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medios legítimos de influencia. No llenando estas últimas circunstancias los cantonales, enemigos comunes de todos los partidos, ni los carlistas, que, al recurrir á las armas é interior no las depongan, han perdido sus derechos cívicos, quedarán en lid los partidos que podemos llamar legales, pues donde ha existido y todavía existe, aunque sólo sea de nombre, una república, fuera completamente extraño negar á los republicanos el derecho á que se cuenten. Nadie, y menos nosotros, podría proponer que los radicales dejasen de formar parte de la familia electoral llamada á tener voz en el capítulo nacional; y dicho se está, que los alfonsinos habrán de tener en él su participación obligada, con tanto fundamento como los mismos constitucionales.

Tenemos, pues, cuatro masas de opinión más ó menos grandes que deben ser consultadas y cuyos derechos y libertad de hacer uso de ellos no cabe dejar de respetar. Pero ¿en qué manera podrá esto efectuarse, cómo regularizar las relaciones y el roce que con el Gobierno y sus dependencias hayan de mantener los representantes de estas opiniones durante el período electoral? Nada puede convenirse acerca de ello sin el asentimiento de las partes interesadas.

Sigue la exposición de procedimientos que no es del caso explayar, y en virtud de los cuales se indica cuál habría sido la situación y los deberes del gobierno de la interinidad con relación á los partidos llamados á contender en las elecciones, y continuábamos diciendo:

Otro procedimiento podría emplearse, susceptible de dar mejores resultados; pero su adopción supondría en los partidos una educación política de la que por desgracia nos hallamos aún muy distantes. La especial situación en que nos encontramos, siendo en cierto modo anómima e imponiendo al Gobierno una grande imparcialidad respecto á los partidos legales, daria á éste mayor latitud para llenar sus deberes hacia todos, si fuese dable esperar que los alfonsistas, los constitucionales, los radicales y los republicanos no federales, conviniesen en formar un solo comité constituido de manera que estos partidos se hallasen proporcional y equitativamente representados en él. Mas como estos partidos no componen ácios la nación, en la que existen clases numerosas que representan grandes intereses independientes de las aspiraciones de los hombres políticos, la gran comisión central de elecciones debería contar en su seno notabilidades sociales ajenas á la política, y cuya cooperación viniese á completar el patriótico objeto de reunir unas Cortes que fuesen la verdadera expresión de los intereses nacionales. Para corresponder á tan alto fin, la comisión central de elecciones podría componerse de la manera siguiente:
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HOMBRES NO POLÍTICOS.

Grandes propietarios, industriales y banqueros no afiliados á los partidos militantes, ó al menos generalmente conceptuados como hombres rectos, imparciales y tolerantes.......................... 15
Ilustraciones militares ............................................. 3
Megistrados............................................................ 3
Abogados ó profesores de reconocida ciencia............. 3

Total................................. 24

HOMBRES POLÍTICOS.

Del partido constitucional (el cual comprende unionistas, antiguos progresistas y conservadores liberales de diferentes fechas y origen).. 12
Alfonsistas (moderados de todas procedencias).. 12 36
Radicales (ex-progresistas y demócratas)....... 6
Republicanos del Sr. CASTELAR..................... 6

Total individuos de la comisión central. 60

«En el seno de esta comisión podrían examinarse y pesarse con imparcialidad y rectitud los elementos electorales de cada opinión, y dejándolas en perfecta libertad de producirse y de triunfar en las localidades donde sin violencia y sin fraude pueden alcanzar mayoría. En semejante acuerdo todas las opiniones podrían verse equitativamente atendidas y garantizadas sin que á ninguno debiera dolerle ceder el campo á sus contrarios, donde éstos posean mayores probabilidades de éxito, recibiendo en cambio igual servicio en los distritos en que se reconociese puedan ser más fuertes los que hubiesen cedido en otros.

•Si lo que acabamos de exponer fuese mirado como improcedente y utópico, sólo lo será por falta de patriotismo y de virtud para aceptar convenciones provechosas y dignas para los partidos, no menos que beneficiosas para el interés general.

•En nada, empero, se menoscabaria el pensamiento fundamental de sacar las elecciones de las oficinas del Gobierno para devolvérselas al país, debidamente organizado, por grupos de opiniones, el que no se adoptase el anterior proyecto de comisión central de elecciones constituido en la forma indicada.

•Conservando las diferentes opiniones la libertad de formar centros electorales independientes, todavía cabe que el Gobierno se mostrase justo e imparcial hacia todos, sin tener por ello que renunciar á sus simpatías
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hácia el partido que le sea más acepto, que más cordialmente ayude á que de las urnas salga una mayoría liberal, conciliadora y tolerante que, en armonía con las tendencias más ilustradas del país, sepa mostrarse dis- puesta á no oprimir ni vejar á los partidos disidentes.

En este último caso, la marcha de los constitucionales y del Gobierno se halla trazada de antemano (1). Sigan los conservadores de 1874 (2) el glorioso ejemplo legado por los conservadores de 1839, á los que ninguno de nuestros partidos puede en justicia negar su acendrado liberalismo; imiten su conducta de entonces y constitúyanse públicamente, invitando á sus correligionarios á que los faculten á formar el centro que ha de ofrecerse al Gobierno como el órgano, como el vínculo de unión y de buena inteligencia con el partido, al que será obligación moral de los ministros ayudar de la manera desinteresada y abierta, como el gabinete Pérez de Castro Arrazola y Calderón Collantes cooperaron en 1839 con la comisión central al éxito de las memorables elecciones que siguieron al convenio de Vergara.

No reproducimos como de entera aplicación para la época actual los preceptos todos que hubieran podido tenerla, cuando todavía nos hallábamos en república. Pero he creído deber citar el ejemplo de cómo bajo aquel régimen propuse que se hiciese justicia á todas las opiniones legales, para que el precedente pueda servir de fundamento á la equidad, con la que, salvo la diferencia de los medios, opinamos deben ser tratadas en la actualidad las opiniones vencidas.

Dirigiéndonos en estos momentos á los elementos que constituyen el estado legal presente, y habiendo antes expuesto cuál es el espíritu que el interés de la patria, como el de la monarquía misma, aconsejan seguir á la restauración, rótanos manifestar cuáles entendemos deberían ser los procedimientos electorales que correspondería adoptar á una política fiel á aquel espíritu.

Lo primero, que en nuestro sentir, cumplía al Gobierno haber hecho, á poco de verse instalado en Enero último, habría sido dar conocimiento al público de la ley electoral por la que pensaba optar, pues sabido que hubiese sido su pensamiento, lo habría visto robustecido por el apoyo de

(1) Para hacer perfectamente aplicable á la situación presente lo que escribíamos en 1874, bajo el imperio de la interinidad, é imperando los constitucionales homogéneamente, bastará leer disfonsinos donde decíamos constitucionales y la teoría seguirá siendo buena, no obstante lo muy diferentes que son ambas situaciones.
(2) Léase conservadores de 1875.
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la opinión, que no hubiera podido menos de aplaudir la solución liberal que estaba en la mente del Sr. Cánovas del Castillo.

Habría sido igualmente provechoso haber desvanecido las desconfianzas y las quejas á que ha dado y dará todavía lugar el que el padrón electoral no pueda ser rectificado por ayuntamientos y diputaciones provinciales elegidas con arreglo á la ley, toda vez que era fácil motivar que en el estado en que la nación se encuentra, no parecía conveniente ni hacedero aglomerar, precipitándolas tres elecciones seguidas, la de ayuntamientos, la de diputaciones provinciales y la de diputados á Cortes.

Las listas electorales han podido ser rectificadas por magistrados ó por letrados comisionados al efecto, y cuya designación ó propuesta se cometiera al Tribunal Supremo de Justicia. El país entero habría recibido con confianza la adopción de semejante medio de haber orillado la dificultad legal. Letrados nombrados por el Tribunal del Banco de la Reina, son los que en Inglaterra revisan las listas electorales. Ningún liberal español habría recusado el precedente.

Aplaudiendo, como sinceramente aplaudimos, la resolución que se atribuye al Gobierno, de declarar vigente la ley electoral de 1870 (1), no habríamos vacilado en aconsejar que, manteniendo el principio que la misma establece sobre la amplitud del voto, se la hubiese purificado de lo que contiene de espúreo, como servil plagio del casuismo de la democracia francesa, á cuyo propósito escribíamos lo siguiente en El libro de las elecciones.

*En materia de sufragio, no nos retrae de la adopción del principio favorable al sufragio universal, lo que este principio tiene en sí de democrático, sino lo que tiene de absurdo. Nada nos parece tan legítimo como conceder á un pueblo derechos que necesite, que pida y de los que sea apto para servirse. El día en que los jornaleros de Inglaterra han significado su deseo y dado pruebas de su aptitud para ser electores, la ampliitud de franquicia popular ha sido justa y conveniente. Y jamás en ningún caso deben ser diferidas por el Estado franquicias que tengan por objeto la ampliación del derecho común. Pero saturar de prerrogativas que no pide á un pueblo atrasado en instrucción y falta de costumbres políticas, es proceder con imprevisión y sin discernimiento.

*No por esto propondremos que se deseche la base del sufragio, llevado á sus últimos racionales límites. Pero si queremos, que el sufragio uni-

(1) Cuando esto escribíamos, no había dado á luz la Gaceta el decreto fecha 1.º del corriente, mandando proceder á la formación de listas electorales con arreglo á la legislación revolucionaria.
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versal se entienda á la española y no á la francesa. El principio de este derecho no es nuevo en España. Antes que nuestras antiguas instituciones nacionales, que nuestras franquicias populares hubiesen sido suprimidas por el absolutismo, la universalidad de los vecinos de cada pueblo gozaba del derecho de elegir sus concejales y alcaldes, derecho del que no se privaba á ningún español mayor de edad, y que no estando procesado, reuniese la calidad de ser vecino de casa abierta, esto es, fuese cabeza de familia, ó ciudadano con domicilio conocido. Los criados, los proletarios sin casa ni hogar ó viviendo bajo el lecho del que les paga el jornal de que comen, no son seres en quienes pueda suponerse una opinión libre, y serán siempre votos dependientes de la voluntad ajena, y el conferirles una franquicia que no anhelan, equivale á dar á los ricos pluralidad de votos, provocar la corrupción electoral, practicada desde los tiempos de Roma antigua hasta nuestros días.

No serían de temer iguales hábitos de venalidad, concentrado que se viese el derecho en los ciudadanos de casa abierta, en las cabezas de familia y en los trabajadores honrados que tienen hogar fijo y conocido. En las villas y lugares de España, entre la población rural apenas hay jornalero que no tiene dicha condición, y por consiguiente respecto á la gran mayoría del pueblo subsistiría sin alteración el goce de la franquicia. En las grandes poblaciones los que carecen de domicilio fijo, de hogar, que los clasifique entre los vecinos de casa abierta, pertenecen por lo general á la clase de domésticos y de vagos, que nada se pierde con que dejen de ser electores.

Pero cualquiera que llegue á ser el sistema electoral que definitivamente se adopte, su principal condición ha de tener por objeto garantizar la sinceridad del sufragio, su pureza y en lo posible la independencia de los votantes; esto es, poner á los electores á cubierto de sugestiones contrarias á su libre albedrío ó á la moralidad pública.

Estas dos últimas circunstancias que responden, la primera á la presión que sobre los electores puede ejercerse, ya sea por el espíritu de partido ó por coacciones de otro género, la segunda al cobro, vicio bastante general en las democracias, son males difíciles de sanar y que sólo el tiempo, una gran perseverancia por parte de los poderes públicos á efecto de corregir tales irregularidades y sobre todo los adelantos de la educación política de los pueblos, pueden estirpar de raíz.

Bien acredita lo fundado de esta observación, el tiempo que ha costado á los ingleses y el trabajo que todavía les está costando purgar las costumbres públicas de la lepra de la corrupción. Hasta la promulgación del bill de reforma electoral de 1832, la compra de votos en mercado abierto, aunque pénada por la ley, se eludía; y fuera del hecho material de
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haber dado ó recibido dinero en cambio de votos, era legal y admitido obsequiar á los electores ó emplear para ganarlos los mil artídes en que tan duchos son los individuos que componen el gremio de los agentes electorales, familia no poco numerosa, y que constituye una verdadera profesion en aquél país. La mencionada reforma corrigió en no pequeña parte los anteriores abusos, y sucesivas leyes penales han ido amonrándose los hasta el punto de haber hecho empresa difícil la de eludir las penalidades de la ley por sus infractores.

Pero lo que en Inglaterra no se vió nunca, fueron las desfachatadas falsedades y fraudes que en España han sido casi siempre tan frecuentes de 1850 acá en materia de elecciones. Falsear las listas, incluir en ellas á los muertos y también á vivos sin derecho á figurar en ellas; hacer que aparezcan como votantes los que jamás se presentaron en los colegios; leer los escrutadores otros nombres que los escritos en las papeletas que sacaban de las urnas; anular indebidamente los votos de secciones enteras para cambiar el resultado de los escrutinios; han sido pecados veniales en no pocas de las actas aprobadas por mayorías de partido.

En la época en que más legalidad hubo y menos fraudes se cometieron, rigiendo la ley de 1837, se estableció la cómoda costumbre de procurar ganar las mesas á todo trance, dejar correr la votacion sin tropiezos, hacer los escrutinios proférma, reservándose el presidente y escrutadores que habían vencido en la constitucion de las mesas, llevar las actas en blanco á la cabeza del distrito, para allí, en union con sus correligionarios de los demás distritos, llenar las actas según lo exigiera el preconvenido propó sito de que los candidatos del partido apareciesen con mayoría, aunque no la hubiesen sacado. Eleccion hubo, como la de Tijola en 1846, en la que para impedir que viniesen á votar los electores contrarios, se los alejó, situándose en la plaza del pueblo y á la puerta del colegio, un pedrero, pronto á hacer fuego sobre los contrarios si se obstinaban en no ceder.

Otro medio frecuentemente usado para ganar las mesas, era el de hacer entrar por una puerta falsa, antes de la hora señalada para dar principio á la constitucion de aquellas, á los electores amigos, en suficien te número para llenar el local, de suerte que al sonar la hora y abrirse las puertas, no hubiese sitio para los que no habían tomado parte en el compioli.—Siendo únicamente una hora el tiempo señalado para votar las mesas, los ocupantes del salon estaban seguros de que no podría llegar el turno de votar á los contrarios, y el milagro quedaba hecho y consumado.

De entonces acá se ha progresado, y en las elecciones de Junio de 1872 hemos visto llegar la fecundidad de inventos electorales hasta el grado de perfeccion de haber el candidato radical postulante del distrito de Cieza,
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»en la provincia de Murcia, enviando á recorrerlo un batallón de francos, á guisa de propagadores de sus títulos al sufragio, predicación que fué tan eficaz, que retrajo á los electores dispuestos á votar por el candidato conservador.

»Si éstas ó parecidas cosas hubiesen de repetirse, cual sería muy de temer de la relajación de las costumbres políticas, la consulta al país se reduciría á lo que ha venido siendo de largos años á esta parte, á una media indigna de un pueblo que tan escarmentado se halla acerca de los resultados finales á que conduce el menosprecio de la ley.

»No es este el momento de proponer un sistema electoral capaz de corregir tales abusos; pero dejando á los que tengan misión de preparar la ley que haya de regir en lo venidero la libertad de proveer á tan urgente necesidad, nos limitaremos á indicar un procedimiento sencillo, cuya adopción cabe en cualquier sistema que se adopte; procedimiento que bastaría para hacer de todo punto imposible groseros fraudes de la especie de los que han hecho perder la confianza en las elecciones.

»Consiste la precaución que anunciamos en adicionar á la ley que deba regir, cualquiera que ella sea, la siguiente disposición:—Los que se presenten como candidatos y hayan hecho constar ante el juez de primera instancia diez días antes del señalado, para dar principio á las votaciones, que son aceptados como tales candidatos por un número de electores que no baje de la sexta parte de los inscritos en las listas del distrito, tendrán derecho, constituida que sea la mesa y en el acto de tomar posesión de ella los electos como secretarios escrutadores, á designar un delegado que los represente y presencie las votaciones y el escrutinio al lado del presidente y secretarios, debiendo ser á aquellos reconocido el derecho de comprobar la lectura de las papeletas y de requerir que se tome acta y conste en la del día, formada por la mesa, los hechos acerca de los cuales presenten reclamaciones los mencionados interventores delegados de los candidatos competidores. La negativa de parte de la mesa á hacer constar en las actas dichas reclamaciones, deberá bastar para que las Cortes declarasen nulas las actas que no hiciesen mención de los hechos denunciados.

»Esta sencilla precaución, unida á la adopción en el reglamento del Congreso de disposiciones análogas á las que se observan en Inglaterra, en los Estados Unidos y en Italia para la validación de las elecciones, y para dejar expeditos á los candidatos vencidos el derecho y los medios de probar que lo han sido por malos medios, bastará para hacer sumamente difícil que el espíritu de partido ó el vicio inherente á fallar la validez de las actas en el calor de una discusión política, den asiento en el Congreso á candidatos espúreos, en perjuicio de los que hubiesen sido electos, á no haberse falseado el verdadero resultado de las votaciones.
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LAS ELECCIONES

Los sistemas seguidos en las naciones que acabamos de citar, son conocidos y se hallan expuestos en el trabajo de jurisprudencia parlamentaria que me fué cometido por las Cortes Constituyentes de 1869, á fin de que sirviese de estudio y de materia para la reforma de los defectuosísimos reglamentos de gobierno interior, que han servido de pauta á los trabajos de nuestras Asambleas deliberantes.

Hecho esto, habría podido esperarse tranquilamente el día que el Gobierno estimase conveniente para la publicación el decreto de convocatoria, acto que el país habría recibido con júbilo, en la confianza de que llegado que fuese, los electores gozarían de completa libertad para juntarse, formar comités y hallarse en posesión de entera latitud de imprenta en materias electorales.

Aunque puritano impenitente, en cuanto se refiere á puntos de ortodoxía constitucional, jamás opiné que el Gobierno deba permanecer del todo extraño á las elecciones, ni verse privado de razonables medios de ponerse en contacto con el cuerpo electoral; pero creo que los medios que al efecto le corresponde emplear, deben ser siempre de índole moral, valiéndose al efecto de órganos menos exclusivos y menos interesados que lo son sus subordinados.

Entre estos medios, ninguno parece más aceptable que lo sería el de la formación de una comisión central de elecciones, la que si bien compuesta de los amigos políticos de los ministros, convendría contarse en su seno representantes de las demás opiniones que hayan reconocido la monarquía de D. Alfonso.

En el interés de esta misma monarquía juzgamos fuera no menos ventajoso para ella que para el país, no excluir de la comisión á ninguno de los partidos liberales que reconozcan y acaten la legalidad existente. Parecemos poco dudosos que pudiese resultar peligro alguno para la monarquía, y antes al contrario, de que tuviesen cabida en la comisión algunos de los amigos del Sr. Castelar. Como puede considerarse, contado el número de los que de entre estos podrán venir á las Cortes, y como no tomarían asiento en ellas sin haber prestado juramento de fidelidad al monarca, ó consintiendo en ello, vendrían á dar fuerza á la situación, ó caso de rehusarlo no se hallarian en posesión de poder dañarla con el carácter de diputados. Pero esta indicación debe quedar sujeta á la opinión del Gobierno, sin que el que éste dejase de aprobarla debiera disminuir en manera alguna la cordialidad y la buena inteligencia que es del interés público subsistiese entre la comisión y el Gobierno.
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EN EMBRION.

la declaración de ser único hijo y heredero universal del testador el autor de los Comentarios; nombra el Maestre sus albaceas y testamentos á su primo el Obispo de Solsona, y á Juan Gómez de Cisneros, mi caro amigo (dice) y antiguo camarada (1), al cual, como procurador (2) y tutor, encarriendo mi deseado hijo, y le dejo debajo de su tutela y amparo, para que le críe, sustente, enseñe y doctrine como á hijo propio, que así lo espero de su estrecha amistad, hermandad y buena conciencia.

«Era mi segundo padre (copiamos á D. Justo Diego),—que de tal eran las pruebas, y así le intitularé en estos mis Comentarios de aquí adelante —hombre singular en las armas, hermoso aunque pequeño, blanco, rubio y el verdadero retrato de Felipe II, hombre de gran prudencia y de acciones caballeriles (3), excelente como músico y en danzar y en subir á caballo, de admirable conversación, gracios, galán, y, en suma, de muchas partes (4) personales, amable y excelente, y tan estimado que, en cualesquier dificultades de amistades (5), no sólo en Toledo, pero en la Corte pedían y tomaban su parecer grandes señores, y le llamaban comúnmente El libro del Duelo (6), porque le tenía en la uña, como también todos los linajes y limpiezas (7) de España, con excelencia y admiración de todos.»

Descendía tan cumplido caballero de algun pariente del Cardenal Cisneros (8), y estaba, al morir su camarada el Maese de Campo, casado en segundas nupcias con doña Isabel de Huertas, sobrina de D. Fray Francisco de Sosa, Obispo de Canarias, de la cual, y de su primera consorte, tuvo el bueno de Juan Gómez Cisneros nada menos que veintinueve hijos varones y una hembra, «Caba de esta república, como luego veremos,» nos dice D. Justo Diego.

Dióle á ese su curador (según aparece de una nota hallada en el ya citado escrutinio de sus papeles), en muy temprana edad, por maestro de

(1) Camarada: compañero de armas, y á veces de alojamiento y cama. Más adelante hallaremos esta voz empleada para designar á los que hoy llamariamos ayudantes u oficiales á las órdenes de los generales y jefes.
(2) Quizá debiera decir Curador.
(3) Caballerosas.
(4) Prendas.
(5) Es decir, para reconciliar á los enemistados.
(6) Fundonor, punto de honra.
(7) Familias sin mezcla en la sangre de Indios, Moros, herejes, etc.
(8) Descendiente del Cardenal le llama el autor, pero es yerro evidente.