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donde resulta encerrada la accion social en limites que la misma Monarquia impone. Además, aún dentro de esta esfera, queda siempre aquella dueña de atemperarse á las exigencias formuladas por los únicos órganos autorizados de la opinion pública ó de sobreponerse á las mismas, mediante ciertas prerrogativas, como la sancion y el veto absoluto, que acusan un sentido, en virtud del cual el jefe del Estado decide de la justicia y de la oportunidad de las medidas legislativas, á diferencia de otras, como el derecho de disolver el parlamento y el veto suspensivo, que arguyen tan sólo la facultad de apelar á la opinion del país, de donde resulta que éstas parten de un principio de que aquellas son una negacion.

Este doble caracter nace del modo como se ha constituido la Monarquía doctrinaria y á que debe el nombre de mixta que se le ha dado. En frente del derecho de los reyes se afirmó el derecho de los pueblos, y se estimó que era una transaccion oportuna y una manera adecuada de pasar de uno á otro regimen, afirmar á la vez ambos derechos. Así la funcion legislativa, por ejemplo, se distribuyó entre el monarca y el Parlamento, dando á este el derecho de iniciativa y el de discutir y aprobar las leyes, y á aquel tambien el de proponerlas y además el de sancionarlas; resultando así de hecho dos legisladores: el rey y el pueblo. Y por lo mismo que esta solucion ecléctica no respondia á un principio, que arrancando de la naturaleza misma de la sociedad, del Estado y del poder, fuera superior á la voluntad, se asentó la nueva monarquía sobre lo que fué base de la organización social en la Edad Media y doctrina corriente á principios de este siglo, el pacto; una constitucion es un pacto entre el rey y el pueblo. De aqui que el jefe del Estado no es un servidor de éste, cuya funcion deba contribuir á que en todo caso y siempre un pais se rija y gobiene á si mismo, sino que es, por el contrario, un individuo que frente á frente de la sociedad estipula con ella, la rige por derecho propio, y por lo mismo la encamina, tanto en vista de los deseos de aquella, como de los suyos propios y personales. Es decir, que la Monarquía doctrinaria es un Cesarismo templado.

Tanto es así que, como éste, pretende justificar la direccion suprema que se atribuye sobre los pueblos, fundándose en la necesidad que estos tienen de tutela en los presentes momentos de crisis y de transicion, con la diferencia de que el rey deriva sus facultades tutelares de la legitimidad, y el César de sus condiciones personales y del voto de los ciudadanos; pero ambos afirman su derecho á señalar la esfera de accion en que en cada momento es conveniente encerrar la libertad de un pais y el modo y
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RECUERDOS HISTÓRICOS

Y

TRADICIONES DE LOS PIRINEOS

LA TRAGÉDIA DE LLIVIA

I.

Es un conmovedor episodio, una interesante y preciosa leyenda de amor y de sangre, que ha llegado hasta nosotros á través de los siglos, y que con pintoresca frase refieren los pastores de los Pirineos al viajero, enseñándole el sitio donde tuvo lugar la que ellos llaman La tragedia de Lívia.

Este episodio, que para muchos no pasa de ser un cuento cuando lo oyen referir á los pastores y guías de la región pirenaica, que hoy es Cerdaña francesa y un dia fué española, es, sin embargo, un hecho real y positivo, comprobado por los historiadores árabes que el erudito Conde nos dió á conocer el primero, y que luego ha traducido y comentado también con discreta crítica el actual académico de la Historia Sr. Fernandez Gonzalez.

Sobre esta tradición está basada la tragedia catalana, inédita aún, cuya traducción fiel nos permitiremos ofrecer á nuestros lectores; pero antes es conveniente y oportuno bosquejar el cuadro histórico de aquella época, y contar, aprovechando esta ocasión, algo no muy sabido y cuyo relato acaso pueda utilizarse por aquellos que con laboriosa y meritoria solicitud se consagran á recoger datos aislados y monografías importantes que puedan un dia ser fuente viva de materiales para una completa y acabada historia de España.
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glaterra es en ciertas materias de todo punto diversa de la nuestra. Nosotros hemos erigido en principio desde los albores de nuestra regeneracion politica la division é independencia de los poderes. La Inglaterra no lleva á rigor division tal, y vense en ella los cuerpos más altos revestidos de atribuciones legislativas y judiciales á la vez, así como unas mismas autoridades resumir funciones judiciales y de gobierno. No es de este momento dilucidar si el sistema inglés aplicado á España daría, atendidas nuestras condiciones, nuestro carácter y nuestras pasiones, mejores resultados que nos da el que hace tres cuartos de siglo venimos practicando. Lo que es preciso reconocer es, que siendo la jurisdiccion de que se trata complemento de un organismo, hijo á su vez de un sistema basado en la plena independencia de los poderes, no puede ser atacada por el hecho de no existir en una nacion en la que dicho sistema no es parte constitutiva de su regimen politico.

Y que la jurisdiccion administrativa en nuestro pais, es emanacion necesaria de su sistema politico, es para nosotros verdad manifiesta. Preciso es recordar cual es la naturaleza y condiciones de esta jurisdiccion.

La Administracion, cuyo encargo es velar por la conservacion de los intereses comunes, promover su fomento, y proveer á la satisfaccion de las necesidades generales, está investida de medios suficientemente energeticos para atender á tan imprescindibles exigencias. Los actos por los cuales se revela la accion lenta, pero perenne, que para ello emplea, son de dos clases principales. O son actos de imperio, por los cuales provee de una manera general á una necesidad ó á un interes comun, ó son actos de aplicacion de alguna de las medidas generales, resultado de los primeros á un asunto privado. O reglamenta y dicta disposiciones legales, ó aplica la disposicion legal á un caso dado. Así en uno como en otro caso, la Administracion tropieza frecuentemente con intereses y con derechos privados. Cuando obra bajo el primer concepto, cuando establece decretos y reglamentos, estos derechos no tienen otro recurso que la queja ante la misma Administracion que dicta la medida, porque aquella entonces hace oficios de legislador, y como tal, la apreciacion de sus actos es de su absoluta y exclusiva competencia. Cuando la Administracion obra bajo el segundo concepto, es preciso distinguir. Si en su marcha tropieza con simples intereses individuales, el único recurso admisible, como en el caso anterior, es la reclamacion ante ella misma, que en la forma usual decide entre el interes colectivo representado por su acto y el interes privado representado por la oposicion al primero. Pero si la entidad hallada no
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forma de restringirla ó darle ensanche, todo según su criterio personal, si bien auxiliado á veces por el de ciertas instituciones, escuelas ó partidos, lo cual no quita aquel carácter al acuerdo, en cuanto el jefe del Estado es quien concede á unos y niega á otros voz y voto en sus consejos. De donde resulta que, si bien en menos grado, la Monarquía doctrinaria tiene en este respecto los mismos inconvenientes que más arriba hemos notado con relación al Cesarismo.

No es tan peligrosa como éste en lo tocante á cuestiones sociales. La Monarquía doctrinaria transige en el orden político con el nuevo régimen, pero se inspira en la tradición y se muestra más conservadora en todos aquellos problemas que tocan al fondo de la vida de la sociedad. Pero si por esta razón no es este régimen tan ocasionado, como lo es el Cesarismo, á dar una torcida dirección á la actividad social y solución equivocada á los temerosos problemas sociales, en cambio tiene el inconveniente de que se cruza de brazos ante ellos, poniendo un veto á su discusión y limitándose á una negación estéril, con frecuencia acompañada de la fuerza, con lo cual los que padecen expresan en forma análoga sus dolores, sus quejas y sus aspiraciones á falta de medios pacíficos y legales. Precisamente esta actitud respecto de tales cuestiones aleja hoy del campo monárquico á muchos que piensan, con un escritor moderno, que actualmente los problemas políticos son poca cosa, los sociales lo son todo.

Que la Monarquía doctrinaria tiene mucho de gobierno personal lo muestra elocuentemente la historia contemporánea. Compárese sino la que por espacio de diez y ocho años rigió los destinos de Francia y durante treinta y cinco presidió á los de España, con la monarquía constitucional, parlamentaria y liberal de Bélgica e Inglaterra, atendiendo, no sólo á los principios consagrados en unas y otras constituciones, sino también á las costumbres públicas, á las reglas de conducta que guían á los partidos y al modo como entienden sus deberes los funcionarios del Estado, singularmente el primer magistrado del mismo, y se encontrará que la diferencia no es otra que esta: que en unos países la vida política se basa en el self-government, y todo, instituciones y funcionarios, converje al permanente ejercicio y reconocimiento de este principio; mientras que en los otros no parece sino que se afirma tan sólo para desnaturalizarlo, haciendo degenerar el parlamentarismo en una parodia puesta al servicio de intereses dinásticos ó de partido, que produciendo, en unos desvío, en otros antipatía ó repugnancia, origina el deseo de renovar el absolutismo, como ha sucedido en España, ó de instaurar un gobierno francamente personal, el
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Y LA MONARQUÍA DOCTRINARIA.

Cesarismo, como ha acontecido en Francia. Compárese, en este respecto, á la reina Victoria con doña Isabel II de Borbon, al rey Leopoldo con Luis Felipe de Orleans, y digase luego si la Monarquía doctrinaria tiene ó no mucho de gobierno personal.

Quizás se crea que en nuestro juicio la Monarquía no es compatible con el self-government sino á condición de convertirse en un símbolo automático, que es á lo que algunos, bien erradamente por cierto (1), piensan ha quedado reducida en Inglaterra, ó de condenarse el rey á una pasiva indiferencia, como hace Victor Manuel en Italia é hizo su hijo D. Amadeo en España. Lejos de esto, consideramos que basta, para que aquella compatibilidad exista, que los reyes renuncien á su antiguo poder, en virtud del cual regían según su modo de ver personal á los pueblos, y se limiten únicamente al ejercicio del propio del jefe del Estado, cuya función consiste en mantener en armonía unos con otros poderes y todos con la opinión del país. Por esto el rey de Inglaterra ha dejado de interponer el veto (2), manifestación del carácter que antes tuviera su autoridad, pero ejerce un poder real y efectivo cuando disuelve la Cámara ó nombra un ministerio. Por esto el rey Leopoldo se apresuró á decir en 1848, que sabía bien cual era el origen de su autoridad, y que, por tanto, lejos de ser necesaria una revolución para arrancársela, estaba dispuesto á hacer dejección de ella en cuanto se le hiciera ver que esta era la opinión del pueblo belga.

Y además de este poder verdadero tienen los reyes constitucionales un influjo en la gestión de los negocios públicos, que no sólo es lícito, sino obligado el ejercerlo. «Después de los cambios y transformaciones, dice un escritor inglés, que ha experimentado la autoridad de los reyes en Inglaterra, el que ocupe el trono tiene todavía un derecho de secreta

(1) En la Contemporary Review de este mes ha aparecido un notable artículo sobre la influencia del trono en la política inglesa, que se atribuye por algunos á Gladstone. El contenido del mismo viene á resumirlo el articulista diciendo, que durante el largo reinado actual la monarquía se ha transformado definitivamente mediante una silenciosa sustitución del poder por la influencia; aserción que en cierto modo rectifica añadiendo que no ha desaparecido el poder en su forma más directa, puesto que "todo el poder del Estado vuelve periódicamente á manos del rey cada vez que se muda el ministerio." Pero á pesar de sostener aquella como la regla general y de considerar consolidada (matured) aquella transformación, sostiene que "sólo es el trono el factor más importante del sistema constitucional," mostrando los varios modos eficaces y lícitos que tiene de influir en la política así interior como exterior.

(2) El derecho de la Corona á poner su veto á un bill se ejercitó la última vez en 1707 por la reina Ana, que negó su sanción á un proyecto de los relativos á la milicia de Escocia.
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inspeccion, la cual es en alto grado real y efectiva (1).» La razón de esto es obvia; el jefe del Estado no cumple su misión con aparecer en escena en los momentos de crisis en que hay que mudar el ministerio ó disolver el Parlamento, pues si á cosa tan fácil estuviese reducida aquella, no tendría fundamento la universal reputación de sábio y discreto de que gozó ya en vida el rey Leopoldo de Bélgica, por el modo como supo cumplirla, sino que está obligado á seguir atentamente la marcha de todos los poderes del Estado y las manifestaciones de la opinión pública (2), para intervenir siempre que no se dé entre aquellos y ésta la debida armonía. Así, un rey constitucional no tiene que examinar los decretos que dicta el Poder ejecutivo para someterlos á su propio criterio, y en su consecuencia deponer á un ministro cuando aquellos no le parezcan bien; pero si tiene el derecho y el deber de hacerlo, para ver si responden á la política y al sistema de principios, en vista do los cuales ha sido llamado á gobernar un ministerio, pues de otro modo sucedería que, por lo menos en los interregnos parlamentarios, sería aquel absolutamente dueño de seguir el derrotero que tuviera por conveniente sin consideración á la opinión pública.

Por último, el jefe del Estado, así en una Monarquía como en una República, da al Gobierno el carácter de personal, cuando pretende sustituir con su propio y peculiar modo de ver el criterio que para resolver las cuestiones políticas y sociales tratan de hacer prevalecer los partidos en su condición de órganos de las aspiraciones sociales; pero no ni en modo alguno cuando intervienen activa y directamente para mantener lo que

(1) The occupant of the throne has still a right of secret supervision of the most effective kind.

(2) Así un periódico inglés, ocupándose del artículo de la Contemporary Review, antes citado, dice: "Un rey necesita trabajar, como lo necesita el presidente del Consejo de ministros, y sino el trono será lo que el articulista con razón dice que no es 'ahora, una ilusión.' La diferencia está en que el ministro trabaja para gobernar con arreglo á principios llamados á regir al Estado por haberlos aceptado el país, pero que él no aplica y hace efectivos sino en tanto que en conciencia los estima justos y convenientes, mientras que el monarca trabaja tan sólo para mantener el respeto de la legalidad, expresión de la voluntad de la sociedad, no consentiendo que ésta se reforme, ni que los negocios públicos se dirijan, por otro criterio que no sea el señalado por la opinión general. Por esto, según las indicaciones de ésta, los ministros cambian y no cambia el jefe del Estado; aquellos son órganos de las distintas aspiraciones que se van manifestando en la sociedad; éste es una condición permanente para que subsista lo que es una base de la organización política por todos aceptada y que es invariable, el self-government.
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está por encima de todas las parcialidades, y sobre lo cual no caben por lo mismo diferencias, como por ejemplo, el respeto á las leyes, la moralidad en la administración (1). El rey constitucional puede y debe en todo caso oponerse á que el Poder ejecutivo dicte un decreto que, por ser contrario á una ley, está fuera de sus atribuciones, como puede y debe deponer al ministro que no administra con honradez y con pureza los intereses del Estado (2).

Véase, pues, como encerrada la autoridad del monarca dentro de los límites que exige el principio del self-government, lejos de ser una sombra, una ilusión, un símbolo; es un poder real, efectivo y verdadero, sin revestir por esto el vicioso carácter de gobierno personal (3).

VI.

Que la Monarquía doctrinaria lo reviste, en cuanto sacrifica el principio del self-government á la condición de legítimo que atribuye al rey, cuya autoridad y cuyo derecho por tanto se sobreponen á la sociedad, en vez de derivarse de ella, creemos haberlo demostrado; y por lo mismo, terminaremos nuestra tarea insistiendo sobre algunas de las consecuencias de los gobiernos personales en general, así de los creados por el Cesarismo, como de los inspirados por el doctrinarismo.

Uno de sus más graves inconvenientes es la facilidad con que degeneran en gobiernos despóticos en el fondo y en el hecho, aunque en la forma y en principio parezcan sometidos á límites y condiciones legales (4). Si el inte-

(1) Por esto, allí donde estas bases esenciales á la vida del Estado son, no sólo reconocidas por todos, sino además respetadas en el poder por los partidos, la intervención del jefe del Estado ha de ser menor que donde la conducta de las parcialidades políticas no es inspirada por la buena fé y por una severa moralidad. De aquí que siendo igual la naturaleza del poder del jefe del Estado en dos países ó iguales sus atribuciones, la extensión y frecuencia de su ejercicio varíen, según la índole, moralidad y costumbres públicas de cada uno de ellos.

(2) Basta atender al estado en que se encuentran algunos países en estos dos respectos, para comprender qué beneficio influjo podría ejercer en ellos el jefe del Estado, sea rey ó presidente de república, que se inspirara en móviles elevados y en un espíritu de imparcialidad.

(3) Dejamos á un lado el influjo personal que puede ejercer en las costumbres de un pueblo el jefe del Estado, según que desde su elevadísimo puesto dé ejemplo de una vida pura, íntegra y honrada ó de lo contrario. De ambas cosas registra la época actual ejemplos muy elocuentes.

(4) La monarquía de Luis Felipe es un ejemplo de esta contradicción entre la apariencia y la realidad.
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rés individual ó dinístico sustituye al que antes se inspiraba en una idea ó en el bien de la sociedad; si los móviles impersonales son reemplazados por el amor propio, cuando no por las más bajas pasiones, poco trabajo cuesta al que se ha constituido en rector supremo de la vida política de un pueblo, utilizar en provecho propio los resortes de una organización cuya clave tiene en su mano.

Pero aunque no caigan en este vicio, á que tienden todos ellos por lo general, y aún cuando conserven el carácter que en teoría les atribuyen sus parciales, tienen siempre los gobiernos personales el capitalismo defecto de no dar á las sociedades una organización estable, cuya permanencia no esté pendiente de las condiciones peculiares de un individuo, y á veces de la duración de su misma vida. En un país constituido de tal suerte que la opinión pública es la que determina la marcha de la sociedad, se entrecruzan constantemente á través de ésta las corrientes determinadas por los distintos partidos y escuelas, por los opuestos intereses, por las diferentes instituciones, sin experimentar nunca interrupción á causa de la aparición ó desaparición de un individuo, según hemos visto al ocuparnos de la misión de los hombres extraordinarios en los tiempos actuales. Por el contrario, en los gobiernos personales se está siempre pendiente de las condiciones del rey ó del César, de las evoluciones de su inteligencia y de las instigaciones de su sentimiento, y, lo que es más grave todavía, de las circunstancias, sabidas ó ignoradas, del que haya de sucederle.

Además, la historia muestra lo ocasionado que es al abuso el ejercicio de toda tutela. La que se atribuyeron unas razas sobre otras razas, unas clases sobre otras clases, unos pueblos sobre otros pueblos, fué el origen con frecuencia de la esclavitud, de las castas, de la dominación abusiva. Los gobiernos personales se han arrogado facultades extraordinarias, fundándose en la menor edad de los pueblos, y prometiendo educarlos para emanciparlos tan pronto como fueran capaces de entrar por completo en el ejercicio de todos los derechos políticos; y luego lo que ha sucedido ha sido, ó que por miras interesadas se ha prolongado indebidamente esa tutela, ó que se había hecho tan poco por educar al pueblo, preparándole para la nueva vida, que al emanciparlo, ó emanciparse él, ha resultado sujeto á los mismos peligros y caídas que antes originaran la creación del gobierno personal.

Pero lo más grave es que casi siempre llevan tras de sí, con razón ó sin ella, las revoluciones. Unas veces, porque los pueblos no se resignan á vivir privados de su libertad y soberanía en tiempos, como los actuales, en
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que ha desaparecido el supersticioso respeto al Supremo Imperante; otras, porque los partidos se atribuyen entre los ciudadanos un favor y una popularidad en que fundan su derecho á la gobernacion del Estado, en virtud de las ideas dominantes en la época presente; de todos modos, llega un dia en que viene al suelo, á impulso de la fuerza, aquella organizacion, que no puede alegar en su favor ni el principio de la legitimidad, negado por el Cesarismo y mutilado por la Monarquía doctrinaria, ni el principio del self-government, adulterado y desnaturalizado por ambos.

Pero hay más. Con este género de gobiernos no es posible discernir las revoluciones legítimas de las ilegítimas, puesto que todas invocan la voluntad del país, y los promotores de las unas, como los de las otras, se dicen representantes de la opinión pública, sin que sea posible reconocer ó negar la verdad de su pretension, en cuanto aquella carece de medios adecuados para manifestarse. De aqui que los gobiernos personales producen en las sociedades un estado perpetuo de alarma y de intranquilidad, sin que basten á procurarles el sosiego las victimas sacrificadas á lo que es, según el poder, el orden legal, y según las oposiciones, el desorden jurídico; estado que forma elocuente contraste con la vida normal y con la serena y completa paz que disfrutan aquellos paises en que, como en Inglaterra, impera sin cortapisas ni mistificaciones el principio del self-government (1).

Pero lo relativo á la legitimidad ó ilegitimidad de las revoluciones tiene suma importancia en los tiempos presentes, y bien merece por lo mismo capítulo aparte esta consecuencia de los gobiernos personales.

(1) "Inglaterra, dice Buckle, es el único país de Europa donde durante un largísimo período el gobierno ha sido el más tranquilo y el pueblo el más activo; donde la libertad popular se ha asentado sobre más sólidas bases; donde cada cual es más capaz de decir lo que piensa y hacer lo que guste; donde todos pueden obrar según sus tendencias y propagar sus opiniones....., y donde, en una palabra, habiéndose sabido evitar los extremos peligrosos á que conducen las colisiones, son igualmente raros el despotismo y la rebelion, y gracias á ser el espíritu de concesion el fundamento reconocido de la política, el progreso nacional no ha sido perturbado en lo más mínimo por el poder de clases privilegiadas, ni por el influjo de sectas particulares, ni por la violencia de jefes arbitrarios." (Hist. of civilization in England, I.)

GUMERSINDO DE AZCÁRATE.

Cáceres, Junio de 1875.