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ha dejado este monarca; pero lo que no admite duda es que con esa medida quedó establecido el precedente de que correspondía á la suprema autoridad central vigilar y corregir los abusos, excesos y arbitrariedades de la administración municipal, principio generador y evidente fundamento de la acción tutiva del Estado.

Más político y más astuto D. Alfonso XI, entró de lleno y con desenfado por el camino de la centralización, nombrando corregidores con el encargo de administrar justicia, presidir los ayuntamientos y fiscalizar las cuentas municipales. Hizo más aún: estimulado por el deseo de intervenir eficazmente en la gestión de los asuntos locales, hubo de plantear el sistema absurdo é insostenible en buenas doctrinas, de crear regidores perpétuos que, en unión con los ordinarios de elección popular, desempeñaban los oficios de régimiento. Una vez adoptado ese sistema odioso por lo que de privilegiado tenia, origen de repugnantes gerarquías sociales cuando no se fundan en servicios eminentes prestados al Estado, antipolítico por lo que hería y lastimaba el principio de igualdad ante la ley consignado en los fueros municipales (1), no tuvo ya límites el nombramiento de corregidores por la corona y de regidores perpétuos. Otra circunstancia vino á agravar la odiosidad de la institución de que se trata, porque la concesión á perpetuidad de los cargos municipales no fué el justo galardón y la recompensa debida al talento, al mérito, á los servicios distinguidos y á las acciones heroicas, sino por punto general objeto de un mercenario título de compra en virtud del cual se adquirían dichos cargos por determinado precio que ingresaba en las cajas del Erario.

Omitimos las consideraciones que se desprenden al ver de tal modo desnaturalizada, vilipendiada y escarnecida la representación del municipio y á tal extremo vejada su libertad é independencia. Al emprender los Reyes Católicos la obra grandiosa y gigantesca de la unidad nacional, monumento de gloria que habrá de eternizar el nombre de tan ilustres príncipes, dictaron un considerable número de disposiciones encaminadas á fortalecer y ensanchar la acción del poder central á expensas en gran parte, preciso es confesarlo, de los derechos y prerrogativas que correspondían á

(1) Efanzó, podestade, comite que casa habuerit in illa villa, habeat tale foro, quomodo habet maiore vel minore.—(Fuero de Avilés). Inffancone ó podestade ó conde que casa ovier enua villa, aya tal foro quomodo maior aut minor.—(Fuero de Oviedo). Et quicumque nobilis, vel cuiuslibet dignitatis in villa Sancti Facundi in propia, vel aliena domo habitaverit, ipse, et quicumque cum eo inorit, habeat forum ville, sicut unusquisque de vicinis. (Fueros de Sahagún de 1152).
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chada, digna de mejor galan y mejor suerte. La venganza y el resentimiento dirigieron la pluma del trovador provenzal.

Afortunadamente existen ciertos datos históricos, gracias á los cuales podemos deducir que las sátiras de Beltran de Born contra Alfonso, fueron debidas más que á la política y á la enemistad de partido, al resentimiento literario y á los celos en amor. Por un lado hay que convenir en que el rey Alfonso trovaba, y esta circunstancia, si le valía elogios exagerados y adulaciones de ciertos poetas cortesanos, le enajenaba las simpatías de otros trovadores, entre los cuales sobresalía por su carácter independiente y soberbio el vizconde de Hantefort, muy acostumbrado á satirizar lo que era objeto de las adulaciones serviles de ciertos compañeros suyos.

Además, el caballero y el príncipe, el rey y el trovador, habían sido rivales en amores, pues á ambos se les halla suspirando á los pies de Maenz ó Matilde de Montagnac, hija del vizconde de Turená y esposa de Talleyrand de Perigord, una de las mujeres más hermosas de su época. La bella Matilde se veía cortejada á un mismo tiempo por varios señores principales, entre ellos Alfonso, rey de Aragón, que al parecer estaba de ella perdidamente enamorado, siendo á ella á quien dirigió, según se supone, la canción de amores de que antes he hablado. Todos aquellos ilustres galanes fueron sacrificados por la bella Matilde á Beltran de Born, á quien escogió por su amante y señor. Esto no obstante, como no dejaban de inspirarle sus rivales viva inquietud, Beltran desplegó contra ellos su talento satírico, escogiendo principalmente como víctima á Alfonso de Aragón, que había estado más cercano que los otros á alcanzar los favores de la belidad provenzal, y que acaso los había conseguido.

El juicio de la posteridad ha sido favorable para Alfonso. Los historiadores más graves, más imparciales y más entendidos, convienen en que se hizo recomendable por sus hazañas y sus buenas cualidades. Fué, en efecto, su reinado uno de los más felices de la corona de Aragón, y fué indudablemente este monarca prudente al par que valeroso, activo al par que sagaz, guerrero al par que sabio. Como no todo es percepción en este mundo, hay realmente algunos luceares en la vida de este rey, y en ellos hubo de apoyarse Beltran de Born para sus crueles sátiras; pero no merecía ser pintado con los sesos colorés con que lo hizo este su vengativo contemporáneo. La pluma del trovador vizconde fué injusta al escribir de Alfonso, como toda pluma mojada en la hiel de la pasión, y á la que sólo inspiran el odio y la venganza.

Por lo que toda á Beltran de Born, la posteridad ha sido más severa
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los concejos. Abundan en el libro VII de la Novísima Recopilación, las leyes, por aquellos reyes publicadas, esencialmente orgánicas y reglamentarias, vivo testimonio de la tutela administrativa ejercida con absorbente y expedito desembarazo. La institución de la Santa Hermandad, viciada y degenerada en tiempos posteriores, limpiando el reino de criminales y malhechores, restablece el orden sobre sólidas bases; la creación de las Audiencias y Chancillerías llamadas á conocer de lo económico y gubernativo, las constituye en superiores gerárquicos de los Ayuntamientos; el Consejo de Castilla, discretamente reformado, imprime armónico y ordenado movimiento á toda la máquina administrativa, y la centralización reviste el carácter del sistema de gobierno que imperaba bajo el mando preconizado y enaltecido por la historia de los Reyes Católicos.

El despotismo de las monarquías puras, incompatible con el ejercicio de los derechos naturales del hombre, y execrable bajo todos conceptos, abusó de los grandes resortes que le facilitaba la centralización administrativa. Esto no admite duda; pero también es cierto, que en vano se buscarán grandes concepciones, vastos proyectos de interés nacional, empresas que engrandezcan la historia de un pueblo, donde reina el espíritu mezquino, estrecho y egoista del frío individualismo.

Los reyes de la dinastía austriaca y de la casa de Borbón, extremaron la política centralizadora, con grave detrimento de las libertades locales; la institución de las alcaldías-corregimientos, las contadurías generales de propios y arbitrios, la de los pósitos, los visitadores de montes, la superintendencia general de caminos y posadas, la comisión de hospitales y cuantas disposiciones se adoptaron, reglamentando los servicios de la administración municipal, inspiradas fueron por un criterio excesivamente centralizador. Las cuentas de los ayuntamientos y todo lo concerniente al gobierno económico de los pueblos, quedó sujeto al examen y aprobación del intendente, el cual por delegación del Consejo de Castilla expedia los finiquitos cuando las cuentas se atemperaban á los reglamentos (presupuestos) autorizados por el Consejo (1).

El estudio imparcial, desapasionado de nuestros códigos atestigua, que desde la Edad-Media hasta las Cortes de Cádiz, desde el siglo xiii hasta principios del presente, la tutela administrativa encarna y traspira en todos los actos del gobierno absoluto con tan dura rigidez, que viene á formar una insuperable barrera donde se estrella el noble sentimiento de in-

(1) Ley 13, tít. 16, lib. 7, Nov. Recop.
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dependencia, la patriótica aspiración á la libertad del municipio dentro de la esfera económico-administrativa.

Que la monarquía ostenta entre sus timbres, durante ese largo período, el de un progreso notable, sobre el estado anárquico turbulento, acaso disolvente de las municipalidades soberanas, nadie puede desconocerlo; que la unidad nacional, nuestro engrandecimiento y nuestras conquistas que admiraron al mundo, se verificaron sacrificando los fueros, franquicias y libertades populares, cosa es que está al alcance del menos versado en la patria historia. De suerte, que así como en Inglaterra la alianza de la aristocracia con el pueblo de las ciudades para defenderse contra las usurpaciones y arbitrariedades del trono, dio vida al espíritu liberal y al régimen representativo, en una palabra, al poder nacional, arraigado en las costumbres por la augusta sanción del tiempo en más de seiscientos años, así en España, obrando la monarquía con aviesa sagacidad busca y consigue primero el apoyo de las municipalidades para contener y reforzar la ambiciosa prepotencia de los grandes, y logra después con el concurso de estos acabar con los fueros y franquicias de las ciudades.

El desenvolvimiento histórico de los diferentes elementos sociales produce en Inglaterra desde la Edad-Media lenta, gradual y progresivamente la monarquía constitucional, que tan poderosa vitalidad ostenta en medio de las convulsiones que agitan y conmueven al continente europeo, y ese mismo desarrollo histórico protege, fortifica y enaltece en España el poder absoluto de los reyes sobre las ruinas del municipio y de las franquicias de los comunes. Sea que por los abusos, desmanes y depredaciones que se cometían en los pueblos, hubiese caído en desprestigio el régimen foral de los ayuntamientos, sea que amenazada la nobleza en sus privilegios por el célebre memorial de agravios de la junta de Ávila, y divorciada de la causa popular, hubiese abrazado y robustecido la de la monarquía, lo cierto es que por santa y noble y patriótica que haya sido la bandera de los comuneros, con ellos sucumbieron los fueros municipales y las públicas libertades de Castilla.

La estrecha alianza de la aristocracia de los campos con el pueblo de las ciudades arraiga y consolida, como hemos dicho, en Inglaterra, con el sistema representativo el espíritu local; y logra contener la acción invasora de la monarquía, abandonando en España la nobleza la causa popular para hacerse cortesana afirma el poder absoluto de los reyes á expensas de la libertad del pueblo.

Así, obedeciendo los elementos sociales á esta diversidad de origen, en
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que quizás entra por mucho el génio y el carácter de las respectivas razas, estimulan y vigorizan en la Gran Bretaña la iniciativa del anglo-sajón y coadyuvan poderosamente á establecer el self-government; mientras que en España esos mismos elementos, dando gran preponderancia á la intervención directa, fatigosa, asfixiante del poder central sobre los asuntos locales, enervan y enlaquecen las fuerzas del municipio, fomentando y robusteciendo la autoridad tutiva del Estado, ó sea la tutela administrativa, que viene á ser el resultado indeclinablemente necesario de la centralización que preside á través de los siglos los destinos de la península.

Otra de las causas que esteriliza entre nosotros la influencia de las reformas en el progresivo adelanto y desarrollo de las municipalidades, son los cambios violentos, radicales y continuos que lleva á las leyes orgánicas el advenimiento al gobierno de los partidos que por desgracia dividen el país, y la manera de realizar por encanto las más ctópicas teorías, como si fuesen los elementos sociales y la constitución interna de un pueblo, dúctil masa que se adapte á las exageraciones de ciertas escuelas ó á los planes de funestos soñadores.

En Inglaterra (y citamos esta nación como modelo y tipo del self-government) las reformas políticas y administrativas no se verifican con un criterio demoledor, no se improvisan ni se plantean abarcando el conjunto en su esencia y en sus detalles; se efectúan lenta y progresivamente; no se hace tabla rasa, destruyendo en un momento la obra de muchas generaciones, sino que se remedian los defectos y se regularizan las instituciones acomodándolas á las necesidades y adelantos de los tiempos; se procede con moderación y sobriedad, y por eso las reformas son estables y permanentes; en una palabra, se conserva lo existente perfeccionándolo. El árbol secular no se arranca para sustituirlo con nueva y débil planta, se le ingerta infundiendo en el añoso tronco la sávia vigorosa de la civilización moderna. Tal es el secreto que explica la estabilidad y consistencia del self government en las costumbres del pueblo inglés.

Siguiendo este sistema, D. Carlos III fué el primero que inició con excelente sentido práctico la reforma municipal, dando cabida en los ayuntamientos al síndico personero y á varios diputados del comun, elegidos por los comisarios que en consejo abierto nombraban los vecinos seglares y contribuyentes (1); es decir, estableciendo sobre amplias y liberales bases la elección popular de segundo grado. La revolución francesa, por esencia

(1) Ley 11, tít. 13, Nov. Recop.
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niveladora en el orden político, introdujo en España las reformas administrativas con el exagerado espíritu democrático que hubo de inspirar á los legisladores de Cádiz. Cualesquiera que sean los defectos de su obra y los errores que hayan padecido inherentes á la flaqueza humana, y al imperio de las circunstancias, los ilustres varones y esclarecidos patricios de las Cortes de 1812, se propusieron organizar el régimen municipal y provincial sobre la base de la unidad constitucional en el orden político, civil y religioso. A ese criterio altamente patriótico obedecen las disposiciones del capítulo I.º título 6.º que sancionan la reforma municipal con armónica uniformidad, suprimiendo la abigarrada, heterogénea y privilegiada institución del municipio tradicional é histórico. Quizás hubiera sido preferible otro temperamento; quizás el camino emprendido por los sabios consejeros de Carlos III y la continuación de las reformas administrativas, sin lastimar violentamente intereses respetables y sentimientos arraigados, hubiera dado mejores resultados; pero las corrientes innovadoras de la Francia revolucionaria todo lo invadieron y á los consejos de la moderación y de la prudencia se sobrepusieron los arranques impetuosos del entusiasmo patriótico, disculpables en los albores de la libertad, y el deseo ardiente y apasionado de regenerar el país con la facilidad que se cambia una decoración de teatro. La inexperiencia de aquellos insignes republicanos les disculpa la flagrante contradicción, del error lamentable en que incurrieron al someter los nuevos ayuntamientos á la dependencia estrecha y opresora de las diputaciones provinciales. La disposición del art. 325 del referido código fundamental que sujeta los acuerdos de los ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones económico-administrativas á la superior inspección y vigilancia de las diputaciones provinciales, á las cuales autorizaba para examinar, censurar y aprobar las cuentas municipales, no es en puridad otra cosa que trasladar la autoridad tutiva de la esfera del gobierno á la velemente y parcial de las diputaciones provinciales.

No tuvieron lugar las Cortes de Cádiz para desenvolver con mesurado y prudente temperamento, en una ley orgánica, las bases consignadas en la constitución, pues no llenaron tal objeto los decretos de 23 de Mayo y 10 de Julio de 1812 y 11 de Agosto de 1813, dictando algunas medidas parciales acerca de esta materia.

En semejante estado, ocurrió la reacción desatentada de 1814 y se publicó el decreto de 15 de Junio del mismo año, disponiendo el rey que los ayuntamientos se arreglasen en el uso de sus facultades económicas y demás que les correspondían, á lo prevenido en las leyes vigentes en 1808.
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Lamentable error, fonesta y desgraciada política que, con otras medidas de igual índole, marca la primera etapa en el prolongado calvario de las convulsiones, revoluciones y reacciones que agitan, perturban y aniquilan á esta desventurada patria.

El gobierno inflexible y tiránico de Fernando VII, que con tan negra ingratiud pagaba los inmensos sacrificios que la nación hiciera para restablecer al rey en el trono de sus mayores, llevando su frenesí al punto de querer borrar las huellas de la obra constitucional, dió lugar á que cundiendo la idea liberal á través de los suplicios, de los presidios, de los cabalozos y de las sañudas persecuciones del bando dominante, triunfase al fin proclamada en el alzamiento de las Cabezas de San Juan, promulgándose nuevamente en 1820 la Constitución de Cádiz.

Época fué la del segundo período constitucional de insidiosas asechanzas y de planes tenebrosos fraguados en el mismo régio alcázar contra el régimen representativo, oponiendo las Cortes á la conducta proeza y descarada ó hipócrita y aviesa del rey, medidas cuando menos indiscretas, que irritando y deprimiendo al monarca habían de conducir las cosas, más pronto ó más tarde, á un término fatal y desastroso.

Con la intervención armada de la santa alianza y con la invasión del ejército francés para derrocar el sistema liberal, casi coincidió la publicación de la famosa ley de ayuntamientos y diputaciones provinciales de 3 de Febrero de 1823, llamada á adquirir posteriormente cierta no gloriosa celebridad. Si á las ideas que entonces privaban de exagerada descentralización, modeladas sobre las leyes administrativas que habían regido en Francia en 1789 y 1790, se agregan los recelos, las mútias prevenciones y desconfianzas con que se miraban y trataban los altos poderes del Estado y la abierta hostilidad entre la corte y el Parlamento, se comprenderá el espíritu político que presidió á la confección de la ley de 3 de Febrero, perjudicial á la gestión de los intereses locales y por todo extremo dañoso á los servicios públicos de carácter general encomendados, para su cumplimiento, á los cuerpos populares. Los resortes del poder central, la acción suprema administrativa de inspección y vigilancia, quedaron de todo en todo anulados, y la independencia del municipio y de la provincia quebrantaba, si no destruía, la unidad política de la monarquía, que nunca quisieron menoscabar los sabios legisladores de Cádiz.

No hemos de hacer un examen analítico de la ley de que se trata, censurada hoy, sin excepción, por los partidos monárquico-constitucionales; únicamente diremos que al establecer una formal separación del poder po-
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lítico central y el de los cuerpos populares, y al despojar al gobierno de toda intervención y vigilancia en la gestión de los negocios de interés común, no fué para plantear la autonomía municipal, como la entienden y proclaman sus apologistas, sino para conferir á las diputaciones provinciales, la supremacía gerárquica sobre los ayuntamientos que tanto combaten, cuando la ejerce el gobierno, los partidarios de la descentralización administrativa. No sin motivo, pues, se considera á la ley de 3 de Febrero de 1823 como el paso más avanzado que ha podido darse, inconscientemente, no lo dudamos, dentro de la monarquía en el camino desastroso de la federación, cuyo reciente ensayo horroriza y espanta al ánimo más viril y esforzado.

Con la caída del sistema representativo y de nuevo entronizada la restauración en 1823, mérito á las bayonetas francesas, no es difícil adivinar la suerte que le estaba reservada á la ley de 3 de Febrero. El odio implacable del gobierno absoluto á las reformas liberales le conducía á galvanizar la antigua legislación sobre ayuntamientos; pero comprendiendo el anacronismo de semejante medida y el absurdo de resucitar caducas y desacreditadas instituciones, juzgó preferible encomendar al Consejo de Castilla la formación de un proyecto de decreto que, reflejando las ideas y el espíritu intransigente de la monarquía pura, despojase á los ayuntamientos de todo elemento y de toda ingenuidad popular. Al efecto hubo de instruirse en el Consejo un voluminoso expediente que dió por resultado la real cédula de 17 de Octubre de 1824. Con decir que confió á las audiencias el nombramiento de los concejales, á propuesta en terna del ayuntamiento para cada uno de los respectivos cargos, y que previos los indispensables informes sobre la conducta moral y política de los propuestos, se expedían los correspondientes títulos á nombre del rey, respetándose los regimientos perpétuos anexos al estado noble, basta y sobra para que pueda formarse cabal juicio del régimen municipal en el período á que nos referimos.

La más remota tendencia al ejercicio del voto popular, así en la esfera política como en la administrativa, era condenada en aquellos ominosos tiempos; y admira, en verdad, que ni el monarca ni sus ministros hubiesen advertido los graves inconvenientes de que adolecía un procedimiento electoral que perpetuaba los cargos concejiles en determinados bandos y parcialidades, y también los abusos, los embrollos, las dilapidaciones y los amaños, consecuencia necesaria de los compromisos y de las inmorales inteligencias entre los concejales salientes y los entrantes. Inútil es hablar
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de la tutela administrativa cuando los ayuntamientos se regían por la real cédula de 17 de Octubre de 1824. La monarquía pura, lejos de proteger las fuerzas vivas de la localidad, pugnó casi siempre por sofocarlas, porque siempre le infundieron miedo los adelantos de los pueblos en el orden moral e intelectual.

Así hubieron de continuar las cosas, sin alteración esencial, fuera la de haberse conferido á los intendententes de provincia en Noviembre de 1835 la facultad de verificar los nombramientos que se hacían por conducto de las audiencias, hasta que la reina gobernadora, entrando de lleno con firme resolución y varonil entereza por el camino de las reformas, expidió, usando de la autorización que le habían concedido los Estamentos, el decreto de 23 de Julio de 1835, fijando las bases para el arreglo provisional de los ayuntamientos. Escasa duración alcanzó el decreto de 23 de Julio citado, porque restablecida en 1836 la Constitución política de 1812, lo fueron también las disposiciones de las Cortes de Cádiz relativas á esta materia, y entre ellas la ley de 3 de Febrero de 1825. Sancionada y publicada en 8 de Junio de 1837 la nueva ley fundamental del Estado, precisó era organizar el municipio y la provincia conforme al precepto de los artículos 70 y 71 de la misma ley: el proyecto se presentó á las Cortes; los debates fueron lentos, prolijos, empeñados; los dos partidos contendientes lucharon con erudición y elocuencia, acaso con excesiva pasión política, siendo al fin aprobada y sancionada en 14 de Julio de 1840 la ley municipal, objeto de tan rudas y ardientes deliberaciones.

El pronunciamiento de 1.º de Setiembre de aquel año tuvo en la apariencia por bandera la derogación de esta ley, aunque en realidad iba encaminado á derrocar el orden de cosas existente; así es que con el triunfo de la revolución resucitaron por tercera vez la obligada organización provincial y municipal, conforme á la ley de 5 de Febrero y los decretos de las Cortes de Cádiz.

No tardó otra revolución en encaramar al poder al partido moderado, el cual, si bien por el momento restableció la ley de 14 de Julio de 1840, hubo de juzgarla insuficiente para llenar su misión política, como lo demuestra el hecho de haber pedido autorización á las Cortes para reformar todo el régimen administrativo. Las leyes orgánicas de 8 de Enero de 1845, publicadas en virtud de la autorización otorgada al poder ejecutivo, se redactaron con arreglo á los principios de la escuela llamada doctrinaria, y tal vez por esta razón se acusa á sus autores de haber tomado por modelo en demasía la legislación que rigió en Francia durante la monarquía de