyes Católicos, no penetran tampoco los letrados, pero seguros beneficios de
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 435

la unidad en el derecho civil, y confirman la ley de Alonso XI, manteniendo en vigor y aspirando á formar un cuerpo de doctrina, con el Fuero Juzgo, el Fuero Real, todos los Fueros municipales, cuya observancia era preciso probar en cada caso, el Ordenamiento de Alcalá, las leyes de Partidas, el Fuero Viejo, El Ordenamiento de Najera, las Ordenanzas Reales de Montalvo y las Leyes de Toro, y aunque las Cortes de Valladolid y de Madrid, una y otra vezclaman contra la confusion y el desorden de las leyes, no aciertan, ni los monarcas absolutos, ni los jurisconsultos de quienes se aconsejan, á variar de sistema, y Felipe II en la Nueva Recopilacion, y Carlos IV en la Novisima, acumulan sin orden ni concierto tan heterogéneos materiales, y cuidadosamente conservan la famosa Ley de prelacion, que nos da por Código civil, á nuestra historia entera.

Otro tanto acontece en Cataluña. Sostenida la legislacion gótica como general hasta los tiempo de D. Jaime I, es modificada profundamente, pero no abrogada, por los Usajes, Constituciones y Capitulos, no solo de los Monarcas y de los Estamentos, sino de meros comentaristas, como Pedro Albert, cuyas Conmemoraciones son fuente de derecho, y de jurisconsultos y sabios de la Corte, como los autores de la Santalicia reducida á ordenanza en los tiempos de D. Jaime II; y cuando Felipe V pudo y debió afirmar su victoria bajo el principio de la unidad legislativa, muy lejos de eso, da nueva autoridad á las leyes especiales en el decreto de 16 de Enero de 1716, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado, que forman la legislacion comun y general de Cataluña, los Usajes, Constituciones y altres drets, y como derecho supletorio el Canónico, el Romano y el nuestro de Partidas.

El reino de Aragon sufre la misma suerte, pues si bien el decreto de 29 de Junio de 1707 abolió y derogó todos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta entonces observadas en Aragon y Valencia, mandando que se redujeran á las leyes de Castilla, se quebrantó bien pronto el rigor de tal reforma, y el decreto de 1711, estableciendo la planta interina de la real Audiencia de Zaragoza, restituyó su vigor á los antiguos Códigos, y ya, con aquella permanencia, propia de los preceptos que logran en España la conservadora calificación de interinos; y desde entonces constituyen la legislacion civil aragonesa, la Compilacion de 1547, los Fueros publicados desde ese año hasta 1702, y las Observancias de 1437, y por sí todo ello no bastará á confundir al más estudioso intérprete, el Derecho supletorio, cuya observancia es de ley en Aragon, pero sin que jurisperitos tan notables como Molino, Franco de Villalba y Ortiz de Zúñiga, hayan podido
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 436

ponerse de acuerdo acerca de cuál sea ese Derecho supletorio á que se refiere la ley, sosteniendo el primero en su libro de Fori Aragonum, que es el Derecho Romano, el segundo, que es el Derecho Canónico, y el tercero, que no se puede aplicar el Romano ni el Canónico, sino el de Partidas y la Novísima Recopilación, y aún no faltan comentaristas, que desviándose de todos esos pareceres, sostienen, que el derecho supletorio en Aragón es el Fuero Juzgo, y á falta de él, la equidad natural y el buen sentido.

Na há menester el de nuestros lectores, el análisis detallado de las lamentables consecuencias que semejante estado de la legislacion ocasiona. El derecho privado es en España una ciencia, cuyas bases más esenciales y de más necesaria aplicación á la vida, son perpétuas cuestiones, que en sus términos contradictorios, se presentan igualmente apoyadas por textos, por sentencias y por comentaristas, y cuanto más se profundiza en su estudio, más crecen las dudas, y más se persuade el jurisconsulto de lo mucho que ignora, siendo para la inmensa mayoría, méños conocidas las fuentes de nuestro derecho foral, que las de los más remotos códigos extranjeros, y habiendo llegado á crearse por la mera confusión de opuestos sistemas legales, en la sociedad conyugal, en las sucesiones, en la contratación, en las prescripciones, en casi todos los puntos cardinales de la Ley civil, dificultades tan graves para apreciar el verdadero derecho vigente, como las que ofrecen los problemas de metafísica más abstrusos, y las cuestiones arqueológicas más opinables. Así, el Derecho civil, aun en su parte puramente práctica, es patrimonio de reducidísima clase, y no está sólo el mal en que el país lo desconozca y lo considere como impenetrable arcano científico, sino que su dificultad es tanta, que goza de escasa popularidad, aun en los tribunales, faltando en absoluto personal suficiente para formar una magistratura, al nivel toda ella de la árdua y espinosa tarea de administrar justicia civil en España.

Mucho podría prolongarse esta exposición pero lo indicado basta á nuestro propósito, porque es más que suficiente para acreditar la necesidad imperiosa de codificar nuestro Derecho, no por medio de las Recopilaciones, cien veces ensayadas sin fruto, sino constituyendo un cuerpo nuevo de doctrina, un todo completo, informado en principios homogéneos, desenvueltos en consecuencias lógicas, en una palabra, creando el orden en la legislación para obtenerlo después en la jurisprudencia y recoger de entrambas, la noción sencilla y clara de la ley que regule las relaciones privadas.
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 437

SOBRE LAS BASES DEL CÓDIGO CIVIL.

II.

La codificación de la Ley civil, no es sólo una de las necesidades jurídicas notorias y apremiantes de nuestro país, es también de las que cumplida y oportunamente pueden satisfacerse hoy, sin violencia de nuestras costumbres, y con más abundantes y regalados frutos de beneficios políticos y sociales, inmediatos unos, y no menos seguros, aunque más remotos, los otros.

Nadie disiente ya la conveniencia de las codificaciones en materia penal y de procedimientos, resueltas en España, y sujetas tan sólo á reformas en el contenido de las disposiciones, pero no en su ley de unidad, ni en los principios de su estructura, tan universalmente admitidos, que acabamos ver á los más ciegos partidarios del antiguo régimen, rendir tributo á esas fórmulas del progreso moderno, apresurándose á publicar un Código penal, apenas han tenido en su poder unas cuantas aldeas y villas donde aplicarlo, y como la primera y más adecuada afirmación de la soberanía.

No menos formada se encuentra la opinión sobre la utilidad de codificar la Ley civil, circunscribiéndose el terreno de la controversia séria, á las bases capitales sobre las que ha de constituirse la unidad, en materia tan trascendental y compleja. Ya en el Congreso de jurisconsultos que se reunió en Madrid en 1863, la única conclusión concreta que en Derecho civil obtuvo el asentimiento de los representantes de las opuestas escuelas políticas y filosóficas que concurrieron á aquellas deliberaciones, fué la que declaraba; que la codificación, creando la unidad de derecho, contribuye eficaz y poderosamente á fundir en uno los elementos heterogéneos que pueden tener existencia en el interior de cada estado; que como principio, es reconocido por la mayor parte de los pueblos civilizados y es aceptable actualmente en España, donde, realizada casi por completo la unidad en el orden político y administrativo, es llegado el caso de procurar la unidad civil, sin sacrificar el derecho tradicional, que es la representación viva de la manera de ser del pueblo, á teorías abstractas ni exigencias de escuela (1); y en esta docena de años transcurridos desde aquel ilustre certámen, esa cuestión, como todas las que se relacionan con nuestro antiguo régimen, ha adelantado mucho camino, y urge estudiar y poner en práctica las soluciones más razonadas y científicas, si se quiere evitar que las circuns-

(1) Sesión del 31 de Octubre de 1863.
Revista de España (1876-01-01 00:00:00), página 438

tancias traigan en algún inesperado día, fórmulas apresuradas y violentas, que corten malamente los nudos, que hoy pudieran en bien de todos desatarse.

Sólo quedan los recuerdos y los nombres de aquellas poderosas clases privilegiadas, bien avenidas con sus fueros, fazañas y albedríos, que miraban con recelosa desconfianza las tendencias unitarias de la monarquía, las que pusieron su veto á la promulgación de las Partidas, dejando reducida á libro de consulta y estudio la preciada obra legislativa de D. Alonso X, las que más tarde sólo permitieron á D. Alonso XI, publicarla como derecho supletorio y subordinado á toda la legislación foral y privilegiada, y le arrancaron en su propio Ordenamiento la declaración, de que podían los señores, por mero trascurso de tiempo, adquirir la justicia civil y criminal.

Tampoco ofrecerán seria resistencia las poblaciones que conservan leyes especiales, porque las reformas del derecho puramente civil, hieren méños que ninguna otra los institutos de las muchedumbres, y no lastiman hoy los intereses de los que están en situación de capitaneárlas, sobre todo, si la codificación se hace, como la ciencia y la prudencia aconsejan, trayendo á la nueva legislación nacional, todos los principios liberales y progresivos de los Fueros de Aragón y Navarra, en vez de imponer á todo el país, el sistema restrictivo de la organización familiar castellana.

Dentro de ese criterio, pueden hoy nuestros legisladores elegir y entresacar sus materiales, del derecho común y del foral, de la antigua y la moderna doctrina, sin temor á resistencias políticas ni sociales, con la misma libertad de acción, con que Cambaceres, desentendiéndose del droit écrit y del droit coutumier que dividía á la Francia, recortó de entre las obras de Pothier, los títulos y artículos del Código Napoleón, y formar en breve, un cuerpo jurídico, que satisfaga las necesidades permanentes de nuestra sociedad civil, y contribuya, con su acción lenta, pero segura y poderosa, á fortificar aquellos elementos que engendran el orden verdadero en los pueblos, y garantizan la permanencia de los principios fundamentales de la vida social, en medio de las crisis políticas ó económicas más violentas.

III

Si la empresa de codificar el derecho civil en el estado actual de España, no ofrece grandes dificultades prácticas, en cuanto á la material elaboración del Código y á su promulgación quieta y pacífica, en cambio, es