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No apartemos nunca la vista de la realidad: el hombre necesita vivir y desenvolverse; al lado de estas necesidades que le subyugan con irresistible imperio, está el sentimiento de la apropiación que se despierta poderoso en el niño aun antes de balbucir las primeras palabras del idioma patrio, y coronando por decirlo así su naturaleza privilegiada, está la razón, en la cual surgió la idea de lo tuyo y de lo mío como una ley de nuestro ser.

Tal es el hombre estudiado en la realidad de la vida y no en las abstracciones de la filosofía. Pero el hombre no habita en los aires; el teatro donde hace su aparición es la tierra, que es limitada, estéril y rebelde, de modo que para vivir necesita trabajar; el trabajo, fecundando la tierra, extiende al infinito sus fuerzas productoras, y hace posible en la humanidad el cumplimiento de su noble destino. ¿Cómo, pues, erige Kant en derecho el antojo de un hombre que, rebelde á las miras de la Providencia, usurpa ó distrae de su fin una parte de la creación? La tierra no es más que el campo de batalla del trabajo, y la propiedad el premio del vencedor.

Igualmente especiosa es la razón que ha inducido á Kant al otro error de que antes os hablé. Partiendo de la idea de una posesión común, primitiva, y considerando que la ocupación es un acto unilateral, deduce la necesidad de suponer una voluntad universal tácita á priori, porque una voluntad individual no puede obligar á los demás. Establecido tal principio, la lógica obligaba á Kant á sostener con Benthan y Montesquien que la propiedad es una creación del contrato social ó de la ley, porque sólo con el estado social es posible esa voluntad universal realmente armónica ó conjunta en sus elementos para legislar. Pero como su admirable instinto rechazaba esta consecuencia, y por otro lado había dicho antes que la propiedad es derecho primitivo, tuvo necesidad de apelar á otra hipótesis, la de que «en consideración á la idea de un estado social y á su acción, pero antes de su realidad (porque en otro caso la adquisición sería derivada) puede una cosa exterior ser adquirida primitivamente;» y distinguió, para explicar este logrogrío la adquisición provisional de la adquisición perentoria, como si inventando palabras se crearan ideas, como si bastase el empleo de adjetivos para resolver problemas y antinomias. Así es, que aun pasando por tantas y tan arbitrarias ficciones, que no son más que equilibrios y juegos de dialéctica, especie de fuegos fálicos, cuya luz engañosa y pasajera más fascina que ilustra, queda siempre en pie esta dificultad; ¿esa adquisición provisional es verdadera y legítima, si ó no? Si lo es, ¿en qué se distingue de la perentoria? Y si no lo es, ¿para qué vale ni de qué
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sirve? Y Kant no acierta á salir del atolladero más que acudiendo á su Deus ex machina, esto es, á un postulado de la razon jurídicamente práctica, conforme al que «su posibilidad, sea cual fuere el estado de los hombres entre si (por lo tanto también en estado de naturaleza), es un principio del derecho privado, según el cual todo el mundo está autorizado para obligar, en caso de necesidad, á fin de que cese el estado de naturaleza y empiece el estado social, único que puede hacer perentoria la adquisición.»

Puesma ver el influjo avasallador que ejerció la doctrina de Rousseau en las más privilegiadas inteligencias; á su yugo quedaron uncidos Kant, el filósofo más grande de Alemania, y Mirabeau, el primer orador de los tiempos modernos. ¿Qué importa que la ocupacion sea un acto unilateral ó de la voluntad individual? ¿Por qué dar al derecho un cimiento tan movedizo y endeble, como es la voluntad general humana, expresa ni tácita? ¿Vale más por ventura la voluntad arbitraria y velozdosa de los hombres, que la inteligencia infinita y la voluntad perenne e incorruptible del Criador al establecer, por ejemplo, la ley de la gravitacion?

Pero el hombre es libre, se dirá; no obra mecánicamente como un autómata, sino que es dueno de escoger entre el bien y el mal. Pués por eso mismo, contesto yo, hay una regla de sus acciones, que viene de lo alto, y que moralmente obliga su voluntad. ¿Es siquiera conceible la libertad sin la idea del mal y el bien, sin la ley moral?

Es menester que nos entendamos sobre lo que es «derecho natural,» para poder llegar á una solucion. A mis ojos son de derecho natural las instituciones jurídicas que se derivan inmediatamente de la naturaleza humana y de las condiciones del globo terrestre, que es el medium ó el teatro en que aparece y se desenvuelve nuestro ser. De toda institucion, de la cual se pruebe que tiene sus raíces en nosotros y en el planeta que habitamos, se puede afirmar sin riesgo de error, que es conforme á la intencion del Hacedor Supremo, ó en el lenguaje de ciertas escuelas, á las leyes de la naturaleza.

Ahora bien, es un falso método de investigacion en la ciencia jurídica y en las ciencias sociales en general, el de los filósofos dogmáticos que establecen principios abstractos y arbitrarios, para deducir de ellos las consecuencias que les convienen ó que van buscando.

No hay más método legitimo y verdadero que el de la observacion, e del análisis, el método baconiano. En la cuestion del derecho de propiedad, como en la de otro derecho cualquiera, hay que empezar examinando al hombre; y si del estudio de sus necesidades, de sus facultades, de sus
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instintos, de sus sentimientos, de sus ideas y de sus fines, se infiere lógicamente, que son condiciones de su manera de ser y de su desenvolvimiento el trabajo y la propiedad, es claro que habréis adelantado mucho para poder considerar á ésta y aquel como leyes naturales, conformes con la intención del Supremo ordenador del universo. Y ya no os quedará duda alguna, y os vereís precisados á admitir esta inducción como definitiva y legítima, cuando después de haber analizado al hombre examinéis las condiciones de la tierra que habita, las cuales demuestran, que sin el trabajo y la propiedad, el hombre ni satisface sus necesidades, ni ejercita sus facultades, ni llena sus fines, y que es entonces inútil que Dios nos haya dotado del instinto de apropiación; inútil que haya puesto en nuestro corazón el sentimiento y los goces de la propiedad; inútil que haya revelado á la razón la idea de lo tuyo y de lo mio, la cual, en tal hipótesis, es una vana sombra sin realidad objetiva ni sentido positivo y práctico.

Concibese que después de esta demostración haya todavía quien diga: pero el hombre es inteligente y libre, y puede con su inteligencia inventar, y merced á su libertad establecer una organización social que mejore la obra de la naturaleza. En hora buena. Admito como posible esta cuestión, y por consiguiente mé confieso obligado á pelear en este terreno con el comunismo y el socialismo; pero es menester no alterar los términos del problema, que así planteados, convuelve el reconocimiento de que el trabajo es la ley del hombre, y que es asimismo de derecho natural la propiedad. Una vez convencidos en esto, parece tarea fácil y llana demostrar que la vida es físicamente imposible sin el trabajo, y este, moralmente imposible sin la propiedad, que es el premio del trabajador. El trabajo es una pena á la cual no se somete voluntariamente el hombre sin el poderoso estímulo de su interés personal y del cariño de su mujer y de sus hijos. Sin ahogar en el corazón todo afecto y todo sentimiento personal, no podrá impedirse la propiedad y la desigualdad de las fortunas; por consiguiente, la abolición de la propiedad exige la de la familia y supone la abdicación de la personalidad humana, la muerte de la libertad. Resulta por tanto, que el poder del hombre no está al nivel de su soberbia, porque toda organización artificial, contraria á las leyes naturales, lejos de corregir y perfeccionar la obra de Dios, conduce á aquel á la miseria, á la servidumbre y la barbarie.

MANUEL ALONSO MARTÍNEZ.

(Se continuará.)
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EL SELF-GOVERNMENT

LA

AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO Y LA TUTELA ADMINISTRATIVA (1)

Los acontecimientos de Setiembre de 1868 cambiaron radicalmente la faz de la política y de la administración, creándose un orden de cosas que, por lo tocante al orden y regularidad de los servicios locales, dejaba bastante que desear.

En vano el gobierno provisional, pugnando por organizar el municipio y la provincia sustrayéndolos á la anarquía demagógica y al caos revolucionario, se apresuró á plantear el decreto-ley de 21 de Octubre de aquel año, fiel reproducción en la parte orgánica y de atribuciones de la ley de 5 de Julio de 1856; en vano se dictaron en la misma época con levantado espíritu otras medidas encaminadas á poner coto á la confusión y al desbarajuste, por todo extremo lamentables, que cuadran con pavoroso incremento, resultado lógico de la conmoción que á manera de terremoto destruyó instantáneamente el organismo y la estructura oficial del cuerpo político; todos los esfuerzos del gobierno, á tan plausible fin dirigidos, fueron inútiles, adquiriendo cada vez mayores proporciones el desconcierto, la dislocación y el desquiciamiento del régimen municipal en sus bases fundamentales y legendarias. Varias causas produjeron, en nuestra opinión, el mal que tan tristes huellas ha dejado en el país: de una parte el principio de autoridad y la acción del poder ejecutivo quedaron profundamente enlaquecidos, si no anulados del todo, para hacer sentir su influencia protectora del orden social y de los sagrados intereses á su custodia confiados; de otra parte, sustituido el sistema electoral de la ley de 5 de Julio de 1856.

(1) Véase el número 164 de la REVISTA.
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ampliamente popular dentro de las buenas doctrinas, por el sufragio universal, innovación peligrosa en las naciones que para ella no están suficientemente preparadas, aconteció como era de prever, que un personal de humildísimo origen, inexperto, no muy fuerte en achaques de administración, pero audaz y anheloso de ocupar los puestos municipales, aguijoneado por los estímulos de una clase que se juzgaba desheredada, hubo de apoderarse de los ayuntamientos, cuya gestión económica no podemos apreciar por falta de datos oficiales, pero que en el orden político se convirtieron en centros de efervescente agitación poco dóciles á la voz de los poderes constituidos.

No era fácil empresa la de encauzar las desbordadas corrientes que inundaron el campo político y administrativo á manera de impetuoso torrente, careciendo como carecía el gobierno de medios directos y eficaces para influir sobre las municipalidades. Así se explica que se hayan resentido gravemente los servicios de carácter general encomendados al cuidado y dirección de dichas corporaciones, de lo cual es concluyente y desconsoladora prueba, la situación precaria, angustiosa, verdaderamente afflictiva de los maestros de instrucción primaria, á quienes dejaron de pagarse sus modestas dotaciones, sumiéndolos en la abyección y la miseria. Residían ciertamente facultades en las diputaciones provinciales para velar por el cumplimiento de las leyes que imponen determinadas obligaciones á los municipios; pero ó no se cuidaban de ejercer esas facultades, ó eran impotentes para hacerse obedecer: en ámbas hipótesis no puede ser lisonjero el juicio que haya de formarse respecto de una legalidad que producía semejantes frutos en su aplicación.

Otras disposiciones de índole económica vinieron á agravar la ya mal parada situación de los ayuntamientos. Con la supresión del impuesto de consumos, con haberse incorporado más tarde al cupo general del Estado los recargos provinciales y municipales sobre las contribuciones directas, con el infeliz y desdichado ensayo del que se llamó impuesto personal, re- fractario á los pueblos en todo el país, quedaron las corporaciones locales privadas de sus más saneados e importantes recursos precisamente en un año de escasez y de miseria por la pérdida de la cosecha, viéndose en la dura y tristísima necesidad de malbaratar los valores fiduciarios ó scan las inscripciones trasferibles que poseían en equivalencia de los bienes enajenados del caudal de propios.

No favorecieron las circunstancias la ejecución de la ley municipal puesta en observancia por decreto del gobierno provisional, la cual como
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dejamos dicho, constitúa á las diputaciones provinciales en superiores gerárquicos de los ayuntamientos con los caracteres que entraña el ejercicio de la tutela administrativa. Hecha esta declaración que la imparcialidad y la justicia exigen, y de buen grado consignamos, también debemos añadir, inspirados por idénticos móviles, que en ningún tiempo ha dado buenos resultados el sistema administrativo que inviste á las corporaciones provinciales de tales atribuciones. Ni mientras rigieron los decretos de las Cortes de Cádiz, ni durante los diferentes períodos en que estuvo en práctica la ley de 3 de Febrero de 1825, basada sobre los mismos principios, podrá asegurarse (y acerca de esto no vacilamos en invocar el testimonio de todas las escuelas y partidos políticos monárquicos) que hayan estado bastante garantidos los grandes intereses sociales relacionados intimamente con la causa del orden público, ni tampoco que la gestión de los asuntos locales pueda citarse como acabado y perfecto modelo de una administración inteligente, desapasionada y metódica. Hablamos de sucesos contemporáneos sujetos al conocimiento de la presente generación y á su juicio ilustrado sometemos nuestras modestas consideraciones.

No es de extrañar, por tanto, que se mire con serios temores y fundadas prevenciones un organismo administrativo que deja desnudo á el gobierno y á los sagrados intereses que simboliza enfrente de corporaciones provinciales en plena posesión de los resortes del poder y funcionando casi con absoluta independencia. El riesgo de caer en el negro y espantoso abismo de la federación tal como se ha entendido y practicado en España, aleja con horror de esas escuelas á cuantos se precian de honrados ciudadanos amantes de la libertad hermanada con el orden y del ejercicio de los derechos políticos armonizados con el más profundo respeto al principio de autoridad.

Así corrian las cosas, cuando se publicó la constitución de 1869, obra de las Cortes constituyentes de aquel año. Una difícil transacción política, aunque patriótica dadas las circunstancias, constituye la base fundamental del código de que se trata, y bajo este punto de vista, lejos de merecer censuras, son por el contrario de aplaudir las rectas intenciones que animaron á los individuos de la comisión precedentes del partido conservador más influyentes en la redacción del proyecto. No se eche en olvido que para salvar la forma monárquica de gobierno con sus atributos esenciales, en inminente peligro entonces, era preciso hacer concesiones á los representantes de otras doctrinas; que la intransigencia en puntos menos importantes podía ocasionar gravísimas consecuencias; que la responsabilidad de
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los que profesaban ideas conservadoras y principios monárquicos sería inmensa si abandonaban por debilidad ó por otras causas la obra constitucional á los sectarios de opuestas escuelas; procedieron, pues, con levantado espíritu los individuos de la comisión transigiendo, que en realidad de verdad gobernar es transigir, y lo será en todos tiempos mientras en la sociedad se agiten distintas ideas, sentimientos antitéticos, intereses encontrados y hasta diversas preocupaciones. Si no hemos aprobado ni votado artículos trascendentales de aquella constitución, si no estuvimos conformes entonces ni estamos ahora con muchos de sus preceptos, no por eso saldrá de nuestros labios la menor inculpación contra los exclarecidos patricios amantes de la monarquía que más participación tuvieron en la confección del referido código. No hemos tenido la honra de formar parte de la comisión constitucional; hemos salvado incólumes nuestros principios monárquicos y conservadores, sin que pueda afligirnos el recuerdo de la más ligera contradicción con nuestros antecedentes y procedencia política, pero lejos de increpar la conducta que observaron nuestros amigos en aquellas críticas circunstancias, estamos dispuestos á defenderla porque la juzgamos digna, nobilísima y altamente patriótica. El pesimismo en política es en nuestra opinión el peor de todos los sistemas.

Presentámos, sin embargo, que el título VIII de la Constitución de 1869 relativo á la organización de las corporaciones populares, no hubo de ser la fiel y genuina expresión de las ideas y de las opiniones de los diputados conservadores que tenían asiento en las Cortes constituyentes. Crecemos, por el contrario, que en este punto capital vencieron las tendencias, entonces dominantes, de la agrupación democrática, obedeciendo á sus aspiraciones y deseos la redacción de las disposiciones del mencionado título.

Al conlitar en absoluto á los cuerpos populares el gobierno y dirección de los asuntos que peculiar y privativamente les añeñen, dicho se está que se les reviste de facultades autónomas, con exclusión completa de la autoridad tutiva del Estado y de cualquiera otra á título de superior gerárquico.

Creyeron los autores del código fundamental, incurriendo, á nuestro juicio, en gravísimo error, que la publicidad de las sesiones, de los presupuestos, de las cuentas y de los acuerdos sobre negocios importantes de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, constituía una garantía eficaz respecto á la recta gestión, á la imparcialidad y á la justicia de los actos de estas corporaciones.

Ni los intereses locales quedaron con tal disposición suficientemente
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asegurados, ni la publicidad de la gestión administrativa ha dado en la práctica los resultados que, desconociendo la índole de nuestros municipios hubieran de prometerse los constituyentes de 1869.

Somos enemigos de aventurar afirmaciones que no se apoyen en datos positivos de carácter oficial; sin embargo, con franqueza declaramos que siempre hemos abrigado dudas muy serias acerca de la virtud y de la eficacia de seriejante garantía tratándose de nuestro país.

Si fuese posible publicar, cosa que nos parece bastante difícil, un estado demostrativo, por provincias, de las quejas y reclamaciones formuladas contra los acuerdos de los ayuntamientos, no por agravios inferidos á los particulares, sino por lo que hayan lastimado á la colectividad del vecindario, ó á los intereses generales y permanentes de la sociedad colocados bajo el amparo y la custodia del gobierno, seguros estamos de que no habrían de salir muy airosos de la prueba los que suenan con buscar en la iniciativa individual, ilusoria entre nosotros, un remedio poderoso contra los abusos de cualquier género que puedan cometer los ayuntamientos.

La voz del patriotismo desinteresado, el celo individual y espontáneo por la causa pública, no rayan á grande altura en nuestro país: el temor de incurrir en el desagrado y en la censura de la autoridad, haciendo frente á sus actos y á sus disposiciones, temor tanto más fundado, cuanto más de cerca puede aquella hacer sentir el peso de su enojo y de su disgusto, retrae á los vecinos pacíficos y honrados de mezclarse en aventuradas empresas, de que probablemente solo habrían de recoger abundante cosecha de sinsabores y amarguras.

Fuerza es, sin embargo, convenir en que el título VIII de la Constitución de 1869 establece dos principios altamente salvadores, que si se hubiesen desenvuelto en las leyes orgánicas con el recto y genuino espíritu que hubo de inspirarlos, habrían hecho posible, con gran beneficio de nuestra perturbada sociedad, la acción expedita y desembarazada del gobierno sobre la administración local por lo tocante á los servicios que afectan á los intereses permanentes del Estado. Estos dos principios son: la intervención de el Rey, y en su caso de las cortes para impedir que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se excedan de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y la determinación de sus facultades en materia de impuestos á fin de que los de carácter local no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario de la nación.

Grande es el vacío que se advierte en la ley municipal de 20 de Agosto de 1870, respecto á los medios conducentes á impedir que los ayunta-
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dicha disposicion pidiendo la separacion del servicio, ó rehusó decididamente hacer lo que se le ordenaba.

Uno de los autores de las tres biografias mencionadas, dice que el sabio Mendoza, como todos los eminentes ingenios de España, tuvo que sufrir sinsabores muy amargos causados por el gobierno de su patria, y que, aun cuando nunca había podido saber cuál fuera el motivo de su separacion del servicio, todas las presunciones parecian estar contra el gobierno que dictó la medida, y demostrar la sinrazon y arbitrariedad con que se procedió.

Nadie más amante que nosotros de las glorias nacionales, y siendo una de tantas D. José de Mendoza, nadie desearia más que nosotros que los hechos ocurridos hicieran admisibles las anteriores conclusiones del ilustrado general de la armada, autor de una de las biografias de nuestro marino. Pero riudiendo como rendimos, ante todo, culto á la verdad, nos vemos en la dolorosa necesidad de expresar que la resolucion adoptada por el gobierno contra Mendoza, si se atiende á las circunstancias en que á la sazon se encontraba el país, está plenamente justificada. No queremos analizar en este escrito todos los graves motivos de queja que Mendoza pudo dar al gobierno español; pero como historiadores tenemos que cumplir una penosa mision, la de hacer notar que el solo hecho de no haber cumplimentado sin perdida de momento las órdenes que se le comunicaron para regresar á su pais, que estaba en guerra con Inglaterra, y poner su espada al servicio de su patria, constituye un crimen de lesa nacion que por nada ni por nadie puede disculparse en un militar. Mendoza halagado, mimado por el gobierno que premió con prodigalidad sus servicios, debió volar á la defensa de su patria á la primera indicacion que se le hizo. Lejos de hacerlo, lo rehusó tenazmente, por lo cual será de celebrar que permanezcan sepultadas en perpetuo olvido las causas de su tenaz e indisculpable resistencia, si es que su descubrimiento ha de servir para empañar la memoria de este español, por otros conceptos tan ilustre.

Tal vez en su determinacion influyera alguna intensa pasion, debida á su larga permanencia en Inglaterra; tal vez existieran lazos más estrechos que no le permitieran, sin violencia, separarse de la persona amada. Pues se debe tener en cuenta que Mendoza casó en dicho pais con una señora, en cuya casa se alojaba, y que en diversas épocas de grave enfermedad, le prodigó solicitos cuidados.

Al año siguiente de no pertenecer ya el ilustre Mendoza á la Armada española, esto es, en 1801, publicó en las Transacciones filosóficas de Lón-