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mueve la sociedad, en los otros produce un completo trastorno, y es unas veces causa y otras efecto de tristes y lamentables convulsiones.

Ahora bien, si es esta la razón de ser de los partidos y son estos sus fines, no pueda estorbarse su libre organización ó su acción desembarazada, sino partiendo de uno de estos errados supuestos: primero, que hay principios que el Estado afirma con carácter dogmático y que declara por lo mismo indiscutibles; segundo, que hay formas y encarnaciones del poder que son insustituibles y hasta irreformables; ó tercero, que, aún cuando no sean axiomáticos aquellos principios, ni inmutables estas formas, pueden revestir este carácter mediante la voluntad de una institución, de una clase ó de un número mayor ó menor de ciudadanos. Todos estos errores vienen á coincidir en que son una negación del self-government, de la soberanía de la nación, ó hablando con más propiedad, del Estado, en cuanto limitan ó suprimen la facultad que tiene la sociedad de organizar el poder y declarar el derecho libremente y por sí.

Por esto los partidarios del antiguo régimen son enemigos de los partidos, y por la existencia de estos hacen un cargo al nuevo. Como el pueblo ó la sociedad no tiene, según ellos, derecho á determinar por sí el derrotero que ha de llevar la nave del Estado, no son necesarios estos organismos, basta que los ciudadanos puedan pedir y representar, ya por sí, ya por medio de sus procuradores. A la institución en que reside verdadera y realmente el poder; y la cual por lo mismo bajo su responsabilidad concede ó niega, conserva ó reforma, según lo estima conveniente. De aquí que haya un abismo entre el régimen representativo de las antiguas Cortes y el sistema parlamentario de los tiempos modernos; y no es extraño por lo mismo que muchos, al propio tiempo que anhelan la existencia de aquella representación tradicional, condenen y anatematicen el parlamentarismo (1).

Veamos cómo se deriva de cada uno de aquellos equivocados supuestos la clasificación de los partidos en legales e ilegales.

(1) No es esto decir que no tengan fundamento algunos de los cargos que los absolutistas, puros ó templados, dirigen á los partidos y al régimen parlamentario. Cuando aquellos, lejos de inspirarse en una idea y constituirse para servir un principio, viven de la pasión y se agitan tan sólo para alcanzar el poder, sacrificando á esta ambición de mando, y aún á intereses más bastardos, la justicia y el bien de la patria, se desnaturaliza su carácter, se bastardea su misión y son germen de males innumerables. De igual suerte, con el nombre de prácticas parlamentarias, han ido consagrándose por el uso, al lado de unas que son consecuencias naturales del self-government, otras que no son sino verdaderas corrupciones, que sirven tan sólo para desprestigiar el régimen constitucional.
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II

Es el primero de ellos el que aparentemente tiene más fuerza. En efecto, se dice: hay ciertos principios fundamentales que son claros y evidentes, y además base esencial de la sociedad, y por tanto sería absurdo que se pusieran en tela de juicio, consintiendo que su contradicción fuera tema de controversia pública; y más aún que se organizaran partidos, cuya acción debiera de encaminarse directa ó indirectamente contra ellos. En este caso se encuentran, por ejemplo, la propiedad, la familia, la autoridad, etcétera.

Comencemos haciendo observar, que casi todos los que aspiran á dejar fuera del alcance de los partidos estos principios, confunden dos cosas que son muy distintas: la esencia de una institución y su forma histórica en un momento dado. Así entienden que ataca á la propiedad el que pide para ella una organización colectiva; á la herencia, el que llama á suceder á alguien á la par ó antes que á la familia; á ésta, quien sostiene el matrimonio civil, como consecuencia de la sustantividad del derecho, ó el divorcio en vez de la indisolubilidad del vínculo matrimonial; y al principio de autoridad, el que no reconoce en el Estado el derecho de castigar ciertos actos, ó admite tan sólo respecto de otros el de imponer penas correccionales; siendo así que en cada uno de estos casos se afirma la institución de que se trata, y lo que se pretende, con razón ó sin ella, es su reforma y reorganización. De aquí se deduce que, pareciendo que lo que se quiere dejar á salvo de todo ataque es la institución misma, lo que se hace realmente es dar carácter de sagrada e inviolable á una forma de aquélla, que ha de ser por naturaleza pasajera y transitoria como las demás que ha vestido á través del tiempo.

Luego no se para la atención en que esta teoría supone la existencia de un criterio infalible para distinguir las instituciones fundamentales de las que no lo son, y dentro de cada una de aquellas lo esencial de lo acciden- tal. Unos estiman como base primordial de la sociedad la consagración de la libertad en toda su integridad, y otros el poner á ésta ciertos y determinados límites, que se juzgan necesarios para dejar á salvo los fueros de la autoridad; unos, la propiedad individual absoluta, otros la social exclusiva, y algunos la combinación de ambas formas; quienes consideran como condiciones inherentes á la naturaleza de la familia el matrimonio puramente religioso, la autoridad marital, la patria potestad limitada pero permanente,
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la organización de la propiedad dentro de aquella impuesta por la ley; y quienes, por el contrario, afirman que lo son el reconocimiento del matrimonio por el Estado, la doble autoridad de ambos esposos, la patria potestad ilimitada pero temporal, y la libre organización de la propiedad en la familia. Siendo de notar que la diferencia en el modo de resolver una cuestión concreta arguye todo un sentido diferente de la institución misma. Afirmar o negar la expropiación forzosa por causa de utilidad pública equivale á afirmar o negar el carácter absoluto de la propiedad individual; poner o no estos ó aquellos límites á la libertad equivale á sacrificar ésta á la autoridad, ó al contrario. Por tanto la lógica llevaría á prohibir el examen de todo cuanto se relacionara, aunque fuera remotamente, con los principios que se pretendiera hacer indiscutibles.

De igual suerte, si fueran lógicos los que aspiran á hacer sagradas estas instituciones, habrían de afirmar la inmutabilidad de las mismas, y esto es lo que hacen, pero confundiendo la permanente existencia de su fondo y esencia con la pasajera y transitoria de su forma. La propiedad, la familia, la pena, el Estado, se nos muestran constantemente en la historia, pero no como entidades metafísicas que no mudan ni cambian, sino, por el contrario, en perpetua modificación y en continuo desarrollo. Comparese la propiedad feudal con la moderna, la familia romana con la de los tiempos presentes, el sistema penal del siglo anterior con el del actual, la monarquía patrimonial con las organizaciones políticas modernas, y digase si es posible negar el progreso y la transformación en todas y cada una de estas esferas.

Además ¿por qué alarmarse cuando se trata de ciertas instituciones jurídicas y cruzarse de brazos cuando de otras se trata? Es verdaderamente extraño que se estimen más sagrados y dignos de esta pretendida protección el derecho de propiedad que el de personalidad, el derecho penal que el procesal, el político que el de obligaciones. ¿No es absurdo que se atribuya más importancia á los bienes materiales que á bienes tan superiores como la libertad, la actividad, la dignidad y la vida? ¿No lo es que se estime más peligroso el poner mano en una organización política que el atentar á las garantías que, para dejar á salvo la honra de un hombre, establece todo procedimiento justo y racional? ¿Interesa menos lo que se refiere á las numerosas e importantes relaciones que enjendra la contratación, que lo relativo á los que nacen de la sucesión hereditaria?

No se comprende tampoco por qué habían de hacerse sagradas e indiscutibles ciertas instituciones jurídicas y políticas y no extender este carác-
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de su familia que oían los pasos de sus perseguidores, y no fué vano el recelo de sus corazones, que de improviso fueron rodeados de los de Gedhy. Todos los suyos huyeron, que el miedo les puso alas en aquella ocasión, y buscaba Otman algún lugar donde esconder á su amada, cuando se vió por todas partes acometido de soldados. Alfanje en mano quiso abrirse paso, como si todo su valor y esfuerzo bastaran contra tantos, pero fué herido de muchas lanzas y murió sirviendo de escudo con su cuerpo á la hermosa Monisa.

Su muerte puso á la hija del rey de Aquitania en poder de sus vencedores. Apoderados de la cristiana, cortaron la cabeza al desangrado cuerpo de Otman, y Gedhy se llevó á la joven belldad en brazos montándola en su caballo, mientras que del arzón de la silla colgaba la ensangrentada cabeza del esposo. Cuando Gedhy presentó la cautiva y la cabeza á Abderraman, que se adelantaba con numerosas fuerzas camino de Cerdaña y de los Pirineos, cuentan que exclamó con feroz alegría: «¡Por Alláh que tan preciosa caza no se hizo nunca en tales montes!»

Y mandó cuidar con mucho esmero aquella cautiva. La cabeza del esposo y la mujer del vencido tuvieron triste suerte.

La una decoró la puerta del serralio de Córdoba, y la otra debió á su deslumbrante belleza el ir á adornar el harem del califa de Damasco.

Tal fué la que los pastores y guías de los Pirineos titulan y bien pueden titular La tragedia de Llívia.

Esta tradición, que años más tarde debíamos ver comprobada en las historias árabes de Conde, nos fué un día referida por un anciano de aquellos montes junto á una fuente que se llama de la Reina, á dos ó tres horas de Llívia, y que se supone haber sido el lugar de la catástrofe, dándosele el nombre de fuente de la Reina por alusión á la princesa de Aquitania.

Algunos días más tarde, continuando nuestro viaje por los Pirineos, llegábamos al pueblecito de Planéz, que forma parte de Rosellon, y allí nos enseñaron una antigua mezquita ó monumento árabe, que hoy sirve de iglesia á aquel pueblo, y que, según tradición, fué levantado para servir de sepultura á Otman. Cuentase que el descabezado cuerpo de aquel infelizado jefe fué llevado á Planéz por algunos bereberes fieles y que allí se le levantó aquel monumento, iglesia actualmente del pueblo.

La tradición así lo asegura, y todas las probabilidades son estas. De todas maneras, esta circunstancia histórica es la única que puede explicar la existencia de un monumento, tan característicamente árabe, en una comarca donde todos los demás edificios antiguos que se encuentran son
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ter á otras que ejercen en la vida de la sociedad un influjo, igual por lo méños. La religion, la moral, la ciencia son asimismo bases esenciales de aquella, y los extravíos en cualquiera de estos órdenes son tanto ó más peligrosos que en el otro; y de aquí que el Estado debiera consagrar tambien una serie de principios en cada uno de ellos á los que no podría llegar la accion de los partidos. Y sin embargo, las trabas que en tiempos pasados se pusieron en estos respectos van desapareciendo, con lo cual no han perdido ciertamente la religion, ni la moral, ni la ciencia.

Lo que hay en el fondo de todo esto, es una profunda desconfianza en cuanto á la libre actividad del hombre y hasta de las leyes providenciales que rigen al mundo. Se piensa que dejada la sociedad á si misma, se extraña por necesidad, y por esto se pretende imponerle la perpétua tutela del Estado, suponiendo que éste lo constituye una institucion, una clase ó una determinada parte de aquella. Ahora bien; esto era lógico en el régimen de la Edad Media, porque afirmando se la religion como lo superior y lo único sustantivo, moral, ciencia y derecho quedaban á ella subordinados, revestían sus principios el carácter dogmático de aquella, y se afirmaba, por lo mismo, su indiscutibilidad, deduciéndose las consecuencias que de tal concepcion se derivan, hasta donde es posible cuando se parte de un error.

Pero cuando se afirma, por el contrario, de un lado, la sustantividad e independencia del derecho, y de otro, que la sociedad toda, considerada en este respecto jurídico, es el Estado, no es posible, sin-incurrir en manifiesta contradiccion, poner semejantes limites á la libre accion de los ciudadanos y de los partidos. Todas las instituciones están sometidas al progreso y á la transformacion, y para llevar á cabo ésta, es necesario un criterio que, abonado por la ciencia, haya sido acogido por el sentimiento general y la opinion pública. Sin esto no cabe sino, ó afirmar la inmutabilidad de la institucion, ó reformar esta según el exclusivo modo de ver de los depositarios del poder; ó lo que es lo mismo, reconocer en ciertas esferas y desconocer en otras, arbitrariamente determinadas, el derecho de la sociedad á regir y determinar su propia vida, lo cual vale tanto como afirmar y negar á un tiempo el self-government. ¿Quién tiene facultad para hacer este deslinde? ¿En qué principio racional puede fundarse?

Por esto se explica que sostengan tales ideas los que sueñan con la vuelta del antiguo régimen y los que tratan de someter de nuevo la sociedad á la autoridad ilimitada de la Iglesia; pero es incomprensible que lo hagan los que alardean constantemente de querer vivir dentro de las condiciones del derecho moderno y del sistema parlamentario.
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Y LA MONARQUÍA DOCTRINARIA.

Se nos dirá: ¿es que pretendeis que se pueda impunemente predicar el asesinato, el robo, la disolución de la familia, el ateísmo? Distingamos: el que propagará cualquiera de estas aberraciones, á sabiendas de que lo son, y para procurar el menosprecio de la ley y la corrupción de la sociedad, es delincuente, porque la moral necesita también de medios de vida, que el derecho le da, y así el juego, la prostitución, la grosera blasfemia, son punibles cuando van acompañados de escándalo, porque quien tal hace falta á aquel decoro público que es condición necesaria para la vida individual y social (1).

Pero si se quiere asentar como principio que es ilícito todo cuanto directa ó indirectamente tienda á sostener aquellos lamentables errores, no haremos más que notar las absurdas consecuencias á que conduce. El duelo es, según muchos, un homicidio, y á veces un asesinato; no podría, por tanto, defenderse en público; y sin embargo, sin escándalo ha escrito en su apoyo el que ocupa hoy el más elevado puesto de la magistratura española. Los bárbaros se apoderaron de parte de los bienes de los vencidos; los reyes de España despojaron de los suyos á moros y judíos; la revolución ha vendido los de la Iglesia; nadie podría, pues, justificar ni excusar estos hechos, porque equivaldría para algunos á defender el robo. Según otros, son condiciones esenciales de la familia el carácter religioso del matrimonio, la indisolubilidad de éste y la autoridad marital; luego el que mantuviera el matrimonio civil, el divorcio y la igual autoridad de ambos cónyuges, predicaría la disolución de aquélla. Y en cuanto al ateísmo, ¿qué idea ó concepto de Dios es el que se había de poner fuera de discusión; el Dios del vulgo, ó el de los sábios,—el de la teología ó el de la filosofía,—el de la religión natural ó el de las positivas,—el que habla á los sentidos, ó el que se revela en la conciencia,—el Dios-espiritu, ó el que no es ni cuerpo ni espíritu,—el Dios personal, ó el inmanente en el mundo,—el Dios vivo y real, ó el Dios-idea,—el Dios providente, ó el Dios solitario é indiferente de los deístas? Y aún cuando se determinaran por la ley, a priori, límites en este respecto, ¿quién había de declarar luego lo que se entendía por personalidad, providencia, inmanencia, etc.? Cuantos escritores, ya hablan en nombre de la ciencia, ya lo hicieran en el de la religión, habrían de

(1) Este límite justo y racional, separa radicalmente á ciertos escritores de otros que, como Darwin y Spencer, desenvuelven, no obstante, en sus obras, teorías que, según ciertos políticos, deberían conducirles derechamente á la cárcel.
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comparecer ante los tribunales á explicar el concepto que dieran de la divinidad.

Por esto las trabas que el poder ha puesto en todos estos respectos han sido siempre ineficaces. Todas las que puso el antiguo régimen fueron inútiles, y á pesar suyo se apoderó de la sociedad la idea de la desamortización y de la desvinculación; todas las levantadas por los sistemas doctrinarios han sido incapaces de impedir el movimiento socialista de los tiempos modernos; todas las que antes y ahora se han puesto al libre curso y desarrollo de las ideas, han sido débiles diques, por encima de los cuales la ciencia ha pasado siempre.

III.

Hemos dicho que era el segundo de los errores de que se partía, al clasificar los partidos en legales é ilegales, el suponer insustituibles, y hasta inmutables, ciertas formas y encarnaciones del poder; error, por cierto, menos comprensible que el anterior; de un lado, porque salta á la vista que no se trata aquí de principios tan universales ni de tan elevada naturaleza como en aquel; y de otro, porque cuesta trabajo darse cuenta de que haya quien pretenda atribuir á las varias representaciones que el poder reviste ese carácter sagrado é inmutable en tiempos como los presentes, en que parece que lo contrario es la ley de su vida y existencia.

Era todo esto lógico en el antiguo régimen. La monarquía legítima, así la teocrática como la patrimonial, no podía consentir que se pusiera en tela de juicio el derecho que fundaba en la voluntad de Dios ó en la herencia, porque discutirlo era disputar á los reyes una cosa tan suya como lo es una finca de su propietario. No eran aquellos depositarios temporales de una función pública, y menos servidores de los pueblos, sino que, por el contrario, formulaban sus pretensiones en la célebre frase de Luis XIV: el Estado soy yo. No siendo la sociedad sujeta en esta relación, no le tocaba determinar lo conducente á la consecución de su destino; siendo sólo objeto, le correspondía un papel pasivo frente de quien, en uso de un derecho que estimaba legítimo, la regía y gobernaba.

Pero no se comprende semejante pretensión de parte de la monarquía constitucional y parlamentaria. Al declararse en nuestros días que los reyes lo son por la gracia de Dios y la voluntad nacional, se ha empleado una fórmula que puede servir para expresar en cierto modo el carácter mixto de aquella organización política, producto de los tiempos presentes, pero que
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envuelve una contradiccion insoluble, y de la cual es una consecuencia el error que estamos examinando. Las palabras tienen un sentido literal, que es de siempre, y otro histórico, que deben á las circunstancias en que se emplean con determinado intento. Decir que un rey reina por la gracia de Dios, es afirmar, si se atiende al valor absoluto de los términos, el hecho general de la intervencion de la Providencia divina en las cosas de este mundo; pero la historia ha dado á la frase otro sentido muy diferente, y que responde al principio en que se asienta la monarquia de derecho divino y patrimonial; y en este es completamente incompatible con el de la soberania del Estado (1).

En efecto; si el monarca recibe su autoridad directamente de Dios, ó la deriva de un derecho preexistente, fundado en una ley inmutable ó en la voluntad de sus predecesores, la nacion no puede desconocer, ni modificar, ni siquiera consagrar, lo que por sí mismo subsiste y es perfecto y acabado. Por el contrario, si no hay otra fuente de poder que la soberanía de la sociedad, es evidente que la autoridad del rey procede de la declaracion del pueblo, el cual no sólo la reconoce y la consagra, sino que la crea, y por tanto, se reserva la facultad de modificarla, y aún sustituirla, dado que los derechos que se refieren al orden social y público no son renunciables (2).

La imposibilidad de armonizar estos dos principios se muestra en la inconsecuencia en que ha sido preciso incurrir en la practica, al darse como no podia menos, preferencia al uno ó al otro. La monarquia doctrina-

(1) En el primer sentido, todos los poderes han pretendido derivar su autoridad de Dios. «En el Rump-parlement, los comunes fundaban tambien en la gracia de Dios su poder revolucionario y el derecho que se atribuian de juzgar á Carlos I. Declara: "that the people are under God, the original of all just power; that the commons of England in parliament assembled, being chosen by and representing the people, have the supreme power in this nation."

En la segunda accesion pretendieron sostenerla algunos monarcas en Inglaterra; pero lejos de tener allí valor en este sentido, siendo ministro lord John Russel desapareció en una ocasion de las armas inglesas esta antigua leyenda, y si se resta, blició, fué tan sólo para tranquilizar las s'mas piadosas. (Véase Fischel, Constitucion de Inglaterra. libro II, cap. I).

(2) Por eso dice Blackstone: «Al hablar de una monarquia hereditaria, no quiero en modo alguno dar á entender con esto la existencia de un título con caracter de derecho divino á la adquisicion del trono." No es extraño que diga esto el celebre jurisconsulto inglés, cuando por una ley del tiempo de la reina Ana (año 6.º, capitulo VII), se declara culpable de alta traicion á todo aquel que pretenda y sostenga que no se puede por una ley ó estatuto "restringir los derechos de la corona, así como modificar el orden de sucesion, el circulo de sus atribuciones, su regimen y su transmision hereditaria."