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y otros caballeros tenían en los bienes que habían pertenecido á la Orden del Temple, en los monasterios de Vizcaya, Encartaciones, Alava y otros lugares, y en los diezmos que de antiguo cobraban, sobre lo cual no se haría ninguna innovación (1).

Ilízose, sin embargo, en las tierras de otras comarcas, por lo menos respecto á la cuantía de la exacción decimal, siempre que ésta se computaba en los términos generales y absolutos que prevalecían las decretales y las leyes de Partida. Resultaba entonces tan exorbitante el impuesto, que más parecía abuso del clero, que literal cumplimiento de ley canónica. Así las Córtes de Madrigal de 1458 reclamaron contra este exceso; y si en efecto se hubiera siempre exigido el tributo del modo que ellas denunciaron, habría sido uno de los más ruinosos que hubieran podido inventarse. Decían aquellos procuradores que quien de una ó más heredades arrendadas cogía cien cargas de pan, pagaba diez por diezmo: que de las noventa restantes, debía satisfacer veinte, treinta ó más por renta al señor de la tierra, el cual á su vez pagaba otro diezmo de las mismas: que de aquel residuo, ya diezmado, tenía que pagar el labrador otras veinte ó treintia cargas por la soldada de los paneros y segadores que le ayudaban á recoger el fruto: que de ellas se sacaba otro nuevo diezmo, y así en lugar de las diez cargas que correspondían por las ciento de la cosecha, venían á pagarse diez y seis. Quejábanse además de que se exigiera diezmo de las rentas de los molinos, de los alquileres de las casas y bodegas y de otras cosas no acostumbradas á diezmar, y de que los clérigos, siendo jueces y partes, fatigaban á las gentes con pleitos y excomuniones por faltas livia- nas, causando costas que importaban á veces diez tantos más que el daño. Mas si este impuesto había de sacarse del producto bruto, y debían pagarlo todos los que participaban de él, de lo que en realidad se quejaban las Córtes, era de la ejecución literal del precepto que mandaba pagarla, y de la novedad introducida por los cánones en el sistema de su exacción. Así es que el rey D. Juan II considerándose tal vez sin autoridad para remediar el daño, respondió á esta petición que escribiría sobre todo al santo padre (2).

No consta que llegara á pedirse tal remedio, aunque no es probable, pues desde que los reyes tuvieron interés en el acrecentamiento del tribu-

(1) Córtes de Castilla.—Córtes de Guadalajara de 1390: Ordenamiento de prelados, 6.
(2) Córtes de Castilla.—Córtes de Madrigal de 1438, pet. 45.
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to por sus tercerías, se inclinaron á favorecerlo con todas sus providencias, no quedando más correctivo al exceso del gravamen que la facilidad de eludir su satisfacción. Así, porque los diezmos estaban también «á servicio de los reyes y pró de su tierra,» mandó D. Alfonso el Sábio que nadie retirase su cosecha de la era sin pagarla previamente. Para «refrenar las cautelas y malicias de algunos arrendadores de diezmos y de tercerías,» dictó otras medidas preventivas D. Alfonso XI (1). Porque algunos recaudadores de tercerías, «dan y pagan el pan mojado y mezclado con paja y polvo y piedra,» los Reyes Católicos penaron estos fraudes y mandaron dar limpio y enjuto el grano del diezmo (2). Porque «desfraudaban las tercerías y el real patrimonio,» los que obtenían hábito de San Juan, para eximirse de pagar diezmos, mandó Felipe II que de la validez de tales exenciones conociera el Consejo (3). «Considerando el interés del fisco real en las tercerías y diezmos,» ordenó Felipe V que conociera el consejo de los recursos sobre nuevos diezmos, en los cuales se disputaba la extensión del impuesto á tier ras ó frutos ántes no gravados (4). Fueron las Cortes las que de tiempo en tiempo solían arrancar á la corona alguna providencia favorable á los contribuyentes, tales como la de D. Carlos I y doña Juana á petición de las de Toledo de 1525, para que no se hiciera novedad hasta que el consejo proveyera lo conveniente, en cuanto á la costumbre de no pagar diezmo de la renta de las yerbas, pan y otras cosas; y la de los mismos monarcas, en las Cortes de Valladolid de 1518, para que tampoco se hiciera novedad, en cuanto á no pagar diezmo de lo que ya en otra forma lo hubiera satisfecho (5).

Aún creció más el celo del gobierno por la cumplida exacción de este tributo, cuando en virtud de nuevas gracias pontificias, se fué aumentando la participación en él de la real hacienda. San Pío V concedió á Felipe II, con el nombre de Excusado y para las guerras contra los herejes y los turcos, los diezmos de la casa que en cada parroquia pagase más por razón de ellos, excluidas las dos primeras en el orden de la cuantía del tributo, y no habiendo tenido efecto desde luego esta gracia apostólica, la renovó Gregorio XIII en 1571, extendiéndola por término de cinco años, no ya á la ter-

(1) L. 5, t. 6, l. I, N. Recop.
(2) L. 6, ibid.
(3) L. 9, ibid.
(4) L. 10, ibid.
(5) L. 7 y 8, ibid.
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cera, sino á la primera y mayor casa diezmera de cada parroquia (1). Fuése después renovando esta merced de tiempo en tiempo, como todas las de su especie, hasta que en 1737 la perpetuó Benedicto XIV.

También concedió Gregorio XIII á Felipe II en 1569 el aumento que tuvieran los diezmos y primicias por el mayor producto de las tierras que se regaran de nuevo y los diezmos llamados novales, que eran los de terrenos abiertos por primera vez al cultivo. Benedicto XIV confirmando y extendiendo esta gracia en 1749, otorgó á Fernando VI, los diezmos, primicias y novales de todos los frutos que produjera el cultivo de montes y bosques, así como el aumento de las cosechas de cualesquiera otras tierras, aunque no se debiera á nuevos riegos (2). Mas, fuése porque en la ejecución de estos breves pontificios cometiera algunos excesos el juez encargado de su ejecución ó porque se temiera la oposición de alguna parte del clero, usándola en toda su amplitud, Carlos III la redujo considerablemente en la práctica, declarando que no percibiría los diezmos de las tierras regadas de nuevo, sino cuando sus aguas se derivaran por acequias construidas á expensas del Estado, ni los de nuevos rompimientos, sino cuando se verificasen en montes de la corona, aunque los disfrutaran los pueblos (3).

No imitó, por cierto, este ejemplo Carlos IV, aunque fué el monarca que al parecer llevó á más alto punto su celo por la contribución decimal. A sus instancias expidió Pío VI en 1796 un breve anulando todas las exenciones de diezmos que á la sazón existían, cualesquiera que fuese su origen y el carácter de las personas ó corporaciones que las disfrutaban, exceptuando tan sólo las adquiridas por título oneroso (4). Pero lo que principalmente procuró el gobierno del rey con esta gracia, fué más bien que acrecentar la dotación del clero, aumentar el producto de las tercerías y novales. Así dijo el monarca al publicar y mandar cumplir el Breve, que trascendía á que la real Hacienda lograra su parte en las tercerías, no sólo donde las poseía, sino en todas las villas, aunque estuviesen enajenadas ó certijadas (5). Siendo también insuficiente este recurso, mandó D. Carlos en 1800 aplicar á la consolidación de vales reales, no ya sólo las tercerías de los diezmos que habían de pagar los que dejaron de ser exentos, por el breve de 1796, sino el producto íntegro de estos diezmos, impetrando gracia para ello de

(1) N. Recop. not. I, t. ei 12, lib.
(2) Ibid. not. 5 y 6, t. 6, lib. 1.
(3) L. 13, t. 6, lib. 1. Nov. Recop.
(4) L. 14, ibid.
(5) L. 15, ibid.
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GOMO PRUTO DEL SEÑORÍO TERRITORIAL.

la Santa Sede. Entre tanto Pío VII facultaba al nuncio para otorgar al rey la exacción de un noveno extraordinario de todos los diezmos del reino, por término de diez años, y con aplicación asimismo á la consolidación de los vales (1), lo cual se llevó á efecto y aún se renovó y perpetuó la gracia posteriormente. También otorgó el Pontífice en 1801 la pedida en el año anterior para disponer de la totalidad del diezmo de los exentos, aunque con la limitación de que había de quedar á salvo la parte correspondiente á los párrocos y edificios sagrados, y la que faltase para que no quedaran incongruos los demás beneficios.

III.

DECADENCIA Y FIN DEL DIEZMO.

Con tantas concesiones pontificias al empezar este siglo, había subido á cerca de cuarenta por ciento, según los cálculos más prudentes, la participación del Estado y de los seglares en la contribución decimal (2). Pero todo el celo del Fisco y todo el influjo del clero fueron ineficaces, no ya para aumentar sus productos, según se prometían los participes en ellos, mas ni siquiera para contener su disminución. Verdad es que no pudo llevarse á efecto el breve de 1796 derogatorio de las exenciones del diezmo, á pesar de los esfuerzos de Carlos IV y de sus consejeros y ministros; los cuales decían con harta razón en su apoyo, que si el diezmo era obligación sagrada e indispensable para mantener el culto, nadie debía excusarse de satisfacerlo, pero que si uno se eximía por privilegio, todos podrían hacer lo mismo por motivos de justicia y de general conveniencia. Así ni el impuesto decimal se extendió y regularizó como deseaba el gobierno, ni

(1) L. 16 y not. 12, 13 y 14, t. 6, lib. I. Nov. Recop.
(2) Según una Memoria anónima, escrita por persona muy competente, bajo el título de Los diezmos, ó sea la contribución de frutos (1823), se distribuían los productos de este impuesto en 1816 del modo siguiente:

    Al clero.
    62
    26
    cént. por 100.

    Al noveno.
    7
    28
    id.

    Al excusado.
    7

    A las tercias.
    4
    5

    A maestrazgos.
    2
    8

    A participes legos.
    17
    33

    100
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sus productos tuvieron ningún aumento sensible. Notóse por el contrario, que cuanto más se acrecentaba la participación en ellos del Fisco, por efecto de nuevos breves y bulas, tanto menor era su importe, sucediendo esto precisamente cuando se había extendido el cultivo á nuevas tierras y había tomado mayor incremento la riqueza nacional. Fenómeno singular, ciertamente, pero que se explica sin duda por la confusión lamentable de las cosas humanas con las divinas, que resultó de aplicarse á objetos profanos el tributo exigido en nombre y para servicio de Dios. Cuanto más parte se daba al Fisco en un impuesto que no se pagaba cumplidamente, sino por deber de conciencia, tanto más se disminuía el estímulo de los fieles á satisfacerlo. Era casi secularizar el diezmo, dar al Erario cerca de la mitad de sus productos, y así no extraño que considerado como un tributo medio profano, se discutiera y disputara como los de esta clase, y no tuviese en su apoyo más sanción efectiva que la de la fuerza. Por eso el principal correctivo de los inconvenientes del diezmo estuvo siempre en la inobservancia del precepto que mandaba pagar lo, ó en la irregularidad de su ejecución. Fué más tolerable porque no alcanzaba de hecho á todos los productos de la riqueza, ni á todas las tierras, ni consistía siempre en la décima de los frutos, sino que variaba según los usos y costumbres.

Pero todas estas circunstancias favorables para su duración como hecho histórico, le perjudicaban sobre manera como hecho racional y científico. Los escritores políticos de los siglos xvii y xviii, no osaban todavía censurar lo claramente, mas al deplorar el atraso de la agricultura, señalando como una de sus causas, el exceso de los tributos, origen del alto precio de los mantenimientos, daban sobrado á entender que el diezmo era á sus ojos, una de las causas del daño que denunciaban. Hé aquí cómo se expresaba Jovellanos en su Informe sobre la ley agraria: «Pero nosotros, »no contentos con gravar los productos de la tierra ó en una séptima parte, como sucede en las especies de millones, ó en una catorcena, como »en la alcabala de yerbas, ó en un vigésimo quinto, como en los abastos »de consumo ordinario, que pagan cuatro por ciento, hemos gravado la »renta de la propiedad con una veintena á título de frutos civiles, y además »hemos gravado directamente la misma propiedad con otra catorcena en »su circulación; todo lo cual, agregado al diezmo, con que está también »directamente gravada la propiedad, en favor de la iglesia, sin contar la »primicia, hace ver cuánto las leyes fiscales se han obstinado en encarecer »la propiedad territorial, cuando su baratura como tan necesaria á la pros-
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«peridad del cultivo, debiera ser el primero de sus objetos» (1). Otros escritores no confundían nominalmente el diezmo con los demás tributos que arruinaban la agricultura y secaban las fuentes de la riqueza; pero todos condenaban aquel sistema tributario, recomendando la necesidad de aligerar las cargas que pesaban sobre los vasallos; y los más, convenían en que no siendo el diezmo de derecho divino, podía reformarse con intervención de la Iglesia. Y en efecto, teólogos y canonistas coincidían en reconocer que habiendo cesado con la ley antigua, la obligación de pagar diezmo, no tenía ya éste más fundamento positivo que el precepto eclesiástico, limitándose los más celosos á recomendarlo como digno recuerdo de la antigua institución mosáica.

Era además el diezmo un grave obstáculo para el establecimiento de todo impuesto territorial directo; como que siendo casi el único de esta especie, que á la sazón existía, no daba lugar á otros de la misma índole, generales y suficientes. A pesar de sus numerosas exenciones, era mucho más general que los tributos taicales, que pesaban solamente sobre los pecheros, pues como ante Dios no hay gerarquías, ni los nobles ni los eclesiásticos se eximían de pagar diezmo. Esta circunstancia agravaba más la necesidad de reformarlo radicalmente ó suprimirlo, si había de establecerse un sistema tributario racional, como querían los políticos, que tuviese por base un impuesto directo y uniforme sobre la propiedad inmueble. Los antiguos pechos, que tenían el carácter de territoriales, más bien que tributos públicos, eran censos, que si subsistían en algunas partes, como la infuración en Castilla y las pechas en Navarra, su cuota había menguado desproporcionadamente, atendido el incremento que había alcanzado la riqueza. Eran como la renta de población ó censo que pagaban al fisco las tierras y heredades confiscadas á los moriscos con motivo de su expulsión y repartidas después entre cristianos. Así, aunque desde el siglo xvii se establecieron diversos tributos reales directos, ó fueron parciales por recaer tan sólo sobre ciertos frutos, ó fueron especiales de determinadas provincias, ó fracasaron á poco de su establecimiento. De este modo pudo Felipe II imponer el enorme tributo de la regalia de aposento sobre las casas de Madrid, porque ni éstas ni las demás de España pagaban diezmo. El catastro, el equivalente y la talla de la corona de Aragón, eran contribuciones directas, pero no exclusivamente territoriales, puesto que se exigían en la triple forma de reales, personales e industriales, tomando

(1) Informe, p. 161, Madrid. 1820.
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del Estado, era en la ocasión presente; no había otra manera de ahondar las causas de aquellas tremendas y repetidas insurrecciones, sus caracteres verdaderos, su alcance cierto, su unidad real, los jefes ocultos tras los desgraciados y meros ejecutores. Se resolvió convocar tan alto tribunal. Viéronse en presencia, por una parte, las cabezas más vehementes y las dilaciones más extrañas en quienes sufrían detención, los tumultos más escandalosos en la vista y las argucias más sofisticas, las amenazas más soeces y los halagos más increíbles, y por otra parte una constancia, una paciencia, una serenidad y una energía que dieron á la sentencia un valor moral tan cierto, que en gran parte contribuyó á que vencido ante la razón como ante la fuerza el partido republicano, con la sola excepción de la ridiculez tentativa de 1859, no volviera á emprender movimientos insurreccionales. Empezó por lograr este partido que los hombres de la oposición legal enarbolasen la bandera de la amnistía contra la cual, á título de altivo y de intransigente él en público protestaba, y luego procuró atraer sobre el gobierno la indignación que hubiera producido á ser cierta la inhumanidad con que pretendió eran tratados los procesados. La historia ha dejado irrefutablemente establecido que lejos de tormentos, atrocidades e infamias para con los presos, hubo tal lenidad, que pasaban el tiempo en comidas y cantares y danzas, y algunos lograron ir á la Opera; que en vez de violentados por la autoridad, prodigaron insultos, amenazas y malos tratos á los encargados y responsables de su vigilancia; que la intimidación era su sistema contra los agentes de la autoridad, contra los testigos, contra los jueces. Aquellos hombres, los más temidos y expertos del partido, Godofredo Cavagna, Guissidiere, Armando Marrast, Lagrange, Baune, Guinard, pretendían que debiendo ser política su defensa, á otros hombres políticos, que no eran abogados y alguno era extranjero, habían de encomendarla, que O'Connell, Lamenais, Barbés, Cormenin, Blanqui, Armando Carrel, Raspail y otros ciento sesenta habían de desdibujar los artículos de la legislación penal que podían alcanzarles para discutir las teorías cuyo triunfo pedían á la insurrección. Fundado en la ley, negóse á tal exigencia el presidente baron Pasquier. Ni el apoyo que en varias ocasiones obtuvieron del colegio de abogados de Paris, ni los enayos de motines, ni el negarse algunos milicianos á dar guardia en el proceso, ni el número de Pares que no acudieron á la constitución del tribunal, ni el haberse retirado después sucesivamente otros treinta y dos, sobre todo á causa del auto para que siguiera el juicio sin la presencia de los acusados que levantaban tumultos (más tarde la ley introdujo explícitamente esta
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en cuenta todas las utilidades liquidas del contribuyente. Un impuesto de 5 por 100 sobre los alquileres de todos los edificios del reino, establecido en 1703, no dió apenas resultado y fué menester derogarlo.

El establecimiento de la única contribución que tanto recomendaban los aficionados á especulaciones científicas en materias económicas, aunque no hubiera ofrecido otras dificultades, propias de su índole, era irrealizable existiendo el diezmo. Decretada por Fernando VI á propuesta del marqués de la Ensenada en 1749. A pesar de reducirse su cuota á 4 reales y 2 maravedís por 100 sobre las utilidades liquidas de la riqueza territorial, pecuaria, industrial y mercantil de los seglares, y á 3 reales y 2 maravedís sobre las de los eclesiásticos, sucumbió por las dificultades de su ejecución y la resistencia de los contribuyentes. Ensayada de nuevo por Carlos III, cuando mandó imponer sobre las utilidades liquidas de la tierra y de la industria los 138 millones que importaban las rentas provinciales, no tuvo mejor resultado. Reproducida últimamente en 1817 por Fernando VII, á propuesta de su ministro D. Martín Garay, que pretendió sustituir las mismas rentas provinciales y otras, con un impuesto directo de 250 millones de reales sobre las utilidades de todos los contribuyentes que no habitaban en las capitales de provincia ni en los puertos habilitados, encontró también dificultades insuperables. La única contribución general directa que logró arraigar en los reinos de Castilla, fué la de frutos civiles, y esto porque pesaba únicamente sobre las rentas de las tierras y los alquileres de las casas que no pagaban tributo decimal.

Así cuantas veces se intentó la reforma fundamental de la Hacienda, otras tantas ocurrió la dificultad de hacerlo sin tocar al diezmo. Mas entre tanto iba propagándose y fortaleciéndose la opinión contra este impuesto á medida que se generalizaban entre los hombres estudiosos las doctrinas económicas de Adam Smith y su escuela, que lo condenaban como injusto y perjudicial á la agricultura. Acusábalese de estos graves vicios porque recaía sobre el producto bruto y no sobre el líquido, afectaba solamente á los consumidores, disminuía los estímulos para la buena labranza y pesaba desigualmente sobre los labradores, no siendo iguales en todas las tierras los gastos de producción. Oponiésele también el inconveniente de ser su administración ocasionada á muchos abusos y su recaudación difícil y costosa.

Mas á pesar de todos estos vicios del diezmo y del concepto desfavorable que merecía, á unos por lo esencial de la institución y á los más por su forma y sus accidentes, si fué objeto de público debate fuera de las re-
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giones oficiales durante el primer periodo constitucional, las Cortes de Cádiz no se atrevieron á suprimirlo, ni aún á reformarlo, por más que no se les ocultara la necesidad de hacer lo uno ó lo otro, cuando en 1813 descubrieron el plan de Hacienda, del cual formaba parte una contribución directa de 517 millones sobre todo género de riqueza, en sustitución de otra de carácter progresivo ó sea de proporcionalidad creciente en razón directa de las utilidades líquidas de cada individuo, decretada en 1811, la cual había sido mal recibida y de escaso resultado. Lo único que sobre esta materia osaron hacer aquellas Cortes, fué aplicar á las urgencias del Estado y necesidades de la guerra la parte de los diezmos que no fuera necesaria para la subsistencia de los participes en ellos, pero como préstamo forzoso que había de devolverse con el producto de la contribución extraordinaria de guerra (1).

Las Cortes de Cádiz obraron prudentemente no tocando una cuestión sobre la cual tenían opiniones é intereses tan opuestos los hombres que necesitaban permanecer unidos para resistir eficazmente á los enemigos de nuestra nacionalidad. Mas concluida la guerra, y restablecido más adelante el régimen constitucional en 1820, cesaron aquellos respetos y se pusieron desde luego en tela de juicio esta y otras cuestiones delicadas y de resolución comprometida. Surgió la del diezmo apenas se trató en las Cortes de formar un presupuesto y mejorar el estado de la Hacienda.

Para realizarlo discutió y acordó aquella asamblea las bases generales de un nuevo sistema tributario, siendo una de ellas «modificar el diezmo» á fin de que fuera posible el establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad y la industria. Esta modificación podía entenderse de diversas maneras, pues lo mismo podía consistir en regularizar el impuesto decimal, haciéndolo recaer sobre el producto líquido de todos los capitales sin excepción alguna, que en rebajar simplemente su cuota, sin hacer novedad en el modo de computarlo y exigirlo. Si hubiera habido el propósito de mantenerlo, el primero de estos procedimientos habría sido el más acertado; pero si se pensaba suprimirlo por completo, era sin duda más prudente el segundo. Y como la mayoría de aquellas Cortes y la Comisión parlamentaria que entendía en el asunto se inclinaban visiblemente á esto último, una y otra convinieron en limitar la reforma por el pronto á la rebaja de mitad del diezmo y establecer un nuevo impuesto de 130 millones sobre la propiedad rural. Calculábase entonces que aquel antiguo

(1) Orden de 30 de Mayo y decreto de 16 de Junio de 1812.