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ver con la generalidad de los delitos. La demostración contraria puede encontrar ya medios expeditos de presentarse; mil seiscientos veredictos pronunció el Jurado; ¿qué quejas, qué recursos se han elevado en contra? ¿Cuál ha sido el resultado que obtuvieron?... Aquí debe argüirse con hechos y no con vanas palabras, y casi nos atreveríamos á decir que, tomado igual número de sentencias dictadas por el sistema antiguo, la comparación no sería adversa, resultando mayor el de recursos y causaciones, y no por defecto, en general, de los jueces y magistrados, sino por los inherentes e inevitables del procedimiento (1).

Lástima es, y cada día se hace más notable, que no tengamos medio de examinar el resultado de los veredictos, pues estamos en la persuasión de que destruiría la sospecha de que en ellos haya reinado lenidad bastante para dar estímulo á los criminales. Creemos que nuestros jueces de hecho han sido más severos que en Francia. Allí, y también en Inglaterra, se calculaba en 1857, que las absoluciónes por el Jurado eran de un 24 á 25 por 100; en 1861, en que se sometieron á los Asises 3.842 negocios, las absoluciónes fueron 252 por 1.000 acusados; en 1864, año en que los crímenes disminuyeron casi un 12 por 100, las absoluciónes por veredictos guardaron la proporción de 20 por 100; y en 1870 fueron 24 por 100 (2). Respecto á nuestro país, los escasos datos que hemos podido reunir, nos inclinan á creer que es menor, proporcionalmente, el número de absoluciónes, á lo cual, por otra parte, no debo atribuirse grande importancia; lo que interesa es la justicia, no el número de condenas, y el aumento de estas así puede atribuirse al de criminales, como también á que los jurados no hayan acometido el ejercicio de sus funciones con extremado instinto de indulgencia.

Grande influjo hemos atribuido á la publicidad de los juicios, no solamente por lo que en sí representa, sino porque una vez aceptada—y teóricamente apenas hay ya quien en absoluto la rechace—es consecuencia muy lógica también la admisión del Jurado,

(1) Citaremos un solo dato. En el año judicial de 1872 á 1873, se admitieron 252 recursos de casación, y se examinaron y anularon 169 sentencias.
(2) En Inglaterra se calcularon las causas de Jurado de 15 á 16.000 en los años 1855 á 1859, y de 111 apelaciones del veredicto por violación de ley, única que se admite, fueron desestimadas 74.
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desapareciendo las principales dificultades que á la práctica de este último parecían presentarse. Razon hay, por tanto, para afirmar, por contestacion á una de las preguntas del interrogatorio del señor Alonso Martinez, que puede muy bien no continuar, ya que fué, de la manera que á todos consta, suspendido, sino restablecerse sin sufrir grandes entorpecimientos por la organización de los tribunales, poco difícil de reformar si decididamente se acomete la empresa.

Ya lo hemos dicho, y sentimos que nos sea preciso estarlo repitiendo; sin la publicidad y oralidad, nada, ó muy poco, será lo que se adelante en esta clase de reformas, y con ellas es el Jurado una condición precisa, un complemento del sistema. Largo tiempo hace que esto viene siendo una máxima de derecho público; "máxima elevada, porque realiza las funciones judiciales, les da más lustre y consideración, y honra más el ministerio de los jueces en la opinión pública; máxima tutelar, porque expone á la luz todos los actos de la justicia, los coloca á la vista y examen del público, asegura á todos el medio de juzgar todos los juicios, y defiende así á los acusados contra los excesos y abusos del poder; máxima civilizadora, porque atribuye á la enseñanza, que resulta de los procesos criminales, una facultad de expansión, cuyos efectos, como expiación para el culpable, y como freno para los que se viesen inclinados á imitarle, no carece de fuerza y eficacia." (1). Hé aquí por qué tanta importancia damos á su ofrecido establecimiento; y hé ahí por qué no acertamos á explicarnos cumplidamente ese retroceso que se nos figura observar en las opiniones enunciadas sobre el particular, cuyo cumplimiento armonizaba en parte diversas aspiraciones, haciendo efectivo aquello en que unas y otras convenían. Tenemos, pues, conseguido un triunfo en teoría; si el establecimiento práctico presenta dificultades, no son, ciertamente, mayores que las que han necesitado vencer y han vencido los poderes públicos en otros asuntos de méños breve interés y urgencia; esa es además la función á que están llamados. No se levantan nuevos edificios sin el trabajo de limpiar de escombros el terreno.

(1) Mr. Ch. Nouguier: obra citada.
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Decía nuestro afamado historiador de México (D. A. Solís) hablando del ilustre Cardenal Gimenez de Cisneros, "que era tan amigo de los aciertos, y tan activo en la justificación de un dictánuor, que perdía muchas veces lo conveniente por esforzar lo mejor." Ocurresemos ahora este recuerdo al ver que solemos caer en el extremo opuesto; es decir, que muchas veces desechamos lo conveniente por temor á lo que con razon ó sin ella nos parece malo. Así acontece á los que, confesando las ventajas del juicio oral y público, andan temerosos de plantearlo, porque entienden que sería un precedente irresistible del Jurado, que ya sólo por los efectos de semejante fliación no debiera inspirarles recelos.

Abrigamos la persuasión firmísima de que si no se hubiese desconvuelto un sistema de resistencia desmedida á la institución expresada; si en vez de provocar dificultades se hubieran estudiado los medios de superar las que naturalmente surgiesen; si la conservación de ella hubiese disipado prevenciones adversas y cansado el afán de los detractores, hoy funcionaría metódicamente, mejorada en lo que así lo requiriese, y no nos tendría convertidos en una excepción entre los demás pueblos, á vueltas todavía con los métodos y procedimientos desde mucho tiempo combatidos y derrotados. Corregir lo que ya existe, es tarea más fácil, sin duda, que la de hacer esas mismas correcciones sobre lo que se ha prejuzgado adversamente al suprimirlo. Pena será, sin embargo, ese mayor trabajo, de aquella culpa; y pues que aún no se ha pronunciado la última palabra que cierre la entrada á toda idea de esperanza, no debe parecer exhorbitante nuestro deseo de que no se deje entregado al olvido, que es la méns franca, la méns científica y la méns política de todas las soluciones. En el curso de estos artículos hemos procurado contestar á los argumentos que principalmente se han formulado: y tal vez procedería hacer más detallada defensa de las disposiciones de la ley que empezó á practicarse. Esto, sin embargo, no corresponde á lo que nos hemos propuesto, porque equivaldría á comprometermos en extensas glosas y comentarios. Nos contentaremos, pues, con llamar la atención de amigos y contradictores sobre algunos puntos cardinales, que por eso mismo han sido y serán el principal blanco de este ataque.
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Merece, sin duda, aquel concepto, la competencia en el conocimiento atribuido al Jurado, que cabalmente es la que más limitada encontramos en todas las leyes vigentes. No está llamada, por su extensión, á producir conflictos, y tanto es así, y tan claramente se desprende de lo que ya hemos hecho notar valiéndonos de datos prácticos, que la variación, á nuestro entender justificada, sería la de suprimir el conocimiento designado en única instancia á las Audiencias para una sección de penas que se presenta como intermedia entre las correccionales y afflictivas. En otros países el Jurado conoce de todos los delitos ó asuntos criminales, excepto los que pueden denominarse faltas, y que incumben á la policía, variando únicamente en alguno la formación del Tribunal, como en Ginebra, donde los negocios correccionales se juzgan por un juez y seis jurados (1). En España se ha destinado solo para los delitos menos frecuentes por efecto de la misma gravedad; exceso de timidez que no ha debido olvidarse en las censuras, ni tampoco deberá dejar de tenerse en cuenta para las reformas, cuando su caso llegue.

Las cualidades que han de reunir los ciudadanos al ser comprendidos en las listas de jurados, y la manera de formar éstas, son cuestiones de suma trascendencia, como que se refieren á lo que llamaremos,—siguiendo el estilo técnico,—el personal de unos jueces (2) que por la mayor libertad que tienen al emitir un voto sin oír otra voz que la de su conciencia, deben ciertamente no inspirar desconfianzas, que redundarían en menoscabo del crédito, tan nece-

(1) Vamos á citar un testimonio, tanto más de atender, cuanto que procede de uno de los acalorados adversarios del Jurado; el Sr. Adamé y Muñoz, abogado que fué del Colegio de esta corte. Este juriconsulto admitía el Jurado para los casos de pena capital. Ante la gravedad de esta pena transigía con él, porque “el hecho en sí (decía), la supresión de un miembro de la sociedad por la sociedad misma, entraña importancia tan inmensa, que no puede negarse racionalmente alguna participación en los juicios de pena capital á los que proclaman que los jueces de hecho deben concurrir con los jueces de derecho al desempeño de la elevada misión de la justicia.” Esta era una confesión importante; sus consecuencias, demasiado obvias, no necesitamos deducirlas. Basta hacer constar, así, que la idea del Jurado avasalla á veces á sus mayores enemigos.

(2) Más de una vez hemos tenido que luchar con un defecto de nuestro lenguaje jurídico en esta materia. En otros países, el Tribunal que constituyen los jueces de hecho tiene su nombre propio, Jury; y los jueces también el suyo, Júris; entre nosotros no se ha admitido esa nomenclatura, y llamamos Jurado al Tribunal, y Jury al ciudadano que de él forma parte.
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sario á todos los tribunales. Este ha sido tambien el blanco principal á que se han dirigido los golpes contrarios, ponderando,—con escasa fortuna,—los efectos de la ignorancia y otros por el estilo, sin que hayamos visto indicado más correctivo que el de exigir el pago de alguna cuota de contribucion para poder desempeñar el referido cargo.

La dificultad de subsanar, en su caso, ese defecto no era muy grande, y bien pudo adoptarse, sin recurrir á la supresion. No fué, sin embargo, asunto que pasase desapercibido, y la mejor defensa que en esto podemos hacer de la ley, es la que hizo la Comision encargada de proponerla en la exposicion que, con su proyecto, elevó al Gobierno (1). Decía, al hablar del cuidado con que procura fijar las circunstancias generales que deben adornar al que haya de ser Jurado: "¿Pero dónde ha de irse á buscar esas personas encargadas de ejercitar el derecho, ó cumplir el deber de ser jurados? ¿En el padron de contribuyentes, ó en el censo general de ciudadanos? La Comision discutió estas dos bases, más acaso que por la gravedad que tengan por las prevenciones adversas que una y otra inspiran, bajo distinto punto de vista consideradas. Juzgan algunos que la adopcion del principio de contribuyentes, significaría un privilegio injustificado y ensancharía la línea de separacion hostil, que entre dos clases de la sociedad, tratase de explotar con rudo y altamente peligroso empeño; mientras que otros ven, en el sistema opuesto, seguir la preponderancia opresiva de la clase proletaria, fácil en ser-der á malévolas sugestiones. No abriga la Comision esos temores, ni fueron esas las consideraciones que en uno y otro sentido concluyeron por tenerse en cuenta, prefiriendo la regla de que para ser incluido en la lista del Jurado, baste hallarse empadronado como Cabeza de familia, y adornado de los demás requisitos generales, de edad superior de treinta años, goce de derechos políticos y civiles, saber leer y escribir, etc. Esta base, en efecto, es la más análogo á nuestro sistema político y enaltece, en la persona de su jefe, la representacion de la familia, elemento de las asociaciones políticas mirado siempre con una veneracion religiosa, tanto más precisa hoy de fortalecer, cuanto que ha empezado á ser objeto de incomprensibles ataques. Por lo demas, sea cualquiera el método que pa-

(1) Fué publicada por la Revista de Legislación en el tomo 42,—pág. 232.
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ra la formacion de dichas listas se prefiera, aumentase ó reduzcase el número, ó varíese la condicion de los que hayan de componerlas, puede sacudirse todo género de temores, en cuanto á la que ha de servir para el sorteo en las sesiones del Jurado. La garantía principal se encuentra en el método de eleccion por el cual han de designarse los que formen parte de las listas, que cada dos años servirán para deducir por suerte, los llamados á la funcion de que se trata." Basta en efecto recordar la manera con que habian de formarse las listas, la escrupulosidad de sus trámites, y la diversidad de personas, todas ellas competentes en sus respectivas esferas, á que la ley confiaba esos trabajos (1), para convencerse de que se habían adoptado los mejores medios de conseguir probabilidad de acierto. No se adoptó el sencillo sistema inglés, según el cual todo depende de los jueces de paz y del Sheriff, ni menos el de Francia donde siempre se ha dejado sobrada influencia á los prefectos y sub-prefectos; aproximándose más al de la legislacion belga, siguió nuestra ley, un sistema mixto en ciertas cuestiones, y en otras completamente nuevo que, como cree uno de los impugnadores del Jurado, es su parte mejor. Una comision compuesta de individuos de los Ayuntamientos con el juez y fiscal municipales debia formar la lista general de cada pueblo, incluyendo en ella á todos los cabezas de familia que tuvieran las cualidades requeridas de capacidad. Ultimadas las listas, despues de minuciosos trámites para las reclamaciones, el juez de instruccion con todo los municipales de su juzgado ordenaba la segunda lista, entresacando una décima parte de los incluidos en la primera, bajo la condicion de que un tercio habia de componerse de los denominados Capacidades, que eran todos los que tuvieran título profesional ó hubieren desempeñado algun cargo administrativo, con la categoria de jefe de negociado; y por ultimo quedaba otro grado de depuracion, pues con vista de las segundas listas el tribunal de partido con los jueces de instruccion tenia que elegir capacidades y doscientas cabezas de familia para constituir la lista definitiva ó de ejercicio. Es evidente que la ley buscó medios muy oportunos á fin de asegurar la buena eleccion, dando para ello grande influjo al poder judicial, garantido por su mismo caracter e independencia; es evidente tambien que

(1) Véanse articulos 671 al 697 de la ley.
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las condiciones exigidas no dejaban lugar á muchas parcialidades y engaños.

Solo habiendo olvidado las prescripciones de la ley, es como ha podido suponerse, y bajo esa falsa suposición declamarse, que la administracion de justicia iba á quedar entregada al capricho de masas ignorantes. Cabalmente las condiciones que se exigian limitaban mucho más el numero de elegibles, que si se adoptase solo la necesidad de pagar alguna cuota de contribucion, proporcionada á la que en otras partes se halla establecida. No nos opondríamos, por nuestra parte, á que así se verificase, porque en esta materia preferimos al rompimiento las transacciones; pero conviene, de todos modos, descubrir el verdadero resultado y alcance de esos recursos, que como argumento, no con toda oportunidad, se han empleado.

Calculábese en 1865 por uno de nuestros más entendidos estadistas (1) que había tres cuartas partes de españoles que no sabían leer ni escribir, y esto una reciente discusion en las Cortes ha venido, por desgracia, á comprobarlo. En el año 1868 contábanse 3.219.921 que estaban adornados de la referida instruccion, y de ellos 715.906 hembras. Estas proporciones poco han de haber variado en los últimos años, y pues á nuestro objeto no interesa precisarlo, basta calcular que, rebajada de la suma probable de los niños en instruccion primaria, la de las mujeres, menores de treinta años y mayores de esta edad, pero no cabeceras de familia, los elegibles vendrían á quedar reducidos á poco más de un millon de personas. ¿Qué fundamento hay, pues, para ese temor tan ponderado de la irrupcion de masas inconscientes?... Esta circunstancia de instruccion garantiza más la capacidad intelectual que la simple de contribuyente: si la cuota se rebaja, el número de elegibles será mayor que el que resultaría según la ley (2); si se fijan por el estilo de la de Francia antes de la de 4 de Junio de 1853, que era de 300 francos, ó aun la de Bélgica, que es de 170, quedaría con exceso limitado aquel número; si no se requiriese tambien la condicion de saber leer y escribir, la garantía de capacidad quedaba expuesta á

(1) Sr. D. Fermín Caballero.
(2) Segun datos recientemente publicados, hay cerca de cuatro millones de contribuyentes por territorial, y 360.000 por industrial.
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grandes descalabros; si además de la contribución se exige, entonces viene á reconocerse la preferencia que merece, y la ley la ha otorgado, sirviendo así de indirecto estímulo para fomentar su adquisición, ya que aun no nos creamos en el caso de declararla obligatoria. La forma de la elección encomendada, en tres grados, á personas ilustradas e imparciales, supliría siempre los defectos que ninguna ley puede fácilmente prever y evitar por completo. Muy raro sería, por consiguiente, que se incluyera en la lista de servicio á algun presidiario ó pordiosero, eventualidad que no dejó de dar motivo á declamatorias censuras. A pesar de la imposibilidad de un caso semejante, no rechazaríamos la exclusión de todos los que hubieran sufrido penas aflictivas ó correccionales, y aun leves en algunos delitos de mala nota, como los de falsedad, estafa, atentado contra la moral pública, honra y propiedad de los particulares. Esto merecería discutirse detenidamente, y relacionarlo con las disposiciones del Código penal, las cuales tuvo, sin duda, presentes la ley sobre el Jurado. Sabido es que hay cuatro clases de inhabilitación para cargos públicos, derechos políticos, etc., la absoluta, perpetua y temporal, y la especial también de las mismas dos clases, y sabido es igualmente que cuando se extingue el tiempo de esa pena, ya se haya impuesto como principal, ya como accesoria, ó se alcanza la rehabilitación, puede el que la ha sufrido obtener y desempeñar los cargos y funciones de que estaba privado. Tal vez esto, que aleja los mayores peligros de casos que en el Jurado pudieran producir escándalo, se tuvo presente al omitir en la ley semejante causa de incapacidad. No sabemos que ocurriere nada por el estilo, ni fácil sería tampoco, contando con la diligencia y discreción de los concejales, jueces y magistrados formadores de las listas.

Otra garantía hay poderosa, decisiva, que basta ella sola para hacer poco menos que imposible el peligro de que venimos hablando. Esa garantía es el derecho que el fiscal y los actores particulares, los procesados y las personas responsables civilmente tienen de recusar hasta 36 de los 48 jurados de la lista. Nuestra ley es una de las que más amplitud han dado á este derecho, desechando oportunamente la recusación motivada, que daría margen á complicaciones en el juicio y ocasionaría recriminaciones innecesarias y acaso alguna vez torpes contiendas. Creía Montesquieu que en las grandes acusaciones era conveniente que el criminal pudiese recusar los jue-
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ces, de manera que los que quedasen parecieran ser de eleccion suya; es, ciertamente, así, y por ello el derecho de recusacion constituye uno de los complementos necesarios de la gran institucion del Jurado, uno de sus más precisas condiciones de vida. Esa facultad, que en igual grado ejercen el acusado y el representante de la ley, basta para separar á cualquiera persona poco digna que casualmente llegase á figurar en la lista de los jueces, y levanta la fuerza moral y el crédito de los que reúnen, á los escrupulosos requisitos legales, la aceptacion de las partes. Poco importa al lado de semejantes ventajas el temor de que pueda darse lugar á algunas recusaciones de complacencia; siempre serian en número escaso, y tiempo llegaría en que la censura de la opinion bastase á contener á los que á medio tan subrepticio apelasen.

Vamos á concluir esta serie de observaciones,—que no es necesario prolongar para el objeto que nos hemos propuesto,—recordando los elogios que á sus mismos adversarios ha merecido la parte de la ley referente al tribunal de derecho que presidia las sesiones del Jurado, tanto por la dignidad de los magistrados que lo componian como por las grandes facultades que le eran otorgadas. Nuestra ley fué en esto más lejos que otras muchas, puesto que en unos países la presidencia está encomendada á un solo juez de más ó menos elevada categoría, y en otros solamente el presidente es el que se va á buscar en las Cortes ó Tribunales Superiores. (1) Si esta organización ocasionaba un aumento de gastos y alguna otra inconveniencia que sirvió de tema á los oposicionistas, fácil y bien marcado estaba el remedio desde el momento en que el arreglo judicial se llevara á efecto. Sin inconveniente de ningun género hubiera podido establecerse que las secciones de derecho, en lugar de comprenderse de tres magistrados de Audiencia, lo fuesen de uno solo de estos, con el carácter de presidente, y dos de los Tribunales de partido, imitando el método francés, tal como se halla formulado en el artículo 253 del Código de instruccion criminal. Así se disminuian los gastos del personal, y las incomodidades de los viajes, cuya gravedad no poco se ha proclamado, olvidando otras consideracio-

(1) En Francia, según el vigente Código de instruccion criminal, el Tribunal se compone de un presidente, dos jueces, un oficial del ministerio publico y un notario.
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DOÑA PERFECTA (1)

XIX.

Rumores.—Temores.

Al día siguiente de esta disputa lamentable, corrieron por toda Orbajosa, de casa en casa, de círculo en círculo, desde el Casino á la botica, y desde el paseo de las Descalzas á la puerta de Baidejos, rumores varios sobre Pepe Rey y su conducta. Todo el mundo los repetía, y los comentarios iban siendo tantos, que si D. Cayetano los recogiese y compilase, formaría con ellos un rico Thesaurum de la benevolencia orbajosense.

En medio de la diversidad de especies que corrían, había conformidad en algunos puntos culminantes, uno de los cuales era el siguiente:

Que el ingeniero, enfurecido porque doña Perfecta se negaba á casar á Rosario con un ateo, había alzado la mano á su tía.

Estaba viviendo el joven en la posada de la viuda de Cusco, establecimiento montado, como ahora se dice, no á la altura, sino á la bajeza de los más primorosos atrasos del país. Visitábale con frecuencia el teniente coronel Pinzon, para ponerse de acuerdo respecto al enredo que entre manos traían, y para cuyo eficaz desempeño mostraba el soldado felices disposiciones. Ideaba á cada instante nuevas travesuras y artimañas, apresurándose á llevarlas del pensamiento á la obra con excelente humor, si bien solía decir á su amigo:

—El papel que estoy haciendo, querido Pepe, no se debe contar entre los más airoso; pero por dar un disgusto á Orbajosa y su gente, andaría yo á cuatro piés.

No sabemos qué sutiles trazas empleó el ladino militar, maestro en ardidades del mundo; pero lo cierto es que á los tres días de alojamiento había logrado hacerse muy simpático en la casa. Agradaba su trato á doña Per-

(1) Véanse los números 194, 195 y 196 de la REVISTA.