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contencioso-administrativo se encomienden á una jurisdiccion delegada ó á una jurisdiccion retenida; como en la exagerada extension que se habia dado al circulo en que se encerraba dicha materia, y en el empeño obstinado de considerar en todos los casos que los actos de la administracion, en sus relaciones con los particulares, son de una naturaleza especial y nunca regulable por el derecho comun, solo por la tenacidad de contradecir en el todo á la otra escuela, que mantiene como principio absoluto que el Estado siempre y en todos los casos en que ejecuta actos administrativos, debe ser considerado con una representacion perfectamente igual y con una personalidad exactamente idéntica á la que tiene cualquier individuo en la sociedad.

Hé aqui explicada la causa de que, aceptando los unos y los otros la teoria de la division é independencia de funciones de los poderes publicos, y reconociendo por consiguiente la existencia de la materia administrativa constituida por todos los actos del poder ejecutivo en accion, que no es otra cosa que la administracion pública, no estemos sin embargo acordes en punto á la necesidad de una jurisdiccion retenida, á la cual se encomienda el conocimiento de las reclamaciones que los particulares tengan que producir contra los actos administrativos que lastiman sus derechos, y que llevemos treinta años luchando en el terreno de la practica con una obceccion verdaderamente desconsoladora y sin llegar nunca á poner en claro si peleamos por la existencia de la jurisdiccion delegada, ó si realmente el fin práctico de nuestras disputas debe consistir únicamente en determinar de un modo cierto y preciso, cuales son los limites de lo contencioso-administrativo, y cuáles por consiguiente pueden ser las cuestiones que únicamente deben someterse á dicha jurisdiccion.

¿Pero cómo se marcan esos limites, cómo se encierran dentro de una ó varias disposiciones de carácter legislativo todas las cuestiones que deben quedar constituyendo la materia contencioso-administrativa, separándolas, de aquellas que teniendo su origen en actos de la administracion, deben sin embargo formar parte de lo contencioso-judicial? ¿Cómo acometer tanma empresa cuando todos los publicistas nacionales y extranjeros han convenido en la inmensa dificultad de llevarla á cabo? Preguntas son estas que se han formulado muchas veces; pero á las cuales no podemos creer que hayan dejado de contestar una sola en su interior el presidente del ministerio-regencia y el ministro de gracia y justicia, autores del decreto de 20 del actual y grandemente conocedores de los medios con que hoy ya se cuenta, suministrados á la ciencia por la prác-
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tica, para determinar los verdaderos límites de lo contencioso, recogiendo las apreciabilísimas doctrinas que la jurisprudencia ha sancionado.

III.

El Estado, como poder social á quien incumbe el sagrado deber de procurar el bienestar de los asociados, amparando los intereses colectivos y estudiando constantemente las necesidades sociales y los medios de remediarlas, no puede equipararse en los actos que por medio de la Administración ejecuta, con un individuo de la asociacion misma, sino que se desenvuelve, y funciona en dos sentidos esencialmente diversos, según que ejerce facultades libres, discrecionales, emanadas directamente del poder y reguladas tan sólo por el criterio del Gobierno, que es lo que ciertos publicistas han denominado el poder político; ó según que hace uso de facultades previamente reguladas por leyes ó pactos que restringen su libertad de acción, que son las que constituyen, en la pura y exacta acepción de esta frase, la jurisdicción administrativa. Cuando los gobiernos con actos de la primera de estas dos clases lastiman intereses individuales ó colectivos, la reparación y con ella la responsabilidad del que los ejecutó ha de buscarse ante las Cortes, á las cuales, conforme á todas las constituciones, incumbe exigir la última; sin que esta facultad de las Cortes sobre los ministros implique la sumisión de un poder á otro poder, porque ni las Cortes son en este caso otra cosa que la representación nacional, ni constituyen por sí solas el poder legislativo.

Cuando el ejecutivo ó sus agentes con sus actos de la segunda clase, ó sea ejerciendo facultades reguladas por leyes anteriores, ó cumpliendo obligaciones impuestas á la administración, afecta derechos particulares, ó mejor dicho, desconoce opciones que la ley ha concedido á los que dentro de sus prescripciones se coloquen, las reclamaciones que tales actos produzcan, no pueden someterse á la jurisdicción de un poder distinto de aquel de donde emanan sin que se monosee su independencia, y se produzca el roce que tanto entorpece la marcha de la máquina constitucional, y que cede siempre en daño de las libertades públicas y del desarrollo de los intereses generales puestos bajo la salvaguardia de la administración. He aquí por qué decíamos hace poco que lo contencioso-administrativo, reducido á sus verdaderos límites, constituye un progreso político y científico en cuanto tiende á garantizar la verdadera independencia de los
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poderes públicos entre sí, en la cual consisten las incontestables ventajas del régimen representativo.

No se encierran, sin embargo, en estas dos agrupaciones todos los actos que el Estado, actuando como poder social, tiene que llevar á efecto por medio de la administración: desciende á veces de la altura en que acabamos de considerarle, y colocándose al nivel de los ciudadanos viene á constituir una persona jurídica; y este caso llega cuando la administración tiene que cumplir obligaciones que no deben ya su origen á las leyes reguladoras del poder administrativo, sino á contratos, que, adoptando el carácter de un particular, ha celebrado con otro particular. Cuando la administración vende los bienes nacionales, cuando contrata los servicios públicos, cuando adquiere los suministros necesarios para estos mismos servicios, cuando enajena los productos de sus fincas ó de las industrias que monopoliza el Estado á quien representa, se ha sometido á las leyes comunes de la estipulación, y constituye, como antes se ha indicado, una persona jurídica, que como tal puede y debe someter sus cuestiones con los particulares al poder público encargado de resolver todas las que surgen entre aquellos; sin que de aquí resulte choque ni roce alguno entre los dos poderes, porque una suprema consideración de justicia, ha impuesto al ejecutivo la necesidad de desprenderse de su carácter de tal poder, para revestir el individual que al Estado corresponde en tales casos. Estos son los únicos en que tienen razón los enemigos de la jurisdicción retenida, cuando mantienen la doctrina de que el Estado en sus relaciones con los ciudadanos no puede salir de la esfera de los particulares.

IV.

Adoptada ya hoy la teoría que dejamos expuesta, tan someramente como lo permiten los estrechos límites de un artículo, por casi todos los que se consagran al estudio de estas cuestiones, y aceptados estos principios por la escuela liberal basta en sus matices más apagados, es indudable que si en lugar de haberse encerrado en las mezquinas dimensiones de un decreto restaurador la medida que la opinión de los jurisconsultos reclamaba, se hubiera desenvuelto traduciendo aquellas doctrinas en disposiciones orgánicas, que hubieran reducido los límites de lo contencioso-administrativo, y por consiguiente los de la jurisdicción retenida, á las cuestiones que los particulares promueven contra la administración públi-
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bertad de las transacciones, sino en nuevas restricciones y cortapisas del derecho de propiedad. La ciudad de Sevilla pidió la tasa de los arrendamientos de tierras, y de la extensión que había de poder cultivar cada labrador. Varios vecinos de Medinasidonia solicitaron se justipreciaran por peritos, en dinero y no en granos, las rentas de todas las tierras (1). Los diputados y síndicos de Jerez de la Frontera pidieron se prohibiesen los subarriendos de tierras, bien no permitiendo á ninguno tomar en arrendamiento más de las que pudiera labrar y necesitará para sí, ó bien fijando á todas su justo precio, á todo lo cual había accedido el Consejo respecto á los labradores de aquella comarca (2). Los síndicos de tierra del pan y vino y Sayago de Zamora reclamaron contra la costumbre que había en esta tierra de poder el dueño de heredad ó casa admitir en todo tiempo la puja del cuarto de la renta, y deshauciar al colono ó inquilino, aunque no hubiera cumplido el término del contrato, y solicitaron además la tasa por justiprecio. El Consejo proveyó acertadamente derogando en 1752 aquella injusta costumbre y no accediendo á esta última pretensión (3). Colonos de la provincia de Salamanca, que llevaban en arrendamiento tierras del cabildo y de otros dueños, hacia 150 años, acudieron en queja de haber, sido deshauciados, por no haber querido pasar por un aumento de renta, y pidieron se les amparase en el concepto de que seguirían pagando la renta que tasaran peritos nombrados por ámbas partes (4). El corregidor y el alcalde mayor de Salamanca propusieron que en los arrendamientos que vacaran por muerte de los colonos sucedieran sus herederos; que fueran preferidos por regla general los vecinos á los forasteros, y que ninguno pudiera arrendar más tierra que la que necesitara (5). El síndico y el alcalde de Santa fé y el corregidor de Granada solicitaron y obtuvieron del Consejo en 1766, el derecho de tanteo para los vecinos de aquella villa en los arrendamientos y ventas de las tierras de su término (6). El intendente de Burgos propuso

(1) Exped. etc., n. 5.
(2) El Consejo proveyó en 1768, que en el distrito de Jerez no arrendase nadie más tierras que las que necesitara para su propia labranza, ni subarrendase lo arrendado: que los subarrendatarios fueran tenidos por arrendatarios y pagarán directamente al dueño la renta que éste hubiera estipulado con el primer colono, y que los vecinos fueran preferidos por el tanto á los forasteros, en todos los arrendamientos de tierras. (Exped. cit. n. 6).
(3) Exped. n. 25.
(4) Id. n. 25, 36.
(5) Id. n. 55.
(6) Id. n. 77 á 81.
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ca, cuando lesiona derechos privados, ejecutando leyes, decretos ó reglamentos reguladores del poder público, ó cumpliendo obligaciones que él mismo se ha impuesto en disposiciones de carácter general; es indudable, decimos, que si esto se hubiera hecho, los adversarios sistemáticos de dicha jurisdicción, no tendrían derecho en su día para limitarse á su vez á restablecer en toda su fuerza y vigor el decreto de 13 de Octubre de 1868, porque se verían privados del más fuerte de sus argumentos.

Redúcese éste á poner de manifiesto la irritante injusticia que resulta de que el Estado venga á ser juez y parte en los pleitos en que se litigian sus derechos ó sus obligaciones para con los particulares; y claro está, que aceptado el sistema de reservar á la jurisdicción ordinaria ó delegada todas las cuestiones que surjan entre la administración y los particulares, por consecuencia de actos que aquella ejecute con el carácter de persona jurídica, ó sea por consecuencia de los contratos que celebra con los particulares, ya se adopte para tales pleitos el procedimiento civil ordinario, ya uno especial más sumario y expedito, no puede llegar nunca el caso de que el Estado sea juez y parte en sus propios pleitos.

Y decimos que no puede llegar este caso, porque no podemos convenir con los partidarios de cierta escuela, como ya queda indicado más arriba, en que al Estado se le pueda considerar como parte, es decir, al igual de un ciudadano cualquiera cuando, ejerciendo su poder social regulado por disposiciones de carácter legislativo ó por limitaciones que él mismo se ha puesto en decretos, órdenes ó reglamentos, ejecuta actos por los cuales reconoce ó desconoce á favor ó en contra de los particulares derechos ó opciones emanados de aquellas mismas disposiciones. En tales casos el Estado no obra como un particular ni reviste el carácter de persona jurídica, sino que ejerce sus funciones sociales de supremo vigilante y fomentador de los intereses generales ó colectivos, y en este concepto retiene una verdadera jurisdicción, que es la contencioso-administrativa, dispensándola en bien de dichos intereses generales y armonizando con ellos los de los particulares: es, pues, juez por derecho propio, pero no es parte; declara ó dice derechos relativos, emanados de las limitaciones que él mismo ha impuesto á su propio poder ó de obligaciones que á sí propio se ha creado en virtud de disposiciones generales, pero no litiaga sobre ellos.

No es sólo este capital y principalísimo argumento de los contrarios á la jurisdicción contencioso-administrativa el que se hubiera destruido reduciendo sus límites á lo que la práctica de treinta años y la experiencia
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aconsejaban; pero como no disponemos por hoy de mayor espacio, y como por otra parte esperamos todavía, según hemos indicado al principio, que el gobierno ha de volver á ocuparse de esta importantísima cuestión, inspirándose en los buenos principios, ponemos fin á estos renglones, deseando por el bien del país que así suceda.

V. G.
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CAMÕES

POESIA DEDICADA Á LA INSIGNE NOVELISTA DOÑA TERESA ARRONIZ Y BOSCH

Ni por ser lampo divino
la luz que el vate destalla
la humanidad quiere vella
si él no estampa en el camino
del infortunio su huella.
¿Por qué, Señor, tan escasa
razon nos das que se ofusca
de la verdad cuando pasa,
y solo débil la busca
del tiempo en la tabla rasa?
¿Cómo el mundo se desvia
de la virtud que se eleva,
si por ella desvaría
cuando el relato oye un dia
de su dolorosa prueba?
¡Miserable humanidad!
si tan solicita honoras
al que ayer con liviandad
miraste en sus tristes horas
de amargura y soledad,
Será que embotado el filo
de la emulacion, te pesa
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tu ingratitude; no que cesa:
cual taimado cocodrilo
devora y llora su presa.
    La ciencia que el genio esconde
quizás odivinas bien:
mas callas; y él va por donde
la escabrosidad responde
de glorificar su sien.
    Que el bien y el mal tienen plazo;
si en la forja de las penas
jamás el rígido brazo
del cíclope enfrena el mazo
que agranda nuestras cadenas.—
    Columna que así enalteces
adversidad tan gloriosa:
perdóname cuántas veces
lamente tu pesarosa
recordacion que me ofreces.
¿Por qué la mano que imprime
sobre el mármol la figura
genial del varon sublime,
piadosa no nos redime
de llorar su desventura?
¿Qué vale tu celositud,
columna que tal sustenta,
si no te ha dado virtud
la Pátria, que en ti se ostenta,
de borrar su ingratitude?
    En el Africa, en Oriente,
combatir le vé esforzado:
le ve en la Gruta, inspirado,
ora cantar dulcemente
de Inés el fin desdichado:
    Ora la fulgida estela
que abrió impertérito Gama;
y á un tiempo como la fama
sonando sus nombres vuela
y hasta el empireo los llama.
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Pero, madre alta, injusta,
si una dádiva le implora,
la niega y le deshonora:
¡baldon que su mano augusta
borrarlo no alcanza ahora!...
    Al menos ¡ay! el violento
amor que le devoró,
no escarneció el juramento:
no echó cenizas al viento
la mujer que le inflamó.
    ¡Cuál su noble Catalina
constante fué!...—Las que amais:
las que ensangrentada espina
de mártir y de heroína
sobre la frente lleváis,
    Entre flores de alegría,
disfrazando los terrores,
de contrastados amores:
Venid, que la musa mía
se inspira en esos dolores.

Era una tarde de Octubre:
nube de amaranto, rota,
festona el cielo y descubre
por alta mar régia flota
que al Tajo trae su derrota.
    Las flámulas en su vuelo
«somos lusos vencedores»
anuncian; y del Restelo
por la playa los clamores
de gozo suben al cielo.
    Ya innúmero pueblo corre,
á ver sus triunfantes quinas;
ya de la mistica torre
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de Belen las celebrinas
rimbomban por las colinas.
    A la boga cien bajeles
con estruendo y vocerío
fogosos van por el río,
para cubrir de claveles
la tolda á cada navío.
¿Qué pecho habrá que resista
la emoción? ¿Quién no rodea
los héroes de la conquista,
y el narrar cada pelea
gloriosa los victorios?
    Calmando al fin tanto fuego
la noche trae su mudanza:
trae cantar de dulce apego;
y en soledad y bonanza
melancólico sosiego.
Los ecos aclamadores
de las chalupas remando
lo turban; y voladores,
y músicas, festejando
tan diestros navegadores.
Mas en la nao capitana
reclinado en la alta mura
hay quien triste ni se cura
del silencio, ni se ufana
de aquella fiesta galana.
    La vista en un punto solo
de la ciudad tiene presa:
do sué altar de una promesa;
do está el magnético polo
que guió su santa empresa.
—«Buen amo,» una voz amiga
le pregunta, ¿no bajáis?
después de tanta fatiga
de mar y gente enemiga
¿vuestra dicha retardáis?»
—«Yo dicha?... ¡Cuán poco sabes
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de Luis de Camões! Las penas me nutrieron; y más graves me aguardan y á manos llenas (sospecho) al dejar las naves.»
«¡No miras... temo mi suerte!
¡No miras!... ¡qué resplandor,
qué acompañado rumor
fatídico me lo advierte
con sobresalto y horror!»
«Avezado á tantas luchas,
¿por qué acobardan mi mente
las antorchas... las capuchas,
que allí van por la rompiente
de las calles lentamente?...»
«Partamos.»—Y un cofrecillo tomó que encierra un tesoro:
su poema!... El délio coro deleitábase de oílo;
dábalo en arpa de oro.
¡Gruta: soledad querida
de Macao! ¿No lo recuerdas?...
¿Cada página sentida,
Galiope enternecida
no la moduló en sus cuerdas?
¡Su poema!... Los furores
de una borrasca, en la bruma
se aparecieron traidores,
alzando montes de espuma,
bramando retronadores.
Viene la noche y agranda
sus fantasmas el terror.
Aflige la voz que manda:
tríplican de banda en banda
las maromas su estridor.
Retumba en hóridos trinos
y en las tinieblas el rayo:
rebata el viento los linos:
ciñense en torpe desmayo
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los hombres contra los pinos.
    Crujen, estallan los cables;
los mástiles caen violentos:
imploran los miserables
su vida; los avarientos
sus lucros abominables:
    ¡Camões su libro! Serena
la faz levanta, y escucha
(al son que el espacio llena)
la voz de Dios que en la lucha
probarle su fé le ordena.
    Cúmplelo asaz: se desprende
cuando el relampago alumbra
rugiente mole, que él hiende:
ella le arrastra, le encumbra,
resonadora se extiende:
    Y él, su brazo izquierdo erguido,
resguarda el libro; la diestra
sola en tan ruda palestra
huyendo el bajel perdido
que desolacion le muestra.
    Ola tremenda le amaga:
como una garra va encima:
salobres espumas traga:
ya decae, ya se reanima,
ya sin rumbo y yerto vaga.
    Las aguas su frente azotan;
la reventazon golpea
cuerpos exánimes: flotan
entorno; y relampaguea,
para que el espanto vea.
    ¡Desfallecia, acababa
su fuerza! «Dios lo dispuso:»
murmuró; y aún apretaba,
ora rendido, ora iluso,
la ofrenda á la que adoraba!
    Mas calma el viento, abre el dia,
ve tierra; y entre despojos
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de dolor, ¡loca alegría:
salvado por sus arrojos
su libro no perecía!
    La fúria de la onda brava
no arrebatará su pudo;
que patria y amor canjaba,
y el ángel que lo escuchaba
de parte de Dios fue escudo.
¡Ay sin ventura! ¡Cuán luego
juguete de la perfidia
lo verás! La mar y el fuego
nunca son como la envidia
sordos al llanto y al ruego.
    Ligera va la canoa;
bien ligera á su pesar:
¡ay, que impaciente en la proa
del navío hasta Lisboa,
le aterra desembarcar!
    Sobre la ronca ribera
montan calles solitarias
buscando el rastro de cera
que de aquellas luminarias
la triste verdad refiera.
¡La verdad!... ¡Hay flecha aguda
que más afija al prudente?
¡La verdad! ¡Hay quien intente
(loco!) disipar la duda
cuando el corazón nos miente?
    El de Camões, tan flel,
sucumbió al terrible augurio:
y su esclavo, el buen lebrel,
va temblando á su murmullo,
va rogando á Dios por él.
    Rayo de luna sereda
súbito de un templo erguido
muestra la faz, ¡Ah... resuena
funeral, hondo tañido
que el alma de espanto llena!
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Allí quedaron inmóviles:
allí sus pasiones luchan:
allí mendigos y nobles
van, á los lúgubres dobles
que lastimeros se escuchan.
    Frio sudor se derrama.
La muerte otro dardo afila;
cárdenas luces inflama,
la voz del templo les llama:
el pié arrastrando vacila.
    Camões penetró al Sagrario,
y hablar ni gemir ya pudo;
que vió cándido sudario
cubrir el rico velludo
de un túmulo cinerario.
    Aquella paz que reside
sobre el rostro, aquella palma...
con el corazón lo vide:
era el alma de su alma;
era la flor de Atáide!
    Rodó el cofrecillo al suelo,
y él de su siervo en los brazos
cayó convertido en hielo:
¡no quedábanle otros lazos
bajo la extensión del cielo!
    En ellos abrió más tarde
los ojos para advertir
que ya no hay bien que le aguarde,
sino el de saber sufrir
paciente el odio cobarde.
    Y aún él dichoso: desierto
su corazón ya de amores,
en aquel campo cubierto
de luto vió en su liberto
un ángel á sus dolores.
    Ángel, nocturno mendigo
que abrasado en caridad
va á rogar... quizá al amigo...
Revista de España (1875-01-01 00:00:00), página 24

la tasa de la tierra y de los jornales. El procurador general del reino apoyó también la tasa de las tierras labrantías, así como se hallaba establecida para las dehesas de los ganaderos. El intendente de Ávila propuso se obligase á los dueños á reducir las rentas de sus tierras á las que eran á principios del siglo, y que no se permitiera á los dueños de montes deshauciar á los arrendatarios, ni subirles la renta (1). Con apoyo también del procurador general del reino, solicitaron los sexmeros de Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Ledesma que se extendiese á los labradores el privilegio de posesión otorgado á los ganaderos. La ciudad de Sevilla abogó por la reducción forzosa de las rentas á las que eran en 1750, y el justiprecio de las que entonces no estaban arrendadas, el señalamiento de un máximum de fanegas de tierras, del cual no había de exceder ninguna labranza, la prohibición de deshauciar al colono, á menos que dejara de pagar la renta, ó el dueño tratare de labrar su finca, y el derecho de la vinda y herederos del colono para seguir en el arrendamiento de su causante, sin aumento de precio. El procurador sindico de la misma ciudad pidió también la tasa de la renta en frutos, que ésta fuera necesariamente la novena parte de los producidos, y que los vecinos tuvieran en todo caso derecho de tanteo en el arrendamiento de las tierras del término (2). Luego unos informantes querían que se prohibieran los subarriendos, otros que ningún labrador tomase en arrendamiento más tierra que la que pudiera cultivar por sí y un tercio más: otros que se fijase el máximum de lo que cada uno había de cultivar; y los más pretendían el privilegio de posesión, con la tasa, en caso de no haber avenencia entre el dueño y el colono respecto al precio.

El expediente tenía también por objeto nada menos que «establecer la justa proporción de la renta.» Así, pues, unos informaron que ésta no pasara del 5 por 100 del capital invertido; otros que fuese dos fanegas por cada nueve de las producidas; otros que se fijara en la octava, novena ó décima parte de los frutos, ó más ó menos, según fuera la duración del arriendo; y otros que consistiera necesariamente en una cuarta parte de los frutos que señalara el Consejo.

Era tal el influjo de las ideas que inspiraban estos proyectos, que aún los individuos y corporaciones de principios económicos más avanzados, y que por otra parte daban muestras de quererlos aplicar á las cuestiones

(1) Exped. n. 170, 183, 188, 194.
(2) Id. n. 272, 281 y sig. 342.