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grandiosos proyectos, y todo aquello que hay en su cultivado y sublime espíritu de Vd. para distraerle y apartarle, sin desgarradora violencia, de todo otro terrenal afecto? ¿No comprende Vd. que ella morirá de dolor, y que Vd., destinado á hacer incruentos sacrificios, empezará por sacrificar despiadadamente á quien más le ama?

—Señora—contestó D. Luis haciendo un esfuerzo para disimular su emoción y para que no se conociese lo turbado que estaba en lo trémulo y balbuciente de la voz:—Señora, yo también tengo que dominarme mucho para contestar á Vd. con la frialdad de quien opone argumentos á argumentos como en una controversia; pero la acusación de Vd. viene tan razonada y (Vd. perdónese que se lo diga), es tan hábilmente sofística, que me fuerza á desvanecerla con razones. No pensaba yo tener que disertar aquí y que aguzar mi corto ingenio; pero Vd. me condena á ello, si no quiero pasar por un monstruo. Voy á contestar á los dos extremos del cruel dilema que ha forjado Vd. en mi daño. Aunque me he criado al lado de mi tío y en el seminario, donde no he visto mujeres, no me crea Vd. tan ignorante ni tan pobre de imaginación que no acertase á representármelas en la mente todo lo bellas, todo lo seductoras que pueden ser. Mi imaginación, por el contrario, sobrepujaba á la realidad en todo eso. Excitada por la lectura de los cantores bíblicos y de los poetas profanos, se fingía mujeres más elegantes, más graciosas, más discretas, que las que por lo común se hallan en el mundo real. Yo conocía, pues, el precio del sacrificio que hacía, y hasta le exageraba, cuando renuncié al amor de esas mujeres, pensando elevarme á la dignidad del sacerdocio. Harto conocía yo lo que puede y debe añadir de encanto á una mujer hermosa el vestirla de ricas telas y joyas esplendentes, y el circundarla de todos los primores de la más refinada cultura y de todas las riquezas que crean la mano y el ingenio infa-tigables del hombre. Harto conocía yo también lo que acrecienta el natural despejo, lo que pule, realza y abrillanta la inteligencia de una mujer el trato de los hombres más notables por la ciencia, la lectura de buenos libros, el aspecto mismo de las florecientes ciudades con los monumentos y grandezas que contienen. Todo esto me lo figuraba yo con tal viveza y lo veía con tal hermosura, que, no lo dude Vd., si yo llego á ver y á tratar á esas mujeres de que Vd. me habla, lejos de caer en la adoración y en la locura que Vd. predice, tal vez sea un desengaño lo que reciba, al ver cuán-ta distancia media de lo soñado á lo real y de lo vivo á lo pintado. La magia, el hechizo de una mujer, bella de alma y de gentil presencia, habían igualmente penetrado en mi fantasía. No hay duquesa, ni marquesa en
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En los reinados siguientes fué en los que comenzó á fijarse la forma de esta nueva institucion, con su propio nombre. D. Sancho IV dió privilegio en 1291 á su camarero mayor Juan Mathe para hacer mayorazgo de las casas de su morada en Sevilla «con la barrera y barrio» de las mismas, sus franquezas y mercedes reales, sus castillos, heredamientos de Villalba, Nogales, Peñaflor y Lapizar, el vado de las Estacas y otros lugares. Concedió el rey este privilegio á su camarero, según se lee en el mismo documento, «habiendo voluntad de lo honrar é de lo ennoblecer, porque su casa quede siempre hecha é su nombre non se olvide nin pierda... é porque se sigue ende mucha pro é honra á nos y á nuestros regnos en facer que aya muchas grandes casas de grandes omes...» (1) Es decir, que no bastando ya el régimen ordinario de la propiedad para la conservación de las familias principales, y por lo tanto de una aristocracia respetable, juzgaba el rey necesario poner ciertas propiedades bajo el régimen excepcional de las vinculaciones.

D. Fernando IV dió la villa de San Lúcar de Barrameda en 1297 á don Alfonso Pérez de Guzmán «por siempre jamas, por juramento de heredad, en tal manera que la herede su hijo mayor... é si por aventura non oviere hijo, que lo herede la hija mayor...» Esta donación equivalía, como se ve, á la institución de un mayorazgo regular, por más que no llevarse su nombre. En 1325 fundó Alfonso Fernández el mayorazgo de Cañete (2). Alfonso XI dió en 1352 á su hijo, el infante D. Pedro, el estado de Aguilar de Campo para que lo poseyera como mayorazgo (3). El mismo monarca, en 1349, vendió la villa de Bailén á D. Pedro Ponce de León, con facultad de fundar mayorazgo de ella (4). En el reinado de D. Pedro de Castilla, se fundaron los mayorazgos de Alvar Díaz de Sandoval y D. Juan Alfonso de Benavides (5).

(1) Hálase esta fundación en el archivo de la catedral de Sevilla, cajón de Notari ad presens y la cita Ortiz de Zúñiga en sus Anales, año de 1291. Después fué anulada la misma fundación por haberse comprendido en ella indebidamente los bienes de la mujer de Juan Mathe.
(2) Memorial citado de Montilla.
(3) Sempere dice haber visto la fundación de este mayorazgo en el archivo de la casa de Villaña, Hist. de los vínculos y mayorazgos.
(4) Disertación histórico-jurídica sobre el pleito entre el duque de Arcos y el conde de la Coruña por el ducado de Arcos, 1770. Cita Sempere en la Hist. de los vínculos, etc.
(5) Sandoval, Descendencia de la casa de Sandoval, p. 209.—Representación sobre la antigüedad y calidad de la casa de Benavides, por D. Diego Vicente de Vildania, Nápoles, 1609.
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NACIMIENTO DE LOS MAYORAZGOS.

Por cuyos ejemplos se ve que ya en los siglos XIII y XIV se fundaban los mayorazgos de dos maneras: ó pidiendo el fundador licencia al rey para constituirlo con sus bienes propios, ó recibiendo del rey en merced algunas heredades ó villas con calidad de inalienables y sucesión forzosa, por derecho de primogenitura. La corona propendía á otorgar sus donaciones bajo esta forma, en el uso frecuente que hacia de su liberalidad, y así eran menos perjudiciales al Estado que las de juro de heredad perpetuo.

Estos esfuerzos individuales para asegurar la conservación de las familias, habían dado todavía escaso fruto cuando D. Enrique II dictó en su testamento una providencia importantísima acerca de sus mercedes, que no había osado adoptar en vida, y que contribuyó en gran manera á generalizar los mayorazgos. Aquel monarca tan pródigo de los bienes de la corona, y que tan pobre ecario disfrutó por ello, no quiso acceder nunca á las repetidas instancias de las Cortes para que revocara sus mercedes perpetuas. Las Cortes creían, con razón, que abandonar para siempre el señorío de una parte tan considerable del territorio á vasallos poderosos, era crear una oligarquía peligrosa, incompatible con el bienestar y engrandecimiento de la república. D. Enrique juzgaba á su vez que revocar desde luego todas las mercedes de que estaban en posesión los favorecidos, además de ingratitude notoria, era una provocación temeraria á la nobleza. Para resolver tan grave conflicto, imaginó, pues, una transacción prudente entre el interés particular y el público, reducida á confirmar en su testamento todas las donaciones otorgadas, pero con la condición, según dice el texto, de que «las hayan (sus poseedores) por mayorazgo é que finquen en su fijo lexítimo mayor de cada uno de los, é si moriere sin hijo lexilitimo, que se tornen los sus logares del que así moriere á la corona de los nuestros regnos» (1). De este modo entendió mantener el rey la integridad de los patrimonios enajenados de la corona, y conservar las familias de la nobleza que daban fuerza y explendor al trono, reintegrando en su día al Erario público de la mayor parte de sus perdidos bienes, á medida que fuera desapareciendo la sucesión inmediata y directa de aquellas familias.

Mas los nobles, dándose por muy agravados, reclamaron contra esta providencia á D. Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1390. Alegaron

(1) Campomanes, Alegacion fiscal sobre la reversion á la corona de la jurisdiccion, señorío y vasallaje de Aguilar de Campo, 1783.
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que la reversion de las mercedes privaba á sus parientes colaterales de un derecho adquirido: que era contraria á las leyes que declaraban la irrevo-cabilidad de las donaciones; y que la sucesion por primogenitura en las mismas mercedes, derogaba los fueros y costumbres que daban á todos los hijos igual derecho á la herencia paterna. A estas razones opusieron los procuradores la prohibicion, nunca derogada por ley, de enajenar perpétuamente los bienes del Estado; pero fuese porque esta prohibicion no habia sido nunca respetada, ó porque se creyera peligroso en aquellas circunstancias empeñar nueva lucha con la nobleza, cedió el rey á sus quejas declarando que guardaria las mercedes de sus antecesores segun los térmi-nos en que hubieran sido otorgadas (1).

Si los nobles hubieran aceptado aquella transaccion prudente, quizás habrian conservado para sus familias los cuantiosos bienes sobre los cuales tenian un derecho tan controvertible y tan disputado por las Cortes, y no habrian dado lugar á las providencias rigorosas de que más tarde fueron objeto. Pero la cláusula del testamento de D. Enrique no se cumplió en cuanto á los bienes á que se referia, antes al contrario sirvió de ejemplo y pauta para el otorgamiento de nuevas mercedes en forma de mayorazgo, sin impedir la concesion de otras muchas con la calidad de libres y perpétuas. Así, D. Juan I otorgó en 1389 al primer almirante Alfonso Enríquez la villa de Aguilar á título de mayorazgo, expresando que por su muerte habia de pasar la merced á su hijo mayor legítimo, en su defecto á su hija mayor, y de igual modo despues á todos sus descendientes, pero con la condicion de que á falta de éstos, revertiría la villa á la corona, quedando excluidos de la sucesion los parientes colaterales de los últimos poseedores (2). D. Enrique III fué mucho más pródigo que su padre, sobre todo de las mercedes perpétuas, dando lugar á que las Cortes de Tordesillas de 1420 reclamaran contra ellas del modo más enérgico. No bastando ya las tierras y las rentas del Erario para saciar la codicia de los cortesanos y de los logreros, se crearon nuevos oficios, muchos inútiles y todos perpétuos, á fin de venderlos por lo que el tesoro real necesitaba para salir de los apuros de cada dia. D. Juan II hizo de ellos y tambien de los bienes del Estado numerosas enajenaciones, por más que declarara su inalienabilidad en las Cortes de Valladolid de 1442. En su reinado, y con licencia de sus tutores, fundi la reina doña Leonor, mujer de D. Fernan-

(1) Crónica de D. Juan I, año 12, c. 14.
(2) Campomanes, Alegacion citada.
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dó I de Aragón, el mayorazgo de Saldaña, á favor de D. Sancho Roxas, obispo de Palencia, y de Diego Gómez de Sandoval. Este mismo caballero fundó en cabeza de su hijo otro mayorazgo sobre varias villas, aldeas y vasallos que le diera el rey D. Juan en 1419. Otras fundaciones semejantes hicieron en el mismo año, Pero García de Herrera sobre las villas de Fuentepudia y Villacid, con sus fortalezas y jurisdicción, y el citado obispo don Sancho sobre el lugar de Seron y un juro de 10.000 maravedís (1). Pero cuando hubieron de fundarse más vinculaciones, fué bajo el desastroso reinado de D. Enrique IV, que no sólo enajenó por precio, sino que dilapidó y disipó insensatamente las propiedades territoriales, los señoríos, las rentas y los oficios públicos de la corona. Las mejores villas y lugares pasaron entonces al dominio particular, las tercerías y alcabalas se cedieron por título oneroso ó gratuito, y con el nombre de juros se vendieron á vil precio pingües rentas á cargo del tesoro público. Llegó á tal punto el abusó, que según Hernando del Pulgar, cronista contemporáneo, podía comprárse, con un capital de 1.000 maravedís en dinero, otro tanto de renta anual en juros (2).

Los Reyes Católicos, queriendo remediar tan graves desórdenes, estabados por las Cortes de Toledo de 1480, mandaron averiguar el origen y los títulos de todas las mercedes reales, y en virtud de este exámen, confirmaron algunas, redujeron el importe de otras y revocaron muchas enteramente, disponiendo en cuanto á las de D. Enrique II que se guardase la cláusula antes citada de su testamento. Y sin embargo, aquellos mismos monarcas tuvieron no sólo que confirmar sino que otorgar de nuevo algunas mercedes de rentas y de lugares, que la reina arrepentida revocó á la hora de su muerte (3). Otro tanto hizo el emperador D. Carlos mandando en su testamento llevar á efecto esta cláusula del de su abuela doña Isabel, y revocando las mercedes que él mismo había después concedido (4). Pero ni aún entonces cesaron las enajenaciones de bienes realengos, que tanto contribuían á acrecentar las vinculaciones. Las Cortes de Toledo de 1560 y las de Madrid de 1590, volvieron á representar contra ellas; y aunque el rey prometió moderar su uso, las enajenaciones continuaron, con tanto más motivo, cuanto que eran un recurso casi necesario para subvenir á los gastos que ocasionaban los aumentos y las guerras de tan extensa monarquía.

(1) Memorial histórico, t. 3, p. XXIII y XXV.
(2) Crón. de los Reyes Catól., part. 2.ª, c. 95.
(3) Dormer, Discursos varios de historia.
(4) Sandoval, Hist. de Carlos V, t. 2.
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Hasta principios del siglo xvi era, como se ha visto, la fundacion de cada mayorazgo objeto de un privilegio especial de la corona, sin duda por no estar en uso la ley de Partida que facultaba á los testadores para prohibir por cierto tiempo la enajenacion de sus bienes, y por no haber sido tampoco admitida en el foro la novela de Justiniano, que permitia la sustitucion fideicomisaria por cierto número de vidas. Así la propiedad, para contribuir á la conservacion y explendor de las familias, no tenia en su apoyo otra ley que la excepcional formada por aquellos privilegios. Pero tanto hubieron de repetirse los recursos al soberano en solicitud de licencia para fundar mayorazgos; con tanta irregularidad hubieron estos de constituirse, y tan graves dudas hubieron de ofrecer su trasmision y su regimen, que las Córtes de Toro de 1505 juzgaron necesario dictar reglas generales sobre esta materia. Así como el camarero mayor de D. Sancho IV, Juan Mathe, al obtener privilegio para fundar mayorazgo de todos sus bienes, entendió que podia incluir entre ellos los de su mujer, así hubieron de concederse ó ejecutarse otras mercedes semejantes, con grave perjuicio de herederos forzosos y menoscabo tal vez del ajeno dominio, dependiendo todo del capricho del fundador ó de su valimiento en la corte. Al mismo tiempo se suscitaban en los tribunales frecuentes y graves cuestiones sobre el modo de probar la existencia de los mayorazgos, la duracion de las licencias reales otorgadas para instituirlos, la facultad de revocar las fundaciones, el derecho sucesorio de los ascendientes y colaterales, el del sucesor inmediato á las mejoras y agregaciones de los bienes vinculados, y otros varios y difficiles puntos, sin que hubiese ley ni regla fija para resolverlas.

Las Córtes de Toro de 1505 proveyeron á esta necesidad, aunque de un modo que se ha prestado y con razon, á la más severa critica. No autorizaron la fundacion de mayorazgos sin real licencia, antes bien confirmaron su necesidad; mas permitieron gravar sin ella, con vinculos y sumisiones, las mejoras de tercio y quinto en favor de los hijos, y esta novedad fué de gravísima trascendencia. Segun la ley 27 de aquellas Córtes, no era licito gravar con tales vínculos la legítima de los hijos ni la de los padres, pero si el tercio, cuando se dejaba á algun descendiente legitimo, en su defecto al ilegitimo ó por falta de todos á algun ascendiente, el quinto en todo caso y la totalidad de los bienes cuando no hubiera herederos forzosos, entendiéndose siempre perpetuas tales vinculaciones, á menos que el fundador dispusiera lo contrario. No haciendo mencion esta ley de la real licencia necesaria para fundar mayorazgos, aunque las 42 y 43 de
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las mismas Cortes la exigian muy circunstanciada sin distincion de casos, entendieron los intérpretes que no era indispensable tal requisito, más que para las fundaciones que no tuviesen por objeto el tercio y quinto de los bienes y perjudicaran á herederos forzosos.

Así se convirtió en derecho general y comun el de vincular bienes, que fuera hasta entonces un privilegio concedido tan sólo á la nobleza. Por eso decía uno de los primeros comentadores de estas leyes, animado del espíritu democrático que prevalecía entre nuestros jurisconsultos, que la ley 27 citada «debería escribirse en letras de oro, pues á ella se debe que no sólo los próceres, sino también los meros ciudadanos y los plebeyos puedan fundar mayorazgos del tercio y quinto de sus bienes» (1); y en efecto, desde que no fué necesaria la real facultad para fundar esta clase de vínculos, desapareció una de sus principales restricciones, y propietarios grandes y cortos, hidalgos y pecheros, traficantes y asentistas enriquecidos, se apresuraron á hacer uso del nuevo derecho, descosos de transmitir á la posteridad su nombre preclaro.

La misma tendencia á favorecer las fundaciones de mayorazgos se nota en las demás leyes que sobre esta materia hicieron aquellas Cortes. Resolviendo las dudas suscitadas sobre la sucesión de los descendientes de distinto grado, extendieron el derecho de representación á los del último poseedor por la línea del primogénito, muerto antes de suceder, prefiriéndole á los otros hijos vivos del mismo poseedor. Disputándose la subsistencia de algunos mayorazgos cuyas fundaciones no constaban por escrito, declararon ser bastante prueba de ellas la de la posesión inmemorial. Dudándose si la real licencia para vincular subsistía después de la muerte del rey que la diera, aunque no se hubiese usado de ella en tiempo oportuno, decidió el estamento afirmativamente. Era muy controvertida la facultad de los fundadores para revocar sus fundaciones, y fué entonces denegada siempre que el mayorazgo hubiera sido instituido por contrato, ó con entrega al primer poseedor de los bienes vinculados ó de la escritura de fundación. Suscitándose frecuentes cuestiones sobre la sucesión vincular entre los que se suponían con derecho á ella, las cuales solían dilatar la entrega de los bienes vinculados á los poseedores legítimos, se declaró que la posesión civil y natural de tales bienes se trasmitía por ministerio de la ley, muerto el poseedor, al inmediato, aunque otro los detentara materialmente. Había, por último, graves dudas en los tribunales sobre la pertenencia

(1) Castillo, Glossa super leges Tauri, edic. 1553.
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de las mejoras y aumentos que solían hacer los poseedores en los bienes vinculados, puesto que los reclamaban los sucesores inmediatos y los herederos. Las Cortes de Toro, favoreciendo una vez más la causa de los vinculistas, declararon que los edificios, obras y mejoras que se hicieran en lugares de mayorazgo, debían correr siempre en la sucesión, con ellos, sin que pudieran reclamar su importe los herederos del poseedor que los hubiese costeado con caudal propio.

Fuera de los reinos de León y Castilla no se sintió tanto la necesidad de una institución que mantuviera los bienes en las familias aristocráticas, y con ellos las relaciones de dependencia entre el Estado y sus más distinguidos individuos. «En Aragón, decía en el siglo XIV Miguel de Molino, no tenemos derecho de primogenitura, vulgarmente llamado derecho de mayorazgo, ni aún en las casas de los magnates, nobles, barones, infanzones y caballeros, excepto en los hijos del rey; mas como se puede ins tituir heredero á uno de los hijos, dejando cualquier cosa á los demás, suelen tales casas con sus castillos y baronías estar vinculadas por testamentos de los abuelos en los hijos y descendientes primogénitos» (1). De cuyas palabras se infiere que en Aragón no fueron las vinculaciones una institución especial establecida por la ley, para suplir la falta de otras que desaparecían, ni tampoco objeto de privilegios y mercedes reales, sino condiciones impuestas por algunos propietarios á la trasmisión y posesión de sus bienes, en uso del derecho común que les autorizaba para disponer libremente de ellos, dejando cualquier cosa á los hijos por razón de legítima. No fué, sin embargo, el uso de las condiciones vinculares tan general como en Castilla, sobre todo mientras que la testamentificación libre era de hecho ó de derecho privilegio exclusivo de los magnates e infanzones, mas aún después que se extendió al estado llano no solían vincularse, según Molino, más que los lugares de señorío, los castillos y las baronías.

Aún fueron menos necesarios los mayorazgos en Cataluña y en Valencia, donde la propiedad conservó sus caracteres feudales mucho más tiempo que en Castilla. En aquellos dos reinos subsistieron los feudos hasta mucho después de constituir con los otros de la Península, una sola monarquía, y por lo tanto no fué menester sustituirlos con otra institución semejante. En Cataluña era lícita además la sustitución fideicomisaria sin la limitación de vidas con que la admitía el derecho romano. Así, por cualquiera de estos medios, podían los nobles y caballeros mantener en sus

(1) Molino, Repertorium fororum, verb, Primogenitus.
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familias los bienes de su patrimonio, sin apelar á la nueva institucion vincular de Castilla. Con los feudos y con las sustituciones fideicomisarias puede decirse que Cataluña y Valencia antes dieron ejemplo á los mayorazgos de otras provincias, que lo tomaron de ellas.

No sucedió lo mismo en Navarra, donde si bien la libertad de testar era tan completa como en Aragon, no hubo de hacerse uso tan general de ella para vincular bienes en familias determinadas. Había, sin embargo, algún gérmen de vinculacion en la manera de suceder en los castillos y villas, puesto que no se podian dividir por herencia, y el hijo promogénito debia suceder en el castillo del padre cuando era uno solo, aunque los demás hijos quedasen desheredados, según en otro lugar he dicho. Mas este gérmen no se desenvolvió ni dió todos sus frutos hasta que, unida Navarra á Castilla, tomó de ella la institucion vincular con sus leyes y costumbres.

III.

CÓMO SE VULGARIZARON Y DESACREDITARON LOS MAYORAZGOS.

Las leyes de Toro por favorecer demasiado el uso y progreso de esta institucion, la desnaturalizaron torpemente impidiéndole cumplir el fin para el cual había sido establecida. Prodigando la facultad de vincular, sin consideracion al estado y posicion social de los vinculistas, rebajaron y vulgarizaron una institucion aristocrática de suyo, en provecho tan solo de la democracia. No contribuyó menos á este resultado la jurisprudencia formada al amparo de aquellas leyes. Los tribunales al aplicarlas y al comentarlas los intérpretes, dieron por una parte á la facultad de vincular toda la amplitud posible, y por otra dejaron casi en desuso alguna disposicion que tendia á limitarla. Así las Cortes de Toro habian permitido vincular el tercio y quinto de los bienes en favor del heredero legitimo, por su orden y lugar (ley 27), y la jurisprudencia dedujo de aqui que era vinculable toda la hacienda de que cada uno podia disponer por testamento. Admitiósé la prueba de la posesion inmemorial, para justificar la existencia de los mayorazgos (ley 41), contra la presuncion más fuerte de derecho, que supone libre, comunicable y trasmisible toda propiedad; y así se allanó el camino á los particulares y á los tribunales para convertir en vinculados muchos bienes que antes fueran libres. Extendido el derecho de representacion de los descendientes del fundador, á sus parientes colaterales, sin li-