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Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 152

luminoso expediente, no llegó el rey á dictar en él resolución alguna.

En el mismo tiempo se adoptaron otras varias disposiciones para facilitar la división de los mayorazgos, á la sazón acumulados, entre los hijos de sus actuales poseedores. Pero la más importante que entonces se dictó, fué la de 28 de Abril de 1789, reinando ya Carlos IV, aunque discutida y laboriosamente preparada bajo el reinado anterior. «Teniendo presente el soberano (eran sus palabras) los males que dimanaban de la facilidad que había habido en vincular perpétuamente toda clase de bienes, abusando de la permisión de las leyes y fomentando la ociosidad y soberbia de los poseedores de pequeños vínculos ó patronatos y de sus hijos y parientes, y privando de muchos brazos al ejército, marina, agricultura, comercio, artes y oficios» (1), adoptó varias providencias de las que con tanto empeño habían recomendado Campomanes, Floridablanca, Castro y otros escritores y republicos. Ordenó, pues, que no se fundaran nuevos mayorazgos, ni se prohibiera directa ni indirectamente la enajenación de bienes raíces, sin prévia real licencia ó consulta de la Cámara, la cual no se concedería sino cuando el mayorazgo rentara por lo menos 3.000 ducados, y la familia del fundador pudiera por sus circunstancias, aspirar á esta distinción, para emplearse en la carrera militar ó política, con utilidad del Estado: que las dotaciones perpétuas de los nuevos mayorazgos se situaran principalmente sobre efectos de rédito fijo, como censos, juros, efectos de villa y acciones de Banco, de modo que quedara libre la circulación de los bienes raíces, para evitar su pérdida ó deterioro; y que no se permitiera vincular estos bienes, sino en alguna parte muy necesaria ó por razones de evidente utilidad pública (2).

Mientras que se publicaban estos importantes decretos, la Junta de Estado y los Consejeros preparaban reformas más radicales. El mismo día en que se promulgó el referido últimamente, Carlos IV mandó pasar á aquella Junta la Instrucción de Estado de Floridablanca, de que antes hice mérito, para que con arreglo á ella, propusiera las variaciones convenientes en la legislación. Formóse expediente, en el cual habiendo sido oídas las Audiencias, tres de ellas, los fiscales de otra y la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, opinaron por la prohibición absoluta de instituir nuevos mayorazgos. Entre tanto se presentaron al gobierno diversos proyectos para reducir las vinculaciones existentes. Uno de ellos, que consistía en facultar

(1) L. 12, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.
(2) L. Ibid.
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Á los vinculistas para dar en enfeiteusis sus casas y tierras de labor, sin real licencia, se pasó al Consejo, por orden del rey, á fin que adoptándolo, propusiera el modo de evitar los abusos y fraudes en perjuicio de los sucesores futuros que pudiera ocasionar su ejecucion. Otro de los proyectos no mal recibidos por el gobierno, proponía se facultara á los vinculistas para enajenar sus fincas, cuyo valor no excediera de 1.000 ducados, con licencia del juez ordinario únicamente y sin acudir al Consejo, como se hacia ya respecto á las casas ruinosas, en virtud de la ley citada de Carlos III.

Pero ni la Junta, ni el Consejo, ni el gobierno adoptaron ninguna disposicion sobre los mayorazgos existentes, hasta que consideraciones de orden menos elevado que las que habian prevalecido hasta entonces, vinieron á influir en su ánimo. Segun la opinion de muchos, bastaba por el momento, para contener los males de la institucion, el real decreto de 28 de Abril de 1789, que respetando todos los derechos existentes, reducia los mayorazgos futuros á lo que debian ser en una bien ordenada monarquía (1). Para promover la desmembracion y la extincion completa quizás, de los vinculos actuales, con menoscabo de los derechos adquiridos, no bastaba entones la consideracion de sus daños politicos y de sus perjuicios economicos: era menester que se agregara la de la penuria del Tesoro y la necesidad de arbitrar recursos con que auxiliarlo, para que los hombres influyentes á sazon en el Estado, intentaran remedios más radicales y se atrevieran á buscarlos en la inmediata desvinculacion de una parte de los bienes de mayorazgo.

Por aquellos motivos y con esta engañosa esperanza, dictó Carlos IV el real decreto de 1795, gravando con un impuesto de 15 por 100, todos los mayorazgos instituidos desde antes de 1789, siempre que sus poseedores vivieran en esta fecha, y los que en adelante se instituyeran, exceptuándose tan sólo de este gravámen, los fondos que se vincularan imponiéndolos en la real Hacienda. El producto de este nuevo impuesto fué destinado á aumentar el fondo de amortizacion de los vales reales (2). Así quedaron gravados no solamente los vínculos instituidos antes de la promulgacion de la nueva ley, por fundadores que vivian á la fecha de ella, lo cual podia ya ofrecer algunos inconvenientes, sino tambien los instituidos mucho antes, cuyos fundadores habian fallecido al verificarse aquella promulgacion y cuyos poseedores actuales habian sucedido en ellos sin tal gravámen. Los

(1) L. 13, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.
(2) L. 14, ibid.
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vínculos que se hallaran en cualquiera de estos casos, no habian de pasar á los sucesores inmediatos, sin que se verificara préviamente el pago del impuesto.

Cuando no mediaban los intereses del fisco, solia, sin embargo, mostrarse el legislador más considerado con los derechos existentes. Habiéndose dudado si la prohibicion de fundar mayorazgos, sin ciertos requisitos, contenida en el real decreto de 1789, alcanzaba á los instituidos antes de esta fecha por fundadores aún vivos, y cuyas fundaciones no habian producido todavía ningun efecto legal, se resolvio que aquel decreto no era aplicable á tales vínculos. Resolucion benévola en extremo, aunque equitativa en el fondo; porque si bien los sucesores de estos mayorazgos no habian adquirido ningun derecho verdadero, podia haber algunos que habiendo contraido matrimonio ó otras obligaciones con la esperanza fundada de suceder en ellos, sufrieran perjuicios graves, por no tener ya efecto las fundaciones. Pero como el decreto de 1795 se dictó más bien con una mira fiscal que política, no solamente se prescindió en él de estas consideraciones, sino que se quebrantó la regla de justicia, que prohibe retrotraer el efecto de las leyes, con mengua de los derechos adquiridos al amparo de ellas.

No hubieron de ser cuantiosos los productos de este nuevo impuesto, y creciendo más cada dia la necesidad de allegar nuevos recursos, abrió el gobierno un empréstito voluntario y patriótico, que no devengaria interés, y habia de ser reembolsado en el término de diez años. Y como los capitalistas no acudiesen pronto á este llamamiento, se ideó estimularlos, combinando esta operacion con la desamortización de los bienes vinculados. Por real decreto de 19 de Setiembre de 1798, se autorizó á los poseedores de mayorazgos y patronatos de legos para enajenar los bienes de sus dotaciones, con tal de que invirtieran el producto de estas ventas en el empréstito patriótico. Los prestamistas recibrian por sus capitales, unas cédulas de igual valor, que habian de ser reintegradas por sorteo, en periodos fijos. Las enajenaciones habian de verificarse con intervencion judicial y en subasta pública. A medida que las cédulas fueran reintegrándose, los prestamistas habian de imponer su importe en la Caja de Amortización, á rédito de 3 por 100; y si fallecieran ántes del total reintegro, percibirian sus sucesores desde luego el mismo rédito de todo el capital no reembolsado. Para mayor estímulo de los vinculistas, se declararon exentas estas enajenaciones del derecho de alcabala. Así quedó permitida la desvinculacion para todos los que renunciaran por cierto tiempo, al producto de sus fincas,
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con la esperanza de utilizarlo más adelante; pero como no fuese grande la seguridad del reembolso ni el sacrificio poco costoso, y era de temer que muchos no aceptaran aquel método de enajenación, el decreto proveyó también á esta eventualidad, permitiendo vender bienes vinculados á los que no tomaran parte en el empréstito, siempre que impusieran su precio en la real Hacienda, á rédito de 3 por 100 (1).

Carlos IV adoptó, como se ve, esta trascendental innovación por un interés más bien fiscal que político, pero no sin tratar de justificarlo principalmente con razones de Estado. Su objeto era, según decía el preámbulo del decreto, «hacer libre toda la riqueza amortizada hasta entonces, si era posible, conservando integras no obstante las vinculaciones, y con ellas, el lustre de las familias á quienes pertenecían.» Mas esto no era posible sin perjudicar derechos de tercero, y sin llevar la reforma mucho más adelante de lo que habían imaginado los más atrevidos políticos. Fué esta resolución de grave trascendencia, quizá no tanto por el efecto que produjera en el estado de la propiedad del país, la cual no hubo de experimentar de hecho una alteración muy sensible, cuanto por el precedente que estableció, acerca de las facultades del soberano para cambiarlo y modificarlo.

Tampoco hubieron de ser muy cuantiosos los recursos que obtuviera el Tesoro de aquella combinada operación, cuando al año siguiente tuvo que ofrecer aún mayores estímulos á la enajenación y conversión en rentas públicas, de los bienes vinculados. Hasta entonces los vinculistas que vendieran sus fincas, debían entregar su producto al Tesoro, para recibir, bien desde luego, ó bien cuando venciera el plazo señalado al reintegro del empréstito patriótico, el rédito anual de 3 por 100; mas Carlos IV, por otro decreto de 1799 ordenó que los poseedores que enajenaran sus fincas para prestar su precio á la real Hacienda, recibieran al contado la octava parte del mismo, como premio del anticipo, sin perjuicio de reconocerles un crédito por todo el importe de la enajenación (2), lo cual equivalía á un aumento de interés considerable. Por este mismo tiempo se mandaron vender las fincas de los establecimientos de beneficencia y obras piás; y para asegurar más su venta, se autorizó en 1802, á los poseedores de mayorazgos y otros vínculos, para enajenar las fincas de sus dotaciones situadas en pueblos distantes de sus respectivos domicilios y subrogarlas con otras análogas, procedentes de los establecimientos piadosos, las cuales queda-

(1) L. 16, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.
(2) L. 17, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.
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rian afectas á las vinculaciones, depositándose en todo caso el producto de tales ventas en la Caja de Amortización, mientras que no se invirtiera en otras fincas (1).

A pesar de todas estas facilidades, todavía no hubo de marchar la desvinculación tan rápidamente como se descaba, y para darle mayor impulso, siempre en interés del Tesoro, Carlos IV en 1805, autorizó á los poseedores de mayorazgos, y de cualesquiera fundaciones en que se sucediese por el orden vincular de España, para comprar las fincas de sus propias dotaciones por el precio de su tasación, sin subasta y con opción al premio de la octava parte del producto, siempre que éste se impusiera con igual rebaja en la Caja de Consolidación, con arreglo á las disposiciones vigentes. Para evitar los fraudes, que con el uso de semejante facultad, pudieran cometerse, se mandó que hicieran las tasaciones peritos nombrados por el poseedor y el sucesor inmediato ó un curador judicial, en su defecto, y con citación del administrador de la real Caja de Consolidación y del síndico, cuando el sucesor estuviera incapacitado para prestar su consentimiento, y que el rédito del capital imponible en la Caja no bajara en ningún caso del importe del producto líquido de los bienes vendidos. En cambio los poseedores obtuvieron un plazo de cinco años para imponer en la Caja de Consolidación el precio de sus propios bienes comprados (2).

Por consecuencia de estas leyes se restituyeron al comercio muchos bienes vinculados hasta entonces, creciendo en igual proporción la deuda pública. Vinculistas disipadores ó agobiados de deudas, convirtieron en vales reales y en metálico sus propiedades, quedando después arruinados, tan pronto como dejaron de satisfacerse los intereses de aquella deuda y ellos consumieron los pocos reales, importe de la octava parte del precio que sirvió de cebo á su codicia. Sin embargo, subsistió la mayor parte de los mayorazgos; porque como el público no tuviese sobrada confianza en el crédito del Estado, y los vinculistas que aprovecharon la ocasión de enajenar, lo hicieran más con el propósito de remediar urgencias pasajeras, que con el de cambiar la índole de sus patrimonios, fueron muchos los que vendieron y pocos los que liberaron todos sus inmuebles. De lo cual resultó que cuando las cédulas del empréstito patriótico y los vales reales dejaron de producir renta, perdieron parte de la suya muchos vínculos; y así, sin disminuirse el número de éstos, fué mucho mayor que antes era

(1) L. 18, t. 17, ibid.
(2) L. 20, t. 17, ibid.
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el de los cortos. De modo que siendo estos mayorazgos los más perjudiciales y aspirando el gobierno á reducir su número, ya que no á extirparlos por completo, las providencias que dictó, por lo que tenían de fiscales, produjeron precisamente el efecto contrario.

Además, el propósito de Carlos IV era irrealizable. Convertir en inscripciones de la deuda pública todo el capital territorial vinculado, obtener por este medio el Tesoro una suma considerable al médico interés del 3 por 100, y conservar las vinculaciones necesarias para mantener el lustre de la nobleza, sin los inconvenientes económicos de la amortización, eran fines lindabilísimos, pero inconciliables. No era posible obligar á todos los vinculistas á cambiar sus fincas por papel, sin cometer un despojo inicuo. Dejándolo á su arbitrio y haciendo todavía los más de ellos punto de honor el conservar y trasmitir á sus hijos las propiedades heredadas de sus mayores, eran pocos los que voluntariamente renunciaban á ellas, aún cuando en realidad no perdieran en el cambio. Pero su repugnancia á admitirlo debía de ser más tenaz, considerando el escaso crédito del gobierno, la insuficiencia de sus recursos y la inseguridad del pago de los réditos.

Y aunque el proyecto fuera realizable, aunque las rentas públicas fueran tan seguras como las territoriales, todavía no era conforme con el fin y naturaleza de los mayorazgos su dotación exclusiva en títulos de aquellas rentas. Si se admitían los vínculos como patrimonio de la nobleza, era porque se reconocía la necesidad de una clase independiente, que comunicándose á la vez con el trono y con el pueblo, sirviera de vínculo entre ambos, y que teniendo poder propio y empleándolo en servicio de la sociedad y del monarca, su representante, añadiera el peso de su autoridad á la que recibiera de las leyes, cuando, en uso de ellas, moderara los impetus del pueblo ó hiciera sentir su influjo en los consejos de la Corona. Esta clase no podía ser independiente sin ser rica, y la riqueza no podía darle tampoco los otros atributos, si había de depender del arbitrio del rey ó del capricho del pueblo. Y como si hubiera estado á merced del gobierno el pago de las rentas de todos los mayorazgos, habría sido él quien alimentara á la nobleza, es evidente que esta clase no hubiera tenido la independencia necesaria para el buen desempeño de su misión política.

Si esta consideración no hubiera sido bastante decisiva, porque al fin la deuda pública es en las naciones modernas, una obligación sagrada, cuyo pago no puede suspenderse sin daño tan grave para el Estado como para sus acreedores, había otra de mayor efecto en aquella época. El poder de la riqueza proviene en parte de los medios de influencia que su empleo y
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consumo proporcione, y en parte de su propia forma. Bajo el primero de estos aspectos cualquier género de riqueza era indiferente en la nobleza; mas no bajo el segundo. El dueño de grandes heredades, que las labra por sí ó las arrienda, emplea operarios, paga administradores, recoge y vende frutos, exige, perdona ó aplaza deudas, y renueva, termina, baja ó aumenta arrendamientos, ejerce, por lo méños en determinados lugares, una influencia indisputable, á que no puede aspirar el que vive de la renta que le paga cada año el Tesoro y no tiene con el pueblo más contacto qu el necesario para gastarla en el lugar de su domicilio. Si, pues, la riqueza no servía solamente á los nobles para vivir con ella, sino también, y muy principalmente, como instrumento necesario de influencia y poder, debían poseerla en la forma más adecuada para este objeto, la cual no revestían ciertamente los títulos de la Denda pública.

Si se quería, pues, conservar una nobleza rica é independiente era necesario que su riqueza fuera también independiente y sólida. Seguro es que con una nobleza exclusivamente rentista del Estado, habría desaparecido la aristocracia en todas partes, luego que los nobles y ricos-hombres perdieron el derecho de desnaturalizarse, de levantar ejércitos, de hacer la guerra al rey, de poseer castillos y de mantener su preponderancia con la fuerza. Verdad es que muchos caballeros en la Edad Media tenían por único patrimonio acostumbrados de rentas públicas, otorgados por la Corona, y que no pocos sufrían con el extrañamiento, de pena de confiscación; pero también eran dueños de su espada, y al frente de sus vasallos, que constituían su principal elemento de poder, ó recuperaban los bienes perdidos ó al servicio de otros monarcas, ganaban nuevos Estados. Pero luego que cambió el mecanismo de la sociedad, y se centralizó el poder, y perdieron los nobles aquellos exorbitantes privilegios, no les quedaron más medios de influencia que su riqueza, la autoridad de sus nombres y el poder de sus tradiciones. Si su patrimonio no hubiera sido estable é independiente, la aristocracia no habría sido en la sociedad un elemento importante. Así la decadencia de la aristocracia española data precisamente desde el tiempo en que los monarcas empezaron á examinar los títulos de sus propiedades para incorporarlas á la Corona; unas por suponerse que habían sido enajenadas contra la voluntad del rey, y otras por haber sido adquiridas en contravención á las leyes, que prohibían enajenarlas, por más que nunca hubieran sido fielmente guardadas. Si los reyes hubieran proseguido su obra con más perseverancia y rigor, quizás la aristocracia habría desaparecido mucho antes por completo.
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VI.

ABOLICION DE LOS SEÑORÍOS.

Pocas reliquias quedaban ya del feudalismo en España al comenzar el presente siglo. A la vez que la propiedad había ido perdiendo sus caracteres feudales, había ido menguando la participación de la nobleza en el gobierno del Estado y en el uso y disfrute de las cosas públicas. Con la reversión á la corona de lugares, rentas y oficios enajenados, se habían extinguido muchos señoríos y dominios señoriales. Quedaban ciertamente al empezar nuestro siglo algunos señores de jurisdicción y territorio, pero con facultades tan limitadas, que apenas eran sombra de lo que fueron. La opinión pública, más opuesta cada día á aquella institución, prestaba siempre eficaz apoyo á la corona para recobrar sus bienes y derechos perdidos. Continuada esta obra laboriosa con vivísimo empeño en el último siglo, se recordaron y desentrañaron las olvidadas leyes del Fuero Viejo, de las Partidas, de las Cortes y de los códigos y fueros municipales que prohibían enajenar las cosas del Estado, revocaban las enajenaciones gratuitas sin causa legítima y mandaban redimir los bienes vendidos por precio. En Castilla, merced á los reyes que desde Alfonso XI, revocaron pingües donaciones, rescatando multitud de jurisdicciones y lugares, tanto por sus providencias en vida como por sus testamentos, habían desaparecido en aquel tiempo infinitos señoríos. El mismo efecto habían producido en Aragón y Cataluña los decretos de sus reyes desde D. Alfonso II en las Cortes de Monzón de 1289. D. Felipe V, D. Fernando VI y D. Carlos III, promoviendo aún con mayor empeño los juicios de reversión, lograron reintegrar á la corona de una buena parte de sus rentas y de su autoridad enajenadas. Bajo sus reinados se reconoció y acreditó como principio fundamental de derecho público, que «todos los efectos del erario vendidos por precio, pueden retraerse por la real Hacienda, devolviendo el precio al comprador» (1), por cuanto estas ventas llevaban consigo la condición tácita de quedar sujetas á un retracto semejante al de abolengo ó al de comuneros, y de mayor eficacia todavía que estos por ser tan favorable á la

(1) Campomanes en el Memorial ajustado del expediente promovido por el marqués de la Corona y D. J. Albaltá, fiscales del Consejo de Hacienda, sobre reintegrarse la corona de los bienes enajenados de ella.
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Bastante más tarde, con prévias toses y resonar de pies, entró Antoñona en el despacho, diciendo:
—¡Vaya una plática larga! Este sermon que ha predicado el colegial no ha sido el de las siete palabras, sino que ha estado á punto de ser el de las cuarenta horas. Tiempo es ya de que te vayas, D. Luis. Son cerca de las dos de la mañana.
—Bien está—dijo Pepita,—se irá al momento.
Antoñona volvió á salir del despacho, y aguardó fuera.
Pepita estaba trasformada. Las alegrías que no había tenido en su niñez, el gozo y el contento de que no había gustado en los primeros años de su juventud, la bulliciosa actividad y travesura que una madre adusta y un marido viejo habían contenido y como represado en ella hasta entonces, se diría que brotaron de repente en su alma, como retoman las hojas verdes de los árboles, cuando las nieves y los hielos de un invierno rigoroso y dilatado han retardado su germinación.
Una señora de ciudad, que conoce lo que llamamos conveniencias sociales, hallará extraño y hasta censurable lo que voy á decir de Pepita; pero Pepita, aunque elegante de suyo, era una criatura muy á lo natural, y en quien no cabían la compostura disimulada y toda la circunspección que en el gran mundo se estilan. Así es que, vencidos los obstáculos que se oponían á su dicha, viendo ya rendido á D. Luis, teniendo su promesa espontánea de que la tomaría por mujer legítima, y creyéndose con razon amada, adorada, de aquel á quien amaba y adoraba tanto, brincaba y reía y daba otras muestras de júbilo, que enmedio de todo, tenían mucho de infantil y de inocente.
Era menester que D. Luis partiera. Pepita fué por un peine y le alisó con amor los cabellos, besándoseles después.
Pepita le hizo mejor el lazo de la corbata.
—Adios, dueño amado—le dijo.—Adios dulce rey de mi alma. Yo se lo diré todo á tu padre, si tú no quieres atreverte. El es bueno y nos perdonará.
Al cabo los dos amantes se separaron.

Cuando Pepita se vió sola, su bulliciosa alegría se disipó, y su rostro tomó una expresión grave y pensativa.
Pepita pensó dos cosas igualmente serias: una de interés mundano; otra