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otras partes, ¿cuál es la razón de que este movimiento no se verifique? Diráse que la intranquilidad en que vivimos es un motivo sobradamente poderoso para que muchos se retraigan de venir á España, pero aparte de que no en todos los países donde mayor número de emigrados concurre, disfrutan de paz interior constante, tenemos que hay entre nosotros muchos extranjeros que no parecen resentirse gran cosa de las discordias y alteraciones políticas, que viven y prosperan y no manifiestan deseos de abandonar la España, lo cual prueba que, ó en nuestro carácter ó en nuestras costumbres, ó en las condiciones generales del país, encuentran algo que les infunde confianza para dedicarse al trabajo con seguridades de buen éxito. Por mucho que se quiera exagerar las pocas condiciones de seguridad que España ofrece para que los extranjeros vengan á establecerse en ella, se nos figura que no son mucho mejores las que rodean á cuantos emigrados van á fijarse en las fronteras del Oeste de los Estados Unidos. Las repetidas y devastadoras incursiones de los indios; los obstáculos casi invencibles que opone el roturador la naturaleza exuberante y poderosa de aquella región virgen; las emanaciones pústulas que produce el curso aún no regularizado de los grandes ríos que por allí cruzan; la descomposición del aire á que dan origen aquellos inmensos y apretados bosques; el carácter discolo y turbulento de muchos colonos; el poco respeto á la propiedad de que otros dan señales; el abandono, siquiera sea relativo, en que el Gobierno central tiene á aquellos nacientes establecimientos, hasta que sus pobladores, entregados á sí mismos y á fuerza de grandes trabajos y no méños desengaños, prosperan y pueden organizar un territorio, son inconvenientes que desde luego no ofrece nuestro país, al méños en una escala tan grande. Partiendo de esta base, convendría ocuparse seriamente en desvanecer muchas de las preocupaciones que con respecto á nosotros existen: acaso el planteamiento de un buen sistema de colonización que sirviera á excitar poderosamente el interés individual, contribuiría mucho á este resultado.

IV.

Las vías de comunicación son de todo punto necesarias para la existencia y florecimiento de las colonias. Al llegar aquí se presenta una dificultad, gravísima también en alto grado. El plan general de carreteras cuya realización se hace sentir cada día más, no está concluido ni mucho méños por causas bien conocidas. Esto dicho, ¿cómo vamos á pretender
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que se hagan caminos para las colonias, cuando tanta falta hacen en la parte poblada de la Peninsula? ¡Hé aquí nuestra opinión. El Gobierno debe favorecer de una manera especial la fundación de las colonias, pero las colonias deberán también ayudar al Gobierno. Todo colono, sea que se establezca por su cuenta, sea que se establezca con capital ajeno, ha de contribuir con una suma proporcional al número de hectáreas que tenga en cultivo para la construcción de un camino, en todo lo posible económico, que conduzca á la más próxima carretera ó ferro-carril, entendiéndose que para facilitar estos trabajos, los caminos que construyan los colonos podrán ser enlazados entre sí. En el caso de que estas obras no las hagan los colonos directamente, el Gobierno responderá de una manera subsidiaria á los gastos.

V.

Lo mismo diremos respecto de las aguas que tanto escasean en España. El Gobierno actual nada puede hacer por sí, de una manera directa, puesto que ni lo apremiante de las circunstancias que atravesamos, ni la penuria del Tesoro, ni el espíritu que prepondera relativamente á los límites en que debe encerrarse la acción administrativa se lo consienten; no queda por lo tanto otro recurso, si queremos fijarnos en la verdad de las cosas, que aprovechar y repartir de una manera acertada y equitativa, en beneficio de los primeros colonos que se establezcan, el caudal de agua todavía utilizable, haciendo de modo que los trabajos que estos primeros colonos practiquen, puedan servir de punto de partida para otras colonias. De qué suerte las especiales condiciones del suelo de España, el estado de los conocimientos agronómicos y el uso que de ellos se haga, pueden modificar y hacer menos sensibles las graves consecuencias de la dificultad que examinamos: cuándo la situación general del país y la especial de las colonias permitirán con seguridades de buen éxito la apertura de canales de riego que satisfagan las exigencias de la agricultura, son problemas cuya solución depende del tiempo, de los acontecimientos políticos y del trabajo de los colonos: al Gobierno solo le toca dar el primer impulso utilizando los grandes ó pequeños elementos que hoy día existen en España, única manera de que la colonización sea un hecho, y procurando que la clase labradora se ilustre en todo lo relativo á su estado.
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VI.

Se deben declarar vigentes los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 19, 21 y 22 de la ley de 21 de Noviembre de 1855. Si esta ley de la cual tantos beneficios se esperaban, hubiera producido algún resultado, nada diríamos acerca de ella, pero no ha sido así, y sospechamos que las garantías que exige para la concesión de tierras han debido contribuir mucho á hacerla ineficaz. La cuestión para nosotros es muy sencilla. ¿Se puede presumir que quien reduzca un yermo á cultivo lo abandonará fácilmente después de haber empleado en él su tiempo, su trabajo y sus capitales? Mas aún. Dado que esto sucediera respecto de todos los colonos, lo cual es mucho suponer, ¿no tendríamos en definitiva que las tierras mejorarian de condición por poco que se las trabajase y en su consecuencia que sería después más fácil el explotarlas? Si algún inconveniente sobreviene de no exigir formalidades y garantías, que de seguro sobre vendrá, no creemos que sea muy difícil remediarlo á medida que la experiencia lo aconseje, pero entre tanto se nos figura que se debe dejar un ancho campo á la iniciativa individual; y aunque al principio ésta se revele de una manera más ó menos regular, más ó menos ordenada, más ó menos conocedora de sus intereses, lo que importa es que se revele, que dé pruebas de vigor y de energía y no continúe en el marasmo en que hoy se mantiene: la energía supone vida y si la hay cabe dirigirla al bien, pero el marasmo no presta elementos para nada que sea beneficioso.

VII.

El Gobierno concederá las tierras baldías y realengas á quien quiera cultivarlas. No se prefija el número de hectáreas que debe tener cada concesión, y si solo el precio de cada hectárea, que será de ciento sesenta reales y por una sola vez; pagaderos, precisamente, en efectos públicos, los cuales serán admitidos por todo el precio real de su emisión (1).

(1) Acomo se nos arguya con que, en lugar de admitir los valores públicos por su precio real de emisión, deberíamos admitirlos siquiera al mayor tipo que hubieran alcanzado en las cotizaciones de la bolsa. Esta observación parece justa, porque así se tendría la certeza de que los tenedores de títulos españoles recibirían íntegro el capital efectivo que en los mejores tiempos de nuestro crédito hubieran desembolsado, pero ¡se han tenido en cuenta las muchas emisiones que se han hecho después
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SOBRE EL FOMENTO DE LA POBLACION RURAL EN ESPAÑA.

No se presilia el número de hectáreas que ha de tener cada concesión, porque supuestas las circunstancias geológicas y climatológicas de las diferentes regiones en que España se encuentra dividida por la naturaleza, así como también las variadas costumbres agrícolas de sus habitantes, es imposible establecer una fórmula general que pueda comprenderlas á todas, y por lo tanto, el Gobierno no tiene más remedio que dejar este asunto en manos de la iniciativa privada, la cual, considerando la naturaleza y condiciones de cada comarca, sabrá qué es lo que más conviene hacer: si el Gobierno quisiera establecer esa fórmula, no podría, á pesar de todos sus esfuerzos, llegar á un resultado definitivo, porque para ello, más que á los adelantos agrícolas, muy poco-difundidos, por desgracia en España, deberá atender á las infinitas y variadas preocupaciones que abriga nuestra clase labradora; preocupaciones inconciliables entre sí y con el progreso agrícola.

Debemos además tener en cuenta una circunstancia muy atendible. Sabidas son las grandes cuestiones que se agitan en el terreno de la ciencia agronómica sobre las ventajas ó desventajas del cultivo intensivo y del extensivo. Provincias hay en España donde no se conoce más que el primero, y otras, las más, donde no se supone posible más que el segundo, y todos aducen razones en pró de su sistema: nosotros no nos inclinamos ni á uno ni á otro; dejamos en pie la cuestión, pero de manera que todos puedan obrar libremente según sus conocimientos y práctica.

Uno de los motivos que tenemos para rechazar la dación á censo, aunque sea redimible, de los terrenos que han de destinarse al establecimiento de colonias, es que la redención del censo, ya tuviera lugar en muchos casos ya en pocos, exigiría por parte del Gobierno una vigilancia más directa e inmediata, y la necesidad de intervenir á cada momento en la marcha de las colonias para asegurar el pago de las pensiones. Todo esto se resolvería en dificultades y trabas para unos y para otros, de cuyos incon-

de haber pasado aquella época á tipos verdaderamente desastrosos! ¡Hay la seguridad de que esos títulos estén en poder de las personas que los compraron á aquellos tipos tan elevados! ¿Se puede presumir ó no, con fundamento, que la pérdida resultante entre la diferencia de estos últimos tipos y los actuales, se ha ido repartiendo en una serie sucesiva de compradores, hasta el punto de que sea insignificante ó muy pequeña la pérdida que haya experimentado cada uno de estos? Mucho más preferible sería, en todo caso, el fijar un término medio tomando para ello como base las cotizaciones de la bolsa durante el decenio de 1855 á 1865; época en que nuestro papel alcanzó sus mejores precios.
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venientes debemos huir. El censo produciría tal vez rendimientos mucho mayores al Estado, pero no se debe sacrificar á esta sola consideración el porvenir de la empresa. Téngase en cuenta además de lo que se ha dicho y aún se dirá, que los terrenos que han de ser objeto de la colonización no producen nada hoy día, y que si el precio que se pide por ellos es corto, se hace con el propósito de facilitar todo lo más posible la adquisición de tierras.

Hemos dicho que en pago de éstas serían admitidos los valores públicos al precio real de su emisión y esto requiere algunas explicaciones.

Dos grandes clasificaciones cabe hacer de la deuda española; la perpetua y la amortizable. El Estado, según las buenas prácticas rentísticas no puede ser compelido por sus acreedores á reembolsar la primera, mas tiene, sin embargo, el derecho de devolverla si lo cree oportuno: su obligación en tesis general se limita á satisfacer los intereses correspondientes en la forma y tiempo convenidos. Este sistema ofrece muchas facilidades á todo Gobierno para adquirir capitales, porque siempre es una gran ventaja el derecho que se reserva de devolverlos ó no á su voluntad, pero sucede que si no se trata de países bien organizados, cuya hacienda vive una vida próspera, cuya industria, cuya agricultura, cuyo comercio proporcionan recursos abundantes para salvar todas las dificultades que se presenten y mantener la deuda en tal estado que nunca llegue á convertirse en un mal gravísimo e incurable; si se trata, por el contrario, de países como el nuestro en donde la deuda está siempre engendrando la deuda, en donde ésta ha adquirido proporciones tan inmensas que no guardan relación con los recursos de que disponemos; en donde se apela, como medio de gobierno normal y ordinario, á contratar empréstitos y á hacer operaciones, que por muy beneficiosas que sean, y están muy lejos de serlo por desgracia, no hacen más que aumentar sin medida y de la manera que estamos viendo los ahogos del Tesoro; en donde los adquirentes de valores públicos que no se proponen especular con ellos, sino sólo vivir con las rentas de los mismos, ni cobran éstas, ni pueden realizar el capital que les costó adquirirlas, porque la situación del mercado no consiente hacerlo, ni lo consentirá en un periodo cuyo fin no es fácil prever, el sistema á que nos referimos tiene que dar necesariamente muy malos resultados.

La segunda clase de deuda es la amortizable porque el Gobierno tiene la obligación de amortizarla en un plazo fijo, pueda ó no hacerlo y hágalo en forma que se acomode más ó menos á lo estipulado con sus acreedores. Una buena parte de esta deuda es admitida en pago de contribuciones, de
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bienes nacionales y empréstitos. De esta manera se trata de dar salida á algunos valores públicos, para que tengan un precio más elevado del que en otro caso tendrían y para reducir la deuda general, mas, si bien el primer objeto se consigue, está muy lejos de suceder lo mismo con respecto al segundo, porque no compensan estas operaciones ni con mucho, los compromisos que bajo otros puntos de vista, hacen adquirir al Gobierno.

Ninguno de los empréstitos ó emisiones de papel que ha negociado el Gobierno español, se han hecho á la par; siempre se han hecho á tipos muy bajos, mucho más bajos de los que correspondían atendida la proporción que, políticamente considerados, guardamos con otros Estados de Europa. Si se nos objeta á esto, que algún empréstito se ha hecho á tipos elevadísimos, contestaremos limitándonos á recordar que no ha sido cubierto, y que la cantidad suscrita lo ha sido, en gran parte, por las facilidades que se ofrecían para dar salida á numerosos créditos que por varios conceptos tenían muchos particulares contra la Hacienda.

Ahora bien; supuestos los anteriores ligeros preliminares, ¿hay alguna razón de verdadera justicia que abone el mantenimiento de la deuda española tal como hoy existe? Creemos que no. Creemos que nuestro interés está en amortizarla á toda costa, utilizando los medios que todavía nos quedan ántes de que el mal se haga más grande. Hemos dicho que los valores públicos deberían ser admitidos en pago de terrenos destinados á colonias, pero sólo por el precio real de su emisión; para hacer esta rebaja en el capital nominal de la deuda, hemos tenido en cuenta, además de lo dicho más arriba, las siguientes observaciones.

1.º La gran desproporción que siempre ha existido entre el valor real de los efectos públicos y su valor nominal, puesto que si bien hubo una época en que aquel pasó de 50 por ciento, fué muy breve y nada autoriza á creer que por ahora, ni en mucho tiempo, se mejoren hasta tal punto las condiciones del papel del Estado.

2.º Porque al admitir los valores públicos, por su precio real de emisión, no se causa ningún perjuicio á nadie, toda vez que se devuelve íntegramente el capital recibido: de esto no se pueden quejar los poseedores de efectos públicos porque siempre saldrán gananciosos en la operación.

3.º Porque ya existe el precedente de haber hecho rebajas en los intereses, medida que sea dicho de paso, no nos parece oportuna. Cuando los particulares se interesan en un empréstito de renta perpétua, lo hacen en la suposición de que no les ha de ser devuelto el capital efectivo mayor
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ó menor que entregan, y por lo tanto menos el nominal. Lo que los particulares buscan en tales casos como resultado y como producto cierto, debido y exigible de la operación, en los plazos marcados, es el interés de su dinero, y éste, en nuestro concepto, no debe escatimársele nunca, ni en cuanto á la cantidad á que asciende, ni en cuanto á la forma y manera de ser abonado; lo mismo y por razones de equidad puede decirse de la deuda amortizable.

4." Porque con la medida que proponemos mejorará el precio de los valores públicos y permitirá que el Gobierno, si lo cree necesario, realice empréstitos en mejores condiciones.

5." Porque será más fácil la amortización de la Deuda, no sólo por lo que quedará amortizada con la reducción del capital nominal al real, sino por el interés que dejen de devengar los títulos amortizados: y

6." Porque, dada la situación que atraviesamos, ninguna regla de equidad impide que se adopte esta medida, tanto más cuanto que la rebaja en el capital nominal que se propone, no puede de ninguna manera compararse con la rebaja de créditos que impone un quebrado á sus acreedores, porque en este caso se trata de reducir la cantidad efectiva que estos han entregado á aquel.

VIII.

La falta de una buena estadística hace muy difícil la designación de los terrenos que pueden ser concedidos para colonizar; pero como quiera que un asunto tan importante no debe aplazarse hasta que la estadística se haga, y como por otra parte en las Administraciones económicas, en las secciones de Fomento y en las forestales, hay bastantes datos para saber á quién pertenece la propiedad de muchos terrenos baldíos, es necesario, desde luego, partir de esta base para hacer las concesiones, pudiéndose después con más espacio y tiempo y á medida que adelanten los trabajos estadísticos generales, ó los particulares que se practiquen, relativos á las tierras de que venimos hablando, rectificar y poner en claro lo que pertenece á la nación. Mucho más conveniente sería, á no dudarlo, que existiese ya una completa seguridad acerca de este punto tan interesante, pero no la hay por desgracia; sin embargo de ello, como estamos persuadidos de que los obstáculos á la colonización vienen, no de la falta que nos ocupa, aunque es de importancia, sino de las mayores ó menores facilidades que se concedan á los futuros colonos, creemos que por de pronto habrá bas-
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tante con las tierras cuya propiedad se sabe de seguro que pertenece a Estado para atender á todas las demandas que se hagan.

IX.

Toda casería que sea fabricada con capital prestado, vendrá á ser propiedad del colono que la habite, después que haya abonado el importe de los gastos que en levantarla se hayan hecho, así como los de semillas, aperos, ganados, etc., y cuantos elementos necesite para la explotación agrícola. El interés que deba abonar el colono por dicho capital, no excederá nunca del que rindan los valores públicos al tiempo de la celebración del contrato entre el prestamista y el empréstador.

X.

Los colonos quedarán exentos durante veinte años de toda contribución directa, de bagajes, de alojamientos y del servicio militar. Estas exenciones no empezarán á regir hasta que se haya levantado toda la casería, y en cuanto á la última no aprovechará más que al primer colono que se establezca en cada una fundacion, y si estuviere libre de quintas, á un hijo ó á un hermano, siempre que llevaran dos años de residencia en la colonia, coadyuvando á los trabajos agrícolas. Cuando la casería sea fabricada con capital propio del colono, las exenciones no durarán más que doce años.

XI.

No habrá terrenos comunes en las nuevas colonias, acerca de cuyo particular no insistimos, porque la ciencia y la práctica de consumo han condenado esta clase de propiedad.

XII.

Cada grupo de doscientas caserías, ya se encuentren éstas enclavadas en sus respectivas propiedades, que será lo más conveniente, ya reunidas formando población, constituirá un pueblo.

Para proceder á la fundación de una colonia, se ha de contar, por lo menos, con sesenta colonos, á fin de que el nuevo establecimiento tenga
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las necesarias condiciones de seguridad, y sea posible la prestacion de toda clase de auxilios.

XIII.

En el caso de que un particular ó compañía compre terrenos para la fundacion de colonias, podrá venderlos al precio que las condiciones de la propiedad consientan, siempre que se trate de otro particular ó compañía que no se consagre por si al laboreo y explotacion de dichos terrenos; pero si la venta la hicieren á un colono ó colonos que se propongan utilizar con su personal trabajo las tierras, entonces tendrán que sujetarse en un todo á lo dispuesto en las bases 7.º y 9.º, con respecto al precio de cada hectárea é intereses que correspondan por el capital prestado.

Si por cualquiera causa legal y justa, el primer colono determinare no continuar trabajando el terreno que hubiese adquirido, ó debiese ser privado de él de manera que dicho terreno quedase libre, entonces el particular ó compañía á quien pertenezca estará facultado para venderlo al precio que las condiciones de esta propiedad consientan, pero haciéndose un justiprecio de las mejoras hechas por el primer colono, las cuales serán satisfechas á éste por el particular ó compañía dueño del terreno y recargadas en la cuenta del capital é intereses del segundo colono.

XIV.

Está fuera de toda duda, que en España se han hecho infinitas roturaciones arbitrarias que no contribuyen á las cargas del Estado, y que existe mucha propiedad oculta en iguales condiciones. Esto es público y notorio, y suscita muy fundadas quejas; pero hasta ahora no han tenido satisfaccion ninguna, ya porque el estado de los trabajos estadisticos que se están haciendo no permite formar una clasificacion exacta, ó al menos muy aproximada, de la propiedad que verdaderamente se utiliza en España, ya porque en este asunto como en todos, el egoismo de los particulares y el de los pueblos, amalgamado con los intereses politicos más bastardos, ha impedido que se esclareciera debidamente una cuestion de tanta importancia.

Queremos suponer por un momento, prescindiendo de las dificilisimas circunstancias por las cuales vamos atravesando, que haya un gobierno tan fuerte y tan energetico que se proponga y pueda dar el debido impulso á los