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bienes y salir del reino por tiempo de dos años (1). Mas una nueva rebelión de los moriscos de Granada, seguida de una guerra larga y sangrienta, convenció á Felipe II de la necesidad de expulsarlos de aquel nuevo reino. No los extrañó, sin embargo, de todos sus dominios, porque al fin llevaban el nombre de cristianos, y no desesperaba enteramente de su salvación, pero los repartió como rebaños en las provincias de Castilla, Toledo y la Mancha, señalando á cada uno el lugar de su domicilio, e imponiéndoles otras restricciones y servidumbres (2). Así quedaron todos despojados sin compensación alguna de las heredades que disfrutaban como dueños ó como colonos, e inhabilitados además para el ejercicio de ciertas industrias, de las cuales vivían muchos de ellos. Fué aquella, por lo tanto, una verdadera y directa expropiación de cuantos bienes inmuebles y derechos reales poseían los moriscos alpujarreños. Incorporadas sus casas y sus heredades á la corona, fueron repartidas entre cristianos viejos á censo ó renta, no sin algunas dificultades, para que éstos vinieran á poblarlas, que fué preciso vencer con exenciones y privilegios (3).

Despojados, perseguidos, hambrientos os miserables moriscos, fueron desde entonces, ó más que antes, un elemento de grave perturbación dentro de la sociedad española. Como vecinos industriosos y labradores expertos, quizás habrían sido también vasallos sumisos, á no haberse usado con ellos la política intolerante y contraproducente que tantos odios y rencores engendró en sus pechos. Así no bastó su expulsión del reino de Granada para convertirlos en moradores pacíficos; hasta que acusados por fin, y no sin fundamento, de mantener tratos con los piratas berberiscos que infestaban nuestras costas, y con los moros de África que soñaban con volver á nuestra tierra, y perdida toda esperanza de hacer de ellos buenos católicos, D. Felipe III, usando de la plenitud de su potestad, decidió extrañarlos para siempre de todos sus dominios. Esta expulsión se verificó entonces con condiciones más duras y circunstancias más vejatorias que las precedentes. La de los moriscos de Valencia efectuóse mandándoles salir del reino (1609) en el término de tres días, y prohibiéndoles sacar otros bienes que los muebles de licita exportación, que pudieran llevar con

(1) Pragmáticas citadas, f. 7.
(2) Real provision de 24 de Febrero de 1571.
(3) Diéronse las casas y edificios á los nuevos pobladores por un real de censo al año; las tierras labrantías por un diezmo de sus frutos además del diezmo eclesiástico; y los olivares y morcas por un quinto de frutos en los diez primeros años, y un tercio después. (Pragm. de 27 de Setiembre de 1571).
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sus personas, á fin de que todos los demás vinieran á poder de los señores de quienes habían dependido (1). En vano se apresuraron los miserables proscritos á malbaratar sus heredades y cuanto poseían, pues fundándose los señores en que el rey les había hecho merced de todos los bienes que ellos, no pudieran llevar con sus personas, lograron se les prohibiese por bando de gobierno enajenar sus granos, ganados, aceites, casas, créditos, censos y derechos de toda especie. Aunque el rey mandó luego revocar este bando, reclamó su observancia el patriarca Rivera (2), que tanto había contribuido á la expulsión; y así por esto como por la imposibilidad de vender en cortos momentos tan grande masa de bienes, la expropiación de los moriscos valencianos, fué una de las más completas que han tenido lugar en España.

Ni fué su propiedad la única violada, pues igual suerte sufrió también la de los cristianos viejos, señores directos de la tierra. Eran los más de aquellos moriscos colonos forzosos de las heredades en que estos señores tenían su directo dominio, y muchos eran además deudores á ellos por censos ó prestaciones de frutos ó servicios. Expulsados del territorio, no sólo perdieron los señores el derecho á que sus vasallos les cultivaran sus tierras con determinadas condiciones, sino el de percibir de ellos ó de los de otros señores, los censos ó los servicios estipulados. En compensación de estos daños y quebrantos, les hizo el rey merced de los bienes que abandonaran los moriscos; pero si algunos ganaron trocando sus vasallos y sus derechos feudales por el dominio pleno de las tierras, en que sólo disfrutaban el directo, ó no tenían ninguno, no pocos hubieron de perder en el cambio, ya porque tardaron mucho en hallar colonos que cultivaran las heredades abandonadas, ya porque tuvieran que darlas á cristianos con condiciones menos ventajosas, que no compensaban las pérdidas sufridas, y ya, en fin, porque muchos lugares se perdieron del todo, por no haber quien los repoblase.

A la expulsión de los moriscos valencianos, siguió la de los trasladados por Felipe II de Granada á Toledo, la Mancha y Castilla. Al saber los de

(1) Solamente fueron excluidos de la expulsión los menores de cuatro años, si sus padres los dejaban voluntariamente al cuidado de cristianos viejos, y seis labradores moriscos en cada lugar de cien casas, á fin de que enseñaran á los nuevos pobladores las prácticas del cultivo. Los que fueran encontrados después de los tres días, dentro del reino, podrían ser presos y despojados por cualquier vecino, y aún muertos si se defendían.
(2) Jaener, Expulsion de los moriscos, cole. diplom., n. 98, 100 y 101.
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cados, cuando un oficial que se hallaba presente dijo á otro en voz baja:
—Con esta suma labraría yo la felicidad de mi familia.—«Pues nada más fácil que ello,» dijo D. Alfonso, á cuyos oídos habían llegado aquellas palabras. Y mandó entregársela en el acto.

Se ha escrito un libro sólo con las frases felices y máximas que se le atribuyen. Entre ellas hay las siguientes:

«Para que viva en paz un matrimonio, es preciso que el marido esté sordo y ciega la mujer.

»Los reyes deben ser sabios y amar á los sabios.

»Antes preferiría perder todos mis reinos que las pocas letras que poseo.

»El rey que, sin criterio y juicio propio, no ve más que por los ojos de sus ministros, vive solo en medio de afrentas y angustias.»

Tenía por divisa: Pro lege et grege.

Cuántanse también grandes rasgos de su liberalidad. Cuando el emperador Federico III, por los años de 1452, fué á visitar en Nápoles á don Alfonso, éste le obsequió con grandes fiestas y entre ellas con una cacería nocturna á la luz de las antorchas, orillas del lago de Agnano, de la cual dice M. de Sismondi que fué una fiesta de hadas. En aquella ocasión Alfonso mandó á todos los tenderos y mercaderes de Nápoles que diesen gratis cuanto pidiesen los alemanes que iban con el emperador Federico, y luego pagó de su bolsillo todas las cuentas que le presentaron los mercaderes.

No estuvo sin embargo este rey exento de vicios y defectos, y ya en mi Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, con datos y documentos procuré demostrar que, en medio de merecer muchos elogios, pues fué realmente un monarca de altas dotes y cualidades, hay que tomar sin embargo, bajo partida de inventario, todo lo que de él dicen sus encomiásticos panegíristas. Pero no es de semejante lugar el discurrir sobre este punto, ya que sólo hay que hablar en estos estudios de D. Alfonso como hombre de letras y como protector de los talentos de su época, dando á conocer aquí ciertos hechos y detalles históricos que por demasiado minuciosos no pudieron tener cabida en la obra á la cual me he referido.

Un monarca que supo hacer subditas suyas á la gloria y á la fortuna, y proteger de la manera eficaz que se acaba de ver á los ingenios de su tiempo, debía ser tan ardientemente ensalzado en vida como dolorosamente llorado en muerte. Varias son las composiciones poéticas que se escribieron para lamentar su pérdida, y de ellasafortunadamente se con-
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estas provincias la triste suerte de sus hermanos de Valencia, se apresuraron á enajenar sus bienes; mas el rey mandó desde luego suspender estas enajenaciones, y á los pocos días (28 de Diciembre de 1609) fulminó un decreto de expulsion contra todos aquellos que, á juicio de los obispos, no se hubieran conducido como cristianos viejos, prohibiéndoles enajenar sus bienes raíces y dándoles un plazo de treinta días para vender los muebles y semovientes. A este extrañamiento siguió el de los moriscos que aún quedaban en Castilla y en otras provincias, sin permitirles enajenar sus haciendas, más que á unos pocos que obtuvieron por gracia especial este permiso, ni sacar sus joyas, sin pagar al fisco por tributo, el otro tanto de su valor. Así quedó consumada la expropiación directa y completa de toda la propiedad territorial que disfrutaban en España los descendientes de aquellos que en otro tiempo la invadieron y la habían dominado por espacio de ocho siglos.

¿Y qué pensaban de estos crueldes despojos los políticos y los jurisconsultos de la época? No faltó quizá entonces quien dudara de su conveniencia, pero nadie osó negar al soberano la facultad de decretarlos. Eran los moriscos vasallos inquietos y peligrosos, y el rey, como señor de la tierra, podía mandarles salir de ella, no favoreciéndoles ninguno de los privilegios con que los vasallos cristianos hubieran podido resistir una providencia semejante, ya por razón de su hidalguía, ya por los fueros especiales que disfrutaban los lugares en que moraban. Podía el rey despojarles de su calidad de naturales y vasallos, y reducidos así al estado de extranjeros, negarles todo asilo en la tierra. Como extranjeros estaban inhabilitados por la ley, para poseer heredamientos y debían por lo tanto despenderse de los que tuviesen. Tal era entonces la doctrina jurídica aplicable al caso. Los Reyes Católicos la aplicaron exactamente, permitiendo á los judíos y á los mudejares la enajenación de sus propiedades, por más que las condiciones que les impusieron para verificarlo, equivalieran á una parcial expropiación. Felipe II tampoco rehusó aplicar la misma doctrina, pues aunque confiscó sus bienes á los moriscos granadinos, fué en pena de su rebelión. Mas Felipe III prescindió ya de ella dando á los señores valencianos ó incorporando á la corona los bienes de los moriscos expulsados, no por vía de castigo, sino como medida de precaución dictada en uso de la potestad plena y absoluta que muchos jurisconsultos y moralistas negaban resueltamente. Así aquella expulsión, si fué para los fanáticos un acto piadoso y para los partidarios de la razon de Estado, ya un acto político conveniente, aunque un tanto maquiavélico, ó ya una providencia económicamente de-
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sastrosa, debió ser para los juristas, á causa del despojo que la acompañaba, un acto lícito ó ilícito según la doctrina que profesaran acerca de la potestad plena del rey, puesto que no cabía de modo alguno dentro de su potestad ordinaria. Si se hubiera entonces permitido escribir contra los decretos reales, no habría faltado de seguro quien desaprobase los de Felipe III sobre aquel importante suceso de su reinado.

V.

EXPROPIACION DE SALINAS.

Con las expropiaciones antes referidas coincidieron en parte algunas otras directas también, de propiedades especiales pertenecientes á cristianos viejos y fundadas asimismo en motivos de bien comun. Tales fueron las que ordenaron D. Alfonso XI y D. Felipe II de las salinas de dominio privado. Hé aquí ahora cómo este ramo de la riqueza pública vino á caer bajo el monopolio del fisco.

El derecho feudal comun había declarado propiedad exclusiva de los soberanos las rentas de las salinas de sus respectivos territorios (1). En su consecuencia, los señores feudales solían establecer alfajes, á donde hacían llevar y vender por sus dependientes, toda la sal de sus criaderos, prohibiendo á sus vasallos comprarla ó venderla fuera de la medida señalada por ellos; ó bien exigían un tributo á los mismos vasallos, por la libertad de este comercio. Sin embargo, los intérpretes del derecho calificaban de usurpación este monopolio, por cuanto explicando el texto de la ley feudal por otros de Justiniano y las Pandectas (2), entendían que el primero se refería solamente á las salinas que no fueran de propiedad particular, y opinaban que por derecho comun, los dueños de las de propiedad privada podían vender libremente sus sales, así como todos podían comprarlas con igual libertad.

D. Alfonso el Sábio, prescindiendo de esta distinción en las Partidas, declaró (3) del dominio de los emperadores y los reyes, entre otras cosas, las «rentas de las salinas... para que oviesen con que se mantoviesen hon-

(1) Feudorum constitutiones, lib. 2, t. 56.
(2) Andrés Isern, in cap. 1 verb. Reddibus. Quae sint regalia in usibus feudor. Hoatiense, In c. super quibundam, col. 1.º De verbis, signif.
(3) Ley 11, t. 28, Part. 3.ª
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»radamente en sus despensas, é con que pudiesen amparar sus tierras, é sus reynados, é guerrear contra los enemigos, é por que pudiesen excusar sus pueblos de echarles muchos pechos é de facelles otros agravamientos.» No se sabe si antes de este tiempo eran ya de hecho en España propiedad de la corona todas las salinas del reino ó su mayor parte. Inclíname á pensar que pertenecían sin contradiccion al rey todas las que se hallaban en tierras realengas, y que de las existentes en tierras de señorío, las más serían propias de los señores, y algunas estarían bajo el dominio privado ó el de la corona. Consta, sí, que hasta D. Alfonso XI, las salinas reales surtían á los pueblos (1), enviándoles sus productos por medio de los alvareros, los cuales, habiendo incurrido en graves abusos y estafas, tuvo aquel monarca que suprimirlos y establecer alfollies por cuenta del Erario, en los lugares en que había abundancia de sal, obligando á los vassallos, no sólo á surtirse en ellos, sino á comprarla en cantidad cierta, muy superior á veces á la que podía consumirse. Así, las Cortes de Alcalá de Henares de 1345 (2) pidieron la supresión de ciertos alfollies nuevamente establecidos, por la extorsion que les causaba la obligacion de surtirse en ellos y no en otros lugares más cercanos. Así también las Cortes de la misma ciudad de 1348 (3), fundándose en que los salineros repartían á algunos pueblos mayor cantidad de sal de la que les correspondía, según los últimos repartimientos, y á veces les movían pleitos y sacaban prendas, porque después de pagar y no tomar de ellos la que se les había repartido, compraban la que habían menester en lugares más cercanos, pidieron al rey que no se obligase á estos pueblos á pagar dos veces la sal que no habían consumido y que en adelante pudiesen todos surtirse libremente y sin repartimiento, en las salinas reales, de toda la que necesitaran. D. Alfonso XI respondió á la primera de estas peticiones que mandaría suprimir los alfollies que no fueran necesarios; y á la segunda, que no se obligaría á pagar más sal que la señalada en los últimos repartos, pero que en cuanto al surtido libre y sin tasa, proveería lo conveniente. Y se llevaba este repartimiento con tanto rigor, que solían hacerse de tiempo en

(1) En las Cortes de Medina del Campo de 1318, se quejaron los procuradores de ciertas cartas reales que se habían expedido, para que no se vendiese otra sal que la de las salinas de Atienza, y pidieron que se trajera sal de otras partes, como se había usado hasta entonces. Los tutores del rey D. Alfonso XI respondieron en su nombre, que averiguarían el caso por hombres buenos y mandarían guardar lo que se hubiera acostumbrado hasta entonces.
(2) Pet. 13.
(3) Pet. 49.
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tiempo visitas domiciliarias para averiguar la sal que tenia cada vecino en su despensa y se castigaba al que no guardaba en ella media fanega por lo menos. Las mismas Cortes de 1548 (1) pidieron al rey que no se impusiese pena por este motivo, do anda el escodrinno de la sal, y D. Alfonso ofreció proveer sobre ello dentro de un año.

Mas á pesar de todas estas providencias las salinas reales no producian todo lo que debieran, por la competencia que les hacian las de propiedad particular. Siendo el rey señor del territorio, podia segun las costumbres feudales, monopolizar la venta de la sal y aun obligar á adquirirla por vía de tributo, mas este monopolio no podia ser completo, mientras que existiesen otras salinas que no le perteneciesen. Para evitar esta competencia hubieron de situarse los alfajes reales en lugares adecuados á las necesidades del consumo; pero no siendo tampoco bastante esta precaucion, hizo uso el rey de la plenitud de su potestad, declarando por ley que le pertenecian las rentas de «todas las aguas é pozos salados que son para hacer sal,» excepto aquellos que hubiese dado por privilegio ó se hubiesen ganado por la posesion continuada del tiempo correspondiente (2). Consta, en efecto, que D. Alfonso expropió de varias salinas á las iglesias, á las órdenes militares y á los monasterios por consejo del maestre Gonzalo Martinez, y que aunque los ricos-hombres reclamaron entonces contra aquella expropiacion, y los prelados acudieron despues al rey D. Pedro en las Cortes de Valladolid, (3) con igual solicitud, ni unos ni otros lograron su deseo. Así pues, D. Alfonso «tomó para sus menesteres, según dice una peticion de las »Cortes de Burgos de 1579 (4), las salinas de todos sus regnos, é mandó »facer alfajes de sal en ciertos logares, é mando hacer repartimiento de la »sal por los logares, que le diesen por cada fanega cierta quantia de maravedís ó otras quantias á los senores de las salinas: é quier tomasen lo de »los logares la sal ó non, que pagasen las quantias de maravedís.» Estas Cortes representaron á D. Juan I contra los excesos que se cometian, repartiéndolo á los pueblos más sal de la necesaria y exigiendo por ella mayor precio que el acostumbrado. El monarca no pudo menos de confesar el agravio que recibian muchos lugares en estos repartos, pero como estuviese arrendada la renta por tiempo cierto, no pudo entonces remediarlo.

Para asegurar más este monopolio del Erario, los Reyes Catolicos pro-

(1) Pet. 25.
(2) Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 1348, cap. 121.
(3) Ordenamiento de prelados de dichas Cortes, pet. 5.
(4) Pet. 38.
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hibieron introducir sal de fuera del reino de Castilla, bajo pena de muerte de saeta, la cual habia de aplicarse sumariamente, como caso de Hermandad (1); y mandaron vender á los alfólies reales, por sólo su costo, la que viniése por mar á los puertos de Galicia y Asturias, y toda la que se criase en ciertas salinas, que se habian eximido hasta entonces de la expropiacion. Por último, Felipe II dando libertad á los pueblos en 1564, para adquirir la sal que les correspondiese por reparto, en cualquiera de las salinas del reino, y so pretexto de existir algunas de dominio privado, con el monopolio del surtido en poblaciones muy distantes de ellas, con perjuicio de los consumidores, mandó incorporar á la corona todas las de propiedad particular, con exclusion de las de Andalucía y Galicia, en las cuales no habia de labrarse sal sino con real licencia y para venderla tan sólo á los alfólies reales (2). Al ordenar el rey esta incorporacion, ofreció indemnizar á los dueños expropiados, aunque sin indicar los términos, la forma, ni el tiempo en que habia de hacerlo. Así no fué conforme esta expropiacion con la ley de Partida antes citada, que exigia el buen cambio prévio, por más que lo fuese con la doctrina de su glosador Gregorio Lopez, que permitia diferir la indemnizacion, cuando el rey no tenia fondos disponibles para darla. Alguna hubo de darse después, aunque no cumplida y suficiente, en juros sobre la misma renta de la sal, cuyo valor, faltando el pago puntual de los intereses, quedó muy reducido con el tiempo.

Así no resultó ajustada aquella expropiacion ni á la doctrina de los jurisconsultos de la época, los cuales tratando de los derechos del soberano sobre las salinas privadas, enseñaban que no podian expropiarse sin la compensacion debida. Son notables, aunque breves, las frases que dedica á este asunto Alfonso de Azevedo en su comentario á las leyes de la Recopilacion (3). Despues de decir que los jueces justos no pueden aprobar la ocupacion de las cosas privadas, sin justa recompensa, añade, citando á Rebuffo: «Hoy todo lo dan á los príncipes los jueces injustos; pero ¡ay de ellos! porque tendrán que dar estrecha cuenta de sus actos al juez supremo. Adviertan, pues, los consejeros de los reyes que si afirman que todas las cosas son de la corona, podrá decirse de ellos, con el evangelio, que su sal se desvanece, y no sirven para nada sino para ser arrojados fuera y ser objeto del desprecio de los hombres.» Cita enseguida la prag-

(1) Pragmática de 3 do Setiembre de 1484.
(2) Ley 1, t. 19, lib. 9, Nov. Rec.
(3) In. leg. 31, t. 18, lib. 6.
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mática para la incorporación de las salinas, que dejo referida, y recuerda que en Francia había dictado otra semejante el rey Felipe de Valois, para obtener recursos con que mantener la guerra en que estaba empeñado, contra el rey Eduardo de Inglaterra. La censura severa de aquella expropiación que se desprende de estas palabras, es prueba evidente de que nunca faltaron en nuestra patria escritores y jurisconsultos ilustres que mantuvieran la buena doctrina en punto á la independencia de la propiedad.

Igual suerte hubieron de correr en Aragón las salinas privadas, á pesar de que su dominio y aprovechamiento estaban garantidos por los fueros. Ya en el reinado de D. Jaime I hubo de intentarse reducirlos, cuando este monarca, á petición de las Cortes de Exca de 1265, tuvo que confirmar á los infanzones, dueños de salinas, el derecho de labrarlas y disponer de sus productos, según lo habían usado hasta entonces (1). Esto, no obstante, muchas de ellas fueron poco después vendidas por fuerza al rey don Pedro III, pagándose su precio; mas como los dueños se dieran por agravados, mandó el rey devolvérselas, siempre que ellos restituyeran la indemnización recibida; les permitió usarlas como solían, y declaró á la vez que todos los aragoneses podían comprar sal en cualquiera de las salinas del reino, según lo habían acostumbrado, así como los que eran dueños de algunas de ellas, podrían vender sus sales como solían hacerlo antiguamente (2). De esta declaración contenida en el Privilegio general del reino, se infiere que en los primeros tiempos de la monarquía aragonesa no se contaba el monopolio de la sal entre las regalías de la corona; que para que lo fuese, ocupó el Estado las de propiedad particular y señaló á todas las del reino las comarcas que necesaria y respectivamente habían de surtirse de ellas; y que agravados los vasallos de esta novedad, desistió el rey de su empeño, restableciendo la libertad antigua.

Más pronto hubo de olvidarse esta favorable declaración, y volviendo al anterior propósito, el rey D. Jaime II impuso cierto derecho sobre la sal, y mandó que todos los cabezas de casa y sus hijos mayores de siete años comprasen en los alfollés reales sendas pesas ó arrobas de aquel artículo, á doce dineros cada una. En virtud de esta disposición se reservó además la corona el derecho privativo de vender la sal de las salinas particulares, comprándola á sus dueños, por el precio medio que había tenido en los siete años anteriores, ganando la diferencia entre este precio y el de

(1) Fueros de Aragon, lib. 7, t. De inmunit. millium.
(2) Ibid. lib. 1, t. Privil. gener. pár. Item que todos los del regno.