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laissez passer, y armados con este principio y con las doctrinas y los ejemplos de la revolución francesa, folletos y periódicos combatieron enérgica y libremente la amortización de todo género de propiedad. Así los atrevidos reformadores de 1812, aunque encerrados en el estrecho recinto de Cádiz y bajo el fuego de las baterías enemigas, pusieron en tela de juicio todas nuestras antiguas instituciones, con la intención patriótica de demostrar sus vicios y preparar los oportunos remedios.

Las Cortes extraordinarias de aquella época cuya mayoría profesaba candorosamente estas doctrinas políticas, no podían olvidarse de la necesidad de extirpar con mano vigorosa la plaga de la amortización; pero como hubiese también en ellas una minoría poderosa, defensora acérrima de las instituciones antiguas, y cualquiera reforma eficaz sobre esta materia había de lastimar multitud de intereses, ligados entonces con la noble causa de la independencia, los nuevos legisladores procedieron en esta materia con tanta lentitud y miramiento, que no llegaron á adoptar ninguna resolución definitiva. En la sesión de 21 de Febrero de 1812 los diputados García Herreros y Calatrava presentaron una proposición pidiendo se dictara una ley para la extinción de los mayorazgos cortos, sin perjuicio de los grandes, que debían conservarse como patrimonio de la nobleza. El diputado Castelló, juzgando esta reforma insuficiente, presentó en la sesión inmediata otra proposición pidiendo «se prohibiese absolutamente la institución de vinculaciones de tierras, y se anularan todas las hechas anteriormente, quedando las tierras comprendidas en ellas, en poder de sus legítimos poseedores y en calidad de libre disposición.» Mas las Cortes, deseando hacer esta reforma con el menor daño posible de ciertos derechos é individuales intereses de clase, dignos también de respeto, no aprobaron sino la primera parte de la proposición, y desecharon desde luego la segunda, que suprimía de un golpe todas las vinculaciones de tierras existentes, nombrando una comisión que informara sobre el asunto.

Esta comisión discutió detenidamente las diversas soluciones de la cuestión vincular, consultó los trabajos hechos anteriormente por el Consejo y por otras corporaciones ó particulares, y al fin presentó su dictamen sensato, prudente y bien razonado. Reconociendo en él que produciría en su concepto más grave daño que los mayorazgos, la inmediata y repentina supresión de todos los existentes, grandes y cortos, y que la nobleza no podía conservarse sin el auxilio de esta institución, opinaba que lo único que debía hacerse era reformarla, corrigiendo sus vicios y defectos. Partiendo de esta base proponía la comisión que quedaran extinguidos todos
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los mayorazgos de menos de 3.000 ducados de renta; que se conservaran los de los grandes de España, en cuanto no excedieran de 80.000 ducados, los de los títulos de Castilla, en cuanto no pasaran de 40.000, y los de particulares, hasta la suma de 20.000; que los vinculistas pudieran sacar las dotas para sus hijas de los bienes vinculados, cuando carecieran de otros libres; y que pudieran asimismo dar en enluteusis perpetuo las tierras vinculadas incultas, previa informacion de utilidad. A esto nada más aspiraba entonces aquella ilustrada comision, cuyos individuos rivalizaban en celo por la causa de las reformas, y á la cual pertenecia el mismo Calatrava, adversario tan decidido de las vinculaciones.

Todavia las Cortes no quisieron dictar en materia tan grave ninguna resolucion sin oir previamente al Consejo de Estado, que acababa de organizarse, con arreglo á la nueva Constitucion. El Consejo discutió detenidamente el asunto, y al cabo de cerca de dos años emitió sobre él un informe digno de llamar la atencion, como muestra de la rapidez con que avanzaba el espíritu de reforma. Ya se ha visto la resolucion sensata y prudente que habia prevalecido en la comision de 1812, compuesta de diputados liberales: pues hé aquí ahora lo que en 1814 pensaba el Consejo de Estado, cuyos individuos debe suponerse que pertenecian á la fraccion más sesuda y moderada del partido liberal. En su concepto no era necesaria la nobleza en una monarquia, como la de España, y por lo tanto no hacia falta tampoco ninguna clase de vinculaciones. Convenia con la comision en cuanto á distinguir entre mayorazgos grandes y cortos, para el efecto de su inmediata extincion, mas proponiendo al mismo tiempo que los poseedores de unos y de otros pudieran disponer de sus bienes entre vivos y por causa de muerte, á favor de sus hijos y descendientes. De modo que segun este proyecto no habrian durado más tiempo las vinculaciones, que el que hubieran querido sus poseedores actuales ó los futuros. Ambos dictámenes pasaron á la regencia del reino, la cual, después de considerarlos maduramente, optó por el de la comision de las Cortes, desechando, por excesivamente radical, el del Consejo. Mas en esto llegó el término de aquel primer periodo del regimen constitucional: Fernando VII publicó su famoso decreto de 4 de Mayo de 1814 revocando los actos de las Cortes, y éstas pusieron fin á sus tareas, sin haber decidido la cuestion de las vinculaciones.

Si las Cortes de 1812 hubieran tenido tiempo para realizar su pensamiento sobre este asunto, que era, al parecer, el de la comision, la opinion pública habria quedado satisfecha y quizá se habria evitado la solucion re-
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volutionaria adoptada posteriormente. Nada adelantó en la práctica, como era de esperar, esta reforma, en el período de gobierno absoluto, que siguió al primero constitucional, no habiendo sido el interés de ella, sino el del Fisco, el que hubo de consultarse al aumentar en 1848 á 25 por 100 el impuesto de amortización; pero en cambio ganó mucho favor en la opinión pública. Y como es ley de la naturaleza que las reacciones de todos géneros traspasen los límites convenientes, la desamortización absoluta é inmediata de todas las propiedades, sin transigir con casi ninguno de los intereses que representaban las antiguas restricciones del dominio, vino á ser como uno de los dogmas de la escuela liberal.

Así, cuando volvió á dominar esta escuela con el restablecimiento del sistema constitucional, apenas se abrieron las Cortes de 1820, empezó á sonar en ellas la cuestión de los mayorazgos. En la sesión del 11 de Julio de aquel año indicó el diputado Moreno Guerra que debían desaparecer todas las vinculaciones. El diputado Izturiz presentó en seguida una proposición para que se declarara enajenable toda la propiedad (1). Muchos particulares acudieron á las Cortes con representaciones y proyectos, en el mismo sentido, pidiendo unos la reducción y otros la supresión completa de todos los mayorazgos, si bien no faltó tampoco quien solicitara su conservación, y particularmente la de los cortos. Nombraron, pues, las Cortes una comisión que, sin levantar mano, se ocupara en redactar un proyecto de ley sobre la materia.

Entre tanto, algunos diputados, más impacientes por apresurar la reforma de que tanto bien esperaban, presentaron otras proposiciones de ley con el fin de que se conservaran las tierras vinculadas en poder de los colonos (2). Mas la comisión, compuesta de los diputados más distinguidos, entre ellos Martínez de la Rosa, Calatrava, Manescau, San Miguel, Cano Manuel y otros, apresuró entonces su trabajo y presentó su dictamen en la sesión del 3 de Setiembre. La mayoría de las Cortes propendía, como se vió después, á la supresión absoluta é inmediata de todas las vinculaciones; pero una minoría no muy escasa, según se ve por la única votación nominal que hubo sobre este asunto, sí bien deseaba reducir los mayoraz-

(1) Sesiones de las Cortes de 1820, t. 1.º, pág. 57.
(2) Sesiones, t. 3.º En 23 de Agosto de 1820 propuso el diputado Gonzalez Allende que los vinculistas no disfrutaran, respecto á sus tierras, los beneficios conocidos á los propietarios por los artículos 5.º y 6.º del decreto de las Cortes de 1813, ni pudieran despedir á sus arrendatarios, fuera de ciertos casos señalados, aunque concluyera el tiempo de su arrendamiento.
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gos, no quería abolirlos por completo. Los más de la comisión siguieron las opiniones radicales de la mayoría; algunos no se conformaron con ellas en puntos muy graves, que impugnaron; pero uno tan solo, el diputado Hinojosa, formuló voto particular de su dictamen.

La mayoría de la comisión fundó su parecer en las doctrinas radicales, ya presentadas por el Consejo de Estado en 1814. Dejando entrever que no consideraba necesaria la nobleza en la monarquía española, sostuvo que los mayorazgos no le aprovechaban, pretendiendo demostrarlo con el hecho de haber existido gloriosamente sin ellos la nobleza romana y la antigua española, y de haberse extinguido, á pesar de ellos, multitud de familias, en otro tiempo nobilísimas y poderosas.

Jovellanos había empleado ya este argumento en su Informe sobre la ley agraria, sin advertir que si la primitiva nobleza de Roma y la de España no conocieron las vinculaciones, poseían grandes riquezas territoriales, estancadas en sus manos por efecto de la constitución política de la propiedad; sin recordar tampoco que cuando la nobleza no tenía mayorazgos disfrutaba perpétuamente grandes Estados feudales y mantenía y acrecentaba su poder conquistando nuevas tierras con la punta de su espada. Siguiendo también la comisión las doctrinas de la revolución francesa sobre el derecho de propiedad, no se limitaba á negar al hombre la facultad de señalar á su arbitrio y perpétuamente el destino de sus bienes, sino que hasta dudaba de la justicia y de la conveniencia del derecho de testar (1).

En cuanto á los perjuicios económicos de las vinculaciones, profesaba la mayoría de la comisión las doctrinas más radicales de los economistas del último siglo. A sus ojos era un mal gravísimo la acumulación de la riqueza, y ésta y la inalienabilidad de tantas propiedades amortizadas, la causa principal de la pobreza y de la decadencia de España. De aquí infería que no debían tolerarse los grandes mayorazgos que, acumulando y haciendo inalienable mayor suma de riqueza que los cortos, eran en su concepto los más perjudiciales.

«La institución de los mayorazgos, decía, pugna con los progresos de la población y de la agricultura, introduce la pobreza y el desatiento, fomenta las semillas del mal moral, entorpece los movimientos progresivos de la aplicación y de la industria, divide los miembros de la sociedad, turbaba la armonía y concordia de las familias, destruye el derecho de propiedad y se halla en oposición con todos los principios de sociabilidad y de

(1) Sesiones, t. 4.º, pág. 306.
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"justicia universal y con las leyes más sábias de los gobiernos primitivos y con las antiguas de nuestros reinos."

Así juzgadas las vinculaciones, y admitida además la doctrina de que las reformas no deben detenerse ante los intereses, ni aún ante los derechos que lastimen, no es de extrañar que la comisión dijera en otro lugar de su informe, con más calor de imaginación que rectitud de juicio, que el remedio "más poderoso y eficaz era arrancar de raíz el árbol productor de frutos tan amargos; destruir, arrasar basta los cimientos ese soberbio monumento consagrado al ídolo del orgullo y levantar sobre sus ruinas el de la justa e igual propiedad" (1). Lenguaje en verdad más propio de tribunos que de graves y de circunspectos legisladores; pero no enteramente ajeno al espíritu y carácter de la obra que iba á realizarse. Acabar de un golpe con una de las instituciones más profundamente arraigadas en el país, prescindiendo de intereses respetables y de derechos legítimos, era un acto revolucionario que bien merecía justificarse con discursos en estilo demagógico.

En vista de estas consideraciones propuso la comisión que se declarara libre desde luego toda la propiedad vinculada: que los poseedores, cuyos sucesores inmediatos no fueran sus hijos ó descendientes, reservaran para ellos la mitad de los bienes vinculados; que se conservaran las vinculaciones existentes dotadas con juros, censos, acciones de Banco ó créditos contra el Estado, y aun pudieran fundarse otras de la misma especie en adelante, con licencia de las Cortes, y rentas de cierta cuantía; y que las manos muertas quedaran inhabilitadas para adquirir en lo sucesivo bienes raíces, rentas y capitales de censo impuestos sobre ellos. De modo que por este proyecto debían cesar desde luego todas las vinculaciones y restituirse al comercio las fincas vinculadas, excepto la mitad de aquellas que debieran pasar á sucesores inmediatos, extraños ó parientes trasversales de los actuales poseedores; en cuyo caso se hallaba sin duda el número menor de los mayorazgos.

Opuso á este dictámen su voto particular D. Martín de Ilinojosa, que disintió, como he dicho, de sus compañeros de comisión. En su concepto, la mayoría exageraba los inconvenientes de las vinculaciones, y estimaba sus ventajas en menos de lo justo: la abolición completa y simultánea de todas ellas iba á lastimar graves intereses, y aun derechos muy respetables, á ocasionar conflictos, dificultades de ejecución casi insuperables y numero-

(1) Sesiones, t. 4.º, pág. 305.
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sos pleitos, y á producir un general descontento, perjudicial para el afianzamiento del sistema representativo. No se oponía, sin embargo, Hinojosa á una reforma prudente de los mayorazgos, pero hecha con lentitud, por grados y de manera que corrigiendo el mal presente, se evitara su reproducción en lo futuro, dejando al tiempo su completa extinción (1).

En la sesión del 12 de Setiembre empezó la discusión del dictámen de la mayoría. Fué amplísimo el debate sobre el artículo 1., que declarando libre toda la propiedad vinculada, encerraba virtualmente el principio fundamental de la ley. Los oradores de la mayoría apuraron en él todas las razones alegadas contra los mayorazgos en los dos siglos anteriores. Vargas Ponce intentó demostrar que esta institución era perjudicial á los vinculistas, destructora de las familias y contraria á la sociedad. En el mismo sentido y apoyando el dictámen de la mayoría de la comisión, hablaron Calatrava, Vadillo, D. Marcial López, La Santa, Gasco, Moreno Guerra y Giraldo. Excusado es decir que todos estos oradores exageraron los beneficios de la desvinculación, prometiéndose de ella más ventajas políticas y económicas de las que racionalmente debían esperarse y después ha acreditado la experiencia. Al argumento de que con su proyecto iban á quedar perjudicados derechos é intereses respetables contestaban: si por tales consideraciones hubiéramos de detenernos deberíamos renunciar á toda reforma, pues cualquiera que se intente habrá de lastimarlos. Su propósito era extirpar de raíz las vinculaciones, cualesquiera que fuesen los intereses ó los derechos que quedasen lastimados.

El sistema de la desvinculación sucesiva, con la subsistencia de algunos pocos grandes mayorazgos, contrario por lo tanto al de la comisión, tuvo también elocuentes mantenedores. El conde de Toreno, Martínez de la Rosa, López Cepero, Silves, Dolarea, Freire, Martel, Álvarez Guerra y Victoria hablaron más ó menos en aquel sentido. Estos oradores consideraban indispensable la nobleza hereditaria, la cual en su concepto no podía sostenerse con las condiciones propias de su clase, sin algunos mayorazgos. Todos ellos propendían á aceptar el dictámen de la comisión de las Cortes extraordinarias de 1812. Negaban que las vinculaciones fueran funestas á la agricultura, como se suponía, probándolo con el ejemplo de Cataluña, Valencia y las Provincias Vascongadas, que á pesar de tener muchos mayorazgos grandes y pequeños, eran las más pobladas, las mejor cultivadas y las más industriosas, y también con el ejemplo de Inglaterra,

(1) Sesiones, t. 4, p. 326.
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que prosperaba más que ninguna otra nación, á pesar de haber en ella un número considerable de vinculaciones.

Estos diputados, sin embargo, no estaban entre sí de acuerdo, sobre la manera de resolver la cuestión pendiente, á lo cual debe atribuirse tal vez, el escaso fruto de su oposición. Conviniendo en sus apreciaciones generales, se dividían, en cuanto al modo de plantear la reforma, en tres grupos diversos: uno, de los que querían conservar cierto número fijo de mayorazgos; otro, de los que aspiraban á conservarlos sin limitación de número, aunque con otras restricciones; y otro, de los que sin abolir los existentes, deseaban promover su voluntaria y sucesiva desvinculación.

Figuraban en el primer grupo los diputados de opiniones liberales menos exageradas en aquella época. Martínez de la Rosa, uno de los más ilustres entre ellos, demostró victoriósamente la inconsecuencia inexplicable y la injusticia notoria en que incurría la comisión manteniendo los mayorazgos dotados con censos ó rentas públicas, contra los cuales podía decirse lo mismo que contra los dotados con fincas, y negando al hijo, como sucesor inmediato, el derecho á la reserva de la mitad de los bienes vinculados, cuando se concedía expresamente al sucesor extraño. Pidió que se conservara un cierto número de mayorazgos, aunque consistieran en fincas, para dotación de la nobleza, cuya existencia como clase, había reconocido la Constitución, en el hecho de llamar cuatro de sus individuos al Consejo de Estado (1). Abundando Cepero en el mismo parecer, quería que se conservara un número fijo de mayorazgos, igual al de los grandes de España que existían á la muerte de Carlos III, y que sus rentas no pudieran exceder de cierto límite (2). Enemigo también de la desvinculación completa, el conde de Toreno opinaba por la conservación de los mayorazgos de la grandeza, cuyas rentas no excedieran de 60.000 ducados, y calificó de ridículos los dotados con frutos civiles, que proponía la comisión (3). Dolarea abogaba también por la conservación de ciertos mayorazgos de determinada renta, pero quería al mismo tiempo que se permitiera al vinculista vender la parte de sus bienes que fuera necesaria para dotar á las hijas, y alimentar ó hacer donaciones propter nuptias á los hijos; que se derogara la ley 46 de Toro que declaraba vinculadas las mejoras hechas en lugares de mayorazgo; y que los bienes vinculados fueran responsables.

(1) Ses. del 12 Setiembre.
(2) Ses. del 13 Set.
(3) Ses. del 14 Set.
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de las deudas de sus poseedores (1). Tales eran las opiniones de los diputados que formaban el primero de los grupos en que se dividía la oposición.

En el segundo grupo, y en primer término, se hallaba el diputado Freire, que sostuvo opiniones singulares en una asamblea cuyos individuos, casi en su totalidad, no reconocían más fundamento justificativo del dominio que los preceptos de la ley positiva. Freire negaba á las Cortes la facultad de privar de sus derechos á las personas llamadas á la sucesión de los mayorazgos existentes. Sostenía además que no siendo dueño el Estado de los bienes vinculados, no podía trasmitir el pleno dominio de ellos á sus poseedores actuales, que eran sólo usufructuarios. De todo lo cual concluía qué la reforma debía limitarse á corregir algunas de las viciosas leyes que regían en materia de vinculaciones, y particularmente la 46 de Toro, y á prohibir para lo sucesivo, la institución de nuevos mayorazgos (2): En el mismo grupo figuraba Álvarez Guerra, aunque con opiniones menos radicales en su sentido. Este diputado propuso que quedara á la libre disposición de los poseedores actuales el tercio de los bienes vinculados, y que de los dos tercios restantes pudieran disponer á su vez los dos sucesores más inmediatos; de modo que á la tercera generación quedara enteramente libre toda la propiedad entonces vinculada; pero quería al mismo tiempo que fuese en adelante lícito á todo propietario constituir mayorazgo sobre el tercio de sus bienes, el cual se iría también desvinculando por terceras partes en los tres primeros sucesores (3). Ambos oradores fueron oídos con suma extrañeza por la Asamblea; tan extravagantes y fuera de propósito hubieron de parecer sus opiniones, que apenas se creyó necesario refutarlas; y sin embargo, uno y otro, aunque en diverso sentido, expusieron ideas nuevas, que bien merecían algún examen.

En el tercer grupo figuraba principalmente el gobierno, que por órgano del ministro de Gracia y Justicia, se manifestó adversario al proyecto de la comisión y recomendó la subsistencia de los mayorazgos cuyas rentas no bajaran de 8 á 10.000 ducados ni excedieran de 40 á 50.000; pero con la circunstancia de que los poseedores quedarían en libertad de enajenar sus bienes ó distribuirlos entre sus hijos en la forma que quisieran (4). Ezpeleta y Victoria sostuvieron también esta opinión.

(1) Ses. del 13 Setiembre.
(2) Ses. del 13 Set.
(3) Ses. del 14 Set.
(4) Ses. del 12 y 13 Set.
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Despues de tres dias de prolijas discusiones, se llamó á votar el articulo 1.º; base y fundamento de la ley. A este acto precedieron algunas explicaciones, sobre si se podrian presentar enmiendas al artículo 2.º que modificaran ó restringieran el sentido del anterior. Convínose en que así podría hacerse, siempre que las enmiendas no alteraran sustancialmente la disposicion del artículo 1.º En este supuesto, algunos oradores que lo habian impugnado, creyeron poder votarlo, con la esperanza de modificarlo, enmendando el artículo 2.º Así se explica cómo dieron su voto favorable al primero 128 diputados, y en contra sólo 24, habiendo sido tan criticado antes por tantos otros. Verdad es que de todos modos habría pasado el artículo, atendido el espíritu dominante en la Asamblea, pero seguramente no habría tenido tantos sufragios si Martinez de la Rosa, Cepero, Perez, Costa y otros diputados hubieran sabido que las enmiendas que pensaban proponer, con el objeto de exceptuar de la ley ciertos mayorazgos de la nobleza, habían de ser rechazadas después sin exámen, por suponerlas contrarias sustancialmente á lo votado.

Aprobado así el artículo 1.º, y no admitida, ni aún á discusion siquiera, ninguna enmienda que lo modificase, nada más creyeron poder hacer los impugnadores del proyecto que purgarlo de las faltas y contradicciones que encerraban los demás artículos. Martinez de la Rosa tomó á su cargo esta tarea con mejor éxito que la precedente. A su instancia se enmendó aquella injusta disposicion por la cual no quedaban obligados los vinculistas á reservar la mitad de sus mayorazgos, cuando el sucesor inmediato fuera su hijo ó su descendiente, y sí cuando fuera extraño ó pariente en línea trasversal. También logró con su elocuencia que no fueran aprobados los artículos que autorizaban la fundacion de nuevos mayorazgos sobre censos, acciones de Banco, inscripciones de la Deuda pública y otros frutos civiles. Contra el artículo del proyecto que prohibía á la Iglesia y á los establecimientos de beneficencia adquirir inmuebles, tributos y capitales de censo, que era uno de los más graves y en parte más cuestionables, no se levantó más voz que la del diputado Lobato. A su discurso demostrando que, según la doctrina católica, no se puede privar á la Iglesia del derecho de adquirir propiedades, contestó Giraldo con las doctrinas de los enciclopedistas; y sin más debate quedó aprobada esta disposicion gravisima. Concluida la discusion de la ley en 16 de Septiembre, se aprobó la minuta del decreto el 27 siguiente, y el 11 de Octubre le dió su sancion el rey.