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4,500 marayedis, si no tenian otra merced del rey. Así vino á sustituir el vuelto en dinero á la tierra, como prenda y recompensa del servicio militar, aunque sin mejorarlo al parecer, ni hacerlo menos gravoso.

Separar la jurisdiccion del dominio de la tierra, fué sin duda obra más lenta y difícil, como que la repugnaban y resistian clases muy poderosas. Habría sido imposible, á no haberla apoyado y favorecido con gran empeño otros elementos sociales, á la sazon en rápido y constante progreso, la monarquía y el estado llano. La monarquía no podía consolidarse ni constituir un poder central bastante fuerte para regir sus acrecentados dominios, sin que prevaleciese su autoridad en toda la extension de ellos: los hombres del estado llano eran ya demasiado libres para tolerar resignados las cargas señoriales que abrumaban á los vasallos. Entonces los reyes, para afirmar y extender su potestad, mejoran la administracion de justicia en los pueblos realengos, ordenan sus tribunales, envían por todo el reino sus pesquisidores para la averiguacion de los delitos, se reservan el conocimiento de las causas más graves y castigan con severidad á los delincuentes, á la vez que dan participacion á sus vasallos en el gobierno de las ciudades y villas, aligeran las cargas públicas que pesaban sobre ellos, se declaran protectores de los oprimidos y abren las puertas de los concejos á los vasallos descontentos, que pugnaban por sacudir el yugo señorial. En vano muchos señores intentan al principio competir con la corona ofreciendo á sus subditos ventajas parecidas: tal competencia era insostenible entre quien, como el rey, poseía un número considerable de Estados y de vasallos, y los que no tenian á su devocion sino algunos pocos solariegos y subordinados, sobre todo cuando los ricos-bombres, divididos entre sí y aun muchos en abierta guerra, no podian concertarse para la resistencia. Así, lejos de seguir todos los señores el ejemplo de algunos que procuraron defender su poder mejorando la condicion de sus vasallos, los más adoptaron el camino opuesto, encomendando á la fuerza ó á la astucia el amparo de sus intereses. Abusaron, pues, de su autoridad los dueños de vasallos, no sé si más gravemente que en tiempos antiguos, ó lo mismo que entonces, pero hallando de seguro menos resignados á los que teniéndose por más libres, se daban en su virtud por más ofendidos, aunque los agravios fueran iguales. Pero de cualquier modo, poseedores de tierras oprimidos y vejados, y posesiones efímeras e inseguras acusaban graves vicios en la organización de la propiedad inmueble, al trascurrir el siglo XIV y debían precipitar la ruina de la potestad territorial de los señores.

Ni la creciente autoridad del rey, ni los fueros escritos, ni la resisten.
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cia desordenada de muchos vasallos, bastaban para defender la propiedad y los derechos individuales, contra tan graves abusos. Verdad es que en los siglos xiii y xiv no eran las mismas propiedades señoriales las menos combatidas y violadas por toda clase de enemigos. Las de abadengo sobre todo, eran objeto á cada paso de los más inicuos y violentos despojos. Del testimonio irrecusable de las Cortes de la época aparece que los ricos-hombres y caballeros ocupaban por fuerza las tierras de las iglesias y monasterios; tomaban yantares de sus moradores; les exigían servicios á su alvedrio, so pena de robarles la tierra, si se los negaban; vejábanles en el reparto de los tributos; tomaban violentamente las terceras de los templos y las rentas de los beneficios vacantes; embargaban á los labradores sus bueyes para el pago de los tributos ó les tenían presos sin darles alimento, hasta que los pagaban; embargaban asimismo muchos bienes eclesiásticos, ó no permitían á sus vasallos tomarlos en arriendo, para obligar á los prelados á venderse los por insuficientes precios que ellos señalaban; hacían estatutos prohibiendo á los mismos vasallos comprar y vender á los eclesiásticos las cosas más necesarias ó labrar sus tierras; tomaban las cruces, cálices, ornamentos y campanas de las iglesias para venderlos ó empeñarlos; y hasta posaban en los hospicios y hospitales de los monasterios, arrojando de ellos á los pobres y enfermos y dejándoles morir en las calles. A su vez los señores de abadengo solían también incurrir en graves malfecrias, merecedoras de duro escarmiento, según la expresión de don Alfonso XI, respondiendo á las quejas de los prelados (1). Algunos dejaban embargar los bienes y rentas de un concejo por deudas de otro, á fin de no responder por los insolventes, según éra su obligación. Otros, con el mismo propósito, dejaban embargar por deudas de sus vasallos las rentas de las iglesias (2). Muchos ponían entredicho en pueblos en que no tenían señorío, porque se pretexto de poseer en ellos algunos vasallos, exigían yantares y pedidos indebidos, que los vecinos les negaban legítimamente (3). No pocos tenían á su vez usurpados lugares pertenecientes á ciudades y villas (4).

La opresión de los vasallos ajenos ó propios era achaque común á toda clase de señores. La rudeza de las costumbres, la flaqueza y la división

(1) Cortes de Burgos de 1315: ordenamiento de prelados. Cortes de Valladolid de 1325: ordenamiento de prelados. Cortes de Valladolid de 1385.
(2) Cort. de Vallad. de 1325: orden. de prel.
(3) Cort. de Burgos de 1377.
(4) Cort. de Palenzuela de 1425: de Zamora de 1432: de Madrid de 1439 y 1438.
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del poder soberano, y las libertades á que siempre da ocasion la guerra, conducian alternativa ó simultáneamente, á la rebelion y á la tirania. Unos señores despoblaban sus lugares, según decían las Cortes, exigiendo de sus vasallos pechos exorbitantes y nuevos, á que no tenían derecho (1): otros acogían y defendían en sus castillos á los que por fuerza llevaban y encerraban mujeres en ellos, á los homicidas y á los salteadores de caminos (2): muchos obligaban á los vasallos que no podían pagar los pedidos, á tomar para ello dinero á interés de los judíos: otros levantaban muchas achaques á los acaudalados, para exigirles cohecho; y algunos obligaban á las viudas y doncellas de linaje, á casarse con escuderos ó hombres de menor estado que ellas (3). Era además costumbre recibida, contra la cual clamaron las Cortes en vano, la de tomar los señores dinero á préstamo, obligando como fiadores á sus vasallos; con lo cual si no pagaban al plazo, estos debían hacerlo ó purgar indefinidamente en la cárcel la insolencia del señor y su propia pobreza (4). Por último, hasta llegó á ser frecuente entre caballeros desavenidos tomar venganza en los vasallos de sus enemigos, matándoselos ó robándoseles reciprocamente (5). Así llegó á ser tan odiosa y tan combatida por todos la potestad señorial.

Desde que con el triunfo de las armas cristianas quedaron reducidos los musulmes á un estrecho rincon de la Península, y cobró nuevas fuerzas la monarquía, y aprendieron los pueblos á organizarse en concejos independientes, dejó de corresponder al nuevo estado social de España su antigua organización política, inspirada por las necesidades de la guerra y la defensa del hogar doméstico. Así los castillos levantados para defensa de las poblaciones contra los infieles, sirvieron más bien entonces para oprimir á los vasallos cristianos ó para hacer la guerra al monarca: los señoríos instituidos como cargos públicos y como medio de dar participación á los hombres distinguidos en la guarda y gobierno del territorio, fueron considerados más bien como meras propiedades lucrativas, destinadas exclusivamente al mayor provecho y utilidad de sus dueños. No es, pues, de extrañar que los vasallos se esforzaran por sacudir el yugo pesado de sus señores, que los concejos trataran de extenderse y de asegurarse á costa de los lugares de señorío y que los reyes procuraran, con más empeño

(1) Cúrt. de Burgos de 1377.
(2) Cúrt. de Soria de 1380.
(3) Cúrt. de Vallad. de 1385 y de Segovia de 1386.
(4) Cúrt. de Madrid de 1573, pet. 94.
(5) Cúrt. de Guadalajara de 1390, pet. 3.
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cada día, debilitar el poder y la autoridad de los nobles, ya reduciendo sus derechos y prerrogativas, y ya privándoles de sus tierras y propiedades. Ni tampoco pudo llegarse al cumplimiento de tan altos propósitos sin que los vasallos se levantaran en armas contra sus señores repetidas veces, ni sin provocar sangrientas guerras entre estos y los concejos y entre los ricos-hombres y la corona. Pero las Cortes clamaron enérgicamente contra tantos excesos, hasta que al fin los monarcas acometieron la árdua empresa de reprimirlos, ya timida y lentamente, ya con sobrado apresuramiento.

El rey D. Fernando IV, fundándose en una antigua, aunque poco guardada, prohibición de levantar castillos sin real licencia, á petición de las Cortes de Burgos de 1301, mandó derribar los que habían sido «edificados en castellares viejos y en tiempo de la última guerra, y aquellos en que se hubiera cometido alguna malfeíría.» El mismo monarca, á instancia de las Cortes de Valladolid de 1312, mandó demoler también los castillos levantados en tiempo de D. Sancho IV, y devolver á los dueños las tierras que ocupaban. Esta providencia hubo de parecer, sin embargo, harto severa, cuando, á petición de las Cortes de Medina del Campo de 1318, dispuso el rey que no se derribaran más fortalezas, sin oir previamente á sus dueños, por fuero, y que los que las poseyeran en los reinos de Toledo y Extremadura diesen lladores de reparar los daños que se cometieran en ellas. Tampoco esto último hubo de llevarse en un todo á efecto, dado que poco después D. Alfonso XI eximió de tal fianza á los dueños de castillos que hubieran prestado homenaje por ellos, y dispuso que los alcaides repararan el mal que hicieran, con su cuerpo y con sus bienes, tomándoles las retenciones para darlas á los perjudicados; que se derribaran ciertas fortalezas levantadas en las orillas del Duero, y todas las labradas en suelos de realengo ó abadengo; que los concejos hicieran demoler las edificadas en terrenos de propios, con daño de los pueblos, y que cualesquiera vecinos pudiesen comprar los castillos y villas que vendieran los nobles y señores (1). No bastando, sin embargo, estas providencias para impedir ni remediar los daños que causaban tales fortalezas, el mismo D. Alfonso, accediendo á una petición de las Cortes de Madrid de 1359, ordenó la demolición de «los castellares viejos, peñas bravas y cuevas,» que se habían hecho y poblado sin real licencia.

Mas la facultad dada á los concejos para derribar ciertos castillos, los

(1) Cortes de Valladolid de 1322 y 1323.
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excesos que hubieron de cometerse en la ejecución de estas demoliciones, y los agravios y rivalidades que se originaron de la designación de las fortalezas que habían de desaparecer, dieron lugar á gravísimos disturbios. Así es que para ponerles término «é impedir las malfebras que se causaban con los castillos y no dar lugar á que los señores se los tomasen por fuerza y se los derribasen unos á otros,» pidieron las Cortes de Burgos de 1538, que el rey los tomara en su guarda y defendimiento; y Alfonso XI lo acordó así «para que vivieran en paz los señores, y los malhechores no hallaseu en sus fortalezas amparo y estímulo,» mandando que quien las tomara ó derribara moriría por ello: que quien las expugnara pagase el duplo del valor del daño; y que castigasen los merinos á cuantos delinquieren en ellas.

Abusaban también los señores de su potestad imponiendo tributos nuevos á sus vasallos ó aumentando la cuota de los antiguos. Las Cortes habían reclamado diferentes veces contra estos excesos, sin obtener respuesta favorable, hasta que D. Juan II, á instancia de las de Palenzuela de 1425, mandó que no se impusieran tales tributos nuevos sobre las heredades libres que en tierras de señorío, adquiriesen los vasallos realengos, ni se aumentaran los establecidos sobre las heredades tributarias que los mismos vasallos adquirieran en las propias tierras. Mas estaba tan arraigado el abuso, que no hubo de tener cumplido efecto esta disposición, y fué menester repetirla y confirmarla á instancia de las Cortes de Madrigal de 1438 y de las de Valladolid de 1451.

Otros muchos testimonios ofrece la historia de la lucha que en el siglo XV sostuvo el estado llano con la nobleza. Para disiparla y contrarrestar su influencia, pidieron las Cortes de Valladolid de 1442 que los señores que tuvieran más de 200 vasallos no moraran en lugares realengos, ni tuvieran en ellos ningún oficio público; pero á esta petición no accedió D. Juan II, considerándola tal vez inspirada por peligrosas rivalidades y ódios de bandería. Al mismo fin iba encaminada, aunque no logró mejor éxito, otra petición de las Cortes de Valladolid de 1447, para que no se permitiese vivir en ciudades ni villas principales, á los caballeros, escuderos y vasallos de señores que tuviesen tierras ó acostamientos: que á los que á la sazón habitaban en ellas y posean tierras ó maravedís del rey, se les diere algo más, como lanzas, á fin de que dejaran los bienes que tuvieran de señores: que se diere también algún acostamiento á los que nada poseyeran de la corona, para que abandonasen del mismo modo los bienes señoriales que disfrutaban; y que antes de ejecutar por fuerza estas expropiaciones, se ofreciera alguna renta á los vasallos que quisieran separarse del servicio de
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contra el socialismo y sus himnos á la libertad individual. Por de pronto, no es en el pobre cultivador sino en el propietario ocioso donde resaltan el abuso y el absolutismo que transfiguran la propiedad convirtiéndola de malvada en santa; y fuera de esto, cualquiera entenderá las palabras de Proudhon en su sentido literal, esto es, en el de que es la sociedad y no los particulares quien debe organizar el crédito territorial para transformar en propletario al simple trabajador. Sería mucha candidez imaginar que hubiera de hacerle préstamos sin interés ni garantías una asociación libre de capitalistas.

Oíd este otro párrafo: «Mientras la propiedad no ha recibido la infusión del derecho, sigue siendo lo que demostré en mi crítica... Ahora bien; sancionar, legalizar la propiedad, darle el carácter jurídico, único que puede hacerla respectable, no puede hacerse más que á condición de igualdad; y fuera de esta reciprocidad necesaria, ni los decretos del príncipe, ni el consentimiento de las masas, ni las licencias de la Iglesia, ni toda la palabrería de los filósofos sobre el yo y el no yo sirven de nada. No hay más que un punto de vista bajo el cual la propiedad puede ser admitida, y es aquel que reconociendo que el hombre posee en sí mismo la justicia, haciéndole soberano y justiciero, le adjudica como consecuencia la propiedad y no conoce orden político posible más que la federación.»

Evidentemente están saturados de socialismo estos párrafos, qué son sin duda los más lógicos de cuantos contiene el libro de Proudhon. Porque ¿cuál es en sustancia su teoría sobre la propiedad? Proudhon dice: «La propiedad en su origen es una usurpación y por su naturaleza una iniquidad. Sólo se legitima por sus fines, esto es, á condición de que se haga igualitaria, democrática, republicana y federal.» Luego son necesarias la república y la federación; luego es necesario facilitar el crédito gratuito al trabajador para que se haga propietario y se establezca la igualdad; luego hay que imponer á la sociedad aquellas formas políticas y esta institución económica; porque, sinó, mientras no se cumpla la condición, la propiedad no se transfigura, no se hace jurídica, sigue siendo hija del pecado y obra de Satanás.

Aludiendo Proudhon á su Teoría del impuesto dice: «No he olvidado en este libro que la renta debe servir para compensar las diferencias de calidad del suelo. Pero puede servir para otra cosa; por ejemplo, para pagar los gastos del Estado; y puesto que se ha demostrado que excepto el que la afecta directamente, todos los demás impuestos vienen á reducirse á una capitación pagada en definitiva por los trabajadores, deduzco en
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sus señores, para optar por el de la corona. Era, como se ve, el objeto de esta gravísima petición privar á los señores de sus vasallos y despojarlos sin ningún miramiento, de lo que se consideraba entonces como una propiedad legítima: era en suma acabar con los señoríos, como lo hicieron las Cortes de Cádiz cuatro siglos más tarde; y por eso, sin duda, aquel prudente monarca hubo de estimar aventurada la empresa. Pero en cambio no se negó á corregir con nuevas providencias los abusos de la potestad señorial, en defensa de la suya propia, mandando retener los bienes que disfrutaran en lugares realengos los señores que pusieran ó permitieran poner embargo en heredades del rey, sitas en lugares de señorío y prohibiendo las exenciones de pedidos y tributos que solían ofrecer muchos señores á los vasallos de la corona que fueran á morar en sus tierras (1).

No bastaron, sin embargo, todas las leyes dictadas desde principios del siglo XIV, para impedir la edificación de nuevos castillos ni para remediar los daños que solían causarse en ellos. Así, las Cortes de Santa María de Nieva de 1473 tuvieron que reproducir las peticiones de los antiguos procuradores sobre esta materia, y Enrique IV se vio en la necesidad de repetir la prohibición de levantar fortalezas sin expresa licencia de la corona, y de mandar demoler las construidas en los diez últimos años.

Otro de los medios empleados por los monarcas para quebrantar la dependencia del dominio territorial en que yacía la potestad pública, fué impedir, en cuanto era posible, que anduviesen mezcladas y confundidas las propiedades de distinta naturaleza; esto es, los realengos con los señoríos. La concurrencia en una misma población ó término de heredades, sujetas á diferentes fueros, y de vasallos de distinta índole, sujetos unos á un señor y una ley, y otros á diversa ley y diverso señor, originaba graves conflictos entre ellos y los señores, dándose así ocasión á que los más fuertes despojaran y oprimieran á los débiles y estuviese siempre perturbada la paz del reino. Pero como el mal era inveterado y se juzgaba muy difícil curarlo de raíz, sobre todo en breve tiempo, tratóse tan sólo de amigarlo lentamente con providencias, que á la vez contribuyesen á reducir la potestad señorial en sus relaciones con la corona. Tal fué el objeto de las leyes dictadas en distintos tiempos para que los ricos-hombres, los caballeros y los eclesiásticos no adquiriesen heredades en lugares realengos.

(1) Cortes de Valladolid de 1447 y 1451.
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II.

REDUCCION DE LOS SEÑORÍOS DE ABADENGO.

Reducir la potestad de los señores de abadengo, prohibiéndoles acrecentar sus tierras, sus riquezas y sus vasallos, era empresa aún más árdua y difícil que la reducción de los señoríos laicales. Porque si bien la corona ejercía en las tierras de la Iglesia mayor autoridad que en las de señores seglares, por razón de su universal patronato, compensaba con exceso esta ventaja la dificultad de cumplir aquel propósito sin menoscabo de la libertad canónica y de la inmunidad eclesiástica, cuyos progresos coincidían precisamente con la necesidad de poner límite á la potestad civil de los clérigos. No es, pues, extraño que la ley de amortización fuese desde el siglo xiii tan repetida como inobservada. Las Cortes de Castilla, sintiendo su necesidad, la pedían, y los monarcas, reconociéndola, la otorgaban; pero la resistían tenazmente, no sólo el clero interesado, tan poderoso de suyo, sino los mismos seglares, que si como procuradores del reino, ó como funcionarios públicos, la reclamaban y aplaudían, como católicos y como pecadores arrepentidos no renunciaban á procurar su salvación ofreciendo á Dios y al culto alguna parte de sus bienes.

Con haber prevalecido en el siglo xvi la opinión de que tales leyes eran contrarias á la libertad de la Iglesia, quedaron definitivamente sin efecto y así no tuvieron influjo alguno en la reducción de los señoríos de abadengo. La Iglesia continuó, pues, adquiriendo bienes jurisdiccionales, pero no sin que desde el reinado de Carlos V, dejara de tratarse de privarla de gran parte de su potestad señorial, desposeyéndola de muchas de las propiedades que se la conferían. Las Cortes de Madrid de 1528 pidieron al emperador que las iglesias y monasterios dejaran de tener vasallos y jurisdicción en sus lugares y se aplicaran á la corona los que poseían, alegando por fundamento, que los clérigos gastaban en pleitos el tiempo que debían destinar á la oración. A demanda, al parecer tan atrevida, según las ideas del tiempo, respondió el piadoso monarca que no era justo despojar á la Iglesia de lo que poseía legítimamente en virtud de donaciones reales. Esto no obstante, apremiado después D. Carlos de graves necesidades, intentó remediarlas con aquel recurso; mas, aunque obtuvo para ello la bula correspondiente, al fin no llegó á hacer uso de ella. Quien se sirvió más tarde del indulto pontificio fué Felipe II, pues aunque asegurando su conciencia con un bre-
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ve de Gregorio XIII, por si la bula otorgada á su padre no fuera suficiente, incorporó á la corona muchos señoríos, con la circunstancia notable de no haber dado por los más de ellos la indemnización cumplida que exigían los rescriptos pontificios. De esta falta hubieron de nacer los ec-rúpules que alarmearon á aquel monarca en la hora de su muerte y le inspiraron la cláusula de su testamento que ordenó la restitución de los señoríos de abadengo ocupados á su antiguos dueños.

Hiciéronse, en efecto, algunas de estas restituciones en tiempo de Felipe III á iglesias y monasterios expropiados; pero no tantas quizá como habían sido las expropiaciones, dado que la bula de 1604, de que más adelante daré noticia, no llegó á tener cumplido efecto. Si hubieran sido incorporados á la corona todos los vasallos de abadengo, que es lo que habían pedido las Cortes de 1528, todos habrían debido ser devueltos, según la citada bula; pero como muchos fueron vendidos á otros señores, remedándose con su precio necesidades del Fisco, y para rescatarlos era menester dar su importe, no volvieron á los señoríos de abadengo, y así quedaron desde entonces tan disminuidos los dominios jurisdiccionales de la Iglesia.

Con la reducción de la potestad señorial coincidían, según antes he dicho, las libertades y franquezas del dominio privado, no sólo en las tierras pecheras de villanos, sino también en las señoriales, cuyos vínculos con la jurisdicción que le era accesoría, se iban lentamente quebrantando. Es un fenómeno histórico propio de todas las edades, que la posesión temporal de la tierra, como dure mucho tiempo, acaba por convertirse en hereditaria y perpetua. Obedeciendo á esta ley inflexible tanto las tierras que los solteros tenían de los nobles, como las que éstos poseían de la corona, vinieron á confundirse de hecho con las que siempre fueran alodialas y libres, porque á la vez que los fueros y cartas-pueblos otorgaban á los del estado llano el dominio perpetuo de sus heredades, los reyes introducían ó confirmaban la costumbre de ratificar las mercedes de sus antecesores á los del estado noble, prorrogándolas á sus hijos ó haciéndolas nuevas por juro de heredad, con lo cual se iba transformando el hecho en derecho.

Con la perpetuidad del dominio se adquiría como consecuencia, su libre disposición, y estas ventajas compensaban hasta cierto punto, lo que los nobles perdían de su autoridad, para robustecer más y más la del monarca.

Así era esta perpetuidad tan codiciada y particularmente de los nobles, que no perdían ocasión de exigirla cuando las circunstancias forzaban á los reyes á prodigarles su patrimonio. D. Alfonso el Sa-