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Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 173

de Dios, en gobernar las provincias en toda paz, sosiego y quietud, procurando su aumento, y proveyendo á la buena administracion, cuenta y cobranza de la real Hacienda, y que hagan en todos los casos y cosas que se ofrecieren lo mismo que hiciera el Rey, si por su persona gobernara directamente... Para que así puedan los vireyes ó gobernadores generales verificarlo, S. M. manda á las Audiencias, gobernadores, justicias y demás sus súbditos, seglares y eclesiásticos, de cualquier clase y condición que sean, cumplan y ejecuten los mandatos, de palabra ó por escrito, de aquellos funcionarios, sin ponerles impedimento, ni darles interpretación forzada, como si por su real persona ó cartas firmadas de su real mano lo mandase; todo sopena de incurrir en mal caso y en las demás impuestas á los desobedientes á los reales mandatos.

La delegación de la autoridad soberana fué, como se ve, tan completa como pudo serlo, sin más límites por entonces, que los muy generales de sujeción á las leyes del reino y á las intenciones del rey.

Por la ley de su creación, el Gobernador era al mismo tiempo presidente de la Audiencia y Capitán general, cargos todos que se confirieron igualmente á los vireyes por las leyes 3.ª, 4.ª y 5.ª del mismo título y libro que la que de extractar acabamos.

De sus atribuciones diremos lo que más importante nos parece, comenzando por las generales, descendiendo después á particularizar lo principal en cada ramo, y reservando las limitaciones para terminar el cuadro.

Nombramiento de empleados.—Reservándose al Rey, como de razon, el nombramiento de vireyes, presidentes, gobernadores, capitanes generales, oidores y otros tales cargos (1); pero, tomando en cuenta los inconvenientes que podían resultar, atendidas las distancias, de proveerse todos los demás destinos por S. M. directamente, se dispuso que los empleos de gobernadores de provincias; corregidores, alcaldes mayores y oficiales de real Hacienda, se proveyeran por los vireyes ó presidentes gobernadores, interinamente hasta que el rey proveyese, por regla general, y definitivamente en los casos en que así estuviera mandado ó en costumbre por estilo introducido.

La misma facultad se confirma en la ley 34 (tít. 15, lib. 2), mandando que en todas las materias de gracia y provision de oficios, provean por sí los presidentes gobernadores, sin que de sus providencias en ello se dé recurso ante las Audiencias respectivas (2).

(1) Ley 1.ª, tít. 2, lib. 3.
(2) La ley 8.ª, tít. 2, lib. 3, dispone que en la provision de oficios, consulten los
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Propuestas para empleos de real nombramiento.—Guiado por el mismo espíritu y deseo del acierto en la elección de personas para los importantes cargos, cuya provision acabamos de ver que el Rey se reservaba, dispuso el legislador que siempre que vacara alguno de ellos (1) diese el Gobernador presidente parte de la vacante y conocimiento de la persona del interino, proponiendo las personas que tuviere por más á propósito para suceder en el cargo (2).

Es de advertir, como muy notable, que en interés perfectamente entendido del aumento y fijación de la raza española europea en los dominios de Ultramar, quieren las leyes de Indias que los Gobernadores presidentes, en la provision de oficios y por consiguiente en las propuestas para ellos, prefieran (3):
  1.º A los descendientes de los primeros descubridores.
  2.º A los pobladores y pacificadores.
  3.º A los nacidos de españoles en aquellas provincias, anteponiendo los casados á los solteros.

Estábales además, por punto general, mandado á los vireyes y presidentes gobernadores que anualmente informasen al rey (4) de las personas beneméritas de sus distritos, con expresión de sus circunstancias y servicios, con distinción de clérigos y religiosos, letrados y de capa y espada, y expresando los cargos para que, cada cual en su esfera, les parecieren á propósito.

Por manera que (resumiendo en cuanto á provision de empleos) en lo antiguo la Corona, sin renunciar á su prerrogativa en lo general, reservóse solamente su uso directo y motu propio para el nombramiento de los funcionarios más elevados, y respecto á los demás quiso que en unos casos se le propusieran candidatos por los Gobernadores generales, y esas mismas autoridades, en otros, proveyeran por sí, según ciertas reglas.

Atribuciones generales más importantes.—Dicho queda que, en representación del Rey, corría á cargo de los vireyes y presidentes la goberna-

vireyes á las Audiencias, porque oído su consejo hagan lo que mejor y más justo les pareciese.

(1) Ley 8.ª, tít. 2, lib. 9.
(2) En vacantes de contador, tesorero y factor de la real Hacienda, se manda proponer para cada una seis personas, ricas, de confianza y toda satisfacción, vecinos del mismo distrito.
(3) Ley 14, tít. 2, lib. 3.
(4) Leyes 70, tít. 3, lib. 3, 1.ª y 2.ª, tít. 14, lib. 3.
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cion general en Ultramar; tambien que, no obstante el deber que se les impuso de consultar los asuntos graves con el real Acuerdo, la resolucion y la responsabilidad, por consiguiente, eran siempre suyas (1); y, en fin, que de sus providencias gubernativas en perjuicio de tercero, se daba alzada ante la Audiencia. Con añadir, pues, ahora que admitida la apelacion, por regla general, debía suspenderse la ejecucion de lo mandado, nos creemos en el caso de proceder ya á enumerar las más importantes entre las atribuciones generales de los vireyes y presidentes gobernadores.

Derecho de gracia.—Ejercian, en primer lugar, la más alta, la más grata y la no menos trascendental por cierto, de las prerrogativas de la Corona, pudiendo perdonar cualquier delito y exceso cometidos en las provincias de su gobierno, que el Rey conforme á derecho y leyes del reino podria perdonar (2).

Descubrimientos.—Podian disponer nuevos descubrimientos, poblaciones y pacificaciones, empleando en ellos «la gente ociosa que inquieta y altera el sosiego público;» nombrando para dirigirlos las personas que tuviesen por conveniente; y dando cuenta luego á S. M. (3).

Facultades con respecto á las personas.—Y para que nada les faltase, en fin, ni del poder discrecional mismo de la soberania, autorizóseles:

1.º Para conocer y resolver gubernativamente de las personas que pasaban á Indias sin real licencia, imponiéndoles las penas á su falta señaladas (4).

2.º Para desterrar de unas á otras provincias de su territorio, á las personas que las inquietasen y sus deudos (5).

3.º Para extrañar de todo su territorio y remitir á España, con la causa que les hubieren formado, á las personas que tuvieran por peligrosas (6).

Alta policía.—Cometióse tambien á los mismos vireyes y presidentes gobernadores, lo que, en el lenguaje moderno pudiera llamarse la alta policía en lo religioso, social y político, mandándoles velar incesantemente e informar al Rey cada año sobre los negocios, corporaciones y personas que á continuacion enumeramos (7).

(1) Ley 45, tít. 3.º, lib. 3.º
(2) Ley 27, tít. 3.º, lib. 3.º
(3) Ley 28, ibid.
(4) Ley 58, ibid.
(5) Ley 7, tít. 4.º, lib. 3.º
(6) Ley 61, tít. 3.º, lib. 2.º
(7) Véanse las leyes 1.ª y siguientes hasta la 32 del tít. 14, lib. 3.º
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A saber, sobre lo tocante:
1.º A la religion;
2.º Al gobierno militar y político;
3.º A la real Hacienda,
4.º A las vacantes seglares y eclesiásticas, proponiendo personas;
5.º Al estado de los conventos, y religiosos idóneos para las prelacies;
6.º A las Universidades y colegios;
7.º A la Administracion de justicia y vacantes en los Tribunales:
8.º A la conducta y procederes de los ministros de las Audiencias;
9.º Y de los letrados y abogados;
10. Y de los legos seglares de capa y espada;
11. Y de los gobernadores de las provincias;
12. Y de los corregidores y alcaldes mayores;
13. Y de las personas de vida escandalosa;
14. Y de las que, con mano poderosa, se excedan de los limites de la razon en su vida ó agravien á tercero;
15. Sobre el buen tratamiento y estado de los indios;
16. Sobre los medios de aumentar las rentas reales;
17. Sobre las personas que, habiendo sido recomendadas á S. M., lo hubieren desmerecido por su conducta;
18. Y finalmente, se previene que el presidente gobernador al cesar, entre á su sucesor de la situacion del país y del estado en que deja los negocios (1); y á S. M. le dé cuenta, por diario y materias, de todos los asuntos graves ocurridos durante su mando, con distincion de fenecidos y pendientes; y expresion de lo resuelto en los primeros y del estado de la tramitacion de los segundos.

Tanta y tal importancia dá el legislador á esa Memoria final de los gobernadores generales, que manda no se les abone el último año de sus pagas hasta que justifiquen haber entregado aquel documento (2).

Atribuciones especiales.—Revestidos así de la autoridad suprema en lo general de la gobernacion de su territorio, tenian además los vireyes como vice-patronos en lo eclesiástico, presidentes de las Audiencias en lo judicial, gobernadores en la policía, altos administradores en lo civil y económico, y capitanes generales en lo militar, atribuciones especiales en cada ramo, de que vamos á dar muy sucinta idea.

(1) Ley 23, tit. 3.º, lib. 3.º
(2) Ley 32, tit. 14, lib. 3.º
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Real patronato.—Como vice-patrono, correspondía y corresponde al Gobernador y Capitán general en Filipinas:
1.º Resolver las dudas en cuanto al patronato.
2.º Tener conocimiento de toda renuncia ó vacantes de prebendas, curatos y beneficios.
3.º Presentar sujetos ilóneos para los beneficios curados.
4.º Tomar á los obispos electos juramento de guardar los derechos y regalías del real patronato (1).
5.º Intervenir en todos los negocios del gobierno espiritual en representación del Rey, con arreglo á las leyes.
6.º Expedir, juntamente con la Audiencia (2), provisiones de ruego y encargo para que los Prelados visiten su diócesi y se hallen en los concilios (3).
7.º Intervenir en toda discusión entre religiosos, primero con el consejo y amonestando; y, si no bastare, con todo el vigor que permiten las leyes hasta restablecer el orden (4).

Presidencia de la real Audiencia.—Nunca tuvieron los presidentes gobernadores participación personal activa en la administración de justicia; antes, por el contrario, las leyes de Indias cuidaron mucho de estorbar que pudiesen influir de ninguna modo en los fallos de aquel superior tribunal ó de otro alguno.

En lo jurídico, pues, el derecho de gracia puede considerarse como su única atribución directa, reduciéndose las demás á la vigilancia que sobre la administración de justicia y la conducta de los magistrados les competía; la facultad de nombrar oidores y suplentes (5) interinamente, fiscales, alguaciles mayores y demás subalternos del tribunal, y en propiedad á un oidor, juez de expulsión de casados (6).

Atribuciones del gobernador político.—En lo político, civil y económico, sobre lo que en general dejamos dicho, son de notar las atribuciones especiales siguientes:
1.º Todo lo tocante al gobierno político y municipal de los pueblos es-

(1) Véase el tít. 6.º, del lib. 1.
(2) Debe entenderse con el real Acuerdo, sin duda alguna.
(3) Ley 147, tít. 15, lib. 2.º
(4) Ley 50, tít. 3.º, lib. 3.º
(5) Ley 59, tít. 15, lib. 2.º
(6) Ley 59, ibid.
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taba bajo su direccion superior, pero á cargo directo de los ayuntamientos respectivos (1).

2.º Podian mandar abrir caminos, construir puentes, reparar unos y otros, haciendo contribuir para ello á los obligados, según derecho de Castilla, y procurando la mayor posible economía (2).

3.º Proveerán interinamente los empleos de real hacienda y gobernadores (3); pero nunca aquellos en los mercaderes (4).

4.º Eran de su peculiar autoridad, con exclusion expresa de la real Audiencia, el Parian y gobierno de los chinos ó sangleyes (5).

Autoridad en lo militar.—Baste decir aquí que la autoridad militar del presidente-gobernador, era y es la suprema en ese punto, y que hasta hace muy poco tiempo se extendía directamente á las cosas de mar mismas. Los pormenores serían ociosos en este lugar, puesto que la esfera del estudio que se nos había encargado se limitaba exclusivamente á lo civil.

Limitaciones.—La necesidad, por una parte, y el deseo del acrecentamiento y buen gobierno de sus vastos dominios ultramarinos, por otra, obligaron á nuestros reyes á delegar su autoridad soberana casi completamente en los vireyes y presidentes-gobernadores; pero al mismo tiempo, temiendo el abuso, trataron de limitarla en unos casos con acierto, sién otros acaso exageradamente, por medio de un considerable número de leyes, de las cuales vamos á citar sólo aquellas que nos han parecido de mayor importancia.

En lo político.—Por lo que respecta á los abusos de autoridad en los asuntos graves y políticos, hemos dicho lo bastante ya en el discurso de este escrito. La Audiencia, constituida en real Acuerdo, no sólo era el consejo, sino el fiscal y el censor además, de su presidente; y en más de una ocasión procedieron de ahí apretadísimos conflictos, sobre todo en los tiempos cercanos al descubrimiento. Señalamos el inconveniente, que es inevitable siempre que se ponen en contacto dos poderes destinados á moderarse reciprocamente; confesamos toda la importancia y trascendencia del antagonismo; pero, en primer lugar, no nos parece menos peligroso dejar sin otro regulador que un gobierno supremo, situado á seis mil leguas de distancia, la autoridad que ha menester el gobernador general en Filipinas;

(1) Ley 10, tít. 16, lib. 2.º
(2) Ley 53, tít. 3.º, lib. 3.º
(3) Ley 1.ª, tít. 2.º, lib. 3.º
(4) Ley 55, tít. 15, lib. 2.º
(5) Ley 55, tít. 15, lib. 2.º
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y, en segundo, no tenemos por imposible combinar un sistema político que temple su poder, sin provocar crisis de mal género. Por lo demás, y en lo especial, las limitaciones abundan en la legislación de Indias, y por vía de ejemplo citaremos las siguientes:

Hacienda.—No podían los vireyes y presidentes-gobernadores librar, distribuir, ni gastar, prestar ni anticipar en poca ni mucha cantidad para ningún efecto, cosa ó fondo de la real Hacienda, sin especial comisión y orden del Rey, exceptuándose solamente los casos de invasión de enemigos ó alteración grave del orden público (1).

Justicia.—Estábales prohibido dar decretos en perjuicio de la cosa juzgada y prorrogar los términos para la expulsión de casados (2).

Igualmente se les prohibió proceder judicialmente contra nadie en virtud de relaciones anónimas, mandándoseles expresamente que los papeles que recibieran sin firma de persona conocida y de confianza, los lean por sí mismos y luego los rompan; quedando, sin embargo, advertidos de las noticias que contuvieren, para informarse de ello con gran prudencia y secreto, nunca por teta de juicio, y proceder luego como más convenga (3).

Declaróseles sin voto en la real Audiencia, tanto en los pleitos civiles como en las causas contra criminales, y á mayor abundamiento se les previno que, cuando de tales asuntos se tratare en su presencia, no sólo dejaran responder y proveer al oidor más antiguo, sino que se abstuvieran de dar á entender la intención de su voluntad á fin de que los jueces deliberasen con toda libertad (4).

Gobernacion.—Prohibido reunir dos ó más corregimientos en uno y pro- veer dos ó más en una sola persona (5).

Prohibido también crear nuevos oficios y aumentar sueldos (6).

Provision de empleos.—En Filipinas se provean los oficios en vecinos con tres años, al méños, de residencia, y las encomiendas en soldados beneméritos (7).

No se provea oficio en quien tuviere pendiente juicio de residencia (8).

(1) Ley 57, tit. 3.º, lib. 3.º
(2) Ley 60, ibid.
(3) Ley 44, ibid.
(4) Ley 37, ibid.
(5) Ley 57, tit. 2.º, lib. 3.º
(6) Ley 59, ibid.
(7) Ley 20, ibid.
(8) Ley 165, tit. 15, lib. 2.º
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de suponer, la posesion privilegiada; pero tampoco pretendió su abolicion inmediata, sino modificarla con temperamentos protectores de los vecinos contra los extraños. Propuso, pues, que los trashumantes no pudieran tomar en arrendamiento tierras de labor, y que si las hubieran tenido y subarrendado á los naturales, devolvieran á estos el exceso de precio que sobre el pagado por ellos les hubieran cobrado en los últimos diez años, y que sin estorbar á los poderosos la labranza de sus tierras, se les prohibiera acumular con inmoderada extension las publicas ó las labrantias arrendables, á fin de que no faltaran á los senareros.

En el expediente de ley agraria fué tambien señalada la servidumbre en cuestion como una de las causas del atraso de la agricultura. Propuso-se en él por algunos informantes (1) que para la adquisición y uso de las tierras, fueran preferidos los labradores del partido respectivo, y entre éstos los nuevamente establecidos, y que no se tantearan á los labradores las sobras de los pastos en las tierras que tuvieran arrendadas, quedando á su arbitrio el acogimiento de ganado en ellas. Otros informantes (2) pidieron se restituyesen á labor las tierras que antes tuvieran este destino y se devolvieran así á los labradores, con privilegio de posesion, semejante al que disfrutaban los ganaderos en las tierras de pasto; que así como se habia retrotraido el precio de las yerbas al que tenian en 1692, se redujera el del arrendamiento de las tierras de labor al que tenian cuarenta años antes, y que solicitando cualquier labrador alguna dehesa de labor y pasto en arrendamiento, se diera desde luego por precio tasado. Estas providencias reaccionarias, y que adolecian del mismo vicio que se trataba de corregir en los trashumantes (pues tanta era la pasion que habia engendrado la lucha entre los intereses agricolas y los pecuarios), no fueron apoyadas por el procurador general del reino. El ilustrado intendente de Sevilla las combatio enérgicamente impugnando la tasa del precio de las tierras por ineficaz para producir la deseada baratura, aunque despues de haber sostenido esta tesis con las razones economicas más concluyentes, vino en cierto modo á contradecirla, solicitando que se mandara pagar en frutos los arrendamientos de las fincas rústicas, con sujecion á una cuota fija, establecida por el Consejo, y que los propietarios no pudieran deshauciar á los colonos

(1) Los diputados y personeros del Comun de Ciudad-Rodrigo, y esta ciudad con apoyo del procurador general del reino. Núm. 204 y sig.
(2) Los sexmeros, los procuradores generales de las tierras de Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Ledesma y otros. Núm. 260 y sig.
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No se puedan ser ocupados los nombrados por el Rey para un cargo cualquiera, en otro diferente (1).

No puedan los presidentes-gobernadores proveer oficios ni dar comisiones á sus criados y allegados (2).

Personales.—No puedan ser padrinos en bodas ni bautizos de personas de sus distritos, ni dejarse apadrinar en casos tales por vecinos dependientes de su autoridad y jurisdiccion (3).

No visiten á persona ninguna particular, tenga ó no tenga, pueda ó no pueda tener negocio ó pleito; ni asistan á desposorios, casamientos, ni entierros, sino en casos muy señalados y forzosos (4).

No asistan á las funciones de iglesia como particulares, y como autoridad y en cuerpo con la Audiencia sólo á las de Tabla (5.)

Prohibíseles todo género de grangería, industria, comercio ó labranza; y servirse de indios más que como criados á su voluntad y pagándoles el salario que á cualquiera otro vecino (6).

Prohibíseles cargar mercaderías por su cuenta en los bajeles que salen de Manila para las provincias, y extiéndese esa prohibición á las esposas, hijos, secretarios y familiares de los presidentes-gobernadores (7).

Prohibíse, en fin, así á los vireyes y gobernadores como á sus hijos é hijas, casarse en sus distritos, sin particular licencia del Rey, sopena de privación de empleo (8); luego se hizo extensiva la misma pena á los que tratasen y concertasen casamiento en la esperanza de obtener la real licencia (9); y por último, se declaró que no se concedieran dispensas de tales licencias, prohibiendo dar cuenta al Consejo de Indias de las solicitudes, sin ejecutar antes las penas impuestas (10).

No consienten los límites de este escrito, ni parece tampoco necesario ir más lejos en el pormenor de las limitaciones; las enumeradas bastan para que se advierta cómo luchaban en la Corte los recelos y la desconfianza, con lo que la naturaleza y situación geográfica de estas provincias exigían.

(1) Ley 174, tit. 3.º, lib. 2.º
(2) Ley 175, ibid.
(3) Ley 48, tit. 16, lib. 2.º
(4) Ley 49, ibid.
(5) Ley 50, ibid.
(6) Leyes 54 y 57, ibid.
(7) Ley 62 y siguientes, ibid.
(8) Ley 82, tit. 16, lib. 2.º
(9) Ley 84, ibid.
(10) Ley 85, ibid.
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Juicios de residencia.—Pero, si en ese punto podemos y debemos ya abstenernos, no así de consignar que, desde su origen, estuvieron los vireyes y presidentes-gobernadores sujetos á juicio de residencia, principio llevado de la legislación de Castilla á la de Indias, y sobre el cual hay mucho que decir en pró y en contra.

En teoría, repugna á la razón que contra la máxima fundamental en derecho de suponer inocente á todo aquel que por vencido en juicio no es legalmente culpado, ó contra quien no media, cuando menos, acusación en forma; repugna, decimos, tanto á la sana razon como á los buenos principios jurídicos, abrir juicio de pesquisa, no sobre un hecho de los penados por la ley y cuya existencia conste, sino en abstracto, en averiguación de si el virey ó gobernador-presidente, ha delinquido ó no en el ejercicio de sus funciones.

Pero cuando las residencias se establecieron, los mandos en Indias eran por tiempo determinado y no breve; las comunicaciones con la metrópoli, difíciles y raras: en los primeros tiempos se habían cometido grandes, á veces horribles excesos por los gobernantes; y la tendencia al abuso de autoridad era tan característica en la época, que para conciliar el vigor y expedición en el manejo de los negocios con los fueros de la humanidad, hubo de ser preciso tener pendiente siempre sobre las cabezas de los supremos magistrados la amenaza terrible del juicio de la residencia que, á semejanza del que para ante Dios nos espera á todos, se abría al concluirse la vida política del residenciado.

A juicio de residencia, pues, estaban y están sujetos los Gobernadores Capitanes generales al ser reemplazados en sus cargos, comprendiéndose en él á sus asesores, y procediéndose por trámites y ritualidades al por menor establecidos en el tit. 15 del lib. 5.º de la Recopilacion de Indias.

Para que el lector formase cabal idea del procedimiento que nos ocupa, sería forzoso copiar aquí, ó cuando menos, extractar el interrogatorio general, á cuyo tenor deben ser examinados los testigos por el juez pesquisidor: pero como eso fuera en este lugar de sobra prolífico, remitimos al curioso al texto de las leyes y á una real orden del año de 1841 sobre el asunto.

Basta á nuestro propósito consignar aquí, que, á nuestro parecer, el tal interrogatorio, considerado en su conjunto y pormenores, no es más que un cuadro hipotético de todos los crímenes, omisiones e ignominias que caben en un desleal y pésimo-gobernante; y, verdaderamente, no se concibe que, sin fundamento alguno previo, sin acusación de parte ni sospecha ra-