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tereses de la conservacion y repoblado de los montes respectivos. Y así debía ser naturalmente desde el momento en que el Estado estimaba de comun interés la conservación de estas fincas. De otro modo, es decir, no considerándola como de necesidad general y permanente, hubieran debido entrar de lleno, sin excepción alguna, en las corrientes desamortizadoras por demás exageradas y muchas veces metidas en jurisdicción ajena, desde que se planteó la ley de 1.º de Mayo de 1855.

Ninguna reclamación se produjo contra la ley de montes citada, ni tampoco surgió ningún conflicto de su planteamiento, ya porque su espíritu y preceptos respondían á grandes necesidades y satisfacían las exigencias de la opinión en cuanto á la autonomía del municipio, ya porque—y fué siempre éste el potente freno que sofocó todo esfuerzo anárquico—la ley municipal vigente entonces y más tarde la puesta en vigor por el decreto revolucionario de 21 de Octubre de 1868, al otorgar á los ayuntamientos la facultad de acordar la ejecución de aprovechamientos de toda clase en los montes de su propiedad, determinaban que esto se hiciese precisamente con sujeción á las leyes y ordenanzas del ramo lo que equivalía á decir que debía properar siempre la ley de montes públicos cuando de estos tratasen los municipios en cuestión de disfrutes ó goce de productos.

Pero vino el decreto de 3 de Junio de 1870, promulgado por el regente del reino en 20 de Agosto siguiente, que plantecaba las leyes municipal y provincial novísimas, y aún no trascurrido un año, el ministerio de Fomento tan abrumado se vió por los roces y competencias suscitadas por algunas diputaciones provinciales, que consideró como el mejor medio para orillar este conflicto el estudiar un proyecto de ley cuyas bases armonizase la legislación técnica y administrativa de los montes públicos con las novísimas leyes de administración provincial y municipal para facilitar así la marcha ordenada del servicio dentro del espíritu descentralizador de las mismas. De aquí nació la real orden de 25 de Junio de 1871, por la que se creaba una comisión encargada de redactar el indicado proyecto, en unión de otros relativos á desamortización forestal y penalidad por delitos ó faltas cometidas en los montes públicos.

Muchos ayuntamientos por su parte, más por espíritu de licencia que por defender los fueros de su derecho, dieron también en hurtar el cuerpo, considerando como letra muerta la ley de montes (1), y desligándose de

(1) Entiéndase siempre en la parte relativa á la determinación y ejecución de los aprovechamientos, no respecto á los demás puntos de la ley.
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todo vínculo con el ministerio de Fomento y sus dependencias. Sus procedimientos eran bien sencillos puesto que quedaban reducidos á acordar lo que estimaban conveniente respecto á cortas y podas, bastando la simple aprobación de la comisión provincial para que fuesen ejecutivos tales acuerdos, al tenor de lo que establece el art. 79 de la ley municipal.

El criterio del gobierno, sin embargo, más imparcial y contemporizador que el de aquellas corporaciones, era el de que prevaleciesen á la par las dos leyes contrarias. Así lo demuestra la Real orden de 16 de Febrero de 1872 dictada de conformidad con lo consultado por el Consejo de Estado, y otras posteriores en las que también ha prevalecido por completo el parecer de éste alto cuerpo consultivo. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Están conformes con las prescripciones de la ley? Esto es lo que vamos á ver.

Para el Consejo de Estado es evidente que no es posible someter los aprovechamientos de los montes municipales á los planes facultativos de que habla el reglamento de 17 de Mayo de 1865 dictado para la ejecución de la ley de montes de 24 de Mayo de 1865, por la autonomía que á las corporaciones populares concede la ley municipal en su art. 79 ya citado, cuando de cortas ó podas se trata. Pero al mismo tiempo declara, que las mismas corporaciones no están relevadas de observar la ley de montes, en cuyo art. 10 se dispone que no se permitirá en los montes públicos, á cuya clase corresponden los municipales, poda ni aprovechamiento alguno, sino dentro de los límites que al consumo de sus productos señalen los intereses de su conservación y repoblado. «Sobre este punto, añade, no cabe la menor duda, y si ocurriese, la desvanecería por completo la ley 11, título 2.º, libro 3.º de la Novísima Recopilación, según la cual todas las leyes del reino que expresamente no se hallen derogadas por otras posteriores, se deben observar literalmente,» cláusula que en lo derogatorio no reúne la municipal respecto á la forestal en este caso comparadas.

Todo esto puede formularse sencillamente en la siguiente conclusión: las leyes municipal y de montes están en vigor y deben cumplimentarse, á la vez que no tienen aplicación las disposiciones del reglamento de la última de dichas leyes, término más armonizador que acertado, con el cual se resuelve solo de nombre la cuestión, y lo demuestra el que á pesar de esta doctrina, los conflictos continuaron, las dudas subsistieron, y las competencias se multiplicaron aún á pesar de las reales órdenes de 8 de Mayo, 4 de Junio y 27 de Julio siguientes, igualmente consultadas con el Consejo de Estado é igualmente nutridas de las mismas consideraciones que sirvieron de fundamento á la de 16 de Febrero anterior; prueba evidente de
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que en la práctica había verdadera compenetración de una ley en otra. Y sino, digase cómo se conseguiría el objeto de la de montes que establece en absoluto la conservación del arbolado, al lado de un acuerdo municipal de absoluta ejecución también una vez aprobado por la comisión provincial, que determinase la completa tala del mismo. Es evidente que toda limitación impuesta en uno u otro caso, barrenaría el precepto claro y categórico de la ley. Luego si la incompatibilidad es manifiesta, el conflicto subsiste y el único medio de remediarlo se ha de encontrar en la modificación de la ley misma.

Pero aún cuando se quisiera pasar por alto la contradicción, y sin descender al terreno de la práctica se dijese por sentado que existe solo la oposición entre la ley municipal y el reglamento de la de montes, como entiende el Consejo de Estado, tampoco encontraríamos aquí la fórmula necesaria para coherenciar los procedimientos al pasar á vías de aplicación; porque, no tiene duda, para que así sucediese, sería menester que el reglamento no concordase con la ley de que se deriva, después de publicada la ley municipal, y con relación á las innovaciones que ésta ha traído al modo y manera de hacer los aprovechamientos, de cuyo caso estamos muy lejos. Y no solo responde perfectamente el reglamento á su ley respectiva, sino que, contiene las únicas reglas posibles, nótese bien esto, para dar al precepto legal el cumplimiento debido. De manera que si el reglamento determina el único procedimiento que cabe adoptar para cumplir la ley, y esta debe prosperar á la par de la municipal, no tiene duda que el reglamento de la primera se halla en igual caso, como ineludible efecto que es de una causa que se da por buena.

La controversia sólo pudiera suscitarse planteando la cuestión en otros términos, que es tal vez como debió presentarla el Consejo de Estado, dicho sea con todo el respeto que su autoridad y competencia nos merece. Nos ocuparemos de esto más adelante, y mientras tanto, para no dejar truncado el raciocinio anterior, réstanos tan solo probar, que el reglamento de la ley de montes contiene, como hemos dicho, las únicas reglas posibles para ejecutarla, tarea de la que nos hemos de descartar muy fácilmente, porque es por demás sencilla y fácil. Veamos cómo. Manda el art. 10 de la ley de montes, que no se permita en los públicos por causa alguna, «corta, poda» ni aprovechamiento de ninguna clase, sino dentro de los límites que al consumo de sus productos señalan los intereses de su conservación y repoblado, lo cual exige el conocimiento dosológico del monte y el planteamiento de un sistema de aprovechamiento basado en lo que la ciencia denomina
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inconstancia de la tiranía no admite una ley y un procedimiento estables, que sirvan de guía y de fianza al hombre en las manifestaciones de su albedrío. Cuando al emperador le conviene, se aplica la ley; cuando no, se suprime ó se inventa una nueva; y si á veces se muestra un escrupuloso respeto á la legalidad antigua, es de seguro porque encierra una torpe y flagrante injusticia.

De república tampoco había quedado más que el nombre, y éste tomado en una acepción más general que el que solemos darle nosotros. Se empezó por falsear la independencia de los comicios por medio de las recomendaciones imperiales, para reducirlos luego á una representación irrisoria; y la supresión del tribunado y la censura electivos, abrió el camino á la acumulación de atribuciones en una sola persona, contribuyendo á ello en primer término la degradación del senado. Precisamente el mecanismo de la república consistía en la subdivisión y equilibrio del poder llevados á tal extremo por la desconfianza, que producían graves conflictos en el Estado. Pero contra sus efectos existían por lo menos dos recursos eficaces: la apelación al pueblo y la corta duración de las magistraturas; mientras que la aglomeración de cargos y su carácter vitalicio, al minar por sus cimientos el régimen anterior, dejaba al emperador árbitro de los destinos públicos, sin fiscalización y sin cortapisas.

¿A qué se reducía, pues, el sistema de los Julios, concebido por César, de diversa manera con que fué realizado por Augusto? Si era una mentira republicana y una calumnia monárquica, ¿qué venía á ser en el concepto y en la práctica? Ya lo hemos dicho: era una dictadura perpetua, era un gobierno personalísimo, de esos que, si salvan en circunstancias críticas á las sociedades convulsas y atomizadas, afirman, cuando se les concede carta de naturaleza y permanencia, la peor de las tiranías posibles, porque alcanzan de consumo á la razón y á la dignidad humanas. Gobierno personal y no otra cosa fué el cesarismo; y por lo mismo que este régimen excluye la regularidad de la elección y de la herencia; por lo mismo que el conservarlo en vigor más allá de la necesidad que lo ha creado, engendra un peligro constante para el orden moral y la libertad política; por lo mismo que siendo puramente subjetivo, exige condiciones especiales e intrasmitibles en el que lo desempeña; por lo mismo que vive independiente de toda opinión y de todo freno, había de producir lógicamente por cada Marco Aurelio diez Tiberios; y si en hábiles manos como las de Augusto pudo proporcionar una paz duradera y una administración inteligente á un pueblo fatigado, al pasar á las de sus sucesores, ambiciosos y corrompi-
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ordenacion, y á falta de esta, como medio de aproximacion más inmediato, con los planes anuales de aprovechamiento, para conseguir así que las explotaciones se sujeten á los límites de la producción natural, según lo determina el párrafo 1.º del art. 13 de la misma ley. De aquí se infiere que no es posible aprovechar los montes, ¿quién lo duda? atento, como ha de estar siempre el disfrutante á conservarlos y repoblarlos, sin conocerlos antes en su modo de ser, intrínseco cuando menos, y sujetándolos luego al mejor plan que la dasonomía aconseja para el caso. Y siendo así, ¿cómo hacerlo sin estudiarlos técnicamente? Pues esto, y precisamente esto es lo que el reglamento previene al mandar hacer las ordenaciones y planes de aprovechamiento. Si por el contrario, por considerar incompatible dicho reglamento con la ley municipal, se deja á los ayuntamientos la libre facultad de acordar los disfrutes que tengan por conveniente, lo que se consigue es abrir plaza á la ignorancia y á la rutina, para que vayan á dar contra los montes destruyéndolos en mayor ó menor plazo, violándose así la ley cuya subsistencia se proclama. Exige, en su consecuencia, la ley, para poder practicarse, el conocimiento técnico de los montes, que es precisamente lo que en el reglamento se contiene. No teniendo este conocimiento las corporaciones populares, claro está que al gobierno toca proveer á esta necesidad por medio de facultativos idóneos para el caso, á quienes encomienda aquel estudio. Tal hace el cuerpo de ingenieros, y hé aquí cómo naturalmente, sin violencia ni esfuerzo se llega á la separación de la parte facultativa de la administrativa, como se dispone igualmente en la ley de montes.

A nuestro modo de ver, el Consejo de Estado consideró en un principio que la conservación de los montes y su disfrute metódico, podía hacerse sin acudir á los medios de la ordenación ó planes de aprovechamiento, y de ahí su consulta respecto á orillar el reglamento de 17 de Mayo de 1865, opinión que ha modificado después muy atinadamente en la última real orden de esta naturaleza, la de 25 de Mayo próximo pasado, donde dice terminantemente que «no ofrece dificultad que acomoden (los ayuntamientos) sus acuerdos sobre aprovechamientos forestales en los montes á que se refiere la ley de 24 de Mayo, al plan anual ó al ordenamiento general que haya estudiado el cuerpo de ingenieros y aprobado el Gobierno,» lo que equivale á sentar el principio de la subsistencia del reglamento tantas veces citado, en cuanto es esto simplemente lo que en él se determina, á vueltas, como es consiguiente, de las reglas que á la formación de dicho plan han de presidir.
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Por sentada quede, pues, esta variante que en el modo de apreciar la cuestion se nota en el Consejo de Estado, y pasemos ahora á hacernos cargo de la totalidad de la real orden de 25 de Mayo último más arriba citada, expedida de completa conformidad con lo propuesto por dicho cuerpo. Debátese en la misma la tan repetida cuestion sobre las atribuciones de los ministerios de Gobernacion y Fomento, y sus inferiores gerárquicos, en cuanto al modo y forma de proceder al aprovechamiento de los montes municipales. En ningun otro dictámen ha demostrado el Consejo—así nos parece al méños—tan sano juicio, ni tan elevado criterio como en éste, que es á no dudar modelo de exposicion y de critica, en cuanto precisa clara y sóbriamente los términos del conflicto surgido, los puntos capitales de la ley de montes que al mismo dan lugar, y la trascendencia que tanto ésta como la provincial y la municipal alcanzan examinadas bajo el aspecto de los fines que el legislador se propuso al dictarlas, y en cuanto á las doctrinas político-administrativas á cuyo calor se engendraron. Las premisas que de la parte expositiva del referido dictámen se desprenden—por lo méños las que á la propuesta de resolucion sirven de antecedente fundamental—son estas:

1.ª El poder central puede intervenir en los servicios provinciales y municipales para que se respeten todas las leyes y hasta para que no haya extralimitacion de atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes.

2.ª En todos los servicios sanitarios, de instruccion pública, de beneficencia y otros, están obligadas las corporaciones populares por las leyes que las rigen, á acordar sus acuerdos á lo que las especiales en los diferentes ramos de la administracion determinen, porque de otro modo se estableceria una completa anarquia.

3.ª La ley de 24 de Mayo de 1863 no se halla expresamente derogada por otra posterior, ni la municipal vigente contiene cláusula expresa derogatoria de sus preceptos. Ambas leyes son además incompatibles entre sí.

4.ª Los ayuntamientos pueden disponer cortas y podas en sus montes con sujecion al plan facultativo que el ministerio de Fomento tenga aprobado, sin que en esto haya ninguna limitacion ni usurpacion de atribuciones, pues el Gobierno mismo se somete á esta regla respecto al disfrute de los montes del Estado.

5.ª La conservacion de los montes municipales es obligatoria para los ayuntamientos, ya porque de no ser así podrian, talando el arbolado, pri-
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var al Estado de cuantiosos beneficios, y á las generaciones futuras de una riqueza á que la presente no tiene más derecho que el de usufructo, ya porque es indispensable evitar que el aprovechamiento de dichas fincas y su restauración queden abandonadas al empirismo y la rutina.

6.º Así como no se ataca la independencia municipal por obligar á los ayuntamientos á que encomienden los proyectos y la ejecución de sus obras públicas á los facultativos competentes, tampoco ofrece dificultad que acodomen sus acuerdos sobre aprovechamientos forestales en los montes á que se retiene la ley de 24 de Mayo, al plan anual ó al ordenamiento general que haya estudiado el cuerpo de ingenieros y aprobado el Gobierno.

Con tan categóricas premisas—dejando nosotros para otro lugar lo que atañe á los montes exceptuados de la desamortización sólo por ser de aprovechamiento común ó dehesas boyales de los que también en cierto modo forma sección aparte el reglamento de 24 de Mayo en su art. 89—con estas premisas decimos, la única conclusión posible es la de consignar que la ley y reglamento de montes deben prevalecer en todos los casos, mucho más cuanto que la facultad de acordar sobre los aprovechamientos que intenten practicar les está reconocida á los ayuntamientos por el artículo 87 del reglamento, que sólo á esto se refieren las notas sobre disfrutes de que habla el mismo. No es esto, sin embargo, lo que el Consejo consulta, porque mientras de una parte quiere que sea obligatoria para los ayuntamientos y comisiones provinciales la ley de montes, de otra declara que el capítulo 7.º de su reglamento es inaplicable en cuanto tiende á coartar, dice, la facultad de dichas corporaciones para acordar por sí cortas y podas en los montes, siempre que se sujeten al plan de aprovechamiento anual aprobado por el ministerio de Fomento, afirmación notoriamente inexacta, pues como acabamos de decir, el art. 87 del reglamento no sólo no coarta, sino que da amplia libertad de acuerdo á aquellas corporaciones, las cuales como sufren verdadera limitación—si á la letra y no al espíritu de la ley municipal y del repetido reglamento hay que atender—es viéndose obligadas á aceptar el plan de aprovechamiento que el gobierno les imponga, pues éste no es otra cosa en su esencia, que una determinación taxativa de los aprovechamientos (cortas, podas, rozas, etc.) que hayan de verificarse. De modo y manera que si el plan de aprovechamiento, como parece entender el Consejo, no invade las atribuciones de los ayuntamientos, entonces no debió decirse en la conclusión aquí comentada, que el capítulo 7.º del reglamento es inaplicable, porque todas sus disposiciones, así las eco-
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nómicas de tasacion y subasta, como las de limitacion de los disfrutes, modo de practicarlos y medios para comprobar su ejecucion, contenidos en dicho capítulo, constituyen por entero el plan, cuyo objeto es defender los intereses del Estado en lo económico, y los del monte en lo que hace á su conservacion. Si por el contrario, opina el Consejo que las diferentes reglas del capítulo 7.º—cuya totalidad forma el plan sin que pueda serlo completo si alguna de ellas falta—cercenan las atribuciones municipales como en la misma conclusion se asegura, entonces es á todas luces improcedente y contradictorio hacer de la sujecion al plan, en ningun caso, un deber ó una obligacion superior á todo. Hay aqui, pues, un vicio de concepto, que trastorna la gerarquia legislativa de las disposiciones que se trata de armonizar.

En la conclusion tercera propone el Consejo, que puedan los ayuntamientos—cuando tengan necesidad de algun aprovechamiento—acudir al gobernador de la provincia para que publique el plan, si no estuviese formado ó publicado, siendo esto obligatorio en un plazo que no debe exceder de 45 dias, pasado cuyo termino podrán las corporaciones, si no se les ha comunicado dicho plan, acomodarse á lo que por sí resuelvan y apruebe la comision provincial, quedando siempre á salvo al gobierno el derecho de intervenir para evitar toda extralimitacion que lleve consigo la ruina de aquellas propiedades, con arreglo al párrafo cuarto del articulo 99 de la Constitucion.

Se gira aqui dentro de un círculo vicioso, porque parece como que es posible y quizá frecuente que el gobierno deje alguna vez de formar y anunciar el plan, imposibilitando de este modo la ejecucion de todo aprovechamiento. Tambien se da á entender—desde el momento en que se consigna como una concesion el derecho de pedir—que los ayuntamientos no lo tienen hoy para los disfrutes que deseen ejecutar y para la formacion del plan que los deba contener. No hay exactitud ni en lo uno ni en lo otro. Los ayuntamientos pueden solicitar los disfrutes que sean de su agrado cada año (art. 87 del reglamento); los planes se forman anualmente por el cuerpo de ingenieros con una puntualidad pocas veces vista (Instrucciones de 17 de Mayo de 1865); terminase su formacion en 1.º de Julio, y en 15 de Septiembre se da cuenta á los interesados en la ejecucion, procediéndose en seguida á la publicacion de las subastas y á la autorizacion de los disfrutes vecinales que no las traen aparejadas, de modo que no hay aprovechamiento ordinario—posibles sólo de año á año, según las condiciones y naturaleza propia de los productos de los montes—que dentro de este plazo
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no se estudie, proponga y autorice, quedando además subsistentes en todo tiempo del año, la facultad de aprovechar productos no conocidos al tiempo de hacer la propuesta anual, tales como los de una corte fraudulentá o de un remate caducado, los restos de un incendio, los árboles derribados por los vientos y otros cuya extracción no convenga aplazar para la época de la propuesta ordinaria.

Pues si el plan se forma todos los años y se comprenden en el todos los aprovechamientos que su estado consiente dentro de los límites que determinan los artículos 10 y 13 de la ley, ¿para qué autorizar ahora la ejecución de los disfrutes que tengan por conveniente los ayuntamientos —en daño de los montes siempre porque los acuerda quien de montes no entiende—si no se les comunica el plan en un plazo de 45 días? Se dirá que no habiendo de faltar nunca la formación y publicación de dicho plan, no se hace con ello más que una concesión aparente. Si así fuera, nosotros rechazariamos esta misticación impropia de la claridad, franqueza y rectitud que debe reunir toda disposición legislativa; y si no fuera así diríamos que se viola la ley de montes, cuyo respeto exige el Consejo, puesto que se permite acordar y ejecutar á quien no sabe, disfrutos contrarios á la conservación y fomento de las fincas en donde han de tener asiento, sin que valga para el caso la cortapisa de la intervención que al gobierno reserva el Consejo para evitar extralimitaciones, en cuanto ésta ha de venir después de consumados los aprovechamientos y cuando el daño no tenga enmienda posible, amen de que, no sabemos nosotros hasta qué punto podrá el gobierno ingerir sus facultades de intervención para suspender ó limitar un disfrute dado, después de haberlo consentido tácitamente, al no comunicar á los interesados oportunamente el plan aplicable á sus montes.

Luego, hay que tener en cuenta que ni aún formándose el plan todos los años para todos los montes públicos, será posible evitar la destrucción de los mismos si impera la conclusión comentada, como se propógan este objeto los ayuntamientos, puesto que basta para ello que con dos ó más meses de anticipación á la época en que se forma y después se da publicidad al plan referido, soliciten los ayuntamientos su redacción. Como no será posible visitar todos los montes á la vez por falta de personal—y aún puede suceder que los montes no puedan ser reconocidos en aquel tiempo por los temporales, nieves u otras causas—trascurrirán los 45 días sin que se lleve esta formalidad, y entonces las corporaciones municipales, libres de toda intervención, podrán acordar lo que más les acomode, burlando así el precepto reglamentario.