ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 490

mientos se extralimiten ó abusen de sus facultades en perjuicio de la idea general de gobierno que representa el poder central, caso previsto, como era natural, por la Constitución de 1869. ¿Necesitaremos analizar, en comprobación de nuestro aserto, las principales disposiciones de la referida ley?

Prescindamos del sufragio universal monopolizado por las muchedumbres, con el forzoso retrainimiento de las clases acomodadas á que las relegaba el miedo ó la violencia; prescindamos de la clase y condiciones del personal que componía el municipio por semejante procedimiento elegido; prescindamos de la calidad de los empleados y agentes municipales nombrados sin restricción ni cortapisa por el libre albedrío de tales corporaciones; prescindamos de los recebos, de las desconfianzas, mejor diremos, del espíritu hostil de ese organismo autónomo contra los actos del gobierno, todo lo cual no deja de ser una serie de concesiones, según atestiguan los hechos, de fastuosa y pródiga larguezza, y vamos á partir, en mera hipótesis de que existiesen ayuntamientos pacíficos, inofensivos, con la encantadora sencillez y los hábitos pastoriles del municipio rural, extraños á las cabalas, intrigas y manejos de los partidos, y á las preconizadas excelencias de la república federal, ayuntamientos, en una palabra, que hayan rechazado con horror las vandálicas escenas del salvaje cantonalismo. No creemos que pueda suscitar antipatías ni engendrar prevenciones el tipo que acabamos de describir; mas es el caso, que este municipio modelo, no descubriendo más horizontes que los de su retorcida demarcación, desconociendo los altos fines sociales que le imponen sacrificios superiores á sus exigüas necesidades, ó día el servicio militar y las quintas, cuya abolición solemnamente ofrecida é incautamente esperada, le induce á resistir las operaciones del reemplazo; considera los gastos de la instrucción primaria como verdadero despilfarro, y relusa consignar en el presupuesto la modesta dotación del maestro; juzga insoportables los tributos y se opone á ejecutar los repartimientos y á proteger la recaudación; entiende que puede pasar sin asistencia facultativa, y suprime el gasto obligatorio con destino al servicio sanitario; finalmente, su inteligencia no concibe que hayan de gravar con justicia el presupuesto municipal otras atenciones de igual índole, y las elimina con tranquilidad perfecta. No es el caso que figuramos arbitraria invención, de nuestra fantasía; respondan por nosotros los hombres prácticos que viven en las provincias ó que han intervenido en estos negocios. Ahora bien, ¿qué recursos puede utilizar dentro de la ley orgánica de 20 de Agosto, el representante del gobierno para vencer esa resistencia pasiva, inerte, sistemática y persistente de los
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 491

ayuntamientos, que es la peor de todas las resistencias? Desgraciadamente ninguno valedero, como no sea el empleo de la fuerza armada, con el concurso si llega á obtenerse de otras autoridades. El agente inferior, el subordinado del gobernador en primer término es, el alcalde, funcionario de origen popular nombrado por el ayuntamiento, con quien se halla de todo punto identificado, y cuyos acuerdos y decisiones se presta á ejecutar con solicito interés, toda vez que ante la misma corporacion y la junta de asociados ha de responder de su gestion administrativa, mientras que mira con desdeñosa indiferencia al gobernador, del que nada teme ni espera. Pasaron los tiempos en que los presupuestos, las cuentas, los acuerdos de los ayuntamientos exigian la aprobacion de aquella autoridad; los pueblos con arreglo á la ley de 20 de Agosto de 1870, resuelven por derecho propio todos estos negocios, y la accion del gobernador desvirtuada por el roce de otras ruedas contrapuestas, no infunde el menor respeto á las corporaciones locales.

La comision permanente de la diputacion provincial que preside sin voto el gobernador, funesta aberracion de añejas y desacreditadas doctrinas, carece tambien de iniciativa en los negocios de la competencia de los ayuntamientos, y sólo en determinados casos está llamada á resolver las reclamaciones que la ley autoriza en grado de apelacion contra los acuerdos de los mencionados cuerpos y de las juntas municipales.

A nadie debe sorprender despues de hecha esta breve pero exacta reseña y juicio critico de la ley de 20 de Agosto de 1870, que haya habido necesidad de acudir al auxilio de la fuerza armada con harta y dolorosa frecuencia, para realizar el cobro de las contribuciones y el cumplimiento de otros servicios locales, reproduciéndose entre nosotros ¡vergüenza causa decirlo! el repugnante espectáculo que sólo ofrece Marruecos en las regiones cercanas á la vista de la Europa culta. Aunque se quisiera objetar que el pais se encuentra profundamente perturbado por la guerra civil que lo aniquila y la desangra, lo cual no tiene ya explicacion ni disculpa, el mal que lamentamos es general y alcanza igualmente á las provincias que por señalado favor del cielo se han visto libres de tan cruel azote.

Una mera inspeccion de las cuentas, de los archivos y de la caja municipal, encomienda la ley á los gobernadores (1), atribucion nominal, ilusoria, depresiva, no vacilamos en decirlo, para la persona á quien se confiere, puesto que no va acompañada de los medios coercitivos y efica-

(1) Art. 9, par. 5 de la ley de 20 de Agosto de 1870.
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 492

ces para remediar los abusos y exigir la responsabilidad inmediata á sus autores.

No interpretaron fielmente los legisladores de 1870 los principios consignados en los dos últimos párrafos del artículo 99 de la Constitución; y á tal punto escatimaron el dotar al poder central de las facultades indispensables para ejercer la superior necesaria inspeccion sobre la hacienda municipal y provincial, que aún es hoy el dia que se carece en el ministerio de la Gobernacion de los resúmenes de los presupuestos locales y de los datos precisos para conocer el estado de la administración municipal y provincial, á pesar de haber reclamado dichos documentos con reiterado empeño el autor de este artículo en diferentes legislaturas desde los bancos del Congreso y del Senado. Cuál será el grado de confusion y desconcierto que reina en este ramo, lo comprenderá el recto é ilustrado juicio de nuestros lectores, una vez hechas estas declaraciones.

No existen, por tanto, términos hábiles para apreciar la situacion económica de las corporaciones populares, no ya con el objeto de comprobar si los ingresos que utilizan en sus respectivos presupuestos guardan armónica y perfecta unidad con el sistema general de tributacion, como ordena el artículo constitucional antes citado, sino á fin de partir de datos seguros al emprender las reformas que aconseje el estudio imparcial y detenido de tan importante materia.

Si el propósito de los autores de las leyes administrativas de 1870 fué el de acabar por completo con la intervencion del gobierno y de sus agentes en los negocios de carácter comunal, emancipando á los pueblos y á las provincias de toda tutela superior gerárquica, habremos de convenir en que lo consiguieron plenamente; pero nuestra conciencia, como escritores y hombres politicos, nos obliga á declarar que los legisladores de 1870 extremaron con exceso el espíritu del texto constitucional, y lo que es más grave, sacrificaron á la independencia y libertad del municipio sagrados y respetables intereses, estrechamente ligados con el orden social y con la unidad política de la nacion. Mas ¿cómo se explica que los constituyentes de 1869, autores de la Constitucion del mismo año y á la vez de las leyes administrativas, hayan incurrido en una especie de antinomía y de flagrante inconsecuencia, aprobando un régimen municipal que no obedece rigorosamente al espíritu ni al texto del Código fundamental? Para responder á esta pregunta conviene recordar que entre los partidos politicos que contribuyeron ó despues se aprovecharon, en no pequeña parte, de la revolucion de Setiembre de 1868, no existia un símbolo comun en punto á las soluciones
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 493

de gobierno y administracion: diferian sustancialmente, no ya en lo que afecta al dogma, al credo de las respectivas escuelas de que procedian, sino tambien en cuestiones de aplicacion y de conducta, aconteciendo que mientras esos partidos ejercieron el poder con el nombre de ministerios de conciliacion, ha sido muy dificil, si no imposible, que se hayan puesto de acuerdo respecto á la organización de los servicios publicos en sus diversas clases y aplicaciones. Achaque comun á todos los gobiernos en que no exista perfecta unidad de pensamiento y de conducta.

Despues de la celebre noche de San José del año de 1870, imperando en el gobierno las doctrinas de la escuela democratica pura, sin estorbos ni rozamientos, fué cuando el Sr. Rivero, ministro de la Gobernacion, hubo de presentar á las Cortes constituyentes el proyecto de ley municipal y provincial, expresion genuina de las ideas y aspiraciones de la parcialidad gobernante. En la comision encargada de formular dictamen tenian asiento algunos diputados de procedencia unionista; pero sea que las corrientes avasalladoras entonces desde las esferas oficiales cohibiesen el ánimo de aquella exigua representacion, sea que la fraccion conservadora no juzgase oportuno librarr batalla en la Cámara eligiendo este terreno, lo cierto es que fuera de un buen discurso pronunciado contra la totalidad del dictamen por un joven orador monárquico-constitucional, que no votaba de ordinario con la mayoria, la ley municipal apenas fué discutida en la recta acepcion de la palabra.

De sentir es que por estas causas y cediendo al imperio de semejantes circunstancias no se hayan analizado, discutido y puesto de relieve los grandes defectos de que adolece esa legislacion denunciados por una dolorosa y tristísima experiencia asaz funesta y desdichada para la causa del orden público, para los altos fines que garantizan la obediencia á las leyes y la disciplina social, y para los intereses mismos de las localidades sacrificados á la fiebre delirante de los partidos extremos ó á las ideas disolventes de la desenfrenada demagogia.

Nuestra memoria no quiere recordar el pavoroso cuadro que nos han dejado varias diputaciones y ayuntamientos del libre ejercicio de su autonomia; demasiado grabado está en el ánimo del pueblo sensato y honrado, victimas inofensiva de tanto atropello, de tanto desafuero y de tanta violencia como presenciaron horrorizadas muchas y ricas y florecientes poblaciones de España. ¡Quiera el cielo infundir en el juicio de los que gobiernan acierto, tacto, moderacion, conocimiento de la época y del estado moral é intelectual del mundo moderno, y en los que obedecen respeto á la ley y á
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 494

los poderes constituidos, y la necesaria templanza y discreción en el ejercicio de los derechos políticos, único medio de impedir nuevas catástrofes sobre este desdichado país!

Mas volviendo á reanudar el juicio crítico de la ley de 20 de Agosto, nos encontramos en primer término con la JUNTA MUNICIPAL que, conforme al sistema de autonomía é independencia que se intentaba plantear, debiera ser el alma de la nueva organización, el espíritu salvador, vivificante, llamado á regenerar el inerte y caduco régimen local, la vigorosa sávia destinada á reverdecer el enfermizo y agonizante municipio histórico.

La junta municipal, ó sea el universal criterio de todos los contribuyentes del distrito, funcionando con incansable actividad y poderosa energía, solicito y atento al examen y aprobación de los negocios de interés común, era el supremo ideal, la receta mágica que iba, como por encanto, á trasformar la existencia indolente y perezosa de nuestro pueblo infundiéndole el varonil esfuerzo, la firmeza de carácter, la perseverante voluntad, la aptitud, la competencia y el hábito que distinguen á otras razas para ocuparse con ventajosos resultados de los múltiples y variados asuntos que atañen al gobierno interior de los pueblos modernos con sus crecientes necesidades. La junta municipal, bien analizado el propósito de los legisladores de 1870, por las importantísimas atribuciones que le han conferido, había de ser la esencia, el fundamento, la vida del municipio moderno y la base, finalmente, entre nosotros del self-government. Una vez planteadá esta salvadora reforma, los pueblos no sufrirían ya la vergonzosa humillación de que los acuerdos referentes á sus propios y peculiares intereses hubiesen de pasar por la sanción de un superior gerárquico, bien fuese éste la comisión permanente, la diputación ó el gobernador de la provincia.

Todo esto y mucho más se prometían de su obra predilecta los autores de la grande idea. La ley, débilmente discutida, recibió más tarde la sanción de las Cortes; cuatro mortales años lleva en ejercicio, bastantes ciertamente para haber desencantado á muchos despiertos soñadores, y como no queremos aventurar afirmación alguna respecto de tan grave materia sin aducir las pruebas que lleven el convencimiento al ánimo de los más preocupados, vamos á poner de manifiesto lo que ha sido en la práctica la junta municipal, fijándonos especialmente en Madrid, asiento del gobierno, centro de la administración, capital del reino, donde por estar más extendida la riqueza, difundida la instrucción y alcanzar el movimiento político mucho mayor desarrollo que en las provincias, debiera creerse, y con fun-
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 495

damente esperarse, que hubiesen correspondido los resultados á las meditadas elucubraciones, á las profundas y arraigadas convicciones de los novísimos estadistas.

¡Inmenso y doloroso ha sido el desengaño! La junta municipal no se ha reunido jamás en Madrid en mayoría absoluta de votos, y para formar acuerdo ha sido preciso constantemente practicar la segunda citacion de que habla el art. 142 de la ley, á fin de poder despachar con los vocales que después concurrieren, los gravísimos negocios que son de la peculiar competencia de la misma. Y no se vaya á pensar que tan glacial indiferencia, respecto al ejercicio de un precioso derecho, que tan desdenosa abdicación y voluntaria renuncia, calificada oficialmente de punible abandono por los entusiastas panegiristas de la institucion que analizamos, se haya echado de ver solamente en esta ó la otra situacion politica en son de protesta contra el orden de cosas existente; odo lo contrario, el fenómeno, si tal nombre merece, que denunciamos, se viene reproduciendo sin interrupcion, cuantas veces ha sido convocada la junta municipal desde que comenzó á funcionar en Octubre de 1870 en cumplimiento de la ley de arbitrios de 23 de Febrero de aquel año hasta el presente, con ayuntamientos elegidos por el sufragio universal ó nombrados por el gobierno, republicanos ó monárquicos, radicales ó conservadores, ora se hallase al frente del municipio el austero é ilustrado señor Galdo, ora el joven marqués de Sardoual, ora el inteligente activo y laborioso señor conde de Toreno. ¿Qué explicacion tiene el fenómeno de que hablamos? La natural y sencillísima de que la ley de 20 de Agosto no se ajusta á los hábitos y á las costumbres del pueblo español; que obedece á extrañas teorías y exóticos procedimientos, de infructuosa ó difícil aplicacion á paises y naciones, cuya historia, cuya legislacion secular ofrece serios si no insuperables obstáculos á tan súbitas y radicales trasformaciones. Asciende en Madrid á 150 el número de los asociados; y sin embargo, increible parecerá que con la asistencia de solos 6 ó 7 se haya visto obligado el ayuntamiento de la capital de España á constituirse en junta municipal para examinar, discutir y aprobar los más árduos y graves y complicados asuntos; los que más afectan á la propiedad, á la seguridad y bienestar del vecindario.

El primer error, indisculpable, que padecieron los autores de la ley por lo que toca al nombramiento y organizacion de la expresada junta, revelando una singular carencia de prácticas administrativas, consiste en no haber previsto que en las grandes poblaciones había de ser difícil, si no
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 496

imposible publicar el resultado de la formacion de secciones para interponer las reclamaciones de que trata el art. 62 de la ley. Buscaron la publicidad como garantía de la exactitud de las operaciones, sin advertir los obstáculos materiales con que habia de tropezar la impresion y publicación en plazos angustiosos de listas voluminosas; así es que en muchos puntos, comenzando por Madrid, no tuvo ni pudo tener cumplimiento la disposicion que establece la publicidad de la formacion de las secciones y de los nombres de los vecinos contribuyentes llamados á constituirlas. Defecto sustancial que afecta por si solo á la validez de las operaciones sucesivas.

Careciendo, pues, la masa general de los contribuyentes del interés activo y solicito, de la viril y energica iniciativa respecto á los asuntos locales que equivocadamente imaginaron los legisladores de 1870, desdénándose como se desdeña, el ejercicio de ese derecho, resulta un mal de sería trascendencia acerca del cual debemos llamar la atencion de los hombres politicos y de cuantos consagran sus estudios á la ciencia administrativa.

Con arreglo á lo que previene el art. 140 de la ley municipal, corresponde al Ayuntamiento, reunido en junta con los asociados, fijar definitivamente el presupuesto y acordar á propuesta del mismo los arbitrios que han de utilizarse para levantar los gastos comunes. De manera, que habiendo fracasado en la práctica el pensamiento capital de los reformadores de 1870, no existiendo términos hábiles para asociar la accion colectiva de los vecinos al régimen y gobierno interior de las localidades, de lo cual nos ha dado un relevante testimonio la experiencia de lo ocurrido en Madrid durante los cinco años que cuenta en ejercicio la legislacion vigente, surge la consecuencia por todo extremo gravísima, mejor diremos la monstruosidad administrativa de que los ayuntamientos resuelven sin intervencion alguna acerca de la parte más importante y trascendental de sus atribuciones, de la que más directamente afecta á los vecinos, cual es la formacion y aprobacion del presupuesto municipal. ¿Será esto conveniente? ¿Habrá nadie capaz de aplaudir que el acto más solemne y delicado de la administracion local, el que resume todas las obligaciones, todos los servicios, todas las necesidades, el que representa los gravámenes, los impuestos, los sacrificios que han de exigirse al pueblo para satisfacer esas atenciones, se apruebe, y ultime virtualmente por el Ayuntamiento sin el concurso, sin la intervencion ni fiscalizacion de ningun otro elemento, sea de origen popular, sea por delegacion del poder ejecutivo? No;
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 497

seguros estamos de que un procedimiento que viene á dar semejante resultado, que un sistema que á tal desvarío conduce; no puede merecer la aprobacion de las personas ilustradas y competentes en la materia.

Ahora bien; si en la culta capital de España, si en la populosa, rica e ilustrada villa de Madrid, en dias de grande hervor revolucionario cuando mayor agitacion y movimiento politico se notaba en los clubs, en los circules y reuniones de todas clases, se ha visto poco menos que abandono el Ayuntamiento por la junta general de asociados, tratándose del asunto que más puede interesar á un pueblo civilizado; si ha llegado el caso, que parece inverosímil, de haberse constituido la junta municipal con la presencia de solos siete asociados, si esto pasa en Madrid, ¿qué sucederá en las provincias? Allí donde se arrastra láguida y perezosa la vida municipal, donde siendo la instruccion escasa se considera como perdido el tiempo que se invierte en los negocios concejiles, siquiera hubiere de aplicarse al examen y aprobacion de los gastos del pueblo, donde se mira con tedio la tregua de los propios negocios para ocuparse de los de carácter colectivo, ¿no puede asegurarse, sin temor á incurrir en equivocacion, que no ha existido ni existe la posibilidad de dar vida á la junta municipal para los fines que se ha propuesto la ley? Ingenuamente declaramos que la situacion administrativa del pais nos asusta, abandonada como se encuentra á la exclusiva direccion de los ayuntamientos. La necesidad de elevar el presupuesto municipal á la aprobacion del gobernador, según disponia la legislacion de 8 de Enero de 1845, ó á la de la Diputacion provincial en cumplimiento de lo que prescribia el decreto-ley de 21 de Octubre de 1868 era una garantía de amparo y proteccion más ó menos eficaz, pero garantía al fin, de que habrian de pasar por una investigacion superior los acuerdos más importantes de los cuerpos populares.

Hoy que ese fundamental requisito ha desaparecido y que los ayuntamientos campean libremente en la gestion de los asuntos comunales, sin el freno de una intervencion que fiscalice sus operaciones, sospechamos que los abusos habrán aumentado con gran dañimiento del servicio publico y del peculiar de los pueblos.

La falta de asistencia de los vocales asociados á las sesiones de la junta municipal es todavía mucho más grave cuando del examen y aprobacion de las cuentas se trata. Conforme á lo que disponen los articulos 154 y 155 de la ley vigente de ayuntamientos, solamente á la asamblea de asociados correspon de aquella importantísima facultad, sin la presencia de los concejales, que si tienen voz consultiva mientras se discute el dictamen de la comisión,
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 498

deben retirarse al tomar acuerdo la junta sobre el referido dictámen.

De suerte que si en Madrid llegara á someterse á la asamblea de asociados alguna de las cuentas de los anteriores ejercicios económicos (según nuestras noticas no se aprobó ninguna desde 1868 hasta la fecha) y persisten los vocales que á ella pertenecen en desempeñar el desempeño de su difícil y delicado encargo, muy bien podría repetirse el caso de que siete ó ocho de sus individuos asumiesen, dentro de la ley, la representación de 150, dándose también el inconcebible e inaudito de que tan exiguo número de vocales, cuyas condiciones de inteligencia y capacidad no hay motivo para asegurar que dejen de ser problemáticas, intervenga definitivamente en el acto más árduo, complejo y trascendental de cuantos constituyen la gestión administrativa del municipio. Muy lejos estamos de inferir la menor ofensa á ninguna de las clases sociales, todas dignas á nuestros ojos por el ejercicio de sus honrosas profesiones de intervenir en los negocios del municipio; pero siete ó ocho modestos industriales ó comerciantes contribuyentes por las últimas cuotas no son los llamados, en nuestro sentir, por celosos que sean, á dar ilustrado y competente veredicto sobre las cuentas de un presupuesto de 80 ó 90 millones de reales en que figuren múltiples y variados servicios, operaciones de crédito quizás complicadas y de embrollado alcance, deudas, créditos y derechos de diversa índole y cuantioso importe.

Si volvemos la vista á la legislación extranjera, en todas partes encontramos esquisito esmero para buscar eficaces garantías de acierto en los tribunales y contables á quienes incumbe el exámen y aprobación de las cuentas municipales y provinciales. En Francia sobre la inspección administrativa está la jurisdicción encomendada á los consejos de prefectura, consejos provinciales, y á la cour de Comptes, tribunal de cuentas para examinar, censurar y fallar las de los ayuntamientos. A los primeros pasan las de los pueblos cuyo presupuesto de ingresos no llega á 30.000 francos, con derecho de alzarse el cuentadante á la cour de Comptes, y á ésta se remiten directamente las que exceden de aquella cifra, cuyo tribunal falla en primera y única instancia. Los recaudadores, que son á la vez depositarios en los pueblos de escaso vecindario, están además obligados á presentar al consejo de prefectura un estado de los ingresos realizados, sistema excelente, contabilidad tan escrupulosa y metódica, dice un escritor (1) nada sospechoso para los partidarios de la descentralización administrati-

(1) Leroy—Beaulieu.