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expediente. Mas como entretanto continuaran las demandas de despojo contra los foristas, el diputado general del reino, marqués de Bosque-Florida solicitó del Consejo en 1765, que mientras no se resolvía el expediente gubernativo, suspendieran los tribunales todo procedimiento de despojo y repusieran los foros al estado que tenían en 1759. El consejo temeroso quizá de mayores conflictos, y resuelto sin duda á proponer en su dia la renovacion forzosa solicitada, dictó la real provision de 1763 mandando á la Audiencia, juzgados y tribunales de Galicia suspender los pleitos pendientes sobre foros, y no permitir el despojo de ningun forista que pagara la pension acostumbrada, mientras que no se resolviera el indicado expediente. Mas éste tardaba en resolverse y saltaba á la vista la injusticia de no permitir alteracion alguna en las pensiones, concluidas las voces, cuando valian mucho más las tierras y había subido el precio de todas las cosas. Estas consideraciones hubieron de originar una real provision de 1766 y una real orden de 1767, mandando regular y tasar en caso de discordia entre los interesados las pensiones de los foros que continuaran, conforme á lo resuelto en 1763. Mas tampoco hubieron de aceptar este temperamento los patronos de los foristas, y aprovechando quizá el momento en que predominaban en los consejos de la corona los adversarios más decididos de la tasa oficial de precios, lograron en 1768 la derogacion de las disposiciones recientes que prescribían la do las pensiones forales. En su consecuencia quedó restablecida plenamente la real provision de 1765, pero no sin que su ejecucion diese lugar á dudas, que durante algun tiempo hicieron vacilar la jurisprudencia en punto á admitir demandas relativas á foros. Fomentaron tambien estas dudas una real provision de 1776 que mandaba entender la prohibicion de despojar á los foristas sin perjuicio de oir al señor directo sobre la nulidad del contrato, y una resolucion del Consejo de 1784 desestimando la pretension de que se decidiera cierta demanda pendiente en la Audiencia de Galicia sobre nulidad de un foro. Pero al fin, vino á resolver estas dificultades una orden del Consejo dirigida á la misma Audiencia en 1785, prohibiendo admitir demandas sobre foros verdaderos ó presuntos, ó sobre despojo de los foristas, á cuya regla absoluta puso luego una excepcion la real cédula de 1789, que mandó admitir y sustanciar las demandas de nulidad de foros ó subforos, que se fundaran en falta de derecho para constituirlos, ó en lesion enormísima, pero advirtiendo que no se ejecutase la sentencia que recayese sin dar cuenta al Consejo y esperar su resolucion. Desde entonces la Audiencia referida y la cancilleria de Valladolid no volvieron á admitir, sino en los raros casos exceptuados, ninguna
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demanda cuyo objeto ó cuyo resultado fuese alterar el estado actual de posesion de los foros.

De este modo quedó consumada una grande y trascendental expropiacion sin indemnizacion previa ni suficiente aunque por causa pública, fundada en la perturbacion que produciría el despojo de los foristas. Sin embargo, aquella providencia, por más que fuese injusta y atentatoria á los derechos de la propiedad, no fué en realidad tan violenta ni tan injustificable como á primera vista parece. Si los dueños directos se hubiesen hallado en la quieta y pacífica posesion de recobrar el dominio útil de sus fincas al terminar los foros, dándolas de nuevo á quien mejor se las pagase, de seguro no habrían sufrido semejante despojo. Pero el hecho era que la mayor parte de los foristas solían perpetuarse en el disfrute de sus heredades por medio de renovaciones periódicas, que no negaban los dueños, y esta posesion tan continuada y consentida, quebrantaba, no el derecho, pero sí el vigor del derecho de estos, al paso que daba cierto color de derecho al hecho de aquellos. Algunos propietarios pugnaban por ser reintegrados en los bienes que con el trascurso del tiempo estipulado dejaran de ser forales, y esto bastaba para dar á conocer la inmensa perturbacion que producirían tales reversiones, si las solicitaran todos los que tenian derecho á ellas; pero la mayor parte del dominio territorial directo de Galicia pertenecía á la iglesia, á mayorazgos, ó manos muertas de todas especies, que tenian generalmente la costumbre de renovar sus foros, y por lo tanto la providencia de 1763, sin dejar de ser una violacion manifiesta del derecho de propiedad, no produjo una violenta y repentina perturbacion material en el estado posesorio, antes bien confirmó el que existia de hecho, dejando en suspenso indefinidamente las acciones que pudieran alterarle. La resolucion fué sin embargo interina hasta que se dictara la definitiva en el expediente sobre renovacion de foros mandado instruir, y esto hubo de aquietar al pronto á algunos interesados, á quienes perjudicaba, pero ha pasado más de un siglo y el expediente está sin resolverse todavía. Ni se resolverá ya, porque el tiempo con su autoridad misteriosa ha hecho á los foristas casi propietarios, del mismo modo que en la antigüedad daba al fin el dominio de las tierras á los que con mejores ó peores títulos se mantenian en su posesion largos años.

Mas la perpetuidad otorgada á los foristas en 1763 produjo tambien otras consecuencias muy graves en la organización de la propiedad territorial de Galicia. Seguros ya los foristas de no ser despojados, creció extraordinariamente el número de foros, porque hubo más labradores que los
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solicitaran, se constituyeron con toda seguridad multitud de sub foros, y los vinculistas, tan numerosos en Galicia, se dieron á aforar sus bienes por pensiones exiguas, pero con gratificaciones de presente en dinero muy considerables, que ellos sólo aprovechaban en perjuicio de los sucesores inmediatos, á quienes dejaban así harto menguadas sus rentas vinculares. La misma seguridad sirvió de estimulo á los foristas para dividir y subdividir por herencias ó enajenaciones las tierras forales, dejando de este modo al señor más bien, que el dominio directo, un derecho real, vago é indeterminado, parecido al de hipoteca.

De la facultad de dividir, subdividir, subforar y enajenar los bienes forales, resultó la necesidad del juicio llamado de prorateo, establecido para los poseedores de tales bienes repartirán entre sí la pension que debían pagar al dueño directo, en proporción á la parte que poseía cada uno, reconoecieran y renovaran esta obligación y nombraran entre sí un recaudador llamado cabezalero que cobrara la cuota de cada uno y pagará íntegra la pension al dueño. Mas á pesar de que este juicio debía repetirse cada diez años y á costa de los foristas, la complicación y confusión de los derechos territoriales llegó á tal extremo, que muchos dueños directos dejaron de conocer sus líneas forales, y fué necesario obligar á los foristas á señalarlas, por medio de las mismas actuaciones, so pena de tener por aforadas todas las que poseyeran en el lugar y cuyo dominio absoluto no justificasen competentemente. Creciendo aún más la subdivisión de los dominios y la confusión de bienes de diverso origen, llegó á suceder que ni el forista, ni el señor, ni aún el cabezalero pudieran en algunos casos señalar y deslindar las heredades aforadas, y entonces fué necesario que los jueces hicieran á su prudente arbitrio la división y prorateo de las pensiones por indicios y conjeturas, sin que los juristas hayan llegado á convenir hasta ahora en si el arbitrio judicial debe inclinarse en tal caso á favor del aforante, en pena del abandono del forista, ó á favor del forista para castigar el descuido del aforante en solicitar oportunamente los apeos y reconocimientos necesarios (1). Pero de cualquier modo que estas cuestiones se resuelvan, lo que principalmente se desprende de ellas es que en casos tales deberá considerarse perdido, en rigor de derecho, el dominio directo del dueño. Así la perpetuidad de los foros, contribuyendo á subdividirlos y multiplicarlos, no sólo redujo gravemente los derechos de la propiedad, sino que ha acabado en algunos casos con ella.

(1) Horbella, Derecho práctico y estilos de la real Audiencia de Galicia, c. 12.
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Si la suspension de las reversiones hubiera sido en realidad una providencia interina, según la intención de los que la dictaron, no habría dado lugar á tales conflictos, pues á medida que ha ido prolongándose el estado posesorio se han multiplicado los foros y subforos y los censos y gravámenes sobre ellos, creciendo la confusión de bienes y derechos que suele ocasionar su pérdida. Así, cuanto más tiempo ha ido trascurriendo, tanto más se ha ido dificultando la solución del problema planteado en 1763. Pero después de esta fecha escribía D. Francisco Somoza su obra de los Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia, y aprobando la suspension de los despojos de los foristas, y conviniendo en que la perpetuidad de los foros era favorable á la riqueza, creía, sin embargo, que no podía imponerse generalmente su renovación, como no fuera á la Iglesia, que solía concederla voluntariamente y en circunstancias extraordinarias á los dueños seculares poderosos. Quería que en todo caso equivalieran las pensiones á una parte alicuota del fruto, aunque no fija, y al fin propendía á resolver la cuestión, autorizando á los foristas para redimir el dominio directo, obligando á los señores á aceptar la redención cuando les fuera propuesta por aquellos y reduciendo las pensiones exorbitantes ó usurarias. Esta solución es hoy mucho más difícil, porque es infinitamente mayor el número de los señores á quienes habría que imponer el sacrificio, tanto por haberse aumentado los foros, cuanto por haberse distribuido y subdividido entre multitud de nuevos dueños los dominios antes acumulados en las manos muertas acostumbradas á la renovación foral. Después se han promulgado diferentes leyes libertando á la propiedad de gravámenes que estorbaban al fomento de la riqueza, y aunque algunas de ellas han violado derechos adquiridos y muchos intereses creados, ninguna ha pretendido alterar el estado posesorio de los foros (1), que trae origen de una ley injusta y arbitraria, da ocasión á graves abusos y condena á las provincias que lo sufren á la pobreza y á la miseria.

III.

ORÍGENES Y PRIMERAS VICISITUDES DEL CENSO CONSIGNATIVO.

Hacía muchos siglos que los dueños de tierras las utilizaban dándolas á cultivar ó beneficiar á colonos que las usufructuasen, con ciertas cargas,

(1) Cuando se escribió este artículo no se había promulgado la ley de 1873 que autorizaba á los foristas para redimir forzosamente sus foros. Pero como la ejecución de esta ley fue al poco tiempo suspendida, no creo necesario tratar de ella.
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cuando se inventó otro género de contrato llamado censo, aunque no tenía con los antiguos la menor comunidad ni semejanza. El objeto de estos era la labranza de lo inculto ó la reparación de lo ruinoso, mediante la transmisión á un tercero del dominio útil de lo mismo, sirviendo de garantía la reserva del directo y los demás derechos dominicales. El objeto de los nuevos censos, llamados después consignativos, fué obtener capitales mediante la obligación de pagar por ellos pensiones ciertas y periódicas, aunque redimibles, consignadas sobre fincas fructíferas, las cuales sin salir del poder de sus dueños, servían de garantía á la misma obligación. Así como por la enfeiteusis se adquiría el derecho á todos los frutos de un predio, mediante el pago de cierto cánon, así por el censo consignativo se adquiría el derecho á una parte fija de los réditos de una finca, mediante la entrega al dueño de un capital determinado.

Además entre unos y otros censos, había otra diferencia concerniente á su origen, que explica la distinta fecha de su nacimiento. Los enfeiteúticos fueron á mi juicio, la expresión histórica de la formación y desenvolvimiento de la renta territorial, y respondían por lo tanto, á una necesidad importante de la sociedad y de la naturaleza. El censo consignativo, de menos noble origen, lo trae de leyes puramente convencionales, tan ineficaces en sus fines, como erróneas en sus medios y fundamentos, y por lo tanto no tuvo necesidad de existir hasta que fué indispensable buscar un temperamento, que sin violar directamente estas leyes, eludiese en la práctica sus tristes efectos. El dinero no produce dinero, decian los teólogos y jurisconsultos de la Edad Media, y por lo tanto, todo interés ó rédito que de él se exigiese, carecía á sus ojos de justificación económica y de fundamento legítimo. De aquí las leyes rigorosas contra la usura y la doctrina de que obligaban en conciencia; y cómo ni la industria, ni el comercio podían alimentarse y crecer sin el auxilio de capitales, que era en vano pedir al crédito gratuito, fué menester, ó quebrantar directamente aquellas leyes, ocultando la usura en los préstamos, ó inventar contratos, que como el de censo consignativo, surtiesen los efectos del préstamo á interés, sin estar literalmente comprendido en las leyes económicas y civiles que lo condenaban como usurario. Poreso pertenece esta institución á los tiempos modernos, empezando por las naciones más adelantadas en su industria y comercio, y coincidiendo en todas partes con el crecimiento de la riqueza mueble, si las leyes contra la usura le oponían en la práctica algún embarazo.

Alemania (si no se anticipó Italia, como es probable, aunque no consta)
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fué al parecer, la cuna del censo consignativo. La memoria más antigua que de él se halla, es la que ofrece una decretal de Martín V de 1420, dirigida á los obispos de Tréveris y Lubek, en la cual se dice que en estas y otras diócesis, se usaba, hacia ya mucho tiempo, aquel contrato, inventado por los contrayentes y no autorizado por ninguna ley civil. Como que cualquiera que fuese el nombre que se diese á este contrato, se simulaba con él muchas veces, un préstamo á interés condenado por derecho, el primero de aquellos prelados acudió al Papa manifestándole que se imponían censos desde el 10 al 14 de capital por uno de rédito; que pasaban ya de 2.000 los establecidos en su diócesis, con la calidad de redimibles á la voluntad de los censatarios; que muchos de ellos servían de dotación á beneficios eclesiásticos, y que no pocos de los mismos censatarios se negaban á pagar sus pensiones, alegando que por la usura que envolvían, eran ilegales estos contratos. La malicia interesada fué, pues, más diligente que el celo apasionado de los teólogos que acusaba de ilícito el censo; pero como aún produciendo este contrato los efectos del préstamo, tenía la singularidad importante de diferenciarse de él, si perpetuo por su misma duración, y si redimible, por no poder exigir la redención el consularista, el sensato Martín V declaró que tales contratos eran licitos y que los censatarios podían ser obligados á su cumplimiento (1). Todavía volvieron á suscitarse dudas sobre si sería ilegal por usurario, el censo en que se estipulara la facultad de redimir por partes, aminorándose la pensión á medida que se fuera reduciendo el capital, y la cesación en el pago del rédito, cuando desapareciese del todo la finca acensuada; y consultado el Papa Calixto III, las resolvió en 1455, declarando también válidos los contratos censuales aunque contuvieran estas estipulaciones (2). La Iglesia fué, pues, la primera que dió su sanción al censo consignativo que el interés de la industria y del comercio sugiriera, desvaneciéndose para ello escrúpulos livianos, y considerando, sin duda, que no había razón para condenarlos por extremado rigor de lógica en las aplicaciones de la doctrina que anatematizaba la usura.

Estaban ya autorizados los censos por la primera al menos de las decretales referidas, y se usaban en Sicilia, cuando se introdujeron de este reino en el de Aragón, al unirse ámbas coronas. Alfonso I, después de haberlas juntado en su cabeza, pidió al Papa Nicolás V que remediara el

(1) Cap. 1, t. 5, lib. 8. Extrav. comm.
(2) Cap. 2, t. id., id.
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daño de sus vasallos, «permitiéndoles una forma de censo con que aliviar sus necesidades, sin perder sus almas.» Una Constitución de aquel Pontífice, dictada entre 1447 y 1455, declaró que licitamente y sin usura, podían venderse y comprarse censos á carta de gracia, reservándose el vendedor la facultad de redimir el capital, tanto por tanto, y obligando los contrayentes sus personas y bienes de todas clases, con los pactos y penas que juzgaran convenientes para su seguridad, siempre que la pensión anual estipulada no excediera de una décima parte del precio ó capital entregado. Esta Constitución hubo de ser dictada únicamente para los dos reinos referidos, y por eso no se insertó como las otras dos citadas entre las Extravagantes comunes, por más que se observara también en algunos otros Estados (1).

Algunos años más tarde se introdujo de Aragón en Castilla el uso de los censos, siendo de notar que los más antiguos de que hay memoria, coinciden con la expulsión de los judíos, á quienes, como es sabido, no estaba vedada la usura (2). Así es de presumir que mientras estos negociantes proveyeron con sus capitales á las necesidades del crédito, no hubo de ser frecuente, si es que llegó á existir, el uso del censo consignativo; y cuando ellos desaparecieron de Castilla, es cuando más hubo de sentirse la necesidad de esta forma indirecta del préstamo oneroso. Albornoz en su tratado De contratos (3), asegura, en efecto, que en su tiempo no había memoria de censos de esta especie anteriores á 1492, en que tuvo lugar aquella expulsión desastrosa. Y no fué el legislador quien los introdujo en este reino, sino la costumbre, pues la primera ley castellana que hizo mención de ellos, fué la que D. Carlos y doña Juana promulgaron en 1528, conminando con la multa equivalente al duplo del capital, á quien vendiera censos sin manifestar los anteriormente impuestos sobre la finca consignada (4).

(1) Vela, Dissertat. juris controvers. Coloniae 1761, Dissert. 28, n. 54 ad 57.
(2) Algunas veces se prohibió la usura también á los judíos, mas las leyes que tales prohibiciones contenían, no llegaron á tener efecto y las que prevalecieron y regían á fines del siglo xv, eran las que les tasaban el interés que podían exigir en sus contratos de logro. En aquella época no se podían éstos estipular á más de 3 por 4 ó sea 25 por 100.
(3) Tit. 2. De los censos el quitar.
(4) La ley 68 de Toro, que mandó cumplir la condición de caer la finca en comiso por falta de pago, si fuera estipulada, aunque anterior á la de Carlos I, se refería únicamente al censo enfitético y al reservativo, y así fué siempre entendida por los juriscosultos.
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No consta si los censos fueron desde luego usados en Castilla con la misma tasa del 10 por 100 que Nicolás V autorizó en Aragón: es lo más probable que no se sujetaran á ninguna fija, puesto que no hubo ley que lo estableciera determinadamente para este reino, hasta que D. Carlos y doña Juana dictaron la primera en 1534. Estos monarcas, viéndolo tributo á las opiniones dominantes sobre la oscura, la tasa y la reglamentación comercial que tanto incremento habían adquirido desde los Reyes Católicos, dieron á un mismo tiempo el interés de los cambios, giros y demás contrataciones honestas y el precio de los censos, introducidos «de pocos tiempos acá,» según dice el texto de la citada pragmática. Publicáronse, pues, en el referido año una que limitó á 10 por 100 el interés de aquellas negociaciones (1), y otra que prohibió fundar censos redimibles frumentarios, ó á pagar en otra especie que dinero, á fin de que por el precio vario de los frutos y la diversidad de las cosechas, no excediera nunca el rédito de una tasa cierta y moderada (2). Con esta y otras leyes parecidas, se trató de desvirtuar el carácter un tanto usurario de los censos en el concepto de muchos moralistas y teólogos, evitando el daño y grave lesión de los que por necesidad, según dice la misma ley, gravaban sus bienes con ellos.

Pero la disposición más grave de esta pragmática, fue la que mandó que los censos hasta entonces impuestos se reduzcan á dinero á respecto de 14.000 maravedís al millar del precio que ovieren dado por ellos los que los compraron (3). Esta prescripción se limitó por entonces á los

(1) Compilacion de leyes y nuevas prématicas hechas desde 1529 por Andrés Martínez de Burgos. Medina, 1551; lib. 5, t. 4, l. 1.*
(2) L. 3, t. 15, lib. 10, Nov. Rec.
(3) Así dice el texto de esta pragmática, según se insertó en la Nueva compilacion de leyes y nuevas prématicas hechas desde 1529, con un repertorio decisivo de las mismas, compuesto por el licenciado Andrés Martínez de Burgos. Medina, 1551. En los mismos términos apareció en la primera edición de la Recopilacion hecha en 1671. Mas en la segunda y posteriores ediciones de este código, así como en la Novísima de 1805, resultó alterado este texto de un modo que puede hacer dudar de su sentido, pues dice: "Los contratos que hasta aquí se ovieren hecho i hicieren de aquél adeudante, se reduzca el dinero, que se oviere dado por el caso de las tales cosas, á respecto de 14.000 maravedís el millar, para que se pague en dinero i no en las dichas cosas. (L. 4, t. 15, lib. 6, Rec). Esta cláusula parece referirse, así á los censos de especie como á los de dinero impuestos hasta entonces, y no á los primeros únicamente, según el sentido claro y explícito del texto primitivo de la pragmática. Hasta envuelve un contrasentido el texto moderno, porque para ajustar á 1 por 14 el ciento impuesto á 1 por menos de 14, que era la intención del legislador, no se necesitaba "reducir el dinero dado por él," sino aumentarlo ó reducir el rédito, que es justamente la operación contraria.
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censos frumentarios, puesto que no se refiere la pragmática, según su texto primitivo, á los que debían pagarse en dinero; pero habiendo sido hasta aquel momento tan lícitos los unos como los otros, según el derecho civil y el canónico, y no habiendo ley tampoco que tasara su precio, pues que las Extravagantes de Martín V y Calixto III no lo señalaron y el Breve de Nicolás V no se dió para Castilla, aquella disposición retroactiva envolvía una violación manifiesta del derecho de propiedad y de los límites de la potestad soberana, á la vez que una expropiación violenta, sin causa y sin indemnización, siendo además un triste ejemplo que sirvió después de fatal precedente á otros abusos de la misma índole. Fué violada la propiedad del censualista, porque equivaliendo á ella ó á cierta participación en el dominio, su derecho real sobre la finca acensuada, para percibir una porción cierta de sus productos, reducir la cuantía de esta porción, aunque fuera eventualmente, cambiando la especie en que se había de verificar el pago, era despojar al dueño del censo de una parte del capital que representaba y valía su derecho adquirido sobre la misma finca. Compra del derecho real á percibir una pensión cierta, llamaban los jurisconsultos á la constitución de censo, para que no recayeran sobre este contrato los anatemas fulminados contra el préstamo á usura; y siendo esto así, reducir á dinero y á tasa los réditos pagaderos en especie, era tan injusto como sujetar á revisión los contratos de venta de fincas cuyo precio se hubiera pagado en frutos, á fin de que, si reducidos estos á dinero, no llegara aquel á cierta cuantía, se obligara al comprador á abonar la diferencia. Traspasó el legislador los límites de su potestad, puesto que no la tiene para despojar á nadie de lo suyo, fuera del caso de necesidad pública y con sujeción á las leyes. Fué aquella, en fin, una expropiación injustificada, según el derecho escrito vigente, aún admitida, por causa legítima, la conveniencia de aumentar el ródito de los censos, que ninguna ley tasaba hasta entonces, pues que no se dió el «buen cambio» que exigía la de Partida, por más que los jurisconsultos apasionados á las doctrinas imperialistas lo estimaran innecesario, cuando no era individual la expropiación.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Su continuará.)