Revista de España (1873-11-01 00:00:00), página 23

tra los órdenes inferiores, de los caballeros contra los plebeyos, y de éstos contra los aliados y las provincias italianas. El derecho civil no reflejaba la razon ni la justicia, sino una irritante excepcion de localidad ó de raza, que el simple ciudadano atacaba en el senador ó el patricio, pero que defendía con igual tesón que éste cuando se trataba de llevar las prerrogativas de que él gozaba fuera del pomerio urbano (1). Las desgraciadas provin-

(1) «En la rigidez primitiva de la legislacion, ó era uno ciudadano romano, ó no era nada bajo el doble aspecto del derecho político y del derecho civil. Llamábase "peregrinus" al que habitaba en Roma por su placer ó por sus negocios; hostia, extranjero ó enemigo, al que pertenecía á un país no sometido, y barbarus al que se hallaba fuera de la civilización y geografía romanas. Una autoridad especial, el pretor peregrino, administraba justicia á todos según las reglas del derecho de gentes. Porque la plenitud del derecho (ius), abrazando las personas, las cosas y las acciones, monopolio de los patricios primero y luego comun á patricios y plebeyos, estaba limitado á los ciudadanos romanos exclusivamente. Esto daba á sus vínculos de familia, á sus matrimonios, á su propiedad, á sus testamentos, á todos sus contratos, así como á las funciones de la vida pública, un carácter especial, un sello de rigidez y de intolerancia, que no bastaron durante mucho tiempo á templar ni la voz de la naturaleza, ni la opinión, ni la equidad. El que no gozaba del título de ciudadano, carecía de estado, no se le consideraba cabeza. Andando el tiempo, estos derechos se comunicaron en virtud de tratados de paz y de concesiones gratuitas á los pueblos de raza latina (socii latini) y posteriormente á los aliados que disfrutaban de las prerrogativas de italianos (socii ex jure italico). Pero como Roma, exigente con los pueblos que en sus empresas le auxiliaban, fué el propio tiempo ávara de sus privilegios y poco dispuesta á extenderlos á las demás ciudades, resultaron de aquí guerras sangrientas como la social y graves disensiones intestinas á causa de las diversas ideas que tenían los partidos políticos en este punto tan importante. Los Gracos, Mario y César se mostraron bajo la república los más decididos partidarios de asimilar la condición jurídica de las provincias italianas á la de Roma.

Por lo mismo que existían siempre divergencias de opinión y de intereses, la asimilación no solía hacerse en absoluto y á grandes colectividades, sino que se limitaba á tal ó cual comarca, á tal ó cual prerrogativa, y frecuentemente también á tales ó cuáles individuos. Así sucedía, por ejemplo, que un pueblo tenía de común con el romano el derecho de testamento, pero no el de propiedad quiritaria, y un individuo podía elegir en los comicios pero no ser elegido para los cargos de la república.

Prolíjo sería enumerar y analizar todos esos derechos tan apreciados por las provincias como tenazmente retenidos por la metrópoli hasta la época de los Césares: mencionaremos algunos. Jus honorum, derecho de ser nombrado para las magistraturas de Roma; jus suffragii, derecho de votar; connubium, capacidad para contraer justas nupcias entre sí ó con ciudadanos romanos y para producir con ellas los efectos del derecho civil, tales como la patria potestad, el poder marital, etc.; commercium, habilitación para hacer contratos, adquisiciones y enajenaciones con ciudadanos romanos y para deducir las acciones correspondientes según el derecho civil; factio testamenti, aptitud para recibir de aquellos herencias y legados y para instituirles; mancipium, manera especial de adquirir el dominio sobre ciertas personas y cosas por medio de un acto llamado mancipatio.»—ORTOLAN. Explicación histórica de la Instituta.