ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 472

Capítulo 91. Del domicilio del decurion, del augur y del pontifice colonial.

Cap. 92. De las legaciones ó embajadas públicas.

Cap. 93. Ni el duumvir ni nadie de su familia reciba dádivas con motivo de la administracion de los bienes públicos puestos á su cuidado.

Cap. 94. El duumvir y su prefecto ó sustituto, y el edil, son los únicos que ejercen jurisdiccion en la colonia.

Cap. 95. Del juicio recuperatorio ó por medio de recuperatores.

Cap. 96. De la vigilancia que en los bienes coloniales habian de ejercer los decuriones.

Cap. 97. Del patrono de la colonia y de su eleccion.

Cap. 98. De las obras de fortificacion y defensa de la colonia y de las prestaciones personales á que estaban obligados los colonos.

Cap. 99. De las aguas públicas.

Cap. 100. Del aprovechamiento por los particulares de las aguas públicas sobrantes.

Cap. 101. En los comicios para la eleccion de magistrados no se proclamen los que no puedan ser decuriones, ni los nombrados por tribus.

Cap. 102. Del juicio público (procedimiento criminal).

Cap. 103. De las facultades extraordinarias del duumvir cuando salga al frente de fuerza armada á determinar los limites del territorio colonial.

Cap. 104. Que todos respeten los linderos de las heredades.

Cap. 105. Del juicio de indignidad.

Cap. 106. De las corporaciones ilegitimas y de su prohibicion.

Cap. 123. Que se tenga por absuelto el que lo fuere en juicio en que no medie prevaricacion.

Cap. 124. Del premio del duumvir que acusare é hiciere condenar á otro por indigno.

Cap. 125. Que nadie ocupe en los espectáculos ó juegos públicos los asientos destinados á los magistrados y decuriones.

Cap. 126. Designacion de asientos en los juegos escénicos ó teatrales al colono, al avecidado, al forastero y al transeunte.

Cap. 127. De los asientos de la orquesta en los espectáculos teatrales.

Cap. 128. Que el duumvir, el edil ó el perfecto cuiden de que se nombren durante su magistratura los pontífices de cada templo y de que se verifiquen los juegos del circo, los sacrificios y banquetes religiosos.
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 473

Cap. 129. Que los duumviros, los ediles y el prefecto no obedezcan los decretos de los decuriones.

Cap. 130. De la eleccion de patronos.

Cap. 131. De la concesion de la hospitalidad.

Cap. 132. Del candidato para las magistraturas.

Cap. 135. Que las mujeres adquieran la condicion y derechos de sus maridos en la colonia Genua Julia.

Cap. 154. De los fondos públicos con relacion á la ereccion de estatuas.

Basta con la anterior enumeracion para que se comprenda la gran importancia de estos fragmentos, que por otra parte nos indican con gran claridad las costumbres y organizacion de las poblaciones espanolas, seis siglos antes de la irrupcion de los bárbaros, y cuando todavia no participaban de la civilizacion greco-latina, mas regiones que aquellas en que esta civilizacion tuvo su origen, y la parte oriental y meridional de nuestra Peninsula.

El Sr. Berlanga, despues de traducir el texto de los capitulos, dedica á cada uno un extenso comentario en el cual examina muchos de los problemas que suscitan ya comparando sus disposiciones con otras análogas antes conocidas, ya señalando los datos nuevos que contienen, y que son utilísimos para resolver cuestiones que venian debatiéndose entre historiadores y jurisconsultos. Si yo siguiera su ejemplo, sobre no poder añadir gran cosa á lo que dice, tendria que escribir un nuevo libro, y no es este el objeto que me propongo; mas para dar alguna idea á mis lectores de estas tablas, escogeré algunos de los capitulos que en ellas se contienen y que por la materia á que se refieren ó por relacionarse más intimamente que los otros con nuestra historia nacional, ofrecen mayor interes, teniéndolo todos, como he dicho con repeticion, muy grande.

Dos capitulos de estas tablas se refieren á las elecciones para los cargos publicos de la colonia, materia interesante en esta época en que con tanto empeño se estudia esta parte del derecho publico, por la gran importancia que tiene para la organizacion y para la vida de los pueblos libres. El primero de estos capitulos es el 101 y dice así:

«El magistrado que reúna los comicios para crear magistrados ó sustitutos, no acepte los que sean nombrados en comicios por tribu, ni mande proclamar á los que por cualquier causa de las señaladas en esta ley no convenga, ni sea permitido que en la colonia sean nombrados ni creados decuriones, ni estar entre los decuriones.»
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 474

El texto que dejo copiado suscita en primer lugar la cuestion difícil de la organización política de Roma y de sus diferentes vicisitudes, desde la primera división en tres tribus, número que aumentó después Servio Tulio y que llegó á ser considerable en los últimos tiempos de la república; esta división que al principio tuvo un carácter esencialmente aristocrático, como lo prueban las denominaciones con que se distinguieron las tribus, perdió su primitiva importancia sustituyéndose á ella para los actos más trascendentales la división por centurias en que la riqueza tuvo una influencia predominante, estableciéndose por último la nueva división por tribus que siendo muy numerosas y la votación individual y no colectiva como en las otras divisiones, el elemento democrático adquirió en ellas una preponderancia incontestable.

Según se infiere del texto de la ley Julia colonial, existía en Genua Julia una organización análoga á la de Roma, y había en esta colonia división por tribus y por curias; y es de notar que en una época en que después del triunfo de César, parecía que la democracia había alcanzado también su definitiva influencia y un poder sin rival, se desechara la elección por tribus para designar los magistrados; pero no es esto sólo, sino que no contento el legislador con haber tomado tal precaución eficazísima contra el predominio de la plebe, establece las condiciones que han de tener los elegidos, esto es, que no bastaba ni aun ser elector para poder ser elegible: por desgracia, no sabemos en qué consistían esas condiciones, pues sólo dice el texto que no fueran admitidos al desempeño de las magistraturas los que no fuesen ó no pudieran ser decuriones, esto es, individuos del ordo decurionum, que, como he dicho, constituía en las colonias y municipios un cuerpo análogo al Senado de Roma.

El segundo texto relativo á elecciones es el 152 y dice así:

• Ningún candidato que solicite cargos en la colonia Genua Julia, después de dada esta ley, por causa de su petición en el mismo año en que se presente candidato solicitando magistraturas ó habiéndolas de solicitar, dé convites ni invite á nadie á ningún banquete, ni tenga ni celebre convites á sabiendas con dolo malo. Cualquiera que por causa de su solicitud á las magistraturas dé convite ó invite á alguno á un banquete, siempre que no convide ni invite á banquete él mismo en el año de su pretension, si quiere que cada día no tenga más que un convite de nueve horas lo más, sin dolo malo. Ningún candidato que solicite cargos haga ni entregue regalos, donacion ó otro obsequio por causa de su pretension á sabiendas y con dolo malo, ni otro alguno por causa de la pretension de un
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 475

tercero tenga convites ni invite á alguien á banquetes ni celebre comidas, ni dé, entregue, ni regale con obsequio, ó cualquiera otra cosa á sabiendas y con dolo malo. Si alguno obrase en contra, sea condenado á dar cinco mil sextercios á los colonos de la colonia Genua Julia, y sobre este dinero al que de ellos quiera en juicio recuperativo ante el duumvir ó el perfecto, se da accion, peticion, persecucion, y por esta ley derecho y potestad.

Estas prescripciones encaminadas á refrenar la corrupcion electoral no eran, como desde luego se supondrá, peculiares de esta colonia. En Roma desde tiempos muy anteriores al de esta ley, se habian adoptado con el mismo objeto diversas y siempre ineficaces disposiciones, y varias comedias de Aristófanes nos dan una idea de lo que eran las costumbres públicas de la democracia ateniense. En la época moderna, Inglaterra, modelo que con razon se cita, siempre que se trata de la organizacion y hábitos de los pueblos libres, ha promulgado diferentes estatutos sobre esta materia, y, por último, en uno de ellos ha fijado el máximo á que se pueden elevar los gastos licitos de una eleccion, habiéndose anulado alguna por haberse probado que habia excedido el candidato la tasa de la ley. Por lo que respecta á España, si antes del establecimiento del sufragio universal habia que deplorar abusos, despues de esta innovacion confiesan los candidatos sin rebozo, que una eleccion, especialmente en las provincias del Norte y del Noroeste, es en general para ellos una ruina, consistiendo lo principal de los gastos, como en la época romana, en los convites que se dan á los electores.

De otra especie es el interés que despierta el capítulo 133 de la Julia colonial que dice así:

«Las mujeres de todos los colonos juliros genuenses que lo son ó fueren por esta ley, las cuales se encuentren en la colonia Genua Julia según esta ley, y sus maridos, estén sujetas á las leyes de la colonia Genua Julia y disfruten sin dolo malo por esta ley todos los derechos escritos en esta misma ley.»

Los legionarios se unian á las mujeres espanolas, y como segun las leyes romanas estas uniones no constituián verdadero matrimonio, porque el jus connubii era una de las partes esenciales del derecho de ciudadania, para la constitucion de la familia colonial hubo necesidad de extender aquel derecho á las mujeres espanolas, y por consiguiente adquirieron la misma condicion que sus maridos; estos en la colonia Genua eran ciudadanos optimo jure, segun se infiere de su nombre colonia Genua Julia urbanorum,
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 476

por lo cual desde los tiempos de César debió extenderse considerablemente la civilis plena á muchos habitantes de España; pues debe tenerse por sin duda que el dictador concedió los mismos derechos á todas las colonias que fundó después del vencimiento definitivo de los pompeyanos, lo cual contribuiría en gran manera á la romanización, si vale la palabra, de las dos provincias establecidas en la Península.

La concesion que contiene el capítulo 133 de la ley Julia fué importantísima, si bien exigida imperiosamente por las circunstancias, pues más de un siglo antes de la fundacion de la colonia Genua, esto es, el año 171 antes de J. C., siendo pretor en España Lucio Canuleyo, pidieron á Roma una ciudad en que morar más de cuatro mil individuos hijos de soldados romanos habidos en mujeres españolas, con quienes no era posible que aquellos celebraran matrimonio por ninguno de los tres medios que conocían las leyes romanas, ni aun por el uso, que era el menos solemne, porque no existía como queda dicho el jus connubii, sino entre los ciudadanos; y entonces accediendo á lo pedido se formó con estos hijos naturales, que tenian la condición de esclavos de sus padres, en Carteya, una colonia latina de libertos, porque sólo formaron parte de ella los que fueron manumitidos.

Con estas rápidas noticias pongo fin al presente escrito, que tiene por objeto exclusivo llamar la atención de los amantes de la historia hacia el libro del Sr. Berlanga que tanto ha hecho por los adelantos de la epigrafía española, pues la discusion del texto de los bronces de Osuna y el examen de los problemas históricos y juridicos que suscitan, sería obra muy larga y para la que me declaro y reconozco sin la necesaria competencia.

ANTONIO MARÍA FABIÉ.
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 477

DE LOS ORÍGENES Y VICISITUDES
DE LA
PROPIEDAD MUNICIPAL EN ESPAÑA

1.

ORÍGEN Y VICISITUDES DE LAS TIERRAS CONCEJILES HASTA FINES DEL SIGLO XVIII.

Entre las propiedades civiles amortizadas figuraban en España, como en toda Europa, los baldíos y realengos y los bienes de Propios y Comunes, los cuales, aunque no inalienables por su naturaleza, se hallaban de hecho fuera del comercio. Su origen es tan antiguo como el de los pueblos á cuyo servicio estaban destinados. Los municipios romanos disfrutaban este género de propiedad; y aunque los visigodos la invadieron y usurparon, repartiéndola con las tierras de los vencidos, como botín de guerra, dejaron indivisos los montes y bosques para aprovechamiento de las comunidades de vecinos, con igualdad y sin distinción entre conquistadores y conquistados (1). Bajo la dominación de los árabes, volvieron á confundirse y perderse estas propiedades; mas al reconquistar nuestros reyes el territorio, repoblando ó fundando nuevos lugares y villas, les dieron tierras, egidos y montes con que atender á sus necesidades comunes; y donde más bienes de esta clase disfrutaban los vecinos, allí acudian más pobladores.

Al principio todas estas tierras eran de aprovechamiento común; pero como muchos pueblos poseyeran más de las que necesitaban para este

(1) For. jud. I. 9, t. 1, lib. 10.
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 478

flu, y sus gastos crecieran con su vecindario y su labranza, utilizaron las sobrantes dándolas en arrendamiento y empleando sus productos en otros servicios públicos. Los concejos más ricos invirtieron después el excedente de sus rentas en la adquisición de nuevas fincas; muchos adquirieron otras además, por herencias ó donaciones de celosos vecinos; y así vino á formarse el caudal de Propios y Comunes.

No eran estos bienes inalienables de suyo: considerábanse como de libre disposición de los pueblos, y su dominio, aunque colectivo, no se diferenciaba del privado en cuanto á la naturaleza y extensión de sus derechos. Los concejos eran dueños de sus Propios, como cualquier particular de sus bienes, por más que no los enajenaran sino en circunstancias extraordinarias, ya porque en tiempos antiguos la propiedad circulaba poco, ya también porque las corporaciones perpétuas tienden forzosamente á conservar lo que poseen.

La utilidad de estas propiedades era evidente. Reducidas á dominio privado las tierras inmediatas á los pueblos y no poseyendo vastas heredades más que la iglesia y los señores, los vecinos no solían cultivar sino cortos terrenos, suficientes para proveer á su alimento, pero no bastantes para mantener sus ganados, y para proveerles de leña, madera y otros objetos necesarios para la vida y la labranza. Si los antiguos concejos hubieran carecido de ellos, los vecinos habrían tenido que comprarlos de los propietarios de tierras destinadas á este servicio, lo cual habría gravado la producción agrícola con un gasto insoportable entonces, atendida la escasez de sus rendimientos. Además, como en aquella época de constante guerra, no se beneficiaban ni podían defenderse otras tierras que las inmediatas á los pueblos y castillos, el que hubiera poseído el bosque ó el prado más próximos á su lugar, no habiéndolos de aprovechamiento común, habría sido el único que pudiera vender á sus convecinos pastos, leñas y otras cosas indispensables, y semejante monopolio habría dado lugar á graves abusos. Ni es menos cierto que con la descentralización administrativa de aquella época, y la dificultad de soportar los impuestos, si los pueblos no hubieran tenido más medio que los tributos para subvenir á sus necesidades, y hubieran carecido de rentas propias, ni habrían podido proveer como lo hicieron á su defensa, resistiendo las invasiones enemigas y salvando con sus fortalezas y sus milicias la religión y la monarquía, ni se habrían formado tantas espléndidas ciudades y ricas villas, cuya vecindad codiciaban los forasteros, y cuyos monumentos testifican todavía su pasada grandeza. Así durante la Edad Media, eran los Propios y Comunes una
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 479

necesidad indeclinable de las poblaciones y una consecuencia necesaria del régimen político y administrativo vigente.

Constituían entonces principalmente las rentas ordinarias del Estado los productos de los bienes de la corona; pues los servicios é impuestos no periódicos, eran medios extraordinarios con que se cubría el déficit de los ingresos. Otro tanto sucedía en las ciudades y villas, que formaban como pequeños Estados, por la independencia de su gobierno. Si eran de señorío ó behetría, los señores subvenían con su peculio á la parte de los gastos públicos que no cubrían las rentas de propios; si eran de realengo, los alcaldes y merinos atendían á todas las necesidades vecinales con las mismas rentas; mas en unos y en otros no se acudía á los repartimientos y arbitrios, sino cuando los ingresos ordinarios eran insuficientes. Y lo eran con mucha frecuencia, porque la corona no pagaba ningún servicio local, y los pueblos no obtenían su independencia, sino á costa de proveer á todas las necesidades de administración, fomento y gobierno. Los Propios eran á los concejos, lo que el patrimonio de la corona al Estado.

Pero con alterarse la organización política del país, fué naturalmente modificándose la condición de los bienes concejiles. A medida que se ensancharon los límites de la monarquía, fueron creciendo los gastos de la administración central, hasta el punto de no cubrir las rentas de la corona, sino una muy escasa parte de ellos. Para satisfacerlos, se repitieron cada vez con más frecuencia los pedidos de servicios pecuniarios. Muchos pueblos, que ó no podían pagarles ó preferían satisfacer la necesidad presente á costa de las generaciones futuras, hubieron de desempeñarse con la corona, enajenando parte de sus Propios. Con tal precedente se creyó después autorizado este medio de obtener recursos, y áun se prefirió en muchos casos al impuesto, como menos ocasionado á provocar resistencia; y así muchos monarcas dispusieron en sus apuros de los bienes de Propios, bien tomando por tributo alguna parte de ellos, ó bien mandando pagar con sus productos ciertos servicios públicos.

Estos ejemplos, sin embargo, no llegaron á constituir derecho: lejos de eso, nuestros reyes, desde el siglo XIV por lo méños, velaron siempre por la conservación de los bienes de Propios y Comunes. Alfonso XI ordenó en 1325, que fuesen inmediatamente restituidos á los concejos, ciudades y villas, las aldeas, fortalezas ó términos de que habían sido despojados (1). El mismo monarca, á petición de las Cortes de Madrid de 1329,

(1) Ley I, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 48

negarse que es común á la especie humana y á los brutos, siquiera se rechacen como absurdas las teorías de los modernos filósofos alemanes naturalistas. Es este, en efecto, un punto en que no hay disidencia posible entre los espiritualistas y materialistas: lo mismo los partidarios de Krausse, que Schopenhauer, Gruppe, Alihu, Volger, Büchner y cuantos llaman á Kant, Fichte, Schelling y Hegel los charlatanes de la filosofía, calificando su idealismo de «verbosidad confusa, fraseología fantástica» y contorsion violenta de las antiguas reglas del pensamiento en el torbellino dialéctico del absoluto porvenir;» están por fortuna conformes entre sí y con el sentido común en esta verdad trivial, á saber, que los animales para vivir necesitan alimentarse como el hombre. Por consiguiente, desde el momento en que Ahrens proclama que el derecho de propiedad no nace de la ocupación, ni del trabajo, de ningún acto del hombre, de nada que tenga relación con el poder creador de su inteligencia, ni con los movimientos y determinaciones de su libérrima voluntad, sino sola y exclusivamente de sus necesidades, que son al decir suyo, su fundamento y su título, la lógica empuja fatalmente á la aceptación de la idea de Brissot: «La propiedad, dice, es la facultad que tiene el animal de servirse de la materia para conservar su movimiento vital... Los animales son propietarios como el hombre. Organización, necesidades, placeres y sensaciones, todo se parece en ellos á nuestro ser. ¿Y queremos privarles del derecho que la naturaleza les ha dado en toda la materia? El animal es tu semejante: sí, tu semejante: es una verdad dura, pero quizás sea tu superior. Lo es, si es cierto que los felices son los sábios: él no experimenta los crueles males que tú te has creado en la sociedad.» Y esta tesis, deducción rigorosa é indeclinable de la doctrina de Ahrens sobre la propiedad, es la destrucción del krausismo en su filosofía y en su ciencia jurídica. Podrían sin inconsecuencia defenderla Nott y Gliddon, que después de penosas investigaciones, afirman que el hotentote y el bosjiman están más cerca del mono que del europeo, ó el profesor Huxley que en la conferencia de Oxford en 1860, sostuvo que la distancia fisiológica que existe entre el hombre y el gorilla es mucho menor que entre el gorilla y los monos más perfectos; ó en fin, cualquiera de los filósofos naturalistas, que partiendo de la idea de que el mundo orgánico se halla sometido á una ley de desenvolvimiento sucesivo, y no admitiendo verdaderos tipos ó unidades específicas, ni tampoco una esencia general é inmutable del hombre, creen que éste debe su origen á una trasformacion insensible de las especies del mundo animal que le son más próximas, y hacen depender los dones del
Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 480

dispuso se restituyeran á los pueblos los egidos, términos, montes y heredamientos que les hubieran sido ocupados por cualesquiera personas, aunque fuera con cartas reales, y que los concejos no los labraran, vendieran ni enajenaran, para que los disfrutase precisamente el comun de vecinos (1). Por donda se vé que D. Alfonso estimaba haber procedido sin derecho los reyes que habían dispuesto de los bienes del comun; quería que estos fuesen desde entonces inalienables; y en vista de los abusos y usurpaciones de que eran objeto, si se juzgaba incompetente para trasmitir su dominio, no creía serlo para asegurar su aplicación á los usos de su instituto, adoptando para ello las providencias oportunas.

En esta doctrina hubo de fundarse también la legislación posterior sobre la materia. D. Juan II, á petición de las Cortes de Madrid de 1419, declaró nulas cuantas mercedes se hicieran en adelante de los bienes de Propios; y en 1453 revocó las otorgadas anteriormente de fincas situadas dentro de los pueblos, ó de oficios públicos que daban renta (2). Este mismo monarca, y luego D. Fernando y D.ª Isabel dictaron diferentes disposiciones para que se vigilara la administración de las propiedades concejiles, asegurar la justa inversión de sus productos y mantener su integridad, confirmando la incompetencia de la corona para disponer de ellas (3).

Necesario es reconocer, sin embargo, que estas leyes no fueron siempre cumplidas. Carlos V hubo ya de infringirlas en los primeros años de su reinado, puesto que las Cortes de Madrid de 1528 le suplicaron que no hiciera nuevas mercedes de términos, Propios y baldíos, por el daño que de ello recibían los pueblos, y porque muchos de estos tenían privilegio para que sus bienes no fueran dados de aquella manera, así como para no cumplir las cartas reales que se expedían contraviniéndolo. El emperador respondió á esta petición benévolamente, pero sin reconocer de un modo explícito el derecho establecido, que le servía de fundamento. Dijo que en el otorgamiento de tales mercedes había procedido con mucha moderación; que tendría en consideración lo expuesto, para lo sucesivo; que en cuanto á las mercedes ya hechas, proveyera el Consejo, con conocimiento especial de cada una, lo que fuera de justicia; y que los concejos no pudieran por sí hacerlas, ni valieran las hechas por ellos, sin real licencia (4). Esto no obstante, hubieron de enajenarse tantas tierras concejiles, y bal-

(1) Ley 2, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.
(2) L. 1, 2, t. 16, lib. 7, Nov. Rec.
(3) L. 3, 4, 5 y 6, t. 16, y 3, 4, 5, 6 y 8, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.
(4) L. 9, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.