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tener ideas políticas, que viven con holgura y que pueden resistir á la corrupción; pero al lado de estos hay muchos, los más, visiosos e ignorantes que aprovecharán con gusto la ocasión de ganar fácilmente dinero. Con el sufragio universal ultra-democrático, vendría á la cámara un nuevo elemento representante de los obreros inteligentes que estaría muy en minoría; diputados ricos que hubiesen comprado los votos en los burgos grandes y en los pequeños; y los representantes de los condados que serían con corta diferencia lo mismo que los de hoy, si bien con más preocupaciones de clase. Bajaria, en vez de subir, el nivel moral de la cámara, la cual sería más heterogénea, más tímida e indecisa que la actual. Esto acontecería aún con una nueva división de distritos, y los obreros dignos y entendidos en cuyo favor se desea hacer esta gran reforma, quedarían absorbidos por el inmenso número de diputados de otras distintas profesiones y categorías. Tales son los resultados que el autor citado estima, que la adopción del sufragio universal habría de producir en su país, en donde hay verdadera opinión pública y donde los gobiernos se abstienen de intervenir en las elecciones por justo respeto á la ley. En las naciones en que por desdicha los ministros, después de proclamar hipócritamente neutralidad completa en la lucha electoral, procuran á toda costa el triunfo de sus propios candidatos, y con este objeto varían casi todos los empleados públicos, hacen nombramientos con fecha falsa atrasada, mudan á los jueces, apremian á los ayuntamientos por débitos de cuentas antiguas, les forman expedientes, condenan ó aplazan pagos por compras de bienes al Estado, suspenden municipalidades, envían delegados especiales, y emplean la fuerza armada para intimidar á los pueblos, poniendo así en movimiento y apretando los resortes todos de la administración para impedir la libre manifestación de la voluntad de los electores; en esas naciones, con cualquiera sistema electoral, pero más fácilmente con el sufragio universal, se falsea y anula el acto más importante del régimen parlamentario y se representa una comedia indigna con menosprecio y daño de los más elevados intereses del país y del porvenir de la libertad política. Ciertamente no se comprende que cuando la experiencia ha demostrado que cualquier ministro puede procurarse en algunas naciones la vulgar y poco enviable satisfacción de ganar elecciones, si no repara en los medios para conseguirlo, no haya gobiernos que estimen en lo mucho que vale la justa y legítima gloria tan nueva como grande de ser vencidos en los comicios por no perturbar ni desorganizar ni desmoralizar al país. El gabinete que esto hiciera, ganaría el aplauso y el aprecio de la inmensa mayoría de la
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nacion y no tardaría en volver á las regiones del poder llevado por el irresistible impulso de la opinión pública.

Oportunamente comparó el ilustre Martínez de la Rosa el sufragio universal á la moneda de cobre que abulta mucho y vale poco. Establecerlo en los estados en que las clases inferiores son por punto general ignorantes y pobres, es colocar un instrumento dócil y venal en manos de los gobiernos, ó ponerlo al alcance y á disposición de los que profesan ideas más exageradas ó poseen mayores riquezas. No se explica que haya quien crea con sinceridad en la conveniencia y en la justicia de dar el derecho electoral á quienes no tienen ni conocimiento de la situación política del país, ni capacidad suficiente, ni la necesaria independencia para usarlo en beneficio de la nación y según su propia voluntad. La facultad de votar tiene siempre importancia, la cual llega á ser muy considerable en determinadas circunstancias. Si se dá á gente sin ilustración y sin medios de fortuna, hay la seguridad de que ó no apreciará su importancia y no la usará, ó sabiendo lo que vale y hallándose en una situación precaria, la venderá al que mejor se la pague. Con el sufragio universal, inconsciente é indignante, sólo tienen probabilidades de ser elegidos y llegar á las urnas los capitalistas ó los representantes de opiniones extremas, los que explotan la miseria ó la avaricia, los que fomentan y halagan las pasiones, los vicios y los apetitos de las muchedumbres. El gobierno y la dirección de los negocios públicos debe corresponder á los que más valen, á los que sobresalen por la inteligencia, por la honradez y por la rectitud de intenciones, y es absurdo y peligroso entregarlo por medio del sufragio universal á las masas impresionables y sin responsabilidad.

Mucho se habla en estos tiempos, como de un gran progreso, del advenimiento del cuarto estado, parodiando ó imitando una frase célebre de Sieyes, que en nuestros días carece de sentido. En los momentos en que habían sido convocados en Francia los Estados generales del reino, cuando la nobleza y el clero tenían más derechos, más privilegios, más influencia en la política y en el gobierno que el resto de la nación, Sieyes pudo decir con propiedad: «¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debe ser el tercer estado? Todo.» Pero en la época presente, y todavía más que en otros países en los habitados por gente latina, no hay ya estados ni clases con privilegios especiales, sino súbditos ó ciudadanos que gozan de los mismos derechos y son iguales ante la ley, no habiendo entre ellos otras diferencias que aquellas nacidas de las calidades personales, de la educación, de la posición social y de la fortuna, que han existido y existen forzosamente.
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mente en todas las sociedades humanas civilizadas, y que en vano pretenderán destruir, porque se derivan de la naturaleza misma del hombre, los defensores del socialismo, en nombre de una igualdad imposible y perjudicial. Hay por lo menos notoria impropiedad en hablar ahora del advenimiento del cuarto estado. Si con esta pomposa frase se quiere significar que han de desaparecer los obstáculos legales que antes impedían subir y prosperar y obtener justicia y reparación de agravios, á los que no pertenecían á determinadas clases, y que al gobierno y á todas las posiciones y á todos los destinos puedan aspirar y llegar todos los súbditos que lo merezcan y acierten á abrirse camino, se proclama un principio justo, universalmente aceptado desde hace largo tiempo y aplicado con tal extensión en algunos países, que no sólo llegan sin esfuerzo y en corta jornada á todos los puestos públicos, aun á los más altos, los que lo merecen, sino muchos que á las veces no tienen ni siquiera una de las cualidades que para desempeñarlos se requieren. Pero si con aquellas palabras se anuncia el gobierno y el triunfo de las muchedumbres, la preponderancia del número sobre la inteligencia, del proletariado sobre la propiedad, de la ignorancia sobre la instrucción, de las pasiones violentas sobre la razón, entonces en vez de pedir ó querer un adelanto y un progreso, se retrocede en el camino de la civilización para volver á tiempos de confusión y de anarquía, y acaso de sangrienta y vergonzosa barbarie. Inglaterra no está amenazada del advenimiento del cuarto estado, tomado en este sentido, y por dicha suya se halla muy distante todavía del sufragio universal y de los sistemas electorales de los revolucionarios del continente.

Desde época remota se ha procurado que haya corto número de empleados en la cámara de los Comunes para no amenguar su prestigio, para dar autoridad á sus decisiones, y aumentar la fuerza moral del gobierno á quien apoya. La única ley de incompatibilidades que existe es del reinado de Ana, del año 1705, y dispone que todos los destinos creados con posterioridad á aquella fecha sean incompatibles con el cargo de diputado. Esta ley notoriamente insuficiente e incompleta, no evitó el mal que se proponía remediar, y no impidió que los ministros del siglo décimo octavo, que apelaban á la corrupción para gobernar, tuvieran en la asamblea electiva una sumisa compacta y numerosa falange de empleados, porque casi todos los cargos públicos eran anteriores á la muerte de Guillermo III. En este punto, como en tantos otros, la opinión del país, la sensatez y el buen sentido de los hombres políticos de todos los partidos, han enmendado los defectos y han suplido las omisiones de las leyes escritas. Con el progreso de
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las costumbres parlamentarias y con haber mayor moralidad política, ha disminuido en gran manera el número de empleados, pues se ha comprendido que su asistencia á las sesiones no les permite dedicar todo el tiempo necesario al buen desempeño de sus cargos, y que el público no creo, por más que este concepto sea casi siempre equivocado é injusto, que dan sus votos únicamente por convicción y con entera espontaneidad, sino con el deseo de conservar ó mejorar sus posiciones oficiales. Ofrece grandes dificultades averiguar qué destinos son incompatibles y cuáles no lo son con el cargo de miembro del parlamento según la legislación vigente, pero al menos es fácil saber cuántos empleados hay en la actualidad en la cámara de los Comunes.

A petición de Mr. Anderson se presentó al terminar la legislatura de 1872 un extenso informe que contiene la lista completa de los miembros de la asamblea que cobran alguna cantidad de fondos públicos ó del tesoro nacional, por sueldo, pension, concesion (allowance) ó por cualquiera otro motivo, especificando el nombre del distrito que representan, el destino que tienen, la clase de servicio que se remunera y la cantidad que reciben. Resulta de este curioso documento, que de los 658 miembros de la cámara hay 160 que cobran sueldos ó pensiones por valor de 89.398 libras (8.939.800 reales próximamente.) Analizando esta lista, pierden en gran parte su importancia estos guarismos. De los 160 diputados, 52 pertenecen al gobierno, desempeñan los altos cargos de la administración y reciben entre todos 68.491 libras (6.849.000 reales próximamente) ó se 2.000 libras cada uno por término medio, que es en Inglaterra un sueldo insignificante comparado con el trabajo que de ellos se exige, con la dotación aún la más inferior de un obispo, ó con lo que gana un abogado de fama. Si sólo se tuviera en cuenta la remuneración pecuniaria, parecería imposible encontrar quien aceptase la enorme responsabilidad y las difíciles tareas de jefe del gabinete ó de ministro por 5.000 libras anuales. De los hombres públicos ingleses, se puede decir como de los ladrones, según indica un escritor de aquel país, que si aplicasen á cualquiera otra profesión igual cantidad de habilidad y trabajo harían una espléndida fortuna. Como compensación del no muy crecido sueldo que perciben los ministros mientras lo son, obtienen una pension si solemnemente declaran que la necesitan, y en este caso se encuentran en la cámara actual dos ex-ministros en la oposición y uno en la mayoría, que reciben 2.000 libras cada uno. Otros dos diputados cobran pensiones menores por servicios políticos: tres reciben indemnización por destinos suprimidos; y tres pertene-
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cientes á la servidumbre de la reina cobran 2.086 libras entre los tres. Así tenemos ya 43 de los 180, que cobran 79.771 libras de las 89.398. Quedan 117 que cobran 9.627 libras. Todos ellos pertenecen al ejército y á la marina, y ninguno puede ser considerado como empleado dependiente directo del ministerio. Los marinos son 5: dos almirantes, un capitán y dos comandantes, y entre todos cobran 2.086 libras, bastante méños de lo que les costará la diputacion. Pertenecen al ejército 112, de los cuales sólo 15 reciben sueldo por formar parte de las fuerzas regulares del ejército. Exceptuando dos coroneles con 1.000 cada uno, los demás cobran por servicios pasados ó presentes méños de 300 libras por término medio, y hay un coronel que á pesar de su elevada graduacion no disfruta más que \(£\) 175-7-6. Hay 56 que pertenecen á las guardias de los condados (Yeomanry) y 41 á la milicia, y cobran por término medio \(£\) 17-9-3. En muchos casos cuesta méños de 5 libras el que un miembro del parlamento continúe en el servicio de aquella guardia. La milicia está algo mejor pagada; pero el sueldo de estos 97 diputados nunca llega á 50 libras para cada uno. Dedúcese de esta sucinta relacion, que en una cámara de 658 miembros, son poco más de 30 los diputados empleados públicos cuya suerte está ligada á la del gabinete y que hacen renuncia de sus destinos cuando ocurre un cambio de ministerio. Se ha llegado á esta ventajosa situacion, no por disposiciones rigorosas y restrictivas de la ley, sino por acuerdo tácito de los jefes y hombres importantes de los partidos políticos, que han comprendido por una larga experiencia, que la presencia de numerosos empleados en los cuerpos colegisladores no trae ventajas para ilustrar los debates, quita prestigio á los gobiernos y autoridad moral á las discusiones del parlamento y perjudica considerablemente á la administracion del país, privando á los empleados que son representantes de la nacion de un tiempo que necesitan indispensablemente para el buen des empeño de sus cargos, y para el estudio detenido y la acertada resolucion de los negocios de interés para el estado ó para los particulares que les están encomendados.

Preside la cámara de los Comunes un diputado elegido para este objeto por la mayoría de aquella asamblea, siendo aprobada la eleccion por el monarca; y se prefiere para este puesto á un diputado antiguo que por su larga experiencia parlamentaria haya acreditado que conoce los reglamentos, las prácticas y las tradiciones de la cámara, que ofrezca garantias por las prendas de su carácter de proceder con imparcialidad, y que no haya sido ministro ni esté en condiciones de serlo. De esta suerte, dedicado
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exclusivamente al buen desempeño de su difícil cargo, es el protector de los derechos de todos los diputados, sin distinción de opiniones, dirige sin pasion los debates, es tolerante con la oposición, no dispensa molesta protección al ministerio, y nunca puede ser un elemento de perturbación para el gobierno y dentro de la asamblea, porque no se cree con derecho á pronunciar discursos políticos desde su elevado puesto, ni por un momento se imagina que ocupa el cargo más alto á que puede llegar un súbdito en los países libres. Una de las primeras condiciones para que exista regularmente el régimen parlamentario, es que no se desconozcan ó no se exageren las atribuciones y la importancia relativa de sus diferentes elementos é instituciones. En las naciones en que hay libertad política, el puesto más elevado á que puede aspirar un ciudadano, es el de jefe del poder ejecutivo en las repúblicas, y el de primer ministro ó jefe del gabinete en las monarquías. Los presidentes de las cámaras no deben tener intervención alguna en la política del gobierno; deben limitarse á dirigir convenientemente las discusiones y á defender las prerrogativas de las asambleas; y en los países en que esto no se comprende, como acontece en Francia y en España, se desconoce el fundamento de la teoría del gobierno parlamentario, y se comete un error ocasionado á graves males en la práctica.

El presidente de la cámara de los Comunes continúa en su puesto, aún después de haber caído el gabinete que le ha propuesto, y dura varias legislaturas. Antiguamente, y aún en tiempo de Jorge III, se daba á las veces la presidencia de la cámara baja á un hombre político importante, íntimamente ligado por interes y vínculos políticos al gobierno á quien podía ayudar y pestar servicios por los muchos medios indirectos de que por su alto cargo disponía. Demostró la experiencia al cabo los inconvenientes de este sistema. Sucedió en algunas ocasiones que el presidente, queriendo tener excesiva importancia, y frecuente intervención en la política, ó reemplazar al gobierno, le creaba obstáculos y le suscitaba dificultades, no mostrándose imparcial en la dirección de los debates, fomentando el desconcierto y el fraccionamiento de la mayoría, y siendo el protector y en ocasiones el jefe de todas las agrupaciones que más ó menos francamente hostilizaban y combatían á los ministros. Cuando era favorable al gabinete, aspiraba á tener parte en la dirección de los negocios públicos, y lo hacía sin que le alcanzara responsabilidad alguna; y si se inclinaba á la oposición, era un adversario molesto y muy perjudicial, á quien no se podía ni denunciar ni hostilizar resueltamente. Comprendióse al fin la necesidad de renunciar á esta antigua práctica, y la conveniencia de que el
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presidente de la cámara, no figurando en primer término en la política activa y no estando en posición de formar parte del ministerio, permaneciese neutral en las contiendas parlamentarias. El último presidente con significación política, fué en 1789 Mr. Addington, jefe del partido de los «amigos del rey,» primer ministro en 1801, á quien se confirió después el título de vizconde Sidmouth.

Cuando el importante puesto de presidente queda vacante por fallecimiento ó renuncia del que lo desempeña, un diputado de la mayoría, de acuerdo con el gobierno, propone á la cámara la persona que le ha de reemplazar, exponiendo sus antecedentes y circunstancias, entre las que se cuenta haber tenido algunos años asiento en la asamblea; la cámara la acepta sin necesidad de votación, y esta elección se somete á la aprobación del monarca, que siempre la concede. El presidente vive en el palacio mismo del parlamento, en donde tiene magníficas habitaciones, y recibe un pingüe sueldo para gastos de representación. Su principal obligación, la de presidir y dirigir los debates, es en extremo penosa y cansada, y al cabo de algunos años daña y perjudica aún á la más robusta salud; por lo cual, al hacer la elección, se mira mucho y se tienen muy en cuenta las condiciones físicas del candidato. El parlamento está abierto seis meses por término medio; las sesiones son largas, y no hay vicepresidentes; de suerte que el presidente, durante la mitad del año, ocupa su puesto, de seis á doce horas en cada día de sesión, siguiendo atentamente el curso de los debates. Lord Macaulay refiere que en las grandes batallas parlamentarias de la época de Roberto Walpole, Onslow, que presidió la cámara de los Comunes durante treinta y cuatro años, ocupó varias veces el sillón presidencial diez y siete horas sin interrupción, y en los tiempos presentes con frecuencia se prolongan los debates hasta las altas horas de la noche. Los presidentes no descansan sino cuando la cámara delibera y examina los proyectos de ley como comisión, pues para estos casos tiene un presidente especial que dura también varias legislaturas. Al cabo de algunos años y cuando su salud está ya quebrantada, se confiere á los presidentes de la cámara electiva la dignidad de Lord para que pasen á la cámara aristocrática, y una pensión de mil ó dos mil libras esterlinas por dos vidas, por la suya y la de su inmediato sucesor, para que mantengan con decoro la distinción nobiliaria que reciben. En Inglaterra se exige mucho de los servidores del estado, pero se les recompensa generosamente. Al comenzar la legislatura de 1872, Mr. Denison anunció que no podía continuar presidiendo la asamblea electiva, como lo había hecho durante quince
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estos. Mr. Gladstone, primer ministro, y Mr. Disraeli jefe de la oposición, al manifestar su sentimiento, hicieron justicia á la inflexible imparcialidad que siempre había mostrado; y á los pocos días Mr. Roundel Palmer, el más afamado jurisconsulto de Inglaterra, en estos momentos Lord Canciller, recomendó como sucesor de Mr. Denisson, á Mr. Enrique Bouverie Guillermo Brand, que votado por la cámara y aprobado por la reina, se sienta ya en el sillón presidencial. También se ha retirado en la misma legislatura Mr. Dodson, presidente de la cámara como comisión en seis parlamentos distintos, siendo reemplazado por Mr. Bonham Caster.

Ofrece tales ventajas el sistema de no encomendar la dirección de los debates de la asamblea á un personaje político importante, que se ha adoptado en Bélgica, en Holanda, en Portugal y en todos los países en que realmente hay gobierno parlamentario; pero se ha rechazado hasta ahora en Francia y en los estados que ciegamente y sin discernimiento la imitan, porque en ellos no existe más que la forma y la apariencia del régimen representativo. Los resultados son muy diferentes según la costumbre que prevalece. En la Gran Bretaña casi nunca hay lucha para la elección de presidente; pero cuando la hay y es derrotado el candidato ministerial, como aconteció en 1836, siendo primer Lord del Tesoro Roberto Peel, este suceso no influye en la marcha de los negocios públicos ni en la suerte del gabinete. Por el contrario, en los países que desconocen la índole verdadera del sistema constitucional, el triunfo del candidato de oposición produce la caída del ministerio, y la nación y el monarca ó el supremo magistrado encargado de nombrar el nuevo gobierno ó de conservar el antiguo, se encuentran con una grave crisis política, como lo es siempre el cambio de gabinete, producida no por una cuestión política de interés reconocido para el estado, sino por un nombre propio depositado en el fondo de una urna, y por una votación secreta á la cual no ha precedido discusión ni explicación de ningún género, y en la que no se sabe con certeza, por más que se presuma, cómo ha votado cada agrupación de las que en la cámara tienen asiento. Es tan absurdo, tan contrario á la lógica y tan expuesto á grandes inconvenientes, hallarse con una dificultad política de este género, que no se comprende que haya todavía países en que por preocupación ó por rutina se dé á la elección de presidente una importancia que no puede ni debe tener.

Entre las muchas y variadas atribuciones de la cámara popular, descuella como la más antigua y acaso como la principal y más importante, pues de ella en gran parte dimanan todas las demás, la facultad de votar