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tado á las Córtes en Julio de 1873 por la mayoría de su comision constitucional, comenzaba diciendo (1):

«Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningun poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales: 1.º el derecho á la vida, y á la seguridad, y á la dignidad de la vida... 8.º El derecho á ser jurado y á ser juzgado por los jurados; el derecho á la defensa libérrima en juicio; el derecho, en caso de caer en culpa ó delito, á la correccion y á la purificación por medio de la pena.

Estos derechos son anteriores y superiores á toda legislacion.»

Si el jurado hubiera de ser considerado, como en este proyecto se pretendia, de la misma manera que el derecho de propiedad, el de reunion y asociacion pacificas, el de libertad de expresion de conciencia, el de libertad de trabajo y otros, seria indispensable:

1.º Adoptarlo para todas las jurisdicciones.
2.º Para todos los procesos.
3.º Reconocerlo en todas las personas.

En lo civil, en lo canónico, en lo militar, en lo administrativo, en lo penal, no podria haber más forma de procedimiento ni de organizacion judicial que el jurado. Lo correccional tendria que ser sometido á su jurisdiccion lo mismo que lo criminal. El niño y la mujer, el mendigo y el procesado, tendrian derecho á ser jueces como lo tienen á ser propietarios, á reunirse, á asociarse, á ejercitar su pensamiento, á expresar libremente su conciencia.

Hasta ahora no se ha planteado semejante sistema en ninguna parte ni en ninguna época. Y los más exagerados forjadores de utopias no han llegado tampoco, por regla general, á proponerlo. La minoría de la misma comision constitucional, al presentar otro proyecto enfrente del que la mayoría habia firmado, omitió el jurado en la enumeracion de los derechos personales y de los derechos sociales del individuo (2). Tampoco se

(1) Apéndice segundo al número 42 del Diario de las Sesiones de las Córtes Constituyentes.—Al pie del proyecto se lean los nombres de los Sres. D. Emilio Castelar, D. Eduardo Palanco, D. Santiago Soler, D. Eduardo Chao, D. Joaquín Gil Berges, D. Manuel Pedregal, D. José Antonio Guerrero, D. Rafael Labra, D. Tomás Andrés de Andrés Montalvo, D. Eleuterio Maisonnave, D. Benigno Rebullida, D. Luis del Río y Ramos, D. Juan Manuel Paz Novoa, D. Rafael Cervera, D. Joaquín Martín de Ollas, D. Pedro J. Moreno Rodríguez y D. Francisco de Paula Canalejas.
(2) Apéndice 1.º al número 60 del Diario de las Sesiones.—Firman el voto particular los Sres. D. Francisco Díaz Quintero y D. Ramón Cala.
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encuentra el jurado entre los «Derechos naturales de la personalidad humana,» en otro proyecto redactado por dos de los más importantes miembros del partido republicano federal, á pesar de que uno de ellos es tambien uno de los individuos de la mayoría de la comisión (1).

En ningun país existe ni ha existido el jurado para todas las jurisdicciones. En Inglaterra mismo, en donde desde hace siglos se conoce para lo civil lo mismo que para lo penal, hay muchos tribunales especiales, y lo ha sido hasta hace muy poco la aristocrática cámara de los Lores, no despojada todavía por completo de sus atribuciones judiciales.

Tampoco, aún dentro de la jurisdiccion ordinaria, se ha extendido en ninguna parte el jurado á todos los procesos. Se le ha reservado el conocimiento de los formados á los reos de crímenes, ó de delitos muy graves, dejando todos los demás sometidos á jueces de profesion.

Por último, no se ha visto legislacion alguna que no exija condiciones de edad, de sexo y otras de capacidad á los jurados.

La Constitucion española de 1869 no nombra al jurado en su título 1., destinado, como es bien sabido de todos, á consignar y definir los derechos de los españoles. En su título 7., que trata del poder judicial, un artículo dice que se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos politicos y para los comunes que determine la ley; y que la ley determinará tambien las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de jurado. En la primera disposicion transitoria de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, se dispone que el establecimiento del jurado, con las condiciones que allí se marcan, será una de las reglas que se observen en la reforma de los procedimientos. Nada de esto autoriza ciertamente para decir que, con arreglo á la legislacion vigente hoy en España, el jurado es un derecho personal.

El Senado cuando funciona como tribunal no es un jurado. Menos aún corresponde ese nombre al Tribunal de Cuentas. En las jurisdicciones eclesiástica y militar, conservadas por el decreto de 6 de Diciembre de 1868, que trató de unificar los fueros, el jurado no es conocido. En los negocios mercantiles existía antes, y por ese mismo decreto fué suprimido. En lo contencioso-administrativo, tampoco hay juicio por jurados. En varios ra-

(1) Proyecto de bases de la Constitucion republicano-federal de España, presentado á la Asamblea federal de 1872, por Nicolas Salmeron y Alonso y Eduardo Chao, miembros de la comision nombrada en la de 1871, y actuales ministros de Justicia y Fomento.—Madrid, 1873.
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mos de la Hacienda pública y en otros de la administracion hay señaladas penalidades, que sin intervencion del jurado se imponen cuando llega el caso.

Dentro de los tribunales del fuero comun, únicos en que se ha introducido el jurado, éste no entiende en los negocios civiles, y para los penales, la ley de Eojuiciamiento establece cuatro procedimientos distintos, en uno solo de los cuales interviene el jurado. Los otros tres rigen para la gran mayoría de los juicios por faltas y delitos, pronunciando en unos las sentencias los jueces municipales, con facultad en el interesado para apelar ante los de primera instancia; entendiéndose en otros los de primera instancia, con apelación ante las Audiencias, y en los restantes las Audiencias en juicio oral é instancia única.

Según consta por los datos estadísticos que acaban de publicarse, desde 15 de Julio de 1873 á igual fecha de 1874, el tribunal supremo terminó 938 negocios civiles y 1.383 criminales. Las Audiencias y juzgados terminaron 62.842 juicios verbales, 11.096 juicios principales escritos, 9.699 incidentes y ejecuciones de sentencia, 5 recursos de fuerza, 70 asuntos contencioso-administrativos, 39.505 causas criminales. En la suma total de los trabajos judiciales que, con los anteriores, los actos de conciliación, los de jurisdicción voluntaria y los asuntos indeterminados, asciende á la considerable cantidad de 356.335, á pesar de que faltan los datos relativos á los juicios de faltas, sólo figura el jurado por 960 sentencias dadas con su concurso en los tribunales del fuero comun, únicos en que interviene y á que la estadística oficial se refiere (1).

De esto á lo que sería necesaria consecuencia de considerar como un derecho personal, ilimitable por toda autoridad y por toda ley, el ser jurado y el ser juzgado por jurados, hay sin duda una larguisima distancia. No ya el sentido comun, que en ocasiones tiene bien poca fuerza, y hasta compromete las causas por él defendidas por el placer que en atropellarlo sienten los utopistas y paradojistas cuando son tolerados como legisladores y hombres de gobierno, sino la misma naturaleza y condiciones esenciales de las cosas impedirán siempre que esa distancia sea suprimida por completo.

(1) Cuadro sinóptico de estadísticas judicial anejo al Discurso leído por el excelentísimo Sr. D. Cirilo Alvarez Martinez, presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los tribunales, celebrada el 15 de Setiembre de 1874.
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IV.

¿Qué quiere decir hoy la máxima, que con tanto énfasis pregonan algunos todavía, de que nadie debe ser juzgado sino por sus iguales?

¿Quiere decir que los nobles sean juzgados por los nobles y los plebeyos por los plebeyos? No, porque ante la ley penal no hay títulos de nobleza que valgan, y el duque de más ilustre alcurnia, si comete un delito ó una falta, cae, lo mismo que el último de sus lacayos, bajo la jurisdicción del magistrado, del juez de primera instancia ó del juez municipal, que acaso es hijo del labriego más humilde ó del más modesto comerciante.

¿Quiere decir que los ricos deben ser juzgados por los ricos, y los pobres por los pobres? ¿Los sábios por los sábios y los ignorantes por los ignorantes? ¿Los artesanos por los artesanos, y cada cual por sus compañeros de profesión, de oficio ó de clase? ¿Los parricidas por los parricidas, y los ladrones por los ladrones? ¿Los carlistas, reos de rebelión, por otros carlistas, y los demagogos cantonalistas sublevados por otros demagogos cantonalistas? No; nada de eso quiere decir la máxima de que nadie debe ser juzgado por sus iguales. Ni la riqueza, ni la ciencia, ni el oficio, ni la clase, ni la opinión política, ni nada establece ya diferencia alguna en las condiciones legales de los ciudadanos ante el Código. En este principio nos hallamos conformes todos, así los amigos del jurado como sus adversarios.

Lo que esa máxima quiere decir es que se sigue empleando por rutina una fórmula propia de otros tiempos.

El capítulo 29 de la carta magna, arrancada por los barones ingleses á Juan sin Tierra, en Junio de 1215, decía: «Ningún hombre libre sea arrestado ni reducido á prisión, ni desterrado, ni maltratado de ninguna otra, sino por el juicio legal de sus pares, ó por la ley del país.» Dos siglos antes, había dispuesto algo semejante al emperador Conrado casi en los mismos términos: «Nadie sea privado de lo suyo sino con arreglo á las leyes establecidas por nuestros antecesores y por juicio de sus iguales» (1).

Por ser juzgados por sus iguales, entendían en la Edad Media los barones eximirse de la jurisdicción de las justicias del rey; y los vecinos de las ciudades eximirse de la jurisdicción de las justicias de los barones. La

(1) L. S. Longob. I. 3, t. 8, l. 4.
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libertad misma no aparecía entonces por ninguna parte sino bajo la forma del privilegio.

Así lo reconoce el Sr. Rodríguez Pinilla, en su folleto dedicado á hacer calorosa defensa del jurado, diciendo: «La verdadera barbárie vino con el feudalismo, que después de Carlo-Magno invadió la Europa y la cubrió del denso velo de la ignorancia. Entonces, y sólo entonces, fué cuando se posecionaron del poder judicial los tribunales señoriales, los jueces únicos y permanentes. Pero tales fueron las violencias, las tropelías y las iniquidades que ello produjo, que el mismo San Luis se vió en la necesidad de recordar las saludables antiguas prácticas, y ordenó: «Que nadie del reino de los francos pudiere en adelante ser privado de ninguno de sus derechos, sino mediante el juicio prévio de sus iguales.»—Cierto que éste no era ya el juicio del país, puesto que á la igualdad política reemplazaban las categorías, y esto en su esencia es contrario á la índole esencial del jurado, pero se aproximaba á él por la forma; y hé ahí por qué, superficialmente juzgando, dan muchos un mismo origen á los dos tan opuestos sistemas del jurado» (1).

Hoy no hay razón alguna para que los procesados, quienesquiera que sean, vean sus iguales en los jurados, y no los vean en los jueces. Ni la designación de sorteo, ni la posible falta de conocimientos jurídicos, y de títulos universitarios, ni la irresponsabilidad, ni el método de fallar por las simples impresiones, ni la separación entre las cuestiones de hecho y de derecho, establecen mayor igualdad con los procesados en los jurados que en los jueces de profesión.

La máxima de que cada uno sea juzgado por sus iguales, es incompatible con el régimen liberal y con la igualdad, porque esa máxima supone necesariamente la existencia de esta otra; los hombres no son iguales en las materias de derecho penal.

En vez de esa regla, que fué un remedio de índole feudal puesto en la Edad Media á uno de los males del feudalismo, domina soberanamente en todo el derecho moderno esta otra regla: Todos los hombres son iguales ante la ley.

(1) El Jurado y su establecimiento en España, por D. Tomás Rodríguez Pinilla. Madrid, 1872.
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V.

¿Es el jurado garantía de la libertad política? ¿Es cierto que con él las instituciones democráticas no podrían parecer?

Eso, ó algo muy parecido creía Odilon Barrot al apoyar en los siguientes términos su opinión, de que el jurado en Francia se extienda también á los negocios civiles: «Cuanto más se ilustran las naciones y avanzan en civilización, más restringida es la parte de gobierno que delegan en el poder central; y es mayor, por lo contrario, la que se reservan para ejercerla por sí mismas. ¿A qué se reduciría la soberanía de una nación que no hubiera retenido ni el derecho de administrarse ni el de juzgarse? Cuando más, al derecho de cambiar de dueño según su voluntad. En vano esa nación inscribiría en todas sus constituciones, grabaría en todos sus monumentos el principio de la soberanía; no la poseería sino en su fórmula, habría enajenado sus atributos más esenciales... Propongo que se devuelva á los ciudadanos todo lo que en la obra de la justicia puede ser realizado tan perfectamente por personas particulares como por los delegados del poder... La conclusión que debe sacarse de esta exposición, es que de los atributos de la soberanía, el más esencial es el derecho de justicia; que toda soberanía privada de este derecho, no es más que ilusoria; que se puede medir la libertad de una nación por la participación que tenga en este derecho de justicia; que en la historia de los pueblos se vé al poder absoluto crecer y decrecer, según que las atribuciones del jurado se extienden ó se restringen; que de todas las delegaciones que una nación puede hacer de su derecho, la hecha á un jurado es la más antigua y la más consagrada por la experiencia, y que el restablecer esa delegación todo lo completamente que sea posible, no es innovación temeraria, sino un resto de las costumbres tomadas de nuestros padres, desprendidas de lo que la barbarie de los tiempos había mezclado en ellas» (1).

Gran chasco se llevaría quien fuese á buscar en el escrito de Mr. Odilon Barrot, de que he copiado estas frases, las razones necesarias para explicar por qué una nación se juzga á sí misma, y retiene el ejercicio de su soberanía cuando para apreciar las cuestiones de hecho en los procesos

(1) De la organization judiciaire en France, par Odilon, Barrot.—Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, tomo 95 (primer semestre 1871).
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penales y en los pleitos, los jueces son designados por un sorteo como los premios de una lotería, y no se les exigen condiciones de suficiencia, y no tienen práctica de lo que hacen, y son irresponsables por sus veredictos; y por el contrario, una nación pierde la ventaja de juzgarse á sí misma, y abandona su soberanía cuando los jueces tienen adquirida experiencia propia, y dadas pruebas de capacidad, y son responsables de sus sentencias, y reciben su jurisdicción por cualquier otro método menos ciego é ininteligente que el del sorteo.

Blackstone, que con una exageración sistemática, de que los mismos ingleses se suelen burlar, procura siempre encomiar con las mayores hiperbóles todas las costumbres y tradiciones especiales de su patria, no contento con llamar al jurado «gloria de la legislación inglesa,» añade: «Después de la Providencia, esta institución es la que ha afirmado por una larga serie de años las justas libertades de la nación inglesa... Un célebre escritor francés (Montesquieu) piensa que, pues Roma, Esparta y Cartago han perdido sus libertades, las de Inglaterra deben perecer con el tiempo: habría debido reflexionar que Roma, Esparta y Cartago, en los tiempos en que sus libertades han perecido, no conocían el juicio por jurados.»

Pero es el caso que en la misma página en que une así indisolublemente la historia y la suerte del jurado con las del régimen liberal, dice también Blackstone: «El juicio por jurados, que se llama también el juicio por el país, se usa en Inglaterra desde tiempo inmemorial y parece de la misma antigüedad que nuestras primeras instituciones civiles. Algunos autores han tratado de seguir las huellas del origen de los jurados, subiendo hasta los mismos bretones, primeros habitantes de nuestra isla: por lo menos es cierto que el jurado estaba en uso en las colonias sajonas más antiguas; pues el obispo Nicholson atribuye su institución al mismo Waden, su gran legislador y capitán. Por eso se pueden encontrar vestigios de él en las leyes de todas las naciones que han adoptado el sistema feudal, como la Alemania, la Francia y la Italia... La verdad es, á lo que parece, que la institución de los jurados estaba universalmente recibida en todas las naciones del Norte, y de tal modo ligada á su constitución misma, que lo más antiguo que se sabe de la una ofrece al mismo tiempo algunas huellas de la otra. Por lo demás, el uso del jurado en esta isla, cualquiera que sea su fecha, y cualquiera que fuese la alteración que causó en él la introducción por los normandos de la prueba por combate, ha sido siempre considerado de tal modo, y apreciado tanto por
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pa á los que de lo pasado tenemos experiencia, no remediar lo presente y porvenir, proveyendo en aquellas cosas por donde nos es notorio haberse perdido las dichas islas, mayormente siendo esta tierra, como yo muchas veces á vuestra majestad he escrito, de tanta grandeza y nobleza, y donde tanto Dios nuestro Señor puede ser servido, y las reales rentas de vuestra majestad acrecentadas."

La expedicion á Honduras realizada por Cortés, fué una cosa maravillosa por las dificultades que hubo que vencer en un pais completamente desconocido y muy poco poblado; y la narracion que de ella hace, muestra cuán aficionado era á los espectáculos de la naturaleza y cuán observador de ésta. Solo la muerte dada á Guatimozin durante dicha expedicion pudiera hacer recaer sobre Cortés la nota de crueldad, si la conspiracion tramada por el primero no hubiese sido bien averiguada por testimonio de sus autores, y el temor de una sublevacion de los indios fundadísimo. Cortés luchó en esta expedicion no solamente con la fragosidad de las montañas, sino con el hambre, que hubiera acabado con todos á no ser él tan activo y diligente. Tambien ahora pagó con su persona como solía, y fué herido por los indios en la cabeza. Mientras esta expedicion se verificaba, le saqueaban su casa en México algunos españoles turbulentos suponiéndole muerto, y se ponía por la discordia á punto de perderse aquel reino. Esto le obligó á regresar por la Habana á México, siendo recibido como salvador por los buenos. Probada quedó la lealtad de Cortés al rey no sólo en su conducta cuando llegó el licenciado Tapia á tomarle residencia durante la conquista, sino después en la que vino á tomarle Luis Ponce, á la que no se opuso, ni tampoco á que la continuase Marcos de Aguilar. Clara resplandece esa lealtad en el último párrafo de su Quinta relacion. «Todos estos capitanes, dice, de estas entradas (á la provincia de Coliman y á los Chichimecas), están agora para partir casi á una. Plega á nuestro Señor de los guiar como él se sirva, que yo aunque Vuestra Majestad más me mande desfavorecer no tengo de dejar de le servir; que no es posible que por tiempo V. M. no conozca mis servicios; y ya que esto no sea, yo me satisfago con hacer lo que debo y con saber que á todo el mundo tengo satisfecho y les son notorios mis servicios y lealtad con que los hago, y no quiero otro mayorazgo para mis hijos sino éste.»

No le faltaba causa para el tono de queja que se advierte en las anteriores frases; pero no porque Carlos I no apreciase sus grandes prendas y servicios, sino por el apoyo que en la corte y en el Consejo de Indias habían encontrado los agravios de Velazquez, de quien era partidario el obis-
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los ingleses, que no ha habido conquista ni cambio de gobierno que haya podido abolirlo nunca» (1).

Pues si el jurado formaba parte integrante y esencial de la constitución de todos los pueblos bárbaros del Norte; si de ellos pasó á todas las naciones que adoptaron el sistema feudal, como una de las condiciones de ésta; si recibió nueva forma de la brutal y salvaje costumbre del duelo judicial; si ha vivido en buena paz con todos los gobiernos, sin que los cambios verificados en ellos durante muchos siglos le hayan causado inquietud, ¿cómo hemos de ver en él una garantía de libertades democráticas?

Esta es una contradicción en que los defensores del jurado incurren con frecuencia. Un periódico de Madrid, para probar que el jurado es una preciosa conquista de la revolución de Setiembre, y una garantía sólida de las instituciones democráticas por ella introducidas, alegaba que el jurado se halla ya establecido en todos los países del mundo civilizado, incluso la Rusia. Mr. Odilon Barrot, en el escrito citado, no encuentra medio mejor para elogiar el jurado y para pedir que se extienda á los procesos civiles, que censurar ácremente á la magistratura francesa por no haber impedido el golpe de Estado del 2 de Diciembre, y por haber prestado sus servicios indistintamente bajo los varios gobiernos, que con tendencias contrarias y arrebataéndose el poder por medios violentos se han sucedido. ¿Por ventura el jurado, que existe en Francia desde hace ya más de ochenta años, ha sido obstáculo para ningún golpe de Estado ni para revolución alguna? Los constitucionales, los girondinos, el Terror, los thermidorianos, el Directorio, el 18 Brumario, el consulado, el primer imperio, la restauración, la revolución de Julio, la segunda república, el 2 de Diciembre, el segundo imperio, el 4 de Setiembre, la tercera república, la interinidad, han pasado sucesivamente sin que la existencia del jurado haya sido obstáculo para ninguna forma de gobierno ni garantía para ninguna institución.

Pero yo no culpo al jurado. Cuando la pasión política domina en el alma de una sociedad humana; cuando los partidos se sobreponen á las leyes; cuando toda barrera legal que debiera contener el desbordamiento de las ambiciones personales y colectivas es derribada; cuando las revoluciones y los golpes de Estado se suceden y repiten, y son los únicos medios constantemente buscados; cuando la fuerza es preferida por todos al derecho, la organización que se dé á los tribunales no sólo no basta para im-

(1) Comentarios de las leyes inglesas, por W. Blackstone, lib 3, cap. 23.