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la nueva tarifa. Por eso las Cortes de Zaragoza de 1325 se quejaron á aquel monarca, de que no se mantuviese á los aragoneses en el derecho de usar libremente la sal del reino, que les estaba reconocido por el privilegio general, y de que cuando pretendian hacerlo, eran perseguidos y castigados por los oficiales del rey. A lo cual contestó D. Jaime II por vía de declaración al Privilegio general, que tanto las salinas públicas como las privadas, habían sido restituidas á las antiguas demarcaciones de forzoso surtido, lo cual no era en su concepto opuesto al privilegio; y que si accediese á lo que se le pedía, perdería el Erario las rentas de sus salinas (1). Interpretación á la verdad poco conforme con el texto de los dos fueros citados anteriormente, y sobre todo con el del Privilegio general cuyas palabras son «que todos los del regno usen como solian, de la sal de qual se querran de »los regnos é de toda la señoría del señor rey, de aquella que más querran.» No se compadece este derecho de usar la sal que más querran, con la obligación de proveerse de ella en salinas determinadas, que es lo que significaba señalar demarcaciones ó límites á todas las existentes. Mas, sin embargo, esta interpretación es la que prevaleció en la práctica y así se lee en las Observancias, redactadas en el siglo xv, que por lo que el Fuero dice del uso de la sal, «no se entendia que pudiese cualquiera comprarla »donde quisiese, sino que habían reducirse las salinas al estado en que se »hallaban en tiempo del rey D. Pedro y antes.» Interpretación conforme ciertamente con la declaración citada de D. Jaime II, pero no con el texto referido del privilegio general de D. Pedro III.

Este monopolio de las salinas reales en sus demarcaciones respectivas, se hallaba hasta cierto punto compensado por el que ejercían también los dueños de salinas privadas en sus propias demarcaciones, aunque sus beneficios estuvieran muy reducidos por los impuestos que en una u otra forma, pesaron sobre ellos. Este privilegio era tanto más importante cuanto que fuera de las dos grandes salinas minerales de Remolinos y Castellar, que eran del Estado, todas las otras del reino pertenecían á los pueblos en cuyos términos se hallan, á monasterios ó á particulares, unas por merced de la corona, otras por costumbre inmemorial y otras por nacer en tierras de dominio privado, y guardarse allí la regla de derecho que atribuye al dueño del suelo la sal que en él se cría. Hasta veintiocho de estas salinas, casi todas con demarcación propia y exclusiva, contaba en Aragón D. Ge-

(1) Fuero lib. I, t. Declarat. privil. gener., pár. Item que puedan usar.
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rónimo Jimenez de Argues (1) á principios del siglo xvii. Algunos pocos lugares solamente tenían por privilegio ó costumbre el derecho de proveerse de sal donde quisieran.

Tal era el estado de esta propiedad cuando Felipe V después de la guerra de sucesión y de abolir los fueros aragoneses en todo lo concerniente á las relaciones de los vasallos con la corona, incorporó á ésta en su consecuencia, todas las salinas de propiedad particular, prometiendo á sus dueños la indemnización que fuera justa (2). No consta ciertamente la que sedió, aunque alguna se hubo de dar, puesto que se impusieron juros con tal motivo, sobre la misma renta de la sal.

Así, cuando el feudalismo iba de vencida, cuando más esfuerzos se hacían para su completa extinción, triunfaba y se imponía en España el principio feudal que estimaba regalia de la corona el dominio y el monopolio de las salinas. En virtud de este principio se consideraron las de propiedad particular como bienes desprendidos de la corona, y fueron equiparadas para su incorporación, á las alcabalas, los oficios públicos y las jurisdicciones que se hallaban bajo el dominio privado. Verdad es que los jurisconsultos españoles, negando la autoridad entre nosotros del Libro de los feudos, sostenían que el Estado no fundaba su intención sino á las salinas existentes en terrenos públicos; pero las necesidades del Erario inclinaba á prescindir de esta doctrina y á adoptar la contraria de los feudalistas que ofrecía en la práctica frutos más pingües.

VI.

OTRAS VARIAS EXPROPIACIONES.

Aquí haría especial mención de otras célebres expropiaciones, no menos directas que las reseñadas, si no hubiera tratado ya de ellas en anteriores capítulos de esta obra, ó no debieran ser objeto de otros que vendrán más adelante (3). Así, me limitaré solamente á recordarlas, remitiendo al lector á los lugares en que doy noticia detallada de ellas.

(1) Discurso del oficio de Baile general de Aragon, publicado por primera vez en 1630, pár. 10.
(2) Ley 2, t. 19, lib. 9, Nov. Rec.
(3) Téngase presente que este artículo forma uno de los capítulos del tomo II de mi Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España que se halla en prensa.
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No llamaré expropiacion, en el sentido jurídico de esta palabra, la que habrían sufrido las iglesias y señores, si se hubieran llevado á efecto las órdenes de nuestros reyes, mandándoles enajenar en breve plazo los bienes raíces que habían adquirido, contraviniendo á las leyes de amortización tantas veces repetidas desde las Cortes de Nájera. Más expropiación por utilidad pública, y harto justificada por cierto, aunque se verifilcase sin indemnización, fué la que tuvo lugar cuando en los siglos XIV y XV se mandaron demoler los castillos y fortalezas de propiedad particular, para evitar las malfechorías que se ejecutaban en ellos (1). Expropiaciones considerables fueron asimismo las incorporaciones á la corona de los bienes, lugares, castillos, jurisdicciones y oficios públicos enajenados, mediante títulos onerosos ó gratuitos, por monarcas cuya voluntad era ley más respetada y eficaz que la doctrina jurídica sobre la inalienabilidad de los bienes de la corona (2). Muchos de los derechos feudales que disfrutaban los señores territoriales, quedaron abolidos por expropiación (3). Este mismo carácter tuvieron las leyes de Carlos IV, que permitieron vender en perjuicio de los sucesores inmediatos de los mayorazgos, los bienes raíces de su dotación, con tal de que su precio se impusiera en el erario ó se prestase al Tesoro público gratuitamente (4). Las leyes de desvinculación de 1820, expropiaron á los mismos sucesores de la mitad de los mayorazgos á que tenían derecho, y las que vinieron á derogarlas en 1824 expropiaron igualmente á los compradores de bienes desvinculados con arreglo á la legislación anterior (5). Algunas propiedades municipales fueron en lo antiguo ocupadas para servicio de los reyes, y expropiación casi universal es la que recientemente han experimentado los pueblos y los establecimientos de beneficencia, al ser obligados á cambiar por fuerza, sus bienes raíces por títulos de la Deuda pública (6).

Son también muy antiguas las expropiaciones eclesiásticas. Sin hablar de las que con el con el nombre de extrañamiento y ocupación de temporalidades se imponían en lugar de pena, á los eclesiásticos rebeldes á las órdenes del rey, son innumerables las que desde el siglo XII se verificaron en provecho del erario, así en Aragón como en Castilla, según se verá en

(1) Véase el libro VIII, c. 1, pár. 1.
(2) Véase lib. VIII, c. 2, pár. 2.
(3) Lib. VIII, c. 4.
(4) Lib. VIII, c. 3, pár. 2.
(5) Lib. VIII, c. 4, pár. 2 y 3.
(6) Véase el cap. 5 de este libro.
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otro capítulo. En este último reino ocuparon bienes eclesiásticos bajo pretestos diferentes, la reina doña Urraca, y los reyes D. Alfonso VIII, D. Alfonso IX, D. Enrique I, D. Fernando IV, D. Alfonso XI, D. Juan I, don Juan II, D. Enrique IV, Los Reyes Católicos y D. Felipe II. En Aragón hicieron lo mismo D. Alfonso I, D. Ramiro II y D. Pedro IV. Pero los más de aquellos monarcas se mostraron arrepentidos de sus yerros, pasadas las urgencias que les obligaron á cometerlos; muchos restituyeron ó indemnizaron á la Iglesia lo que les tomaron contra derecho, y alguno como Felipe II, no procedió á la expropiación de señoríos y vasallos eclesiásticos, sin obtener ántes repetidos indultos pontificios. La expropiación de la compañía de Jesús en el siglo pasado, más fué consecuencia del extranamiento de sus individuos, fulminado por vía de pena, que ocupación por causa de utilidad pública. Las grandes expropiaciones eclesiásticas comenzaron cuando Carlos IV, en 1798, ordenó la enajenación de bienes raíces propios de las casas de beneficencia, hermandades, obras pias y patronatos de legos, y la imposición del producto de estas ventas en la Caja de amortización al interés del 3 por 100. A esta expropiación, aprobada al fin por la Santa Sede, siguió la que con Bula previa de Pío VII, empezó á tener efecto, mediante la enajenación de bienes eclesiásticos por valor en renta de seis millones cuatrocientos mil reales, y cuyo precio había de imponerse también al rédito de 3 por 100 en la Caja de consolidación de vales reales. Suspensas al poco tiempo todas estas enajenaciones durante la guerra de la Independencia, vino enseguida la expropiación de bienes de regulares ordenada por el intruso rey José, la de los desdichados compradores de estos bienes despojados después sin compensación alguna, la dispuesta aunque no realizada por las Cortes de 1813, la de los conventos de regulares decretada en 1820, la de los que compraron sus bienes y fueron condenados á devolverlos en 1823, y por último, la más radical de las expropiaciones que han sufrido en nuestros días las iglesias y corporaciones eclesiásticas de todas clases.

Al contemplar este largo catálogo de invasiones de la potestad soberana en el dominio privado, tal vez se ocurre preguntar si en España no ha reconocido nunca el legislador, en la propiedad, todos los derechos inherentes á su naturaleza. Yo respondería, que si así fuese, no tendría nada de extraño, siendo como es notorio, que tampoco han logrado igual reconocimiento los derechos inherentes á la personalidad humana. Cuando después de tantos siglos de luchas y de tantas vicisitudes en el orden social, apenas han llegado á fijarse los límites de estos derechos, ¿por qué admis-
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Y SU CÓRTE DE LITERATOS.

servan algunas muy notables distribuidas entre los varios cancioneros, guardados hoy como joyas de gran valía en los archivos y bibliotecas.

El poeta Fernando Felipe de Escobar dedicó una composición á Enrique IV de Castilla, dándole noticia de la muerte de su tío el rey D. Alfonso. En ella le decía con exuberante lujo de hipérboles:

    Leon castilljero, quema funerales;
    exequias fas piás con muy larga cera;
    onora los polvos de Alfonso reales,
    tu tío, en Ausonia disunto guerrera.
    D'aquel fué su lanza en esquadrá primera,
    Cupido entre nímphas, aquel fué señor,
    fanáticas llamas, vulcanio esplendor,
    candores dencéreos que esponga fumera.

Pero entre todas las poesías dedicadas á la muerte del amante de la bella Lucrecia, ninguna tan notable por lo original, como la escrita por el poeta castellano Diego del Castillo, y que tiene la forma de un poema.

El poeta se finge llevado á orilla del mar á hora en que

    había recogido sus crines doradas
    Apolo, fasciendo lugar á Diana.

De pronto se oscurece el cielo, braman con furia los vientos y se encrespan furiosas las olas, apareciendo por encima de ellas visiones paverosas: Laquesis y Antropos, la primera hilando tranquilamente con el huso y la segunda cortando despiadadamente los hilos de la vida de los mortales con unos espantables cochillos. Al llegar á la orilla Antropos,

    Alzando sus gritos con voz miserable,
    comienza feroce tal triste pregon.

En este pregon reprende ásperamente á los humanos; les acusa de insensatez y locura, les recuerda la ley á que están sujetos, manifestándoles que ni el poder, ni la riqueza, ni los hombres, ni la felicidad bastarán á librarles de la ley común á todos, y en seguida, fijándose en el rey don Alfonso, dirige contra él su habla, y le dice:

    De ser muy humano te congloríavas
    creyendo que fueses por eso inmortal,
    del grand Julio Cesar guerrero Aníbal,
    del Rey Alexandre loar te preciavas,
    á todos gentíos tu fama cantavas,
    por tal que tu nombre non fuese callado;
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rarnos de que hayan andado tan vacilantes é inseguros los de la propiedad individual y sobre todo los de la colectiva? Cuando el derecho de asociacion es una gracia, la propiedad cooperativa que de él depende, apenas es un derecho. No es extraño que el Estado expropie de su dominio á aquellos á quienes puede expropiar de su libertad arbitrariamente.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Se continuará.)
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JUICIO HISTÓRICO-ANALÍTICO
DEL
REINADO DE FERNANDO VII
Y DE LAS
CUALIDADES PERSONALES DE ESTE MONARCA (1)

II.

Sin aguardar siquiera á que el acto de devolucion de la corona se revistiese de ciertas formas usadas en casos menos solemnes, puesto que los anales de la monarquia no registran otro de igual trascendencia en que el cetro pasase á manos de un potentado alienigena, sin preceder ningun requisito legal, ni causa fortuita que lo legitimase; Carlos IV, que no veia las horas de entregarse en brazos de la molicie, y Napoleon que no sabia esperar, concertaron de comun acuerdo entregar el primero al segundo en santa armonía, todos sus derechos y estados de aquende y allende el mar, nombrando D. Carlos á su amado principe de la Paz, y Napoleon al mariscal Duroc, ambos por mera ceremonia, pues el pacto estaba ya arreglado, los que en uso de los plenos poderes que les confirieron respectivamente, firmaron en breves instantes un tratado, mediante el cual, el rey Carlos cedia á la llana, ó en donacion perfecta, todos sus dominios, sin detenerle la circunstancia de que á más de trasferir tierras, derechos y habitantes cual si fuesen de su propiedad alojial absoluta, á un extranjero de alcurnia ordinaria, que arribara al sólio en brazos de la revolucion, muy desamado ya por sus torcidos manejos de los espanoles, desposeia contra

(1) Véase el núm. 152.
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ey, la conciencia y la sangre, á sus demás hijos y nietos, que no habian, como el primogénito, incurrido en su indignacion de los derechos heredados, por un acto voluntarioso dictado abirato, sin consejo ni conocimiento de los otros poderes del Estado.

Dado el paso esencial, no habia de descuidar Napoleon sus naturales derivaciones. Era la primera hacer ver al mundo que obraba desnudo de pasiones, y que nada le iba personalmente en el desprendimiento tenido con él por Carlos IV, supuesto que la corona que generosamente le acababa de regalar, la trasladaba íntegra á las sienes de José, su hermano, que llevaba con tanto honor la de Nápoles; de manera, que en obra de dos semanas, el cetro de dos mundos anduvo de unas manos á otras cual baratija en tienda de mercachifle, y los españoles á millones se traspasaban, cedian ó endonaban cual si fuesen, ni más ni menos, reses traídas al mercado por chalanes de la cuatropea.

Fernando, devolviendo la corona á su augusta padre, no se conceptuó por ello desheredado ni privado del derecho de sucederle despues de sus días, puesto que Napoleon le confirmaba el dictado de principe de Astúrias; no habia comprendido los planes de aquel, y mantenía todavía ilusiones, que bien pronto se disiparon, con exigirle Bonaparte una renuncia incondicional y perpetua, á la que accedió el principe, no de mal grado como imaginara cualquiera, supuesto que el 12 de Mayo, hallándose en Burdeos, ya fuera del lado del emperador, que permanecia en Bayona, ajustó, siendo intermediador Escoquiz, una estipulación en que Fernando, su hermano y tio, se despojaban para siempre del carácter que les era propio, quedando constituidos en calidad de pensionados del gobierno imperial, garantizados por la voluntad movediza de su jefe supremo.

Ni se contentaron con doblarse á tanto los príncipes españoles; pues para no infundir sospechas de que en lo de las renuncias no habia espontaneidad sincera, ni lealtad de intencion en los convenios, publicaron en la expresada ciudad una proclama exhortativa á su nacion, para que se desistiese de resistencias temerarias, debiendo esperarse el bien general de la prevision, tino y elevados designios del emperador de los franceses.

Fué desdicha grande para España, el no tener en la voragine de acontecimientos tormentosos que descargaron sobre ella al principiar el siglo xix, ni aun siquiera capacidades mediocres, ni algun hombre dotado de regular entereza para contraste del calvario de miserias que la historia nos ofrece, en las entidades políticas que por deber estaban obligadas á defender el lustre y honor de la patria, escarnecidos en los tratos de Bayona.
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Cuántos de ellos se mostraron dignos del puesto que ocupaban? Por su falta de valor y de firmeza son responsables, ante Dios y la humanidad de los ultrajes que sufrió la desafortunada España. Aunque iban de por medio su libertad, su independencia y gloriosas tradiciones, faltó á todos aliento, no hubo en ninguno fortaleza suficiente para invocar á grito herido los santos derechos de la patria, insultados villanamente por la desenfrenada ambición de un soldado de fortuna. A la impotencia de Carlos IV, entelado con los bebedizos de su esposa, para entregarse en cuerpo y alma á Godoy, siguen inmediatamente las indiscretas condescendencias de Fernando á la opaca luz que representa el final de Escoiquíz. Si cada avance de Napoleón marca una perfidia, cada promesa una felonía, cada paso del rey Carlos y de su hijo revela impericia, obcecación y desmaño. Sus allegados y consejeros, sin ninguna excepción, obraban á tienta paredes mostrando en todo pobreza de cálculo, esterilidad de ideas, y en sus acciones incipientes, zurdos y paquéticos; abatiéndose bajamente en los casos de prueba que les incumbía salir á la defensa de los intereses de la patria, dejaban que el lobo se cebase en el rebaño, cuidando empero de los personales. ¡Tan por los suelos andaba, exclama á esto el ilustrado historiador conde de Toreno, la monarquía de Carlos V y de Felipe II!

Terminados tan á gusto del orgulloso emperador las representaciones escénicas de Bayona en Abril y Mayo, no le quedaba más que hacer que dar alojamiento acomodado á la real familia española. A Fernando, con los infantes D. Carlos y D. Antonio, les destinó para vivienda la quinta de Valencey, propia del príncipe Talleyrand; señaló para habitación de los reyes padres, el infante D. Francisco y Godoy, el palacio de Fontainebleau; y á los individuos que componían los respectivos séquitos, unos quedaron á su servicio, otros recibieron orden de trasladarse á distintos puntos. Unos y otros pasaban en ellos plácidos días, poco ó nada afectados, consultando á los hechos, con lo que en España ocurría, á pesar de que tenía noticia de las matanzas del 2 de Mayo, de la alarma nacional, y de cómo se las habían los franceses con habitantes y pueblos, que daban alguna muestra de lealtad á los príncipes cautivos y de amor á la patria.

En las pocas horas que Carlos IV, restaurado monarca por gracia de Bonaparte, ejerció nominalmente funciones de soberano desde tierra extranjera, las empleó en poner á sus amados vasallos al servicio discrecional de los franceses, nombrando á Murat, que acababa de ensangrentar las calles de Madrid, lugar-teniente general del reino, para en seguida desceñirse la diadema y ornar con ella las sienes del desatentado invasor. Murat
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enorgullecido, aunque con carácter provisional, con la suprema magistratura, vió en ello ya muy inmediato el momento de llamarse rey, que así lo esperaba, y tal lo creía del espíritu dadivoso de su cuñado. Sin detenerle ninguna consideración, hizose á sí mismo presidente de la Junta de gobierno, que flaca y meticulosa hasta allí, paró con esto en amularse por completo, dejando al militar francés obrar á sus anchas. Escandecidos los ánimos con los repetidos insultos que el altanero duque dirigía al pueblo ofendiendo su pendor, su moral y sus costumbres, vibraban de coraje los habitantes en mucha parte venidos de las provincias del norte á ocuparse en diferentes menesteres, gente esforzada y belicosa, capaz de arrostrar toda clase de peligros una vez enardecida y sobrescitada.

El de Berg que conocía la disposición adversa á su persona de los madrileños, ansia ba por que le viniese á la mano un accidente cualquiera que le proporcionase ocasión de desplegar su saña contra ellos, obligándolos ya que no de grado, por medio del terror á humillar su audaz actitud. Esa ocasión deseada vino con el 2 de Mayo. A los primeros anuncios de conmoción popular, aunque sin ningún exceso, comunicó sus órdenes para que los batallones franceses, bien aprecibidos de antemano, saliesen de los cuarteles haciendo fuego sobre los transeúntes, y cuando ya calmado el movimiento había ofrecido absoluto perdón, dispuso que piquetes de soldados recorriendo las calles prendiesen á cuantos encontrasen, los que maniatados y conducidos al Prado fueron inhumanamente fusilados.

La nación respondió indignada á hecho tan atroz con el grito de guerra á muerte contra el imperio francés; grito que sin aflojar ni perderse en los aires, ántes creciendo por grados en más de 6 años de luchar sin intermisión, hasta quebrantar la pujanza del coloso, y contribuir en gran manera á echar al suelo su arrogante figura y su formidable poder. De todos los ángulos de la monarquía salió con unísono eco la voz de guerra que lanzara la capital de ¡Viva España libre, viva Fernando VII á su frente! No quedó hombre capaz de portar armas que no corriese á tomarlas, no por un movimiento fugaz ó vanaglorioso, sino con propósito inquebrantable de no soltarlas ni darse á partido, en tanto no quedasen asegurados sólidamente aquellos dos caros objetos.

Las juntas provinciales nacidas del estado áceslo en que se encontraba la nación, la central producto de las mismas para unificar la acción de la defensa, las Regencias que se fueron sucediendo á impulso de las circunstancias, las Cortes en fin compuesta de representantes de España, Asia y América mancomunando sus propias inspiraciones con las inspiraciones