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Julio, dado que no sea de ella fiel trasunto la obra del partido moderado.

Con el paréntesis del bienio de 1854 á 1856, en que por cuarta vez se exhumó, con problomático acierto, la asendecada ley de 3 de Febrero, mientras las Constituyentes daban cima á lo que segada en flor por los sucesos de Octubre de 1856, se custodia en el archivo del Congreso, con ese paréntesis, repito, la ley municipal de 8 de Enero de 1845 fué la que hubo de alcanzar mayor longevidad, puesto que continuó en observancia, reformada por el Sr. Gonzalez Bravo, hasta la revolucion de Setiembre de 1868.

La teoría que encarece la necesidad de sostener la accion protectora y tutiva del Estado sobre las municipalidades, acomodada al régimen monárquico-constitucional, brilla en esa ley en todo su esplendor. El nombramiento de los alcaldes por la corona; la facultad del gobernador, ó del Gobierno en su caso, de aprobar los acuerdos de los ayuntamientos de carácter deliberativo; la reservada á la primera de dichas autoridades para suspender de oficio, ó á instancia de parte, los que sean ejecutorios; la prohibicion de emprender cualquiera mejora material cuyo costo exceda, según el vecindario, de 200, 500 ó 2,000 reales, sin la autorización de los superiores gerárquicos; el examen y aprobacion que á estos correspondía de las elecciones, presupuestos y cuentas municipales; la facultad, finalmente, de suspender y destituir á un alcalde, teniente ó regidor y la de suspender y disolver un ayuntamiento que el gobernador ejercía mediando causa grave, por él apreciada, prueba notoria y evidentemente nuestra aseveracion. Que la legislacion de 1845 extremó la accion tutiva del Estado sobre las corporaciones locales, es á todas luces evidente (1).

Duros ataques, terribles censuras, criticas acerbas y violentas ha sufrido la legislacion de que se trata, agravados quizás los cargos por el espíritu de partido que todo lo pervierte y envenena. Ni por conviccion, ni por otras causas, tenemos el deber de salir á la defensa, en conjunto, del sistema administrativo de 1845. Diremos, sin embargo, que contra él se acumularon todos los argumentos con que combaten la centralizacion sus implacables adversarios. Que comprimia ó sofocaba el espíritu local; que extinguia ó amortiguaba la iniciativa del municipio, el sentimiento del deber y de la responsabilidad personal; que contenía el libre desarrollo de la inteligencia y de la actividad individual para tratar los negocios de interés comun, escuela provechosa donde se forman los hombres politicos; que

(1) Art. 9, 54, 67, 68, 80, 81, 98 y 107 de la ley municipal de 8 de Enero de 1845
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con embarazosos trámites y abrumadores entorpecimientos eternizaba la resolución de los negocios, fatigando el ánimo de los concejales de más perseverante voluntad; que atraía al centro toda la vitalidad, dejando exánimes las extremidades, todo esto y mucho más se dijo contra la legislación de 1845, exarceba los con frecuencia los ataques por las exageraciones de la pasión política.

No hemos de entrar ahora á exponer los razonamientos que en el terreno de la doctrina y de la experiencia aducen los que defienden como una necesidad social, el pensamiento de vigorizar los resortes de la autoridad con una prudente y moderada centralización; materia es esta objeto de empeñadas discusiones científicas á que han consagrado su inteligencia e ilustración distinguidos escritores. Haremos constar, no obstante, que no puede ser más elocuente y significativo el espectáculo de la Francia republicana, conservando los alcaldes nombrados por el gobierno y los principios fundamentales de la legislación administrativa del imperio y de la monarquía de Julio.

En defensa de las leyes de 1845, evocaban sus autores ó panegiristas la situación del país cuanto se publicaron. Presa durante siete años de una encarnizada y sangrienta guerra civil, sucediéndose después con vertiginosa rapidez los motines, pronunciamientos y revoluciones, irritados los ánimos, enconadas las pasiones políticas, por extremo debilitado el principio de autoridad y conmovidos á cada paso los fundamentos del orden público, era, decían, por todos reconocida la necesidad de robustecer la acción del poder central para refrenar las maquinaciones de los conspiradores, moralizar la administración y restablecer la disciplina social. La ley de 3 de Febrero, dejando en triste desamparo los intereses generales del país fuera de la acción y vigilancia del gobierno y de sus agentes, contribuía en gran manera á propagar el desconcierto de la administración; así que, según los conservadores, cuando la fuerza de las cosas no lo exigiera imperiosamente, la sana razón, el patriotismo y las inspiraciones del buen sentido aconsejaban derogar una ley viciosa por su espíritu y sustenta en su aplicación y en sus efectos.

¡Traspasaron el gobierno y los legisladores de 1845 los límites de la moderación y de la conveniencia al organizar como lo hicieron la administración municipal y provincial? Dadas las circunstancias, las exigencias de la política y el influjo de las ideas dominantes en la esfera oficial y en gran parte del país, pudiera creerse que no; pero también sostenemos con pleno convencimiento que una vez restablecido vigorosamente el principio de
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autoridad, desarmados los elementos anárquicos, causa de anteriores disturbios, consolidado el orden moral y material, vuelta la sociedad á su asiento, no podía prolongarse ni justificarse la continuación de esa legalidad; de ahí que no tardaran en manifestarse dentro del mismo partido dominante tendencias y propósitos dirigidos á dar mayor ensanche á la vida del municipio y de la provincia, y á que se aflojasen algun tanto los lazos que estrechaban con tirantez mortificante las relaciones oficiales de los cuerpos populares con sus superiores gerárquicos. El real decreto de 16 de Febrero de 1853 creando una comisión encargada de revisar las leyes orgánicas administrativas, con el objeto de proponer las reformas que permitiesen á los ayuntamientos y diputaciones provinciales mayor expedición en el ejercicio de sus funciones, medida que reiteró otro decreto de 16 de Octubre de 1856, prueba nuestro aserto y acreditan que el mismo partido moderado se había convencido prácticamente de los graves inconvenientes que acarreaba la extremosa rigidez centralizadora del sistema plantead en 1845.

La revolución que estalló en Junio de 1854, destruyendo de cuajo aquel organismo político y administrativo y abriendo los diques á las corrientes descentralizadoras, hizo de todo punto inútiles los trabajos encomendados á la comisión nombrada en 1853, así como la caída del ministerio moderado en 1858 y el advenimiento al poder del presidido por el ilustre general O'Donnell trajeron con la nueva situación política, los proyectos de ley de ayuntamientos, de gobierno y administración de las provincias, de presupuestos y contabilidad municipal y provincial, presentados á las Cortes en 1860 por el Sr. Posada Herrera. Si bien lo ocurrido en el bienio de 1854 á 1856 en que, al decir de un ministro, se consideraba feliz el gobierno el día que pasaba sin denunciar un nuevo motín, si la experiencia de esos dos años no aconsejaba dar ámplio y peligroso ensanche á la libertad é independencia de las localidades, no por eso dejaron de conservar cierto prestigio y de correr en boga las ideas y la doctrina de los que, proclamando la unidad política de la monarquía como suprema, incontrovertible necesidad del orden social, recomendaban y sostenían la conveniencia de reformar las leyes administrativas con un criterio prudentemente descentralizador. Difícil era llegar á un acuerdo en las Cortes de los cinco años acerca de esta importante materia, atendida la diversa procedencia política de los elementos que constituían aquellas mayorías; rendimos, sin embargo, un homenaje de justicia al parlamento de que se trata, declarando, que sobreponiéndose la voz del patriotismo á ciertas disidencias, se aprobó por am-
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con él que con D. Alfonso. En cuantas crónicas se habla de él, por lo que atañe al menos á las que han llegado á mi noticia, se le cita como hombre turbulento, colérico, vengativo, soberbio y sanguinario.

Su vida, es decir, lo que de ella me ha sido dado rastrear, es curiosa y llena de dramáticos incidentes. En ella se reflejan las costumbres libres y galantes de aquella época de cortes de amor.

Ya he dicho que Beltran era el amante de la hermosa Matilde de Montagnac, esposa de Taylerand, hermano del conde de Perigord, á la cual en sus cantos llamaba delfina, según cuenta el Monge de las islas de oro, á cuya curiosísima crónica de galantes y de amores pertenecen algunos de los episodios de la vida de Beltran de Born que voy á referir, así como voy á referir también los motivos que dieron lugar á sus principales cantos.

Parece ser que Matilde llegó un día á reunir con su amante, á quien despidió por celos de otra dama llamada Guiscarla de Beaujeu. Hubo esto de afligir grandemente á Beltran de Born, el cual tomó la resolución é hizo voto de no reemplazarla jamás, mientras no encontrase otra tan bella, tan buena, tan agraciada y tan distinguida. Conforme á la costumbre de los trovadores, el amante despedido puso esta resolución en conocimiento de su amada, la cual se avino y consintió en ello.

Poco tardó en convencerse de que no hallaría otra mujer como Matilde, pues en ninguna hallaba las perfecciones que en ella, y decidió presentarse á su amada para manifestarle su desengaño y el deseo de volver á reanudar sus relaciones. La antigua dama se negó á esto último, y le dió el peregrino consejo de crear una querida imaginaria, escogiendo entre las damas que le eran conocidas lo que cada una tuviese mejor y más bello; una fisonomía agraciada, unos ojos negros y vivos, un talle gentil, unas buenas formas, un cutis sedoso, un pie pequeño, unas maneras distinguidas, una conversación agradable, etc. Así fué Beltran de Born requiriendo á las damas conocidas suyas para que le concediese cada una uno de los dones citados, y en el inventario que hizo sobre este asunto, va nombrando una por una á todas las damas á quienes se dirigía en demanda de auxilio para crear su dama imaginaria. Es el serventesio que comienza con este verso:

Donna pois de mi no'us cel.

Hubo de llegar por fin el trovador á encontrar y formar su belleza imaginaria, conjunto de todas las gracias recogidas entre varias damas, y á propósito de esto, compuso su serventerio:
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bas Cámaras y se publicó en 25 de Setiembre de 1863, la ley para el gobierno y administración de las provincias, la cual sin abandonar los principios conservadores, respecto á la acción protectora del Estado sobre los negocios de interés comunal, fué un grande y verdadero adelanto con paso firme en el camino de la descentralización.

Complemento de esa ley vino á ser la de presupuestos y contabilidad provincial de 20 de Setiembre de 1865, obra notable, que tanto por la precisión y claridad de sus acertadas disposiciones, como por la institución del cuerpo de contadores de fondos provinciales, nombrados por oposición, pudo sobrevivir á las vicisitudes y alteraciones de estos últimos años. De lamentar es que no hubiesen alcanzado igual éxito el proyecto de ley de ayuntamientos y el de contabilidad municipal, completando bajo un sistema armónico y uniforme toda la organización administrativa del país. Decimos que es de lamentar, no porque creamos en la estabilidad y permanencia de las leyes, cualquiera que sea su bondad relativa, en un país tan perturbado como el nuestro, sino porque tal vez hubiesen salvado del naufragio revolucionario y demágogo algunos principios de orden y gobierno, como ha sucedido con el cuerpo de contadores de fondos provinciales. Urge aplicar con valor el cautelio á la llaga social que destruye la administración en España; urge poner remedio al mal que ocasionan los cambios y las transformaciones continuas del personal indocto ó incapaz que abunda en los centros dependientes de los cuerpos populares; urge que en la provision de los destinos la inteligencia sustituya á la ignorancia, el mérito acreditado al favor y al compadrazgo, la justicia á la arbitrariedad, la honradez y el celo al abandono ó negligencia punibles; y esto no se conseguirá mientras no se sujete el ingreso en la carrera administrativa á rigorosos ejercicios ante un tribunal de oposición. A ese fin iban encaminadas las leyes de contabilidad municipal y provincial, importantes por las garantías que prestaban á la recta versación del caudal de los pueblos y de las provincias, y en este concepto nos dolemos que la primera no hubiera sido aprobada por las Cortes de 1860. Un ministro ó una corporación poco escrupulosos en remover los empleados, se detienen cuando estos lo son por concurso, por oposición, y cuando no fueran ni poco ni mucho escrupulosos, los tribunales se encargarían de reparar los derechos violados y los atropellos inferidos.

Otros dos proyectos de ley de ayuntamientos fueron sometidos á la deliberación de las Cortes sin haber sido aprobados y apenas discutidos: uno en Noviembre de 1863 por el ministerio de que era jefe el marqués de Miraflores, y el otro en Marzo de 1866, por el que presidia el general O'Donell.
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Un moderado y juicioso espíritu descentralizador revelan las fundamentales disposiciones de ambos proyectos. El que lleva la firma del Sr. Rodriguez Vaamonde, encomendaba á los ayuntamientos el nombramiento de los alcaldes; problema de difícil-solucion, si se han de conciliar los intereses generales del Estado con la libertad e independencia de las municipalidades en el terreno de la administracion; el Sr. Posada Herrera establecia en el segundo de dichos proyectos una oportuna division entre las atribuciones politicas y las de carácter administrativo, con el objeto de confiar las primeras, cuando se estimase conveniente, á un delegado del gobierno, amovible y retribuido, reservando por completo las segundas á la accion libre y expedita del cuerpo municipal. No era nueva esta teoria; al palenque de la discusion vino siempre que en los parlamentos se ventilaron tan complejas y graves cuestiones, siendo fuertemente combatida por los que temen, acaso con fundamento, que pudieran surgir serios conflictos y embarazosas competencias, por todo extremo perjudiciales, supuesta la coexistencia de dos autoridades de diverso origen y contrarias tendencias, mucho más no estando bien definidas y deslindadas sus respectivas facultades. Ni uno ni otro proyecto, repetimos, llegaron á obtener la aprobacion de las Cortes, y en observancia continuaba la ley de ayuntamientos de 8 de Enero de 1845 cuando para reformarla en sentido restrictivo se publicó el real decreto de 27 de Octubre de 1866 refrendado por el Sr. Gonzalez Bravo.

Basta leer la exposicion de motivos ó el preámbulo de ese decreto para comprender clara y distintamente el espíritu político que entrañaba una reforma, á nuestro juicio innecesaria, de puro lujo reaccionario, quizás peligrosa, supuestas las miras, propósitos y tendencias de un gobierno que se proclamaba, sin ambages ni reservas, de franca y abierta resistencia. Los sucesos de Setiembre de 1868 ofrecen una leccion elocuente para aquilatar la eficacia de ciertos procedimientos en las esferas del poder cuando chocan con las corrientes de la opinion.

La organización administrativa, entonces vigente, desapareció á impulsos del movimiento revolucionario, que á duras penas pudo contenerse y encauzarse, facilitándole anchurosas válvulas de respiracion. El sufragio universal y los principios de la escuela democrática variaron de raiz la situacion de las cosas, y concluyeron con la accion tutiva del Estado sobre los servicios de interés local.

De intento dejamos para este lugar exponer el juicio que nos merece la ley de 5 de Julio de 1856, obra de las Cortes Constituyentes, elaborada durante un periodo de agitacion y de lucha, en que hubieron ya de asomar
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con amenazadora actitud principios contrarios al gobierno monárquico y al progreso pausadamente pacífico de nuestras instituciones. Justo es, sin embargo, declarar que aquellas Cortes hicieron cuanto era posible, dadas las circunstancias, para levantar sobre firmes cimientos la organización administrativa del país, y si la ley de 5 de Junio adolece de ciertos lunares y notorios defectos, deben atribuirse á las exigencias de partido, más poderosas en tiempos revueltos, que la opinión sensata y juiciosa de los hombres experimentados en la ciencia del gobierno.

El propósito, altamente patriótico, de separar á los ayuntamientos del terreno ardiente de la política, consignado está en el artículo 124 de la referida ley, y desenvuelta esta doctrina con más ó menos acierto en el título 5.º capítulo único. Al emprender por tan buen camino, criticase á los legisladores de 1856 por no haber advertido que era inútil trazar una línea divisoria entre las atribuciones administrativas de las municipalidades y las que son de carácter político y de gobierno, si el desempeño de unas y otras había de confiarse á alcaldes de elección popular. Contradicción flagrante de que se acusa á las Cortes Constituyentes, y que sólo puede explicarse por la inflexibilidad de las ideas que, respecto al nombramiento de los alcaldes, mantuvo siempre como dogma político un determinado partido.

Por lo demás, la tutela administrativa se refleja con fuerte colorido y vivacidad de tintas en la organización del municipio, con arreglo á la ley de que se trata, bien que obedeciendo á su espíritu generador, fueren las diputaciones provinciales, en escasa participación con los gobernadores, los superiores gerárquicos de los ayuntamientos. La resolución de las reclamaciones en materias electorales; el exámen y aprobación de las elecciones-presupuestos y la revisión en ciertos casos de las cuentas municipales; la importantísima intervención de las diputaciones provinciales en los expedientes sobre creación, segregación y supresión de ayuntamientos; la facultad de aprobar los acuerdos meramente deliberativos de estas corporaciones; la parte disciplinaria y de corrección que sobre las mismas ejercían hasta poder suspenderlas, dan de nuestro aserto irrecusable testimonio (1). Sin temor de equivocarnos, podemos sostener que las diputaciones provinciales asumían por derecho propio la dirección del régimen político y administrativo, dentro de la provincia, con arreglo á la ley citada, la cual encarnaba el germen pernicioso de un dualismo perturbador entre los agentes del poder central y las referidas corporaciones, porque nada hay más deli-

(1) Arts. 30, 54, 103, 127, 128, 186, 237, 244 y 248 de la ley de 5 de Julio de 1856.
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cado en estos asuntos, que el obligado concurso de dos autoridades de diverso origen, representantes de intereses, sentimientos y quizás opuestas tendencias, aplicado como criterio superior á la direccion administrativa y aún política de los servicios locales. Dejamos dicho que los acontecimientos impidieron el desarrollo y la aplicación de la ley de 5 de Julio, aunque más tarde se hayan restablecido muchas de sus disposiciones, como luego tendremos ocasión de exponer.

En vista de los antecedentes expuestos, fuera insigne desvarío pensar que los ayuntamientos han ejercido, ni ejercen en España sus funciones dentro de la órbita peculiar á la índole de su institucion económico-administrativa; bellísima ilusión si alguien con rara candidez la acariciase; idea de todo punto errónea que pugna abiertamente con la verdad histórica, con los sucesos contemporáneos, harto persuasivos y elocuentes, y con el sentido común, que habría de acoger con sarcástica sonrisa semejante paradoja.

De la ligera reseña histórica que acabamos de bosquejar, se deduce que desde que se inauguró en España el gobierno representativo hemos tenido ayuntamientos organizados al tenor de la Constitución y de los decretos de las Cortes de Cádiz, los cuales sucumbieron en 1814 á impulsos de la más ciega y desatentada reacción; ayuntamientos restablecidos con cívico entusiasmo y grande espíritu liberal en 1820; ayuntamientos que funcionaron con perturbadores elementos en diferentes épocas de nuestra historia contemporánea con arreglo á la ley de 3 de Febrero de 1825; ayuntamientos modelados sobre la real cédula de 17 de Octubre de 1824 encarnada en el sistema de la monarquía despótica, bello ideal de un rey ingrato; ayuntamientos que llamaremos de transición constituidos en armonía con el Estatuto Real y los decretos de 1834 y 1835 expedidos por la reina gobernadora; ayuntamientos que fueron expresión genuina de las doctrinas del partido moderado, puestas en observancia por las leyes de 14 de Julio de 1840 y 8 de Enero de 1845; ayuntamientos de unión liberal con expansivas y conciliadoras tendencias dentro de la escuela conservadora; ayuntamientos y viva representación de las ideas y de los principios del primitivo partido exaltado, juiciosamente reformados después por los progresistas, conforme á la ley de 5 de Julio de 1850; ayuntamientos de subido tinte moderado, nacidos al calor sofocante del incalificable decreto de 21 de Octubre de 1866 refrendado por el Sr. Gonzalez Bravo; ayuntamientos que brotaron á raíz de la revolución de 1868, á duras penas sometidos al decreto-ley del gobierno provisional sobre la administración provincial y municipal; y finalmente,
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ayuntamientos de variados tipos, distintas procedencias y encontradas aspiraciones que en no escaso número se van sucediendo con diverso origen desde que rigen las leyes administrativas de 20 de Agosto de 1870.

¿Qué prueba este cuadro sinóptico? Que existe en nuestra sociedad un mal grave, envejecido, crónico que es menester extirpar á toda costa aplicando el remedio más eficaz al efecto, cual es el de separar á los ayuntamientos de la grande intervención que tienen en nuestro organismo político y en la constitución de los poderes públicos.

Hasta tal punto es esto cierto, que después de haber borrado las huellas de la abigarrada y monstruosa división municipal de las viejas monarquías, después de haber hecho desaparecer la odiosa nomenclatura con que se distinguían y clasificaban, según su respectiva dependencia, los pueblos de realengo, abadengo, señorío y behetría, después de haber proclamado y sancionado el principio que establece la igualdad ante la ley de todos los españoles, todavía no se ha logrado, en lo que va de siglo, levantar la institución municipal sobre firmes y sólidos cimientos que ofrezcan garantías de orden, estabilidad y justicia á los intereses locales, sumisión, respeto y acatamiento á los partidos militantes.

La tutela administrativa, examinando la cuestión en el terreno elevado de los principios, ¿es necesaria como protección que deba dispensarse á las minorías? Los panegiristas de la autonomía municipal sostienen que los pueblos son los mejores jueces de sus propios negocios; y que si el interés local se manifiesta bajo diferentes aspectos, hay que atenerse al criterio de la mayoría en la cual colocan el órgano del derecho para dirimir las controversias y las dificultades.

Esta doctrina tiene, como es natural, fuertes impugnadoras; las mayorías, como los individuos, pueden obrar arbitrariamente, con error, con flagrante desviación del derecho, de la justicia, de la conveniencia, y en tal concepto fuera por todo extremo duro é irritante privar á las minorías, atropelladas ó oprimidas, de la natural apelación ante un superior gerárquico, en quien residan facultades para resolver las contiendas desesperadamente, con plena ilustración y conocimiento de los negocios que se ventilan y con el juicio sereno que permite formar la mayor distancia á que se miran las cosas.

Nadie puede aprobar que los ayuntamientos decidan como jueces supremos en lo que atañe á la gestión del patrimonio común y al establecimiento y distribución del impuesto local, en forma de arbitrios, repartimientos ó recargos sobre las contribuciones, si se atiende á que, en tan de-