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de acuerdo con el uso que hacia el soberano de su prerrogativa. Pero no faltaron tampoco políticos ilustres menos escrupulosos y más independientes, que señalaran límites más estrechos á la autoridad del Estado en esta materia. Pedro Belluga enseñaba como doctrina universal, que la moneda, aunque reciba su virtud de la autoridad del príncipe que la acuña, debe valer por su materia, tanto cuanto represente, deducido el costo de la acuñación, sino es que este gasto debe ser de cuenta del Érario, y que ninguna alteración puede hacerse en ella sin el consentimiento del pueblo que haya de recibirla y emplearla (1).

La doctrina del padre Mariana sobre esta materia, era tan sólida y completa, que la ciencia económica moderna no ha tenido nada que oponerle ni agregarle. Su teoría de la moneda es la misma que se enseña hoy en las escuelas (2). En su concepto, todo lo que exceda el valor legal al intrínseco de este instrumento de los cambios, «es un robo que el príncipe hace á sus vasallos» (3). Si el rey, dice, me toma la mitad de mi dinero, no repara el menos-cabo que me causa duplicando el valor de la mitad restante, porque en la misma ó en mayor proporción sube en seguida el precio de todas las cosas. Demuestra con sólidas razones y elocuentes ejemplos, que la adulteración de la moneda paraliza y perturba el comercio, sin favorecer en último resultado al Érario. Solamente en el caso en que una alteración temporal en el valor del numerario fuera el único remedio de salvar la república, sería lícito en su concepto decretarla, pero con la obligación de retirar de la circulación la nueva moneda luego que pase el peligro, y no de otro modo que como se puede en el mismo caso, ocupar la propiedad privada. Gerónimo Salcedo opinaba que antes de apelar á este recurso extremo, debía el príncipe exigir contribuciones extraordinarias, levantar empréstitos ó imponer cualesquiera arbitrios á sus vasallos (4).

Según el P. Marquez (5), la estimación de la moneda depende de la materia de que se forja, más que de su forma, y así no puede el príncipe subirla de valor ni bajarla de peso, sino dentro de los límites de la común estimación; del mismo modo que debe atenerse también á la estimación común en la tasa de las mercancías. Sostiene que la institución y el uso de la moneda de materia útil y valor proporcionado, procede del derecho de

(1) Speculum principis. Rubr. 36.
(2) De mutuatione monetae.
(3) De rege et regia institutione, lib. 3, c. 8.
(4) De regimine principum, lib. 2, c. 29.
(5) El gobernador cristiano, lib. 2, c. 39.
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gentes, que el soberano no puede alterar ni revocar; y de aquí deduce que si éste mandase labrar moneda de papel ó cuero, no obligaria tal ley en conciencia á los súbditos; y que por más que declarase igual esta nueva moneda á la metálica y aprendiese á recibirla, nadie querría contratar con ella, y ó no se le daria el valor que representara, ó no sería recibida en pago de ninguna cosa. Digna es de ser admirada la prevision del P. Marquez, pues escribiendo cuando aún no era conocido el papel moneda (1), juzgó con tanto acierto los peligros y las consecuencias de su introduccion. Si fuera licito, decía, sustituir la moneda metálica con la de papel ó otra materia sin valor intrínseco, podría hacerse dueño el rey de casi todo el oro y la plata de sus vasallos, con buena conciencia, puesto que les obligaría á cambiar la moneda antigua de ley por la nueva ficticia, so pena de carecer de este elemento esencial de los cambios. No niega, sin embargo, este escritor, que como impuesto extraordinario y transitorio, pueda el soberano remediar necesidades públicas, atribuyéndolo á la moneda un valor algo superior al intrínseco, pero condensando muy severamente este género de tributos, y dando bien á entender que por respeto al monarca, no censuraba del mismo modo las alteraciones monetarias de su tiempo y las expropiaciones injustas que con ellas hubieran de causarse.

VIII.

DE LAS MORATORIAS OTORGADAS POR EL SOBERANO PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS.

Contábase además entre las prerrogativas del soberano la de conceder moratorias á los deudores con grave menoscabo del derecho de propiedad. Justiniano la había consignado en su código, sin que pareciese un abuso de poder, puesto que así en Grecia como en Roma el perdón de las deudas ó de una parte de ellas, aunque medida de índole extraordinaria, no estaba fuera de la competencia del Estado. Solon la decretó al dar sus leyes á Atenas y después siguieron su ejemplo, en Roma, Julio César y los tribunos Cayo Licinio y Lucio Sexto. Prorrogar el plazo de las deudas en vez de abolirlas, era, pues, un beneficio y un progreso. El autor de las

(1) No eran en realidad papel moneda sino promesas de pago en buena moneda de cantidades ciertas los billetes con que el conde de Tendilla, en momentos de gran escasez de numerario, pagó á las tropas que sitiaban á Granada por los Reyes Católicos, ordenando que entre tanto se hacían efectivos por el Tesoro, sirvieran como moneda en el campamento. (Nebrija. Decada 2.a, lib. 3, c. ult.)
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Partidas tomó esta ley como otras muchas del código justinianeo, y tanto por esta circunstancia como por la autoridad que el derecho romano y sus intérpretes tuvieron en España, se vieron favorecidos nuestros monarcas con aquella peligrosa facultad.

Por tres razones podía el rey, según las Partidas, prorrogar los plazos de las deudas: la pobreza de los deudores, la necesidad de sus servicios en la hueste, y el «sabor de les fazer merced» ó sea la mera gracia (1). De modo que la potestad real era discrecional e ilimitada en cuanto á determinar los casos en que la moratoria era procedente, y como la ley por otra parte no señalaba las condiciones con que hubiera de otorgarse, éstas dependían también del arbitrio del soberano. La única obligación que imponía la ley al deudor favorecido era dar fianza al acreedor de su cumplimiento en el plazo prorrogado, y aún de ella podía dispensar el monarca, según los jurisconsultos, como lo hiciera usando en el privilegio la cláusula no obstante derecho de tercero, etc.

Para defender el uso de esta prerrogativa, conciliándola con el principio universal de derecho que no permite al soberano expropiar á nadie de lo suyo, sin causa legítima y previa indemnización, intentaban probar algunos legistas que con la prórroga de la deuda no perdía nada el acreedor. ¡Como si de demandar ó no un crédito en día señalado no pudiera depender en muchos casos la posibilidad de hacerlo efectivo ó el cumplimiento de otras obligaciones, cuya falta origine pérdidas y quebrantos considerables! ¡Como si prohibida la usura ó no constando en los contratos de préstamo el interés que estos devengaban, no quedase despojado el acreedor del fruto del capital prestado durante el plazo de la prórroga! Así es que entre los romanos no tenía esta prerrogativa imperial más justificación que la voluntad suprema del sumo imperante, la cual tenía fuerza de ley y se daba á sí misma las reglas de su acción; y en España el sesudo Antonio Gómez no le hallaba otro fundamento, sino el de que la ley humana positiva tiene su fuerza y autoridad del mismo Dios que obliga á los súbditos á su observancia, por cuanto dijo en los sagrados textos: Per me reges regnanti... Omnis potestas á Deo... qui potestati resistit, Dei ordinatiori resistit... (2). Y en efecto, los privilegios en perjuicio de tercero no tenían otra justificación, sino la de que eran leyes que obligaban á los súbditos y cuyos motivos apreciaba libremente el soberano.

(1) L. 33, t. 18, Part. 8.ª
(2) Ad leyes Tauri, lex 2.ª
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Las moratorias solían expedirse tanto en provecho de determinados deudores que las solicitaban, alegando quebrantos de fortuna ó desgracias imprevistas, cuanto en el de todos los deudores de ciertos pueblos ó territorios, con motivo de calamidades públicas. Según Alfonso de Azevedo, se daban frecuentemente por cinco años á los labradores que tenían malas cosechas (1). En 1623 se concedió moratoria á todos los vecinos de Sevilla, por haberse retardado el arribo de la flota de las Indias, hasta que ésta llegara con sus caudales (2). Pero otras muchas se otorgaban por motivos méños legítimos, aunque no méños legales, puesto que bastaba, según la ley de Partida, la intención de hacer gracia.

Examinando el uso de esta prerrogativa, según la doctrina de los jurisconsultos, se notan al lado de opiniones que la ampliaban en fuerza de la soberanía absoluta, que casi todos reconocían en el monarca, una señalada tendencia á restringirla en cuanto la ejecución de tales privilegios correspondía á los tribunales. Así cuando el rey la otorgaba, expresando que había de llevarse á efecto, á pesar de cualquier derecho que se alegara en contrario, dicen los jurisconsultos que debía obedecerse desde luego, y que sólo en el caso de que fuera muy grave el perjuicio que á tercero hubiera de causarse, se podría suspender su cumplimiento, representando sus inconvenientes, si bien tampoco era lícito dilatarlo cuando recayese segundo mandamiento de ejecución. Pero cuando la moratoria se concedía sin ninguna cláusula extraordinaria, disputaban los jurisconsultos sobre las condiciones con que había de aplicarse á los interesados, y en este punto es en el que mostraban más su tendencia á restringir el uso de la prerrogativa. Todos convenían generalmente en que el término de la moratoria, aunque la ley no lo señalaba, no podía exceder de diez años y los más aconsejaban que no se otorgase ninguna que pasara de cinco. Era también doctrina recibida que no debía darse á ningún deudor segunda moratoria, y que las dadas en debida forma no eran aplicables á las deudas ejecutoriadas por sentencia firme, ni á las confirmadas con juramento, porque la potestad secular no podía dispensarlo, ni á las dotales por razón de su privilegio, ni á las procedentes de alquileres, censos, compra de comestibles, delitos, depósitos, salarios y pensiones alimenticias, ni á las contraídas á favor de la iglesia, de pupilos ó del fisco, ni á las muy recientes, por ser sospechosas de fraude, ni á las mercantiles entre comerciantes, ni á las

(1) Commentarii in Hispanice regias constitutiones, lib. 4, t. 14, n. 34.
(2) Alvarez de Velasco, De privilegiis pauperum, pars I.º quest. 44.
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contraídas por concursados fraudulentos, ó por deudores cuyos acreedores no fueran méños pobres que ellos. Verdad es que algunos escritores jurisperitos no admitían varias de estas excepciones, sosteniendo que la moratoria comprendía, por ejemplo, las deudas juradas, las procedentes de delitos, censos consignativos, alquileres, dotes, depósitos y otras; pero los más reconocían todas aquellas excepciones, á pesar de que la ley no las establecía, cuando en el rescripto del principe no aparecian expresamente excluidas. También se disputaba si la moratoria concedida al deudor aprovechaba á su fiador. Los más opinaban afirmativamente, fundándose en que de otro modo, se frustraría la moratoria, porque el acreedor repetiría contra el fiador, y éste contra el deudor en virtud de una accion que como nacida después de moratoria, no estaba sujeta á ella; pero otros pensaban que siendo una misma la deuda, cualquiera que fuese el reclamante, no podía exigirse durante la prórroga del plazo, y que por lo tanto sería eficaz la gracia para el deudor, aunque el fiador no se aprovechara de ella y hubiese por el contrario de esperar el plazo de la moratoria para exigir su crédito (1).

También andaban discordes las opiniones en cuanto á la calidad de la fianza que el deudor agraciado había de ofrecer á su acreedor. La ley de Partida antes citada exigía fiador, y cuando no se diese, declaraba ineficaz la moratoria. Pero como al mismo tiempo señalaba la pobreza entre las causas que podían dar lugar á la gracia, y los pobres no suelen encontrar quien les fie fácilmente, imaginaron los jurisconsultos que en tal caso, para que no quedara sin efecto la merced del soberano, debería admitirse la caución juratoria, ó la obligación general de bienes. Pero Gregorio Lopez, Castillo y otros no admitían esta interpretación sino cuando el fundamento de la espera alegado en el rescripto, fuese la pobreza del deudor (2), y Bobadilla quería además que no pasase de un año el tiempo de la prórroga (3). También era general la doctrina de que durante este tiempo debían correr los intereses, cuando aparecieran estipulados en la escritura de obligación (4).

Así fué restringiendo la jurisprudencia el uso de esta prerrogativa á pe-

(1) Alvarez de Velasco, obr. cit. pars I.*, quest. 44.—Azevedo, obr. cit. lib. 4, t. 14.—Salgado, Labyrinthus creditorum, pars 2.* c. 20.—Balmaseda, De collectio, quest. 93.—Castillo, De alimentis, lib. 8.* c. 12.
(2) De alimentis, ibid.
(3) Politica de corregidores, lib. 8, c. 13, n. 20.
(4) Alvarez de Velasco, ibid.
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sar de la generalidad con que la habían declarado las leyes, hasta que al fin ha desaparecido por completo en nuestros días, al saludable influjo de los principios que consagran la independencia y la libre disposición del dominio.

IX.

DE OTRAS RESTRICCIONES DEL DOMINIO EQUIVALENTES Á LA EXPROPIACION.

Aunque los jurisconsultos españoles interpretaron siempre restrictivamente el axioma legal que atribuía al soberano el señorío de todas las cosas, dominus omnium, declarando que este señorío era tan sólo de protección y defensa, quad protectionem et tuitionem, esta misma potestad que reconocían en el Estado comprendía la de disponer de las cosas privadas, siempre que fuese para proteger y fomentar los intereses públicos. Arbitro el soberano para apreciar estos intereses y escoger medios más adecuados de favorecerlos, era natural que lo hiciese conforme al concepto que de unos y de otros ha prevalecido en la sociedad.

Creyóse en un tiempo que la ganadería y la trashumación necesitaban ser protegidas como fuente principal de nuestra riqueza, aún con el sacrificio de la propiedad privada, y el rey haciendo uso de su señorío sobre las cosas quoad protectionem, aprobó la hermandad de la Mesta, declaró á su favor la servidumbre de cañada y pastos, prohibió acotar las tierras y romper las dehesas, y otorgó á los ganaderos el privilegio de perpetuar su posesión en las tierras de pasto que llevaban en arrendamiento, por precios tasados. Adquirió después mayor incremento la agricultura: era notoria la conveniencia de que abaratase la producción agrícola, y el Consejo sujetó á tasa las tierras labrantes, del mismo modo que lo estaban ya las de pasto. Era interés público, sin duda, promover la baratura de todas las cosas necesarias para la vida, y considerando el legislador que no había otro medio de obtenerla que señalar el precio de cada una, decretó la tasa, ordenó el registro previo y la enajenación forzosa de los granos, prohibió la reventa de los abastos, y concedió á los abastecedores el privilegio de tanteo en la adquisición de los artículos de primera necesidad. Facilitar las comunicaciones y los trasportes era de conveniencia reconocida, y de aquí la obligación impuesta á los dueños de prados y montes de contribuir con una parte de sus productos á la Real Cabaña de carreteros. La usura estaba condenada por las leyes canónicas y prohibida por las civiles, pues tase- mos, dijo el legislador, lo que por lucro cesante ó daño emergente podrá
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exigir el capitalista de aquellos que se aprovechen de su fortuna. Los censos consumen las utilidades de la labranza, arruinan á los propietarios y producen intereses usurarios, pues nada más justo y conveniente que reducir una y otra vez sus réditos, aunque para ello sea necesario expropiar de una parte de su fortuna á los censualistas. Se ha cumplido el término de los foros de Galicia y Asturias; los dueños del dominio directo reclaman la posesion del útil, para disponer de él como más les convenga; pero los foristas van á resultar muy perjudicados, porque habrán de pagar mayores rentas, ó tendrán que abandonar sus predios; y el Consejo por auto acordado, suspende las acciones entabladas por los señores y les obliga á mantener indefinidamente y bajo las mismas condiciones á sus colonos, en la posesion en que se hallaban.

Tal es el uso que hacia el Estado de su señorío de proteccion sobre las cosas privadas, cuando la opinion dominante no le señalaba otro limite que el de la conveniencia, entendida según las ideas dominantes. Así es que comparando los actos del poder en esta materia, con el juicio que de ellos formaban los contemporáneos, y las doctrinas y remedios imaginados por los escritores políticos, notase en ellos la misma tendencia á reducir ó menospreciar los derechos del dominio, y aun más exagerada en los últimos que en el gobierno. Todas las servidumbres y cargas impuestas á la propiedad en favor de otros intereses colectivos, hallaron á vueltas de alguna leve contradiccion de tal cual jurisconsulto ilustre, defensores celosos y hasta ardorosos apologistas. Pero entre los politicos que trataban del fomento de la riqueza, se solía aún guardar menos respeto á los derechos del dominio. Unos pedían que de real orden se mandase sembrar todas las tierras incultas, ya obligando á los dueños á hacerlo con sus propios recursos, ó ya auxiliándoles con un donativo, con que habian de contribuir todos los vasallos. Otros demandaban que se pusiese coto al plantio de viñas, reduciéndolo á lo más necesario; ó que se dijese á los cosecheros y ganaderos el monopolio de los abastos de los pueblos y á los fabricantes el de las tiendas de telas, ó que se fijara el número de mercaderes y menestrales que habia de haber en cada lugar (1). Lope de Deza proponía en 1618 para fomentar la agricultura, varios remedios, y entre ellos, que no se permitiera á los labradores salir del reino, sin dejar encomendada la labranza de sus tierras, so pena de perderlas: que no se les permitiera tampoco tomar ca-

(1) Sancho de Moneada, Restauracion política de España. Memorial de Miguel Alvarez Queso á D. Carlos II.
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pitales á censo sobre sus heredades: que se les facultara para exigir el arrendamiento perpétuo ó temporal en las tierras que labrasen, pagando tres y tercio por ciento de su valor en la especie de fruto que produjeran, corriendo los dueños el riesgo del caso fortuito, y quedando obligados á perdonar las rentas en los años estériles; que ningún labrador pudiera tener más de un par de mulas: que los jornales se sujetaran en cada lugar á tasa de peritos, y que no se pusiera tasa al precio del trigo, pero sí al del pan (1). Para dotar los erarios públicos (especie de Bancos inventados á principios del siglo xvii, en que se habian de tomar capitales á censo, á fin de prestarlos á interés más crecido), se pidió una ley que prohibiera dar dinero en ninguno de estos conceptos más que á aquellos establecimientos, y que para su primera dotacion, se obligara á todos los españoles á imponer en ellos á censo una parte proporcional de su fortuna (2). D. Francisco Somoza, para remediar los estorbos de la riqueza de Galicia, proponía que se prohibiera anticipar á los dueños de tierras las rentas no vencidas que les habian de pagar sus colonos: que fuesen declarados herederos forzosos los parientes dentro del cuarto grado: que se redujeran todos los mayorazgos á la clase de regulares: que se prohibieran las mejoras de tercio y quinto entre labradores, y que las rentas tíjas de los foros se convirtieran en partes alicuotas de frutos, siempre que pudiese esto hacerse sin agravio de ningún derecho (3).

Aún pidieron reformas más radicales en menoscabo de la propiedad algunos de los que informaron en el expediente sobre establecimiento de una ley agraria. Fueron entonces consultados acerca de los medios de fomentar la agricultura, los tribunales superiores y sus fiscales, los intendententes, el procurador general del reino, muchos ayuntamientos y otras autoridades y corporaciones. Los más pidieron la tasa de los arrendamientos de tierras; el privilegio de los colonos para continuar indefinidamente en su posesion; la prohibicion de subarrendarlas, y el derecho de tanteo á favor de los vecinos, así en las compras como en los arrendamientos de las heredades de sus respectivos términos municipales. Luego unos recomendaron la tasa de los jornales y de la cabida de los predios que habia de poseer y cultivar cada labrador; otros la prohibicion de adquirir más tierras que las que cada uno pudiese labrar por sí;

(1) Gobierno político de la agricultura, part. 3.a
(2) Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los medios por donde se pudiera tratar de su reparo, 1622. Anónimo. 1.a parte, c 14 y 15.
(3) Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia, 1775, p. 34, 44, 48 y 198.
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pañía de ginetes del bando de D. Alonso de Monroy, el famoso y hercúleo Clavero de Alcántara. A los catorce años enviaron sus padres á Fernando á estudiar á Salamanca, donde pasó dos aprendiendo gramática, pues pensaban dedicarle al estudio de las leyes. El P. Las Casas concede que fué buen latino y bachiller en leyes. Al cabo de aquel tiempo se volvió á Medellín, ó harto de libros ó falta de dinero, pesándoles mucho á sus padres esta resolución. Era bullicioso, altivo, travieso y amigo de armas, por lo cual se inclinó á la guerra, dudando si encaminarse á Nápoles con Gonzalo Fernández de Córdoba, ó si á las Indias con Nicolás de Obando, comendador de Lares que iba por gobernador de la Española. Decidióse por lo último; por las relaciones de familia y paisanaje con Obando, que podría protegerle. Hubo de suspender el viaje por una caída y enfermedad granjeadas en cierta empresa amorosa, y cuando fué sano, determinó pasar á Italia; pero tampoco lo hizo por entonces. En 1504 á los 19 años, fué cuando se embarcó Cortés para las Indias en Sanlúcar de Barrameda en una nave de Alonso Quintero, vecino de Palos, haciendo peligrosa navegación. Cuando llegó á Santo Domingo no estaba allí el gobernador, y desde luego se empleó en la guerra contra Anacaona á las órdenes de Diego Velázquez. Obando le dió la escribanía del ayuntamiento de Azua, donde vivió cinco ó seis años, y se dió á granjerías y negocios para los que tuvo siempre muy notable aptitud. En 1511 fué á la conquista de Cuba, encomendada por el almirante don Diego Colón á Diego Velázquez, en calidad de oficial del tesorero Miguel de Pasamonte. En la repartición que hizo aquel caudillo después de conquistada la isla, dió á Cortés los indios de Manicalao. Vivió el futuro conquistador en Santiago de Baracoa dedicado á la ganadería y á la agricultura, y en breve llegó á ser rico. Casó con doña Catalina Suárez La Marcaida, hija de Granada, aunque primero tuvo sobre ello algunas pendencias y estuvo preso, porque no la quería él por mujer y ella le demandaba la palabra. De aquí vinieron, según los más de sus biógrafos, sus disidencias con Velázquez, quien mantenía relaciones amorosas con una hermana de doña Catalina; el haberse refugiado Cortés á sagrado, y, al cabo de interesantes aventuras, su extraordinario modo de reconciliación con el gobernador. En 1518 estas nubes habían pasado; Cortés tenía 33 años, era rico, respetado, alcalde de Santiago y vivía en buena armonía con su mujer. Velázquez fué padrino de uno de sus hijos.

Resuelto el gobernador á enviar al Yucatán una expedición que continuara los descubrimientos iniciados con poca suerte por Hernando de Córdova y Juan Grijalba, rogó á Cortés que tomase parte en la flota,