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que siendo contrario á ella se habia apartado de este parecer, movido por la defensa de Soria, la cual habia persuadido tambien á hombres muy doctos. La consideracion que más contribuyó á decidirle fué, como él mismo dice, «que las leyes positivas, para que tengan justificacion, han de mirar al bien público de los pobres, que son más en número que los ricos.» y á la utilidad de los compradores, que son más que los vendedores.» Buena razon, sin duda, para no sacrificar el derecho del consumidor al interés del productor, mas no para inmolar el derecho de los productores, porque son menos, á la conveniencia de los consumidores, porque son más.

Habia tambien jurisconsultos y moralistas que no osaban defender la tasa como sistema permanente; pero que transigian con ella en circunstancias extraordinarias y lugares determinados. Así Luis de Molina, después de tratar esta cuestión extensamente, concluye opinando por la libertad de precios; mas haciéndose cargo en otro lugar de una consulta del Consejo, de la cual resultaba que en Portugal, en un año estéril, acaparaban los poderosos nueve décimas partes de la cosecha, no repugnó la tasa parcial donde pudiera temerse mayor carestía (1).

No es, pues, extraño que tales escritos y el ejemplo de los pasados reyes hicieran prevalecer en nuestra legislación la doctrina favorable á la tasa; pero no sin excepciones graves e interrupciones importantes que respondían á otra opinión tambien antigua y no mal defendida, la cual consideraba injusta y funesta toda intervención del Estado en el señalamiento de los precios. Ya Felipe II, al señalar los de la pragmática de 1558, declaró libres de tasa los cereales de Asturias, Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa, y los puertos de mar de Andalucía y Murcia porque eran de acarreo, y todos los que por el mar viniesen. También permitió á los labradores en 1590 vender el pan que fabricaran de sus propias cosechas, utilizando doble ganancia por su doble industria, aunque esta pragmática fue derogada al año siguiente. Felipe III, en 1619, concedió á los labradores, entre otros privilegios, el de vender el trigo de sus cosechas sin sujecion á tasa, y el pan cocido, siempre que lo hicieran registrar previamente por la justicia, á fin de que no pudieran vender más de lo que cogieseu (2). Esta novedad tuvo muchos adversarios, ya porque con ella temían que hubiese dos precios para los cereales, ya porque en todo caso se arrendarian las tierras á

(1) De just et jur. Disput. 364 y 365.
(2) L. 28, t. 21, lib. 4, Nov. Recop.
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DON JOSÉ DE MENDOZA Y RIOS.

D. Juan Manuel, y la de un hermano suyo que nació el 15 de Setiembre de 1763, y fué bautizado el 19 en San Vicente Mártir con los nombres de Nicomedes, María del Rosario, José, etc., siendo sus padres D. José de Mendoza y Guerrero y doña María Morillo y Rios.

Acompañaban á estos documentos la partida de casamiento de los últimos, verificado el 25 de Febrero de 1759 en la dicha iglesia de San Vicente, y una copia de los padrónes formados desde 1764 al 68, en que consta vivieron los padres de Mendoza en la calle de Nomolerás, por lo que era desuponer que en ella naciera éste, y á lo que se debió que, por iniciativa de Hoyos, el ayuntamiento de Sevilla sustituyese dicho nombre por el del marino, honra de su país (1).

Si bien nada tendría de particular que Mendoza hubiera adoptado para primer nombre el tercero de los suyos, como adoptó por segundo de sus apellidos el de su abuela materna, los documentos á que antes se ha hecho referencia prueban evidentemente lo contrario.

Estos documentos, extraídos del archivo de Simancas, son los que constituyen la hoja de servicios del cadete de dragones D. José María Rodríguez de Mendoza (2). Encabeza dicha hoja la solicitud del interesado de 22 de Febrero de 1774, exponiendo que iba á cumplir los 14 años de edad, que se encontraba con las asistencias necesarias y que había cursado con aprovechamiento el estudio de las matemáticas en la casa real de San Isidro, según lo había acreditado en el año anterior. No cabe suponer expresase Mendoza, en Febrero de 1774, que estaba para cumplir 14 años, cuando de haber nacido en 1763, sólo tendría diez y medio, porque aquella edad fuese el límite inferior exigido para el ingreso en el cuerpo de dragones, pues las certificaciones que acompañan á su hoja de servicios, y los hechos que ellas relatan, no dejan lugar á la menor duda de que Mendoza tenía la edad indicada en su solicitud.

Expresa D. Antonio Rosell Vizcaíno, catedrático de matemáticas de los

(1) La muerte de D. Martín Fernández de Navarrete, acaecida el 8 de Octubre de 1844, le impidió ver reunidos los datos necesarios para la biografía que pensaba publicar.

(2) Aunque en un lugar de la misma se le nombra así, en los demás sólo se le designa por D. José de Mendoza. Esta circunstancia, las que se desprenden de las certificaciones unidas á la hoja de servicios de dicho cadete, y la de constar en ella que ingresó de Alférez de fragata en la Armada, por orden de 16 de Marzo de 1770, manera como lo verificó nuestro marino, no registrándose otra concesión semejante por aquel tiempo en el cuerpo de dragones, hacen que no quede la más pequeña duda de que el cadete D. José Rodríguez de Mendoza es el individuo de que nos ocupamos,
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pagar en dinero, á fin de que todo el trigo se vendiera sin tasa por los labradores. Los que tal pensaban lograron, pues, la revocación de este privilegio en 1628; mas las Cortes de 1632 pidieron su restablecimiento, y Felipe IV facultó de nuevo á los labradores para vender su trigo y semillas «al precio que quisieren y pudieren» (1). D. Melchor de Soria, á fuer de buen obispo, reconoció que estas leyes obligaban en conciencia, pero diciendo que no estaban bastante experimentadas y debía aguardarse la resolución.

Estas disposiciones legales eran fruto de la doctrina de doctos varones que en todos tiempos habían hecho oposición á la tasa en las Cortes, en los libros y en los consejos de la corona. Las Cortes de 1608 representaron á Felipe III los graves daños que de la tasa venían al reino. A la iniciativa de las Cortes también se debió la pragmática de 1619, últimamente citada, así como su restablecimiento en 1632. Ya en el siglo xvi impugnó la tasa por injusta el eminente jurisconsulto y escritor afamado D. Martín de Azpilcueta, aunque no le siguiera en este camino su discípulo Luis Mexia, arriba citado. Mas tuvo otros partidarios que defendieron sus opiniones, así entre los juristas como entre los políticos. Lopez Deza, en su Gobierno de la agricultura, publicado en 1618, demostró también la injusticia de la tasa, fundándose principalmente en que, si la señalada no cubría el coste del producto, perdía el vendedor; y si lo sobrepujaba se perjudicaría el comprador. Para persuadir además de su inconveniencia, manifestó los fraudes á que daba origen, ya de adulteración y ya de merma de los granos. El consejo, en su famosa consulta de 1619, verdadera recopilación de todos los capítulos de agravios que sufría el reino, presentó la tasa como uno de ellos y no de los menos importantes. Pedro Fernández Navarrete, que glosando esta consulta, retrató aún más al vivo la decadencia del Estado, de su población y de su riqueza, demostró que la tasa era una de las causas de tanta desdicha. Pero es lo más notable la opinión que el mismo Consejo formaba de sus propios actos en esta materia: Después de tasar el trigo en 1699; y antes de publicar la tasa general que se le había encomendado, representó á Carlos II contra la primera, alegando que tales medios, sin aliviar siempre la falta repentina de pan en la corte, habían sido los más perniciosos, porque habían hecho irreparable el daño: que el mal era preferible á tales remedios, y que aquella tasa había sido ocasionada por el clamor respectivo de los que temieron la falta de pan ó advirtieron sus

(1) L. 13, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.
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malas calidades, temor que «turbó de tal suerte á todos los ministros... que al querer dar las más efectivas providencias, eligió su inconsiderada turbación, no su celo, los arbitrios más eficaces que se pueden discurrir, si solicitaran una universal ruina.» Y luego añadía el mismo Consejo: «No han encaredo el pan los labradores, sino los ministros... A menos de la mitad de los precios hubiera vendido el trigo la más solicita industria» (1). Así confesaba aquel alto cuerpo su propia debilidad, cediendo á vulgares preocupaciones de que no participaba; pero sin que su arrepentimiento le librase luego de recaer una y otra vez en la misma falta. Esto explica harto claramente las leyes contrarias á la tasa que, con las favorables á ella, se promulgaron en el siglo xvii y en el xviii. Así vivió esta institución todavía largos años por la fuerza del hábito y los errores del vulgo, pero contra el parecer unánime de todos los hombres ilustrados.

II

OTRAS RESTRICCIONES DEL COMERCIO DE GRANOS.

Mas para asegurar la observancia de la tasa y los fines de su establecimiento, eran indispensables otras muchas medidas preventivas, que limitando en distinta forma la contratación de los frutos, cedían en menoscabo de la propiedad. Tales fueron las leyes restrictivas del comercio de cereales que con las tarifas legales completaban esta parte del sistema económico del antiguo régimen. Con los precios tasados, si eran insuficientes, rehusaban vender los labradores sus cosechas; apremiados á hacerlo las escondían, y así se aumentaba la penuria y subía el precio clandestino de las subsistencias. Ya los romanos, sintiendo estos inconvenientes, nombraron unos ministros llamados compulsores, que registraran los graneros y troces y obligaran á sus dueños á vender todo el grano que les sobrara después de cubrir sus necesidades. Esto mismo hizo Felipe II en la pragmática de tasa de 1558; pues fundándose en que «por experiencia se ha visto que las personas que tienen el pan, poniéndose tasa, lo esconden y no lo quieren vender, de que resulta falta y estrechez,» ordenó á los corregidores y justicias, que sabiendo por los registros, que debían formarse, quienes tenían grano, repartieran entre ellos el que debieran vender, para el con-

(1) Cita esta consulta Campomanes en su Respuesta fiscal sobre abolir la tasa, de que antes he hecho mención.
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sumo, apremiándoles á hacerlo luego que hubiese quien quisiera comprarlo con tal objeto, aunque no fuera vecino (1). El mismo monarca tuvo que adoptar después nuevas providencias sobre esta materia, mandando á las justicias en 1571 que tomaran á los dueños de granos ó harinas todo lo necesario para el consumo público, dejándoles lo preciso para el suyo (2). Felipe IV y Carlos II repitieron por motivos idénticos estas disposiciones, y el último mandó hacer visitas domiciliarias para descubrir el grano que ocultaban los labradores, á fin de evitar la venta forzosa y la tasa (3).

Parece que con el registro previo de las cosechas, la venta forzosa de los granos y la tasa, debía quedar resuelto el problema de la alimentación segura y barata, que con tanto ahínco estudiaban nuestros legisladores; mas no era así, sin embargo, porque aún quedaban muchos caminos abiertos á la malicia para "eludir aquellas prescripciones legales, ó para que no se cumpliera el objeto de su establecimiento. Entendiase que era uno de ellos el comercio y reventa de los cereales, la cual, contribuía además en todo caso, á recargar u precio con la ganancia del comerciante. Así D. Juan I en las corts de Bribiesca de 1387, prohibió ejercer su oficio en la corte, y en el radio de cinco leguas á los regatones de pan, cereales, legumbres, carnes, pescados y otras viandas (4). Verdad es que Enrique III tuvo que modificar esta disposición, porque con motivo de ella, según dijo, se hacían «muchos cohechos y desaguisados» permitiendo comprar para revender el trigo, las legumbres y la carnes (5); pero Enrique IV en 1462 renovó la prohibición de comprar para revenderlas, las provisiones que vinieran á la corte (6): los Reyes Católicos no permitieron vender el pan y las semillas más que en alhóndigas u otros lugares públicos, señalando á los panaderos las puertas y calles por donde habían de entrar en la corte (7); Carlos I en 1530 reprodujo la prohibición de Enrique IV en cuanto á los cereales, exceptuando tan sólo á los recueros, que llevaban los granos de unos á otros lugares, con tal de que no los almacenaran (8); y Felipe IV prohibió á los tratantes comprar en los caminos ó en las calles los comestibles que vi-

(1) L. 1, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.
(2) L. 4, ibid.
(3) Aut. acor. 5 y 6, t. 25 lib. 5, y l. 16, t. 19, lib. 7, Nov. Recop.
(4) L. 1, t. 14, lib. 5, Nov. Recop.
(5) L. 2, ibid.
(6) L. 6, ibid.
(7) L. 2, t. 17, lib. 7, ibid.
(8) L. 19, t. 11, lib. 5, ibid.
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nieran á la corte (1), sin contar otras prohibiciones semejantes de otros monarcas.

Atribúase á veces la escasez de los abastos á que los vecinos de unos pueblos acudían á otros á proveerse de ellos, y de aquí las ordenanzas municipales que prohibían sacar pan y viandas de muchos lugares, y que tan justamente derogó Enrique II (2). Y como la tasa no permitía la abundante provision de los mercados públicos, fué menester que Carlos I en 1528 otorgara preferencia y tanteo á las alhóndigas y comunes, que concurrieran con particulares á la compra anticipada de los granos (3). Todavía este privilegio no hubo de estimarse suficiente para su objeto, y así el mismo emperador, en 1548, autorizó á los pueblos, á tomar para su abasto, á los arrendadores de cereales la mitad del trigo, cebada, centeno y avena que recogieran, por el precio que les hubiera costado (4). Todas estas cortapisas del libre ejercicio del dominio, aunque dictadas con fin justo y laudable, no solamente no remedian el mal, sino que daban origen á graves abusos; y convencido de ello el Consejo, dictó un auto acordado en 1699, mandando que no se impidiera á los forasteros comprar trigo, con pretexto de no estar abastecido el pueblo, y que sin licencia del mismo Consejo, que había de darla siempre con conocimiento de causa, no se permitiera tantear el comprado (5).

Los adversarios de la tasa lo eran generalmente también de estas leyes restrictivas del comercio de granos, puesto que tenían inconvenientes análogos y contra una y otras militaban las mismas razones. D. Miguel Zavala en su Representacion á Felipe V para aumento del real Erario, que corre impresa, hizo ver cómo el registro de los granos ordenado por las leyes anteriormente citadas, daba lugar á su ocultación, y por lo tanto á que se publicara un falso resultado de la cosecha, muy inferior al verdadero; y cómo juzgándose ésta insuficiente, el temor infundado de una carestía futura aumentaba la demanda de granos y el precio de ellos, dándose así ocasión á una tasa desproporcionada. La Junta general de comercio y moneda, informando en el expediente de ley agraria, impugnó la tasa de los granos y las leyes que prohibían comprarlos para revenderlos con menoscabo de la liber-

(1) Aut. acor. 2, t. 14, lib. 5.
(2) L. 1, t. 17, lib. 7, Nov. Recop.
(3) L. 18, t. 11, lib. 5, ibid.
(4) L. 21, ibid.
(5) Aut. 7, t. 25, lib. 5.
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tad del tráfico y defendió la de exportarlos del reino cuando excedieran de cierto precio (1). Instruyóse al fin en 1762 expediente en el Consejo sobre autorizar el comercio de granos y el establecimiento de depósitos de algunos de ellos y sobre la abolición de la tasa, con motivo de solicitarla el alcalde mayor de Don Benito. Oídos entonces los fiscales, presentó Campomanes un informe lleno, como todos los suyos, de erudición y doctrina, según la profesaban los hombres más ilustrados de su época, en el cual calificando de tumultuarjas y propias tan sólo para salir del día, las providencias dictadas sobre este asunto desde principios del siglo xviii, demostró que la tasa no traía abundancia en tiempo de carestía, ni era compatible con la subsistencia del labrador y el fomento de la agricultura; que el libre comercio era el medio más seguro de contener el precio de los granos en tiempo de carestía, y que en él debía permitirse la introducción, así como en el de abundancia, autorizarse la exportación de granos, porque de este modo se evitarían los infimos precios, que arruinan al labrador, y los subidos, que dañan al consumo.

Conforme con estas conclusiones fué la resolución de Carlos III, que es á quien cupo la gloria de dar el primer paso para abolir la tasa de los granos, permitiendo en 1765 su libre comercio en lo interior y prohibiendo todo monopolio. Siguiendo también el dictamen de Campomanes, autorizó aquel monarca á los comerciantes de granos, con tal que sus almacenes fueran públicos y socorrieran á los pueblos de la comarca cuando fuera necesario, dáudoles su grano á los precios corrientes, y permitió la extracción cuando el precio bajase á cierto límite, y la introducción cuando lo excediese (2). Así el derecho de propiedad tantas veces violado con las leyes anteriores, recibió en ésta satisfacción cumplida.

No quedó, sin embargo, tan sólidamente establecida esta libertad del tráfico, que dejara de sufrir después graves contrariedades. El mismo Carlos III ordenó en 1768 que se sujetaran á precio fijo en las ventas al por menor, el pan cocido, las carnes y otros artículos que adeudaban contribución de millones, sin perjuicio de que conservaran la libertad en las ventas por mayor (3), y suspendió en 1769 la facultad de extraer cereales (4). A instancia del ayuntamiento de Madrid, que alegaba haber notable exceso

(1) Exped. n. 290.
(2) L. 19, t. 19, lib. 7. Nov. ecop.
(3) L. 16, ibid.
(4) Not. 13, t. 19, lib. 7.
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en los precios de los géneros, que habian quedado libres de postura, el mismo monarca la restableció respecto á ellos, en 1772. Por último, Carlos IV, dando un paso más en la senda del retroceso, abierta ya por su padre y alegando por fundamento no haberse establecido los almacenes públicos de granos con sus libros y demás formalidades, ó porque no-había tales comerciantes, ó porque se hacia clandestinamente este comercio, derogó en 1799 la pragmática de 1765, en cuanto autorizaba aquella especulación y renovó las antiguas prohibiciones de atravesar granos antes de su llegada al mercado y de revenderlos. Algunos años después, en 1802, cediendo el Consejo al mismo espíritu que revelaba aquella pragmática, declaró que por entonces y hasta que otra cosa no se decidiese, podrían ser obligados los cosecheros y dueños de trigo á vender para el abasto público, por los precios corrientes, el grano que les sobrase á ellos (1).

Las Cortes de Cádiz fueron las que en este punto como en tantos otros, acabaron la reforma empezada por Carlos III, declarando en el decreto de 8 de Junio de 1813, que ningún fruto de la tierra, ni los ganados, ni sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo, estarían sujetas á tasa ni postura; que todo se podría vender y revender á precio libre, y que nadie tendría preferencia ni derecho de tanteo en las compras. En la misma ley se declaró libre el tráfico interior de granos y de los demás productos de la tierra ó de la industria, y que todos podían dedicarse á él y almacenar sus acopios, sin necesidad de matricularse ni llevar libros, ni recoger testimonio de las compras. Con esto desaparecieron verdaderamente todas las restricciones del libre ejercicio del dominio en los frutos inmediatos de la tierra, y se eximió la propiedad de las servidumbres y menoscabo con que estaba gravada por razón de ellas.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Se continuará)

(1) L. 19, t. 17 y not. 15 de este tít. lib. 7.
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UN CÓNCLAVE CÉLEBRE (1)

I.

El cónclave que tratamos de bosquejar, es, á nuestro juicio, el más célebre de los tiempos modernos y uno de los que más han ocupado la atención del mundo en toda la serie de estas importantes reuniones. Su mayor celebridad no tanto consiste en haber nombrado Papa á Fray Lorenzo Ganganelli, de justa y merecida fama, como en la lucha mortal que allí se trabó entre la Compañía de Jesús y las principales potencias católicas, que después de haber expulsado de todos sus dominios á los jesuitas, instaban tenazmente á la Santa Sede, pidiendo la completa extinción de esta Orden religiosa. Atrincherada la Compañía en Roma, se parapetó tras la silla Apostólica y allí la persiguieron, para destruirla, sus implacables enemigos. Clemente XIII la sostuvo mientras vivió, pero su obstinada defensa causó daños muy graves al Pontificado. El Monitorio de 30 de Enero de 1768 contra los edictos del infante duque de Parma, calzado en las máximas de la Bula In coena Domini, colmó la medida. Toda la Casa de Borbon recogió el guante: sonó la campanada de rebato contra

(1) En la Historia Diplomática de los Cónclaves, ha escrito Petruccelli la de este de 1769, pero se fió demasiado de los despachos del conde de Rivera, agente diplomático del Piamonte, únicos casi que consultó. Así es, que involuntariamente ha caído en errores y equivocaciones á veces graves. El criterio además anti-jesuítico y aun anti-papista que le domina, le extraña con frecuencia. Rivera no intervino nunca ni en los verdaderos secretos del Cónclave, ni mucho menos en los de la negociación para la extinción de la Compañía de Jesús, y sólo podía dar á su Corte las noticias que circulaseen por el público y algunas otras que no tuviesen interés en ocultar sus compañeros los demás diplomáticos, que no serían muchas, porque tachado de jesuitismo, se guardarían naturalmente de él. Hago esta advertencia para que no se extrañen las numerosas contradicciones entre la narración de Petruccelli y la mía.