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Revista de España (1874-05-01 00:00:00), página 329

VIII.

EFECTOS Y VICISITUDES DE LAS LEYES DE DESVINCULACION.

Haciendo completa justicia á los legisladores de 1820, reconociendo sus rectas intenciones y su desinteresado patriotismo, la historia, examinando su obra á la luz de la justicia y aún de la conveniencia pública, en cuya armonía consiste la verdadera razon de Estado, no puede excusarles su censura. Si lo que se propusieron fué dar á la nobleza el golpe de gracia, acabando con lo que aún quedaba de este elemento político, necesario en las monarquías templadas, la ley llenaba cumplidamente su objeto; pero conseguido, nada ganaba la causa de la civilización y de la libertad. Si imaginaron conservar la nobleza privándola de toda propiedad vinculada ó estable, incurrieron en un error lastimoso. La monarquía que carece de una aristocracia que sirva de contrapeso al poder del trono y del pueblo, suele caer fácilmente en despótica ó tal vez convertirse en república. Cuando dejó de existir la antigua aristocracia romana, comenzó el régimen arbitrario, y perecieron las libertades de Roma. Con la decadencia de la nobleza española desaparecieron las antiguas libertades de España. Francia dejó de ser monarquía, cuando el trono de Luis XVI, falto del apoyo de la nobleza que había sucumbido con el antiguo régimen, se halló frente á frente con el pueblo.

Pensar que la nobleza para serlo y cumplir su destino político no necesita riquezas permanentes, es desconocer su naturaleza y condiciones esenciales. Búscase en esta institucion una clase que represente las tradiciones y defienda los intereses permanentes del país: que por sí misma y su virtud propia, sea acatada por el pueblo y considerada por el trono: que dispuesta siempre á desempeñar los altos cargos del Estado, lleve á ellos el prestigio de los grandes nombres, y los ejerza más por ambición de gloria y deber de clase, que por necesidad de posición y de lucro: una clase, en fin, que educada en la religión del honor, y animada por los elevados sentimientos que suelen inspirar las tradiciones gloriosas, el hábito del poder y la posesion inmemorial de las riquezas, influya en los negocios públicos conforme á estos sentimientos. Sia tradiciones de linaje, que formando cierto espíritu de familia trasmitido de generación en generación, enaltecen á los individuos, no hay verdadera aristocracia. Y aunque ya estén muy debilitados el poder de las tradiciones y el prestigio de los gran-
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pareja, unida por el amor. ¿Y cuando me den unos cuantos chiquillos? En vez de ir de misionero y de traerme de Australia ó de Madagascar ó de la India varios néfitos, con getas de á palmo, negros como la tizne, ó amarillos como el estezado y con ojos de mochuelo, ¿no será mejor que Luisito predique en casa, y me saque en abundancia una serie de catecumenillos rubios, sonrosados, con ojos como los de Pepita, y que parezcan querubines sin alas? Los catecúmenos que me trajese de por allá, sería menester que estuvieran á respetable distancia para que no me inficianasen, y estos de por acá me olerían á rosas del paraíso, y vendrían á ponerse sobre mis rodillas, y jugarían conmigo, y me besarian, y me llamarían abuelito, y me darían palmaditas en la calva, que ya voy teniendo. ¿Qué quieres? Cuando estaba yo en todo mi vigor, no pensaba en las delicias domésticas; mas ahora, que estoy tan próximo á la vejez, si ya no estoy en ella, como no me he de hacer cenobita, me complazco en esperar que haré el papel de patriarca: Y no entiendas que voy á limitarme á esperar que cuaje el naciente noviazgo, sino que he de trabajar para que cuaje. Siguendo tu comparación, pues que trasformas á Pepita en crisol, y á Luis en metal, yo buscaré ó tengo buscado ya un fuele ó soplete útilísimo, que contribuya á avivar el fuego para que el metal se derrita pronto. Este soplete es Antoñona, nodriza de Pepita, muy lagarta, muy sigilosa y muy afecta á su dueño. Antoñona se entiende ya conmigo, y por ella sé que Pepita está muerta de amores. Hemos convenido en que yo siga haciendo la vista gorda y no dándome por entendido de nada. El padre vicario, que es un alma de Dios, siempre en Babia, me sirve tanto ó más que Antoñona, sin advertirlo él: porque todo se le vuelve hablar de Luis con Pepita y de Pepita con Luis; de suerte que este excelente señor, con medio siglo en cada pata, se ha convertido ¡oh milagro del amor y de la inocencial en palomito mensajero, con quien los dos amantes se envían sus requiebros y fincas, ignorándolo también ambos. Tan poderosa combinación de medios naturales y artificiales debe dar un resultado infalible. Ya te le diré al darte parte de la boda, para que veas á hacerla, ó envíes á los novios tu bendición y un buen regalo.

Así acabó D. Pedro de leer su carta, y al volver á mirar á D. Luis, vió que D. Luis había estado escuchando con los ojos llenos de lágrimas.

El padre y el hijo se dieron un abrazo muy apretado y muy prolongado.
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des nombres, todavía se les rinde algún culto, aún por los pueblos más democráticos. Ninguno renegó tanto de sus tradiciones como Francia, y sin embargo, al constituirse en república, después de la revolución de 1848, llamó para que la presidiese, no al hombre más sabio, ni al más valiente, ni al más poderoso, ni al más afecto á la democracia, sino al que simbolizaba en su nombre las tradiciones más gloriosas.

Ni es condición menos necesaria á la aristocracia la de tener los hábitos de superioridad que engendra el goce permanente de cierta autoridad propia. El que nace y vive oscuramente, sin influencia alguna personal y sometido siempre á la de otro, rara vez despliega las cualidades de carácter necesarias para el buen desempeño de la autoridad pública. Estas cualidades se desenvuelven y se afirman con el ejercicio, y se quebrantan ó no aparecen cuando las adversidades de la vida las tienen en constante inacción. Por eso abundaron tanto en la nobleza antigua los grandes caracteres.

Ahora bien, no es posible una clase con todas estas condiciones, si no tiene además la independencia de la perpetuidad y de la riqueza. Una nobleza vitalicia ó temporal ó que la corona pudiera suprimir á su antojo, sería imposible ó ridícula, porque carecería de tradiciones, de espíritu de familia y de autoridad propia, y no sería una clase influyente como tal, sino una colección de individuos, cada uno de los cuales no tendría más valor que el que por sí propio pudiera darse. No es sólo una preocupación la que hace estimar en méritos la nobleza nueva que la antigua, sino que realmente ofrecen más seguridad de poseer las cualidades de una buena aristocracia las familias cuyos títulos y preeminencias consagra la prescripción de los siglos, que aquellas que no fundan los suyos sino en la carta de merced del soberano. Así en ningún país ha habido verdadera aristocracia con las condiciones propias de esta clase, sin ser hereditaria.

Mucho menos se concibe que estas condiciones puedan conciliarse con la pobreza, ni con la necesidad de trabajar para procurarse el sustento. Tampoco basta que la nobleza sea rica, si su riqueza no es tan antigua y permanente como sus títulos. Y si las familias pobres no han de entrar en su gremio, y sin embargo la clase debe ser perpétua, necesario es conservar las familias aristocráticas, cuya subsistencia constituyendo un interés público, no debe quedar á merced de cualquiera de sus individuos. Importa al Estado que ayude á su dirección, no una nobleza cualquiera, sino la mejor y más adecuada á su objeto, que es como queda dicho, la más antigua. La aristocracia no se improvisa ni es obra de los legisladores; nace,
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no se hace. Lo que sí puede hacer fácilmente el legislador es destruirla cuando ella no sabe ó no puede defenderse. Privado su patrimonio de toda estabilidad, dividiéndolo y subdividiéndolo hasta lo infinito en las sucesiones y herencias, puede reducirsela á la pobreza ó á la necesidad de buscar en el trabajo ó en la industria los medios de subsistir, y así es como pierde la nobleza todas las condiciones esenciales de su clase, convierte sus títulos en vano y ridículo oropel, y al fin desaparece para dejar lugar á la gente recién ennoblecida y por lo mismo sin cualidades propias de la buena y legítima aristocracia.

Verdad es que la nobleza española venía ya en decadencia y no poseía desde mucho tiempo antes todas las cualidades propias de su clase; pero de aquí no se sigue, que admitida su necesidad, fuera prudente y sensato acabar de aniquilarla. Hubiera sido más acierto ayudarle á regenerarse, si aún tenía vitalidad para ello, con medidas adecuadas para estrechar sus relaciones con la república y fortalecer su autoridad y su independencia.

Pero aún adoptado el principio de la abolición completa de los mayorazgos, pudieron decretarla las Cortes de 1820, sin lastimar intereses y aun derechos respetabilísimos, y sin dar lugar á la multitud de cuestiones que surgieron de su decreto. Discurrendo algunos oradores de los que tomaron parte en aquella discusión, sobre los intereses que podrían ser perjudicados, decían que los actuales poseedores quedaban favorecidos, pues que iban á disponer libremente de lo que antes no disponían: que las familias en general también ganaban, pues sucederían en la mitad de todos los bienes vinculados: que la sociedad reportaría el beneficio de la desamortización de tanta riqueza estancada hasta entonces; y que sólo perderían algo los sucesores inmediatos, que no sucederían sino en la mitad de sus mayorazgos, pero que la ley no debía tomar en cuenta tales perjuicios, ya porque valían menos que los beneficios que la nación reportaría de la reforma, ya porque no afectaban á un derecho verdadero y sí á una mera especulativa. Y en efecto, no podían negarse las ventajas materiales que ofrecía la ley á los vinculistas y á los individuos de sus familias. Los primeros ganaron tanto como ganaría un usufructuario á quien la ley, por razones de conveniencia pública, regalara el dominio pleno: los segundos, prescindiendo de su interés colectivo de linaje, obtuvieron también un derecho que no tenían: con la desvinculación ganó en general la riqueza; pero todo lo que ganaron gratuitamente estos individuos y colectividades, lo perdieron, sin compensación alguna, los inmediatos sucesores de las vinculaciones: la propiedad se consolidó con el usufructo á costa del propie-
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tario: el pariente heredó lo que debía haber disfrutado otra persona á quien la ley anterior y la fundacion daban este derecho: la sociedad reportó el provecho de la desamortización, á expensas del llamado á poseer la propiedad desamortizada.

Poco importa que el de los sucesores inmediatos no fuera un derecho en el sentido estricto y técnico de la palabra, si en su esencia reunía todos los requisitos de tal. La llamada espectativa por los juristas, era en la mayor parte de los casos, un derecho exactamente igual, al del señor directo de una finca, cuyo dominio útil debe consolidarse con el suyo á la muerte del usufructuario, ó al del hijo sobre el peculio adventicio que su padre usufructúa y debe entregarle cuando salga de la patria potestad. ¿Y se diría que no lastimaria ningún derecho la ley que privara en todo ó en parte de su propiedad al señor directo ó al hijo de familia, para atribuirla al dueño del dominio útil ó al padre usufructuario? Los sucesores inmediatos tenían indisputable derecho á la posesión de los bienes vinculados, luego que faltarán sus actuales poscedores. Era aún más seguro su derecho que el de los hijos á heredar los cuatro quintos por lo menos de la fortuna que sus padres disfrutan en vida, puesto que no estaba sujeto como éste, á la eventualidad de una enajenación entre vivos. Con la seguridad de entrar un día en posesión de su mayorazgo, el inmediato no se había dedicado tal vez, á ninguna ocupación lucrativa, ó había contraído deudas, ó se había casado y contaba una numerosa prole; privándole de la mitad de todo aquello que contaba por suyo, ¿se causaba solamente un perjuicio de intereses? ¿No se violaba á la vez un derecho respetable? Ciento es que también había sucesores cuyo derecho era menos seguro, como el de los colaterales del poseedor, sin hijos, que dependía de que éste continuara sin ellos, lo cual en ciertas circunstancias era muy contingente. Mas este derecho se hallaba sujeto tan sólo á la eventualidad indicada, y fuera de ella, era tan seguro y digno de respeto como el del hijo primogénito del poseedor. El hermano que debía suceder al hermano soltero en la posesión de un vínculo, sabía que casándose éste y teniendo hijos, perdía su derecho; pero también sabía que nadie podía privarle de él como su hermano muriera sin sucesión; y esta seguridad que la ley anterior y la fundacion le daban, quedó destruida por la ley posterior. Los diputados que, como Martinez de la Rosa, convinieron con sus adversarios en que la ley no lastimaba ningún derecho verdadero, porque el de los sucesores era sólo una especulativa, incurrieron en el error de atender más que á la naturaleza real de las cosas, á las distinciones arbitrarias de los comentaristas, y de prescindir de la razón y de la
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equidad, para mantener las definiciones y clasificaciones teóricas de Molina y Roxas Almansa.

Aparte de esta injusticia fundamental, adolecia la ley de otros graves defectos. A los cinco meses de su promulgacion fué menester corregirla, proveyendo al caso de no haber sucesor á quien reservar la mitad de los bienes de algun vínculo. Tambien fué menester corregir el artículo que exigía precediese á la enajenación de cualquiera finca vinculada, la tasacion y division de todas las del mayorazgo; porque esta diligencia, larga y costosa siempre, é innecesaria cuando el sucesor inmediato consentia en la enajenación, dificultaba y retardaba la desvinculacion que era precisamente el objeto principal de la ley.

Otros inconvenientes no menos graves se notaron al tiempo de su ejecucion. Impugnábanse los mayorazgos, entre otras razones, por los muchos pleitos que originaban en las familias, y luego nacieron muchos más de la ley dictada para su abolicion. Decía ésta, por ejemplo, que se dividieran con igualdad los bienes vinculados, antes de su enajenación, y callaba quién había de señalar los que hubieran de reservarse: si el poseedor actual ó el sucesor inmediato. Atribuía al poseedor actual el dominio absoluto del mayorazgo electivo, cuando tuviera facultad ilimitada para elegir sucesor, y no reservó á este derecho alguno aunque su eleccion estuviese hecha y publicada al tiempo de promulgarse la nueva ley. Ordenó que no se hiciera novedad en los mayorazgos litigiosos hasta que se adjudicaran por ejecutoria, y que concluido el juicio de posesion, se entablara dentro de cuatro meses el de propiedad, y no dijo si este plazo había de correr cuando al publicarse la ley, estuviera terminado aquel primer juicio: si se podrian emprender nuevos litigios en reivindicacion de vínculos ó derechos vinculares, y si en caso de que se entablaran, afectarian á los bienes de mayorazgo, ya antes enajenados. Declaró responsables estos bienes al pago de las pensiones alimenticias á que solian estar obligados los vinculistas, y no dijo si esta responsabilidad seria primordial ó subsidiaria, si constituia un gravamen personal ó hipotecario, si pesaba sobre todos los bienes vinculados en general y á prorata, ó sobre cada uno solidariamente. Mandó invertir en alimentos la sexta parte liquida de las rentas vinculares, y no declaró si esta parte habia de sacarse de la mitad libre y de la reservada, ó solamente de esta última; y habiendo buenas razones para entender el precepto de la ley de ambos modos, iba, como se ve, gran diferencia de una á otra interpretacion.

Estas y otras varias dificultades resultaron en la ejecucion de la ley de 11 de Octubre de 1820, á pesar de haber sido entonces su imperio har-
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to breve, menos quizá por los defectos de que adoleciera, que por formar parte de un régimen político pasajero. Restablecido Fernando VII en la plenitud de su soberanía, y anulados todos los actos del gobierno constitucional, quedaron derogadas también las leyes de desvinculación. Fué menester entonces decidir sobre los diversos derechos e intereses creados por ellas, y consultado sobre este punto el Consejo de Castilla, propuso al monarca la Real Cédula de 11 de Marzo de 1824.

Si en la ley de 1820 el espíritu de partido se había sobrepuesto al sentimiento de la justicia y aún al verdadero interés público, la de 1824 le excedió en injusticia e inconveniencia, aunque en sentido opuesto. La primera desconoció y lastimó derechos legítimos e intereses respetables de las personas llamadas á la sucesión de los vínculos; la segunda causó aún mayor agravio á los compradores de bienes que fueron vinculados. Repusieronse entonces todos los mayorazgos alestado que tenían antes de la revolución de 1820, restituyéndose á los actuales poseedores los bienes que ellos mismos habían enajenado. Verdad es que se declaró á los adquirentes por título oneroso el derecho de ser reintegrados del precio que desembolsaran y de las mejoras necesarias que hicieran en los bienes, todo á costa de los poseedores que los enajenaran, y en su defecto, de los sucesores que lo consintieran, sin tasación previa, y á falta de unos y otros con los frutos y rentas de los mismos bienes durante las vidas de ambos; mas este derecho era ilusorio cuando el poseedor enajenante fuera insolvente y el inmediato se hubiera limitado á concurrir á la tasación y división del vínculo, sin expresar su consentimiento, ó cuando el producto de los bienes vendidos durante las vidas del poseedor y del inmediato no alcanzara á cubrir el precio de la venta. Los adquirentes por título lucrativo no habían de tener derecho, sino á las mejoras necesarias que hubieran costeado. De modo que la única responsabilidad favorable á los compradores recaía generalmente sobre personas cuyo único patrimonio eran los mayorazgos desmembrados ó los alimentos procedentes de ellos, puesto que los vinculistas que entonces enajenaron bienes vinculados fueron en su mayor parte los que carecían de otros libres. Y como por otra parte los más de los sucesores inmediatos, descontentos de la ley de desvinculación, se habían abstenido de consentir las enajenaciones que tanto les perjudicaban, limitándose, por no poder evitarlas, á concurrir á la tasación y división de los bienes, la mayor parte de los compradores no fueron reintegrados de sus desembolsos, ó porque el vendedor y su sucesor inmediato eran insolventes, ó porque el último no era legalmente responsable, ó porque muertos ambos.
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antes de producir los bienes enajenados el importe de su precio, no tuvieron á quién reclamar la indemnización. Así el despojo inicial de 1824 respondió á las injusticias de la ley de 1820.

En el último período del gobierno absoluto no se hizo otra novedad en los mayorazgos, pero entretanto continuaron propagándose con las ideas liberales, las doctrinas contrarias á toda amortización, y aún se enseñaron públicamente en las cátedras de economía política toleradas tan sólo en aquella época. Y aunque la mayoría de los españoles no aplaudiera entonces las innovaciones revolucionarias del gobierno constitucional, tampoco simpatizaba mucho con las vinculaciones, y condenaba la injusticia cometida con los compradores de sus bienes. Así uno de los primeros actos del gobierno constitucional inaugurado con el estatuto, fué reparar la injusticia de 1824, con ley de 6 de Junio de 1835. No fué su objeto resolver en el fondo la cuestión de las vinculaciones y mucho menos en el sentido de su completa abolición, pues creando el estamento de próceres, con una parte de sus miembros hereditarios, habría sido grave inconsecuencia privarles de aquel elemento de conservación. Su objeto fué solamente reparar en lo posible, los perjuicios causados en 1824, pero transigiendo al mismo tiempo entre los intereses opuestos, cuando á unos y otros se podía dar satisfacción, sin menoscabo de la justicia.

Conforme á este propósito, la nueva ley declaró á los compradores que habían conservado la posesión de bienes anteriormente vendidos, el dominio pleno de ellos: á los que habían sido desposeídos de tales bienes en virtud de la real cédula, concedió el reintegro del precio que desembolsaran con rédito de 3 por 100; y á los vinculistas que disfrutaban á la sazón bienes vendidos y devueltos, les permitió optar entre restituirlos ó reembolsar á los compradores de su precio, en el término de un año, pero entendiéndose que tales bienes quedarían desvinculados, aunque permanecieran en poder de los vinculistas. No estimando el legislador tan respetables los derechos no adquiridos por título oneroso, mantuvo las devoluciones de bienes desmembrados de los mayorazgos por herencias ó donaciones, á menos que por haberlos vendido luego los adquirentes, resultara despojado el comprador y no el donatario ni el heredero. Si se hubiera adoptado por punto de partida la legislación de 1820, se habrían debido restituir todos los bienes enajenados en virtud de ella por cualquier título, que hubieran sido devueltos á los respectivos mayorazgos. Esto es lo que en tal disposición exigía la justicia estricta. Pero como aquella legislación, aunque había creado derechos, no era equitativa, y la de 1824 los había también produ-
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cido, por más que fuese injusta, el legislador obró muy cuerdamente transigiendo entre unos y otros derechos, á fin de reparar los perjuicios originados por las leyes reaccionarias, sin restablecer por el pronto, las inspiradas por el espíritu exagerado de la revolución.

Mas apenas había trascurrido un año desde la promulgación de esta ley, una revolución nueva, la de 1836, cambió violentamente el Estatuto por la Constitución de 1812, y restableció con ella muchos decretos de las pasadas Cortes, entre los cuales fué uno de los más importantes el de desvinculación de 11 de Octubre de 1820. El nuevo gobierno, aspirando á una restauración completa del régimen abolido en 1823, restableció en 30 de Agosto de 1836 aquel decreto, reservando á las próximas Cortes la determinación de lo que juzgaran conveniente, sobre las desmembraciones de mayorazgos verificadas anteriormente, por donaciones u otros títulos. De modo que según aquel gobierno, nada había que enmendar, ni reformar en la legislación de 1820 y para lo único que se necesitaba acudir al poder legislativo, era para dejar sin efecto las concesiones otorgadas por la ley de 1835 á los vinculistas, que por cualquier motivo disfrutaran bienes devueltos con arreglo á la legislación de 1824.

El espíritu y las preocupaciones de partido, la ignorancia de los principios de legislación y de nuestra complicada jurisprudencia en la materia, y la precipitación y falta de estudio con que se dictó el decreto de 30 de Agosto, no bastan apenas para explicar cómo no previeron sus autores las dudas, las cuestiones y los conflictos que iban á originarse. Las distintas y contrarias leyes, que habían venido rigiendo en la materia, habían ido creando nuevos y diversos derechos e intereses, que al cabo llegaron á ser inconciliables. La primera cuestión que se suscitó fué la de la validez de las mismas leyes de desvinculación restablecidas, á causa de tener su origen en un decreto ineficaz por su índole, para derogar una verdadera ley. Los jurisconsultos anduvieron divididos en pareceres, los tribunales dudaron y muchos interesados tuvieron que suspender el ejercicio de sus acciones, temiendo hacer valer su derecho conforme á una legislación que no estaban definitiva. Aún ofrecía otras muchas dificultades la ejecución de la ley restablecida, que las Cortes de 1837 trataron de resolver, haciendo otra nueva aclaratoria, que no obtuvo al fin la sanción de la corona. Pero sintiéndose más cada día la falta de esta ley, las Cortes acordaron por último la de 1841, aunque sin seguir las huellas de sus predecesoras de 1835. Estas habían transigido entre los intereses de los vinculistas y los de los compradores y adquirentes de los bienes: aquellas dejaron sin efecto esta