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darla que el mahometismo desaparezca de aquel suelo, ó, cuando menos, recluirlo á la soledad de los desertos de que procede, y donde conviene que su tumba encuentre.

Otro tanto digo, y con la más íntima convicción, respecto al Sur del Archipiélago filipino: si el resto de él ha de prosperar, si Mindanao, Joló y sus dependencias han de pertenecer un dia al mundo civilizado, es preciso reducir á los sectarios de Mahoma á la impotencia más absoluta, ó más claro todavía, es forzoso que se tienda á expulsarlos de estos dominios, donde y para los cuales son, y no pueden méños de ser, en todos conceptos gravísimamente perjudiciales.

Sentiría que, cuanto sobre los Moros llevo dicho, pareciese extemporáneo ó episódico en este escrito; porque, á mi juicio, es punto ese no sólo pertinente, sino de esencia y fundamental en la materia. Pero sentado ya el principio, de que á su tiempo deduciré las oportunas consecuencias, razón es que vuelva á anudar el discurso donde lo interrumpí, sólo para demostrar que si la piratería en el mar de Mindoro se encontraba entonces rebajada al nivel del raterismo, no por eso había desaparecido, ni desviri- tuándose su germen, ni amenguándose siquiera el número de sus principales autores y bárbaros instrumentos.

IV.

He dicho que la Soberanía que realmente tiene, en derecho, la Corona de España sobre la isla de Joló y sus dependencias todas, en virtud de los tratados vigentes y de los precedentes históricos, no es hoy más que nominal; y ahora añado que es preciso hacerla efectiva, si ha de servir á los únicos, pero importantes, fines para que la creo indispensable.

Sobre ese punto voy á exponer algunas reflexiones que me parecen de importancia suma.

Primeramente, hay que examinar si en efecto la soberanía española sobre Joló no es más que nominal: cuestión que no lo es para nadie en el Archipiélago, porque los hechos hablan tan alta y claramente, que no hay medio de negarse á su evidencia.

Verdad es que el Sultan y los Dattos de Joló, á consecuencia de la campana del General Urbistondo contra la capital de aquella isla, en 1851, se han reconocido vasallos de la Corona de España, adoptando su bandera y recibiendo pensiones de su Tesoro. Pero ¿qué servicios se han obligado á prestarnos en cambio? ¿Qué deberes han contraído con la Monarquía?
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¿Qué beneficios reporta hoy, ó puede esperar en lo futuro, el Archipiélago Filipino, como fruto de la victoria del Marqués de la Solana?

De hecho, y siento decirlo, pero mucho más que sea verdad notoria; de hecho, todas las cuestiones que acabo de formular, se resuelven, por desdicha, negativamente.

Ni los joloanos se han comprometido á servirnos, ni se creen con deberes respecto á la Monarquía, ni reporta beneficio alguno, ó para en adelante lo espera nuestro Archipiélago de las relaciones en que hoy está con el Sultan y Dattos; antes, por el contrario, hay á mi juicio y al de muchas otras personas, más de un riesgo contingente en la situacion actual de las cosas.

En cuanto al derecho, preciso será, para formar idea exacta del statu quo, examinar el Tratado de 18 de Abril de 1851, que era la ley fundamental en la materia vigente; cuando esta Memoria se escribía.

Considerado sintéticamente, y prescindiendo, por tanto, del pormenor de sus estipulaciones, aquel importante documento tiene ya el inconveniente de ser de dudosa naturaleza; pues bajo un aspecto considerado, parece y es quizá un tratado diplomático de paz, amistad y comercio, que supone, como todo contrato bilateral de su género, independencia autonómica en ambas partes contratantes, so pena de absurdo y de nulidad juntamente; y por otro lado, reduzce á una transaccion entre soberano y vasallo, que arregla ó define, con más ó menos extension y exactitud, los derechos del primero y las obligaciones del segundo.

Háse, pues, creado en su virtud una situacion inevitablemente anfibológica. Joló es y no es parte de los dominios españoles en la Oceania; el pabellón de Castilla tremola en su territorio y ondea en sus naves, comprometiendo el honor nacional á protegerlo, y acaso la responsabilidad de nuestro Gobierno en sus desmanes; y, sin embargo, los que gobiernan y administran el Archipiélago, no ejercen, ni tienen medios de ejercer, otra autoridad en los limites joloanos, que la que darles puedan la fuerza de las armas ó el temor á que de ellas se valgan.

El Sultan de Joló se llama pariente de la Reina constitucional de las Españas (1); y considerándose principe soberano, aunque tributario, se cree, por tanto, superior al Gobernador Capitan general de Filipinas. En la visita que yo le hice al Sultan, tuve ocasión de observar el esmero con que él mismo y sus consejeros atienden á colocarse y mantenerse siempre en

(1) Recuérdese que esto se escribía el año 1864.
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la posición de quasi-independencia, que en realidad les reconoce el Tratado de 1851.

Dadas las circunstancias en que se celebró aquel, acaso y sin acaso fué irremediable el mal que he señalado; pero sin que sea mi ánimo entrar en recriminaciones retrospectivas, que serían hoy tan inútiles como odiosas, debo observar aquí que es achaque antiguo en Filipinas el de no atender en las expediciones militares más que á un fin cualquiera de actualidad respectiva y de utilidad inmediata, sin curarse de las consecuencias políticas para lo futuro.

¿A qué se fué á Joló?—¿A castigar desmanes é imponer por el temor un freno á la piratería?—Pues en ese caso, la cuestión de vasallaje debió dejarse á un lado, limitando los pactos á un verdadero tratado diplomático, si bien tomando en él sólidas garantías de que los joloanos cumplirían religiosamente sus ofertas.

¿Se fué además allí á reivindicar el dominio soberano eminente de la Corona sobre el Sultanato y sus dependencias todas?—Entonces la campaña terminó antes de tiempo y sin fruto alguno, como de trece años á esta parte (1) lo vienen acreditando los hechos; porque—forzoso es repetirlo—nuestro dominio en Joló es nominal puramente, puesto que no ocupamos allí un solo palmo de terreno, ni pueden nuestros buques comerciar en otro puerto que en el de la capital (si capital es aquello realmente), ni á los súbditos de la Corona de Castilla les es dado penetrar libremente y sin riesgo en lo interior de aquella isla, cuyo suelo fertilizan exclusivamente el trabajo y sudor de esclavos filipinos, es decir, españoles oceánicos, á servidumbre por los piratas reducidos.

Si lo que se quería en 1851 era la dominación efectiva, debió continuar la guerra hasta realizar la conquista; y si para eso faltaban recursos, lo conveniente fuera abstenerse del desembarco, limitando la operación al bombardeo de los fuertes de Joló, y las estipulaciones á un tratado diplomático, como dije antes, dejándole al Sultan, con su autonomía absoluta, la responsabilidad también entera y absoluta del incorregible espíritu filibustero de sus naturales y súbditos: responsabilidad de que hoy participamos, sin medios suficientes para evitarla en muchos casos.

Insistí en ese punto más de lo que quisiera, porque creí también de mi más estrecha obligación entonces llamar sobre él la atención del Gobierno, á fin de que no se repitieran en adelante semejantes errores. Al tirar

(1) De veinticuatro años á esta parte, diríamos hoy.
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de la espada un gobierno en el siglo actual, es preciso que sepa bien por qué y para qué lo hace; y particularizando á Filipinas la proposicion, paréceme que allí no debe acudirse á las armas más que para fines muy trascendentales y claramente definidos: pero entonces forzoso será no dejarlas de la mano hasta llenar cumplidamente el objeto para que se tornaron. De donde se deduce con evidencia que es preciso tambien no acometer empresa alguna, sin tener antes asegurados todos los medios para llevarla á sus últimas y naturales consecuencias.

Por no haberse hecho así en 1851, el resultado de aquella expedicion, de cuyo mérito militar no tengo para que tratar, fué el antifilológico tratado de que ahora me ocupo.

Paréceme que dejo demostrado su vicio radical, que consiste en hacernos aparecer, nominalmente, como señores de un pais en cuyos limites no ejercemos realmente dominio alguno: mas todavía tengo que hacerle otra objecion, más grave en lo especifico, que acaso sorprenda en Europa, pero que en Filipinas está en la conciencia y en los labios de todo español de mediano entendimiento siquiera.

Todo tratado con el Sultan de Joló es absolutamente inútil, asi que deje de apoyarse en la fuerza de nuestras armas por mar y por tierra: no solamente porque el tal Sultan, tan ignorante y tan interesado en la piratería como todos y cada uno de sus nominales súbditos, no puede tener la voluntad de cumplir estipulaciones que tienden directa y evidentemente á su ruina (y de ese género son las que le privan del trabajo de los esclavos), sino porque, aún suponiéndole la voluntad, es notorio que carece completamente de medios para hacerse obedecer en los más de los casos, y mucho más en materia que toca tan de cerca al poderío de los Dattos y á los intereses de todos los habitantes de sus dominios.

Fácil es darse cuenta de lo que acabo de exponer, recordando lo que casi á nuestra vista, aquí en la Peninsula, acontece cada dia con el Sultan de Marruecos; con esta diferencia, sin embargo, que lo que en el imperio africano las tribus fronterizas con relacion á su monarca, lo son en la Oceanía, respecto al suyo, las poblaciones joloanas todas, las de las islas Samales y demás de aquel Archipiélago.

Cada pueblo tiene allí su Datto, ó señor feudal, que se cura poco de lo que el Sultan estipula, si á sus intereses no conviene; y como aquel principe carece de otra fuerza para hacerse obedecer, que la que sus Dattos quieran prestarle, su gobierno se reduce, cuando más sabio y acertado, á oponer entre sí, unos á otros, aquellos caciques, y á perpetuar así la anar-
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quía normal del país, ya manteniéndose en agitación continua, ya anulándose de hecho al seudo poder supremo. En suma: el Sultan no se impone á unos Dattos más que sirviendo el interés de otros; y dado que, en efecto, domine alguna vez—lo cual depende de sus dotes personales y de su fortuna.—únicamente manda en virtud de su fuerza ó de su habilidad como jefe de partido, nunca gobierna por su derecho como supremo y regular magistrado. Ahora bien: todo el mundo sabe que los Mahometanos, en general, desdenan como vil el trabajo de la tierra; y que en estos de la Malásia, la indolencia propia del clima fortifica aquella preocupación, de manera que no se da el caso de que ninguno de ellos labre un campo ni se dedique, generalmente hablando, á faenas mecánicas. Son marinos ó pescadores; son hombres de guerra, y alguna vez traficantes; nunca labradores. Y sin embargo, como la vida del hombre depende principalmente de los frutos de la tierra, preciso es que alguien la labre. ¿Quién lo hace en Joló y sus dominios todos?—Exclusiva y únicamente los cautivos filipinos de ambos sexos; y, por ende, ellos son allí la fuente de la riqueza, el manantial de la prosperidad, y el elemento indispensable de la vida humana.

Figúrase, pues, que baste tratado alguno con el Sultan Joló para extirpar la piratería, medio único que tiene para surtirse de esclavos, es dejarse voluntariamente á químéricas y peligrosas ilusiones. Con ó sin tratado, habrá piratas en el Mar de Mindoro, el día en que dejen de surcarlo frecuentemente nuestros buques de vapor, bien armados y tripulados; y con ó sin tratado, nuestros cañones solos son los que pueden enfrentar la piratería, mientras Joló y sus dependencias estén en poder de moros y por musulmanes regidas.

Así, todo lo que yo veo de realmente útil en el Tratado de 1851, se reduce á la afirmación terminante y legal de la soberanía eminente de la Corona de España sobre los joloanos; afirmación conveniente en todos conceptos, y más que en ninguno en cuanto al derecho internacional concierne.

Sentado así el nuestro, hacerlo valer, y sustentarlo y utilizarlo, toca al gobierno del archipiélago filipino, y es de su estrecha obligación; sin que por esto se entienda que desconozco las dificultades y obstáculos con que habrá de lucharse; ni tampoco que es preciso, en primer lugar, que el gobierno mismo del Archipiélago se reorganice convenientemente, y también que el supremo de la monarquía le apoye y sostenga, dejándole al mismo tiempo la libertad de acción que requieren el fin á que se aspira, la distancia á que se está de la Metrópoli, y las infinitas eventualidades y
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complicaciones que surgen siempre inopinadamente en negocios de tal índole.

V.

Volviendo ahora al tratado de 1851 y entrando ya á considerarlo en sus especiales disposiciones, son de notar y aplaudir los artículos 2.º y 3.º: aquel, en cuanto prohíbe al Sultan y Dattos enajenar parte alguna de los dominios joloanos; y el último, por cuanto incapacita á los mismos Sultan y Dattos para celebrar tratado alguno, ya de alianza, ya de cualquier otro género, con potencias europeas, compañías ó personas particulares; y declara nulos los ya entonces celebrados, en cuanto puedan perjudicar la soberanía española.

Más importante aún es el artículo 4.º que proscribe la piratería, obligando al Sultan y Dattos de Joló á perseguirla y castigarla: pero fáltale, á mi ver, una cláusula que hubiera hecho forzosa la libertad de los cautivos filipinos, autorizando á nuestro Gobierno allí á exigirla siempre como medida general; y por último, establecido un derecho de Visita permanente á nuestro favor, en todos los dominios joloanos, á fin de que no fuera el tratado una letra muerta, como lo es hoy en esa parte.

Por el artículo 5.º se concede ó se impone la Bandera española (cuyos beneficios se extienden recíprocamente al comercio, en los artículos 6.º y 11º) al territorio y marina de Joló; siendo de notar que, al Sultan y á los Dattos se les otorga el uso del pabellón de guerra español.

Indudablemente el objeto de esas concesiones fué el de hacer constante, con una manifestación pública, oficial y permanente, el dominio español en Joló: mas hubiérase conseguido lo mismo, y evitado la contingencia de más de un conflicto, que pudiera ser grave algún día, con sólo prescribir que, á nuestro pabellón, añadieran los joloanos un signo cualquiera, pero visible, de su entidad propia. De otro modo, difícil es en alta mar distinguir los buques del Archipiélago de Joló de los del Filipino; y conocida la natural invencible tendencia de las gentes de que se trata á ejercer la piratería, de sobra se comprende á qué riesgos puede dar lugar la confusión en punto á bandera.

Verdad es que el artículo 7.º, al propio tiempo que levantar fortificación de ninguna especie en el territorio del Sultan, sin expresa licencia del Gobernador Capitán general de Filipinas, prohibe también á los joloanos, salvo el mismo permiso, la compra y uso de armas de fuego, declarando
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enemiga toda embarcacion donde se encuentren otras que las blancas que se usan en el país de tiempo inmemorial; pero, si á primera vista aparece que tales disposiciones garantizan la seguridad de los navegantes indígenas, bien examinado el negocio, se advierte pronto que son de escasa, si de alguna importancia.

Para apoderarse de las embarcaciones de nuestros indios, y sobre todo de las personas de sus tripulantes, que son la presa por los joloanos codiciada, no necesitan los Piratas en manera alguna de las armas de fuego: bástanles y áun sobranles, en los más de los casos, sus lanzas y sus crises ó sables, para abordar las miserables bancas de los indígenas y triunfar, casi siempre sin combate, de gentes inferiores en número á sus enemigos, de ellas temerosas por inveteradas tradicionales preocupaciones, y á la pelea no avezadas, ni para ella apercibidas.

La precaucion que discuto tiende, pues, á limitar la pirateria, disminuyendo sus medios de accion; pero su eficacia no alcanza á impedir las depredaciones de los Mahometanos en nuestro mar de Mindoro.

Por otra parte, entendido literalmente y de buena fé ejecutado, el artículo 7.º equivale á una prohibicion absoluta de las armas de fuego en Joló, á menos de suponer que el Gobernador Capitan general delega en el Sultan sus facultades en ese punto; porque figurarse que, para cada licencia de armas, el príncipe moro, que no sabe el castellano, instruye un expediente y lo remite á Manila para su resolucion, seria ridículamente absurdo.

No hay medio, pues, de salir de este dilema: ó las armas de fuego están prohibidas en absoluto: ó el Sultan concede licencia para comprarlas y usarlas á quien bien le parece.

Si lo primero, ¿cómo cumplen el Sultan y los Dattos la obligacion que mancomunadamente les impone el artículo 2.º del mismo tratado, de mantener íntegro el territorio de Joló y sus dependencias, como parte del Archipiélago perteneciente al Gobierno español? Y si se opta, como de hecho se ha optado, por el segundo extremo de nuestro dilema, ¿qué significa, ni á qué conduce el artículo 7.º en esa parte?

La verdad es que el Tratado de 1851 adolece siempre, y no podia ser otra cosa, del pecado original de la expedicion misma á que puso término y de que fué consecuencia.

Vencióse, en efecto, al Sultan en su capital, pero no penetraron nuestras armas en su territorio. Hubo una victoria, importante si se quiere, pero no hubo conquista. Impusimos condiciones, asentando nuestro derecho; pero como la empresa no se llevó á cabo completamente, imposible
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fué tambien deducir todas las consecuencias lógicas del derecho reivindicado, y en el afán, sobre todo, de terminar inmediatamente la campaña, se negoció con precipitación sobrada.

Si así no fuera, tomaranse prendas para lo futuro, y, cuando méños, estableciérase desde luego en Joló, al lado del Sultan y como representante de nuestro Gobierno, un agente bastante caracterizado para que nada se hiciera ni pudiera hacerse allí sin su intervención directa, ó más bien, sin su sanción y annuencia en nombre del soberano del país, que es en derecho el rey de España. Tan obvia es esa idea y tan natural que ocurriría, que no acertará yo á darme cuenta de la necesidad en que me vi de indicarla á los trece años de celebrado el Tratado, si no hallara la explicación de ese y de otros muchos fenómenos de su especie, en lo incompleto de la organización del gobierno superior del Archipiélago, cuya radical reforma había ya propuesto yo á Madrid en Julio del año de 1863 (1).

Bien me parecen en general los artículos 8.º, 10º y 12º, y aunque en el último echo algo de méños en lo relativo á las Aduanas de Joló, prescindiendo ahora de tratar ese punto, porque me parece más lógico dejarlo para cuando considere la cuestión bajo su aspecto económico.

En cuanto al artículo 3.º, no acierto á comprenderlo, si no acudo á ex- cusarlo con la premura de las circunstancias en que fué redactado, y no es lo que el artículo dice lo que me sorprende, sino lo que omite.

Comprendo bien, y dadas las circunstancias apruebo sinceramente, que se garantice el libre ejercicio de su religión y culto á los joloanos, porque reconocida su relativa autonomía, aunque como dependiente y tributaria, lógica y forzosa era la concesión estipulada. Mas, ¿por qué no se estipuló también, en justa reciprocidad, la obligación del Sultan y sus Dattos á garantizar en todos sus dominios á los súbditos cristianos de la monarquía católica el libre ejercicio de su culto?

Aparte toda idea de propaganda y aún simplemente religiosa, no se concibe siquiera que, por una parte se reconozca vasallo de nuestra Corona el Sultan; y, por otra, en el territorio que gobierna por concesión de la misma y bajo su protectorado, no haya garantía ninguna de seguridad para la religión, no como quiera dominante sino exclusiva (cuando se celebró el tratado) en la monarquía española.

Ante omisión tan notable, tan contraria al espíritu constante de nues-

(1) Véanse los números 168 y 169 de la Revista de España, que contienen mi plan de reforma.
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tro sistema colonial desde los gloriosos tiempos de Isabel la Católica hasta nuestros días, tan inexplicable, en fin, sea cualquiera el aspecto bajo que se le considere, apenas me atrevo ya á señalar el silencio absoluto del Tratado, en cuanto á los intereses temporales y seguridad de las personas de los subditos de la Corona en los dominios joloanos.

Porque el comercio marítimo es al único á que, hásia cierto punto, atendió el tratado, que de todo lo demás prescinde, dejando al Sultan en libertad para establecer el sistema que mejor le cuadre; de donde procede que sean exclusivamente los chinos, gente descreída y sólo á la ganancia atenta, los que monopolicen aún el comercio, sometiéndose á vivir como castores en chozas construidas de caña y nipa y sobre pilotaje edificadas en la rada misma, corriendo el riesgo de ser, como lo han sido ya en más de una ocasión, las primeras víctimas en cualquier conflicto que en ella ocurra, y dejándose saquear en silencio por el Sultan, sus Dattos y sus mujeres y sus sácope, que en cambio los autorizan á la más espantosa usura.

La única estipulación del Tratado en favor de nuestro comercio directamente é indirectamente de nuestra dominación efectiva en Joló, se encuentra en su artículo 13.º, de que es complemento el 14.º

Estipulase, en efecto, aunque con la salvedad de ser en interés de la autoridad del Sultan—salvedad singular, cuando menos, y sobradamente generosa al siguiente día de tan señalado triunfo como lo fué el del general Urbistondo—que podremos establecer una Factoría guarnecida con fuerza española en la cota (1) de Daniel inmediata á la playa, requiérense para ello los auxilios del Sultan y Dattos, á condición de pagar á su justo precio materiales y trabajo, y por último, se garantiza la inviolabilidad de un cementerio musulman contiguo al sitio designado.

Todo eso me parece bien y es conveniente; pero ¿por qué una sola Factoría y no, además, el derecho á todo subdito español de transitar por toda la isla y establecerse ó comerciar, ó ejercer cualquier industria, ó anclar en el punto de ella que más le plazca, bajo la protección y responsabilidad del Sultan y los Dattos? ¿Por qué no sentar, siquiera como principio, que las relaciones de la Factoría con el príncipe moro, con su gobierno y con el país mismo, se arreglarían y definirían en un futuro convenio? ¿Por qué aceptar en Joló, para los subditos de la Corona soberana eminente, un aislamiento y una incomunicación contra la que han protestado y están pro-

(1) Cota significa en Filipinas una fortaleza ó reducto defendido por empalizadas cañas, terraplenes y foso también algunas veces.