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criterio deberá apreciarse igualmente la responsabilidad cuando las consecuencias de un delito intencional traspasan la intención y propósito del delincuente, dependiendo también aquella de lo más ó menos previsto é inevitable que fuese el resultado.

Pero además de esta voluntad racional, ó sea de la libertad, requiere el delito para su producción otros elementos; es menester siempre que haya también una determinación ó un acto del ser libre. Y damos aquí con una delicada cuestión que importa cuando menos indicar; ¿bastará para la existencia de un delito una simple resolución de la voluntad, una determinación interna, ó es indispensable un acto exterior? Discordes y questas andan las escuelas sobre este punto, unos no quieren ver delito sino en el mal material, en el daño que cae bajo los sentidos, relegando á la culpabilidad moral todo lo que no sean actos externos; otros arrancan y reducen el delito á la mala voluntad, á la perversidad interna, prescindiendo de todo efecto exterior, sino es para venir en conocimiento y como señal de esta misma interior disposición. La pretensión de fundar, en más ó en menos, la criminalidad en el elemento objetivo de la lesión exterior es á todas luces antijurídica e insostenible. Ni todo daño material, aún proveniente del ser racional, acusa delincuencia, ni toda delincuencia y culpabilidad envuelve precisamente un mal exterior. «El que hace daño á otro sin quererlo y contra su voluntad no comete injusticia», dice Platón, y añade en su nunca bastante admirada obra de Las leyes: «si alguno teniendo intención de matar á un ciudadano yerra el golpe y no hace más que herirle no merece más gracia ni compasión, ya que su intención fué matarle, que si le hubiese matado realmente y podrá ser acusado ante el tribunal como homicida» (1). Querer inducir la gravedad de la culpa y hacer depender el grado de perversidad de la voluntad del resultado exterior y daño material es desconocer y negar todas las relaciones espirituales y éticas en que descansa la justicia. Desgraciadamente casi todas las legislaciones positivas penales se resienten aún de esta tendencia materialista con sus distinciones entre el delito frustrado y el consumado, y otras análogas disposiciones nacidas de principios jurídicos opuestos y de un falso comentar del derecho.

En la intención, en el acto de la voluntad, en la resolución interna, y no en el efecto exterior, es donde reside únicamente la culpa y el delito:

(1) Leyes; libro IX.
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sólo de aquel elemento subjetivo depende su existencia y gravedad; así lo entendían los jurisconsultos romanos al sentar el axioma jurídico de in maleficiis voluntas spectatus non estus. ¡Pero bastará cualquiera intención por vaga y pasajera que sea, para la producción de la culpabilidad? Opinan los autores, que no es suficiente una intención indecisa y vacilante, ni un simple deseo ó proyecto que todavía puede revocar libre y espontáneamente el autor del propósito, sino que es requerida una intención decidida y perseverante, una resolución irrevocable, una volición seguida de ejecución mayor ó menor por parte de la voluntad. Pero la manifestación exterior y visible de la determinación del agente, si bien necesaria para su conocimiento en el orden jurídico del Estado, no puede influir en lo más mínimo para la efectividad de la responsabilidad y del delito que ya obtiene su completo desarrollo con aquella última resolución de la voluntad, respondida ó no á ella efecto exterior y material. «No cabe imaginar mayor olvido de la ejecución de todo derecho que el de señalar como nota distintiva de lo jurídico, una objetividad, como dicen, en el sentido de una relación de esta clase (1).»

Pero no basta para la existencia del delito una determinación cualquiera de la voluntad racional, es necesario que esta determinación sea injusta, contra el derecho, una resolución de hacer algo contra un bien, ó fin de la vida, un mal en suma. Y vuelve á presentarse aquí la ya indicada cuestión, de si es injusta tan sólo y origen de delincuencia, por tanto, la mala voluntad dirigida contra el bien de otro ser racional, ó si lo es también la que va contra el bien ó el fin del mismo ser agente, y hasta la que se opone á un fin cualquiera, de ser racional ó irracional, animado ó inanimado. Importante problema, cuya solución hemos visto pend del concepto del derecho, de la mayor ó menor aptitud de su principio. Mas como según la noción que hemos concebido más aceptable, es todo ser de fin sujeto pretensor de derecho, cada ser racional, como ser que es por esto de obligación también, la tiene consigo mismo de prestarse los medios necesarios para el cumplimiento de sus propios fines, pudiendo, por tanto, violarse el derecho y producirse el delito en esta esfera, que se ha llamado inmanente, y como también son seres de fin y de pretensión, Dios, como los irracionales y la naturaleza toda, también del mismo modo puede violarse el derecho para con los mismos por parte de los seres racionales que al respeto aquellos fines vienen obligados.

(1) Bolder, Doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena.
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No implica, pues, esta nueva concepcion del derecho la necesidad de dos personas, activa una y pasiva otra, en toda accion criminal, como pretenden algunos renombrados criminalistas, que caen en manifiestas contradicciones y tienen que recurrir á continuadas sutilezas, cuando oprimidos por la realidad y las exigencias de la vida, vienen obligados á considerar como delitos, hasta sujetos á sancion legal, el suicidio, la embriaguez, el aborto voluntario de un feto sin vida, las crueldades con los animales, la profanacion de los templos y las tumbas, los ataques á las personas juridicas, el mismo abuso de la propiedad y otros muchos actos que sólo pueden tomarse como delitos considerando el derecho, no como una mera relacion transitiva de hombre á hombre, segun pretenden muchas escuelas, sino antes que todo como una relacion inmanente que todo hombre mantiene consigo mismo, y transitiva luego para con los demas seres del Universo.

Recogiendo ahora los tres elementos que hemos encontrado en el delito, diremos, que en su mayor generalidad es: el acto de la voluntad libre contra el derecho ó el fin de un ser, una injusta y libre determinacion de la voluntad.

Constituye, pues, delito en esta lata acpcion, no sólo la real y efectiva violacion del derecho, sino tambien el propósito irrevocable de violarlo. Pero, segun Röder, la decision definitiva, la plena e inquebrantable volicion contra el derecho, si no viola el de tal ó cual individuo, en particular por circunstancias independientes de la voluntad, infringe siempre el orden juridico en general, y en este sentido debe aceptarse la definicion del delito como perturbacion consciente del derecho, dada recientemente por el doctor Giner.

La definicion que del delito dejamos sentada, sorprenderá tal vez por su latitud. Como todo lo que sea contrario ó conforme con el bien, todo lo que sea bueno ó malo, es justo ó injusto, segun los principios expuestos, queda al parecer confundida la moral con el derecho y la inmoralidad con la justicia. Pero esta aparente confusion, queda desvanecida distinguiendo debidamente el bien de la moralidad y fijando el verdadero concepto de esta.

La moralidad, como el derecho, son formas de la conducta humana, que se dirigen al bien; pero el bien juridico no es siempre el bien moral. Para que sea justa una accion, basta que se realice como medio para un bien ó fin, sea cual fuere la pureza de la intencion del agente; mas para ser moral aquel acto, es menester que el bien sea cumplido por el puro
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motivo de ser bueno en sí mismo. Toda acción, pues, dirigida al bien, todo bien obrar puede ser; ó meramente jurídico, ó jurídico y moral á la vez, y todos los actos morales, como que realizan un bien, serán justos, mas no todos los actos justos serán siempre morales. Pero la ley moral, como la ley jurídica, se extienden á todos los actos, penetrándose en toda su extensión sin confundirse, de modo que todo lo que sea un bien moral, es justo, entra en la esfera del derecho, y todo lo que es justo, todo el derecho puede entrar en la esfera de la moral. É igualmente también todo acto malo, como que es un ataque al bien, puede constituir un delito y una inmoralidad, y lo que la ley moral manda, que es el bien, y todo lo que prohíbe, que es el mal, debe mandarlo y prohibirlo también la ley jurídica, ya que el bien y el mal guardan esenciales relaciones con la existencia y progreso de la vida humana, con el cumplimiento de sus fines.

La brevedad de este trabajo no permite el desarrollo que requiere tan controvertida cuestión: como es la de relaciones y diferencias entre el derecho y la moral; pero bastan estas indicaciones para conocer el criterio sobre este punto de algunos filósofos de la escuela de Krausse, cuyas huellas vamos siguiendo en esta exposición.

Otra dificultad ó duda podría también suscitar la definición que hemos fijado del delito. Si éste, según se ha dicho, es una injusta y libre determinación de la voluntad, resultará que toda perturbación jurídico-civil, será también un delito, ya que también es un acto de la voluntad libre contra el derecho. La objeción, sin embargo, se desvanece fácilmente, teniendo en cuenta, que si bien la perturbación jurídica-civil es un acto de la voluntad contra el derecho, no es un acto libre, ya que para ser tal es indispensable el conocimiento del derecho, siendo así que el que lo perturba civilmente lo hace por error ó ignorancia, y no obra libremente contra el derecho, ya que cree obrar según derecho. De la misma manera que puede ejecutarse el mal con moralidad, obrando con el sentimiento del deber y engañándose acerca de la naturaleza del bien; también puede perturbarse el derecho sin delinquir; y así como puede ejecutarse el bien con inmoralidad, si se realiza el bien deseando hacer el mal y obrando contra el sentimiento del deber, puede también delinquirse y cometer delito sin perturbar de una manera efectiva el derecho de nadie.

La perturbación criminal, pues, para ser tal, requiere la intención culpable, y sólo allí donde existe libre lesión del derecho, disposición perversa del espíritu, puede haber delito. Sostener, como hace Ahrens, que no exis-
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sus coetáneos, tal carácter de sinceridad verídica, que no nos es posible concebir que sea una fábula á placer inventada.

Que haya inexactitudes y exageraciones en esa parte de los Comentarios es muy probable, y más de una inverosimilitud pudiéramos hacer notar desde luego: pero de eso á suponer que Estrada inventó sin fundamento alguno todo lo que de la Conjuracion de Venecia nos refiere, hay una distancia inmensa.

¿Qué fin pudiera haberse propuesto con esa mentira? Engrandecerse, nó, puesto que ese pasaje de su libro es precisamente uno de los muy contados en que apenas habla de su persona. Favorecer á los Venecianos á expensas de España, no cabía en su nunca desmentido amor á la patria, ni podía serle de provecho alguno. Tampoco hay medio de suponer que se propusiera hacer coro con los enemigos de Osuna, quien no tardará en afirmar rotundamente que, habiendo vivido en la intimidad de aquel magnate, en su viaje de regreso á España, nunca de sus labios oyó palabra ni frase que tocara en punto de infidelidad.

D. Diego, pues, nos ha dicho lo que le parecía ser verdad en todo lo relativo á la Conjuracion de Venecia.

PATRICIO DE LA ESCOSURA.

Madrid, Noviembre 1875.

(Se continuará).
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te delito cuando la lesion se reviste de formas legales, y si cuando la lesion se ha llevado á cabo contra la ley formal, es hacer depender la criminalidad del ardil y de la astucia; doctrina sin sentido moral que sólo fomentaría la mala fé, dejando sin castigo los grandes delitos que se cometen continuamente bajo la hipócrita cubierta de la legalidad. Allí donde haya voluntad perversa, vaya ó no disfrazada con la máscara legal de un negocio jurídico, allí existe el delito.

Y con todo, es el mismo Ahrens quien dice, que para apreciar el valor moral de los actos jurídicos, particularmente en el derecho penal, es indispensable distinguir el fin directo, inmediato ó formal, que es el constituido por el derecho mismo y por todas las formas con que se ejerce en un medio social, del fin último ó material, ó sea del motivo que determina al agente á aquel acto. Porque si bien puede haber en el delincuente la intención de atacar directamente el orden de derecho, que como fin en sí mismo debe ser también respetado, la intención final puede ser buena y lícito el fin remoto que se propone obtener, y esto, aunque no hará desaparecer completamente la culpabilidad, ya que el fin no justifica los medios, ya que, como dice Ahrens, el bien se ha de realizar no sólo con buena intención subjetiva, sino también en las formas objetivas del derecho, que son la salvaguardia de todo el orden social, con todo ha de influir indispensablemente en la apreciación de la responsabilidad, ya que la perversidad de la voluntad es menor que en los casos en que son malas á la vez la intención inmediata y la intención final. La conciencia racional no confundirá nunca los delincuentes realmente políticos, aquellos que han violado el orden del derecho, movidos por generosos y puros sentimientos con los criminales ordinarios. Es menester tener en cuenta para la determinación de la responsabilidad criminal los dos fines; el directo inmediato y el último, que así como el mal motivo ó mala intención final acusa culpabilidad en una buena ó justa acción legal, así también el buen motivo ó buena intención final influye la responsabilidad del delincuente que ha violado el orden formal del derecho.

III

Conocido y fijado ya el concepto del delito en su mayor abstracción filosófica, toca en esta última parte indicar, cuando menos, cómo se realiza y aplica á la vida. Porque el derecho, y por lo mismo el delito, muéstranse en la historia y en sus temporales manifestaciones, obedecen también á
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leyes fijas que entran en el dominio de la filosofía, constituyendo la ciencia, hoy llamada política, que aplicada al delito, denominaremos política criminal o filosofía de la historia del delito.

La política penal es, pues, la que guiada por la filosofía y consultando á la historia, expone las leyes á que obedecen las violaciones jurídicas en efectiva determinación, las relaciones que guarda el ideal con los hechos, y cómo se manifiesta en el estado social la noción filosófica del delito.

Porque es preciso no confundir el delito en absoluto, la noción general del delito con el llamado delito legal, que esto sería suponer que no existe otra lesión jurídica que la sancionada por la ley, siendo así que toda violación de derecho, sea ó no garantida por la ley penal, constituye un delito.

Pero no entran en la esfera del estado social ni caen bajo su acción reparadora, todos los actos injustos de la voluntad, ni aún todos los que se manifiestan en efectos exteriores. Requiere la trasgresión jurídica otras circunstancias para que tenga lugar la acción coactiva del juez humano.

Difícil, sin embargo, se presenta el precisar el carácter del delito legal, el señalar las condiciones que requiere toda perturbación criminal para caer bajo la acción de la ley social, el fijar el delicado límite de la fuerza reparadora del Estado en la violación del derecho.

Innumerables y contradictorias teorías existen sobre este punto, cada criminalista tiene la suya, anárquicas y antisociales unas, despóticas e inquisitoriales otras, no responden las más á las necesidades de la vida, ni al satisfacer las exigencias sociales salvan todas debidamente la dignidad humana. Quien sostiene que únicamente la violación de derecho contra otro dirigida puede constituir delito social, reconociendo á toda persona el derecho legal de hacer un mal que sólo á ella daña y censurando que algunas legislaciones criminales castiguen ó hayan castigado la vagancia, la tentativa de suicidio y otros actos que no atacan el derecho ajeno, si no es de una manera indirecta como sucede con todo acto, aún el más íntimo. Quienes pretenden que deben castigarse todos los actos contrarios al deber moral sin distinciones de tiempo y hasta penetrando en el dominio de la conciencia.

Todas estas teorías se encuentran siempre relacionadas y subordinadas á la noción del Estado, dependiendo de esta la distinta apreciación del delito legal. Los que confunden el Estado con la sociedad y no ven otro órgano de derecho ni otra autoridad sancionadora que la de aquel, extienden su acción penal á un extremo tiránico, mientras que los que lo miran como
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una esfera menor concretada á una mera policía que sólo debe procurar la compatibilidad de la libertad de todos, reducen su misión á un punto casi salvaje.

El Estado no es ni esa omnipotencia absorbente, ni esa limitación perturbadora. El Estado es la entidad encargada de realizar el derecho, cayendo bajo su esfera y acción todo lo que al derecho se refiera, y siendo una de sus funciones la de sancionar y reparar las perturbaciones jurídicas. Pero con este estado, órgano social del derecho, coexisten otros varios Estados particulares que, como otras tantas personas individuales ó sociales, realizan el derecho como fin de su actividad, formando cada una una esfera de derecho, que si bien subordinado á otro superior Estado, es independiente e inviolable hasta cierto límite, con autoridad para dictar reglas de derecho y sancionarlas.

En cada uno, pues, de estos Estados, totales como el individual, doméstico, social, humano ó particulares como la Iglesia, la Universidad, etc., para cuya vida y régimen es menester el cumplimiento de un orden de relaciones jurídicas, puede haber violaciones de derecho, cuya reparación ó restablecimiento no exija otra extraña autoridad. El que piensa y acaricia en su pensamiento el mal, el que en el secreto de su individualidad obra contra lo que reclama su naturaleza moral y física, viola el derecho, comete un delito, ya que no se presta á las condiciones necesarias para el cumplimiento de su fin, pero como soberano que es en esta esfera interior, no puede haber otra autoridad que la suya para reparar aquella lesión jurídica. El hijo que desobedece al padre, el padre que no educa debidamente al hijo, el escolar que falta á los fines de la enseñanza, el que n ocumple con sus deberes religiosos, violan también el derecho en cada una de sus respectivas relaciones, pero la autoridad doméstica con sus amonestaciones y consejos, la Universidad con sus correcciones disciplinarias y la Iglesia con sus predicaciones y censuras, son las únicas encargadas de prevenir y reparar aquella injusta conducta.

En cada una de estas personas ó círculos de personas, como seres que son capaces de obligaciones, encontramos un verdadero Estado ó órgano de derecho que regula y sanciona determinadas relaciones jurídicas, y puede haber, por lo mismo, delitos individuales, delitos domésticos, delitos religiosos como los hay sociales y humanos.

Pero cuando esas relaciones y violaciones jurídicas se salen y exceden de su particular esfera ó Estado, entran y caen entonces bajo la protección de otro superior Estado. La violación de derecho sólo puede tomar carác-
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ter legal y caer bajo la función del Estado social, cuando ya no encuentra sanción suficiente en los otros círculos menos extensos.

Pretenden algunas escuelas que el Estado social únicamente debe sancionar determinadas lesiones jurídicas, aquellas que violan de una manera directa el derecho de los demás.

Pero siendo el Estado el órgano de la sociedad que debe proclamar y garantizar el derecho, secundando y protegiendo las diversas ramas de la actividad humana, y extendiéndose el derecho á todas las condiciones necesarias para la realización del destino de los seres racionales, debe aceptarse la lógica conclusión de que todo delito, todo propósito irrevocable de violar el derecho, ó de atacar un fin de la vida, realizado en lo exterior, puede caer, si el orden jurídico lo exige, bajo la acción coactiva del Estado social; de que toda perturbación injusta, cuando traspasa la esfera de los inferiores Estados, y es evidente la ineficacia de su propia acción reparadora, sea aquella de la naturaleza que quiera, manifestándose por actos externos, puede y debe caer bajo la sanción del poder social. La historia, la realidad con sus opresoras exigencias, desmienten todas las teorías que han querido reducir, más ó menos, sobre este punto la competencia del Estado. Porque cuando el juego, ó la vagancia, el exceso de trabajo (los niños en los talleres), ó la intemperancia (en el beber, en el fumar), la deshonestidad (en pinturas, libros, espectáculos), ó la mentira, el abuso de la propiedad ó el suicidio (como en Grecia), ó cualesquiera, en fin, otros acto que, como estos, violen el derecho, por oponerse á la realización del fin humano, han tomado alarmante incremento en dados tiempos ó países, desarrollándose como epidemia moral, sin que bastaran á contener tales excesos los otros inferiores órganos de derecho, ni la opinión pública con su peso, ni la religión con sus enseñanzas, ni el poder doméstico con sus correcciones, una necesidad social ha exigido su represión, y el legislador ha debido continuarlos en el catálogo de los delitos.

Esto es lo que muestra la experiencia á cada paso, y lo que se registra en las antiguas y modernas legislaciones criminales: esto lo que lógicamente se deduce partiendo del concepto de derecho que hemos adoptado y considerado como delito todo acto libre contra el bien ó fin de la vida.

Pero como la luz del bien ó del fin de la vida que alumbrá á la sociedad en cada momento, irradiando el concepto del derecho y del delito, es la que va elaborándose incesantemente en la fragua de las conciencias particulares y purificándose á medida que estas inquirieren en la razón y en la ciencia las eternas leyes de la humanidad y de la naturaleza; el Estado