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Por tanto toda visita, molestia ó detencion forzosa por otras potencias es una derogacion de la soberania de los Estados Unidos. En conformidad de este principio el gobierno ha pedido la devolucion del Virginius, la entrega de los supervivientes, la debida reparacion á la bandera americana y el castigo de las autoridades culpables de tales actos ilegales de violencia. El gobierno español ha reconocido la justicia de la demanda, y dispuesto lo conveniente para la restitucion del buque, y la entregade los supervivientes. Además de esto la bandera americana será saludada, las personas culpables castigadas, y los que á ello tengan derecho serán indemnizados.

Prescindiendo de la inexactitud, por no darle su verdadero nombre, con que se asegura que los ejecutados lo fueron sin forma alguna de proceso, mucho nos alegraríamos por honor del gobierno del Sr. Castelar, que al fin habla á nombre de la España, de que tampoco fuesen ciertas las palabras arriba subrayadas, pues no seria posible que hubiese reconocido la justicia de aquellos principios sin desconocer por completo, no sólo los del derecho internacional, sino lo que seria muchísimo más censurable, los expresos tratados que terminantemente autorizan á los buques de guerra de ambas naciones para visitar reciprocamente los buques mercantes de la otra en alta mar en circunstancias dadas.

Lo que hay en esto de cierto, á mi parecer, no es que el Gobierno español haya reconocido la justicia de las reclamaciones de los Estados Unidos, sino que aprovechando estos la circunstancia de hallarse secuestrados nuestros potentes buques blindados por la insurreccion cantonal, puso, como suele decirse, el rewolver al pecho del gobierno español, obligándole á devolver el Virginius bajo la amenaza de una guerra inmediata, y el bombardeo consiguiente de nuestras indefensas Antillas, sin permitir la menor replica en el asunto, ni aun el plazo de cinco dias que faltaban para recibir el correo con las comunicaciones oficiales de las autoridades de Cuba. No extrañamos este insolito e injustificable apresuramiento en asuntos diplomaticos de índole tan delicada como el del Virginius, de parte del gobierno norte-americano, que temía que la rendicion de Cartagena, que en aquellos dias se creia inminente, le privase, con la libertad de nuestra poderosa escuadra, de hacer alarde de un acto de fuerza, siquiera fuese altamente injusto, lisonjero á los filibusteros y á la plebe norte-americana, cuyas buenas gracias necesitaba conquistarse el general Grant para asegurar su tercera reeleccion, y quien sabe si la dictadura vitalicia de la gran republica modelo. No de otro modo á lo menos puede explicarse el insulto hecho á la razon y á la justicia negándose con insistencia á lo que proponía
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su mismo ministro de Estado Mr. Fish y pedia el gobierno español de que se le concediese el cortísimo plazo de cinco días para tener conocimiento oficial del expediente de captura, bajo la más expresa protesta de dar todas las satisfacciones que se le exigian, si después de conocidos los hechos, que ignoraba por completo, hallase que eran fundadas. Esta denegacion de justicia, esta repulsa absoluta de toda otra explicación de los hechos, que no fuese la dada por la parte que se supone agraviada, bastaría para convencer á cuantos conserven la más ligera noción del derecho, de la ninguna confianza que abriga el gobierno del general Grant en la justicia de su causa. Pero por si hubiese todavía alguien que lo dudase, yo me propongo demostrarlo con tan plena evidencia en este artículo, que ningún inconveniente tendría si la causa fuese mía, en abandonar la decisión al mismo presidente de los Estados Unidos. Tal y tanta es la seguridad que me inspira la justicia con que han procedido las autoridades españolas en la captura del Virginius y demás actos posteriores.

Para tratar este asunto con el aplomo e imparcialidad que me propongo y quisiera hacerlo, hubiera sido muy conveniente tener á la vista las comunicaciones y telegramas oficiales que han mediado entre el gobierno de Washington y su ministro en Madrid, que estoy seguro se hallarán en el libro azul presentado por el general Grant al Congreso norte-americano, ya que el absoluto silencio en que se ha encerrado el gobierno de nuestra naciente república no nos permite conocer auténticamente los hechos. Pero como el tiempo urge, voy (sin perjuicio de ocuparme de nuevo de este asunto en la próxima Revista, si algún hecho esencial se hubiese omitido), á concretarme á los partes oficiales publicados en los diarios de la Habana y copiados en todos los demás de la isla. Tales como son, bastan, atendida su autenticidad, pues están confirmados por las declaraciones de la tripulación y pasajeros del buque capturado, para demostrar con la unánime opinión de todos los autores de derecho internacional, y más que todo con los tratados vigentes que ligan á los Estados Unidos con la España, que ésta ha estado en su pleno derecho visitando el Virginius, capturándolo en alta mar, no á pesar de su pabellón, sino precisamente por llevar el norte-americano y haciéndolo juzgar por sus tribunales. Paradógica parecerá esta proposición, sobre todo después de las solemnes asseveraciones contenidas en el mensaje presidencial. Espero, sin embargo, que su examen arrojará vivísima luz sobre este embrollado asunto hasta desvanecer las más ligeras sombras de duda en el ánimo de todas las personas imparciales, y casi me atrevo á decir aún de las más prevenidas en contra de España.
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Preciso se hace para ello entrar, siquiera sea ligeramente, en algunas consideraciones relativas á la ciencia del derecho de gentes y su aplicación á la inteligencia e interpretación de las cláusulas contenidas en los tratados diplomáticos. Cuando se habla del derecho de gentes, es preciso no olvidar que no se trata de un código ó cuerpo de doctrina publicado y sancionado por el común acuerdo de todas las naciones y obligatorio de consiguiente para todas ellas, como el derecho civil lo es para todos los individuos de un mismo Estado. Semejante código no ha existido, no existe, ni existirá nunca probablemente, por más que fuera de desear y lo hayan aconsejado muchos hombres eminentes. Lo que se llama derecho de gentes no es más que un conjunto de reglas dadas por los publicistas, fundadas en la práctica general de las naciones y á falta de ésta en lo que dictan la razón y el buen sentido. Punto es éste en que están conformes cuantos desde Grotio acá han escrito sobre la materia, y de aquí el principio, ó mejor dicho la consecuencia de que todas las contestaciones entre las potencias, que no estén basadas en tratados expresos, son cuestiones bona fides no sujetas á trámites determinados, ni á meras formalidades, sino que han de resolverse, como solemos decir en los asuntos mercantiles, verdad sabida y buena fé guardada.

Sentadas estas premisas, que aunque conocidas de cuantos han saludado el derecho público convenía recordar aquí, examinemos la razón fundamental alegada en el mensaje del general Grant, para reclamar la devolución inmediata del Virginius á saber: «que siendo éste un buque que navegaba con bandera norte-americana, y estando establecido que los buques americanos en alta mar en tiempo de paz se hallan bajo la jurisdicción del país cuya bandera llevan, no pueden ser visitados ni molestados por poderes extranjeros sin derogación de la Soberanía de los Estados Unidos de América.» Esta proposición anunciada en los términos que lo hace el mensaje presidencial, es de aquellas que se llaman evidentes per se, y tan evidente que si la gravedad del asunto lo permitiera, diría que era lo que entre nosotros se llama una perogrullada. Y por eso dudo que pueda citar un solo tratado en que se haya sentado esta máxima en los términos que él la establece, por la misma razón de que en ningún código pena se consigna que los inocentes deben ser absueltos. ¿Quién podía dudarlo? Las leyes y los tratados internacionales se hacen para los casos probables y no para los inverosímiles. ¡A qué nación le ocurrió, ni podía ocurrirle que en casos normales y de paz podía tener derecho de detener, visitar, y mémos registrar los buques de naciones independientes no sólo en alta mar, pero
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electoral hicieron oír palabras gravísimas y contrajeron compromisos revolucionarios. No deja de ser interesante recordar cuáles eran las palabras que los más revolucionarios de aquellos tiempos pronunciaban en la tribuna, respecto de lo fundamental, siendo objeto de escándalo, no ya de los realistas solamente, sino además de los liberales parlamentarios; eran los unos el elogio de la bandera y la escarapela que Luis XVI y el rey actual, siendo conde de Provenza, habían aceptado y llevado en la aurora de la revolución; eran los otros el aserto de que la Carta era un pacto, y al violarlo el poder con la ley de censura, la ley de suspension y la reforma electoral, devolvía á los ciudadanos la libertad primitiva de sus derechos. La amenaza no podía llevarse más lejos en el santuario de las leyes ante un trono que pretendía haber otorgado la Carta, como quiera que llegaba al último límite tolerable, aún en otro régimen que descansara en el derecho reconocidamente igual de todos los poderes constituidos, estando reservado á los días y á los países en que la anarquía intelectual no ha tenido límites, haber dado á la tribuna, por la más extraña de las teorías políticas, un carácter tal, durante un período de gobierno que se decía constituido, que hasta hombres de orden pudieran, como usando un derecho, convertirla en balcón para proclamar pretendientes á la corona, así como otros hombres la convertían en cátedra de insurrección. Lo que era común á aquel tiempo y á aquel país con otros tiempos y otros países, era que la inviolabilidad de los diputados sirviese para amparar conspiraciones; porque comprometidos en una conspiración Lafayette, Manuel, Corcelles, Voyer d'Argenson, retrocedía la Cámara de los Pares, constituida en tribunal de justicia, y no les inclinaba en el número de los justamente acusados; lo que era común á aquellos tiempos y á otros, era que ciertos diputados llamaran calumniadores á los ministros, que teniendo evidencia moral de que cada uno de aquellos tomaba parte en la conspiración, llegaban á insinuar lo que sabían; lo que era común á aquellos tiempos y á otros, era la prudencia exquisita de los diputados próximos á verse encausados, y su arrogancia cuando no eran incluidos en los procedimientos por consideraciones ajenas á la justicia; lo que era común á aquellos tiempos y á otros, era la posición falsa de una minoría parlamentaria en que necesariamente habían de defender á sus colegas conspiradores, los que anatematizaban, ya conociéndolas, ya ignorándolas, las conspiraciones iniciadas; lo que por último había de ser común á aquellos tiempos y á otros, eran las declamaciones contra el curso de la justicia, apellidado persecución infame, y la glorificación más tarde de los mismos delitos convertidos en título para
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ni aun en sus aguas jurisdiccionales, mientras no hubiese un fundado y evidente motivo para ello? Digo más, no hay un solo gobierno, si se exceptúan los despóticos, que ejerza legítimamente el derecho de visita en sus propios buques mercantes, mientras estos no contravengan á los reglamentos establecidos, ó por cualquiera otro motivo se hagan sospechosos de infringirlos.

Cierto es que fué muy común en los siglos que mediaron desde el xv hasta principios del xviii disputar sobre la soberanía de los mares, que pretendían entonces la España y el Portugal en los de América; Francia, y sobre todo la Inglaterra y la Holanda, en los de Europa; pero estas pretensiones exageradas y condenadas por la opinión de los mejores publicistas, no tenían por objeto la visita y detención de los buques, sino cuestiones mercantiles relativas al derecho de pesca, y las de vanidad sobre el saludo á los de guerra que enarbolaban el pabellón real. Todas estas cuestiones quedaron reducidas á los justos límites de las aguas jurisdiccionales. Vuelvo, empero, á repetir, que aún dentro de estas mismas aguas no hay derecho en tiempos normales de paz para registrar un buque mercante extranjero antes de su entrada en el puerto. Los Estados Unidos estarían plenamente en su derecho, si este fuera el caso en que se hallara el Virginius como gratuita y capciosamente supone su gobierno.

Pero si de los tiempos normales y de paz pasamos al estado de guerra, ora sea pública de nación á nación, ora privada como las civiles ó la de los piratas, la proposición del general Grant es no como quiera insostenible, conforme á los principios del derecho de gentes y á los tratados expresos que nos ligan con los Estados Unidos, sino simplemente absurda, tan absurda como lo sería sostener que no pueden perseguirse los ladrones desde el momento que se disfrazan con el honroso uniforme de la guardia civil.

Empecemos por la piratería como punto sobre el cual están de acuerdo todos los publicistas y todas las naciones, tanto sobre el derecho de su captura en alta mar por cualquiera nación, como sobre la competencia de os tribunales del apresamiento para declararlos buena presa y juzgarlos. ¿Qué medios ni qué posibilidad habría de reconocerlos y capturarlos, si desde el momento que enarbolasen el pabellón de una potencia independiente no hubiese el derecho de visitarlos, aún en tiempos de paz, y examinar si sus papeles estaban ó no en regla? Pues esto, absolutamente esto, es o que se desprende lógicamente de la proposición del general Grant, si hubiese de aplicarse sin distinción de tiempos y de circunstancias. Y no se me arguya que admitida esta distinción queda abierta la puerta á toda clase de
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abusos para visitar los buques bajo pretexto de piratería, porque así como en el derecho penal no puede perseguirse á nadie sin que exista antes probado el cuerpo del delito, del mismo modo no puede pretestarse la piratería si por actos anteriores y ciertos no constase su existencia en determinados mares. Como nada aclara más las doctrinas abstractas que los ejemplos, supongamos que el gobierno de Washington tiene repetidamente noticias que en el golfo de México ha asaltado y desbalijado á diferentes buques mercantes de su nación otro buque con pabellón francés; y supongamos aún, para más precisar el caso, que se le dan las señas, digámoslo así, individuales del buque; ¿qué haría el gobierno americano? Enviaría uno, dos ó más cruceros en demanda del buque pirata con orden expresa á sus comandantes de que una vez reconocido por las señas que se les hubiesen dado, gobernaren hácia él sin detenerse, cualquiera que fuese el pabellón que izase, hasta abordarle, visitarle y capturale, si por el exámen de sus papeles y efectos hallados á bordo resultase comprobado su delito. Si esto no hiciese y el comercio americano siguiese experimentando nuevos quebrantos y pérdidas, el gobierno pecaría no ya solo de omiso, sino de criminal, y el Congreso le exigiría con justicia la responsabilidad más estricta. Convengamos, pues, que en el caso de piratería, el principio alegado tan fastuosamente por el presidente de los Estados Unidos no tiene aplicación, á menos de cometer un delito de lesa nación el gobierno que, pudiendo impedíarlo, tolerase la existencia de un pirata bajo el baladí pretesto de que se hallaba en paz con la Francia y debía respetar su pabellón.

Hay más todavía, y es que aunque de la visita y del exámen de sus papeles resultase que éstos estaban en regla y que el buque era de la matrícula francesa, si del reconocimiento de los efectos hallados á bordo apareciese probado su crimen y éste fuese además confesado por el capitán y la tripulación, ¿desistiría el gobierno americano de declararlo buena presa y de someter los piratas á sus tribunales? Dejamos la respuesta á la lealtad del general Grant; pero añadiremos que cualquiera que ella sea, la opinión unánime de los publicistas y la práctica constante de todas las naciones es la de medir á todos los buques piratas por una misma regla, cualquiera que sea su nacionalidad y la legitimidad de sus papeles, una vez comprobado evidentemente el delito de piratería.

Pazemos ahora á las rebeliones ó guerras civiles. No conozco un solo publicista, empezando por Grocio, que no considere las guerras civiles como verdaderas guerras, si bien para distinguirlas de las de nación á nación, llaman á estas solemnes y públicas y á las civiles las denominan pri-
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vadas, añadiendo, como dice el norte-americano Wehaton, «que el uso general de las naciones considera que estas guerras autorizan á ambas partes contendientes á usar entre sí de todos los derechos de la guerra, como igualmente respecto á las naciones neutrales» (1). Pero como en estas cosas los ejemplos son, según ya hemos dicho, los que aclaran las doctrinas, fijémonos en la reciente guerra civil de los Estados Unidos. ¿Se consideraban éstos durante aquella gigantesca lucha como en perfecto estado de paz? Si el gobierno español con una lealtad, que no imita por cierto el anglo-americano, no hubiera hecho respetar por parte de sus súbditos el tratado de 1795 y hubiera permitido que en su territorio se hubiesen organizado públicamente expediciones con armas y gentes en favor de los confederados, ¿hubiese dejado el gobierno americano de visitar y capturar los buques españoles que le constara de público se ocupaban en este criminal negocio? ¿No hubiera contestado con una estrepitosa carcajada á las reclamaciones del gobierno español fundadas en que en tiempos de paz nadie tiene derecho á visitar en alta mar los buques españoles? En buen hora, dirían; la proposición del gobierno español es cierta, evidente; pero ¿son por ventura tiempos de paz los presentes para los Estados Unidos?. ¿No es notorio que estamos en plena guerra civil y que conforme al tratado de 1795, artículos 14, 17 y 18 estamos autorizados á visitar y apresar los buques españoles que protejan á nuestros enemigos? Y aun cuando no hubiera tratados expresos, la ley general de las naciones fundada en el principio de propia defensa, que es el primero que emana del derecho de soberanía, nos autoriza á visitar todos los buques sospechosos, cualquiera que sea el pabellón con que se cubran y á capturarllos si resultasen culpables de prestar auxilio á nuestros enemigos. En resolución, la guerra civil constituye á la nación donde aquella exista en estado de guerra, y no pueden juzgarse sus actos por las reglas que rigen en tiempos de paz, como hipócritamente pretende el gobierno norte-americano. Y si no ¿en qué ha fundado el gobierno de Washington sus reclamaciones contra el británico en el asunto del Alabama? Si la guerra civil no es propiamente guerra y la Inglaterra consideraba á los Estados Unidos en plena paz, ¿con qué derecho le exigían éstos la neutralidad respecto de enemigos que, al decir ahora del mensaje presidencial, no debían considerarse tales legalmente, puesto que á pesar de la guerra de Cuba asegura que la España está en tiempos de paz? ¿Qué razón puede haber para que los Estados Unidos exijan de las demás naciones,

(1) Elements of international law. Vol. 2, pág. 11; London 1836.
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tratándose de su guerra civil, los deberes que el estado de guerra impone los neutrales, y nieguen á España este mismo derecho, fundado no sólo en el de gentes, sino en tratados expresos entre ella y la unión americana? Pero este punto lo trataré más detenidamente al examinar estos tratados y la captura del Virginius en conformidad de los mismos.

Vengamos ahora á la cuestion más delicada del derecho de visita á los neutrales por los beligerantes. Este punto ha sido y es todavía muy controvertible bajo ciertos aspectos. Desde luego si los buques neutros van custodiados por un buque de guerra no parece debe proceder la visita, porque la presuncion de que no conducen contrabando de guerra está á su favor, pues no es de suponer que el gobierno neutral, á quien representa el buque que custodia el convoy, consintiese y apadrinase un hecho que le constituiría en guerra con el beligerante ó le sujetaría cuando menos á una solemne reparacion. Ciertó es que los gobiernos neutros pueden abusar, y que no es el primer caso en que un gobierno neutro hace custodiar por sus cruceros á un buque cargado con contrabando de guerra, como sucedió con el mismo Virginius en una de sus anteriores expediciones piráticas á la isla de Cuba. Pero en este caso no quedan á la potencia beligerante sino dos soluciones, á saber; la de resignarse y devorar la injuria si es la más débil, ó la de hacerse respetar si se cree con fuerzas para ello. En una palabra, donde impera la fuerza cesa la alegacion del derecho. ¿Qué razones se pueden alegar ante una banda de salteadores que no sean las del trabuco y el revólver? Del mismo modo ante una potencia que sin razon ni motivo abusa de la fuerza quia nominor Leo (porque me llamo Leon) no queda otro argumento que el de los cañones, si pueden emplearse. Fuera de este caso es indudable que la presencia de un buque de guerra, navegando en conserva con los buques mercantes neutrales, inspira una presuncion juris en su favor y los exime de la visita. No están sin embargo de acuerdo sobre esto las naciones ni los publicistas.

Esta misma exencion sostienen todavía en tesis general algunos autores, como el danés Hubner, fundado en que el derecho de gentes no es, como dejo sentado más arriba, sino el resultado de un consentimiento tácito, que no puede obligar á la nacion que expresamente haya declarado no quiere someterse á cualquiera de estas practicas; y que de consiguiente la nacion neutral que rehuse el derecho de visita de los beligerantes queda exenta de esta obligacion. Pero este argumento cae por tierra al considerar que todas las naciones están conformes, y no podrian dejar de estarlo sin ponerse en estado de guerra con los beligerantes, en que los buques neutrales no pue-