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desacuerdo ocurrió, sin embargo, algunas veces, y la opinión de la aristocracia se tuvo siempre más en cuenta que la de los representantes del país. Contando con el apoyo de los lores, destituyó Jorge III á gabinetes whigs sostenidos por la cámara electiva; y seguro de la confianza de la corona y de los lores se mantuvo en su puesto Guillermo Pitt á pesar de los votos de censura y de la hostilidad manifiesta de la cámara de los Comunes. Aprobada la reforma electoral del ministerio del conde de Grey, la aristocracia ha perdido aquel poderoso ascendiente, si bien conserva provechosa influencia, y desde entonces las votaciones de la cámara de los Lores no dan lugar á la caída de gabinetes que tienen mayoría en la cámara popular. Cuando se discutió en el parlamento la conducta respecto á Dinamarca del ministerio Palmerston, que alentó á aquel pequeño estado en su resistencia contra Alemania con la esperanza de auxilios y protección que no dió al comenzar las hostilidades, el ministerio no presentó su dimisión, porque la proposición de censura de su política extranjera votada por los Lores, fué desechada por los Comunes. A nadie ha ocurrido en Inglaterra que el gabinete Gladstone debía retirarse porque la cámara hereditaria desaprobó en 1871 el proyecto de ley de votación secreta para las elecciones parlamentarias aprobado por la cámara popular. Comprendiendo perfectamente la modificación que en la importancia del alto cuerpo colegislador había producido la ley de 1832, decía el duque de Wellington en una célebre carta al conde de Derby en 1846, durante los animados debates sobre las leyes de cereales, que era imposible que la cámara de los Lores se opusiera ó se sobrepusiera (overrule) permanentemente á la voluntad de los diputados y que su misión consistía en revisar, emendar y corregir los proyectos y disposiciones que la otra Asamblea le enviaba. Aceptando este mismo principio sostiene un ilustrado escritor, que la alta cámara es cámara de revisión con facultad de suspender, y que su voto no es definitivo sino dilatorio y condicional para aquellas leyes y medidas en que insiste la otra cámara, y que reclama con energía la nación. Su resistencia no puede ser absoluta y persistente, existiendo el derecho de nombrar nuevos pares que cambien la mayoría. No acontece lo mismo con la cámara de los Comunes. Si cuenta con el apoyo de la opinión pública, la disolución no altera en ella la mayoría. Esta es la diferencia fundamental entre las dos cámaras y la que explica su distinta importancia. La una tiene un poder grande pero que en cierto modo puede depender del gobierno: la otra tiene un poder propio que depende directamente del país. Según la opinión de un publicista contemporáneo, desde hace cuarenta años no
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ha tenido la cámara de los Lores tanta influencia y poder real y efectivo como en la actualidad; y aun le sería fácil acrecentarlos si la mayor parte de sus miembros, en vez de asistir sólo en las ocasiones solemnes y para cuestiones de partido, concurrieran ordinariamente con más frecuencia á las sesiones. La enorme riqueza y las extensas relaciones locales de los lores, constantemente aumentadas por la agregación de nuevos y vigorosos elementos, semejantes en género, aunque diferentes en especie, les ha permitido mantener su importancia en esta época democrática, y hacer alarde de una independencia, después de la segunda ley de reforma de 1867, que difícilmente se hubieran atrevido á mostrar después de la primera. Es notable que habiendo desaprobado en una legislatura, la de 1871 el proyecto de supresión de compra de grados en el ejército, el de votación secreta obligatoria, y por sexta vez el que autoriza al viudo á casarse con su cuñada, hermana de la esposa difunta, ley esta última que la nación desea con empeño, la cámara de los Lores no se ha hecho impopular, y que la tentativa para agitar la opinión pública en su daño ha sido enteramente infructuosa. En la discusión del ballot bill manifestó un saber, un conocimiento del país y de la administración y una elocuencia, que sorprendieron y admiraron á sus más decididos adversarios, los cuales se ven obligados á confesar que hoy es tan poderosa como en sus mejores tiempos para enmendar y modificar, aun las leyes más importantes, por más que no pueda rechazar con obstinación las reformas verdaderamente útiles.

Su intervención en la formación de las leyes es siempre provechosa. No sólo las mejora y perfecciona, sino que se opone á aquellas que inspiradas por el exclusivo interés de un partido, acaso serían parjudiciales para la generalidad de los súbditos, y niega su aprobación á medidas y disposiciones secundarias que por su escaso interés no llaman la atención, que pueden no ser ventajosas, y que á las veces pasan con facilidad suma y casi sin debate en la cámara baja. Por otra parte, son tantos y tan variados los asuntos en que se ocupa la asamblea electiva, que por necesidad procede frecuentemente con precipitación, y la cámara alta es la llamada á enmendar los descuidos que tiene y las faltas en que inurre. Distinguense los lores por la independencia con que vigilan, examinan y someten á una crítica severa la marcha y la política del gobierno, y esta independencia es debida á su posición social, y á que formando parte por derecho propio de uno de los dos cuerpos colegisladores, no guardan á los ministros la consideración que á veces impone á los diputados el temor de una próxima disolución.
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La opinión y las tendencias de la cámara alta son eminentemente conservadoras, como lo serán siempre en toda asamblea en que predominen los grandes propietarios, pero pueden modificarse en sentido liberal ó más conservador todavía, por dos medios: lenta y paulatinamente por nombramientos sucesivos, ó por el nombramiento de muchos pares en una sola vez. Este último sistema, que es peligroso y contrario al espíritu de la constitución, y al cual sólo se debe recurrir en situaciones difíciles y en circunstancias extraordinarias, no se ha empleado más que en tiempo de la reina Ana y una sola vez. Siendo la mayoría de los lores whigs desde la revolución, el ministro Haley nombró en un solo día doce que pertenecían al partido tory. Produjo entonces tan mal efecto y tal disgusto este acto del gobierno, que se presentó un proyecto que afortunadamente no llegó á ser ley, fijando el número de pares que habían de tener asiento en el parlamento, y despojando á la corona de la facultad de nombrar más, mientras no muriera sin sucesión alguno de los excedentes. Cuando se discutió el bill de reforma de 1832, el gabinete del conde de Grey tuvo la autorización escrita de Guillermo IV para nombrar ochenta, y habría usado de ella si la cámara no hubiera preferido ceder, como lo hizo con buen acuerdo, á ver tan considerablemente aumentado el número de sus miembros. El primer medio, el de los nombramientos sucesivos, no ofrece inconvenientes y se emplea constantemente. Todos los gobiernos llevan á la cámara hereditaria á los hombres eminentes del partido que representan, y de esta manera modifican sus tendencias y opiniones. Completamente tory á la muerte de Jorge IV, cuenta ahora con mis elementos liberales que entonces, por la casi no interrumpida dominación de los whigs desde la caída de Roberto Peel. Estas trasformaciones son lentas, porque sólo se verifican por la muerte y por sucesivos nombramientos. Componiéndose la cámara durante largos periodos de tiempo de los mismos individuos con cortas alteraciones, la influencia de los jefes de partido es mayor en ella que en la de los Comunes, en donde á cada elección muchos diputados nuevos reemplazan á los antiguos. Durante muchos años, han dirigido la cámara alta Wellington por su indisputable autoridad y Lynchhurst por la elocuencia y el talento; y esta importancia personal era todavía más considerable cuando se votaba por poder, porque los lores ausentes lo daban naturalmente á los personajes de sus opiniones que les inspiraban más confianza, y cuyos consejos e indicaciones estaban acostumbrados á escuchar y á seguir.

Celosa la cámara de los Comunes de su independencia y para defender-
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se de la preponderancia de la aristocracia, habia resuelto á los diez años de la revolucion en 1699, «que ningún par del reino tenia derecho á intervenir en la eleccion de un miembro del parlamento,» declarando por otra resolucion posterior, «que esta intervencion era una alta infraccion de las libertades y privilegios de los Comunes.» No habia seguridad de que esta disposicion estuviese todavía vigente, hasta que en Noviembre de 1872 el tribunal de pleitos comunes, al que habian acudido el marques de Salisbury y el conde de Beauchamp, para que revocara la decision del abogado revisor (revising barrister), que no los habia incluido en el registro electoral de sus distritos, ha declarado que no tienen derecho los lores á votar en las elecciones parlamentarias. Sucede por lo tanto que en virtud de una antigua disposicion inspirada por la desconfianza, los lores del Reino Unido son legisladores pero no electores.

Un escritor ingenioso original y de ideas muy liberales, varias veces citado, atribuye al prestigio de la aristocracia el que la burocracia no haya tomado excesivo incremento en Inglaterra. El pueblo en aquel pais considera á la nobleza como el símbolo y la representacion del poder de la riqueza y de la inteligencia; tiene costumbre de obedecerla y de ser gobernado por ella, y mira á los empleados públicos como á meros servidores del estado, cuya posicion no envidia. En todas partes el pueblo tiene natural propension á respetar á una clase que parezca superior, y donde no hay aristocracia respeta á los que desempeñan destinos de la nacion, y andando el tiempo aspira á obtener una parte al menos de esos puestos retribuidos. En confirmacion de esta teoria, según el mismo escritor, se observa constantemente que en los países aristocraticos es donde hay menos ese cáncer terrible que se llama empleomanía, la cual crece y aumenta hasta llegar á ser un mal de funestas consecuencias en los estados democraticos.

Aún los más decididos adversarios de las asambleas hereditarias, si no adolecen de pasion de escuela y de parcialidad invencible, habrán de confesar que la cámara de los Lores es una de las instituciones más útiles y perfectas en la historia politica del mundo, y que contribuye en gran manera al mérito y á la superioridad universalmente reconocida de la constitucion británica. Defensora desde el siglo décimo séptimo de sus tradicionales prerrogativas, intimamente ligadas á los derechos de los subditos, supo en otras épocas impedir que los monarcas fueran absolutos, y hoy se opone á reformas perjudiciales ó peligrosas y á las determinaciones imprudentes y precipitadas de la cámara de los Comunes. Por el saber, por la experiencia y por la independencia, es la asamblea moderadora
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dentro del parlamento. Trae al propio tiempo la inapreciable ventaja de mantener muy alto el nivel intelectual y moral de las clases superiores que por patriotismo, por humanidad y por egoísmo bien entendido, en vez de halagar los torpes instintos y fomentar las malas pasiones de las clases bajas, engañándolas con mentidas promesas que no se han de realizar, y haciendo de su ignorancia y de sus vicios escalón para medrar y subir, se ocupan constantemente del bienestar de esas clases menesterosas y procuran que tengan aire y luz sus habitaciones, que sea barato y sano su alimento, que no sean excesivas sus horas de trabajo, que reciban educación religiosa y que no les falte la instrucción necesaria, ofreciendo el hermoso y enviable espectáculo de un pueblo creyente y laborioso, que goza de inmunidades y franquicias, protegido y gobernado por una aristocracia ilustrada, rica y poderosa.

VIZCONDE DEL PONTON.

Martes 4 de Febrero de 1873.
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APUNTES PARA LA HISTORIA

DE LA

EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA(1)

VII.

DE LAS MUDANZAS EN EL VALOR LEGAL DE LAS MONEDAS,

El Estado no sólo ha hecho uso de su soberanía ocupando materialmente la propiedad privada por motivos de interés común, sino que ha expropiado á veces indirectamente, de derechos constitutivos ó inseparables del dominio, ya afectando respetarlos por entero, ya suponiendo no menoscabarlos en su esencia. Del uso de esta facultad ofrece la historia ejemplos numerosos. Cuéntanse entre ellos las alteraciones arbitrarias en la moneda, las moratorias de las deudas, las servidumbres públicas á favor de la administración, la agricultura, la ganadería y las subsistencias, la tasa legal de los precios, la reducción de los censos y otras providencias semejantes, que por utilidad pública verdadera ó pretendida, han privado á los dueños de una parte de su propiedad.

La regalía de acuñar moneda y señalar su valor pertenece únicamente al soberano; pero si éste usa de ella arbitrariamente, puede producir y ha producido en ocasiones, una verdadera expropiación de dominio. Cuando se atribuye á la moneda un valor superior al que corresponde á su peso y su ley, todos los que tienen derecho á percibir una suma fija de dinero, se encuentran por el mismo hecho, expropiados de una parte de su fortuna, igual á la diferencia que haya entre el antiguo y el nuevo numerario. Estas mudanzas

(1) Véase el núm. 153 de la Revista.
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no afectan solamente á la propiedad mueble; son quizá de mayor trascendencia para la inmueble, pues de ellas resultan expropiados así los propietarios, que tienen dadas sus fincas en arrendamiento por tiempo más ó menos largo, como los dueños de censos de todas especies pagaderos en metálico y cuantos tienen algun derecho real ó participación en el dominio, por la cual deban percibir una renta ó un capital en numerario.

De esta especie de expropiación ofrece nuestra historia, como la de otros pueblos, ejemplos numerosos, y los límites de la potestad del Estado para ordenarla, fueron también objeto de controversia entre nuestros jurisconsultos, moralistas y políticos. D. Alfonso el Sábio sustituyó los pepiones con la moneda burgalesa, y luego ésta con otra peor, llamada moneda negra. D. Alfonso XI quiso introducir otra moneda inferior, con el nombre de cornados y novenes. D. Enrique II, para pagar á los que le sirvieron en la guerra contra su hermano D. Pedro, mandó acuñar reales y cruzados de más valor que el intrínseco, y tuvo al fin que reducirlo á dos tercios del señalado. D. Juan I creó la moneda blanca, cuyo valor tuvo también que reducir á la mitad. D. Enrique III, D. Juan II, D. Enrique IV, los Reyes Católicos y D. Carlos I alteraron también el valor de las monedas de su tiempo. D. Alfonso II de Aragón mandó fundir nuevas monedas de más baja ley que las antiguas. Felipe III aumentó el valor de las de vellón. Felipe IV lo redujo primero, y lo acrecentó después, y volvió á reducirlo luego.

El resultado inmediato é insalible de todas las alteraciones no era sólo quedar defraudados cuantos tenían derecho á rentas ó capitales en dinero, sino la carestía de todas las cosas comerciables, sin que bastaran á contenerla las leyes con que se pretendía sujetar su precio á nueva y fija tasa. En vano procuró D. Alfonso el Sábio mantener con tales leyes, el crédito de su moneda burgalesa; las mercancías subieron de precio á pesar de ellas, y el descontento que estas novedades produjeron, contribuyó no poco á la rebelión de sus vasallos. En vano quiso D. Alfonso XI evitar la carestía originada por sus nuevos cornados y novenes, mandando que el marco de plata conservara el valor que antes tenía, de 125 maravedís. En los reinados de D. Enrique II y D. Juan I no bajó tampoco el precio de las mercancías, hasta que convencidos aquellos monarcas de sus errores, redujeron el valor de las nuevas monedas. Con las de baja ley introducidas en Aragón por D. Alfonso II, dejó de circular toda la moneda antigua, y se causaron tan graves daños, que D. Pedro II, á pesar de haber prometido con juramento respetar aquel decreto de su padre, consultó al Papa Inocencio III
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personalísima, ésta de una compañía mercantil por acciones; se verifica la primera en el siglo xvi, durante la época brillante del Renacimiento; la segunda durante la última mitad del siglo xviii, época de rivalidades y guerras comerciales, y en el siglo xix, cuyos sucesos se hallan muy próximos para que tengan la perspectiva y lontananza que hacen resaltar la belleza.

Pero existen entre la conquista inglesa en Bengala y la castellana en México otras diferencias más que las estéticas, como procuraremos demostrar compendiéndolas (puesto que hallamos establecido el paralelo), en las vidas de los dos grandes capitanes y políticos que las llevaron á cabo. No necesitamos trazar puntualmente sus respectivas biografías, que no es ese nuestro objeto, sino tan sólo los rasgos y caracteres principales; hecho lo cual entraremos en la comparación; que por desgracia son hoy pocas las plumas que, á ejemplo de las de Muñoz y Navarrete, se ocupan en oponerse con la sencilla verdad al torrente de juicios apasionados ó torcidos que todavía corre por Europa contra la dominación española en América, y no carecen de oportunidad estudios de la índole del presente.

I.

La vida de Fernando Cortés es bien conocida de los lectores españoles. Ha sido narrada por el capellan del primer marqués del Valle, Francisco López de Gómara en la segunda parte de la Crónica general de las Indias, que trata de la conquista de México; por el P. fray Bartolomé Casas ó de las Casas en su Historia de Indias, inédita, pero de la cual se sirvió Antonio de Herrera para sus Décadas; y por el mismo Cortés en lo que se refiere á la conquista de México en sus admirables Cartas de relación compiladas en aquella ciudad por el arzobispo Lorenzana. Enumeraremos aquí solamente sus principales sucesos.

En el año de 1485, dice Gómara, nació en Medellín Fernando Cortés (1); su padre se llamó Martín Cortés de Monroy, y su madre doña Catalina Pizarro Altamirano, entrambos hidalgos. Tenían poca hacienda, pero eran muy honrados y devotos. Martín Cortés había sido teniente de una com-

(1) Año del nacimiento de Martín Lutero; pero no es exacto que nacieran en el mismo día, como escribió Pizarro en sus Varones ilustres de Indias, y reprodujo don Nicolás Moratin en las Naves de Cortés, donde hablando Satanás, dice:
Mas ¡ay! que ese mancobo el mismo dia que nacer vimos al sajon Lutero le vió España nacer con ansia mia.
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si deberia en conciencia dejarlo sin efecto (1). Con las alteraciones en el valor del vellon decretadas por D. Felipe IV, las monedas de oro y plata desaparecieron tambien, quedando reducidas á simples mercancias, cuyo precio en la nueva moneda, según afirman escritores contemporáneos (2), equivalia al doble del que representaban.

En cuanto á la potestad del Estado para ordenar estos cambios en la ley y valor del numerario, habia entre los jurisconsultos y políticos españoles cierta variedad de doctrina, originada principalmente de la cuestion que les dividia sobre la esencia de la moneda. Los que hacian consistir toda su virtud y eficacia en su forma oficial, ó sea en el cuño y sello del soberano que lleva impreso, afirmaban que cualquiera materia, por vil y despreciable que fuese, podia servir de moneda; de lo cual inferian que el valor de este instrumento de cambio dependia exclusivamente de la voluntad del legislador. Los que juzgaban por el contrario que la esencia y virtud de la moneda consiste principalmente en la utilidad y estimacion de los metales que la constituyen, y que el soberano imprimiendole su sello, se limita á garantizar el peso y la ley de cada una, opinaban que su valor en cambio no dependia del arbitrio del Estado. Entre los que daban al monarca la omnimoda potestad de fijar este valor arbitrariamente, unos la limitaban exigiendo para justificar su uso, el consentimiento del pueblo ó causa justa, y otros prescindian de esta formalidad.

En Aragon estaba vedado al rey por fuero, alterar el valor de la moneda, sin la unánime aprobacion de los cuatro estamentos que componian sus Córtes. Los jurisconsultos aragoneses, por lo tanto, cualquiera que fuese su parecer sobre la esencia de la moneda, negaban al monarca la facultad de alterarla. Pero en Castilla, donde no existia una prohibicion semejante, y donde el rey solia ejercer sin las Córtes, el poder legislativo, era muy general la opinion que le atribuia aquella facultad, con mas ó menos restricciones. D. Diego Covarrubias la reconocia no sólo con el concurso de las Córtes, sino aun sin él, cuando mediase causa justa, si bien con la obligacion de indemnizar á los perjudicados, siendo posible (3).

(1) El Papa respondió á esta consulta que si el rey habia jurado mantener el valor de la moneda, sabiendo que estaba mermada, era nulo su juramento; y si no lo sabia, estaba obligado á recoger la nueva moneda cambiandola por otra de buena ley; (Decr. c. Quante de jurisdicciona.
(2) Aingo de Espeleta, Resoluciones morales y doctrinales sobre las principales dudas ocasionadas por la baja de la moneda de vellon, 1643, Resol. 3.*
(3) Veterum collatio numismatum, c. I. De mutatione monetae.
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Pero como las mudanzas en la moneda se decretaban siempre por escasear los recursos del Erario, ni faltaba nunca causa que las justificase, ni era menester autorizarlas con el voto de las Cortes, ni había nunca con qué indemnizar á los perjudicados. Pinelo, fundándose en que la moneda no lo es por razón de su materia, sino de su forma, reconocía también en el principio la facultad de atribuirle por justa causa mayor valor que el intrínseco, sin limitación alguna; entendía por causa justa la conveniencia de impedir por este medio la extracción del numerario (1). D. Juan Bautista Larrea (2), partiendo del mismo principio, deducía idéntica conclusión; pero aconsejaba á los príncipes con mucha prudencia, que no usasen de semejante facultad, porque para cumplir con su obligación de regir sus pueblos en justicia, y facilitar el comercio y sobre todo el exterior, es menester que el valor legal de la moneda no sea superior al intrínseco. Así es que, en su concepto, no debía el rey sin justa causa, hacer alteraciones en ella, y aún obraría más rectamente no haciéndolas sin el consentimiento de las Cortes ó del reino. No dudaba, pues, Larrea de la autoridad del monarca para fijar discrecionalmente el valor de la moneda, pero testigo de las perturbaciones económicas y de las asquedas y trastornos que había ocasionado en su tiempo el uso arbitrario é ilimitado de esta facultad, la condenaba al fin como político, ya que el rigor de la lógica le obligaba á admitirla como jurisconsulto. También la reconocía Alonso Carranza, al decir que el príncipe podía tasar el valor de la moneda con el mismo derecho y la misma libertad con que tasaba la seda, el paño, el trigo y el vino, pero quería que para ello siempre mediase alguna causa ó el consentimiento del reino (3). Pedro Aingo de Ezpeleta no dudaba de la facultad del monarca para dar á la moneda un valor superior al intrínseco en las necesidades públicas (4). García Gironda, al dar por sentada esta facultad, prescindía de la intervención del reino y de la indemnización, que Covarrubias pedía para los perjudicados (5).

Notase á la vez en todos estos escritores el influjo de los hechos desastrosos que presenciaban, inclinándoles á restringir la potestad del rey, y el temor de incurrir en desacato, defendiendo una doctrina que no estuviese

(1) De rescindenda venditione, I.º pars, c. 3, n. 7 y 8.
(2) Novae decisiones senatus granatensis, pars I.º, disp. 12.
(3) El ajustamiento y proporcion de las monedas, 2.ª parte, c. 3.—Madrid 1629.
(4) Resoluciones morales y doctrinales de las principales dudas ocasionadas por la baja de la moneda de vellón. Resol. 3.ª—Córdoba 1643.
(5) De explicatione privilegiorum. Quest. 254, n. 1425.—Madrid 1617.