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partidos y de los hombres públicos, aprueban presupuestos con inmensos déficits ó conceden autorización para plantearlos; y mostrándose generosas á costa de la nación, convierten en leyes por un solo artículo muchos decretos dados por ministros más á menos capaces en un interregno parlamentario, por más que algunos sean injustos y otros hayan producido funestos y desastrosos efectos.

Aumentan tanto, sin embargo, en el parlamento cada año los asuntos, especialmente los de interés local y privado, y son tantos los que quedan pendientes de aprobación, á pesar del buen deseo de los diputados, que Mr. Dickinson propuso el 5 de Junio de 1872, que cuando en el primer mes de una legislatura se presente un bill ó proyecto de ley idéntico á otro, al que en la legislatura precedente del mismo parlamento no le haya faltado más que la tercera lectura, pueda pasar con asentimiento de la cámara por todos los trámites precisos, sin enmiendas ni debates y ser sometido á la tercera lectura. No se ha aprobado esta proposición, pero no trascurrirá mucho tiempo sin que se apruebe otro acuerdo análogo, pues es indispensable para no causar perjuicios al público. La gran variedad de negocios de que tiene que tratar la cámara y las inevitables interrupciones de las discusiones de los proyectos de ley con debates políticos necesarios e importantes, pero que no tienen carácter legislativo, hacen imposible que todos los bills que se presentan puedan pasar por todos los trámites reglamentarios. Cada año se aprueba mayor número de leyes, y cada año quedan más sin votar. En 1871 se nombró una comisión compuesta de hombres eminentes de diferentes partidos y de larga experiencia parlamentaria para modificar y abreviar los procedimientos de la cámara de los Comunes; sus proposiciones, con otras del gobierno relativas también á esta materia, se sometieron en 1872 á la consideración de la asamblea electiva que no pudo examinarlas ni llegó á adoptar una determinación. Pronto se verá precisada á tomarla para que no experimente entorpecimiento la resolución de muchos asuntos, y va ganando terreno la opinión de que la cámara debe en muchos casos delegar una parte de sus atribuciones y de sus prerrogativas en comisiones designadas por ella y compuestas de hombres especiales y entendidos, cuyos trabajos y dictámenes habrá de aceptar ó desechar en conjunto sin corregirlos ni enmendarlos.

La ley de reforma de 1832 nada había establecido respecto á la convocatoria del parlamento y á las condiciones y circunstancias para ser diputado, y ha sido preciso suplir estas omisiones con leyes especiales, modificando antiguos estatutos que no se observaban ó que habían venido á ser
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innecesarios. El periodo de 40 días que mediaba en tiempos remotos entre la convocacion y la reunion de un nuevo parlamento, y que se extendió á 50 días, desde que en 1707 se verificó la definitiva reunion de Inglaterra y Escocia, se ha limitado á 35 días por una ley que en 1852 presentó lord Brougham; y por otra ley del año siguiente las órdenes (writs) para las elecciones en los burgos y en los distritos se envian directamente á los empleados encargados de presidir y vigilar las elecciones (returning officers) y no por conducto de los sheriffs de los respectivos condados como antes se hacia.

Aún cuando la ley de la reina Ana que exigía trescientas libras esterlinas de renta á los representantes de los burgos, y seiscientas á los de los condados en propiedad territorial, había sido siempre eludida, "sin que á impedirlo alcanzara la ley que hicieron aprobar los torys en años posteriores, no se ha derogado formalmente hasta época muy reciente para que no pareciese que se cedia á laspe liciones y exigencias amenazadoras de los demócratas radicales, que la reclamaban en la célebre «carta del pueblo.» Ya en 1838 se dispuso que la renta de los diputados no había de proceder exclusivamente de fincas rústicas ó urbanas, sino que podía provenir de propiedad real ó personal, ó de una y otra á la vez; y en 1858 se suprimió definitivamente aquella condicion, bastando para tener asiento en la cámara de los Comunes, la circunstancia de ser subdito británico, haber llegado á la mayor edad y no estar procesado.

La duracion de los parlamentos, que ha variado en distintas épocas, ha sido con frecuencia asunto de discusion en la cámara popular, pidiendo que se acortara los partidos y agrupaciones políticas de ideas más avanzadas. Antes de la revolucion de 1688, el parlamento podia durar tanto como el reinado del monarca en cuya época había sido elegido, si bien el soberano tenía siempre la libre facultad de disolverlo. Ninguno vivió tan largo tiempo, pero hubo alguno, como el primero de Carlos II de 1660, que prolongó su existencia diez y ocho años. Con el propósito de disminuir el ascendiente de la corona en los cuerpos colegisladores, y aumentar la influencia de la nacion en la cámara electiva, quedó reducida la vida legal del parlamento á tres años en 1694, extendiéndose á siete en 1715, por temer el gobierno la arriesgada prueba de una eleccion general cuando estaba muy reciente la sublevacion jacobina. Desde entonces varias veces se ha pedido la modificacion de la ley de Jorge I en sentido restrictivo. En 1771, lord Chatham se declaró partidario de los parlamentos trienales. El duque de Richmond, en su proyecto de reforma de 1790, pedía además
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del sufragio universal, parlamentos anuales y los «Amigos del pueblo» en 1792, y cinco años más tarde Mr. Grey, sostuvieron la necesidad urgente de acortar la duración de los parlamentos. Se ha tratado con insistencia de este asunto en la cámara popular después de la reforma de 1832. Los parlamentos anuales han formado parte del programa de los cartistas, y figuran en el de los radicales exagerados; y en 1849 el diputado Mr. Ten-nyson D'Byncourt, logró obtener permiso de la cámara para leer un bill que acortara la vida legal del parlamento; mas presumiendo sin duda que no habría de aprobarse, no llegó á presentarle. No parece probable que se altere la ley vigente, ya porque en la práctica se consulta con bastante frecuencia la voluntad de la nación, representada por el cuerpo electoral, en atención á que los parlamentos por término medio no duran sino cuatro años; ya porque ofrece inconvenientes que se repitan con intervalos cortos las elecciones generales que siempre producen agitación política y originan gastos excesivos.

A pesar de la supresión de los burgos podridos y de muchos pequeños distritos en que pocas y determinadas personas hacían la elección, y aún habiendo aumentado extraordinariamente el número de electores en todo el Reino Unido, la corrupción parlamentaria no ha cesado, y necesario ha sido en diversas ocasiones adoptar medidas enérgicas á fin de castigarla y reprimirla. No bastando para conseguir este objeto imponer penas á los electores sobornados y privar temporal ó perpétuamente del derecho de representación en el parlamento á los pueblos y localidades en que este delito se había cometido, se votó en 1841 un bill presentado por lord John Russell, disponiendo que las comisiones nombradas por la cámara para entender en estos casos admitieran pruebas de soborno sin necesidad de averiguar previamente, como antes se exigía, si los autores de este delito eran agentes de los candidatos á la diputación. En el año siguiente se mandó que los procedimientos para descubrir el soborno, continuaran aún después de haber terminado sus investigaciones las comisiones electorales, y por una ley votada en 1852, se confió el encargo de hacer averiguaciones relativas á la corrupción electoral en los distritos en que se sospechaba que hubiera existido, á comisionados especiales nombrados por la corona en virtud de un mensaje de las dos cámaras del parlamento. No produciendo el apetecido resultado estas disposiciones, se ordenó en 1854 que los candidatos no pudiesen pagar gasto alguno de la elección, sino por conducto de sus agentes debidamente autorizados y del auditor electoral (election auditor), y que se publicaran las cuentas detalladas de estos gastos.
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tos. Discutirse con este motivo si sería justo comprender en estas cuentas los gastos de viaje de los electores para ir á votar, y después de haber presentado opuestos dictámenes diversas comisiones nombradas para informar sobre este asunto; y deseando que este gasto legítimo no sirviera de pretexto de soborno, una ley de 1858 ha permitido á los candidatos y á sus agentes que satisfagan el transporte ó el viaje de los electores al punto de la elección; prohibiéndoles, sin embargo, que les entreguen dinero con este objeto. No ha conseguido el parlamento la extinción de la corrupción electoral, que aumentará probablemente con la votación secreta, y que no desaparecerá hasta que los mismos candidatos renuncien á ella por conveniencia propia ó por temor á las justas censuras de la opinión pública.

En los primeros días de Agosto, cuando comienza la estación de la caza, á que tan apasionadamente aficionados son los ingleses, se suspenden las sesiones de las dos cámaras; pero no se cierra la legislatura porque hay la acción legal de que el parlamento nunca está cerrado sino en el corto intervalo que media entre la disolución de uno y la convocatoria de otro nuevo. A la ceremonia de poner término á las tareas de los cuerpos colegiados, que se verifica en la cámara hereditaria, pocas veces asiste la reina. A las dos en punto se presentan los lores comisarios con el traje talar que usan los lores en las solemnidades parlamentarias, y después de sancionar por comisión los proyectos de ley pendientes de esta importante formalidad, y de oír las oraciones que lee uno de los obispos presentes, cuando han acudido á la barra el presidente y algunos miembros de la cámara de los Comunes, citados para este acto por el ujier de la vara negra, uno de los ministros, de los que tienen asiento en la asamblea aristocrática, lee el discurso régio de suspension de sesiones. Al regresar á la cámara de los Comunes, el presidente no suele ocupar el sillón presidencial y desde el sitio del primer empleado (clerk) lee ante un escaso número de diputados el discurso que el gobierno ha puesto en boca de S. M., quedando así terminada la legislatura.

Durante las vacaciones los miembros del parlamento van á sus distritos, viajan por el país, pasan largas temporadas en el campo, y con frecuencia pronuncian discursos sobre los asuntos que interesan á la nación, discutiendo cuestiones políticas, elogiando la conducta del propio partido y censurando la de los adversarios. A esta campaña oratoria de los lores y de los diputados, en el interregno parlamentario, la designan los periódicos con la denominación de «El Parlamento fuera de la legislatura» (Parliament out of session), si bien sería más exacto llamarla «Los legisladores
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fuera del parlamento. - Las costumbres del pueblo británico dan ocasiones oportunas y frecuentes á los hombres públicos para dirigir su voz á la nación. En las sociedades de agricultura, en las asociaciones de obreros, en las reuniones de electores, en los banquetes de los ayuntamientos, en la fundacion de hospitales, en la inauguracion de escuelas, en los exámenes de un colegio, en la reparticion de premios, los ministros, los lores y diputados que asisten hablan de negocios de interés general ó de importancia para la localidad, y de esta suerte están en comunicacion constante con el país y contribuyen á formar y á dirigir la opinion pública. En Inglaterra como en todos los estados en que es una verdad el gobierno parlamentario y en que el gabinete y los cuerpos colegisladores se ocupan verdaderamente de la hacienda, de la administracion y de procurar el bienestar y la prosperidad de la nacion, son muy provechosos y producen grandes ventajas la permanencia de los hombres politicos en sus propiedades una parte del año y sus viajes por las provincias. Ellos estudian, examinan y ven de cerca las necesidades y los deseos del pais y al propio tiempo con su trato, con sus conversaciones y con sus consejos, instruyen é ilustran á las clases inferiores, y combaten sus errores y sus preocupaciones.

VIZCONDE DEL PONTON.

Febrero 18 de 1873.
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EL JURADO

I.

¿Qué es el jurado?
«Sabido es, dice Mittermaier (1), uno de los más ilustres y perseverantes defensores de esta institucion, que los caracteres especiales del jurado consisten en que: 1.º, para cada causa son llamados á juzgar ciudadanos escogidos entre el pueblo; 2.º, esos ciudadanos no son más que los jueces del hecho; 3.º, no teniendo que someterse á ninguna de las reglas de la prueba legal, ni que obedecer más que á su convicción personal, no dan cuenta á nadie de su sentencia; 4.º, gozando el acusado del derecho de recusacion más amplia, pueden considerarse los jurados como jueces, cuya decision acepta él libremente.»
En realidad, ninguna de esas cuatro condiciones es esencial para el jurado.
Respecto de la manera de llamar á los ciudadanos á que sean jueces de hecho, se han conocido en la práctica y se han ideado en la teoria muchos métodos diferentes. Decir que se los ha de escoger entre el pueblo, es dar una explicación que tiene algo de incompleta y algo de inexacta. Si por pueblo ha de entenderse la generalidad de los ciudadanos, en ninguna parte tendría el jurado el primero de los caracteres que Mittermaier le atribuye, porque en todos los países en que existe esa institucion, los sorteados para desempeñar las funciones de jueces de hecho, componen un cuerpo muchísimo menos numeroso. Si se usa la palabra pueblo para designar las clases menos favorecidas por la fortuna, en cuanto á riqueza é instruccion, la inexactitud no es menor, porque todas las legislaciones vi-

(1) Tratado de la prueba en materia criminal, por C. J. A. Mittermaier, cap. 13.
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en la nueva Méjico artillería, haciendo buscar minas de estaño en la provincia de Talco y extraer azufre de los volcanes. Removió acertadamente la antigua villa de la Vera-Cruz, mal situada, y la trasladó á San Juan de Ulúa, enlazando este puerto con Méjico por medio de caminos.

Según el arzobispo Lorenzana, que vió un mapa antiguo formado de orden de Cortés por Domingo del Castillo, piloto, en Méjico, el año 1541, había sido ya explorada en aquel tiempo por direccion ó mandato del primero toda la costa del mar del Sur, desde el golfo de Tehuantepec hasta la desembocadura del rio Colorado en el de California; y en la diócesis de Guadalajara y en Durango expresaba los puertos de Colima, Jalisco y otros frente de la costa de California; de donde se colige, dice Lorenzana, que Cortés tuvo conocimiento de las provincias de Sinaloa y Nueva Méjico y de la mayor parte de la Península de California por la costa del Sur hasta el rio Colorado, que llama el piloto rio de «Buen guía», subiendo hasta 28° de latitud que comprende el puerto de Monterey, aunque no lo especifica. Envió asimismo Cortés á Cristóbal de Olid por la costa del N. á poblar la punta ó cabo de Hibueras, hoy Honduras, así porque creía que la tierra era muy rica, como porque muchos pilotos opinaban que por aquella bahía salía estrecho á la otra mar: «Que es la cosa, dice Cortés en sus cartas al rey, que yo en este mundo más deseo topar, por el gran deseo que se me representa, que de ello vuestra cesárea majestad recibirá.» Gastó en esta expedición mucho de su hacienda. En 6 de Diciembre de 1523, enviaba á Alvarado á Guatemala. Con este motivo dice: «Muchos caminos de estos se hubieran hecho en esta tierra, y muchos secretos de ella tuviera yo sabidos si estorbos de las armadas que han venido no los hubieran impedido.» Las expediciones de Alvarado y Olid costaron á Cortés más de cincuenta mil pesos de oro. Puso asimismo empeño en saber el secreto de la costa por descubrir entre el rio de Panuco y la Florida, y desde allí, subiendo por el N. hasta los Bacallaos, que así llamaba á Terranova; es decir, que intentaba descubrir dos estrechos, uno por la mar del Norte y otro por el Sur hacia Panamá: no los descubrió, pero sí para España la isla de Terranova, de la que llevaron título de duques sus descendientes.

Hizo publicar en Méjico ordenanzas para la población de la tierra, y para fijar en ella los españoles: «Porque me parece, dice, que sería muy gran cul-

*añade, las calles de agua como antes eran, sino que edificaron en suelo seco.» La laguna de Tezenco fue desde entonces decreciendo. En el virreinato de D. Antonio de Mendoza, llegaban á dos mil los vecinos españoles.
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gentes sobre jurado exigen á los jueces de hecho condiciones de capacidad, siendo regla casi universal determinar esas condiciones por ciertos grados de instruccion, y más aún por ciertas cuotas de contribucion.

La distincion entre el hecho y el derecho tampoco es condicion esencial del jurado, porque prescindiendo de que todavía no está bien demostrado que tal distincion sea siquiera posible, y de que jurisconsultos y filósofos muy justos la rechazan por absurda, el jurado no dejaría de merecer este nombre; aunque se le someteran también las cuestiones de derecho, como pretenden algunos escritores (1).

Tampoco dejaría el jurado de serlo, porque los jueces no juristas que lo componen, tuviesen que responder de su sentencia. En Inglaterra se les ha exigido esa responsabilidad en ciertas épocas con excesiva dureza.

Teniendo la vista fija, como sin duda la tenía Mittermaier, únicamente en los jurados de Inglaterra, de Escocia y de los Estados Unidos, ha podido decir que es condicion precisa que no se sujeten á ninguna de las reglas de la prueba legal; pero desde el momento en que se ha sometido á los jueces de hecho imperitos, como en Francia, la cuestión de la existencia de circunstancias atenuantes, y mucho más desde que se les hace árbitros, como en España, de decidir acerca de cada una de las circunstancias atenuantes ó agravantes, y de discernir entre la delincuencia del autor, del cómplice y del encubridor de un delito, y entre el delito consumado, el frustrado y la tentativa, no debe ya considerarse como imposible que todas las reglas de criterio jurídico sirvan para los jurados lo mismo que para los jueces de profesion.

Por último, la amplitud de las recusaciones puede ser muy restringida, y en efecto, ha habido mucha diversidad de reglas respecto de recusaciones en los países en donde el jurado se halla establecido, y se han hecho proyectos de muy diversas clases acerca de este punto por los amigos de la institución.

En lo que sin duda acierta Mittermaier, al fijar los caracteres del jurado, es en omitir toda indicacion del método seguido para las designaciones, pues las listas de los sorteados se forman de muchas maneras distintas; en unas partes, por los delegados del poder ejecutivo; en otras, por las autoridades municipales; y en algunas, como en España, por procedimientos mixtos y complejos. Lo que parece esencial; ó, por lo menos, ha entrado

(1) Entre ellos Mr. Michaux, en su Etude sur la question des peines. Paris, 1873.
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siempre hasta ahora en la composicion del jurado, es que sus miembros sean en último término designados por un sorteo.

También es indudable que ni el número de jueces de hecho, ordinariamente fijado en doce, pero que en Escocia, por ejemplo, sube á quince, ni el juicio oral, ni los procedimientos públicos, ni la unanimidad de los votos, ó una mayoría determinada de los mismos, son condiciones precisas del jurado. Mittermaier hace bien en no tomarlas en cuenta, como quizás las habrían tomado ó las tomaron otros escritores.

Bien considerado todo, me parece que sólo hay dos cosas que puedan señalarse como características del jurado, y son: la negacion de la permanencia para el tribunal, y la negacion de la competencia exclusiva de los juristas para desempeñar los cargos de jueces. Son sólo dos caracteres negativos. El jurado es para la administracion de justicia lo que en algún tiempo se quiso que fueran la milicia nacional ó los cuerpos francos para el ejército, y lo que se pretende por algunos que sea la supresion de todo culto externo para la religion. Se quiere que no haya jueces de profesion, de la misma manera que algunas escuelas intentan que no haya soldados de profesion ni sacerdotes de profesion.

Si además de reconocer los dos caracteres negativos indicados se creyese indispensable definir ó explicar lo que por jurado se entiende hoy comúnmente en las polémicas al tratar de las cuestiones que acerca de esta institucion con tanto calor se sostienen, me parece que podría decirse que, según las ideas más generalmente admitidas, sus cualidades ó condiciones consisten:

1.º En que un sorteo intervenga en la designacion de los nombres de los jueces, tomados de listas formadas de cualquier modo.

2.º En que esos jueces no sean peritos en materias de derecho penal, y resuelvan sobre las pruebas presentadas en el juicio sin conocimiento de las doctrinas juridicas relativas al valor é importancia que á cada clase de pruebas se debe conceder.

3.º En que fallen sin atenerse más que á las impresiones que el juicio oral les haya producido, sin sujecion á ninguna regla.

4.º En que sean irresponsables por su fallo.

5.º En que la cuestion de hecho se separe de las de derecho, pronunciando sobre la primera los jurados su veredicto, y reservándose las segundas para la sentencia de los jueces de profesion.
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II.

¿Cuáles son los argumentos en que fundan sus opiniones favorables al jurado los defensores de esta institución?

Creo que no omito ninguno, haciendo de ellos la siguiente enumeración:

1.º La existencia del jurado es uno de los derechos de la personalidad humana.
2.º Nadie debe ser juzgado sino por sus iguales.
3.º El jurado es firme garantía de la libertad política y civil. Con él las instituciones democráticas no pueden perecer.
4.º El jurado es la conciencia pública: es el juicio por el país.
5.º Los jueces de hecho sorteados para cada caso, aprecian la cuestión de culpabilidad de los acusados mejor que los jueces de profesion.
6.º Los jueces de profesion adquieren en el ejercicio de su cargo una dureza de que los jurados se hallan exentos.
7.º No son más competentes los jurados que los jueces de profesion; pero lo son tanto, porque para apreciar los hechos, cualquiera hombre es bueno; y siendo la división del trabajo tan conveniente en la administración de justicia como en cualquier otra cosa, y no pudiéndose contar con un número tan crecido de buenos jueces de profesion como harían falta para examinar y resolver todas las cuestiones de los procesos penales, es un método excelente separar las relativas al hecho de las que se refieren al derecho, sometiendo aquellas á los jurados, y éstas á los jueces de profesion.
8.º El jurado sustituye el juicio oral y público, tan recomendable por todos conceptos, á los procedimientos tradicionales, vituperables y funestos del juicio escrito y secreto.

Examinemos uno por uno estos argumentos.

III.

¿Es el jurado un derecho personal?
El proyecto de Constitución federal de la República Española, presen-