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como dicen desdichado, teniendo siempre tan mala reputacion, que casi hubiera ya caído y cesado, si la Sede apostólica, con su autoridad y aprobacion, no lo detuviera y sustentara.» «Los censos redimibles, añadía, fueron los que infamaron el contrato de usurario, y no dejaba de tener el escritipulo algun color:» parecian «un género de préstamo interesal: y llegó el escándalo á tanto, que no se apaciguó ni quitó hasta que se consultó sobre ello á Urbano VI y á Calixto III y lo aprobaron.» Aludiendo después al Motu proprio de Pío V, decía: «De poco acá Su Santidad publicó un proprio motu do pone muchas condiciones que se deben guardar en estos censos. La mayor parte de las cuales son una barbacana para defender las usuras... Si se guarda y recibe dará gran lustre á este negocio; mas no lo veo rebullir ni platigar entre nosotros... Estoy á la mira á ver en qué pára, y no sé yo cómo no predicen los prelados y promulgan una ley tan justa y necesaria. En él prohibe algunas cosas que aquí se aprueban y es muy justo prohibillas» (1). Esas palabras dan á entender la vacilacion del autor y cómo se murmuraba entre los teólogos de su tiempo de que no se publicara desde luego el Breve de 1568. D. José Vela, refiriendo la historia de los censos, y sin contestar su legalidad, escribía que la decretal de Nicolás V declarándolos licitos, de que antes he hecho mención, había sido dada para evitar mayores males, corroborando su opinion con la de Juan B. Lobo, que consideraba aquella constitucion «peligrosa, sospechosa y ocasion de censos inicuos y usurarios» (2).

Aún más que en el orden moral, en el politico eran objeto los censos de general censura. El mismo Juan Medina, que los defendía antes que Felipe II ordenara su reduccion, confesaba que con ocasion de ellos se empobrecian muchos ó se entregaban al ócio, si bien creía que no habíendolos, aquellos propietarios que los imponían por necesidad, tendrian que remediarlo vendiendo sus fincas y se arruinarian más pronto (3). Lopez Deza atribuía la falta de labradores y la carestía de los frutos á la muchedumbre de censos, que habiendo sido autorizados para evitar las usuras, resultaban ser peores que ellas, porque constituian un gravamen sucesivo, y éstos al menos pasaban de una vez (4). Mateo Lopez Brabo decía de los censos que disminuian el comercio y aumentaban el ócio (5). Pedro Fer-

(1) Suma de tratos, etc., lib. 4, e. últ.
(2) Dissertat., 28.
(3) De restitut., edic. 1548, fol. 154.
(4) Gobierno de la agricultura, part. 2, fol. 27.
(5) De rege et regendi ratione.
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nandez Navarrete les atribuía el abatimiento y desestimación de la agricultura, «porque, decía, todos los ricos han puesto en ellos (como en hacienda holgazana) su caudal, dejando la labranza y crianza, que antiguamente se juzgaban por solas y sólidas riquezas.» Añadía que cuanto ganaban los labradores lo consumía la voraz pobilla de los censos, y concluía pidiendo su extinción (1). Luis Valle de la Cerda proponía la creación de Erarios públicos que tomaran caudales á censo de 5 por 100 y los dieran también á censo de 6 por 100, para que con esta competencia tuvieran los capitalistas que moderar el subido precio de los capitales que daban en igual concepto á los propietarios, con lo cual la tierra y el cultivo se hallaban tan desamparados (2). «Los ricos y los pobres, decía Sancho de Moncada en tiempo de Felipe III (3), fundan ya su vivir en renta, y siendo los censos no más que un poco de papel, no tienen otro ser que el ser de los bienes en que estriban, y como faltan los bienes, faltando la labor, la crianza, comercio y oficios, dan con el censo en el suelo, y así se ve la falta que tienen por ellos las rentas reales, los labradores y generalmente todo el reino, hasta que obligaron á V. M. á subirllos á 20. A algunos ha parecido que importaría subirllos más, para que viendo los réditos tan cortos, empleasen las haciendas en comercio, labranza y crianza.» Don Juan Solorzano, sabio consejero, reprodujo y confirmó las opiniones citadas de Lopez Deza y Lopez Brabo (4). Alfonso de Olea quería que no se pudieran imponer nuevos censos sin prévia licencia, dada con conocimiento de causa, porque tales contratos «aminoran el patrimonio de los ciudadanos, hacen á los hombres ociosos é ignorantes y disminuyen el comercio y la agricultura» (5).

Prevaleciendo estas opiniones entre los hombres más ilustrados de los siglos xvi y xvii, no es de extrañar que la propiedad de los censos fuera tan mal tratada por los últimos reyes de la casa de Austria, como lo había sido por los dos primeros. Además, corria entre los letrados la doctrina de que los contratos de trato sucesivo, justos en su origen, si llegaban á ser lesivos, debían ser moderados en cualquier tiempo por los jueces. Si, pues, los censos se hallaban en este caso; si eran perjudiciales á la república, y

(1) Conservac. de monarquias. Barcelona, 1621, discurs. 39.
(2) Desempeño del patrimonio de S. M. por medio de los Erarios públicos. Madrid, 1618, c. 10.
(3) Restauracion política de España.
(4) De jure Indiarum, tom. 2, lib. 1, c. 14, n. 112.
(5) Tract. de cessione iurium. Lion, 1599, tit. 7, quest. 2, n. 8.
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si, como en otro lugar he dicho, era opinión común entre los jurisconsultos, que por causa de utilidad pública podía privarse á cualquiera del derecho legítimamente adquirido sin indemnizarle, siempre que así se hiciese por ley general (1), debía hallar pocos inconvenientes la reducción sucesiva de los censos. Al amparo de estas doctrinas se verificaron las dos primeras en 1554 y 1563; ¿por qué no habían de seguir otras y otras, cuando fueran convenientes á la causa pública, según se entendía entonces? Así al comenzar el siglo xvii, parecieron ya inmoderados los precios de 14 por uno y siete por uno respectivamente, tasados en el xvi para los censos redimibles y los vitalicios, y alegando entonces Felipe, por razón de que el declinamiento de la labranza y crianza provenía de los muchos censos que compraban los capitalistas, por ser grangería más cuantiosa y segura, promulgó en 1608 una nueva tarifa, no para los censos existentes, sino para los que se impusieran en adelante. Según ella, los censos redimibles no habían de pagarse á menos de 20 de capital por 1 de rédito, los vitalicios de una vida á 10 por 1 y los de dos vidas á 12 por 1 (2).

Es digno de notarse cómo Felipe III no osó entonces lastimar los derechos adquiridos por los censualistas, que no había respetado su severo padre, limitándose á someter á la nueva tasa solamente los censos futuros. Mas si durante aquel reinado se tuvieron tales miramientos, no sucedió lo mismo en el inmediato. Felipe IV, creyendo insuficiente para combatir la usura y remediar el daño público, la pragmática de 1608, expidió otra en 1621, extendiendo las prescripciones de aquella á todos los censos fundados hasta entonces por menores precios, y mandando reducir por consiguiente, al respecto de 5 por 100, todos los que devengaban mayor rédito (3). Esta nueva violación de la propiedad censal tenía por cierto méritos disculpa que la verificada 58 años antes, pues al fin los censos, que fueron objeto de la primera, no habían sido impuestos ni reducidos conforme á una tarifa legal precedente, como sucedía á los comprendidos en la nueva pragmática.

(1) En esta doctrina se fundan para defender la reducción de los censos, declarando que sin ella no podría verificarse, Juan Matienzo, Commentaria in librum quintum Recollectionis legum Hispaniae, lib. 5, t. 15, gloss. 3; Luis Mexia, Laconismus pro pragm. qua panis pretium taxatur. Concl. 6, y otros varios.
(2) Pragmatica para que no se puedan imponer censos á menos precio, etc. Madrid, 1608. Esta edición es la única en que se halla íntegro el texto que se insertó en la Nueva recopilación suprimiendo los razonamientos.
(3) L. 13, t. 15, lib. 5. Recop. que extracta la not. 2, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.
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Unareduccion semejante sufrieron tambien en aquella época los censales de Aragon. Muchos lugares de este reino, y particularmente los de señorío que quedaron despoblados con la expulsión de los moriscos, se hallaban gravados con aquellos tributos; y como no pudieran pagarlos los pocos vecinos que permanecieron en ellos, ni sus señores, suscitáronse pleitos y disturbios que terminaron las más veces por concordias con los censualistas. Fundándose luego en ellas, las Cortes de 1626 mandaron reducir á 5 por 100 los réditos de los censos impuestos á mayor interés. Así los dueños de los constituidos al 10 por 100 de rédito que permitía el fuero, perdieron la mitad de sus rentas sin indemnización alguna. Todavía no se satisficieron con este regalo los censatarios. Los pueblos más gravados pidieron nuevas rebajas: algunos censualistas las otorgaron, sustituyendo, mediante convenios privados, los censos antiguos por otros nuevos más reducidos; y como la causa de los censatarios pasaba generalmente por causa pía, las Cortes de 1646 no dudaron en reducir otra vez los réditos de los censales de las generalidades que devengaban 6 por 100 á 4 solamente (1). Así los censualistas sufrieron en poco tiempo dos reducciones de la renta á que tenían derecho por títulos tan legítimos.

Fué condición de esta gracia que lo que los pueblos censatarios ahorrasen por efecto de ella, lo emplearan en tomar capitales á censo reducido, con que redimir los antiguos, cuyos réditos no habían podido reducirse, por pertenecer á extranjeros. Con despojos tan repetidos de la propiedad censal, venía esta á gran descrédito, y así abierto ahora el camino á la redención por los antiguos tipos, muchos censualistas, para optar á este beneficio, simularon enajenar sus censos á los extranjeros. También se hubieron de redimir muchos de los que pesaban sobre las generalidades, cuando las Cortes de 1676 acordaron otra nueva reducción de ellos dando el derecho de exigir la redención á los censualistas que no consintieran la rebaja (2).

VI.

ÚLTIMA REDUCCIÓN Y ESTADO DE LOS CENSOS EN EL SIGLO XVIII

Todavía en el siglo xviii sufrió la propiedad censal nuevos menoscabos y violaciones. Felipe V, fundándose en las repetidas instancias de los pueblos, en la necesidad de pedirles nuevos subsidios, para atender á los gas-

(1) Franco, Foror. Arag. Codex. t. I, p. 608.
(2) Asso, obr. cit. c. 4.
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de Sevilla; pero el Congreso, sin detenerle respetabilísimos intereses que estaban por medio, acordó una medida que teniendo todo el carácter de violencia, comprometía de un modo terrible al partido liberal, y alzaba conflictos y penalidades á los que estaban bajo la férula de los realistas. A excitación de un diputado, se decidió por considerable mayoría, que por la negativa del rey se constituía en imposibilidad moral de regir el Estado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Código vigente, y en su vista se nombró una regencia que se encargase del Poder ejecutivo, sólo mientras durase el viaje de S. M. á Cádiz. Los regentes de Madrid cogieron por los cabellos esta noticia para cazar su ira contra los vencidos, que expuestos ya en todas partes al furor vertiginoso de los realistas, viéronse doblemente acometidos con los decretos dictados por el gobierno de Madrid. Por de pronto declararon reos de muerte, no precisamente á los diputados votantes de la destitución del rey, sino á todos los que hubiesen tomado parte en la deliberación, sin otra formalidad que la de identificación de la persona, alcanzando la misma pena á los que sin ser diputados hubiesen prestado auxilio á la traslación del soberano.

Este, siempre tibio y meticuloso en sus resoluciones, entró en marchar á Cádiz privado de autoridad. Salió al fin de Sevilla el 12 de Junio, escoltado por nacionales de Madrid y alguna tropa, los primeros no muy reverentes en lenguaje y modales durante la travesía. Llegado que hubo el rey á Cádiz, se le presentó la regencia á resignar el precario poder que ejercía; á cuyo acto contestó Fernando con no disimulada ironía: ¡Ola, con que ya no estoy loco! Bien luego dió á conocer que dentro del pecho hervía un volcán de saña que haría su erupción cuando los sucesos la preparasen.

Quedó por un momento aposentado en Cádiz, para decir dos palabras de lo que fuera pasaba. A los llamamientos vengativos de la regencia de Madrid, respondió el partido apostólico, el más avanzado y el más sanguinario del absolutismo, con una persecución sin tregua contra los liberales, sus familias e intereses. El clero indocto, pues el instruido era de opiniones moderadas y juiciosas, tomó por su cuenta agriar las masas, predicando odio y exterminio á la raza constitucional. Las partidas sueltas de carlistas, mandadas regularmente por hombres de groseras costumbres, saliendo de sus habituales escondrijos, invadieron con furor los pueblos, saqueando las viviendas de los pudientes, atestaron de presos las cárcel, llevaron muchos á los cementerios, ejerciendo con la gente principal grandes crueldades, sin que las autoridades flojas ó á una con los sacomanos se cuidasen de enfrentar las malfebras.
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tos de la guerra, que á la sazon estaba sosteniendo dentro de la península, con los enemigos de su dinastía, y en la disminución del producto de las haciendas, que había obligado á muchos sensualistas á reducir voluntariamente sus réditos, por evitar que los censatarios dimitieran sus fincas, ordenó en 1705 que en adelante no se impusieran censos consignativos á menos precio de 53 1/3 por 1, y que se redujeran á este tipo los réditos de todos los existentes (1). Así quedaron rebajados del 5 al 3 por 100 todos los censos reducidos ó impuestos de nuevo conforme á la pragmática de 1608, perdiendo los sensualistas las dos quintas partes de su renta. Fernando VI siguió en este punto el camino de sus predecesores, mandando en 1750 aplicar también á los censos reservativos la ley y tasa de 1705, y á todos los de Aragón que á pesar de la abolición de sus fueros, ordenada en 1707, había continuado rigiéndose en este punto por sus leyes especiales (2).

El mismo espíritu restrictivo de la institución, y no mucho más respeto á los derechos creados por ella, revelan las leyes dictadas sobre esta materia en el reinado de Carlos III. En la venta de las casas de Madrid, sujetas á censo perpetuo, era costumbre sacar dos laudemios, uno de 2 por 100 para el señor directo, y otro igual, que quedaba en poder del comprador, para cuando vendiera la finca; y aquel monarca mandó no pagar más que un laudemio: redujo asimismo el que se pagaba en las vinculaciones de edificios, cuyo suelo estaba acensuado: autorizó la redención de los censos perpetuos á razón de 66 2/3 por 1, pudiéndose obligar á los censatarios á redimirlos ó cargar su capital sobre la finca, como censo redimible; mandó capitalizar á este mismo tipo, en lugar del 30 por 1 que entonces se acostumbraba, las pensiones de los censos enstitúcticos para rebajar su importe del precio en la venta de la finca censida; prohibió imponer los censos perpetuos á menos precio que el doble de los consignativos, y otorgó al dueño del dominio útil el derecho de tanto: siempre que fuera enajenado el directo (3). Secundando el Consejo este propósito, mandó en 1767 emplear una parte de las rentas de propios en la redención de censos que abrumaban á los pueblos, y en 1773, con motivo de haberse excusado algunos sensualistas de redimir sus censos por menos cantidad que la pactada en las imposiciones, adoptó la injusta providencia de mandar redimir las censos concejiles por la mitad de su capital, si éste no lle-

(1) L. 8, t. 15, lib. 10. Nov. Rec.
(2) L. 9, t. 15, lib. id., id.
(3) L. 12, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.
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gaba á 100.000 rs., y por las dos terceras partes en todo otro caso, pudiendo los pueblos obligar á los censualistas á aceptar estas redenciones, depositando su importe y suspendiendo el pago de los réditos (1).

Verdad es que este espíritu de hostilidad á los censos seguía cada vez más sostenido por la pública opinión. Gonzalez Socueva, que antes cité entre los modernos adversarios de la institución, escribía á mediados del siglo xviii, denunciando y condenando por usurarias muchas condiciones que solían ponerse en su tiempo en estos contratos, favorables á los censualistas, tales como la de pagar á estos ciertas adeadas al tiempo de la redención, ó la de haber de verificarse ésta en cierto término. Sostenía al mismo tiempo que era aplicable al censo consignativo la ley de Partida que declara la extinción del enfitéutico, cuando se arruina totalmente la finca censada, y que el censo debía asimismo reducirse á medida que se fuera aminorando el producto de dicha finca. Calificaba de usurario todo pacto que tendiera á hacer personal el censo, defendiendo calorosamente las reducciones de réditos. Decía que muchos solares no se reedificaban por temor á los censos con que estaban gravados, y que á veces los censualistas aguardaban ocultos á que algún incauto edificara en el solar acensuado, para sorprenderle después con su demanda, á pesar de no haber ley expresa que haga renacer en tales casos los censos extinguídos. Se lamentaba de que aún subsistieran censos frumentarios y juros de 5 por 100, á pesar de las leyes que los prohibían, y concluía pidiendo que se hiciera otra nueva reducción de los réditos, bajándolos al 2 por 100, y se fundaba, entre otras razones, en que no produciendo las fincas más de 2 á 2 1/2 por 100, las abandonarian sus dueños antes que pagar un rédito superior al producto (2).

D. Vicente Vizcaíno, cuyo juicio sobre la moralidad de los censos indicó arriba, los trató aún más duramente, examinándolos con relación á la conveniencia pública. «Los censos, decía, son hijos de la ociosidad, y por lo tanto padres de todos los vicios.» Atribuía á su muchedumbre la subida de los alquileres de las casas, porque los dueños descargaban el peso de los réditos sobre los inquilinos. Los labradores abandonaban por ellos su labor, y los edificios gravados con censos no se reparaban por falta de estimulo. Apoyándose en el testimonio del catastro hecho en tiempo de Fernando VI para la contribución única, aseguró que en las 22 provincias de León y

(1) Leyes 14 y 16, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.
(2) Estado de los censos, pár. 2, 3, 4, 5 y 6.
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Castilla importaban entonces los réditos de los censos 45.193.338 rs., que representaban un capital de 1.450.777.935 rs.; y para que todas estas sumas vinieran á invertirse en la agricultura, la ganadería y el comercio, propuso la abolición de los censos existentes y prohibición de fundarlos en lo futuro. Con este objeto indicó diferentes medios, que consistían ó en despojar al censatario de alguna de las lincas censadas, ó de parte de su dominio, si fuera una sola, para entregarlo al censualista como redención del capital, ó en disminuir los réditos á la mitad, obligando á los censatarios á pagar además un 5 por 100 por amortización del capital, que quedaría así reembolsado en el término de veinte años (1).

Poco después de Vizcaíno, en 1768, escribía D. Tomás Anzano sus Reflexiones políticas sobre las causas de la alteración de precios que ha padecido Aragón en lo general de los abastos, entre las cuales no dejó de señalar los censos. Decía de ellos que eran motivo visible de la decadencia de aquel reino, y que admitidos únicamente para evitar mayores males, se hallaban «notados de odiosos y debían ser de interpretación estrecha.» Condenaba los censos concejiles porque importando sus réditos 324.885 libras jaquezas, correspondientes á 11.240.745 de capital, gravaban excesivamente los abastos y traían desordenada la administración de los Propios. Atribuía semejante efecto á los censos particulares, porque la reducción de sus réditos había obligado á los infinitos censualistas á buscar la indemnización de aquella pérdida en el aumento de precio de otros artículos, y estimulado á los propietarios con el cebo del corto interés, á gravar sus haciendas por motivos livianos. Concluía proponiendo la redención sucesiva de los censos concejiles, destinando á este desempeño los sobrantes de propios y otros arbitrios (2). De estos censos, escribía poco después D. Ignacio Asso, que en 1782 importaba su capital 102.670.781 rs., consumían la sustancia de los pueblos y corporaciones, propagaban la ociosidad y el lujo, y causaban la perdición del reino (3).

Así prevenida contra los censos la opinión de los hombres ilustrados de la época, Carlos IV no temió dar nuevas acometidas á este género de propiedad. No se atrevió á reducir á 2 por 100, como pretendía Gonzalez Socueva, el rédito de 5, que á la sazón se pagaba; pero combinando los medios de extinguir los censos con los de proporcionar recursos al ex-

(1) Discursos políticos sobre los estragos de los censos.—Madrid 1766.—Números 36, 46, 59, 61, 62, 71, 79, 80, 219, 240.
(2) Parte 1.ª, reflexión 8, y parte 2.ª, discurso 4, párr. 1 y 3.
(3) Historia de la economía política en Aragón, Zaragoza, 1798, c. 4.
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hausto erario, dió un golpe mortal á la propiedad y al derecho. Para restaurar el crédito de los vales reales, que devengaban \( \frac{4}{100} \) libertando al mismo tiempo la tierra de antiguos gravámenes, se imaginó que sería el medio más adecuado permitir á los censatarios de todas especies la redención de sus censos á pagar en aquellos valores. Así se ordenó, en efecto, en 1799, aunque hasta 1801 no se determinó la forma de proceder en aquella operación. Entonces se dispuso que los vales fueran admitidos por su valor nominal: que los censualistas no se excusaran de aceptar estas redenciones, cualesquiera que fuesen las condiciones del censo ó carga piadosa y aunque hubiera mediado la de no redimir: que pudieran redimirse de este modo también las cargas piadosas: que por los censos entéuticos impuestos sobre casas, se pagara un capital doble al que correspondiera, regulado el cánón á razón de 33 1/3 al millar, y otra suma pro laudemio: que por los censos redimibles se diera una suma igual á su capital, si era conocido, y la que resultara capitalizándolos al 5 por 100 si no lo era: y que por los perpetuos y las cargas pias se pagara el doble del capital impuesto, y si se ignoraba cuál fuese, lo que importará la capitalización de las pensiones ó cargas periódicas, á razón del mismo tipo de 5 por 100 (1).

Con estas providencias, que tan mal parados dejaban los derechos adquiridos, hubieron de retroceder los capitalistas de adquirir nuevos censos, y siendo esta una de las formas en que más solía usarse del crédito, hubo de paralizarse un tanto el curso de los capitales con daño de la real Hacienda y de las corporaciones poderosas que la empleaban. Así á los tres años se creyó necesario modificar la legislación vigente sobre la materia, permitiendo constituir nuevos censos sin obligación de imponerlos en vales reales, y con las condiciones que los interesados juzgaran convenientes, así en cuanto á los plazos en que hubiera de hacerse la redención, como la moneda en que había de verificarse el pago, y renunciar válidamente á las facultades que, para hacerlo con vales reales, otorgaban á los censatarios las leyes de 1799 y 1801. Mas no bastaba abrir así el camino á las nuevas imposiciones, pues la redención de las antiguas en la forma últimamente permitida, era ocasión de graves despojos y ocasionaba en la práctica insuperables dificultades. Fué menester, por lo tanto, ponerles alguna correctiva, y para ello se publicó un nuevo reglamento en 1805, en el cual se ordenó que no estuvieran sujetos á redención los dominios solarie-

(1) Leyes 21 y 22, t. 15, lib. 10, Nov. Recop.