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causa pública; y aún se invocó el dominio eminente del Estado y la utilidad común para justificar estas reversiones. Lo que no defendió nadie, sin embargo, fué que pudieran ser despojados los poseedores sin la indemnización correspondiente. El conde de Campomanes en el expediente del Consejo sobre incorporación de los bienes de la corona enajenados, decía que los obtenidos de ella por donación ó merced remuneratoria, no estaban sujetos al retracto por recompra, y que debían respetarse estas donaciones, á menos que estuvieran comprendidas entre las revocadas expresamente por D. Juan II, D. Enrique IV ó los Reyes Católicos en las Cortes de Valladolid de 1442, de Santa María de Nieva de 1475 y de Toledo de 1480; ó á no ser que lo enajenado fuera alguna isla, puerto marítimo ó pueblo fronterizo, y se indemnizara previamente al donatario de su valor actual; pero que las ventas verificadas de cualesquiera derechos propios del Estado, podían revocarse, siempre que se anticipara el precio de su egresión, cualquiera que fuese su valor presente.

Con estas doctrinas e invocando leyes antiguas y numerosos precedentes, lograron los primeros reyes de la casa de Borbón acabar con muchos señoríos y propiedades feudales; pero aún quedaban reliquias de ellos, que subsistieron, hasta que con la revolución de 1808, se inauguró en España la era de las reformas políticas. La opinión de los españoles más ilustrados reclamaba sin duda la abolición de los señoríos. Trataron de ella las Cortes en 1811 á excitación del diputado Lloret, que propuso «se reintegren á la corona todas las jurisdicciones, así civiles como criminales, sin perjuicio del competente reintegro ó compensación, á los que las hubiesen adquirido por contrato oneroso ó causa remuneratoria» (1). Aspirando otros diputados á más radicales reformas, propusieron se añadiese «á la incorporación de señoríos y jurisdicciones, la de posesiones, fincas y todo cuanto se hubiese enajenado ó donado, reservándose á los poseedores el reintegro á que tuviesen derecho» (2); y que «se desterrara del suelo español y de la vista del público el feudalismo visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos é insultantes á la humanidad que tenía erigido el sistema feudal en muchos cotos y pueblos...» (3). En el curso de la discusión se modificaron estas proposiciones diferentes y de ellas resultó la ley de 6 de Agosto de 1811, que procuró conciliar las pretensiones de los que deseaban

(1) Diario de las Cortes, t. 4, p. 426.
(2) Diario, etc., t. 6, p. 145. Proposición del diputado D. Manuel García Hereros.
(3) Discurso del Sr. Alonso y López, diputado por Galicia.
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acabar de un golpe con los señoríos jurisdiccionales y los solariegos, con las de aquellos que sólo aspiraban á abolir la jurisdicción señorial mediante la indemnización correspondiente.

Quedaron por esta ley incorporados á la nación todos los señoríos jurisdiccionales, y abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, así como las prestaciones reales y personales que debían su origen á título jurisdiccional, excepto las que procedieran de contrato libre. Declaráronse al mismo tiempo propiedades particulares los señoríos territoriales y solariegos, si no eran de los que por su naturaleza debían incorporarse á la nación, ni tampoco de aquellos en que no se habían cumplido las condiciones de su establecimiento, según resultaran de los títulos. También quedaron entonces abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos de origen señorial, como los de caza y pesca, hornos, molinos y aprovechamientos de aguas y montes, todo lo cual había de quedar al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, pero no sin la indemnización correspondiente, cuando tales derechos hubieran sido adquiridos por título oneroso, ó por recompensa de grandes servicios.

Esta ley, aunque hubiera sido interpretada en el sentido más favorable á los señores, traspasó evidentemente los límites de la justicia. No podía en verdad censurarse la inmediata incorporación á la corona de todas las jurisdicciones señoriales, mas no puede juzgarse de la misma manera la abolición de las prestaciones de origen jurisdiccional, no estipuladas por contrato. Estas prestaciones constituían derechos adquiridos al amparo de las leyes y con la sanción del tiempo; representaban muchas de ellas, eminentes servicios hechos al Estado, y no pocas procedían de contratos libres, cuyos títulos habían consumido los siglos. Tal origen tenían las multas y penas de cámara, que percibían los señores en las causas y pleitos, que sustanciaban sus alcaldes, los portazgos y alcabalas que les pagaban sus vasallos y las derramas de menos de 3.000 maravedís que podían imponerles. Y aunque una parte de estos ingresos debiera invertirse en el salario de los jueces y otros funcionarios públicos, de cuyo pago debían quedar exentos los señores, constituyen el sobrante una renta más ó menos cuantiosa, una propiedad que por lo menos tenía á su favor el título respetable de la prescripción, y no podía ser confiscada con justicia, sin indemnización previa.

Hallábanse en el mismo caso los servicios personales de que fueron eximidos los vasallos, y cuya mayor parte traía origen de concesiones de tierras hechas antiguamente por los señores. Si esta especie de servidumbre
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no era ya compatible con la civilización moderna, tampoco permitía la justicia privar á los señores de su derecho, sin ninguna compensación. Así en Inglaterra, donde existían muchos vasallos gravados con cargas personales mucho más onerosas, no fueron éstas remitidas graciosamente, pero se facilitó su conmutación en servicios pecuniarios, á fin de conciliar el interés público con la justicia.

Ni fué menos violenta la abolición, sin previo resarcimiento, de los privilegios exclusivos de caza y pesca, hornos, molinos y otros semejantes, cuando no se fundaran en títulos escritos de contrato oneroso ó en grandes servicios. En los remotos tiempos en que tales privilegios se establecieron, rara vez se cuidaba de consignarlos en escritura pública. Los señores daban tierras á sus vasallos, y como las demás de sus comarcas continuaban en su dominio, claro es que tenían el derecho exclusivo de cazar en ellas, sin necesidad de reservárselo expresamente. Otros privilegios poseían los señores por haberlos impuesto á sus vasallos, en uso de su casi omnímoda potestad, ó por merced de los reyes, que se consignarían probablemente en escrituras públicas; ¿mas cuántas de éstas no ha devorado el tiempo? ¡Cuántas otras no omitían la causa de la merced otorgada en ellas?

Pero aún fué más injusta esta ley por las falsas interpretaciones á que dió lugar su mala redacción, y por el espíritu revolucionario con que fué generalmente aplicada. Al pronto no se sintieron sus efectos, porque si bien los señores no fueron reintegrados en sus jurisdicciones, cuando en 1814 se anularon todos los actos de la regencia y de las Cortes, tampoco se llevó á ejecución la ley en todo lo demás, hasta el restablecimiento del régimen constitucional en 1820. Entonces, no sólo los señores jurisdiccionales, sino muchos de los solariegos, se vieron despojados de los frutos de su propiedad, á pretexto de que la ley de 1811 no distinguía con bastante claridad unos de otros señoríos.

Introdujose así tal confusión y variedad de prácticas en el modo de aplicarla, y se cometieron á su sombra tales desmanes, que las Cortes en 1821, juzgaron indispensable promulgar otra ley aclaratoria. Pero aquellos legisladores, no menos apasionados que los de 1811, lejos de remediar la injusticia cometida por éstos, sólo consiguieron agravarla. La ley primera declaraba propiedades particulares los señoríos solariegos: la de 1821 no atribuyó este efecto sino á aquellos cuyos poseedores acreditaban con títulos escritos, que no eran de los incorporados á la corona, y que estaban cumplidas todas las condiciones de su establecimiento. Dispuso además esta ley, que mientras no recayera ejecutoria en los juicios que
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habian de entablarse, para determinar la calidad de cada señorío, se suspendiera el pago á los señores de toda renta ó censo: que aquellos cuyo dominio directo quedara subsistente después del juicio de calificación, no exigieran de los poseedores del dominio útil laudemio de más de 2 por 100, cualquiera que fuese el estipulado en el contrato, ni cobraran fádiga ó tan-teo, ninguno otro derecho, cualquiera que fuese su origen; y que cesaran para siempre otras prestaciones pecuniarias, con que solían contribuir los poseedores de tierras señoriales, excepto los foros y los subforos, á mémos que trajeran origen de contratos probados, mas sin entender por tales las concordias, por cuyo medio se hubieran subrogado en las mismas prestaciones, derechos feudales anteriores.

Si injusta era, pues, la ley de 1811, lo fué más todavía la aclaratoria de 1821. Despojar de sus derechos á todos los propietarios señoriales que no presentaran sus títulos, cuando era sabido que de posesiones tan antiguas, pocos podían conservarlos; sujetar á las eventualidades de un juicio ordinario la subsistencia de un derecho consagrado por la prescripción; abolir hasta las prestaciones reales fundadas en contratos, salvo que se probara no ser el objeto de éstos transigir cuestiones sobre derechos feudales antiguos, y todo sin compensación alguna para los perjudicados, más bien que proceder en justicia, parecía acto de venganza contra la tiranía feudal ejercida durante la Edad Media. En vano protestaron contra esta ley cuando se discutía, los diputados Martínez de la Rosa, Toreno, Garelly y otros ilustres republicos: la mayoría de las Cortes aspiraba á interesarse por este medio á las poblaciones agrícolas en el afianzamiento del régimen constitucional: el diputado Calatrava tuvo de procurar los votos de los americanos que habrían podido hacer fracasar el proyecto, ofreciéndoles en cambio, su apoyo en las cuestiones de especial interés para las provincias ultramarinas, y así obtuvieron los autores de la ley una votación favorable. El monarca le rehusó al pronto su sanción, mas tuvo al fin que dársela bajo la presión de las circunstancias y las amenazas de los partidos organizados para la revolución.

Aunque condenados á una misma suerte los señores jurisdiccionales y los solariegos, no llegaron por entonces á padecerla, puesto que la nueva ley y la de 1811 quedaron, á los pocos meses, derogadas con la abolición del régimen constitucional. Unos y otros disfrutaron todavía durante algún tiempo los bienes de que no llegaron á ser desposeídos, á pesar de aquellas leyes; pero restablecidas éstas después de una nueva revolución, en 2 de Febrero de 1837, viéronse otra vez condenados al mismo despojo.
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Debo añadir, sin embargo, que reconociendo entonces las Cortes la injusticia de algunas de las disposiciones restablecidas, procuraron remediarla. Tal fué el objeto de la ley de 26 de Agosto de 1857, inspirada por sentimientos menos revolucionarios que la de 1821, aunque insuficiente para corregir todos sus vicios. Declaróse en ella no ser necesaria la presentación de títulos para que los señores territoriales y solariegos continuaran disfrutando sus bienes, en los lugares donde ellos ó sus causantes no hubieran ejercido jurisdicción, y también los casos y predios comprendidos en pueblos sujetos en algún tiempo á ella, siempre que les hubieran pertenecido como propiedad particular, sin ocurrir sobre esto duda ni contradicción alguna; que tampoco sería necesaria la presentación de tales títulos, cuando los señores hubieran obtenido una ejecutoria favorable en juicio de reversion; y que los señores que en el término de dos meses presentaran sus títulos, continuarán disfrutando durante el juicio las prestaciones y rentas á que según los mismos, tuvieran derecho.

Mas estas disposiciones equitativas y reparadoras no remediaban, sin embargo, las dos más graves injusticias de la ley, que eran: 1.ª la expropiación de derechos de un valor estimable, sancionados por el tiempo y la costumbre, sin indemnización previa; y 2.ª hacer depender la subsistencia de otros derechos, cuyo origen pudo no ser jurisdiccional, de la contingencia de haberse ó no conservado los títulos de su adquisición, como si la prescripción de más de cien años no fuera título bastante para justificar cualquiera clase de dominio. Así por la nueva ley, quedaron definitivamente abolidos, como ya antes lo estaban, todos los tributos ó prestaciones que denotaban señorío ó vasallaje, cualquiera que fuese su origen, y se mandaron secuestrar los bienes cuyos títulos deberían presentarse, cuando los señores no cumplieran esta formalidad en el plazo brevíssimo de dos meses. Tal fin tuvieron en España las últimas propiedades feudales que habían resistido á los embates del tiempo, sin confundirse con los bienes alodiales, ni pasar por reversiones, al dominio del fisco. Desaparecieron, como en Francia, al soplo de la revolución y con la misma falta de respeto que allí á los intereses creados y á los derechos adquiridos, aunque con menor efecto en la economía social y en la situación política del reino.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Se continuará.)
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EL SUICIDIO BAJO SU ASPECTO JURÍDICO

El suicidio, considerado como un crimen por el cristianismo, y condenado por la mayor parte de los sistemas y escuelas, fundándose en la razón y en el sentimiento, no es menos contrario á todo principio de justicia.

Los jurisconsultos y los filósofos, que desde la más remota antigüedad expusieron las máximas del derecho, convienen por lo general en condenar ese atentado monstruoso que rompe el equilibrio establecido por la naturaleza en el organismo de cada ser racional y anticipa el fin de la existencia, atajándola en medio de su carrera, sin dejarla cumplir la misión impuesta por Dios á las criaturas.

Los estoicos han sido tal vez los únicos que, dando á la libertad humana ilimitado campo, y víctimas de sus exageradas y absurdas teorías, admitieron el suicidio como un derecho absoluto de esa misma libertad. Aristóteles lo consideraba ya como una ofensa hecha á la sociedad; y en cuanto al derecho romano, no solamente condenaba el suicidio cual negación de la justicia, sino que, con relación á los derechos del cuerpo, consignaba este principio: Nemo membrorum suorum dominus esse videtur, y señalaba severo castigo á aquel que «castrandum se praebuit.»

Y en efecto, ¿qué atentado, qué lesión más honda é incurable, que la producida por el sugeto, causa y raíz de todo derecho, provocando voluntariamente esa suprema y misteriosa crisis, esa violenta trasformacion de la libre y constante actividad del ejercicio de todas las fuerzas vitales al relajamiento y brusca sacudida, mediante las cuales vamos á reposar indefinidamente en el sueño profundo de la muerte?

Hay entre las varias esferas que el derecho abraza, y entre la multiplicidad de relaciones que en todos los órdenes de la vida necesariamente el fin jurídico mantiene, un organismo completo, cuya trascendencia con toda
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claridad se muestra y reconoce, de condiciones así internas como exteriores, en lo que toca á los objetos que el hombre cumple, inspirado en su providencial destino, y que constituye lo que llamamos la esfera del derecho propiamente de la personalidad; derecho total en primer término, distinto luego de aquí en derechos particulares, según que vienen á ser las condiciones exigibles y libres para la realización de los fines humanos, objeto directo é inmediato de toda relación jurídica.

Desde el punto en que las cualidades de la persona, esto es, las propiedades fundamentales que forman su naturaleza, son para ella el bien primero que le toca cumplir, ley impuesta de la que jamás es dado en poco ni en mucho desviarse en la vida, constituyen la base esencial de su propio derecho, porque fuera de esta misma naturaleza en modo alguno existe principio de las condiciones jurídicas, que si han de servir á la realización de nuestro sér, necesariamente en nosotros mismos deben tener su causa.

Por esto, mirada la persona, no cual medio ó instrumento, sino, antes bien, como sugeto actor y objeto á la par de su vida que libremente y por sí hace sobre toda relación que pueda en el mundo limitarla, es fuerza reconocer esa esfera íntima, anterior á los derechos sociales, y que por tanto contiene los derechos realmente personales, sin que á nadie ocurra, pensando con imparcialidad el asunto, que nazcan estas condiciones inherentes al derecho de la personalidad, de circunstancias exteriores, ni de causas ajenas á la persona misma, toda vez que, de suponer esto, habría que convenir en la no sustantividad del hombre, y negar á su existencia la libertad é independencia que le son propias, y que le dejan integra la responsabilidad de sus obras.

De este derecho total, originanse naturalmente otros determinados, que se refieren á la esfera particular jurídica por razón de cada propiedad en el desenvolvimiento de la vida, toda vez que con ser una la naturaleza humana, es al mismo tiempo varia, según que bajo esa unidad esencial, consideremos las facultades y los objetos que constituyen los fines particulares del humano destino. Por esto, hay un derecho especial para el pensamiento, que es cualidad del hombre, y un derecho para la ciencia y la enseñanza, que constituyen un fin de aquella facultad. Un derecho á la educación, por cuanto la cultura de las facultades humanas es condición esencial y necesaria de la vida, que implica la obligación de aprovechar los medios exteriores, del mismo modo que los propios, para el cumplimiento del fin á que estamos llamados. Un derecho, también, al libre ré-
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gimen de nuestro sér, y de aquí el que la vocacion y eleccion de profesiones sean respetados en cada hombre. Y un derecho asimismo de dignidad y honor, verdadera consagracion de nuestra naturaleza, que no consiente ni aun por nosotros mismos, ser ofendida en su valor y estima.

Ahora bien; si la vida es una propiedad total que se refiere á nuestro sér, en cuanto por medio de la actividad realizamos lo que somos, claro es que entre los derechos personales, se da un derecho á la vida, que se refiere tambien á las condiciones que la constituyen y á los diversos estados en que va mostrándose; derecho que implica el reconocimiento de esta propiedad por nuestra parte como por la de los demás y por el Estado, órgano social de la justicia; y nacido de ese derecho, como correlacion necesaria y axiomática, un deber inmediato, ineludible e imperioso, de respetarla en su libre y ordenado desarrollo.

Es, pues, contrario al derecho; todo atentado que haga imposible el sagrado deber impuesto por nuestra naturaleza de conservar la existencia, sin que dependa en poco ni en mucho de nuestra voluntad estorbarlo, puesto que, según hemos dicho, no es esa voluntad, causa ni principio del derecho, sino posterior á él y subordinada por las limitaciones que aquel la imponga. Así, el suicidio, que trunca el destino humano y se opone abiertamente á los fines racionales, jamás será reconocido como asunto de nuestra competencia y autonomía, y mucho menos obra justa ni acto moral.

Otra consideracion que importa hacer, aunque sin entrar en análisis que nos llevarian demasiado lejos, es la de que no solamente debe mirarse la vida con relacion al espíritu, sino tambien afectando á nuestra parte material y corpórea; puesto que si de la misteriosa union y armonía de espíritu y cuerpo, resulta ese activo e inteligente sér que se llama hombre, la vida ha de repartirse por necesidad entre los dos elementos integrantes, reciprocamente condicionados, á pesar de mostrarse indivisible y una.

El derecho, tal como lo hemos analizado con relacion al espíritu, tiene sus aplicaciones análogas respecto del cuerpo; resultando un orden jurídico para ese otro elemento esencial de nuestro sér, íntimamente ligado á nuestros destinos en el mundo, y que, compañero fiel, participa de nuestros goces y de nuestras penas desde la cuna al sepulcro.

El cuerpo tiene por sí necesidades que satisfacer, fines que cumplir, y éstos mismos, en relacion con los del espíritu á quien completa y condiciona. Derechos que, á manera de los de la personalidad en su carácter mo-
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ral, se refieren á aquellos fines y necesidades, y con ellos nacen. Así vemos que existe un derecho de alimento, un derecho de vestido, un derecho de habitación, necesidades todas de nuestro elemento cuerpo, y en general un derecho de salud, ó sea el conjunto de medios y reglas suficientes á la conservación é integridad de los órganos y al ejercicio de las fuerzas para bien del mismo cuerpo.

Y si esto es un hecho innegable, porque el cuerpo jamás puede ser considerado como instrumento de groseros placeres, también la unión de aquel con el espíritu engendra un orden completo jurídico, referido necesariamente á la vida compuesta y á las relaciones de ambos elementos, naciendo de aquí deberes del hombre para con el mundo material, que son y deben ser cumplidos. El cultivo de las fuerzas naturales, la útil aplicación de los productos, la justicia en las relaciones económicas de la propiedad, etc., ¿quién negará que son derechos que esa naturaleza tiene y que nosotros estamos obligados á respetar y garantir?

De este modo, el cuerpo pide vivir y tiene tal derecho, y la unión de éste con el espíritu reclama idéntica consagración de la vida compuesta, que es la humana. Y si toda mutilación ó ofensa hecha por otros ó por nosotros mismos á los órganos de la vida, es y ha sido tenida como acto injusto, ¡con cuánta mayor razón no lo será la destrucción completa, ó sea la muerte voluntaria, que anula esos deberes y esos derechos, según los cuales el destino de la humanidad se cumple en la tierra!

Este sentido, bajo que consideramos el cuerpo, de acuerdo con las modernas escuelas armónicas, combate ciertamente las incompletas teorías de los espiritualistas, que suponen únicamente digno de cuidado y respeto el elemento animico, despreciando y aún destruyendo el corporal. El castigo de azotes, bárbaro resto que algunos pueblos civilizados conservan de los códigos de otros tiempos, las penas corporales, y hasta las maceraciones y silicios que voluntariamente se imponen algunas personas y comunidades son opuestos al vuelo ideal del espíritu, y tan contrarios á derecho como los mismos tormentos de la que se llamaba Santa Inquisición.

El suicida, según estas afirmaciones, no sólo desconoce y atropella el derecho, en el concepto bajo que primitivamente lo hemos considerado, sino que, colocándose en abierta oposición á las eternas leyes de esa triple órbita en que gira el derecho á la vida humana, comete el crimen de infringir tres veces en un solo acto los más elevados preceptos de la justicia.