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primitivos cristianos llevar á los templos como ofrenda voluntaria la décima parte de sus frutos y los Santos Padres la recomendaron, y condenaron su inobservancia, las primitivas iglesias de España, por lo menos, vivían de las rentas de sus propios bienes y de las ofrendas voluntarias y no lasadas de los fieles. Estas últimas hubieron de ser tan cuantiosas en los primeros siglos de la era cristiana, que el concilio II de Braga tuvo que condenar la perniciosa costumbre de edificar templos por grangería y negocio profano, el cual consistía en pagar la edificación, los gastos del culto y la dotación de clérigos y apropiarse en cambio las oblaciones y emolumentos con que contribuían los fieles.

Pero como los fundadores de las iglesias solían ser los mismos reyes y señores, que en su calidad de dueños de la tierra, exigían de sus vasallos el diezmo de sus frutos, hubo de ser también costumbre muy antigua la de dotar con el todo ó parte de sus productos las nuevas iglesias que se levantaron después de la conquista sarracena. Entonces, para resistir á los invasores se hicieron fuertes muchos hidalgos en las montañas de Vizcaya, Guipúzcoa y otras comarcas, poniendo en ellas caudillos que las defendiesen, á los cuales daban por dotación el diezmo de sus respectivos términos, con la obligación de subvenir á los gastos públicos, mantener á los hombres del lugar, cuando los sacaran en hueste, y pagar un clérigo que les dijera misa y administrara los sacramentos. Así resulta del alegato que en defensa de su derecho á los diezmos, hicieron los hidalgos en las Cortes de Guadalajara de 1390. Por lo tanto, según este antiguo documento, las iglesias que uviéron aquel origen, no adquirieron los diezmos íntegros, sino la parte de ellos que fuera necesaria para costearse, á juicio de los caudillos, y ésta por una concesión meramente laical, y quedando bajo el dominio de los legos, contra lo dispuesto en el Sinodo de Braga.

Los diezmos eclesiásticos donde no tuvieron este origen, antes del siglo XII al menos, procedían de adquisiciones hechas por las iglesias, bien de las mismas tierras, cuyos colonos solían contribuir con ellos á sus señores, ó bien de los diezmos laicales cedidos directamente por el monarca ó señor que antes los disfrutaba. En Francia fue el pago del diezmo á la iglesia obligación canónica, desde que la impuso el concilio de Macon de 585, y obligación civil además, desde que en el siglo VIII, la confirmaron las capitulares de los reyes; y sin embargo, no hubo de introducirse con ninguno de estos caracteres en nuestra Marca hispánica, por más que en ella dominaran durante no corto tiempo, los reyes francos. Aunque Carlo-Magno respondiendo en 874 á una queja del obispo de Barcelona, Frudoi-
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no, contra un presbítero que le usurpaba cierta porción del diezmo, mandó que se guardaran aquellas capitulares (1), hay graves indicios de que no se observaron uniformemente, ó sirvieron tan sólo de sanción á las diversas costumbres locales que regían sobre la materia. Así se hallan en los documentos de aquella edad, tantas donaciones de diezmos otorgados por reyes y señores particulares, que no habrían sido necesarias, si las iglesias favorecidas hubieran cobrado aquel tributo con arreglo á las capitulares citadas.

Varios caballeros, vecinos de Baltarga, en el condado de Ceritania, dotaron su iglesia en 890, al tiempo de consagrarlal el obispo de Urgel, con diferentes bienes de su propiedad, y entre ellos «las primicias y dos tercios del diezmo,» declarando que «el otro tercio pertenecía á San Miguel, por haberlo dispuesto así doña Exclua, cuando edificó su iglesia» (2). El rey de Francia Luis VI, llamado el Simple, autorizó en 937 á Guilfredo, hermano del conde Seniofredo, para dar á la iglesia de San German y San Miguel, en la diócesis de Elna, varias tierras é iglesias, «con los diezmos, primicias y oblaciones de los fieles,» que habitaban en ciertos lugares (3). Prueba evidente de que los caballeros de Baltarga, doña Exclua y Guilfredo, este último en nombre del rey, estaban en posesión de percibir los diezmos, las primicias y las oblaciones de aquellas comarcas, como los hidalgos que se hicieron fuertes después de la invasión, en las montañas de Guipúzcoa y Vizcaya.

El mismo origen laical atribuyen las antiguas escrituras á los diezmos de Navarra. Una señora llamada doña Toda debía de cobrar el diezmo y las primicias de sus tierras de Ardonnes, cuando las dió en 947 al monasterio de Labasal (4). El rey D. Sancho Ramírez era dueño de varios monasterios é iglesias, con sus diezmos, primicias y oblaciones, puesto que los donó en esta forma, en 989 (5). El rey D. Sancho el mayor, dió en 1015, al monasterio de Leyre, los diezmos de varios pueblos que había reconquistado de los moros (6), los cuales diezmos no eran suyos por gracia alguna pontificia, puesto que aún no reinaba el Papa Alejandro II, á quien se atribuye la primera concesión de esta especie. Con la facultad de

(1) Marca hispánica, lib. 4.º
(2) Ibid. apénd. 82.
(3) Ibid. apénd. 78.
(4) Moret, Investigaciones históricas de Navarra, lib. 2.º, o. 8.
(5) Ibid.
(6) España Sagr. t. 33, trat. 69, c. 14.
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erigir iglesias, otorgó D. Sancho V al monasterio de Oña, en 1070, el derecho á percibir los diezmos de los pueblos ó términos en que las estableciesen (1). Una merced semejante había hecho el rey D. Alfonso Ramírez de los diezmos de Estella, al monasterio de San Juan de la Peña (2).

Ejemplos semejantes de concesiones de diezmos hechas por los reyes á las iglesias, ofrecen los documentos de Aragón en los siglos XI y XII. D. Ramiro I, al trasladar en 1053 la Se- le de Huesca á Jaca, dió á su iglesia entre otras muchas cosas «el diezmo (dice el documento) (3) del oro, plata, trigo, vino y de las demás cosas que nos pagan los tributarios espontánea ó forzosamente, así los cristianos como los sarracenos de las aldeas, campos, montañas y llanos comprendidos en los términos prelijados... y la tercera parte de los diezmos de Zaragoza y Tudela.» D. Alfonso I de Aragón otorgó en 1133, á la iglesia de Zaragoza, el diezmo de los molinos y los baños de la ciudad y su comarca (4).

En los reinos de León y Castilla son innumerables los documentos que testimonian el origen civil del impuesto decimal. El monasterio de Cardeña obtuvo en 1050, del rey D. Fernando de León, la tercera parte del diezmo de los términos de varias iglesias que ya poseía y de las que adquiriera en lo futuro (5). D. Alfonso VI donó á la iglesia metropolitana de Toledo en 1088, después de conquistar esta ciudad, la tercera parte de los diezmos con que habían de contribuir ó contribuían ya los vecinos de los términos de las iglesias que se consagraran dentro de la diócesis (6). El conde Patricio, cediéndolo á las exhortaciones del arzobispo Gelmírez, ofreció en 1113 á la iglesia Compostelana, multitud de lugares, y con ellos, el diezmo de todos sus estados (7).

Pero mientras que los reyes disponían de los diezmos del modo y por los títulos que quedan dichos, cuando y se acreditaba la doctrina, que fundándose en la ley mosáica, en textos de los Santos Padres, y en el domi-

(1) Sandoval, Crón. de Alfonso VI, c. 65.
(2) Briz, Hist. de San Juan de la Peña, lib. 2, c. 9.
(3) Concilio de Jaca de 1063.
(4) Arruego, Escrituras del archivo de Zaragoza, c. 22 citado por Gallardo, Origen de las Rentas de la Corona, t. 3.º art. 3.º
(5) Berganza, Antigüedades de España, t. 2, escr. 92.
(6) Privilegio de fundación y dotación de la iglesia de Toledo en la Historia de España, por Mariana, edic. de Montforte, t. 5.º apénd. 1.º
(7) Hist. Compostelana, lib. 1.º c. 94 en Esp. Sagr. t. 20.
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nio universal de Jesucristo, consideraba obligacion general de todos los cristianos, el pago de aquel tributo á la iglesia. Esta doctrina por una parte, y por otra la repugnancia que sentirian los musulmanes recien libertados de la dominacion sarracena, á continuar pagando á los príncipes católicos los mismos impuestos que satisfacían á los emires, hubieron de contribuir tal vez á que los monarcas procuraran facilitar su exaccion, aplicando el diezmo de los pueblos que conquistaban, á la dotacion de las iglesias que erigian en ellos. Si hubo dudas entre los que profesaban aquella doctrina, acerca de la potestad del soberano en esta materia; si el clero ó algunos de sus individuos no creyeron legitima la costumbre española que le reconocia el derecho de disponer de las iglesias y de los diezmos, la Santa Sede ocurrió á esta dificultad, al menos en el reino de Aragon, transigiendo con los usos establecidos y los derechos creados, puesto que lejos de perjudicar, favorecían los intereses de la religion y del culto. Así Alejandro II, Gregorio VII en 1073 y Urbano II en 1095 no dudaron en conceder á los reyes y próceres de Aragon la facultad de distribuir las iglesias de las tierras que poseían ó ganaran en adelante, de los infieles (excepto las episcopales) y la propiedad de los diezmos y primicias de todas las que fundaran de nuevo, con tal de que proveyeran á los gastos del culto (1).

Las bulas de estos pontifices sirven para demostrar que si en el siglo XI no había aún precepto general canónico que obligase á contribuir á la iglesia con el tributo decinal, era ya doctrina recibida, y sustentada en Roma. Solo en la suposicion de que los fieles debieran acudir con este impuesto á sus respectivas iglesias, pudo la sede apostólica ceder á los reyes de España el derecho de percibirlo. Pero esta doctrina no hubo de convertirse en ley universal obligatoria hasta que el Concilio IV de Letran, celebrado en 1215, la consignó en uno de sus cánones, y aun entonces no como obligacion nueva, sino para dictar algunas reglas que impidieran eludir el cumplimiento de la antigua. En el siglo VI habian dictado los papas multitud de rescriptos, resolviendo las cuestiones á que daba origen en muchas diócesis la exaccion de este impuesto, señalando las cosas y personas sujetas á él, prescribiendo el modo de deducirlo ó eximiendo de su pago en ciertos casos. Todas estas resoluciones suponian ya establecida y practicada la obligacion de satisfacerlo, pero no en todas las iglesias, sino en aquellas á

(1) La bula de Alejandro II no es conocida; pero está citada en la de Gregorio VII cuyo texto así como el de la de Urbano II, publicó Bauter en su Crónica general de España, lib. 2.º c. 8.
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MONARQUÍA DE 1830 (1)

1832-1836

Mas no estaba todo el carácter de la política de resistencia en pedir nuevas leyes á la libertad misma para la seguridad social; á la libertad pedía además los fallos de la justicia. Casi tan hermoso como el espectáculo de elaborar tranquilamente y lentamente leyes represivas en presencia del país mismo, era el juzgar penosa, laboriosamente en presencia también del país con una solemnidad y una firmeza que así excluían la velezanza como el miedo á unos y otros y otros enemigos ó amigos de las instituciones existentes, ministros de la vieja y de la nueva dinastía, reos políticos los unos, acusados de concussion los otros, príncipes de una dinastía incipiente, jefes temibles del partido republicano, insurrectos famosos ó recién empedernidos. Débil y mal asentada como cuerpo político la cámara de los Pares, resultó en los diez y ocho años del reinado poderoso y esclarecido tribunal. Lo hemos visto juzgando á los ministros de Carlos X, lo veremos juzgando á quien se proclamaba heredero de Napoleón I. Ahora tenemos ante nuestros ojos el célebre proceso de Abril, ó sea el de los insurrectos de 1854. Era la vez primera que el más alto tribunal instituido por la Carta iba á entender en causa tan vasta y complicada. A la verdad, el gobierno había titubeado sobre su convocatoria; podía creerse que daba una importancia desmesurada á aquellos movimientos, que enaltecía al partido republicano, que dificultaba la acción de la justicia reuniendo en un solo proceso los hechos más distantes y los acusados más diversos; pero si alguna vez procede poner en práctica el artículo constitucional que entregaba al conocimiento de los Pares los atentados contra la seguridad

(1) Véase el número 100.
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que los mismos rescriptos se dirigian y los habia ocasionado. Los padres del concilio de Letran trataron sólo de remediar un abuso que cometian algunos propietarios arrendando sus tierras sin la obligacion de pagar diezmo, y resolver una duda sobre si éste habia de deducirse de los frutos antes ó después de los censos con que estuvieran gravadas las fincas: pero al ordenar que nadie encomendase á otro el cultivo de sus heredades, sin la obligacion de contribuir con el impuesto decimal, á cuya exaccion habia de compelersse con censuras eclesiasticas en caso necesario, y al declarar que la deduccion del diezmo debia hacerse antes que la de los censos (1), como que quien resolvia asi era un concilio ecuménico, no pudo quedar duda de que lo que antes fuera doctrina eclesiastica realizada por multitud de costumbres locales diversas, desiguales y aun contradictorias, debia convertirse en precepto general canónico, de cuyo cumplimiento no podia excusarse ningun cristiano, y sin embargo, ni con los cánones conciliares, ni con todas las decretales dictadas sobre esta materia, quedó en la practica regularizado el impuesto. Los mismos pontifices y concilios, que mandaban exigirlo con apremios, creyeron deber respetar las costumbres locales diferentes que determinaban su forma y cuantia, y asi puede decirse que en ninguna nacion llegó á regir completamente el derecho consignado en las decretales sobre esta materia.

Entre tanto en España, si las mas de las iglesias percibian diezmos, era porque habian adquirido este derecho de alguno de los modos antes dichos, lo cual habia dado ocasion á grande irregularidad, por cuanto en unas partes recibia el clero directamente de los fieles aquel tributo, y en otras continuaba en poder de legos. Esto no obstante, D. Alfonso el Sábio, además de consignar en sus códigos el precepto general del diezmo, ordenó por su pragmática de 1294 (2), que todos los hombres de su reino, sin exclusion de los ricos hombres, caballeros y clérigos dueños de heredamientos pagaran aquel tributo á Dios cumplida y derechamente, como manda la iglesia, del pan, del vino, de los ganados y de todas las cosas que se debia dar según los cánones.

Hubieron de resultar de aqui graves conflictos, porque el clero que

(1) Can. 53 y 54.
(2) Esta pragmática se insertó en la Nov. Recop. atribuyéndola en primer lugar á D. Alfonso en Burgos, 1385 por error manifiesto, pues en la colección de Pragmáticas de los Reyes Católicos, edición de 1549, ley 17, fol. VIII, donde se ve íntegra y no mutilada, como en la Novísima, se lee claramente y en letra, la fecha de 1294, penúltimo año del reinado de D. Alfonso X.
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según la antigua costumbre, no cobraba directamente el diezmo, sino la renta que había menester para su sustento, de los patronos ó dueños de sus iglesias, pretendía exigirlo íntegro; los legos que venían en la posesión de percibirlo, resistían una novedad que menoscababa su derecho; y los labradores contribuyentes se veían apremiados por uno y por otros á pagar doble tributo. Los que utilizaban predios ó recogían frutos, hasta entonces exentos por privilegio ó costumbre, repugnaban el nuevo gravamen; los que ya pagaban diezmo laical no podían contribuir con otro eclesiástico sin grave daño; los que percibían de sus colonos, por renta, una parte aliquota de frutos, veían disminuida su hacienda, si conforme á lo mandado por el Concilio de Letran, había de deducirse aquella porción después del diezmo. Así se vieron amenazados de perturbación gravísima el estado económico de la propiedad y el orden establecido para la distribución de sus productos.

No pudiendo el clero dominar la resistencia de tantos intereses opuestos, hubo de pedir la cooperación activa y vigilante de la potestad temporal, y para obtenerla más fácil y cumplidamente, la interesó en la recaudación del impuesto decimal. Esta hubo de ser una de las causas que moveron á los pontífices, aunque no la alegaran, para conceder á nuestros monarcas la participación considerable que tuvieron en los productos de aquel tributo. Resulta en efecto de una bula del Papa Honorio III, expedida en 1218, que varios seglares de la diócesis de Toledo poseían y aplicaban á sus propios usos, las tercias de los diezmos destinados á las fábricas de las iglesias, según la disciplina eclesiástica. Consta además por el mismo documento, que el arzobispo primado de Toledo, movido quizá por el rey, había acudido á la Santa Sede en solicitud de que se le facultase para invertir una parte de las mismas tercias en el mantenimiento de los cruzados, que con él peleaban contra los moros. Tal vez temió el rey que con las novedades del Concilio de Letran acerca de los diezmos, se redujesen demasiado los recursos con que contaba para la guerra, y quiso procurarse alguna compensación. El Papa accedió á los ruegos del prelado, concediéndole por término de tres años, la mitad de las tercias de su diócesis para que las repartiese entre los cruzados, que á su juicio necesitaran este socorro, siempre que bastara la mitad restante para la fábrica de los templos (1).

(1) Gallardo en su Origen y progresos de las rentas de la Corona, t. 3.º art. 3, n. 1, inserta el texto de este documento tomado del original que se conserva en el archivo de la iglesia de Toledo.
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Pero la bula de más trascendencia que sobre esta materia se expidió, fué la de 1219 ampliando la concesión de los tercios diezmos á todas las iglesias del reino, y dándola no ya al primado, sino directamente al rey, aunque también por tiempo limitado (1). Trascurrido el que primero se señaló, continuó el monarca, que era entonces San Fernando, percibiendo las mismas tercerías de la parte de diezmos asignada á las fábricas de las iglesias, lo cual dio motivo á un breve de Gregorio IX, dirigido en 1228, al arzobispo de Toledo, mandándole «amenazar al rey con prudencia para que desistiera de su usurpación, y prohibiendo á los rectores de las iglesias entregar parte alguna de dichas tercerías á los recaudadores reales» (2). Mas esta disposición hubo de ser poco eficaz, puesto que siguieron disponiendo de los diezmos conforme á las antiguas costumbres, tanto el monarca y las justicias locales, como las personas privadas que pretendían tener derecho á ellos, según resulta de otro breve pontificio expedido en el mismo año, condenando aquellos excesos. Luego, al tratarse de la proyectada conquista de Sevilla y con motivo de ella, el mismo pontífice Gregorio IX, volvió á conceder las tercerías á San Fernando, temporalmente también. La misma gracia fué después renovada varias veces, ya por tiempo fijo, ya por la vida de los reyes que la solicitaban, y así continuó, aunque con interrupciones (que algunas veces originaron súbitos conflictos y graves escándalos, por las censuras eclesiásticas á que dieron ocasión), hasta que Alejandro VI la perpetuó en los Reyes Católicos.

Entre tanto no hubieron de sufrir sensible alteración las costumbres locales antiguas que determinaban la cuota del diezmo y las especies á él sujetas. El mismo San Fernando, contra lo dispuesto en el cónon 54 del Concilio de Letran antes citado, mandó en 1222, que el diezmo lego de la Puebla de Añover, perteneciente á su patrimonio, se dedujese antes que el eclesiástico (3), y esta práctica se observaría probablemente también en otros lugares. La pragmática de D. Alfonso X mandando ajustar el diezmo á las reglas canónicas, no hubo de ser bien observada, cuando tantas veces fué menester reproducirla en los reinados posteriores, no obstante haber sido durante mucho tiempo, la única ley civil que dió en España fuerza y

(1) Las tercerías no eran la tercera parte del producto íntegro del diezmo, sino de las dos terceras partes del mismo que fué lo que primitivamente hubo de gravarse. Eran, pues, los dos novenos de dicho producto íntegro.
(2) Gallardo, ibid. n. 2.
(3) Carta puebla de Añover, en Manuel, Memorias para la vida de San Fernando, pág. 312.
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cancion á la eclesiástica. Ni aun los concilios provinciales celebrados en aquella época, excepto el de Peñafiel de 1302, mandaron guardar y cumplir los cánones lateranenses sobre esta materia.

Pero si el rey pudo juzgarse suficientemente compensado con la gracia pontificia, é interesado por ella en la rigorosa exacción del diezmo eclesiástico, no pensaban lo mismo de sí los contribuyentes y los otros partícipes legos en el impuesto. Interpretaban rigurosamente algunos obispos el texto de las nuevas decretales, intentaron cobrar el diezmo para sus iglesias, con exclusión de aquellos partícipes, que desde tiempo inmemorial venían sin contradicción percibiendo. Tal fué el origen de un pleito que sostuvieron los prelados contra los hijos-dalgos de las Provincias Vascongadas de que antes he hecho mención, y que decidió D. Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1390. Fundándose los prelados en los preceptos de la ley antigua, y en los recientes del Concilio de Letran, pretendían que las iglesias todas cobrasen directamente sus diezmos, y que cesaran de percibirlos los hidalgos patronos, que desde tiempo inmemorial venían haciéndolo. Los hijos-dalgos contestaban que ellos, como fundadores y patronos de las iglesias, habían adquirido aquel derecho á vista y paciencia del Papa y de santos prelados, poseyéndolo sin contradicción hacia más de 400 años; lo cual es, según los cánones, un título de adquisición valioso; y que la nueva legislación decimal no debía tener efecto retroactivo, como no lo había tenido tampoco la que habían ordenado también los padres lateranenses sobre la enajenación y restitución de los mismos diezmos y otros bienes eclesiásticos. El rey, según dice su crónica, ordenó á los prelados que en ninguna manera tal pleito como este non levasen adelante, ca entendía que podría por ello venir escándalo; pero que si algunos hidalgos llevaban diezmo de iglesias que sus mayores no hubieran ganado en la reconquista de la tierra, ni estuviera por lo tanto consagrada su posesión por el largo tránscurso del tiempo, cesaran en ella inmediatamente. Esta resolución, dice el cronista, pliego así á los prelados como á los caballeros, y de seguro fué la más prudente, pues siendo innumerables los partícipes legos de los diezmos, no ya sólo en las Provincias Vascongadas, sino en toda la península, no se les podía privar de su derecho sin dar origen á una perturbación social peligrosísima. Así en el Ordenamiento de prelados dictado en las mismas Cortes, se prohibió usurpar los diezmos de las iglesias y se mandó que los legos que disfrutaseen algunos, presentaran en el término de 50 días el título de su adquisición; pero advirtiéndose que esto había de entenderse sin perjuicio del derecho que el rey