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tumbre de ello (1). Alzaronse contra esta providencia los clamores de las Cortes, y hasta se puso y aceptó por condición del servicio de millones, la de promulgar una ley prohibiendo la entrada de los ganados en los olivares y viñas, aún después de alzada la cosecha. Tampoco esta condición hubo de guardarse mucho tiempo, y así siguió vigente el auto del consejo, hasta que en 1776 la mandó llevar á efecto D. Carlos III. ¡Pero cuál sería el influjo y poder de la Mesta, cuando lejos de obedecer este decreto, logró al año siguiente su revocación y el permiso para entrar con sus ganados en las heredades exceptuadas por costumbre de tal gravamen! (2).

¿Cómo llegó á desaparecer este importante privilegio y á quedar libre la propiedad territorial de tan pesada servidumbre? Tuvo la Mesta ardientes, aunque no muy desinteresados defensores. D. Miguel Caxa de Leruela, alcalde mayor entregador del gremio, en su Restauracion de la abundancia de España, que escribió para las Cortes de 1625, intentó probar que «la carestía intolerable de los precios, la necesidad común de las cosas y la despojación general de España, que se sentían en su tiempo, eran efecto de la ruina de los ganados:» que estos eran el símbolo de la providencia y causa del ejercicio de las virtudes: que el principal establecimiento de la caballería del Toison de oro fué cuidar de la conservación de los ganados; y que estas son riquezas tanto más excelentes que el oro y que la plata, quanto es lo vivo que lo muerto» (3). No obstante estas hipérboles, defendió Leruela con las mejores razones que permitía la debilidad de su causa, los beneficios de la Mesta, y la necesidad y conveniencia de sus privilegios, procurando extender cuanto era posible el de disfrutar los pastos de las heredades ajenas. Confesó los abusos que los delegados de los alcaldes entregadores y los achaqueros ó recaudadores de multas solían cometer en el ejercicio de sus funciones, no sin lamentar como error funesto a ley que había privado á aquellas autoridades de su jurisdicción sobre los ganados estantes, según arriba he dicho.

Mas esta institución, según siempre sucede, no llegó á ser tan ardientemente defendida, sino después de haber sido con empeño censurada. Como perjudicados la impugnaban los propietarios y los labradores, y entre los jurisconsultos y los políticos hallaba también poderosos adversarios. Ya se ha visto cómo Gregorio López, aunque mero glosador del derecho cons-

(1) Not. 5. t. 25, lib. 7, Nov. Recop.
(2) L. 7, t. 27 y nota 8, lib. 7, Nov. Recop.
(3) Cap. I, 2, 6, 9 y 12.
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titulado, dejó entrever su opinión contraria al privilegio universal de pasto. Alfonso de Acevedo, docto comentador de las leyes recopiladas á fines del siglo xvi, lo censuró de un modo más explícito y puso de manifiesto los abusos que solían cometer los jueces de la Mesta. Glosando una ley que permitía á los ganados mestinos pacer en los campos indebidamente cultivados por sus dueños, decía: «Dura ley y que por lo mismo nunca he visto usada en este punto.» De los alcaldes entregadores aseguraba que á veces juzgaban por deposiciones de testigos interesados en las causas, ó de personas que llevaban consigo para testificar lo que se les ordenaba, cuando no prescindían también de este procedimiento y fallaban en virtud de declaraciones que los escribanos inventaban y atribuían á personas imaginarias. Decía, por último, que eran notorias las vejaciones y molestias que ocasionaban tales jueces, y particularmente las injusticias que de ellos recibían los labradores en su persona y bienes (1).

Entre los escritores del último siglo, uno solamente se mostró defensor acérrimo de los privilegios pecuarios á costa de la propiedad. Tal fué don Andrés Rodríguez, fiscal del Concejo de la Mesta, que escribió un tomo en folio sobre la posesión privilegiada de su corporación (2); mas en cambio ningún escritor político ni economista trató de esta materia sin condenar tan exorbitantes privilegios. D. Manuel Sisternes, fiscal del consejo, en su Idea de una ley agraria española, que publicó en 1786, sostuvo resueltamente que el dueño de la tierra lo es del abrevadero de ella y que por lo tanto nadie puede utilizarlo lícitamente sin su permiso (3). Mas donde se pusieron de manifiesto las injusticias, los excesos y los inconvenientes de tales privilegios fué en el expediente instruido en el Consejo en 1764 por representación de D. Vicente Páino, diputado de Extremadura, dirigida á demostrar que el origen de los males de aquella provincia eran los ganados trashumantes y á proponer diferentes remedios. En él fueron oídas muchas autoridades y corporaciones, y se presentaron diferentes documentos que justificaban los graves abusos que á la sombra de los privilegios de la Mesta se cometían en menoscabo de la propiedad. Defendió la institución el procurador general del Honrado Concejo, la impugnaron más ó menos radicalmente el procurador general del reino y los fiscales del Consejo D. José Molino y D. Pedro Rodríguez Campomanes (4). Ninguno osó entonces

(1) In leyes Recopilationis commentaria, lib. 3.º, t. 14.
(2) De privilegiata possessione Mestæ. Madrid 1748.
(3) Pár. XXX.
(4) Memorial ajustado del expediente promovido por la provincia de Extremadu-
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proponer la abolicion total de los privilegios pecuarios, porque habría lastimado graves intereses, pero casi todos los informantes pidieron su reduccion. Así no se discutió la conveniencia de privar á los ganados mesteños de todos los aprovechamientos gratuitos que disfrutaban en las heredades ajenas, mas el diputado de Extremadura propuso con apoyo del procurador general del reino y de los fiscales, que se prohibiera á los pastores trashumantes la corta de maderas, leñas, ramoneos y casca, excepto en la forma que era permitido á los vecinos del término (1). El fiscal Campomanes denunció en su dictámen el monopolio que á la sombra de la Mesta ejercían unos pocos grandes ganaderos (2). Sostuvo que la despoblación y la pobreza de Extremadura debían atribuirse tanto á los privilegios de aquella corporacion, como á los abusos de los labradores y ganaderos extremeños, y propuso acerca del punto en cuestion, que en el aprovechamiento de las tierras fueran siempre preferidos á los forasteros, los vecinos, dotándoles antes de las necesarias para la labor y pastos por medio de repartimientos. También indicó la conveniencia de suprimir los alcaides entregadores, y de reducir la jurisdicción de los otros jueces de la Mesta á las cuestiones entre sus hermanos (3).

Había, á pesar de todo, entre estos privilegios, uno que justificaba la necesidad, aun á los ojos de sus más ardientes impugnadores. Si el disfrutar indistintamente todas las tierras de pasto, mientras que sus dueños no las destinaban á algun cultivo cerrado, era un privilegio odioso y monstruoso, el uso de las cuñadas en la doble trashumacion desde las frías montañas de León á la tierra llana y caliente de Extremadura, era necesaria, en concepto de muchos, para la conservacion de rebaños tan numerosos como los que poseía la Hermandad. Y pues que desde la antigüedad más remota duraba aquella costumbre, y reducida á sus limites indispensables no perjudicaba graves intereses, era generalmente respetada y nadie pedía su derogacion. Jovellanos no la condenó tampoco en su inmortal Informe sobre ley agraria, á pesar de haber atacado tan duramente la institucion de la Mesta, sus fueros y privilegios. Mas la Sociedad Económica de Madrid, en cuyo nombre había

(1) Expediente de Extremadura, núm. 392.
(2) En aquel tiempo había 121 cuadrillas con 40.283 ganaderos trashumantes de la sierra y 56 entre comunidades y vecinos de Madrid; mas estos últimos poseían una cuarta parte del total de ganados, con corta diferencia (Exp. de Extremadura, número 17.)
(3) Exped. núm. 80 y final del dictámen de Campomanes.
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del capital, la condición del proletario y su familia tenían cátedras especiales en París y en Lyon, y las masas ora ayudaban, ora abandonaban ya á los insurrectos (¡cuanto más á los parlamentarios!) según creían observar que las discusiones ó los levantamientos atendían ó no á algo más que á los problemas políticos. Pues bien, por una ceguera incomprendible todos los hombres públicos desconocieron que se habían planteado problemas sociales. Los hombres del progreso no lo sospecharon más que los hombres del poder. No se halla rastro de preocupación semejante en los innumerables discursos de oradores tan eminentes como Barrot y Thiers. Y había un poeta orador que la tenía; justicia que debe la historia á Lamartine. No representó por lo tanto Guizot una gran parte de las fuerzas conservadoras; no representó Thiers otra gran parte de los aspectos reformistas. Fuerza es decir que estaba menos alejado Guizot de los elementos que debió simbolizar, que Thiers de los que creía constituían su popularidad. Había de llegar el día en que las más reducidas reformas políticas no le contaran en el número de sus abogados. Es que era conservador como Guizot á pesar de tener que darse aspecto diferente para justificar su separación. Por el contrario unidos aquellos dos hombres, siendo tan brillantes sus aptitudes, embelesando al país con sus inagotables recursos, disponiendo de tantas fuerzas uno y otro, podían constituir una base inexpugnable para el trono que uno y otro amaban. Ciento es que venía iniciada la división de los conservadores desde la formación de aquel célebre y malhadado tercer partido para el cual tan severo ha sido la historia, pues él demolió una y otra vez gabinetes, y él jamás pudo constituir ninguno; omnipotente en la destrucción, insuficiente para el gobierno. Al desaparecer el peligro habían desaparecido la unión de los conservadores, se dieron á luz antipatías personales, ambiciones subalternas, puntos de vista oscuros y dignos de desdén en medio de las grandes atenciones de levantamientos formidables y de la Europa amenazadora. No sólo favoreció esta separación, sino también la más personal y la más importante de Mr. Thiers, un trono que cayó en el error de temer siempre lo mismo el advenimiento de una izquierda no siempre en igual grado intransigente. No vió dónde estaba el mayor peligro. Fraccionar los partidos es el mayor error de los reyes constitucionales; agruparlos fuertemente, contribuir á que haya dos compactos y poderosos, es su salvación y la conveniencia general. Así cuando en un mismo partido van suscitándose varios jefes y varios grupos, dando el poder á uno, luego á otra, más tarde á la tercera fracción de un mismo partido, rebajan la jefatura, hacen pedazos una bandera e irritan al otro
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hablado aquel ilustre republico, no se limitó, como los otros informantes en el expediente, á proponer la reduccion de la Mesta y de sus derechos, sino que pidió resueltamente «la entera disolucion de Hermandad tan prepotente, la abolicion de sus exorbitantes privilegios, la derogacion de sus injustas ordenanzas y la supresion de sus juzgados opresivos. Desaparezca, decía, de la vista de nuestros labradores este concejo de señores y monges convertidos en pastores y grangeros, y abrigados á la sombra de un magistrado público: desaparezca con él esta coluvie de alcaldes, de entregadores, de cuadrijeros y achaqueros que á todas horas y en todas partes los afligen y oprimen á su nombre, y restitúyanse de una vez su subsistencia al ganado estante, su libertad al cultivo, sus derechos á la propiedad y sus fueros á la razon y á la justicia.»

Fortalecidos los adversarios de la Mesta con el auxilio de autoridades tan respetables, ya que no pudiera tanto el clamor de los derechos desconocidos y de los intereses perjudicados, obtuvieron al fin el triunfo por que habían pugnado más de dos siglos. Las Cortes de Cádiz, en el decreto memorable de 8 de Junio de 1813, amparando á la propiedad violada por las leyes y costumbres que daban á los ganados el aprovechamiento gratuito de las heredades abiertas no sembradas, ni plantadas en los términos arriba expresados, declararon cerradas todas las tierras de dominio particular, cualesquiera que fuesen su destino y el estado de las cosechas. Así cesó el privilegio de pasto que desde la dominacion visigoda disfrutaban los ganados castellanos en todas aquellas tierras, sin otras excepciones que las cinco señaladas en el privilegio de 1347. Desde entonces los ganaderos no habían de disfrutar más pastos que los que les pertenecieran por adquisición legítima, como requería la justicia; mas pensando las Cortes como Jovellanos y la Sociedad Económica, que no debía suprimirse la trashumancia y que para ella era indispensable mantener los pasos por donde los ganados habían de transitar á los extremos, declararon al mismo tiempo que el cerramiento había de entenderse sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres que para aquel tránsito eran indispensables.

Esta excepción prudente no hubo de entenderse, sin embargo, por los émulos de la Mesta y los interesados en la abolición de sus privilegios, tan fácil y prontamente como la regla general que modificaba. Así, restablecido en 1820 el decreto de 1813, tuvieron que explicarlo las Cortes por otro de 25 de Setiembre de aquel año, mandando que no se impidiera á los ganaderos trashumantes el paso por sus cañadas, ni pacer en los pastos comunes. Tampoco con esta declaración se logró que fuese más respetado el
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derecho reconocido á los ganaderos, por lo cual tuvieron que dictar las mismas Cortes otra orden, en 8 de Abril de 1822, declarando que el decreto de 1813 no privaba á los ganaderos del uso de las veredas, cordeles y abrevaderos, ni del aprovechamiento de los pastos comunes en las tierras de esta clase, no repartidas ni enajenadas. Restablecido por segunda vez este decreto, fué necesario volver á repetir aquellas declaraciones, advirtiendo que el uso de las cañadas y cordeles era común á los ganaderos tras-humanentes, los estantes y los riberiegos, y que no habían de entenderse por pastos comunes los de propios ni los de baldíos arbitrados.

Con novedad tan importante y con la abolición de otros privilegios pecuarios, de que trataré en seguida, hubieron de satisfacerse las Cortes de la primera y de la segunda época constitucional, dejando como abandonados á su propia suerte y virtud la Hermandad y el Honrado Concejo, y sin alterar su organización, trasformar su carácter, ni modificar sus atribuciones, sino en cuanto era la modificación consecuencia necesaria de la derogación de los privilegios. El gremio privilegiado, independiente y autónomo, no desapareció hasta esta última época de nuestras reformas políticas. El tribunal del Concejo de la Mesta, al cual correspondía la especial protección de las cañadas, quedó suprimido en 16 de Febrero de 1855 como incompatible con el régimen del derecho común recién establecido. El Honrado Concejo cambió su nombre por el de Asociación general de ganaderos en 31 de Enero de 1856. Restablecido después el decreto de 8 de Junio de 1813, y dudándose si por él quedaban derogadas todas las leyes protectoras de la ganadería, declaró el gobierno en 21 de Julio de 1856, que estas leyes debían observarse hasta que se reformaran, ejerciendo entretanto las funciones administrativas y gubernativas del presidente del suprimido Concejo, el de la Asociación general de ganaderos. Al fin quedó organizada esta corporación en 31 de Marzo de 1854, aunque sin autoridad propiamente dicha, ni de ninguna especie, sobre los propietarios y labradores, que antiguamente estaban sometidos al Concejo, y sin los privilegios que no consigna el régimen constitucional.

II.

ACOTAMIENTO DE TIERRAS Y OBRESAS.

Los privilegios de la ganadería tenían entre sí íntima relación y dependencia. Limitado el derecho de pastar á los campos abiertos, podría haber sido ineficaz e ilusorio si el encerramiento de estos campos hubiera quedado
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al arbitrio de los propietarios. Era menester, por lo tanto, evitar este peligro, y para ello el único medio seguro que se ocurrió á los ganaderos, fué prohibir como delito todo acotamiento de tierras, que en cualquier tiempo ó circunstancia, debiera prestar la servidumbre de cañada ó pasto. Así este privilegio de la ganadería vino á engendrar otro más odioso, la prohibición de cerrar los campos, al menos sin real licencia.

Los visigodos, á pesar de haber reconocido el derecho de pastar en los campos abiertos, no intentaron garantirlo con una violación tan flagrante del derecho de propiedad. Sus leyes, por el contrario, declararon expresamente la facultad de cerrar con foso ó seto las heredades de dominio privado, siempre que no se embarazara con ello la vía pública. «El que tuviera junto á alguna camino miedes, viñas ó prados cerrados, cérquelos de seto,» dice una de aquellas leyes (1). Esto mismo podía hacer el que cultivaba tierras por donde transitaban los ganados (2). Mas el que cercaba su heredad con foso, cerrando camino público, no podía reclamar los daños que causaran en ella los transeúntes. Tampoco estaba permitido el cerramiento de las tierras vacantes ó baldías, y así dice una ley que aunque el caminante las hallara cercadas de foso, podía entrar en ellas y aprovechar sus pastos, sin temor á que nadie se lo impidiese con derecho (3). El motivo que tuvieran los legisladores visigodos para dispensar más favor al cerramiento de seto ó cerca, que al de foso, no es hoy conocido; pero no hubo de existir ya en tiempo de San Fernando, puesto que las citadas leyes traducidas en el Fuero Juzgo castellano, no establecen diferencia alguna entre cercar «con valladores ó con otras defensas.» (4).

Hasta el reinado de D. Alfonso X no se halla ninguna otra ley escrita sobre la materia, por más que la prohibición del cerramiento de las tierras existiese por costumbre desde mucho antes. Aquel monarca hubo de ser el primero, que para asegurar á la ganadería el uso de los pastos ajenos que ya disfrutaba, mandó en 1275 que ninguna persona ni ningún concejo hicieran en sus lugares mayores dehesas de cuanto permitieran sus cartas de privilegio, á razón de tres aranzadas por cada yunta, penando después en 1284 con 100 maravedís de multa al que labrara ó cerrara cañadas ó hiciera dehesas nuevas sin real licencia (5). Por donde se vé que D. Alfonso

(1) L. 22, t. 4, lib. 8, For. jud.
(2) L. 28, ibid.
(3) L. 9, t. 3, lib. 8, ibid.
(4) L. 9, t. 3, lib. 8, ibid.
(5) Leyes y privilegios de la Merida, t. 49, edic. de 1681.
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no fué quien estableció esta servidumbre, puesto que se limitó á confirmarla y reglamentarla, encargando la observancia de los privilegios de adehesar y penando su quebrantamiento. Existía, pues, la prohibición desde mucho antes, y quizás no fué difícil introducirla, debiendo de haber sido en su origen poco gravosa, puesto que además de tener en su apoyo las tradiciones germánicas, como que con la guerra quedaban abandonados los campos después de alzada la cosecha, lejos de convenir su cerramiento al colono, que nada guardaba en ellos, interesábale más bien la entrada de ganados que con sus abonos naturales los fertilizasen. Esto sucedía en la tierra llana de León y Castilla la Vieja hasta la conquista de Toledo, en Castilla la Nueva, la Mancha y parte de Andalucía hasta que San Fernando conquistó á Sevilla, y en las fronteras de Navarra, Aragón, Granada y Portugal hasta los Reyes Católicos. La servidumbre en cuestión no llegó á introducirse generalmente ni en las montañas, donde no solían penetrar los enemigos, ni en las tierras de riego donde nunca faltaban las cosechas, ni la presencia de los colonos. Es, sin embargo, digno de notarse, porque no se explica fácilmente, la omisión que de ella se hace tanto en los códigos alfonsinos como en los Ordenamientos anteriores de leyes generales.

Siguio en observancia la prohibición de acotar en los siglos xiv y xv, puesto que los Reyes Católicos dieron testimonio repetido de ella. Conquistado el reino de Granada, repartieron sus tierras aquellos monarcas con la condición de que los nuevos dueños no las adelesaran sin real licencia, ni impidieran á los ganados de los vecinos aprovechar las yerbas y frutos naturales, mientras que no estuvieran plantadas ó empanadas. Y no fué ésta una novedad introducida por los reyes en aquel repartimiento, pues otorgadas primero las tierras sin aquella cláusula expresa, fué menester añadir la por haberse advertido que algunos de los nuevos propietarios habían tentado de las dehesas... diciendo que lo pueden, como si fuessen dehesas dehesadas por virtud de las dichas mercedes. Lo qual si assi passasse, sería contra las leyes de nuestros reinos (1). De modo que no fué un gravamen de la concesión impuesto por la corona, sino la condición general de todas las tierras. Para excusarla hubría sido necesario que las mismas cartas de merced ó otras posteriores hubieran dispensado de su cumplimiento. Un testimonio semejante ofrece otra pragmática de 1491, en que los mismos monarcas revocando cierta nueva ordenanza del concejo de

(1) Pragmáticas y leyes hechas y recopiladas por los Reyes Católicos. Madrid, 1548. L. 73, fol. 58.
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Avila, que permitía al dueño de un terreno redondo cerrarlo á los ganados de sus vecinos, declararon que tal providencia era «contra derecho,» y que sus autores debían ser castigados, pudiendo en su consecuencia los vecinos y moradores de aquella ciudad pacer y rozar en los términos de ella (1). Estas disposiciones se limitaban, pues, á confirmar la prohibición de acotar en favor de los vecinos gauaderos; mas luego el emperador D. Carlos y doña Juana la reprodujeron en 1532, no ya sólo en beneficio de los vecinos, sino de todos los ganados mesteños, mandando que ninguna persona, ni concejo, ni comunidad hiciera dehesa sin real licencia, y que los alcaldes mayores entregadores mantuvieran libres los pastos, abrevaderos y veredas en todos los lugares por donde los ganados de la Mesta fueran ó vinieran ó estuvieran (2). Ni los olivares ni las viñas habían de cerrarse á estos ganados, después de alzadas las cosechas, según ántes he dicho.

Esta servidumbre de la propiedad rural, halló en los siglos XVI y XVII hábiles y apasionados defensores. No bastaba buscar su fundamento en la utilidad que de ella reportaban los ganaderos; el doctor obispo D. Diego Covarrubias lo halló además en una máxima que él llamaba de justicia, según la cual «cada uno puede hacer en el fundo ajeno lo que le aprovecha y no daña al dueño del fundo» (3). De aquí deducía, con los doctores Avendaño y Rodrigo Suarez, que los dueños de heredades no debían impedir á los vecinos el aprovechamiento de los frutos naturales de ellas, después de levantadas las cosechas, y que la ley de Avila, que no permitía hacer dehesas cerradas, era no sólo muy conveniente á la república, según demostraba la experiencia, sino justísima y muy equitativa. En el mismo sentido escribía en el siglo XVII el doctor Hermosilla, anotador y comentador de las leyes de Fortida. En su opinión, aunque todos los vecinos convinieran unánimemente en que se acotara algún terreno de su término, no valdría semejante acuerdo, como no obtuviera la aprobación real (4).

Pero desde mediados del siglo XVI hubo de ser tan onerosa esta servidumbre, que contra las leyes que la imponían y contra los celosos e interesados agentes de la Mesta que procuraban mantenerla, todos los propietarios rurales pugnaban por eludirla. D. Miguel Caxa de Leruela, el apolo-

(1) Pragm. de los Rey. Catál, fól. 136.
(2) L. 5, par. 28, t. 27, lib. 7. Nov. Recop.
(3) "Quis potest facere in alieno fundo quod ei prodest, et domino fundi non nocet." Practicar. qost. c. 27.
(4) Notae additiones et resolutiones ad Glossas Legum Particularum Gregorii Lopetti. Glos. 2, l. 5, t. 5, Part. 5.