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vidumbre de acueducto, la de estribo de presa, la de abrevadero, la de camino de sirga, y las de vigilancia litoral y salvamento; todas estas y otras instituciones jurídicas análogas, que suponen una limitación del derecho individual en favor de los intereses colectivos, están sin duda destinadas á figurar por siempre en los Códigos venideros, porque son condiciones sin las cuales serían casi de todo punto inútiles para el hombre así los ríos como el mar. Esta tesis es de por sí tan evidente que no necesita demostración; así que para terminar, voy sólo á presentaros un argumento que me parece decisivo contra la escuela individualista.

Imaginaos tan inviolable y santo como os plazca el derecho de un industrial á utilizar un salto de agua para poner en movimiento una fábrica, ó el de un labrador para construir una presa sobre el río á fin de regar y fecundar el campo que cultiva. Si el agua, que uno y otro intentan aprovechar, es absolutamente indispensable para el abastecimiento de una población, ¿la dejaréis perecer de sed? No: claro es, por consiguiente, que, en este caso al menos, la ley, que dá la preferencia á este aprovechamiento sobre los demás, subordina el derecho del industrial y del labrador al del municipio, el interés del individuo al de la colectividad.

Ya veis cómo el análisis confirma la verdad de mi doctrina. Las cosas, lejos de tener un fin en sí mismas, fueron creadas para servir á los hombres: ántes que Abrens y mejor que él lo ha habido dicho la Biblia: «Deus dedit terram filiis hominum.» De aquí nace nuestro derecho sobre ellas.

Pero la índole, extensión y modificaciones de este derecho dependen en primer término de la naturaleza y condiciones de las cosas mismas. Así se explica que el señor de una heredad adquiera la propiedad de las aguas que extrae de las entrañas de la tierra, y posea legítimamente las pluviales que recoge en un aljibe, los manantiales que brotan dentro de sus predios, el arroyuelo que nace y muere en los límites de sus fincas, sin que pueda aspirar jamás al dominio del mar ni de los grandes ríos.

El mar y los ríos, por su manera de ser, por las condiciones que constituyen su existencia, se sustraen al derecho de propiedad; pero no por eso dejan de ser útiles al hombre, que tiene sobre ellos otro género de derechos no menos importantes y respetables que el del dominio pleno y absoluto. Estos derechos reales se distinguen de la propiedad en que no son exclusivos, sino que pertenecen en común, ora á los habitantes de una comarca, ora á los miembros de una ó más Naciones, ora en fin á la humanidad entera. Por esto la ley y los poderes públicos, considerando que el hombre no
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ha nacido para vivir aislado, sino que por sus facultades y su destino es necesariamente sociable, establece las reglas y crea las servidumbres indispensables para el aprovechamiento ordenado y regular de esas corrientes más ó menos caudalosas que cruzan la tierra en varias direcciones, y de esa inmensa masa de aguas que cubre el globo terráqueo en una extensión de su superficie mucho mayor que la que ocupan sus continentes. Los grandes ríos y el mar no aprovechan á todos por igual, como la atmósfera que nos rodea, ó el sol que alumbra á nuestro planeta; pero tampoco son el patrimonio de nadie, como una casa ó una heredad; ocupan un término medio, por las condiciones constitutivas de su sér, entre las cosas apropiables y la luz y el aire. El aprovechamiento colectivo, á que se prestan por su naturaleza, provoca forzosamente la intervención del Estado, cuya misión es conciliar los intereses de la comunidad y favorecer el desenvolvimiento de la riqueza pública; demostrando así elocuentemente la influencia decisiva que tiene en el derecho sobre las cosas creadas el carácter social humano.

III.

PROPIEDAD MINERA.

La ley de 6 de Julio de 1859 declara en su art. 2.º que la propiedad de las minas corresponde al Estado, no pudiendo nadie disponer de ellas sin concesión del Gobierno. Este principio, establecido ya de antiguo en España, si bien antes del planteamiento del régimen constitucional las leyes personificaban la representación del Estado en el monarca, se ha mantenido incólume entre nosotros, aun después de la revolución de 1868, que tan hondamente conmovió los cimientos de la sociedad española. Y sin embargo, el sistema de nuestra legislación, aunque aceptable sin duda bajo el punto de vista de sus consecuencias prácticas, es científicamente falso. ¿Cómo ha de ser el Estado propietario de minas aun no descubiertas, de todo punto ignoradas y por nadie poseídas? ¿Cuáles son los fundamentos en que descansa el soñado dominio? ¿Dónde están el título y el modo de su adquisición? Más lógico sería, en tal caso, atribuir la propiedad de la masa mineral al propietario del suelo. Basta, no obstante, fijarse en la estructura de una ley cualquiera de minería para desechar esta última opinión, no más filosófica que la primera: porque, en suma, no es posible legislar en la materia, sin hablar á cada paso de las calicatas, excavaciones e investigaciones, de la apertura de pozos, socabones y galerías y de los derechos
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como se verificaban, muy superiores á los nombramientos, y hasta una comision de padres conscriptos, que le acompañaba en Caprea para el más pronto despacho de los negocios, pereció casi entera, cómplice un dia, víctima al siguiente, de la desconfianza y del miedo. Entre tanto las fronteras militares eran invadidas por los enemigos, el espíritu de insubordinacion penetraba en las legiones y la administracion pública, tan bien montada por Augusto, perdía toda su eficacia en manos del rapaz favoritismo que se aprovechaba de una elevacion tan injustificada como pasajera.

Tiberio es un fenómeno psicológico, no comprendido ni explicado todavía: reunia á la más hedionda lujuria la crueldad más refinada, y esto no en la edad de las pasiones ni movido por el aliciente del mal ejemplo, sino viejo, fatigado de la existencia, solitario y melancólico. «Que todos me aborrezcan, pero que todos me teman,» decia á cada instante, y en efecto, pocos han logrado realizar tan completamente este deseo insensato, así como pocos han tenido en méños los fueros de la humanidad y la opinion de sus contemporáneos.

Una corta expedicion al continente habia obligado á Tiberio á salir de su isla por unos cuantos dias; pero atacado en el cabo Miseno de una grave enfermedad, que le impidió volver, murió en la quinta de Lúculo á los 78 años, dejando por herederos á su nieto Tiberio y á Cayo César. Todas sus venganzas, todas sus persecuciones, todos sus asesinatos habian sido estériles para sus proyectos: el encarnizado enemigo de la familia de Germánico designaba al hijo menor de éste como uno de sus sucesores en el imperio.

Si detrás de Tiberio no viniesen otros emperadores más feroces, más locos y más corrompidos que él, el juicio de su vida, que no bastarian á atenuar los triunfos de su juventud, se resumiria en un grito de indignacion y de desprecio. Pero tratándose de un periodo en que las crueldades, los extravios, la prostitucion y los delitos más horrorosos iban en progresion espantosa por el malefico influjo del despotismo imperial, preferimos seguir esta máxima prudente de uno de los primeros escritores de nuestro siglo: «La historia debe economizar la cólera y el vilipendio al ocuparse de épocas en que muchos merecen sus severos anatemas.»

Cayo César, el hijo menor de Germánico y Agripina que, como arriba indicamos, se habia libertado de la persecucion de su familia, habia sido
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del explorador ó investigador, cosas todas que revelan claramente que se busca algo, cuya existencia se ignora, y que por lo mismo antes del hallazgo no ha podido ser materia de la ocupacion, de la posesion ni del trabajo humano. En vano es apelar á la idea del dominio público, fundándola en que «España ha hecho suya la tierra de la Peninsula al defenderla de invasion extranjera con las armas, al removerla al través de los siglos con el trabajo, al enrojecer el agua de los rios con la sangre de sus hijos y fatigar las olas de las costas con el peso de sus buques.» La belleza de las frases no es siempre compañera de la verdad de los conceptos, y las que acabo de copiar, por probar demasiado, no prueban nada. El mantenimiento del ejército y la armada y la defensa del territorio nacional, son funciones propias del Estado, y su ejercicio no da á este ciertamente derecho alguno de propiedad sobre las cosas comprendidas dentro de las fronteras. De otra suerte sería él el único propietario y caeríamos en pleno socialismo. No es tampoco el Estado quien ha removido al través de los siglos la tierra de España con su trabajo. En esta frase elocuente y poética se confunde indebidamente al Estado, con España, al poder social con la Nacion, ó mejor dicho, con los ciudadanos que real y positivamente hayan trabajado.

Significa, no ciertamente que esa parte del mar contigua á las playas sea propiedad particular del Estado, sino sólo que este tiene sobre dicha zona el mismo dominio eminente que sobre el territorio nacional; ó para hablar con más exactitud y no emplear términos equivocos y de doble sentido, significa que el Estado ejerce jurisdiccion sobre ella, considerándola como una extension de sus fronteras. Por esto sin duda se denomina zona marítima territorial y llega hasta donde alcanza el tiro de cañon. No ignoro, al decir esto, las controversias de los Gobiernos y de los escritores de derecho internacional sobre la anchura de dicha zona: trato la cuestion en principio, y, vista así, no es dudoso que el fundamento filosófico en que descansa el dominio público de la Nacion sobre la zona marítima territorial, es la posibilidad material de defenderla; así es que nadie ha pretendido todavía, ni habrá quien pretenda en lo futuro, extenderla más allá del alcance del tiro de cañon. Las controversias sobre su anchura nacen solamente de que, por variable que sea el derecho internacional, es imposible que siga paso á paso y con precisión matemática los progresos que sin cesar realiza la industria de la fabricacion de armas de fuego.

Pero nótese que, aunque la zona marítima territorial esté sujeta á la jurisdiccion de cada Estado, no por eso es propiedad suya; antes bien, la navegacion dentro de ella es comun á los buques nacionales y extranje-
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ros, de modo que el mar en su integridad es de uso de todos, no forma el patrimonio particular de nadie, ni es, por consiguiente, objeto del dominio civil.

¿Dedúcese de aquí que el hombre no tiene derecho alguno sobre el mar? De ninguna suerte. Esa inmensa masa de agua que cubre gran parte de la superficie del globo y separa los continentes, sirve para muchos usos de la vida y satisface grandes necesidades del orden físico, intelectual y moral. ¿Qué sería del comercio y civilización de los pueblos sin la navegación? Y, sin remontar tanto el vuelo, es sabido que hay una multitud de grandes y pequeñas industrias que tienen por base y teatro el mar, bastando citar entre ellas la fabricación de la sal y la pesca marítima. Por esto las legislaciones de todos los países establecen reglas para el uso y aprovechamiento de las aguas del mar y de sus playas, sujetando á concesiones administrativas la construcción de muelles, embarcaderos, astilleros, fábricas de salazón, edificios de baños permanentes, etc. etc.

Pero se dirá: «Si adonde no llega el trabajo pasado ó el presente, no llega ni dominio ni propiedad; si toda molécula que no reviste el sello humano, á nadie pertenece, y el primero que en ella deposita una parte de su ser, bajo forma de esfuerzo, la hace suya, en este caso ni la playa del mar, ni la faja de agua que la ciñe, ni las corrientes de los ríos, ni las canteras sin explotar, ni las minas ignoradas son de dominio público; porque el dominio público no existe.» Entendámonos. Si por dominio público se entiende la propiedad del Estado, evidente es que este no es propietario de las minas ignoradas, ni de las corrientes de los ríos, ni de la zona marítima territorial. Es menester no confundir la personalidad jurídica del Estado—poder social—con la del Estado—propietario.—El Estado puede poseer bienes como cualquier particular: suyos deben ser sin duda en una administración bien ordenada y culta los museos, las cárcelés y presidios, los hospitales y otros muchos edificios públicos. Como propietario de estos bienes está sujeto á las reglas del derecho común á todos los ciudadanos. Pero hay ciertas cosas que, si pueden usarse por muchos ó por todos, como la faja de agua que ciñe las playas, no pueden constituir la propiedad de nadie, por no ser susceptibles de apropiación; y hay otras que, aunque apropiables, mas no apropiadas, como sucede con las minas aún no descubiertas, no pueden llegar á ser la propiedad de nadie, sino á condición de expropiar ó imponer gravámenes, servidumbres ó limitaciones de su derecho á propietarios preexistentes. En estos casos y otros análogos, el Estado, sin ser de modo alguno propietario de cosas que ó no
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posee, ó ignora que existan, ó no son apropiables, interviene como poder social, y por lo tanto representando legitimamente á la nacion entera, para distribuir y ordenar el uso y aprovechamiento, á la vez que «para resolver »los conflictos que entre derechos contrarios estallen y procurar la pacifica coexistencia de todos ellos.» Lo que en unas ocasiones se llama dominio público y en otras dominio eminent, no es, no puede ser la propiedad, sino sólo el señorío, la soberanía, la jurisdiccion suprema del poder social, cuya necesidad y legitiúmid se funda en que el hombre es por su naturaleza un ser sociable, como es inteligente y libre.

Precisamente lo que más descuelga en la propiedad minera es el influjo que sobre ella ejerce la sociabilidad humana.

La ley, al declarar que la propiedad de las minas corresponde al Estado, dice en verdad un absurdo. El Estado no puede ser propietario de lo que no posee; y que no posee las minas todavía no descubiertas es evidente, porque como dice elegantemente la ley de Partida invocando la autoridad de los sabios antiguos: «posesion es tenencia derecha que home ha en las »cosas corporales con ayuda del cuerpo é del entendimiento». Fáltale al Estado esta «tenencia derecha, el ponimiento de pies y el entendimiento de no des- amparar» lo que una vez ocupó, esto es, el hecho y la intencion, ó como dice Kant, la posesion sensible y la inteligible, la fisica y la juridica. «Los momentos de la adquisicion original, añade con razon este célebre escritor, son: 1.º, la apprehension de un objeto que no pertenece á nadie; de otro modo seria contraria á la libertad de otro regulada por leyes generales. Esta apprehension es la torna de posesion del objeto del arbitrio en el espacio y el tiempo, la posesion actual (possessio plenomenon); 2.º la declaracion de la posesion de este objeto y del acto de mi arbitrio que se dirige á sustraer á los demas el objeto poseido por mí; y 3.º la apropiacion como acto de una voluntad exterior (en idea) que legisla universalmente, y por la cual todo el mundo tiene obligacion de conformarse con mi arbitrio.»

Aparte de las formas un tanto metafisicas, pretenciosas y gongorinas con que están expuestas estas ideas, es imposible negar que en el fondo son verdaderas, y ciertamente el Estado respecto de las minas no puede ale- gar ninguno de estos momentos de la adquisicion original. El único en quien se realizan por completo es el descubridor.

Pero si la primera declaracion del artículo segundo de la 'ley de mil ochocientos cincuenta y nueve es insostenible ante la razon y la filosofia, en cambio el sistema de las concesiones administrativas establecido en la
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segunda parte de ese mismo artículo, es conforme á la naturaleza de las cosas y á la verdadera noción del Estado.

Abandonad las calicatas y labores de investigación de las minas á la voluntad individual, y vereis entronizada al punto la más espantosa anarquía. Sin hablar del peligro de una explotación irregular y codiciosa de la riqueza mineral, y de los frecuentes choques de los mineros entre sí, sería inevitable una colisión de derechos entre estos y los propietarios territoriales.

El minero invade la esfera propia del labrador; rompe el suelo para penetrar hasta el subsuelo donde se esconde el filón, y si por ventura le encuentra, ocupa, para organizar la explotación, una porción de la superficie, sustrayéndola al cultivo, y abre extensas galerías que, construidas sin arte, pondrían en peligro la propiedad territorial y hasta la vida de los cultivadores, á la vez que la de los trabajadores de las minas. De aquí la necesidad de la intervención del Estado, una de cuyas funciones es armonizar los derechos é intereses contrapuestos de todos los asociados.

En buen hora que la ley dé facilidades al investigador honrado é inteligente, para que no se esterilicen y malogren los grandes veneros de riqueza que existen debajo de la capa de tierra cultivable; pero también es preciso que no sacrifique la propiedad territorial á la ciega voracidad del minero ni á las locas ilusiones de proyectistas extravagantes y monómanos.

De esta idea madre arrancaba sin duda la antigua legislación, al establecer la obligación del pueblo y pronunciar la caducidad de la concesión por abandono de la mina.

Y en efecto, si el Estado, en virtud de su suprema tutela, subordina el derecho del propietario al del minero, hasta el punto de expropiar al primero en provecho del segundo, no es ciertamente por crear un privilegio personal en favor de este, ni menos por enriquecerle á costa de aquel, sino para que no yazgan perdidos tantos elementos de producción, tantos tesoros que parecen ocultos por la mano de Dios como un estímulo más al trabajo, y cuyo descubrimiento y explotación son indispensables para la mejora de la condición material y moral de la especie humana. Y si tal es la razón de las preeminencias otorgadas por el Estado al minero, claro es que no deben subsistir sino en tanto que este cumpla los fines de su concesión, siendo por lo tanto lógica la caducidad cuando el concesionario abandona las labores, víctima del desaliento ó de la falta de recursos, lo mismo que cuando después de penosas investigaciones resulta no existir el filón, ó bien cuando la explotación de la mina llega hasta arrancar el úl-
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timo pedazo de mineral. En todos estos casos la concesion caduca por falta de objeto, por no llenarse, ó haber llenado ya su fin.

La obligacion del puelle descansa, pues, en un principio altamente filosófico, y en la region de la teoria es completamente justa. No quiere esto decir que yo apruebe la formula practica exocogitada para el cumplimiento de dicha obligacion por la legislacion minera anterior á la revolucion de 1868. Al contrario, me parece poco feliz y expuesta á gravísimos inconvenientes, que ha demostrado la experiencia. La industria, para desenvolverse, necesita respirar el aire de la libertad, y es una regla demasiado estrecha, de un artificio grosero y de un materialismo repugnante el obligar al concesionario á poner cuatro trabajadores en cada pertenencia minera, cuando quizás el interés de la produccion aconseje concentrar todos los trabajos en un punto, ó empezar por construir grandes y costosas galerias de investigacion, de transporte y de desagües. Así se comprendió ya al redactar la ley de 1859, y más aún al reformarla en 4 de Marzo de 1868; y por esto se estableció que no era indispensable para el puelle que estuvieran los trabajadores distribuidos á razon de cuatro en cada pertenencia, sino que podian acudir al punto donde mas conviniera á la empresa; que en el cómputo del puelle se tomaran en cuenta la fuerza mecanica empleada y los trabajos para el desagüe, y que los particulares y empresas concesionarias pudieran constituir á su voluntad grandes grupos ó cotos mineros, obtener una concesion especial para la apertura de galerias generales y localizar ó acumular las labores.

Pero aun dando esta mayor holgura á la industria minera, siempre quedaba en pie el peligro de la denuncia, fuente perenne de interminables procesos, durante los cuales se paralizaban los trabajos con grave daño de los intereses del concesionario y de la riqueza pública. Gentes codiciosas y de mala fé, en vez de emplear útilmente su actividad é inteligencia en la investigacion y descubrimiento de nuevas minas, acechaban el momento de apoderarse de las ya descubiertas, no siempre con intento de explotarlas, sino con el de obtener una crecida prima de su poseedor, ó de los capitalistas á quienes se reservaban ofrecerlas, si llegaban á triunfar en el litigio. Entretanto, por una equitativa jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, no se exigia al minero la continuacion de los trabajos desde que se formulaba la denuncia hasta que sobre ella recaia sentencia firme; de manera que este largo paréntesis en las labores, junto con la incertidumbre de los derechos del concesionario, sobre quien pesaba de continuo, como la espada de Damócles, el amago de una denuncia, y por
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lo tanto, el riesgo de perder los capitales invertidos, eran sin duda una gran rémora para el desarrollo de este importantísimo ramo de produccion.

Juzgo, pues, acertada la reforma de 29 de Diciembre de 1868, que, rompiendo las ligaduras que antes oprimian á la industria minera, la deja más libertad en sus movimientos, proscribe la denuncia por la falta del puelle y asegura al concesionario la posesion de sus pertenencias, mientras pague la patente. El Ministro tenia razon de exclamation: «Esa intervencion constante del Gobierno, esa amenaza suspendida á toda hora sobre el industrial de minas, esa ley que le dice: trabaja el tiempo que marco, con el puelle que te fijo, en la forma que te impongo, ó sin indemnización alguna te despojo de lo tuyo en provecho de un denunciador, son causas de lastimoso atraso, de infecundas luchas, de lastimosa inmoralidad.» Deslizase, no obstante, en el párrafo copiado un error trascendental que el Ministro desenvuelve en esta forma: «Es principio absurdo, antisocial y disolvente el de arrancar á un propietario lo suyo, porque no lo explota, ó porque lo explota mal, ó porque la manera de explotarlo no satisface á la administracion: con estos principios y con la actual ley de minas aplicada á las demas industrias, la propiedad desapareceria bien pronto, y España se trocaria en un inmenso taller nacional ó en un inmenso caos comunista...» El trabajo, en la esfera privada, bajo su propia responsabilidad, camina aleccionado por el dolor que sus faltas le causan, aprende en sus fuerzas y nada más que en sus fuerzas confía: y á estas leyes económicas obedece la explotacion de las masas subterráneas como la de las masas superficiales, pues condiciones geométricas de posicion no han de ser causas que inviertan y trastornen los grandes principios y las grandes leyes económicas del trabajo.

Ocasion parece esta de recordar aquella discreta máxima de Talleyrand: el surtout point de zèle. El ardor irreflexivo en el combate puede dar fácilmente la victoria al adversario. Los comunistas agradecerán sin duda al autor del decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868 esa identificación de las masas subterráneas y las masas superficiales, esa peligrosa confusion de los derechos del propietario del suelo con los del concesionario de una mina. A bien que la contradicion, en que incurre el Ministro, es de tanto bulto, que no pasará inadvertida ni aun para los más miopes en la ciencia jurídica. Dice, en efecto, el art. 6.º: «El suelo podrá ser de propiedad particular ó de dominio público, y el dueño nunca pierde el derecho sobre él, ni á utilizarlo, salvo caso de expropiacion; el subsuelo se halla originariamente bajo el dominio del Estado, y este podrá, según los casos y sin más