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sirvieron de fundamento ó de excusa á la expropiacion casi universal de los indios de América. Así, descubierto y conquistado aquel nuevo hemisferio, entendiése generalmente que los Reyes Católicos, como señores jurisdiccionales de él, se habían hecho dueños de toda la tierra, incluso la porción que poseyeron privadamente los indígenas. Por eso se repartieron en su nombre y por su mandado campos, heredades y edificios á los soldados de la conquista y á los nuevos colonos, ya en encomienda, ó ya por juro de heredad, sin tener en cuenta para nada el derecho y la posesión de los naturales.

Mas aunque fuese generalmente reconocida la potestad del Estado para obrar de esta manera, hubo ya entonces políticos y juristas que, animados de un espíritu más cristiano ó más conforme á las tendencias de la civilización, distinguían entre la jurisdicción y el dominio, y defendiendo la libertad personal de los indios, sostuvieron que no había derecho para despojarlos de sus propiedades. Esta diversidad de pareceres dio lugar á una interesante y famosa controversia sobre los límites de la potestad del Estado en las nuevas tierras de conquista.

La determinación de estos límites dependía principalmente de la de otro punto, antes ya muy debatido, entre juristas, teólogos y políticos, el de si era lícito llevar la guerra y el despojo á las tierras de infieles, sin otra causa que la de su propia infidelidad. El Hostiense, el Panormitano, Baldo, Oldrado, Torquemada, Santo Tomás y otros moralistas habían defendido la conclusión afirmativa. Decían, entre otras cosas, para justificarla, que si bien los infieles adquirieron válidamente sus dominios por derecho de gentes, pudieron ser privados de ellos, desde que constituido Cristo en monarca absoluto del mundo, trasmitió su potestad á San Pedro y sus sucesores, y con ella la de encargar á los reyes la sujeción de los pueblos no cristianos, á fin de asegurar en ellos el cumplimiento de la misión evangélica. Apoyados en esta doctrina Palacios Rubios, Sepúlveda, Gregorio López, Borrel, Sandero, Marta, Cevallos, Bovadilla, Herrera y otros legistas, entendían que el papa Alejandro VI, por su célebre Bula de anexión de las Indias, había otorgado á los reyes de España la jurisdicción y el dominio de todo lo que en aquellas habían conquistado y conquistasen, con cargo de cuidar de la conversión de los indios y de la propagación de la fe católica.

Para fundar más la justicia de la conquista y la necesidad del despojo, alegaban Sepúlveda (1) y Solorzano (2) que, siendo todos los indios bárba-

(1) Apología pro libro De justia belli causis.
(2) Politica indiana, lib. I., c. 9.
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Y SU CÓRTE DE LITERATOS.

Ilero castellano llamado Carvajal, decidor, poeta y galan, que desterrado de Castilla, hubo de fijar su residencia en Nápoles, y allí sus ojos en la bella querida del monarca. Aconteció que cierto dia, en una de las academias de poesía que se celebraban en palacio, presididas por D. Alfonso y con asistencia de Lucrecia, ocurriósele á Carvajal leer ó recitar los siguientes versos:

Decidme, gentil senhora,
¿qué vida passaes agora?
Si es tal como solia
quanto bien á mí seria,
porque vuestra pena, mía
es mas que vuestra, senhora.
Yo vos veo muy penada
mal contenta et despagada,
pero non menos amada
de mi por cierto, senhora.

Si estos versos iban ó no dirigidos á Lucrecia, cosa es que no ha podido averiguarse, pero es lo cierto que al rey no hubieron de parecerle bien, que hubo de terminar la academia en cuanto se concluyó su lectura, y que Carvajal salía á las pocas horas desterrado de Nápoles como había salido de Castilla.

Otro poeta castellano, Juan de Tapia, se dirige en una poesía á Lucrecia, y le dice:

Dama de tan buen semblante
que la vuestra gran bondad
fase la guerra
á quien fa temblar la tierra
desde Poniente á Levante,
vos fuisteis la más fermosa
donsella que fué nascida;
muy honesta el virtuosa
de todos bienes cumplida.

Es de suponer que al poeta que llamaba á Lucrecia doncella honesta y virtuosa, no le cabría la misma malaventurada suerte que tocó á su compañero Carvajal.

Tambien Juan de Andújar elogia de Lucrecia

la gran fermosura, la bella presencia,

y disculpa los extravíos amorosos del monarca diciendo que
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ros é idólatras, y muchos de ellos antropófagos, sodomitas, incestuosos, polígonos, blasfemos y dados á la embriaguez y á los sacrificios humanos, había derecho en los cristianos para sojuzgarlos, á fin de que reconociesen la ley natural que quebrantaban con sus torpes vicios, y no impidieran la propagación de la fé con sus persecuciones y sus escandalosos ejemplos: salvar las vidas inocentes que sacrificaban á sus falsos dioses; corregir sus malas costumbres y traerles al gremio de la iglesia. Sepúlveda admitía el uso indirecto de la fuerza para obligar á los infieles á recibir la fé; y contestando á los que decían que antes de hacer la guerra á los indios debió intentarse disuadirles de la idolatría, ponderaba las dificultades prácticas y la ineficacia definitiva de este plan. Solorzano reconocía que los mejicanos, los peruanos y los chilenos se hallaban en cierto estado de civilización, que no autorizaba el despojo de sus dominios particulares, aunque sí el de su soberanía; pero convenía en que siendo los demás indios bozales y silvestres, que andaban desnudos por los montes comiéndose unos á otros, era lícito reducirlos á la servidumbre y privarles de sus bienes, por cuanto sólo así podía civilizárseles y hacerles cristianos.

Otros escritores iban aún más lejos en la defensa de esta tesis, afirmando que los indios no eran dueños legítimos de sus bienes, ántes de la conquista, porque careciendo de la razón necesaria para gobernarse á sí mismos, eran siervos incapaces de dominio, y las que llamaban sus tierras debían pertenecer al primero que las ocupase. Ni faltaba siquiera, quien olvidando los anatemas del Concilio de Costanza contra los Valdenses y Wiclef, que atribuían al pecado el efecto de privar del dominio; invocando textos mal entendidos del Génesis y San Agustín; y recordando que la confiscación era una de las penas de la herejía, opinaban que los indios por infieles, herejes y pecadores, no tenían derecho á conservar sus propiedades.

Pero otros teólogos y canonistas famosos, tales como Inocencio, Juan Andrés, Felino, Decio y Cayetano, habían defendido por el contrario no ser lícita la guerra contra infieles que no tuvieran noticia del evangelio ni ocuparan tierras usurpadas á los cristianos. Esta misma doctrina sostuvieron después de la conquista, Belarmín, Covarrubias, Suárez, Menchaca, Navarro, Barbosa y otros escritores; y aplicándola al caso el insigne Las Casas, el sapientísimo Soto, el doctor Victoria, Córdoba, Acosta, Molina, Valencia, Salas y otros jurisconsultos y teólogos, entendían que la bula de Alejandro VI había encomendado á los reyes de España el cuidado de la conversión y la protección de los indios, y su tutela y mantenimiento en
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paz después de convertidos; pero no les facultaba de modo alguno para privarles de sus bienes, como no incurrieran en delitos que mereciesen este castigo. A los que excusaban el despojo de los indios con su infidelidad, contestaba el padre Victoria (1) que los herejes conservan sus dominios mientras que no son condenados por la iglesia con las formalidades canónicas, y que los judíos y los mahometanos poseían tranquilamente entonces los suyos. A los que negaban á los indios la capacidad jurídica para el dominio, por razón de su barbarie ó ignorancia, oponía el ejemplo de los niños y los dementes á los cuales no priva la ley del carácter de propietarios.

Defensa más esforzada de la propiedad como institución, aunque no de la de los indios, hizo Gerónimo Cevallos, sosteniendo que si bien los infieles pueden ser debelados y despojados, cuando no admiten predicadores cristianos, la mera infidelidad no es justa causa para declararles la guerra y despojarles de sus propiedades. Fundábase en que el dominio, obra del derecho de gentes, que tiene su raíz en la naturaleza y no en la gracia divina, pueden disfrutarlo los pueblos bárbaros e infieles, lo mismo que los civilizados y cristianos. Mas apoyándose luego en el hecho de haber los indios tratado de impedir la predicación del evangelio y el tránsito y la morada á que los españoles tenían perfecto derecho, tanto en aquellas como en todas las regiones del mundo, concluía que fue lícito hacerles la guerra, sujetar sus personas y ocupar sus bienes, no á título de infieles, sino de enemigos. A esta guerra y á este despojo tenían igual derecho todas las naciones cristianas, pero Cevallos fundaba el exclusivo de los españoles en la prioridad del descubrimiento y de la ocupación, con los riesgos y gastos consiguientes á tan árdua empresa; en que la concurrencia simultánea de varias naciones ocasionaría conflictos que perjudicarían al fin de la ocupación; y en el privilegio pontificio, porque teniendo el Papa potestad sobre todas las cosas temporales que afectan á las espirituales, pudo dar á los españoles la misión exclusiva de llevar á las Indias el evangelio, venciendo la resistencia que opusieran los naturales á su predicación.

A todos excedió, como es sabido, en la defensa de los indios el insigne Padre Las Casas, riendo por ellos, ora con su acerada pluma, ora con su elocuente palabra, los más rudos combates contra adversarios poderosos. Disputando con ellos ante Carlos V como en justa literaria, para instrucción

(1) Tract. de indias insularis.
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del emperador, sostenia que la religion cristiana, igual siempre en sus actos y acomodada á todas las naciones del globo, no roba á ninguna su libertad, ni viola ninguno de sus propios derechos, bajo pretexto de una supuesta servidumbre, fundada en la naturaleza. «Destierre V. M. de sus dominios, »decía, tan monstruosa oposicion, en los principios de su reinado, para que »pueda hacerlo Dios largo y glorioso.» En sus escritos, á vueltas de juicios apasionados, y de exageradas y quiméricas relaciones, sostenia que la infidelidad religiosa no priva á ninguna nacion de sus derechos politicos: que la Santa Sede no habia concedido á los Reyes Católicos más derecho en el Nuevo Mundo, que el de convertir á los indios y mantenerlos en paz: que no era legitima ninguna autoridad que descansara en otros fundamentos; y que la regla más cierta y conveniente que los cristianos pueden dar á los infieles, es el buen ejemplo de obras virtuosas, para que juzguen que quien tales adoradores tiene no puede ser sino el bueno y verdadero Dios (1).

Con esta célebre controversia no recuperaron los indios sus justos dominios, pero alcanzaron por lo menos nuevas leyes encaminadas á mejorar su suerte, las cuales si no al pronto, con el transcurso del tiempo, tuvieron aplicacion y buen suceso. Con ella tambien se pusieron de manifiesto nuevas ideas acerca de la independencia de la propiedad y su separacion de la soberania, que germinaron despues y han prevalecido al fin. Católicos tan fervientes como Las Casas, Victoria y Cevallos no podian impugnar la Bula de Alejandro VI, que otorgaba á nuestros reyes el imperio del Nuevo Mundo: ni espanoles tan buenos como ellos habian de renunciar á aquella insigne merced; pero la interpretaron en el sentido mas favorable á la libertad personal y los derechos del dominio, no obstante comprender su concesion «todos los señoríos de las Indias, ciudades, castillos, lugares, »villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias.»

III.

EXPROPIACION Y EXPULSION DE LOS JUDIOS.

Los limites del poder del Estado sobre la propiedad privada dependian tambien, muy principalmente en la Edad Media, de la condicion politica de las personas. El rey no podia disponer sino con las formalidades y restric-

(1) Tratado de las treinta proposiciones.—Historia general de las Indias, lib. 3, c. 116, M. S.
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ciones antes dichas, de los bienes de sus vasallos cristianos, nobles ó plebeyos, mas no se dispensaba el mismo favor á los de los hombres de otra ley, por razon de su diferente estado político, aunque fueran tambien vasallos. Los judíos y los mudejares vivian sujetos á condiciones especiales impuestas exclusivamente por convenciones particulares ó por las leyes civiles, y así el dominio que disfrutaban, más que del derecho de gentes, era obra del legislador ó de las circunstancias. Unos y otros, más bien que naturales y vecinos, eran huéspedes tolerados, que vivian entre los cristianos, pero no por derecho propio. Rigiéndose en el orden doméstico de sus relaciones privadas por el derecho civil de su respectiva raza, gobernados por sus propios jueces, y sujetos á una legislacion especial en sus relaciones con el Estado y con la comunidad cristiana, su propiedad no podia menos de hallarse sometida tambien á condiciones excepcionales.

Reinando el rey Egica fueron acusados los judíos de conspiracion contra el Estado. Si esta acusacion hubiera recaido sobre un pueblo cristiano, el rey habria castigado y proscrito solamente á los individuos convictos ó sospechados al menos de conspiradores; pero como los infieles no disfrutaban los derechos de ciudadania, estando siempre su libertad y su hacienda, cuando no su vida, á merced de la corona, Egica, con aprobacion del concilio XVII de Toledo, creyó usar de su derecho, reduciendo á la esclavitud y confiscando por consiguiente sus bienes, á todos los israelitas españoles, sin distincion de sexos ni de edades. Cómplices en la perdida de España, y viviendo después en ella segun su ley, asi entre moros como entre cristianos, dedicados á la industria y al comercio, disponian libremente de sus capitales, dándolos á crecido logro, en uso de la libertad que su propio derecho les otorgaba, para prestar á usura sin limitacion alguna, á los hombres de otra religion (1). Pero como el permiso de usar sus propias leyes era más bien gracia que derecho, D. Alfonso el Sábio no tuvo reparo en limitarlo, sujetando á tasa el interés de sus préstamos, si bien el señalado como máximum no debiera descontentar al usurero más codicioso. Ordenó, pues, el rey Sábio que no excediera aquel interés de 1 por 3 al año (33 1/3 por 100): que no devengaran ninguna los réditos vencidos, y que cualquiera que fuese el plazo de las deudas, no sobrepujara la usura del prestamista al importe del capital prestado (2). Signiendolo luego este ejemplo D. Sancho IV, no sólo confirmó la referida ordenanza de su padre,

(1) "Non fienerabis fratri tuo ad usuram... sed alieno," Deuteronomio, c. 23.
(2) Cortés de Burgos de 1215, pet. 26.
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quebrantada á la verdad frecuentemente, sino que perdonó la tercera parte de las doudas existentes á favor de judios y moros, e inhabilitó á estos infieles para adquirir y poseer bienes raices, excepto las casas de su morada, mandándoles enajenar dentro de un año los que disfrutásen (1). Esta incapacidad no había sin duda pesado ántes sobre los judios, puesto que San Fernando repartió heredamientos en Sevilla á algunos de ellos, que eran sus almojarifíes, contadores ó criados.

Una vez admitida la jurisprudencia de que el Estado podía disponer á su arbitrio de la hacienda de los judios, apenas se reunían Córtes en que no se pidiera alguna providencia contra ellos. Lamentábanse los procuradores de sus grandes usuras, y denunciaban los fraudes y simulaciones con que eludian las leyes dictadas para reprimirlas; pero como no discurrian otro remedio que el de nuevas tasas de los intereses y nuevos perdones y plazos de las deudas, agravaban cada vez más el daño. Así D. Alfonso XI no pudo rehusar á las Córtes de Madrid de 1329 una remisión de la cuarta parte de las deudas á favor de los judios, con espera para el pago del resto y la renovacion de la ley que inhabilitaba á los infieles para poseer bienes raices (2). Tampoco negó el mismo monarca otra remision y otra moratoria semejantes á las Córtes de Alcalá de 1348, si bien adoptando además otras providencias á su parecer más eficaces para remediar el daño de la usura, aunque tampoco hubieron de surtir mejor efecto. D. Alfonso prohibió entonces á judios y á moros prestar á logro á los cristianos, habilitándoles, como en compensacion, para adquirir y poseer, además de las casas de su morada, heredades en tierras realengas, cuyo valor no excediera, segun los lugares, de 20 á 30.000 maravedís (3). Conocida la ineficacia de esta ley, las Córtes de Valladolid de 1351 pidieron su derogacion á la vez que nuevos perdones y esperas de las deudas existentes, y la supresion del fuero especial de tener jueces de su ley, que siempre habian disfrutado los judios. El rey D. Pedro no accedió á esta pretension, alegando excelentes razones (4); pero reproducida en parte por las Córtes de Burgos de 1377,

(1) Córtes de Valladolid de 1293, pet. 24 y 26. D. Sancho había dado esta misma ley á León en 1288.
(2) Pet. 52 y 57.
(3) 30.000 maravedís en las tierras realengas allende el Duero y 20.000 en las de aquende, además de los inmuebles que á la sazon poseyeren las juderías y los que con licencia de los señores, adquirieran en los lugares de abadengo, señorío ó behetría. (Ordenamiento de Alcalá, c. 56 y 57.—Córtes de Alcalá de 1348, pet. 18 y n. 54 y 55).
(4) Pet. 64, 66, 68, 75 y 76. D. Pedro fundó su resolución negativa en que los cristianos renovaban sus deudas, reconociendo intereses exorbitantes, con la esperanza
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POR UTILIDAD PÚBLICA.

D. Enrique II concedió el perdón y la espera antes denegados, y prohibió á los judíos comprar ó vender á los cristianos cosa alguna (1). Otra reducción y moratoria de sus créditos sufrieron además aquellos desgraciados sectarios, de unas Cortes de Segovia, reinando D. Juan I; y aún habrían experimentado otra más al poco tiempo si el rey no la hubiera negado á las Cortes de Valladolid de 1385, por estar la anterior tan reciente.

A estas expoliaciones decretadas por el soberano, en uso de su alto señorío sobre las personas y bienes de los infieles, siguieron las matanzas, saqueos y depredaciones populares de que tantas veces fueron víctimas los desdichados judíos, hasta que los Reyes Católicos pusieron término á la encarnizada lucha de astucia y fanatismo, derechos é intereses, en que incesantemente vivieron con el pueblo cristiano, arrojándolos de España y obligándoles á abandonar sus bienes. Como vasallos cuyos derechos civiles se fundaban únicamente en la mutable ley positiva, según las ideas del tiempo, nadie dudó de la facultad del legislador, no sólo para adoptar aquella providencia con los israelitas, sino también para confiscarles sus propiedades, ya que el fanatismo religioso y la animadversión popular aconsejaban su extrañamiento. Los Reyes Católicos no llegaron, sin embargo, en este punto, al límite de lo que creían su derecho. No se apropiaron los bienes de los expulsos, pero extrañándoles con la condición de enajenarlos en el angustioso término de cuatro meses, sin permitirles sacar del reino su importe en metálico, les obligaron á malbaratarlos y les despojaron indirectamente de una parte muy considerable de su hacienda. Esta debió ser cuantiosa, no habiéndose guardado en Castilla la ordenanza de D. Alfonso XI, arriba citada, que le puso límite, y no habiéndolo tenido nunca en Aragón la facultad de adquirir bienes raíces (2). Así cuenta un historiador contemporáneo (3) que se llegó á cambiar una casa por un asno, y una viña por un pedazo de paño ó lienzo, y que «los cristianos

de no pagarlas ó de lograr su reducción; que con estos perdones andaban los judíos muy estragados y pobres; y que como eran estos gente flaca y los oficiales reales no solían hacerles justicia, y los cristianos litigaban maliciosamente con ellos, abusando de su debilidad y de su ignorancia de las leyes, lejos de privarles de su fuero les ponía entregadores, como los habían tenido antiguamente, que hicieran efectivos sus créditos, y les daba el privilegio de que contra los instrumentos que los justificase, no se admitiera otra excepción en juicio, que la de falsedad ó pago.

(1) Pet. 1, 2 y 10.
(2) Sólo en Mallorca estaba prohibido á los judíos adquirir bienes raíces.
(3) El Cura de Los Palacios, Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y doña Isabel, c. 110.
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compraron por muy poco dinero muchas buenas casas y muy ricos heredamientos, porque «los judíos andaban rogando con ellos é no hallaban quien se los comprase.» A este quebranto se siguió otro no menos grave. Obligados los expulsos á sacar sus caudales en letras de cambio giradas sobre el extranjero ó en mercancías de permitida exportación, y no pudiendo hallar giro en breves días para grandes sumas de numerario en tiempos de tan escasas relaciones comerciales, y aumentándose con este motivo la demanda de las mercancías exportables, tuvieron los más que adquirir á precios excepcionales las que lograron extraer del reino. De modo que sin provecho del Estado y en beneficio tan sólo de algunos especuladores, sufrieron los judíos de Castilla una verdadera y muy cuantiosa expropiación. La de los aragoneses fué aún más completa. Obligados muchos de ellos á iglesias y corporaciones, por razón de los censales que pesaban sobre los respectivos pueblos, no pudieron ni malbaratar sus propiedades, por haber quedado embargadas al cumplimiento de aquella obligación (1).

No faltó quizá quien dudara de la equidad y de la conveniencia de aquel despojo; la misma reina católica vaciló mucho antes de decretarlo, y entre los consejeros hubo tal vez alguno que lo desaprobase, aunque más por razón de Estado que por falta de autoridad en el monarca para acordarlo; pero la mayoría de los españoles lo aplaudió en odio á la raza proscrita. Los jurisconsultos que no estimaban necesario indemnizar á los expropiados cuando la expropiación se dictaba por ley general, consideraron la de los judíos arreglada á su doctrina. Los que fundados en textos expresos de las leyes de Aragón, Valencia y Navarra juzgaban á los judíos y sarracenos hombres propios del rey ó siervos de la corona, á quienes no favorecían los lucros de la tierra, no dudaron tampoco de la potestad del Estado para disponer de sus personas y propiedades en la forma en que los Reyes Católicos lo hicieron. Así quedó consumada á gusto de todos, menos de los proscritos, aunque para mal de España, aquella expropiación memorable.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Se continuará.)

(1) Zurita, Anales, part. 5.a, lib. 1, c. 6.