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po de Búrgos, Fonseca, presidente de aquel Consejo. En México, los oficiales reales le causaron también grandes disgustos, negándose á recibirlle en cuenta 60.000 pesos gastados por él en empresas de general utilidad y gloria, aunque sin autorización; mas esto no impidió que Cortés enviase al rey ricos presentes, entre ellos la famosa culebrina de plata adornada de oro, que le costó 25.000 pesos. Envió también con ella otros 62.000 pesos de las rentas reales y 4.000 ducados con su secretario Juan Ribera, para su padre Martín Cortés que aún vivía.

No obstante la política adoptada por el gobierno del Emperador respecto de las conquistas que iban verificándose en América, de no dar su gobierno perpétuo ó vitalicio á ningún conquistador, regla en verdad prudente, las recompensas otorgadas á Cortés fueron grandes y no autorizan el cargo de ingratitude que algunos escritores contemporáneos han dirigido á Carlos V. El estado de Oaxaca que, con el título de marqués del Valle, fué conferido al conquistador, era inmenso y de gran renta, y se le hizo además primeramente gobernador y luego capitán general de la nueva conquista. La necesidad de sostener sus derechos contra las pretensiones de Diego Velázquez, el deseo de asegurar la merecida recompensa y el enlace contraído con Doña Juana de Zúñiga, sobrina del duque de Béjar, fueron causa de que Cortés pasase dos veces á España, siendo muy bien recibido, y aún visitado en su casa con ocasión de una enfermedad por el Emperador. En el segundo viaje estuvo siete años siguiendo á la Corte, con la que se halló en la jornada de Argel, y últimamente, volviendo á México «cargado de años y consumido de trabajos» murió en Castilleja de la Cuesta, saliendo de Sevilla para embarcarse en Cádiz, en 2 de Diciembre de 1547. Bernal Díaz afirma que dejó buenas rentas para cumplir su testamento, y que las mandas fueron muchas y buenas y de buen cristiano. El mismo escritor traza el retrato de Cortés en estos términos: «Fue de buena estatura y cuerpo y bien proporcionado y membrudo y la color de la cara tiraba algo á cenicienta é no muy alegre; y si tuviera el rostro más largo mejor le pareciese; los ojos en el mirar amorosos y por otra parte graves; las barbas tenía algo prietas y pocas y rasas y el cabello que en aquel tiempo se usaba de la misma manera que las barbas; y tenía el pecho alto y la espalda de buena manera y era cenceño y de poca barriga y algo estevado, y las piernas y muslos bien sacados, y era buen ginete y diestro de todas armas, ansí á pie como á caballo y sabía muy bien manejarlas y sobre todo, corazón y ánimo, que es lo que hace al caso. Oí decir que cuando manecbo en la isla Española, fué algo travieso sobre mujeres é que se acuchillaba
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si mismos los jurados, y cuando juzgan que la pena señalada al culpable de un delito es demasiado severa, le libertan de ella negando la existencia del hecho, ó la delincuencia del reo, aunque ambas sean evidentes. El mismo reo, plenamente convicto y confeso, queda asombrado á veces cuando oye el veredicto del jurado que niega lo que él no se ha atrevido á negar.

Algunos de los más calurosos apologistas del jurado reconocen que, en efecto, sucede con frecuencia lo que acabamos de decir. «La falta de confianza en la magistratura, dice Mr. Chauffard, hace nacer las más de las veces en el ánimo de los jurados el temor de que un veredicto de culpabilidad, aún mitigado por las circunstancias atenuantes, ocasioné contra el acusado una pena que creen excesiva, y que no concilia, en su opinión, las consideraciones de humanidad y de verdadera justicia con las exigencias de la vindicta pública. Entonces absuelven, decidiéndose á ejercer un acto de omnipotencia, á que se da el nombre de piadoso perjurio. Esas absolvaciones, antes de la ley de 1852 sobre las circunstancias atenuantes eran muy frecuentes, y tenían por causa la repugnancia del jurado á aplicar penas que creía desproporcionadas. De este modo se llegó á poner al legislador en la necesidad de templar la inflexibilidad de las leyes penales, y de modificar los rigores excesivos. Lo mismo había sucedido en Inglaterra. Allí, en vista de penas exorbitantes, y especialmente de las aplicables al robo de una cantidad de dinero, ó de un objeto cuyo valor excediese de 40 chelines, el jurado decidía siempre que el robo había sido de una suma inferior. Esto produjo asimismo que las penas fuesen suavizadas en esta materia» (1).

«En vano es que se mande, dice Mr. Dumont, que los jurados no juzguen más que el hecho; siempre habrá entre ellos quienes pesen las consecuencias de su voto, y se agarren fuertemente á los más frívolos motivos de duda para no cargar su conciencia con la pena de muerte. Reformad el Código penal, y los jurados se pondrán más fácilmente de acuerdo» (2).

Si las leyes son demasiado severas, al legislador y nada más que al legislador corresponde suavizarlas. Si son excesivamente inflexibles, devuélvase á los jueces de profesion mayor suma de facultades; pero hágalo

(1) Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord, par le Dr. C. J. A. Mittermaier; traduit de l'allemand par M. A. Chauffard.—En la introducción, por este último.
(2) Oeuvres de J. Bentham, cap. 31.
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asimismo el legislador, sólo el legislador. Los tribunales, de cualquiera modo que se organicen, no deben hacer más que aplicar los preceptos legales dentro de la esfera de accion que les está señalada. Dar á los códigos una rigidez inflexible, sujetar con fuertes trabas á los jueces de profesion, y despues llamar á los jurados para que escudados con su irresponsabilidad, protejan á los acusados negando la evidencia, repitiendo las contradicciones y las incongruencias más absurdas en sus veredictos, cometiendo perjurio y sobreponiendo sus ideas ó sus impresiones á las leyes, es un procedimiento nada razonable.

IX.

Segun otras explicaciones de los defensores del juicio por jurados, estos no presentan ventajas sobre los jueces de profesion ni por apreciar mejor los hechos, ni por no haber contraido hábitos de dureza; pero la conveniencia de la division del trabajo, y la imposibilidad de que haya suficiente número de jueces de profesion idóneos aconsejan dejar á estos las cuestiones de derecho, y encomendar las de hecho, que son fáciles, á los jurados.

«Pregúntese, dice Mittermaier, á ingleses, á escoceses, ó á anglo-americanos instruidos, lo que piensan de la institucion del jurado que desde hace siglos funciona con tanta felicidad en su patria, y pronto se notará en sus contestaciones que su manera de ver difiere radicalmente de las ideas francesas. No se niega que los jueces de profesion puedan ser tan aptos como los jurados para resolver la cuestion de culpabilidad. En Inglaterra, en Escocia y en América, no hay desconfianza alguna contra los jueces; se tiene la costumbre de respetarlos mucho, y la perfecta armonía entre ellos y el jurado parece una condicion necesaria para que éste desempeñe bien su tarea... Se considera irregular someter las pruebas ó las cuestiones de hecho á jueces versados en la ciencia del derecho, y á quienes sería preciso retribuir. No parecería que estaban en su lugar por lo mismo que no son necesarios los conocimientos jurídicos. A quien propusiera en Inglaterra que las funciones de los jurados fueran desempeñadas por los jueces, se le contestaría por los más que eso podría hacerse muy bien, porque se tiene á los jueces por tan inteligentes, por lo menos, como pueden ser los jurados, pero que no se hace porque poseen conocimientos de derecho inútiles para el ejercicio de tales funciones» (1).

(1) Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse, et dans l'Amérique du Nord, pár. 23.
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Odilon Barrot, en su memoria antes citada, después de muchas frases ampulosas sobre la soberanía nacional y sobre el derecho del país á juzgarse á sí mismo, y de presentar ambas cosas como sinónimas ó inseparables del jurado, reduce toda su argumentación á que los jueces excelentes no pueden ser en gran número, y por tanto, conviene organizar con pocos los tribunales abandonando las cuestiones sencillas á los jurados.

Invocando también el principio de la división del trabajo, y profesando la doctrina de que no se puede contar nunca con un crecido número de jueces de profesión que reúnan todas las condiciones apetecibles, el gobierno del imperio alemán ha presentado al Consejo federal un proyecto de ley sobre reforma del jurado, introducido hace pocos años en los países germánicos; reforma tan radical que se considera como una supresión de esa institución. En su exposición de motivos, que se atribuye al sabio jurisconsulto Leonhardt, ministro de Justicia en el reino de Prusia, se sostiene con prolijas razones la imposibilidad de separar las cuestiones de hecho de las del derecho, se propone la desaparición de los veredictos, y se pide el restablecimiento de la costumbre observada en tiempos anteriores en diversos Estados alemanes, de agregar á los jueces de profesión en cada proceso penal cierto número de adjuntos no juristas, que con ellos forman el tribunal, y deliberando juntos sobre todas las cuestiones, concurren también á la votación de las sentencias en condiciones de perfecta igualdad. El gobierno imperial da por principal razón de su proyecto que, «la institución del jurado es absolutamente intrasportable á Alemania.» «El problema, añade, es, en efecto, insoluble, porque no hay manera de remediar los vicios actuales del jurado alemán. Todas las tentativas hechas en las legislaciones particulares de los diversos Estados del imperio han sido vanas, y todo lo que se ha propuesto en las muchas publicaciones sobre este asunto, no contiene de ningún modo los elementos de una solución satisfactoria» (1).

La doctrina de que conviene dividir el trabajo de los jueces en los procesos penales no merece siquiera ser refutada ante el hecho evidente de que los magistrados de las Audiencias emplean mucho más tiempo en despachar, en compañía de los jurados, un corto número de esos procesos, que el que necesitan para resolverse por sí solos con completo conocimien-

(1) Projet de loi sur la suppression du jury et son remplacement en Allemagne par les tribunaux d'échevins, par Mr. Albert Du Boys.—En la Revue Critique de Legislation et de Jurisprudencia, Febrero, 1874.
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to de causa un número bastante más crecido. La distincion entre las cuestiones de hecho y las de derecho ha podido ser más fácilmente defendida en Inglaterra que en otros países, porque allí los jurados no deciden sino sobre la sencilla pregunta de si el acusado es culpable ó no; no se les pide su veredicto acerca de circunstancias agravantes ni atenuantes, ni respecto de si el delincuente es autor, cómplice ó encubridor del crimen perpetrado, ni sobre si ha habido delito consumado, frustrado ó tentativa. Han facilitado sobre todo la existencia de los jurados al lado de los jueces permanentes la ordinaria docilidad con que aquellos siguen las indicaciones de éstos, y las grandes facultades del magistrado presidente, árbitro por completo de la pena, hasta el punto de que así puede imponer al declarado culpable la de dos peniques de multa como la de reclusión ó deportación perpetua, cualquiera que sea la clase del delito cometido.

La idea de agregar adjuntos no juristas á los jueces de profesion no es, sin duda alguna, en el proyecto del gobierno alemán, sino un recurso empleado para suprimir el jurado, que se cree intrasportable al imperio, halagando los sentimientos nacionales con el restablecimiento de una práctica que en los países germánicos tiene precedentes y recuerdos desde los primeros tiempos de la Edad Media, ó quizás desde antes. Por lo demás, tampoco es defendible. Nadie desconoce que en la mayor parte de los casos, los hombres imperitos agregados al tribunal permanente someterían por completo sus votos á los de los jueces de profesion; y que cuando por excepcion tuvieran una opinión distinta y la hiciesen prevalecer, la sentencia, en vez de aumentar en autoridad moral con el mayor número de votantes, la perdería por quedarse anulados por la cantidad los votos de mayor calidad.

X.

Toca ya hablar del juicio oral y público para concluir el examen de los argumentos antes enumerados, á que se reducen todos los de los amigos de la institucion del jurado.

No es verdad que el juicio oral y público vaya inseparablemente unido al jurado, y que, por tanto, éste tenga por lo menos la ventaja de llevar consigo un procedimiento que mejora el rutinario y tradicional; y la prueba de que eso no es verdad la tenemos bien á la vista en España. Aquí la ley de Ejuiciamiento ha establecido el jurado, y no ha establecido el juicio oral y público.
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Esta afirmacion sorprenderá sin duda á los que con gran énfasis vienen proclamando lo contrario; pero eso consistirá en que ignoran lo que se entiende por juicio oral y público en Inglaterra, país en donde hay instituciones dignas de imitacion al lado de otras sólo merecedoras de censuras, y que con razon pretende que la forma de los sumarios en sus procesos penales es muy superior á la de otros paises. Allí el sumario, por regla general, no es secreto para el acusado, aunque el juez lo pueda decretar por excepcion y por breves dias, como entre nosotros puede decretar la incomunicacion del reo. Allí el acusado tiene desde el primer momento noticia de la acusacion contra él formulada; en su presencia y con su intervencion se reciben las declaraciones á los testigos, á los que puede reconvenir y repreguntar; tiene facultad de nombrar defensores desde la hora misma en que comienzan las primeras diligencias, y así puede acudir sin dilacion á todas las necesidades de su defensa.

En el sumario es donde se hallan los males del procedimiento secreto. Donde éste se conserva, los acusados permanecen en la prision semanas, meses y á veces años sin saber lo que en su causa sucede, sin poder utilizar los medios que á menudo pondrian en claro su inocencia si tuviera noticia de las denuncias y de los datos que hacen dudar de ella. Las mismas autoridades, así civiles como judiciales, cuando en las visitas de las carceles oyen quejas, que desde luego les parecen razonables, sobre la excesiva duracion del encarcelamiento de un preso, tienen que enmudecer ante la fórmula ordinaria de que el proceso está en sumario. Por una vez que la publicidad de éste pudiera dificultar el descubrimiento de las pruebas de un delito, otras diez veces por lo menos prolonga inúnicamente la prision provisional de los reos que son inocentes, ó que todavía no están declarados culpables.

La ley de Enjuiciamiento ha ampliado la publicidad del plenario, que nunca fué secreto, haciendo que las pruebas, nuevas ó repetidas, se verifiquen ante los jueces de profesion y los jurados en el acto de la vista; pero el sumario continua siendo tan secreto y tan inquisitorial como antes. Exceptuando la supresion de la confesion con cargos, decretada en 1854 por el marqués de Gerona, los procedimientos del sumario no han tenido reforma que introduzca en ellos mejora alguna desde el reglamento provisional para la administracion de justicia de 26 de Setiembre de 1835.
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XI.

Al combatir en el terreno de la teoría la institucion del jurado, nada está más lejos de mi ánimo que el propósito de presentar como perfecta é irreformable la anterior organización de la administracion de justicia.

Léjos de oponerme á los progresos aconsejados por la experiencia y por el desarrollo de las doctrinas científicas, lo que principalmente me mueve á censurar el jurado es verle atravesado en el camino de todas las mejoras. Y me asombra que sus defensores no noten las contradicciones en que á cada momento incurren por ese motivo. Reclaman que se establezca sobre bases muy sólidas la inamovilidad judicial y al mismo tiempo quieren entregar la decision de los procesos á la movilidad suma. Piden con no méños ahínco que se exija severamente la responsabilidad de los jueces por sus sentencias, y llaman á jueces irresponsables á pronunciar veredictos, de que las sentencias dependen en términos inexcusables y precisos. Cuando la instancia única y el recurso de casacion son universalmente admitidos como las mejores formas del proceso penal, pretenden disminuir las garantías de ciencia y de experiencia en los que han de fallar sin apelacion, y proclaman la conveniencia de los veredictos, contra los que el recurso de casacion no es posible. Cuando se exige como una prenda y un estímulo de acierto que las sentencias sean razonadas, dan á jueces imperitos el derecho no sólo de no razonar sus veredictos, sino también de no atender á razones para pronunciarlos, y de no seguir más que sus impresiones. Cuando se procura la unidad de la jurisprudencia en toda la nación, promueven un método en que cada uno de los casos que ocurren se resuelve con entera separacion de todos los anteriormente resueltos. Cuando todos consideramos como un gran bien todo lo que contribuya á la rapidez de la administracion de justicia, sustituyen la continuidad de los trabajos de los tribunales diarios con las intermitencias trimestrales del jurado. Cuando se hace cada dia más científica la apreciacion de las pruebas, separan de su apreciacion á los que han estudiado y cultivado la ciencia. Cuando las insaculaciones, práctica muy usada en el antiguo régimen, están desechadas de todas las operaciones de la vida política y administrativa, las restablecen para los actos judiciales en que se ha de decidir sobre la vida, la fortuna, la libertad y el honor de los ciudadanos. Cuando para asegurar la imparcialidad en las providencias de toda clase se prohibe
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que puedan ejercerse funciones judiciales y administrativas en los pueblos ó en las provincias en que se haya nacido ó en que se tenga familia ó bienes de fortuna, entregan los asuntos de mayor gravedad á los vecinos, á los que están impresionados por peligros que les tocan de cerca, ó deben temer que pronto ó tarde vuelvan á vivir entre ellos los que se hallan sometidos á su irresponsable fallo.

Hasta las mismas utopías de las escuelas más radicales, que son también, las que más calorosamente defienden el jurado, encuentran en éste tropiezos insuperables. ¿Cómo concilian los discípulos de Roeder la sumisión de las sentencias de los jueces de profesión á los veredictos del jurado, con su teoría de que el culpable no sea condenado por determinado tiempo á una pena, y que la duración de ésta quede á arbitrio del juez de profesión, que la haga cesar cuando crea oportuno, volviendo á depositar en él las leyes su omnimoda confianza? ¿Cómo combinan sus exagerados principios sobre que la certeza de la pena ha de ser el objeto principalísimo y predominante de la administración de justicia, con un sistema en que los jueces son escogidos como los números de la lotería para los premios, y en que un empate de votos, que tratan casi siempre de si se ha de imponer, por lo menos, doce años de privación de la libertad á un individuo, se decide también por el azar del sorteo, que equivale exactamente á jugar á cara ó cruz si un individuo ha de subir al patibulo ó de arrastrar una cadena por quince ó por treinta años?

Pero si el sorteo no es la mejor manera, ni siquiera una manera brillante, ó por lo menos, razonable, de designar los jueces, tampoco conviene que continúe siempre esa designación dependiendo más ó menos directamente del arbitrio del poder ejecutivo. El prestigio de la administración de justicia, si no se ha conservado en toda su integridad, no ha padecido tanto como otros en las violentas conmociones de la política; pero á nadie se le oculta que conviene mucho fortificarlo y enaltecerlo. No será yo quien proponga, á imitación de otros, que las funciones judiciales se confieran por votación popular, método de cuyos resultados en los Estados Unidos dice un escritor de aquella nación:

«Nuestro sistema de designación de los oficiales de justicia por acuerdos de los partidos, y el de elección por el sufragio universal, ha producido en New-York una especie de jubileo para los bribones y los estafadores» (1).

(1) Le système du gouvernement américain, par Ezra Seaman, traduit par monsieur Hippert.
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Desechados los tres métodos de elección por sorteo, por libre arbitrio del poder ejecutivo y por sufragio popular, queda un cuarto, muy superior á todos: el de designación de los jueces por la ley, que dé reglas inflexibles y precisas para el ingreso en la carrera, para los escalafones, para los ascensos, para las traslaciones, para exigir la responsabilidad cuando proceda. Quien contribuya á conseguirlo, lo mismo que el que promueva mejoras de procedimiento como la ántes indicada de suprimir el secreto inquisitorial del sumario, prestará mayor y más sólido servicio á la justicia y á la libertad que los que proclaman derechos personales absurdos, ó encuentran garantías de democracia en instituciones feudales, ó pretenden que los demás veamos en el empate de votos de sujetos que tratan de lo que no entienden la conciencia pública, ó el asentimiento general del género humano.

FERNANDO COS-GAYON.
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JUICIO HISTÓRICO-ANALÍTICO
DEL
REINADO DE FERNANDO VII
Y DE LAS
CUALIDADES PERSONALES DE ESTE MONARCA (1)

IV.

Cuanto sobre la materia que nos propusimos tratar, vi expuesto en los artículos anteriores, casi no alcanza más que hasta los meses posteriores de 1814, trascurridos seis solamente de mando absoluto de Fernando VII, pues que ya vimos que no se arrellanó en el trono hasta promediar Mayo del año citado, que hizo su segunda entrada en Madrid. En dicho periodo, pocas dificultades le salieron al paso; sin desazones mayores, dió rienda á su voluntad echando á rodar la organización que encontró establecida, las reformas hechas durante su ausencia, mandando á los presidios á los que las habían establecido, compeliendo á otros mal su grado á dejar á escape el país, sacar del polvo instituciones soterradas por las opiniones del siglo; en una palabra, fundir la nación en el molde que le vino á cuenta, y gozar de las delicias de mandar solo. Rodeábale brillante laureola de popularidad. ¡Lástima que no hubiese sabido aprovechar el inmenso prestigio que le venía desde la cuna!

El año siguiente aparece ya más encapotado; las pasiones despuntan á las claras y las materias inflamables acumuladas indiscretamente por los que debieran evitar la explosión, anunciando que la preparaban cada día

(1) Véase el número 156.