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necesidad de más explicaciones, la subordinación de la propiedad forestal á las leyes que en todas las épocas se han ocupado de su conservación y fomento, pues el no hacerlo hubiera sido desamparar los intereses legítimos de vida y prosperidad á que toda nación debe dar la preferencia, estableciendo como doctrina una especie de anarquía salvaje de que sólo se encuentran ejemplos entre las recónditas tribus del centro de África.

Con esta advertencia por delante, lo que á la cuestión atañe es escudriñar, decimos mal, lo que debe sujetarse á un severo análisis, es la idea predominante de las leyes forestales que—promulgadas ó no salidas de la clase de proyectos—han regido hasta nuestros días ó han sido estudiadas por los políticos y gobiernos que más han cuidado del engrandecimiento y progreso de la nación, debiéndose entender por tales leyes, bueno es decirlo, las que determinan grandes progresos, estancamientos ó retrocesos en el modo de considerar la riqueza forestal, porque ocuparse de todas fuera salir de los límites en que voluntariamente nos hemos propuesto encerrar estos artículos, según expresa el brevíssimo proemio que va por cabeza de los mismos.

No son necesarias, en verdad, grandes dotes de penetración para conocer desde luego que la doctrina exclusivista, que ha informado las leyes forestales españolas hasta mediados del presente siglo, ha sido meramente económica, encaminándose á conseguir la conservación de los bosques, ora para asegurar la producción de maderas útiles para la construcción naval principalmente, ora para favorecer la cría de ganados, cuyos pastaderos radican en los montes. No es otro—dejando á un lado propósitos de más estrecho objetivo, cuyo imperio legal ha sido breve (1)—el fin á cuya obtención se encaminaron, lo mismo la instrucción de 15 de Febrero de 1660—más conocida por el nombre de Instrucción de Bustamante que así se llamaba el veedor y superintendente que la dió para algunos pueblos del litoral cantábrico—que la famosa Ordenanza de montes y plantios de 31 de Enero de 1748, la última de 27 de Agosto de 1803, suspendida en 10 de Febrero de 1805, y las generales de montes de 22 de Diciembre de 1833, cuya parte penal está todavía en vigor.

Para encontrar perfectamente determinado el fin dasonómico como derivación inmediata de una necesidad social de mayor alteza y trascendien-

(1) Entre otras disposiciones, puede citarse la real providencia de 2 de Marzo de 1793 que, para proteger la industria de los curtidos, prohibía quemar con las cenizas las cortezas de encina, roble, alcornocal y otras útiles para las tenerías.
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cia, es menester llegar hasta el año 1855, en que la desamortización de los bienes de manos muertas, dispuesta por la conocida ley de 1.º de Mayo de aquel año, puso de nuevo sobre el tapete la cuestión forestal, con ocasión de tener que determinar el gobierno, conforme á lo mandado en la disposición 6.ª del art. 2.ª de la misma, los montes que debían excluirse de la venta general que en dicha ley se ordenaba. Y aunque no faltan disposiciones oficiales anteriores en las que, con más ó menos claridad, se vislumbraba ya la nueva doctrina, lo cierto es que hasta la publicación del real decreto de 26 de Octubre de 1855—uno de los que más gloria reflejan sobre el eminente hombre de Estado D. Manuel Alonso Martínez, que fué el ministro que lo autorizó—no había gobierno alguno declarado aún como el de esta época, que los montes satisfacen «una necesidad del Estado y de »los pueblos» respecto á las atenciones siempre crecientes de la agricultura »y de la industria, y á las de ciertas localidades, cuyo bienestar depende en »gran manera del arbolado y de su benéfica influencia en la vegetación y »pureza de la atmósfera» afirmando además que compelida la administración pública por altos deberes á satisfacer las necesidades del presente y á cuidar de las del porvenir, sólo á la misma incumbe determinar, y en su consecuencia cuidar de los montes y bosques que deban exceptuarse de la enajenación como causa perenne y de eficaz acción en las buenas condiciones del clima, aumento de las aguas, sujeción de los terrenos, aumento de las lluvias, y por fin, en la vida de dilatadas comarcas é importantes poblaciones.

A partir de este tiempo, el principio de la influencia física de los montes como predominante, es el que ha servido de base á las leyes promulgadas ó proyectadas sobre desamortización y administración de los montes públicos.

Tenemos, pues, que el progreso científico determinado por la natural evolución de los conocimientos y considerado como base del espíritu que ha informado las leyes forestales, se divide en dos períodos trascendentamente distintos: uno, el más antiguo, reducido á considerar los montes como una propiedad destinada simplemente á producir los frutos propios de la cría y cultivo de los bosques, y otro, el más moderno, constituido por el principio social que atribuye á estas fincas una benéfica influencia sobre el suelo, aguas corrientes y clima, conforme lo enseñan las ciencias naturales aplicadas y lo corrobora la observación, la historia y la práctica de todos los tiempos.

Considerando así la cuestión conforme á este procedimiento analítico—
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indispensable de todo punto, aún cuando parezca asaz pesado, para abstener los muchos errores en que con tanta frecuencia incurren los que no se remontan al verdadero origen de las causas—así la cuestión. decimos, comprenderse desde luego, con la mayor facilidad, la índole de las leyes forestales y las de las desamortizadoras que con ellas han coexistido.

Mientras los montes fueron tenidos como mera propiedad rústica, y por tanto, considerados como fuente de producción y nada más, las leyes que de ellos se ocuparon debían arrancar tan sólo, y así sucedía en efecto, de la ciencia económica aplicada, siguiendo, como es natural, las vicisitudes porque ésta ha pasado. Así es, que siendo socialistas en economía todos los gobiernos que en las leyes de montes tuvieron participación hasta el primer tercio del presente siglo, y como tales, atribuyendo al Estado el derecho y el deber de cuidar y fomentar la producción nacional, trataron de intervenir en los montes públicos y particulares, para cuidar de su guarda, conservación y fomento, oponiendo á la acción individual y al interés particular numerosas trabas e infranqueables obstáculos que cortaron sus vuelos, mermando en vez de multiplicar, la común riqueza que á su esfuerzo colectivo deben todas las naciones. La Instrucción de Bustamante y las Ordenanzas de 1784 y 1803 lo confirman plenamente. Pero vinieron las corrientes liberales, cuya fuente tuvo origen en la revolución francesa de 1789, é infiltrado el espíritu de reforma no sólo en la política sino también en la economía, comenzaron á propagarse las doctrinas del libre cambio que, andando el tiempo, resumió Gourday en el célebre apotegma laissez faire, laissez passer, optimismo hegeliano, dice un sensato escritor, por el que se pretende que el interés individual basta para que todo se arregle y marche conforme al orden natural en bien de cada uno y de la universalidad, y como quiera que al propio tiempo corría con general y merecido aplauso, sin duda, el informe sobre el expediente de ley agraria del ilustre Jovellanos, impregnado de un individualismo radical, cuya causa hacían buena los muchos abusos y las innumerables trabas que entonces aherrojaban á la propiedad, creyóse que el mal no tenía más enmienda que un profundo cambio de sistema, cambio que se manifestó en el terreno de los hechos por medio de las Ordenanzas de 1833, fundadas, en su consecuencia, en que hasta entonces los arbolados habían ido destruyéndose y á la par se habían sofocado las industrias, que con las precauciones de conservación ordenadas por las leyes anteriores, hablase entendido proteger completamente.

De entonces acá, las ideas económicas respecto á montes, no han
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dado un paso, y aplicados unas voces los principios socialistas y otras los individualistas, los montes no han prosperado ni se ha visto renacer en ellos el esplendor que profetizaron los partidarios de tan encontrados sistemas. Este es el hecho, y contra él están de más toda clase de sutilezas y distingos.

Es preciso convenir, por lo tanto, en que el problema de los montes, si bien intimamente relacionado con la ciencia económica, debe descansar sobre más ancha base, buscando su solución en el estudio de las influencias físicas y sociales que esta propiedad ejerce sobre la población y el cultivo de los campos, como fuente en cierto modo, de la salubridad y fertilidad públicas.

De este nuevo aspecto—formulado con toda la exactitud propia del nuevo giro que ya habían tomado las corrientes desonómicas—se ven las primeras trazas en el notabilísimo Informe que respecto á la desamortización forestal, emitió la Junta facultativa del cuerpo de ingenieros de montes en 8 de Octubre de 1855, consultada por el ministerio de Fomento para que propusiese las bases con que habían de ser clasificados los montes y bosques, para los efectos de la ley de desamortización de 1.º de Mayo del mismo año; doctrina que obtuvo sanción legal completa en el real decreto de 26 de Octubre del indicado año, como más arriba queda dicho.

Desde entonces las leyes forestales se han fundado todas en estos principios, subordinando, como es lógico y natural, el concepto inferior de la producción al de la influencia física que corresponde á un orden más elevado y trascendental. Así comprendido, la intervención del Estado en la administración de los montes públicos, se convierte en un acto legítimo y en un deber inexcusable, mientras que, refiriéndose sólo á la mayor ó menor producción de que los montes sean capaces, acto y deber—circunscritos á más estrecho horizonte—deberían probar antes su excelencia y su derecho, según fuese el predominio que en economía política quisiesen dar los gobiernos á las escuelas proteccionistas radicales, eclécticas é individualistas, por las cuales correspondería al Estado la administración y dirección absoluta de todos los montes en el primer caso, las mismas funciones en una parte de ellos tan solo en el segundo, y la renuncia total de estas atribuciones en el caso último, dejando obrar únicamente al interés particular.

Arrancando no de aquí, sino del concepto superior hace poco indicado, el único punto al parecer abstruso que se presenta, es el que se relaciona con el carácter de la propiedad forestal, porque no basta conocer los debe-
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res que al Estado son inherentes, si al mismo tiempo se desconocen ó atropellan los derechos de los demás, que toda ley, como dice el Fuero Juzgo, debe fundarse en razon, ó lo que es lo mismo, no puede vulnerarse el derecho sin faltar á su condicion esencial. Y aquí es donde entra el segundo aspecto de la cuestion por el que, estando repartida la propiedad forestal en manos de colectividades muy distintas y entre los particulares ó miembros constitutivos de la nacion, ocurre preguntar desde luego: ¿De qué modo puede el Estado desarrollar sus funciones de alta proteccion? ¿Es necesario que posea todos los montes y como tal propietario los administre, dirija y conserve? ¿Dube sólo, por el contrario, ejercer estas funciones sin recabar la propiedad? Antes de buscar satisfactoria respuesta á tan serio cuestionario, sale al encuentro otra dificultad de orden preferente que viene á confirmar lo complejo del asunto conforme—y no sin reflexiva intencion—hemos indicado al comenzar este articulo. Consiste el embarazo en que, atento siempre el Estado á no atacar el derecho ajeno, debe antes que todo, saber cual es la clase, extension y situacion de los montes cuya subsistencia sea indispensable para llenar las funciones protectoras que le incumben, pues si no precede este conocimiento, lo mismo puede pecar de absorbente y despota como de negligente y débil, falta en que, por ignorancia de los tiempos—no fuera justo juzgar con más rigor—incurrieron los legisladores que se atuvieron sólo á la produccion leñosa.

La ciencia no puede dar aún una formula tan exacta que permita hacer la designacion indicada con un rigor matematico. Mucho se adelanta, con todo, por este camino, y no es poco ya lo que la meteorologia, y la fisica vegetal enseñan á este propósito. Pero aun cuando se desconocen los verdaderos limites de cada una de las influencias que los arbolados silvestres ejercen sobre la salud pública, con respecto al clima, y sobre la agricultura con relacion al suelo y al agua que lo fecundiza, probado está su influjo bienhechor en la conservacion de la tierra vegetal, en la mayor cantidad y mejor distribucion de las lluvias, en la alimentacion de fuentes y manantiales, en la atenuacion de la violencia de los vientos, en los efectos termometricos y en otros conceptos de general y trascendente utilidad. De modo y manera que la superficie forestal, regida ó intervenida por el Estado, debe en todo pais—prescindiendo absolutamente del caracter de su propiedad y habida consideracion tan sólo á las benéficas cualidades atribuidas á los montes—determinarse de antemano conforme á las publicas necesidades de la higiene y agricultura, subdividiendo el estudio en otras tantas partes cuantas sean las diversas regiones ó comarcas del territorio donde las in-
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dicadas necesidades presenten caracteres distintos ó contrapuestos, lo que, en términos más llanos pero menos triviales de lo que al pronto parecen, equivale á decir, que antes de escoger y aplicar el remedio debe conocerse con la exactitud que sea posible la enfermedad que se trata de curar.

Según este procedimiento, pues, toda ley de montes exige ante todo y sobre todo que se formule un proyecto que fije, no sólo la superficie que ha de conservarse y repoblarse, como muchos dicen, sino también la que ha de reducirse ó perder del todo su carácter forestal, pues tales pueden ser las condiciones locales que en unos puntos convendrá, por ejemplo, moderar la excesiva humedad ó dar acceso á determinados vientos por causas de salud pública ó de provecho evidente para ciertos cultivos, y en otros, por iguales fines, será menester aumentar las aguas y cerrar el paso á las corrientes de aire, propósitos que exigirían en el último caso la presencia de los montes, y en el primero su desaparición ó reducción.

Una vez hecha esta designación, firme y sólida base de toda ley forestal y único propósito inocuo que debe determinarla, es cuando hay que esclarecer lo relativo á la propiedad de los montes que dentro de esta, que ya podemos llamar jurisdicción ó marca forestal, radiquen ó se encuentren enclavados.

Lo que acontece es que estos fondos ó son todos del Estado—caso que en España al menos está muy lejos de suceder—ó que en su mayor parte pertenecen á los pueblos u otras corporaciones públicas, que es lo común, alternando con otros que pertenecen á particulares. Aquí, por lo tanto, es cuando se presenta en todo su desarrollo la necesidad de dar solución á las dificultades propias de los términos contenidos en las preguntas hace poco formuladas. Tiénense demarcadas una ó varias regiones forestales donde el Estado debe cuidar de que todos los montes se conserven y florezcan, se reduzcan ó sustituyan, se creen ó repueblen. Para realizar esta misión, hay que preguntar ahora, ¿debe poseerlos y disfrutarlos todos? ¿Bastará con que los administre y dirija? ¿Es más conveniente que lo lleve todo al interés particular? Este es el palenque en donde riñen sus más rudas batallas las diferentes escuelas económicas, desde las que, suponiendo que el orden natural ó las leyes físicas bastan para regir las sociedades, pretenden obtener con la ruptura de toda traba y con el libre impulso del individuo los mayores bienes y la mejor organización social, hasta los que, marchando por opuesto camino, creen, por el contrario, que la intervención del Estado, como órgano de la justicia y elemento principal de civilización, es de todo punto necesaria para atajar los conflictos
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que en la continua lucha por la existencia de los más fuertes contra los más débiles, produce el choque de egoismos y ambiciones propio del organismo individual. No son hoy ni unas ni otras las doctrinas imperantes en los países cultos. La nueva escuela ecléctica que tanto se ha desarrollado en Alemania y que cuenta ya con una verdadera legión de sabios adeptos, entiende—apoyándose en el conocimiento de los hechos pasados que no han probado ciertamente las excelencias del cosmopolitismo—entiende, decimos, que el poder moderador del Estado debe determinarse por las necesidades que haya que satisfacer y según sean los recursos y el interés de la iniciativa privada.

En materia de montes, el método inductivo ó histórico prueba que la absorción por el Estado ha traído en todos tiempos gran decadencia forestal, y que en igual ó más pronunciado vicio se ha caído al entregar los montes de lleno al individualismo. Aquel, por el continuo cambio de las personas encargadas de ejercer el poder que representa, trae á la práctica procedimientos distintos y no poca negligencia en la ejecución; éste, moviéndose sólo por el resorte de un sordido interés, no atiende más que al lucro personal, curándose muy poco de los perjuicios que puedan sufrir los demás. Lo permanente y durable está, sin embargo, del lado del Estado, como lo contingente y efímero cae del lado del individuo. Por eso nada encaja tan bien en la cuestión de montes como el criterio ecléctico que, huyendo de los excesos, atempera las funciones del Estado á una racional y útil intervención, no limitando los fueros del derecho particular ó colectivo más que en la cantidad, si así puede decirse, absolutamente necesaria para que el interés individual no vulnere el general de un orden superior y preferente.

Esta doctrina aparece desde luego tan clara y natural que si se diera el caso de que el interés particular llevarse sus aspiraciones á la consecución de los mismos fines que el Estado se propone al intervenir en los montes, estarían demás los actos que la determinan, porque al Estado no se debe acudir más que cuando el estímulo individual no basta por sí solo para la satisfacción de las necesidades comunes. Pero la propiedad forestal es de tal naturaleza, que induce al particular más que á conservarla, á atacarla y destruirla. Como puede ser esto, y como se demuestra dentro de las leyes económicas, no es de este lugar decirlo, pero el hecho es cierto (1), y al acep-

(1) El mejor trabajo que se ha publicado sobre esta materia se debe al Ilustrísimo Sr. D. Francisco García Martíno, inspector general del cuerpo de ingenieros de montes,
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tarlo entiéndase bien que no apadrinamos la vulgar y demasiado difundida creencia, entre los que de estas cuestiones presumen saber, de que por el afán de obtener mayores rentas, los particulares proceden siempre con virtiendo el monte alto, que es la expresión superior en el orden de la influencia forestal, en monte bajo y en terrenos de cultivo agrario, pues si bien esto puede ser cierto cuando los montes radican en la zona propia de la agromonía, no es natural que suceda cuando se encuentran en localidades donde la agricultura no es posible. En esta los particulares, lo mismo que el Estado, mantienen el arbolado forestal, y no son pocos los ejemplos que pudieramos presentar de montes altos particulares mejor conservados que los públicos. Lo que hay es que, por falta de capitales para emprender mejoras, por el descuido con que se ha mirado todo lo concerniente á la selvicultura y á veces por necesidades urgentes, los particulares suelen hacer talas inconsideradas y cuidar poco de la aplicación de buenos tratamientos dasotómicos.

Sea de ello lo que quiera, es innegable que la posesión absoluta de los montes de interés público por los particulares y por las corporaciones no garantiza lo bastante su necesaria conservación, teniendo que venir el Estado á suplir esta omisión interviniendo en ellos con más ó menos eficacia.

Lo que queda dicho de la conservación es aplicable al caso contrario de la necesidad de reducir el arbolado ó hacerlo desaparecer, como también á las repoblaciones de terrenos pelados. Luego tenemos que la segunda base de toda ley forestal—atribuida ya al Estado, por la primera, la obligación de conservar los montes de la zona de antemano determinada—debe ser la de seguir poseyendo éste los montes que dentro de ella le pertenezcan, administrándolos en absoluto, y dirigir el aprovechamiento de los de corporaciones y particulares que en la misma radiquen, haciendo por

que lo publicó por extenso en el tomo II—1869—de la Revista forestal, económica y agrícola, dirigida entonces por él con notorio acierto e ilustración. Lo constituye una serie de artículos de gran profundidad y trascendencia, cuyo título es: Consideraciones económicas sobre la propiedad forestal, por las que se demuestra que la posesión pública de los montes maderables, aún dentro de los principios que profesan las escuelas más avanzadas en economía, es la más equitativa, legal y conveniente para armonizar los intereses presentes y futuros, respetar los derechos de todos y proporcionar el mayor bienestar por medio de la conservación permanente de las indicadas fincas, resultado al cual no puede llegarse nunca fiándolo todo al móvil del individuo.

Este precioso estudio, muy superior á cuanto se conoce en la materia, formará siempre época en los anales de la economía forestal.
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su cuenta en los primeros ó á cargo de los dueños respectivos en los demás, las operaciones de desmonte ó repoblacion que exija en cada localidad la conservacion del equilibrio climatológico y agronómico. Debe así mismo velar, en todos ellos, por medio de iguales procedimientos, para que el estado forestal de dichas fincas no sufra perturbacion alguna en adelante.

Viene ahora por lógica sucesion lo concerniente al modo de dirigir y administrar. En la necesidad de hacerlo, salta á la vista la conveniencia de que estas funciones se sujeten á los procedimientos científicos más racionales, adecuados y útiles, lo que equivale á decir que no es indiferente la eleccion del método de aprovechamiento que se establezca, porque debiéndose elegir uno, aun cuando todos concurren al fin de la conservacion ó creacion de los montes, ha de obtener la preferencia el que á igualdad de gastos produzca mayores rentas. La dasonomía es la ciencia que lo resuelve demostrando que se conservan mejor los montes y se obtiene de ellos la mayor renta igual y constante, sujetándolos según los casos á los sistemas de ordenacion que estudia la dasocracia.

Con esto y con elegir un personal facultativo cuya capacidad científica esté á la altura de esta misión, y con organizar un servicio de guardería que atienda á la custodia y á la policía, llena cumplidamente el Estado sus deberes y satisface las necesidades de interés general propias de sus esenciales atributos.

A tan breves como sencillas bases se reduce el problema de los montes en sus relaciones con la nación y el Estado que la representa. Probable es que andando los tiempos—puesto que todo lo que de los hombres depende es contingente y mudable—las sucesivas transformaciones de la riqueza y de la civilización traigan otras necesidades que obliguen á juzgar de otro modo la cuestión forestal, pero hoy por hoy el único criterio posible—salvo error de induccion ó método—es el que bosquejado queda. Sus fórmulas pueden expresarse así:

1.º Conocimiento preliminar del área forestal que las necesidades de la población y la agricultura exijen.

2.º Administracion directa por el Estado en los montes de su propiedad y direccion e intervencion en los de corporaciones y particulares, comprendidos dentro de aquella zona.

3.º Aplicacion de los sistemas de aprovechamiento y de selvicultura más recomendados por la dasonomía, según las circunstancias de localidad y los fines de la intervencion.

4.º Custodia y policía.