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ría ha subordinado el principio de la soberanía nacional al de la legitimidad; y así, al propio tiempo que la declaración de forma de gobierno y la designación de la dinastía reinante forman parte de la Constitución, ésta se somete á la sanción de la corona; de donde resulta que el rey es tal rey, porque lo determina la Constitución; y la Constitución es tal Constitución, porque el monarca la sanciona; es decir, la Constitución es al mismo tiempo anterior y posterior, superior y subordinada, respecto de la institución real. La monarquía democrática, por el contrario, subordina el principio de la legitimidad al de la soberanía del Estado, y por esto atribuye al rey la facultad del veto suspensivo, pero no la sanción; establece la sucesión hereditaria, pero de tal forma, que el pueblo viene á confirmar en su caso la exaltación al trono de cada rey; declara á este inamovible, pero deja abierta siempre la puerta á su remoción y sustitución, y hasta al cambio de la forma de gobierno, mediante la perpetua posibilidad de reformar la Constitución. En el primer caso queda lo esencial del antiguo régimen, sin que se tome del nuevo más que las formas exteriores y algunas instituciones y prácticas que se desnaturalizan desde su origen; en el segundo, á la inversa, se conservan de lo antiguo sólo atributos accidentales de la monarquía, en lo general meramente formularios, y se afirma con sus consecuencias naturales el principio de la soberanía del Estado.

Por esto, mientras que en unos países, no obstante ser su forma de gobierno la monarquía constitucional, no se habla de partidos legales ó ilegales, y ni siquiera se entiende semejante clasificación (1), en otros se estima que la lleva consigo aquella organización política y se sostiene esto con una seriedad inverosímil, como si fuera claro, evidente y hasta axiomático. En los unos, los absolutistas, los republicanos, los constitucionales no dinásticos, pueden hablar, escribir, reunirse, asociarse, formando partidos legales, y por todos estos medios, justos y lícitos, aspirar á convencer y persuadir al país de la bondad y conveniencia de sus doctrinas; á hacer triunfar éstas en los comicios y verlas así traducidas en leyes ordinarias ó fundamentales en el seno del orden y de la paz. En los otros, sólo los monárquico constitucionales y dinásticos tienen aquellos derechos; los demás han de contentarse con rendir culto en la intimidad de su conciencia á las ideas que creen justas y salvadoras para su patria; cuando más, les es lícito conversar sobre aquellas en el seno del hogar y de la amistad; pero predicarlas y propagarlas, unirse y organizarse para conseguir pacíficamente que pene-

(1) En Inglaterra se consideraría hoy hasta irracional y absurda.
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tren en el espíritu público, ir á los comicios con ellas por bandera, exponerlas en la representación nacional, todo esto es ilegal, todo esto es un crimen, y crimen horrible. ¡Qué absurdo!

Pero lo extraño y hasta inconcebible es que esto se diga y se practique por muchos, al mismo tiempo que afirman y ensalzan las excelencias de régimen parlamentario. En el sistema constitucional de la Edad Media, y en el de las cartas otorgadas de entonces y de más tarde, tenían su razón de ser tales limitaciones; porque los reyes concedían derechos á los pueblos, y por tanto, podían poner á su ejercicio las trabas que estimaran convenientes. En los gobiernos francamente personales, como el Cesarismo, por ejemplo, se explica asimismo, porque comienzan por declarar menor de edad á la sociedad, que como tutores rigen y gobernán, sustituyendo la acción libre de aquella con la propia. Pero es contradictorio obrar como hubiera podido hacerlo la antigua monarquía de los tres brazos ó los Césares de todos tiempos, y tomar en boca el régimen parlamentario. Es la base esencial de éste, que el Parlamento sea eco y trasunto fiel de la sociedad. ¿Y cómo lo ha de ser, cuando hay clases, escuelas, agrupaciones, ciudadanos, que están privados de todos aquellos derechos mediante cuyo ejercicio pueden contribuir á formar esa opinión pública que se condensa en los comicios y tiene su órgano legítimo en la representación nacional? Lo que sucede entonces es, dicen los partidos proscriptos, que no es nacional semejante representación, y que la que tal carácter se atribuye comete una usurpación, puesto que tiene poderes tan sólo de los privilegiados.

Pero se dice: ¿cómo es posible que el poder se cruce de brazos ante la agitación de los ciudadanos y de los partidos que pugnan por minar su autoridad, para derribarlo? Distingamos también aquí, como hemos hecho en otra parte. Si los que tal intentan se proponen verificarlo por la fuerza y la violencia, cometen un delito tan pronto como comienzan á ponerlo por obra, y de él son responsables cuantos han contribuido directamente y á sabiendas al hecho desde el primer momento de su generación y preparación (1). Pero si de lo que se trata es de sustituir una forma de gobierno

(1) Así en Inglaterra, los dos estatutos de la reina Victoria que constituyen la legislación sobre prensa, lo que castiga es: el uno (año XI-XII, capítulo XII), "toda excitación pública por medio de impresos, por escritos ó de viva voz, que tienda á la deposición de la reina, á la guerra, ó en general al empleo de la fuerza, ya contra aquella, ya contra el Parlamento," y el otro (año VI-VII, capítulo XCVI), "la publicación de todo libelo calumnioso."
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con otra, pacíficamente y por los medios legales, ¿cómo es posible que instituciones y representantes del poder que, según propia confesión, deben su autoridad en todo ó en parte á la voluntad de la sociedad, consignada en una Constitución, nieguen á aquélla la facultad de rehacer su obra y volver sobre su acuerdo sin renegar de su propio origen? Con esto se da lugar á maliciar que lo que se teme es el desprestigio que cae sobre una institución que por su naturaleza no puede resistir el examen á la luz del día, y se le quiere conceder el prestigio artificial que les procuran sus parciales y adeptos en medio de la oscuridad y el silencio.

Hoy es absolutamente imposible sustraer cosa ni persona alguna á esta plena y amplia discusión. La institución, que no puede salir de ella incólume, se hace incompatible con una exigencia de los tiempos presentes; el funcionario, alto ó bajo, que no puede soportarla, no debe seguir en su puesto. Precisamente el jefe del Estado es, entre todos los servidores de éste, el que menos tiene que temer de la pública controversia. Los actos de que es verdaderamente responsable son contados (1), y la línea de conducta que debe seguir, fácil es de trazar cuando se inspira en su deber y en su misión, que no es otra que la de servir á su país, haciendo que la voluntad de éste rija y gobierne la sociedad. Por esto en Inglaterra, ni la prensa ni los partidos tienen para qué ocuparse de la excelente reina y señorita que se sienta en el trono (2).

Esto de hacer indiscutibles los actos del monarca, es propio de la monarquía absoluta y de derecho divino. «Así como comete ateísmo y sacrilegio todo el que critica los actos de Dios, decía Jacobo I, de igual modo se hace reo de desacato y de rebelión el súbdito que discute lo que ha-

(1) Son contados, porque, no obstante el error de confundir la función propia del Jefe del Estado con la del Poder ejecutivo, la buena razón comun las distingue. Así, digan lo que quieran las Constituciones, á nadie ocurre hacer responsable al rey de cada decreto ó orden que publica el diario oficial; y por el contrario, todos estiman que él es el único responsable cuando disuelve las Cámaras ó nombra un nuevo ministerio. ¿Cómo habrá de responder el ministro, que sale y refrenda el nombramiento del que le sustituye, de éste, cuando precisamente se suceden por lo mismo que representan distinta política?
(2) No há mucho tiempo lo hizo la prensa, para indicarle respetuosamente, en nombre de las exigencias que imponía á la reina su elevado puesto, la necesidad en que estaba de salir del retranimiento en que vivía desde la muerte de su esposo; y recientemente la prensa inglesa se ocupó del príncipe de Gales, con motivo de cierto ruidoso suceso.
El rey de Suecia pronunció en un banquete que le dió el emperador Guillermo un brindis, que censuró la prensa de aquel país constitucional con respeto, pero con severa franqueza.
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ce un rey desde la altura de su grandeza. Los buenos cristianos han de atenerse á la voluntad de Dios, revelada en su palabra; y los buenos súbditos, á la voluntad real, revelada en la ley.» Dos revoluciones y la caja de los Stuardos, dice Fischel, fueron los frutos amargos de la invencion de esta bella teoria, forjada por la teologia cortesana.

IV.

Deciamos, por último, que á veces no se consideraban los principios y formas del poder, que se ponen como limites á la constitucion de los partidos, axiomáticos aquellos é inmutables éstas por naturaleza, sino que se suponia que una vez declarados los primeros y establecidas las segundas como base de la vida social y de la organizacion del Estado, debia quedar vedada toda discusion, respecto de ellos, é impedirse todo cuanto pudiera tender á su desconocimiento, supresion ó reforma.

Así, por ejemplo, cuando en un pueblo domina, hasta ser casi exclusiva, una creencia religiosa, los doctrinarios, dejando de aducir como razon la verdad y santidad de aquella, y pretendiendo hacer valer la circunstancia de ser la que profesa la generalidad de los ciudadanos, poneu un veto á todo cuanto pudiera dirigirse á desconocerla ó criticarla. Planteada la cuestion en este terreno, es más fácil aun demostrar lo falso de tal limite. Al menos, cuando se invoca la verdad, para declarar sagrado é indiscutible un principio, preciso es respetar la intencion de quien se apoya en algo que es impersonal y que tiene valor por sí mismo; pero fundar tal pretension en el hecho de ser una idea ó creencia la predominante en una sociedad, es hacer una aplicacion lamentable, la más lamentable que es posible, del principio de la soberania nacional.

Esta circunstancia, cuyo valor y trascendencia se exagera y desnaturaliza, deberá ser tenida en cuenta al legislar sobre todo cuanto se relacione con esa creencia ó esa idea, puesto que es un hecho importante que determina el estado de la sociedad, en cuya vida se aspira á hacer penetrar un nuevo principio; y deberá ser atendida por todos cuantos traten de depurarlo ó sustituirlo, para proceder, en sus palabras y en sus actos, con los miramientos que exige la cosa misma y las personas que rinden á ella piadoso culto en su espíritu, y con aquel arte que, evitando cuidadosamente el asentimiento hipócrita y la contradiccion grosera, procura el triunfo de la verdad sin ruido y sin escándalo. Pero nada de esto se puede imponer
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por el poder; son leyes de la vida individual y de la de los partidos á que todos han de someterse libremente, sin que sea posible, para recordarles su cumplimiento, otra accion que la general de la sociedad.

Mas, no sólo se trata de imponer estas limitaciones racionales, aunque no toca á la ley declararlas, sino que se asienta como barrera insuperable á la pública discusion y á la accion de los partidos la misma creencia ó principio. Ahora bien: hacer esto, fundándose tan sólo en el hecho de su generalidad, como queda dicho, es absurdo, y basta para hacerlo comprender, notar que, una vez admitido, cada pueblo y cada época se abrazarian á sus respectivas preocupaciones, y no habría medio legal y pacífico de desvanecerlas y destruirlas. Si un país tiene un modo de ser peculiar y característico, la mejor prueba de que lo es realmente y no por ministerio del artificio, sólo puede obtenerse cuando lo conserva en medio de la libre contradiccion, al modo que en el orden económico, sólo existiendo la libertad de comercio, es posible discernir las industrias que tienen razon de sér en un país y las que deben su vida artificial á la proteccion del Estado.

A este mismo orden pertenece el argumento que se hace en apoyo de la clasificacion de los partidos en legales é ilegales, diciendo, que una vez promulgada la Constitucion politica de un país, no es licito intentar nada que sea contrario á alguna de sus bases esenciales. De suerte que mientras dura el periodo constituyente, la sociedad puede libremente discutir aquellas, todas ó algunas, según el criterio que domine en el poder; pero una vez aceptada una solucion, queda ésta consagrada y elevada á la dignidad de un dogma, no por su valor intrínseco, sino en virtud de su aceptacion por el legislador.

Nada diremos de este error, cuando se da á la Constitucion el carácter de carta otorgada por el monarca, ó el de pacto (1) entre éste y el pueblo, porque, como en otro lugar queda indicado, en el primer caso, se confunde la monarquia de la Edad Media con la parlamentaria: en el segundo, se supone que los pueblos conquistan hoy sus libertades y derechos, al modo que los municipios los recaban de los señores y de los reyes en los siglos XII y XIII; y en ambos se convierte á la sociedad de sujeto de derecho,

(1) Los conservadores, que tanto se asustaron con el pacto de Juan Jacobo Rousseau, y tanto se asustan con el pacto de Proudhon, no suelen parar la atencion en que la monarquia paccionada, como algunos la denominan, se asienta en el mismo error que las teorias de aquellos dos famosos escritores; todas tienen de comun el supuesto erróneo de que la voluntad arbitraria de los individuos puede ser base de la organización y política.
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que es, en objeto; se niega su soberanía, se viene como á declarar en suspensos el self-government, puesto que, según esta teoría, un país no sería dueño de sus destinos, ni regiría su vida, sino con intermitencia, es decir, en los períodos constituyentes.

Aquí debemos tan sólo ocuparnos de este error, cuando se funda en lo que se llama respeto á la legalidad, de donde dimana principalmente la clasificación de los partidos de que nos estamos ocupando.

En primer lugar, se hace entre los preceptos constitucionales una distinción que no se funda en criterio alguno, y que sirve únicamente para demostrar la necesidad de retroceder ante el absurdo. En efecto: ¿cuáles son las bases esenciales y cuáles la accidentales de una Constitución? Una Constitución establece, por ejemplo, la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, los requisitos para ser diputado ó senador, la gracia de indulto, etc. ¿Es que nadie podrá, en consecuencia, exponer la injusticia de la expropiación, los inconvenientes del indulto ó la improcedencia de esta ó aquella condición exigida para entrar en el Parlamento? Esto sería irracional, y nadie se atreve á sostenerlo. Pero tampoco se dice cuándo ni dónde comienza lo esencial, y tanto es imposible hacerlo, que retrocediendo de trinchera en trinchera, los doctrinarios llegan á sostener que es lo fundamental y lo digno, por lo mismo de absoluto respeto lo que implican estos dos términos: Monarquía constitucional; y de aquí que queden fuera de la legalidad, como suele decirse, absolutistas y republicanos, con más los monárquicos anti-dinásticos. En este caso, podría contestarse que el límite, además de injusto y arbitrario, es inútil, porque de tal forma puede constituirse la monarquía, que cueste trabajo distinguirla de la república; y de tal modo organizarse el Parlamento, que sea difícil distinguir lo que de constitucional y representativa quede á la monarquía.

Pero, cualesquiera que sean estos límites, ¿no se advierte la contradicción que implica el dejar completa libertad á los partidos durante el período constituyente, y retirársela una vez que el Parlamento ha decidido, al modo que las cuestiones libres en la esfera de la teología dejan de serlo tan pronto como recae una resolución dogmática? La libertad en un caso, se funda en la necesidad de que la opinión del país se dé á conocer, se manifieste por medio de los comicios, y se traduzca en los preceptos constitucionales. ¿Pues cómo entonces cerrar la puerta á que las rectificaciones y modificaciones en el sentimiento público produzcan los efectos que son consiguientes en un régimen cuya esencia consiste en servir para que el espíritu de la sociedad sea el que inspire siempre la marcha de éste? Así
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tan distintos por su plan, por su forma, por su estilo y por su ornamentación del monumento de Planéz. La iglesia de este lugar, nos hemos convencido de ello plenamente, nada tiene de la antigua arquitectura romana, cuya forma fue la primera que se adoptó para los monumentos transformados en templos y consagrados á Cristo. Es verdaderamente el de Planéz un edificio árabe, único que existe en todas aquellas montañas, y su existencia sólo puede explicarse por lo que dice la tradición al recordar la trágica y sentida historia de Otman y de Monisa.

Y ahora, sabido esto, vamos al texto de la tragedia catalana.

V.

PERSONAJES.

OTMAN BEN ABI NEZA.
MONISA.
GEDHY BEN ZAYAN.
ARABES.

Escena. Un lugar solitario y frondoso de los Pirineos. Montañas en el fondo. A un lado del teatro una cascada. Es de día.

OTMAN—MONISA.

Otman entra en escena llevando en brazos á Monisa, dormida, y la deposita con gran precaución sobre el césped, cerca de la cascada, junto á un tronco de árbol.

OTMAN. Aquí estará mejor. La sombra es más espesa, más fresco el ambiente, más dulces los efluvios que esparcen por los aires las murmurantes aguas.

¡Cubre con su alquicel á su amada, da algunos pasos para dirigirse á una roca que junto á la cascada se levanta, y al cruzar por delante de ésta se detiene un momento!

¡Oh cascada, si así como tus olas son de agua fuesen de sangre de árabes, con qué placer entonces te contemplaría el proscrito bereber!

(Se dirige á la roca, á la cual sube, escucha, mira y lo examina todo alrededor.)

Ni los veo ya ni les oigo. Todo es silencio y soledad, Perdieron mis huellas y habrán regresado á Livia... ¡Medina Livia, cuna de
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que lo lógico sería declarar la Constitución absolutamente irreformable, pues lo contrario es suponer que llegará un día en que se sienta la necesidad de modificarla, y para que esta necesidad sea conocida, ha de consentirse su expresión y todo lo que es menester para distinguir las exigencias que tienen un carácter verdaderamente social de las aspiraciones individuales y de partido.

Hay aquí dos cosas que se confunden lastimosamente. Para obedecer, respetar y acatar, lo mismo la ley fundamental del Estado que las leyes ordinarias, no necesita el ciudadano aceptar como buenos, justos y convenientes los principios en que se fundan; bástale atemperarse á ellas en su conducta, sinceramente y movido por el deber de hacerlo que á todos alcanza sin distinción de opiniones, escuelas, ni partidos. Este respeto y este género de obediencia son suficientes para procurar á ciertos países, como Inglaterra, la serena paz y el orden constante, que no estorben el libre movimiento de la opinión pública y la libérrima acción de los partidos. La falta de esta obediencia y respeto tiene sumidos á otros, como España, en una anarquía perpétua, sin que sufra interrupción el desconocimiento de las leyes, que tanto se menosprecian arriba como abajo, así por gobernantes como por gobernados, y de igual modo por conservadores que por revolucionarios.

¡Ah! el dura lex sed tamen lex, debe de ser el lema de todos los ciudadanos y de todos los partidos en cualquiera país que pretenda tener una vida normal y ordenada; pero al lado de este principio es preciso afirmar el de la posible reforma de aquellos en todo caso y siempre; y unir ambos, diciendo con un escritor moderno: la ley debe de ser ciegamente respetada y libremente discutida.

V.

Veamos ahora, para terminar nuestro trabajo, las consecuencias que lleva consigo el declarar legales á unos partidos e ilegales á otros.

Pueden reducirse á dos, primera: que el Gobierno reviste por necesidad un carácter más ó menos personal; segunda, que se da justo motivo ó pretexto, según los casos, para las revoluciones.

Hemos demostrado, al examinar los principios erróneos en que se fundaba aquella clasificación de los partidos, que eran todos ellos una negación de la soberanía del Estado, del self-government, en cuanto se vedaba la propagación de ciertas ideas y aspiraciones, privando á determinados
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partidos y de escuelas los medios de influir en la opinión del país, para que éste, adoptando aquellas, las tradujera en leyes de vida para la sociedad. Ahora bien; desde el momento en que esto se hace, no puede decirse que un pueblo se rije á sí mismo, ni que es dueño de sus destinos, hecho que con razón tomaba Kant como base para la clasificación de los gobiernos. Todos los que no tenían aquella circunstancia, los consideraba el ilustre filósofo sometidos al despotismo, el cual era monárquico, aristocrático ó democrático, según que la acción pública, la acción orgánica de todos los elementos sociales, era sustituida por la de los reyes, la de la nobleza ó la de la plebe.

Hoy son excepcionales estas tres especies de despotismo, pero en cambio es frecuente aquel que consiste en restar arbitrariamente de la acción social ciertas clases, escuelas y partidos, constituyendo con los demás un poder privilegiado, en cuya cúspide se asienta la Monarquía doctrinaria. Y como esta se reserva la facultad de determinar las esferas en que es libre la propagación de las ideas, los principios respecto de los que es lícita la discusión, y los fines para cuyo logro es legal la constitución de los partidos, resulta que de hecho ella es la que viene á presidir á la vida jurídica y política de los pueblos regidos por esta forma de gobierno, que por lo mismo reviste un carácter esencialmente personal, aunque más ó menos según es mayor ó menor la amplitud que se deja á la acción social, y también más ó menos despótico, según que los reyes imponen arbitrariamente su criterio ó procuran ser eco fiel de las aspiraciones de los pueblos, hasta el punto que es posible conocer estas donde la opinión pública carece de medios de expresión.

De aquí resulta que la sociedad se divide, no en partidos compuestos de ciudadanos todos igualmente libres, que aspiran, dentro del derecho común, á conducir á aquélla por el camino que creen mejor y el debido; sino en dos clases, análogas á las que vemos luchando en los tiempos pasados, y compuestas, la una, de todos aquellos cuyo criterio cabe dentro de la legalidad y cuya libre acción es reconocida y amparada por ésta; la otra, de los que no encuentran dentro de ella ni garantía para sus ideas, ni medios de hacerlas prevalecer.

Consecuencia de tal estado de cosas es que suceda lo que dice Passy en su libro sobre las formas de gobierno, hablando de la monarquía francesa de 1830: «Está fuera de toda controversia que allí donde los derechos políticos están reservados á un corto número, las clases á quienes faltan acababan siempre por hacerse enemigas del régimen que se los niega.»