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mar, á los buques mercantes americanos en tiempos de guerra. 2.º La aplicación de las penas de piratería á los buques y tripulaciones de los Estados-Unidos que cometan actos de corso contra la España ó sus súbditos, ora tengan patente legítima de algun soberano, ora con mayoría de razon si careciesen de ella. 3.º La consideración de rebelde y el desafuero correspondiente á todo norte-americano que hostilice directamente ó preste auxilio para fomentar ó sostener la rebelión en territorio español. Y 4.º La competencia exclusiva de los tribunales españoles tanto para condenar los buques que infrinjan el art. 14 del tratado de 1795, como para la aplicación de las penas de piratería á sus tripulaciones, y á cuantos auxilien las rebeliones del territorio español, si fuesen capturados infraganti.

Sentados estos inconcusos principios, que dejámos demostrados con la letra de los tratados vigentes y la unánime opinión de los publicistas más acreditados, apliquémoslos al caso presente del Virginius. Lo primero que hay que averiguar son los antecedentes de este buque, su pabellón actual y la clase de operaciones á que se entregaba. El Virginius, según el Times de New-York, era un buque insurgente dependiente de una junta rebelde á España, y sus oficiales y tripulación se habían alistado voluntariamente sabiendo que iban á aumentar la guerra de Cuba. Este buque había pertenecido á los Estados del Sur y después de la guerra se matriculó como buque americano, pero de hecho ha estado siempre al servicio de la junta rebelde cubana: tres veces había llevado expediciones piráticas á las costas de Cuba. Este hecho está explícitamente reconocido por el mismo periódico ya citado, que es órgano del gobierno de Washington; decía aquel hablando de la captura del Virginius: «La captura del vapor filibustero Virginius ha hecho desaparecer una fuente de considerables perturbaciones para la marina de los Estados Unidos y ahorrará muchos gastos al gobierno. Los papeles de aquel buque son bastante regulares para hacerle acreedor á la protección de nuestra bandera; pero sus procederes sospechosos de ilegales hacían desagradable el deber de custodiarle. Ahora que los españoles lo han apresado podrán sin duda presentar pruebas suficientes que produzcan su condenación en el tribunal competente que lo juzgue.» Tales son los antecedentes notoriamente públicos en los Estados Unidos y que su gobierno, con una candidez que no queremos calificar, aparenta ignorar. Respecto al presente destino del Virginius es aún menos disculpable y de todo punto inverosímil la ignorancia del gobierno de Washington, que le hace reo de culpa lata, la cual todas las legislaciones equiparan al doło. Todos los periódicos de New-York anunciaron y aplaudieron
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muchos de ellos la salida de la expedicion pirática, que se había de hacer en el Atlas hasta Kingston en Jamáica y desde allí hasta las costas de Cuba en el Virginius, dando todos los pormenores del capitán del buque y jefes militares que prepararon y llevaron á cabo la expedición. Entre los muchos diarios que pudiéramos citar, nos limitaremos al Herald del 4 de Octubre último. Dice así: «Una de esas escenas patrióticas que traen á la memoria la salida de nuestros regimientos para defender la Unión se verificó ayer en el muelle núm. 12 del río del Norte con motivo del embarque de unos setenta patriotas cubanos de todas edades á bordo del vapor Atlas de la línea inglesa con destino á Kingston de Jamáica. Dicese que antes de tres semanas el Virginius que tanta fama ha adquirido últimamente como corredor de bloqueos, desembarcará á los expedicionarios en el departamento oriental de la isla de Cuba, siendo Haití ó la bahía de Samaná el punto de partida...» Y sigue dando todos los pormenores de la expedición.

En vista de estos antecedentes que constituían al Virginius en un buque pirata bajo el pabellón de los Estados Unidos, ¿cuál era el deber de las autoridades españolas al tenor del artículo 14 del tratado vigente de paz celebrado con los Estados Unidos en 1795? El que el gobierno de los Estados Unidos hubiera ejercitado y estaba obligado á ejercer en su propia defensa. Despachar uno ó más cruceros en demanda del buque cuyas señas eran bien conocidas. En efecto el gobernador de Cuba dio órden al capitán del Tornado para que lo buscase, le diese caza, lo abordase y visitase para cerciorarse de la verdad de lo que decían los periódicos de Nueva-York. Hizo así el capitán del Tornado, descubriólo como á las dos de la tarde á unas 18 millas de la costa y una vez reconocido procuró darle caza con tanto más motivo, cuanto que observó el cambio de rumbo que hizo luego que se vió perseguido, y que iba arrojando al mar caballos, cajas de armas y otras fournitures de las cuales se hallaron aún algunas á bordo con más un crecido número de pasajeros entre los cuales venían muchos cubanos y jefes muy conocidos de los insurrectos. Todo esto constituía desde luego una presunción legal del delito de piratería que se atribuía al Virginius. El Tornado estuvo pues en su derecho apresándolo, haciéndole arrasar la bandera que profanaba é insultaba con su criminal conducta y conduciéndolo á Santiago de Cuba.

Esta presunción legal del crimen del Virginius se convirtió en prueba plena cuando ante el Consejo de guerra, formado para juzgarlo, declararon y confesaron desde el capitán al último marinero y todos los demás pasajeros el conocimiento que tenían de la empresa pirática en que voluntaria-
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mente se habían comprometido; así como entre los pasajeros se identificaron las personas de algunos de los principales jefes de los insurrectos y de oficiales del ejército de Cuba que se habían pasado á los enemigos. En virtud de esta confesión, que en todas las legislaciones del mundo constituye una prueba plena, fueron sentenciados y condenados á muerte, como piratas los unos, como rebeldes y criminales los otros, 57 individuos de los 165 que se hallaron á bordo del buque. A este procedimiento sumario, pero arreglado á las leyes de la materia, califica el presidente Grant en su mensaje, de ejecución sin forma legal de proceso. Por respeto á la gran nación que representa, que jamás confundiremos con la hez y los filibusteros de Nueva-York, no calificamos como tendríamos derecho á hacerlo la falta de verdad en esta parte del mensaje; pero deploramos tanta ligereza que estuvo á punto de provocar una guerra entre dos naciones, que desde el origen de la república norte-americana habían sido siempre amigas.

Yo no sé si se habrá cometido la omisión de alguna pequeña formalidad, puesto que el gobierno se ha negado obstinadamente á publicar en la Peninsula lo que saben todos los habitantes de Cuba; pero presumo que no. Mas dando por supuesto que la hubiese; ya dejo sentado al principio que las cuestiones de derecho de gentes son todas bona fides y que se han de resolver no por la falta de esta ó la otra formalidad, sino verdad sabida y buena fé guardada. «Es necesario buscar la verdad, y en estas materias como en todas las que se rigen, no por fórmulas sacramentales ó de rigor sino por principios de buena fé; hay que decir con la ley que las simples omisiones ó simples irregularidades de forma no deben perjudicar la verdad, si ésta resultase por otra parte perfectamente comprobada, et si aliquid ex selenibus deficiat cum aquilas poscit subveniendum» como decía el célebre jurisconsulto Mr. Portalis en una ocasión semejante (1).

Ya dejo manifestado más arriba cuál es la terminante opinión del Times inglés y del general norte-americano Roger A. Prior sobre el inquestionable derecho que asiste á España para juzgar sumariamente y aplicar la pena capital á los piratas del Virginias; pero ya que no copie, por no alargar demasiado este artículo, las seis importantísimas proposiciones que sienta dicho general, y que son una elocuenteísima confirmación de los principios de derecho internacional que dejo arriba expuestos, no puedo prescindir de hacerlo del final de su carta al New-York Tribune... «La primera falta fué

(1) Conclusiones de Portalis relativas á la presa del buque americano el Stativa ante el tribunal de presas, 6 thermidor año VIII.
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cometida por los Estados Unidos permitiendo la salida del Virginius á sus excursiones criminales, y no tienen ningun derecho de quejarse de las consecuencias. Es notorio que el Virginius fué equipado en nuestros puertos con el propósito ostensible de llevar hombres y municiones en ayuda de la rebelion cubana, y que fué apresado en el acto de conducir refuerzos á los rebeldes; por consecuencia lógica el buque es criminal y los individuos capturados á bordo están sometidos á las leyes de la guerra. Tambien están fuera de la ley y no tienen ningun derecho á la proteccion de los Estados Unidos. El eminente jurisconsulto Cushing, abogado representante de la república de Washington ante los árbitros del Congreso de Ginebra en el asunto del Alabama, y cuyo testimonio es del mayor peso asi por su nacionalidad como por su ilustracion, después de decir en la consulta que se le pidió, que no habia motivo alguno para declarar la guerra á España, añadía: «La gente de esta tierra se alborota porque España ha fusilado á unos filibusteros cuya conducta los excluye del derecho y de la proteccion de esta republica de la que habian sido ciudadanos; y por cierto que lo único que nos toca en este caso es lamentar que á los que han quedado por acá no les suceda lo mismo que á los otros.» Otro célebre jurisconsulto, tambien norte-americano, á quien consultó su gobierno, Mr. Woolsay, dijo: «Las autoridades espanolas han procedido conforme á la ley de las naciones y tienen un perfecto derecho para apoderarse del Virginius. Si la captura se verificó de conformidad con las leyes espanolas, si conforme á las mismas fueron ajusticiados los tripulantes y si el Virginius, aunque navegando bajo el pabellon americano, trataba de prestar auxilio á los rebeldes, quiero decir, si se ocupaba de una operacion prohibida por la ley de las naciones, los Estados Unidos, no podrán hacer honradamente de esta cuestion un casus belli, ni producir siquiera la más mínima reclamacion sobre el asunto.»

¡Qué contraste entre estas nobles y leales declaraciones de los jurisconsultos más distinguidos de los Estados Unidos, y las acusaciones que algunos periodicos espanoles oficiosos dirigen á las autoridades de Cuba, suponiendo que han obrado precipitadamente y contra ley, fusilando á los piratas antes de haber hecho la declaración de buena presa del Virginius! Y todo ello para disculpar la vergonzosa debilidad del gobierno del señor Castelar, en este por siempre desplorable asunto. ¿Dónde han leído, dónde han visto estos periodicos, que para apresar un buque enemigo y aplicarle las leyes de la guerra, haya de preceder la declaración de buena presa? Esta declaración sólo procede respecto á buques neutrales, que prima facie
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aparecen inocentes, ó pueden serlo mientras no se pruebe debidamente su culpabilidad; pero los buques enemigos, y en este caso están los piratas que lo son de todo el género humano, llevan en sí la prueba de su criminalidad. Desde el momento que un buque de guerra enemigo se bate con otro, ó desde que los piratas están convictos y confesos de su crimen, como los del Virginius, ¿qué otra declaración se necesita para apropiarse el buque enemigo ó el buque pirata? ¿Qué proceso ni declaración de buena presa, mandó formar el presidente Lincoln, en su orden de Abril de 1860, para juzgar como piratas á los corsarios de los confederados y disponer que inmediatamente fuesen colgados de las vergas sus tripulantes? ¿Con qué derecho, de consiguiente, pueden reclamar hoy los Estados Unidos la competencia de sus tribunales, para juzgar á los corsarios ó piratas que ha apresado la marina de España como enemigos de su gobierno? Y sin embargo, ¡hemos pasado por esta vergüenza y devorado esta humillación! No queremos hacer más angustiosa la situación del gobierno republicano; pero ¿cómo podemos dejar de lamentar que no se haya inspirado en los nobles ejemplos de los ministros del reinado de D.ª Isabel II, en casos enteramente idénticos? ¿Qué de siglos no distamos, al parecer, de aquellos tiempos en que un presidente del Consejo entregaba sus pasaportes y hacia salir del reino en veinticuatro horas al representante de una de las más poderosas potencias de Europa, y en los que otro, no militar, por cierto, remitía una nota á esos mismos Estados Unidos, amenazando que haría pasar por las armas á los súbditos norte-americanos que viniesen á insurreccionar la isla de Cuba? ¡Quantum mutatus ab illo! ¡Lo que vá de ayer á hoy!...

Ignoramos los términos y condiciones de la entrega del Virginius y de los piratas aún vivos; pero si el mensaje dice verdad, y no debemos dudarlo, ambas cosas son puntos enteramente resueltos, así como el saludo de la bandera norte-americana. Los únicos todavía pendientes, y sobre los cuales han de versar las negociaciones diplomáticas, son el castigo que los Estados Unidos piden se imponga á las autoridades de Cuba, y la indemnización que la España ha de pagar á las familias de los piratas, que venían á derramar la sangre de sus hijos. Mas aun cuando no fuera así, y admitiendo que el mensaje haya faltado en esto como en otras cosas á la verdad, y que el gobierno de Washington haya ofrecido someter el asunto á sus tribunales, ni la humillación es menor para el gobierno del Sr. Castelar, ni el resultado ha de ser satisfactorio. Si otra cosa se imagina, es que el señor Castelar y su gobierno desconocen por completo la historia y los antecedentes de los Estados Unidos en estas materias. No voy yo á referirselos,
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sino á recordarles lo que sobre este punto decía un acreditado publicista norte-americano que debía conocer bien á su gobierno. Mr. Browson, en una acreditada Revista que publicaba en Boston, allá por los años de 1852, haciendo una reseña de los agravios y violación de tratados cometidos contra España, por el gobierno de su nación, decía á propósito de la expedición pirática de Lopez: «Verdad es que arrestó en una ocasión á Lopez, »Quitman, Henderson y unos pocos más; pero sin embargo de que estos »hombres confesaron su culpabilidad, los cargos que aparecieron contra »ellos fueron retirados por órden del gobierno mismo y los culpables ab- »suelto de culpa y pena, para que Lopez se pusiese al frente de otra »nueva expedición pirática contra Cuba.» Ya lo oye el Sr. Castelar. Los cargos contra el Virginius y sus piratas, aún después de convictos y confe- »sos éstos, como Lopez y sus agentes, serán retirados para que emprendan nuevas expediciones que no han de hallar, como la segunda de Lopez, su condigno castigo en Cuba, á lo menos mientras rijan los destinos de esta infeliz España los republicanos, pues como dice Montesquieu, el honor está vinculado en la monarquía. ¿Qué se les puede importar el de Espa- »ña, á los que como El Federalista, dicen que lo mismo les dá que ondee en el Morro de Cuba el pabellón de Castilla ó el de los Estados Unidos, ni á los que han asistido á los ominosos tratos de Córdova, celebrados en Junio y Julio de 1869 con los agentes de los rebeldes cubanos?

¿Qué podía hacer, se me dirá, el gobierno de la República ante las vio- »lentas amenazas del general Grant, cuando sostiene hoy tres guerras civiles á cual más desastrosa? ¡Qu'il mourût! como decía el anciano Horacio. Ese era su deber ántes que permitir hollar la inmaculada bandera que el ciego Destino había puesto en sus manos. Pero, ¿es cierto que hubiese motivos sé- »rios para temer que esas amenazas se realizaran? Es preciso desconocer com- »pletamente la situación de los Estados Unidos, para amedrentarse por las bravatas de su gobierno. Allí el gobierno y la nación son dos cosas muy di- »versas. El general Grant sabía perfectamente que la sensata y noble nación norte-americana no se dejaría arrastrar á una guerra que podría serle desas- »trosa, por favorecer intrigas electorales. Sabía perfectamente por los informes de su ministro de Marina, que ésta no se hallaba hoy por hoy en estado de sostener ventajosamente la lucha con la potente escuadra española; sabía también que los Estados Unidos son un coloso con los pies de barro, como el imperio de Nabucodonosor, y que en su seno lleva el cáncer que ha de devorarle; sabía, en fin, que los armadores de los antiguos Estados confe- »derados se apresurarían á armar en corso para destruir el comercio de los
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de Norte; pero sabia asimismo, que nuestro eminente orador en el parlamento, era irresoluto y timido hasta rayar en la pusilanimidad como hombre de accion. Tal es el secreto del deplorable drama del Virginius; sí, deplorable, mil veces deplorable, porque en él va envuelta en el negro su-dario de la República la honra de España.

No, la historia no olvidará ni Dios perdonará á los que así han humi-lado la Nacion, que apenas hace un lustro era respetada, considerada y aun temida en todo el mundo civilizado.

Despues de compuesto el articulo que precede, supe por los periódicos que el gobierno norte-americano habia declarado que «el Virginius no tenia derecho á llevar el pabellon americano.» La inexactitud del funda-miento en que se apoya el general Grant para dar á España una tardía satis-faccion, pone una vez más de manifesto la justicia con que las autoridades espanolas de Cuba han procedido á la captura del Virginius y á la condenacion de sus tripulantes como piratas, y hace resaltar doblemente la inju-ria hecha á la nacion espanola y la debilidad inexcusable de nuestro gobier-no en tolerarla; porque una de dos, ó el de Washington dudaba de la na-cionalidad del Virginius, en cuyo caso sus destempladas y violentas recla-maciones, antes de estar cierto de la verdad, eran una ofensa gratuita á la soberania de España, ó le constaba con certeza que el Virginius era un bu-que de su matricula, y en este caso es hasta ridiculo negar ahora el hecho en que se fundaron, confesando asi que habian faltado á la verdad. Negar que el Virginius tuviese derecho de llevar el pabellon americano siendo cierto, como lo es, que está matriculado en Nueva-York, es como si nuestro go-bierno negase que un subdito suyo, que hubiese cometido un crimen en dicha ciudad, era español. Lo que el gobierno americano debió hacer, no era negar un hecho evidente, sino negar su proteccion al buque americano que hubiese cometido un acto de pirateria, como se la niegan todos los gobiernos que se respetan; y esta obligacion era tanto mayor en el norte-americano cuanto existia un tratado expreso que así lo estipulaba. El Vir-ginius tenia derecho indisputable á llevar el pabellon de su nacion, á lo que no lo tenia era á cometer un acto de pirateria, sin incurrir en desafuero, esto es, sin perder el derecho á ser protegido por su gobierno. Que el Virginius era un pirata, bajo el pabellon norte-americano no podia igno-rarlo el gobierno de Washington, puesto que lo habian dicho y repetido
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todos los periódicos de los Estados Unidos. Su conducta no tiene pues excusa alguna como tampoco la debilidad de nuestro gobierno. ¿Restituirán el buque y los piratas que le fueron entregados? Lo dudamos; y desde ahora aseguramos que no lo harán hasta infli gír una nueva humillación á la España, exigiendo de su gobierno un indulto ám plo y absoluto para los piratas. Al tiempo.

VICENTE VAZQUEZ QUEIRO.
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DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA

Y

DE SU LEGISLACION EN ESPAÑA

VI.

Advenimiento de la dinastía de Borbón.—Principio de la reforma política en la legislación afecta á la libertad de imprenta.

La renovación dinástica de España debía traer muchas reformas necesarias para restaurar la agotada vida de la caduca sociedad española; pero no pueden improvisarse, ni llevarse á cabo sin graves riesgos, trasformaciones radicales, que son siempre violentas, sobre las ideas y los hábitos inveterados que constituyen el carácter de una sociedad. Salir de repente de la oscuridad del despotismo á la deslumbrante luz de la libertad, es tan peligroso para los pueblos, como ocasionado á la pérdida del inapreciable don de la vista el súbito cambio de las tinieblas sombrías por el resplandor reflejante del sol. Los reyes de la rama transpirenáica de María Teresa no procedieron desde los primeros instantes de su advenimiento al trono de Castilla á los rápidos e inconsiderados progresos que al presente una crítica demasiado superficial y ligera acaso estima como de necesidad urgentísima en aquella época. Para los males de los pueblos largamente elaborados en el crisol de muchos y trascendentales errores no existen remedios instantáneos, y no debe darse al olvido que muchas cosas que hoy consideramos funestísimas en la política de aquellos tiempos, formaban la opinión y las costumbres generales.

Felipe V encontró á la imprenta cautiva y esclavizada bajo el peso de
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EN EL PRIMER SIGLO DEL IMPERIO.

No dejará de haber quien acuse de exageradas las consideraciones expuestas en su aplicación á las costumbres romanas, de las que poseemos preciosos monumentos artísticos y literarios. Recuerde, no obstante, el que esto crea, que han sido necesarias largas investigaciones y descubrimientos coetáneos de sabios arqueólogos, jurisconsultos, humanistas y comentadores, para ofrecernos en no lejanos días, si no con perfecta, con aproximada exactitud, los rasgos característicos del pueblo romano, entresacándolos de las magníficas obras que se han salvado, á pesar del vivo interés que en todos tiempos ha despertado su estudio y que debía ser mayor en naciones como la nuestra, que de él deriva su abolengo y que de él ha heredado con su legislación y su idioma una no escasa parte de sus costumbres y hasta de sus preocupaciones.

Si este género de trabajos es cultivado y apreciado fuera, en España lo hallamos casi abandonado á unos cuantos centenares de hombres ilustrados, no ya únicamente en lo que se refiere á la inteligencia de hechos que se consideran de mera curiosidad porque no se sabe ó no se quiere engranarlos con los generales de la historia, sino también por lo que toca á las causas que explican el desenvolvimiento y las sucesivas transformaciones de la ciencia política y de la ciencia del derecho, á las que debíamos consagrar una atención preferente. Hemos conocido á personas muy versadas en la lengua latina, para quienes pasaban desapercibidas las alusiones y la fina ironía de los poetas clásicos, y que ni con la ayuda de los mejores diccionarios podían comprender algunos de los pasajes de Cátulo, de Marcial, de Juvenal y de casi todos los satíricos. Es evidente que de un cuarto de siglo acá se ha adelantado mucho en cierta clase de estudios; pero á pesar de este innegable progreso, antojásemos que aún ha de ser ahora materia de confusión y de dudas, como antes lo fué para nosotros, el examen de las instituciones jurídicas de Roma, con sus magistraturas y jurisdicciones, su organización familiar, su propiedad, sus contratos y sus fórmulas, que cambiando al compás de necesidades sociales, no bastante conocidas y apreciadas, dejaban en nuestro ánimo ideas erróneas ó contradictorias sobre puntos esenciales (1).

(1) Hoy todavía existen grandes dudas acerca de la verdadera inteligencia de la legislación romana en su desarrollo histórico, á pesar de los profundos estudios de los sabios alemanes y franceses. El derecho civil, rudo e inflexible, creación artificial de la ley, fué desenvolviéndose y ajustándose á las reglas de la equidad y á las prescripciones de la naturaleza á medida que iban ganando terreno las ideas civilizadoras, con la difusión de las luces y el contacto de pueblos más adelantados, hasta que se con-