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esta petición mandó que el Consejo la examinará y le consultara lo que se ofreciera; mas no hay noticia de que recayera sobre ella resolución alguna.

Entre tanto, como la ley que había proscrito los censos frumentarios y la que tasaba los constituidos á dinero, se referían únicamente á los temporales y redimibles, en Galicia, León y Asturias siguieron imponiéndose en especie y á menos de 14 por 1 con color de perpétuos, los cuales, defraudando la intención del legislador, eran de legalidad muy disputada y dieron motivo á otra grave determinación en menoscabo de derechos legítimamente adquiridos. Tal fué la pragmática de 1573, por la cual dispuso Felipe II que todos los censos impuestos con el carácter de perpétuos desde 1534, en especies, cuyo valor computado en dinero al tiempo de la imposición, diere por resultado un rédito superior á 1 por 14, se redujeran á este tipo y se pudieran redimir mediante la devolución del capital como si fueran redimibles, y que si estos censos resultaran impuestos á menos de 1 por 14 sin llegar á 1 por 20, el deudor podrá ajustarlos voluntariamente á aquella proporción (1). De suerte que para impedir la constitución de censos frumentarios, no sujetos á tasa como perpétuos, todos los impuestos de esta calidad fueron declarados redimibles contra la voluntad de los imponentes. Esta nueva injusticia tuvo, sin embargo, su correctivo en la inobservancia de la pragmática, al menos en parte, y en las provincias que la habían provocado, pues los censos frumentarios han subsistido hasta nuestros días en Galicia y Asturias, y aun los perpétuos de hecho, dado que la facultad de redimir otorgada por la ley respecto de ellos, no se usaba generalmente por los censatarios.

Todavía la redimibilidad de todos los censos al arbitrio exclusivo de los censatarios, principio adoptado por Felipe II, para reducir su número y mejorar sus condiciones onerosas, solía hasta cierto punto eludirse con el uso de los censos vitalicios por dos ó más vidas, pues así trascurrian varias generaciones, sin que durante ellas, pudiera cesar el gravámen impuesto. Los letrados y los moralistas disputaban sobre la legalidad de este contrato y sobre si el precio que mediaba en ellos debía ajustarse á tasa; mas la pragmática de 1583 solventó estas dificultades restringiendo el uso de tales censos. En ella se prohibió fundarlos por más de una vida, ni á menos de 7.000 al millar; mandándose que su precio se pagase en dinero, al contado y con fe de entrega dada por escribano; y que los censos ya fundados, si lo habían

(1) L. 7, t. XV, lib. 5, Rec.
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sido por una sola vida, se redujeron á la tasa legal de 7 por 1: si por dos vidas, á 8 por 1, y si por más, quedaran reducidos á dos vidas solamente, y al mismo rédito de 1 por 8. Otra violacion flagrante del derecho de propiedad, pero que no debía extrañarse, viéndolo después de tantas. Todavía esta vez se tuvieron en cuenta los derechos adquiridos en los censos de dos vidas, aunque reduciendo á tasa sus réditos.

Algo hubo de influir en esta última pragmática, el Motu propio que Pío V expidió sobre la misma materia en 1568, por más que no fuera recibido en España. Habíase ya promulgado la ley de 1563 sobre reduccion y tasa de los censos, cuando aquel Santo Pontífice, deseando proscribir ciertas opiniones del jurisconsulto Lesio acerca de esta materia, condenadas ya por el tribunal de la ciudad de Roma y por el Vaticano, según afirma Pignatelli, y para impedir que continuaran celebrándose contratos de censo con infraccion de las leyes canónicas, dictó una nueva constitucion con reglas encaminadas á refrenar la codicia de los imponentes y amparar á los censatarios. Por ella se dispuso que no se impusieran censos sino sobre bienes inmuebles, ó que tuvieran la consideración de tales, fructíferos y señalados por sus linderos: que el precio habia de ser justo y de pagarse integro en dinero, á presencia del notario que autorizara la escritura, y de los testigos de ella, sin que bastase la confesion del recibo; que no podria estipularse el pago anticipado de los réditos, ni el pacto de quedar el censatario responsable exclusivamente al caso fortuito, ó el de no enajenar la finca censada, ó el de poder ser apremiado el mismo censatario á la redencion, ó el de pagar laudemio por la enajenacion, ó el de satisfacer intereses por los réditos que no fueran pagados desde su vencimiento: que se extinguiera ó se rebajara el rédito cuando pereciese ó se deteriorara la finca gravada: que el censatario que hubiera de redimir, anunciara su propósito al censualista con un mes de anticipacion; y que dejando de hacerlo pudiera ser demandado por ello durante un año. Todas estas reglas eran solamente aplicables á los censos nuevos; los antiguos, á diferencia de lo que sucedia en España, eran respetados en la forma en que fueran establecidos (1).

Tal era el célebre Motu propio, que Felipe II declaró no haber admitido en España, á petición de las Cortes de Madrid de 1583; ¿cuál fué el motivo de haberle el rey negado su exequatur? ¿Fué simplemente una cuestion de

(1) Gomez, Explicatio Motus proprius, Pii V qui de censibus tractat, etc.—Madrid, 1593.
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Y era que la clase vulgar, herida en sus sentimientos por la novedad de las reformas venidas de tropel á contrariar los más poderosos tirantes de su alma, religión, rey y costumbres, levantaba extraviados clamores porque todo volviese al ser y estado que tenía antes de emprenderse innovaciones que le eran antipáticas. Natural era que tamaño espectáculo contristase á militares leales, hallándose combatidos por enemigos de fuera y dentro con fuerzas que se les desgranaban por la derreción, y teniendo al ojo el naufragio de las instituciones que aborrecían los pueblos, procurasen mantener agarrado algún fragmento del bajeI en perdición, haciendo estipulaciones honrosas con los generales franceses, no siendo culpa suya que el rey se negase después á cumplir esos pactos, mirados con sumo respeto desde que la cultura y la reflexión dulcificaron la ferocidad de las antiguas guerras. La Bisbal y Montijo, ambos de inclinaciones mudables, y el último de ruines procederes, empezaron á torcer el giro que llevaba la defensa; los demás aflojaron, cundió el desaliento en el ejército y los jefes que mostraron más decisión por resistir la invasión, se vieron forzados á emigrar á fin de librarse de las persecuciones.

El duque de Angulema, con miras más nobles que las del gobierno de su nación, procuró no ulcerar el sentimiento patrio de los españoles, no estando lejos lo ocurrido con motivo de otra invasión, contra la que el pueblo en masa se presentó á sostener en desigual lucha su honor mancillado por la avilantez de un extranjero. Quiso el duque consultar al Consejo de Castilla para formar una regencia provisional, la tercera en nombre de Fernando VII que hubo en espacio de un año, y aquel cuerpo compuesto de magistrados de opiniones ultramontanas, que debía su preponderancia al entronización del gobierno absoluto, propuso para regentes no á personas de acreditado saber en materias de gobierno, sino á los más sobresalientes en exaltación realista, que al constituirse en regencia no conocieron en otra cosa que en soltar los diques de las pasiones y en dictar medidas de proscripción y venganza, escogiendo para ello la creación de cuerpos realistas en que tenía entrada todo el matalotaje de las poblaciones y la superintendencia de vigilancia pública para espionar á los liberales.

Excepto las provincias andaluzas y pocas plazas en que todavía ondeaba el pendón constitucional, todo lo demás de España estaba por el rey absoluto. En situación tan apurada, las Cortes que por desgracia llevaran consigo á Sevilla las rivalidades y miserias que las aquejaban en Madrid, con la noticia de que Angulema tomaba la vuelta de Andalucía, pensaron precipitadamente en retirarse á Cádiz. Fernando resistió con entereza salir
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prerogativa? ¿Lo fué el mismo contenido de la nueva constitucion pontificia? Causas de una y otra especie hubieron de contribuir á ello. Felipe II, que aunque serviente católico, era celosísimo de su potestad, no toleraba que nadie, ni aún el Papa, invadiese la esfera propia de ella, y mucho menos con actos legislativos, que como el Motu propio, derogaban el derecho patrio. Mas lo que principalmente hubo de decidirle á decretar aquella retencion, fué al parecer la cláusula del Breve, que mandaba constituir los censos con dinero de presente, puesto que conteniendo, como se ha visto, otras varias el documento, fué esta la que empleó el monarca para designarlo. «El propio motu sobre que los censos se impongan con dineros... no está recibido,» dice Felipe II, en la ley formada con su respuesta á la petición segunda de las Cortes citadas de 1583. Esta prescripción no era conforme entonces con nuestro derecho, aunque el mismo monarca, después de negarle el pase, la adoptara como propia, en cuanto á los censos vitales. También estaban en abierta oposición con las leyes de España las cláusulas que prohibían el pacto de no enajenar la cosa censida, y el de pagar laudemio; todo lo cual tendía al parecer á reformar nuestra legislación civil, prescindiendo del soberano temporal, y explica suficientemente la denegación del exequatur.

Pero la misma ley que lo derogó fué á su vez origen de graves dudas y diversos pareceres. Disputaron los letrados si la retención se extendía á todas las cláusulas del Motu propio, ó si se limitaba á las indicadas en la citada ley, sobre que los censos se impusieran en dinero. Mientras que los jurisconsultos más autorizados sostenían la primera opinión, defendían otros que la retención no alcanzaba á los capítulos declaratorios del derecho común canónico, como lo era el que declaraba extinguido el censo, cuando percibía la cosa acensuada, según lo habían ordenado las Extravagantes de Martín V y de Calixto III. Opinaban algunos que aunque el Motu propio no valiese como ley del reino, debía estimarse como autoridad magistral; y de hecho tenía grande influjo en la decisión de todas las cuestiones que se suscitaban sobre esta materia (1). Antonio Gómez, no el famoso jurisconsulto de Salamanca, sino otro de su mismo nombre, que escribía poco después, publicó en 1595 un sucinto comentario del Motu propio, como si se hallara en uso y hubiera modificado nuestra legislación, en lo que no era conforme con ella. El espíritu restrictivo del uso de los censos que

(1) Ceballos, Opinionum comm. contra communes, quest. 847.—Salgado, Laberyntus creditor., part. 2.º, cap. 29.—Veia, Disserta. 33, núm. 19, y Dissert. 36, núm. 35.
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en aquel documento se descubre, era tan conforme con la opinión que acerca de ellos profesaban nuestros letrados, que confesando todos cuando escribían, la retención del Breve, luego adoptaban y defendían los más de sus praceptos, como decisiones doctrinales, en las frecuentes controversias que sobre tan complicada materia se suscitaban.

Los censos del reino de Aragón que sirvieron de ejemplo á los de Castilla y sufrieron las mismas vicisitudes, conservaron, sin embargo, sus caracteres especiales. Fueron allí más usados que en otras partes los censos colectivos, llamados censales. Por ellos quedaban obligados todos los vecinos de un lugar, con sus bienes y personas, á pagar los réditos de los capitales que ellos en comunidad, ó sus señores, tomaban en aquel concepto, para subvenir á las necesidades públicas. Así quedaba perpétuamente gravado el vecindario, pero con la singularidad injustísima de eximirse de este gravamen los sucesores del señor, que había sido parte en el contrato, aunque éste se hubiera celebrado en su exclusivo provecho. Los señores podían imponer estos censales sobre sus vasallos de signo servicio, á su voluntad, como no hubiera mediado pacto en contrario. Cargábanse ordinariamente sobre los arbitrios y rentas de las generalidades (derechos de entrada), cuando había que contribuir al rey con los servicios que votaban las Cortes. Entonces se abría sobre ello pública negociación y celebraba los contratos el consistorio de la Diputación, pero no quedaban gravados más que los vecinos cristianos, pues los sarracenos estaban exentos, por no tener intervención alguna en los concejos. Los vecinos de pueblos gravados con censos no se eximían de pagarlos cuando trasladaban á otro lugar su domicilio: los bienes que dejaban en el en que habían vivido debían responder de toda la pension con que antes contribuían ellos, y si no bastasen, se había de repetir contra los que adquiriesen en el pueblo de su nueva residencia (1). En toda clase de censos era licita la estipulación de que por falta de pago de las pensiones, cayesen los bienes en comiso.

No habiéndose tampoco admitido en Aragón el Motu propio de Pío V, solían fundarse nuevos censos con réditos devengados y no pagados de los antiguos; y se estimaban perpétuos los que no estaban constituidos á carta de gracia, ó sea con la facultad de redimir en época fija ó indeterminada, mientras que en Castilla se declaraban todos redimibles. Allí fué donde se dió el primer ejemplo de reducir arbitrariamente las pensiones de los censos constituidos sin contravención de las leyes. D. Juan II en 1461,

(1) Molino, Repert. v. Censualia.
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rebajó á 40 por 1.000 los censales antiguos impuestos sobre las aljamas de moros y judíos. Sentado este precedente, el mismo monarca ordenó una reducción general de los réditos de todos los censos, ajustándolos á la proporción de 50 por 1. Pero ó esta disposición no llegó á tener efecto, ó el que tuviera no fué permanente, puesto que según consta de registros y documentos antiguos, en los siglos xvi y xvii los diputados continuaban imponiendo censales á razon de 20 por 1 (1), que es el límite que fijaba la ley al interés en los contratos de censo. El fuero condenaba la usura, pero advirtiendo que esta condenación no alcanzaba á los censales constituidos en instrumento público, siempre que no lo estuvieran á más de 4 por 10. La amplitud de este tipo contrastaba singularmente con la estrechez del establecido para el censo reservativo y para el vitalicio llamado violario, que debiendo ser más alto, no pasaba de 1 por 20 (2).

No menos que en Aragón se usaron los censales en Valencia, pero con sujeción á diferente tasa. Los constituidos á carta de gracia, que eran los redimibles, podían estipularse licitamente á razon de 11, 12, 13 ó 14 por 1, más ó menos, según los tiempos. Sobre la ciudad de Valencia y su generalidad ó rentas, no se podían imponer á menos de 15 por 1. El censo vitalicio ó violario podía, sin embargo, cargarse á razon de 2 sueldos de renta por 10 dineros de capital, ó sea á 13 3/4 por 100, de suerte que aquel se repusiera con 7 años de pension, mas no debía exceder de dos vidas (3).

En Cataluña, donde tampoco se admitió el Motu proprio, solían constituirse censales sin entrega de presente del capital y mediante la confesión del censatario de haberlo antes recibido, ó con réditos vencidos y no satisfechos, ó á pagar á voluntad del censatario, en especie tasada, el precio convenido en metálico. En los pueblos gravados con censales, quedaban obligados los bienes y nunca las personas de los vecinos presentes y futuros. No había tasa legal para ningún género de censos, aunque por costumbre se computaban á 5 por 100, ó sea á reponer el capital en 20 años, y los violarios á 14 2/7 por 100, ó sea 7 por 1, sin limitación en cuanto al número de vidas (4).

(1) Asso, Historia de la economía política en Aragón, c. 4.
(2) Molino, Repert. v. Censualia.—Fuer. 6, 7, libr. 4, De usur.—Franco., Forum... Aragon. codex, lib. 4, dict. for.
(3) Tarazona, Sumario dels furs, etc., pág. 347 á 352.
(4) Cancr, Var. resolut. Par. 2, c. 1, n. 277. Par. 3, c. 1. n. 207, y c. 7, número 74 á 76.
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La retencion del Motu propio no hubo de alcanzar á Navarra, puesto que casi todas las cláusulas de aquel documento, y en particular las que expresamente habian sido rechazadas en Castilla, se insertaron en las leyes especiales de aquel reino. Allí se prohibió constituir censos de otro modo que con dinero al contado y entrega de presente, bajo fé de escribano, que era precisamente la condicion del Breve que sirvió para designarlo en la ley que lo mandó retenir. Su imposicion habia de verificarse sobre bienes señalados y no sobre alguna comunidad de ellos. El rédito no habia de exceder de 5 por 100: la redencion en su caso habia de verificarse de una vez, salvo que hubiese mediado pacto de hacerlo por partes, y con exclusion de los censales de más de 400 ducados, los cuales podrian redimirse en dos plazos, aunque hubiera estipulacion en contrario, si no pertenecian á iglesia ó mayorazgo. La finca censida no habia de caer en comiso por falta del pago del rédito, mas el censualista tenia derecho á cobrarlo con preferencia á otros acreedores (1).

V.

CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS CENSOS Y NUEVAS REDUCCIONES DE SUS RÉDITOS EN EL SIGLO XVII.

Introducida la nueva institucion de los censos en todos los antiguos reinos de España, fué objeto de graves impugnaciones y de empeñada controversia, que explican el progreso de las leyes que en Castilla, Aragon y Navarra restringieron su uso. En la cuestion de si envolvía ó no usura este contrato, dieron su parecer favorable al mismo, teólogos tan eminentes como fray Domingo de Soto, fray Juan Medina, fray Tomás Mercado y el P. Luis Molina, y jurisconsultos tan sabios como D. Diego Covarrubias, D. Martin Azpilcueta, Antonio Gomez, Luis Velazquez de Avendaño, Feliciano Solis y otros muchos. No ocultaron su opinion ó su sospecha sobre la inmoralidad de tales contratos Alfonso de Acevedo, Bartolomé de Albornoz, Gaspar Rodriguez Parladorio, D. Fernando Gonzalez Socueva y otros jurisconsultos y moralistas. Mas no era solamente en este concepto en el que los atacaban sus adversarios, sino tambien en otro en que tenian menos defensa, el de la conveniencia pública. De enemigos de la agricultura y de las artes y fomentadores de la ociosidad y la pobreza, los acusa-

(1) L. 5, 2, 4 y 9, t. 4, lib. 3, Nov. Recop. de Navarra.
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ron Lopez Deza, Mateo Lopez Brabo, Pedro Fernandez Navarrete, Sancho de Moncada, D. Juan Solorzano, Alfonso de Olea, D. Tomás Anzano y otra multitud de escritores, juristas y políticos.

Alfonso de Acevedo, sosteniendo que para «asegurar las conciencias gravadas con los censos adquiridos por este precio,» fue necesario reducir sus réditos, sin indemnizar á los censualistas despojados (1), daba á entender muy claramente su opinión acerca de tales contratos. No disentía de ella Albornoz, cuando aseguraba que las Extravagantes de Martín V y Calisto III, prueba incontestable entonces de la justicia de los censos, no constituían derecho general (2). Gaspar Rodríguez, escribiendo especialmente de esta materia (3), mostraba más claramente su intención, cuando decía que en Galicia, su patria, no se usaban los censos temporales, y con razon, porque los mismos graves doctores que los aprueban, confiesan «que son sospechosos, y por lo tanto debe aconsejarse á los cristianos que se abstengan de ellos.» Parladorio, más explícito todavía, los declaró resueltemente usurarios. D. Juan Valenzuela atribuía á la avaricia, á la necesidad y al desenfreno de las pasiones, la introducción de los censos en los reinos de Aragón y Sicilia (4). Viiniendo á tiempos más modernos, tampoco se mostraron méños adversarios de ellos por iguales motivos, los escritores juristas que en el último siglo trataron especialmente de esta materia. D. Fernando Gonzalez de Socueva, veinticuatro de Sevilla y relator de su Audencia, escribiendo á mediados del último siglo sobre el estado de los censos, decía después de mucho discutir sobre su legalidad: «Lo cierto es que »se dan dineros para cobrar de ellos réditos. Pero como las necesidades »humanas hagan tolerables muchas cosas peligrosas, éstas han forzado »que las leyes permitan los censos que no inventaron, y que los procuren »justificar con moderaciones y tasas» (5). Poco después escribía D. Vicente Vizcaíno sobre la misma materia, que no hablaba de la moralidad de los censos, porque le imponían silencio las leyes eclesiásticas y las civiles, por más que teólogos y jurisconsultos confiesen que son contratos tan equivocos con la usura, que no pueden distinguirllos, y añadía, «no porque

(1) Comment. in Hisp. reg. constitutiones, lib. 5, t. 16, ad leg 6.
(2) Obr. cit. t. 2, De los censos al quitar.
(3) De annuis et mensuis redditibus. Medina, 1604, lib. 1, quest. 5.
(4) Consilia sive responsa juris. Lugduni 1671. cons. 201, n. 3, 4, 8 y 27.
(5) Estado actual de los censos más frecuentes en estos reinos y aquel á que deben reglarse sus réditos y condiciones. Sevilla 1759, c. 1, pár. 1.
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se permitan los censos son buenos, pues tambien se permiten los lupa-
nares» (1).

A estas criticas oponian los defensores de la institucion, como Soto y otros muchos, que siendo licito el censo reservativo, por consistir en la venta de una finca, por precio de un rédito annuo, no podia ser ilicito el consignativo, que se reduce á la operacion inversa, ó sea la venta de un rédito por precio de un derecho real sobre determinada finca (2). A los que negaban á este contrato el carácter de compra-venta, porque decian que antes de constituirse el censo no habia cosa vendible, contestaba Juan Medina (3), que lo era el derecho á percibir, con cargo á la finca acensuable, cualquier porcion de sus productos perpetua ó temporalmente. Y aunque severo moralista, añadía que la adquisicion de censos no era por si acto ilícito, sobre todo para los que no pueden dedicarse á la industria ó al co-
mercio: que tampoco eran contratos usurarios, aunque por su medio solia ejercitarse la usura: que los censos vitalicios semejantes al precario y al ar-
rendamiento, no eran como algunos creian usurarios, y que ni aun lo eran los constituidos por tiempo fijo y á fondo perdido, como hoy se dice, aun-
que el imponente llegara á recibir por réditos, mayor suma que la del ca-
pital, si ofrece algun riesgo el negocio ó hay causa que pueda hacerlo des-
merecer. Porque era venta del derecho de exigir una pension, y no podia el censualista como el mutuante, reclamar la devolucion del capital, de-
fendio el P. Mercado que no habia en el censo simulacion de prestamo, y
podia adquirirse con conciencia segura (4). Esta misma doctrina sostuvieron
el P. Molina (5), Solis (6), Velazquez Avendaño (7) y otros muchos juris-
consultos y teólogos.

Mas no puede negarse que los mismos defensores del contrato solian á veces mostrar desconfianza de sus propias opiniones, y cierto recelo de que acertaran sus adversarios. Los mas convenian en que esta materia de censos, como odiosa y sospechosa de suyo, era de interpretacion estrecha.
El P. Mercado, decia que «este contrato, siendo licito y seguro, ha sido

(1) Discursos politicos sobre los estragos que causan los censos. Madrid 1766, nú-
mero 31 al 34.
(2) Dejust. et jur. lib. 6, quest. 5.
(3) Codex de restitutione et contractibus, publicado en 1546 despues de la muerte
del autor, bajo los auspicios del cardenal Siliceo.
(4) Suma de tratos, etc., lib. 4, c. úit.
(5) Dejust. ejur. vol. 2. De contractibus. Tract. 2, disput. 185.
(6) Comentarii de censibus. Alcalá 1594.
(7) Tract de censibus Hispaniae. Alcalá 1614, c. 18.