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espiritu de la capacidad y forma del cráneo, negando que haya entre el hombre y el bruto ninguna diferencia psicológica. Pero es contradictoria y absurda esa tesis en una escuela que, como la krausista, casi deifica al hombre, que eleva sus derechos á la categoría de lo absoluto y que cree, en suma, que el derecho y la moral tienen sus raíces en las profundidades del alma humana y en el santuario de la conciencia.

Y no es esta la única ventaja de Brissot sobre Ahrens. Dialéctico inflexible, no se detiene ante ningún obstáculo, y echándose en brazos de la lógica, deduce inexorablemente y sin consideraciones de ningún género todas las consecuencias que contiene dentro de sí mismo el principio de la propiedad, comun á ambos.

Oíd en prueba de ello el siguiente pasaje:

«El derecho de propiedad que la naturaleza concede á los hombres no está restringido por otro límite, sino el de la necesidad satisfecha y se extiende á todos los seres sobre todo. Este derecho no es exclusivo, es universal. Un francés tiene naturalmente tanto derecho al palacio del Mogol y al serralio del sultán como el natural del Mogol y el sultán mismo. No hay propiedad exclusiva en la naturaleza; esa palabra está borrada de su código; no autoriza al hombre á gozar más exclusivamente de la tierra, que del aire, del fuego y del agua. Hé aquí la verdadera propiedad, la propiedad consagrada, la propiedad que los reyes deben respetar y que nunca deben violar impunemente. En virtud de esta propiedad, aquel infeliz hambriento puede llevarse y devorar ese pan que es suyo, puesto que tiene hambre; el hambre, ese es su título de propiedad. ¡Ciudadanos depravados, mostrad un título más poderoso! ¡Que lo habeis comprado y pagado! ¡Miserables! No es vuestro ni de los vendedores, puesto que ni uno ni otro tenéis necesidad. ¿Cuál es esa otra propiedad social que se ha abrogado los rasgos de aquella propiedad natural, y que con esta imponente máscara ha sabido atraerse una veneración que no merece y defensores ciegos por el deseo del exclusivo goce? Es la que reclama ese rico rentista que sobre las ruinas de la fortuna pública ha construido soberbios palacios, ese ambicioso prelado que flota en la opulencia, y ese ocioso particular que tranquilamente disfruta, mientras que el desgraciado jornalero padece; es esa propiedad que ha creado cerrojos, puertas y otras mil invenciones que acantonan al hombre y lo aislan, protegiendo los derechos exclusivos, azote del derecho natural. En efecto, el carácter de la propiedad natural es ser universal: las sociales son individuales particulares: estos dos derechos son, pues, absolutamente contrarios. ¡Y se les dá el mismo
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Con todo esto no se llegaron á vencer, sin embargo, las más graves dificultades que ofrecía la ejecución del decreto de las Cortes de Cádiz. Aún reducidas las formalidades preliminares á los repartimientos, las que quedaron, sin ser todas las necesarias para su objeto, tropezaban con grandes obstáculos, que no solían remover los ayuntamientos. Era también origen de no pocas dificultades la redacción un tanto descuidada de las mismas leyes que habían de aplicarse, la vaguedad de algunos de sus preceptos y su silencio sobre puntos tan importantes como el repartimiento de los arbolados y de los terrenos pantanosos ó incultos. Por último, crecieron tanto estos inconvenientes, que las Cortes de 1822 juzgaron indispensable nombrar una comisión que informara sobre ellos y propusiera la resolución oportuna.

Justo es reconocer, sin embargo, que las principales dificultades de la empresa nacían, más que de la poca habilidad del legislador, de la naturaleza misma de las cosas. Queriase repartir todas las tierras baldías y concejiles, pero no inconsideradamente, ni sin bastante conocimiento de causa, lo cual obligaba á practicar operaciones largas y costosas. Pretendiese por otra parte verificar inmediatamente el repartimiento, lo cual no era conciliable con la práctica de aquellas operaciones. Deseábase que estos terrenos no salieran del poder de los vecinos y comuneros, que tenían derecho á aprovecharlos, y sin embargo se destinaba la mitad de ellos á la extinción de la Deuda pública, para lo cual era menester venderlos al mejor postor, aunque fuese forastero ó extraño. Así es que, convencida la comisión de 1822 de la imposibilidad de conciliar fines tan opuestos, optó por lo que en su concepto era más importante, á saber, la enajenación inmediata de los propios y baldíos.

Propuso la comisión con este objeto que se refundieran en una sola ley los decretos y órdenes dictados hasta entonces sobre la materia, reformando sus disposiciones en cuanto fuera necesario, para reducir inmediatamente al dominio particular las tierras municipales. El decreto de 29 de Junio de 1822, resultado de este dictamen, mantuvo el método de repartimiento adoptado en los anteriores, pero con alteraciones muy graves, más favorables á los participes que á los pueblos. Fué una de las principales aumentar la cabida de las suertes repartibles, á fin de que cada una tuviera la necesaria para mantener cinco personas, en lugar de una sola que antes se había propuesto. Así se quintuplicó la cantidad de tierras que forzosa y gratuitamente había de repartirse entre militares y vecinos no propietarios. Extendióse además el derecho de obtener suerte gratuita á los vecinos,
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que aunque tuvieran tierra propia ó ganados, no igualara su valor al de una de las suertes repartibles. Todos los militares y vecinos que tuvieran las condiciones referidas, habian de recibir su suerte de la cabida indicada, y si no bastaran para ello los realeugos y baldíos, habia de echarse mano de las tierras labrantes de Propios, siempre que lo que de ellas se tomara, no excediera de la cuarta parte de las mismas. Así en este caso, podrian ser expropiados los pueblos de la cuarta parte de su capital productivo, contra su voluntad y sin compensacion alguna. Hecha esta primera distribucion gratuita entre las personas favorecidas, habian de repartirse las tierras de Propios sobrantes entre los que las solicitaran, pero con la obligacion de pagar por ellas un cónon del 2 por 100 de su importe. En el señalamiento y reparto de las suertes se habia de proceder breve y sumariamente y con omision de diligencias, que si algunas veces podian ser innecesarias, contribuian las mas á impedir la dilapidacion y el fraude. Era imposible que los baldíos aplicados á la extincion de la Deuda publica, se enajenaran por su precio, si solamente habian de poder adquirirlos los vecinos y comuneros de los respectivos pueblos. Esta condicion frustraba el objeto de la subasta y abria el camino á confabulaciones inevitables. Por eso mandaron las Cortes que fuesen admitidos á esta publica licitacion los postores forasteros, si bien reservando á los comuneros y vecinos el derecho de tanteo, como condóminos.

Es de admirar que una ley de tanta trascendencia y que comprometia intereses tan respetables, no fuera objeto de discusion empeñada y detenida. La escasa que hubo versó sobre la necesidad de conservar los montes, ó sobre la conveniencia de dejar á salvo ciertos intereses locales. Algunos diputados se opusieron al repartimiento de las tierras de arbolado, fundándose en que éste, lejos de conservarse y prosperar, se destruye y desaparece bajo el dominio privado; por cuya consideracion se salvaron del reparto los montes altos, propios para la construccion naval. Otros diputados abogaron por los ganaderos de ciertas comarcas, cuyos rebaños, verificada la enajenacion de los baldíos, podrian, en su juicio, carecer de pastos. Y es aqui digno de notarse cómo muchos de aquellos ardientes reformistas, que tanta fé mostraban en sus teorias cuando tomaban parte en las discusiones generales, al tratarse de su aplicacion á determinados intereses, pedian excepciones á su favor, como si no estuvieran convencidos de la bondad de sus propias doctrinas. Sin discusion, y al parecer por unanimidad, adoptaron las Cortes el principio de reducir á dominio privado las tierras baldias y concejiles; mas al establecerse las reglas necesa-
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rias para su aplicacion, unos diputados pidieron que se conservaran los propios de sus provincias, otros los terrenos baldíos de las cuatro sierras nevadas, y otros las dehesas potriles, fundándose todos en razones especiales de localidad, que á ser admitidas, habrian dado por consecuencia la anulacion del principio de la ley. La teoria, sin embargo, prevaleció al fin sobre los intereses locales.

III.

DESAMORTIZACION Y ENAJENACION DE LAS TIERRAS CONCEYILES.

Abolido el régimen constitucional con todas sus leyes, cuando apenas había empezado á ejecutarse la de 1822, no llegaron á sentirse sus efectos. Ni volvió á pensarse en la desamortización de las propiedades municipales, hasta que entrando otra vez el gobierno en el camino de las reformas, la Reina gobernadora, en 24 de Agosto de 1834, dictó una real orden autorizando á los ayuntamientos para enajenar sus bienes raíces en venta real ó á censo. Mas respetando entonces el legislador el dominio de los pueblos, no les obligó á vender sus bienes, ni se apoderó de ellos para enajenarlos por su cuenta, ni aún siquiera dispuso que el producto de los enajenados voluntariamente se invirtiera en la Deuda pública, aunque persuadido de la conveniencia de que las corporaciones municipales no poseyeran propiedades de administración costosa ó ocasionada á abusos, trató de promover y facilitar su enajenación, sujetándola en virtud del alto patronazgo de la corona sobre ellas, á ciertas reglas que las defendieran contra confabulaciones y fraudes. Así la real orden citada se limitó á determinar el modo de instruir los expedientes necesarios para acordar las enajenaciones, la forma en que éstas habían de verificarse y la intervención que había de tener en ellas la autoridad local, la provincial y la suprema; disponiendo entre otras cosas, que no se adjudicaran las fincas por menos de las tres cuartas partes de su tasacion: que se pagara el precio en dinero, en efectos de la Deuda pública por su valor de colización, ó en créditos contra los mismos pueblos; y que el arbolado alto de los terrenos se vendiera y no se diera á censo, aunque el suelo se enajenara en esta última forma. Nada se determinó entonces acerca del destino que habían de dar los pueblos al capital que realizaran por estas ventas, y como se estimase necesario limitar en este punto el arbitrio de los ayuntamientos, se dictó la real orden de 3 de Marzo de 1835, mandando entre otras cosas, que el importe de las
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ventas se invirtiera por su orden: 1.º en redimir censos y pagar deudas que devengaran intereses; 2.º en extinguir créditos y obligaciones de justicia, aunque no devengaran réditos; 3.º en acabar obras de utilidad pública, suspendidas por falta de medios; 4.º en adquirir billetes al portador de la Deuda con interés.

Mas estas providencias no podian ser tan eficaces para su objeto como deseaban los que las aconsejaron y la necesidad requeria. Habiendo de decidir los ayuntamientos la venta de sus fincas, iba á depender esta resolucion de quien más interés solía tener en excusarla. Ofrecian aun menos estímulo estas enajenaciones por haberse señalado con poco acierto los objetos en que habia de invertirse su producto. Pocos ayuntamientos querrian desprenderse de sus fincas con el solo objeto de pagar deudas antiguas, y menos aun para adquirir billetes del Tesoro, que mal podian ser estimados donde apenas eran conocidos, como sucedia en la mayor parte de las provincias. Algun pueblo que hubiera comenzado obras de publica utilidad, venderia tal vez parte de sus Propios para concluirlas; pero ¿cuál haria lo mismo sabiendo que no podia invertir su producto en una obra nueva, quizá mas necesaria, y que por el contrario, se le obligaria á destinarlo al pago de deudas antiguas ó á comprar papel del Estado en que no tenia confianza?

Así es que con arreglo á esta nueva legislacion, se enajenaron pocos bienes de Propios, y no siempre, en verdad, con beneficio de los pueblos. Pero como aunque ninguna de las leyes promulgadas desde el último siglo sobre esta materia, haya producido todo el resultado á que aspiraban sus autores, cada una habia ido desmembrando algunos bienes del patrimonio municipal, hallóse éste al fin considerablemente disminuido, al paso que los gastos municipales habian ido acrecentándose. Por otra parte, la variedad y confusion de tantas leyes derogadas, restablecidas y reformadas, habian producido cierto estado de incertidumbre en las posesiones y derechos emanados de ellas, del cual hubieron de aprovecharse algunos pueblos para recuperar fincas que les pertenecieran antes. Esto dió lugar á que las Cortes resolvieran en 18 de Mayo de 1857 mantener en su posesion á los que tuvieran tierras de las repartidas en 1770, y pagaran un canon por ellas; á los que las tuvieran procedentes de los repartimientos hechos por los ayuntamientos ó juntas durante la guerra de la Independencia ó en virtud del decreto de las Cortes de 1815, ó de otras órdenes superiores competentes; y á los que hubieran roturado terrenos arbitrariamente, siempre que los hubiesen mejorado y pagaran por ellos un canon de 2 por 100 sobre el valor
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primitivo de la finca. Llevando aún más adelante el propósito de dar cumplimiento á las anteriores leyes, el Regente del reino dispuso en 4 de Febrero de 1841, no ya sólo que se mantuviera en su posesión gratuita á los militares y braceros que adquirieron terrenos en virtud del decreto de 1813, sino que se les restituyeran los que hubiesen perdido á consecuencia de su derogación, y se les reintegrara el valor de aquellos que hubieran sido después enajenados.

Así vino preparándose por espacio de noventa años la ley vigente, que ha acabado al fin con casi toda la propiedad municipal. Hasta 1854 se había respetado hasta cierto punto el dominio de los pueblos, pues si muchos de sus bienes se habían repartido y enajenado, casi siempre se había procurado distribuirlos de manera que quedaran en poder de vecinos ó comuneros, participes en su propiedad. Ni aun en sus mayores necesidades se había atrevido el gobierno á obligar á los pueblos á vender todos sus Propios para favorecer al Erario. Algo de esto se intentó en 1847, aunque con éxito desgraciado; volvióse á tratar de ello en 1852, pero consultados los pueblos, sólo 2.000 manifestaron su parecer, y de ellos 20 únicamente asistieron á la venta, siendo de notar que sólo seis de éstos poseían bienes de propios (1). En vista de lo cual, se limitó el gobierno de entonces á autorizar á los pueblos de dos provincias en que se iban á construir ferro-carriles, para vender sus Propios e invertir su importe en ellos (2). Y como de esta enajenación resultaría perjudicado el Tesoro, porque transferidos aquéllos bienes á particulares, dejarían de pagar el impuesto del 20 por 100, que satisfacían en manos de los ayuntamientos, se reservó el Estado la quinta parte de su importe, así como del de los demás bienes de igual procedencia, que se enajenaran por disposiciones ulteriores, á fin de aplicarla á la extinción de la Deuda amortizable (3).

Cuando al fin se decidió el legislador á convertir en forzosas las enajenaciones hasta entonces voluntarias, fué después de la revolución de 1854, época de gran penuria en la Hacienda y de pretensiones exageradas en cuanto á la desamortización de la propiedad. Para justificar esta novedad, se convirtió en dominio de cierta especie el alto patronazgo del Estado sobre los bienes de las corporaciones municipales; se sostuvo como doctrina

(1) Discurso del diputado D. Claudio Moyano, en la discusión de la totalidad del proyecto de la ley de desamortización sancionada en 1.º de Mayo de 1855.
(2) Reales decretos de 28 de Mayo y 28 de Agosto de 1852.
(3) Real decreto de 10 de Setiembre de 1852.
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corriente, la de que el gobierno puede cambiar cuando lo tenga á bien, la forma de la propiedad colectiva; que sin faltar á las leyes, la corona habia dispuesto siempre de los bienes de los pueblos; que de la obligacion de éstos á contribuir con la quinta parte de la renta de los Propios, se seguia naturalmente el derecho del Estado para disponer á su arbitrio de la quinta parte del capital; y que la mala administracion de estos bienes era en derecho, causa bastante para que el gobierno los énajenara por sí, obligando á los pueblos á invertir su importe en títulos de la Deuda pública ó en bancos hipotecarios.

Véase cómo se tocan las exageraciones más opuestas. La teoria del dominio eminente del Estado fué inventada por los jurisconsultos del imperio y sostenida despues, aunque con distinto fundamento, por muchos de la Edad Media, para restringir las facultades del dominio privado; y en el siglo xix vuelve á invocarse por los que pretenden individualizar, si así puede decirse, y hacer enteramente libre de vínculos con el Estado, toda la propiedad territorial. ¡Como si las máximas del despotismo se pudieran poner á servicio de la libertad! ¿Pero no es una de ellas tambien la de que el soberano puede cambiar á su arbitrio la forma de la propiedad en el sentido que se da á esta frase? Porque si tal cambio significa el despojo de los bienes propios, trocándolos por otros de distinta índole y de valor más ó menos problemático, contra la voluntad del propietario, el derecho de propiedad es completamente ilusorio, puesto que no depende sino del legislador su entidad y su subsistencia. Lo mismo serviría esta doctrina para amortizar en provecho del Tesoro los bienes desamortizados, que ha servido para desamortizar los que no lo estaban. Verdad es que muchos reyes privaron á los pueblos de alguna parte de sus bienes Comunes, pero aunque para ello hubieren de alegar razones de circunstancias, el fin vinieron á reconocer siempre que las leyes no autorizaban tales actos, y muchas veces ordenaron la restitucion ó el resarcimiento de lo ocupado ó vendido.

No era méños infundada la suposicion de que el derecho al impuesto producia el derecho á una parte proporcional de la materia imponible. Si la contribucion del 20 por 100 de Propios hubiera tenido el carácter de censo redimible sobre los bienes concejiles, habria sido legítima aquella consecuencia; ¿pero es lo mismo el tributo que se discute y aprueba todos los años, y puede disminuirse y suprimirse del todo, que la renta fija, no sujeta á tales eventualidades? Más de una vez, mientras existió aquel impuesto, se trató de su supresion ó reduccion, por razones que si entonces
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no prevalecieron, habrian podido prevalecer más adelante, habiendo conservado los pueblos sus bienes. Si aquella doctrina era aplicable á los pueblos como contribuyentes por sus Propios, lo mismo deberia serlo á los particulares contribuyentes por sus bienes privados; y consignada en nuestras leyes, podria el gobierno en sus apuros exigir de ellos una parte de su capital, en relacion con el impuesto que por él satisficieran. Y aunque éste al pronto quedara abolido, despues se sentiria la necesidad de restablecerlo, y así con el tiempo se podria apoderar el Estado de todas las propiedades. Verdad es que pudo estimarse como precedente de esta singular doctrina, la que en 1852 sirvió de fundamento para tomar á los pueblos que destinaron sus Propios á la construccion de ferro-carriles la quinta parte su precio; pero entre lo uno y lo otro habia gran diferencia. Tratabase entonces de pueblos, que acordando voluntariamente la enajenacion de sus fincas, quedarian exentos de todo impuesto, no pagándolo los ferro-carriles; pero en 1855 era el mismo legislador quien ordenaba la enajenacion, contra la voluntad de los pueblos, y habia de embolsarse la quinta parte de su producto.

Ciertamente no conviene al Estado que la dotacion de los pueblos consista en bienes raices: mejor es que estos bienes se hallen en manos de particulares, que suelen hacerlos más productivos; pero esta consideracion no basta para fundar el derecho del Estado á incautarse de los bienes legítimamente poseídos por los pueblos y darles en cambio, y contra su voluntad, efectos públicos sujetos á las eventualidades del crédito. Los menores, las mujeres y los incapacitados, no suelen tener tampoco bien administradas sus propiedades, y sin embargo, nadie se atreverá á sostener que pueda el gobierno tomárselas á cambio de otros bienes de administracion menos complicada. Las leyes que reconocen y protegen la propiedad, no distinguen entre la individual y la colectiva, que no es más que la suma de varias propiedades individuales, sin otras limitaciones que las necesarias para garantir el derecho de cada condómino. Tan respetable en principio es á sus ojos lo que pertenece á uno, como lo que corresponde á dos ó á ciento. El más ó el menos en cuestiones de derecho, no altera la naturaleza de las cosas.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.
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ESTUDIOS SOBRE EL ORIENTE

Institutiones parsis.

PURIFICACION. El caso más notable de purificación en la ley religiosa de los parsís ocurre por el contacto de cuerpos muertos. El tratamiento prescrito en el Avesta para quedar libre de la mancha, es también de lo más penoso y molesto que los legisladores antiguos y modernos han ideado para producir en el hombre aversion á un hecho cualquiera. La ceremonia de purificación prescrita para este caso, se llama vulgarmente Barashnom; su nombre técnico es en Zend yaos’dāhrya, pehl. yōshdasarih, y viene descrita, si bien con alguna confusión, en el capítulo IX del Vendidad. Por la importancia que tiene en la legislación religiosa de los parsís, haremos algunas indicaciones sobre ella, interpretando el citado capítulo.

El que ha tocado (voluntariamente sin duda) un cadáver, debe dirigirse en primer término á un varón conocedor de la ley y de las palabras de Mazda, y que tenga autorización para recitar manthras. En un lugar apartado y á la distancia de treinta pasos del fuego, del agua y del bareçma, en terreno seco, desnudo y sin árboles, lejos también de la morada de los hombres y de las bestias, hará el varón santo nueve hoyitos de algunas pulgadas de profundidad y á la distancia de tres pies uno de otro; pero los tres últimos á nueve pies de los otros seis. Estos hoyos quedan encerrados en un círculo mágico, trazado con un instrumento agudo y de metal, á la distancia de nueve pies de dichos agujeros; dentro de éste se trazan otros seis concéntricos y separados de tres en tres, y seis más, tres más altos y tres más bajos que los otros. Tres piedras se colocan al lado de los agujeros á tres pies una de otra.

El contaminado entra en el círculo mágico y se coloca al lado de uno de los hoyos; el sacerdote purificador se detiene al lado del círculo externo y empieza la ceremonia diciendo: «Tú, Mazda, proteges la oración y vene-