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Argüelles expresó que su ánimo no había sido imprimirle semejante trascendencia. Dueñas de Castro, Cea, Leyva y D. Manuel Llano propusieron otras enmiendas, que no fueron atendidas. Ultimamente habiendo llegado el 2 de Noviembre á la aprobacion del artículo 15, que disponía la creacion de juntas supremas de censura que residiesen, la central cerca del gobierno, y sus hijuelas en las respectivas capitales de provincias, se aplazó el nombramiento de ellas para la session del dia 9. La junta censoria central se componía de nueve individuos, tres de ellos eclesiásticos y los demás seculars; y los primeros que para ejercer este cargo se designaron por las Cortes, fueron el Obispo de Sigüenza, D. Martin de Navas, canónigo de S. Isidro y D. Fernando A ba, cura del Sagrario de Cádiz, por la clase de eclesiásticos, y D. Andrés Lezama y D. Bernardo Riega, consejeros de Castilla, D. Antonio Cano Manuel, fiscal del mismo Consejo, D. Manuel Fernando Ruiz del Burgo, del de la Guerra, D. Ramon Lopez Pelegrin, ministro de la junta suprema de represalias y D. Manuel José Quintana, secretario de la interpretacion de lenguas, por la de seglares. Antes de aprobarse definitivamente el proyecto de Argüelles algunos diputados pidieron que se consultase á los obispos, á las universidades y á la Inquisicion. Produjo esta proposicion gran alboroto en la Cámara y en las tribunas, y un diputado exclamó: Nosotros tenemos facultades para establecerlo sin más consultas. Al cabo el 10 de Noviembre se expidió el decreto, cuya publicacion se conceptuó como el primer triunfo de la libertad. El Conciso y otros periodicos patriotas criticaron á los diputados que habian votado en contra con los epítetos más denigrantes; compararonlos Sanchez Barbero en aquel periodico y D. Pedro Daza y Guzman en El Redactor general de España con los ministros de José Bonaparte, y otros los declararon tan enemigos de la patria como Urquijo, á Arribas y Ofarril.

IX.

Efectos de la libertad de imprenta.

Cuando Mejía quiso hacer extensiva la libertad de imprenta á las publicaciones sobre materias eclesiásticas, Muñoz Torrero y otros diputados sacerdotes que militaban en el bando de los reformistas contradijeron aquella proposicion, pues por ellos no se podia dar sino un carácter meramente político y civil á reforma tan trascendental; pero las Cortes de Cádiz, es preciso confesarlo, se dirigian en sus resoluciones así contra el altar,
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como contra el trono, y la libertad de imprenta fué el principal dardo asesinado contra el tribunal de la Inquisición. Al instante que fué decretada, los libreros pusieron públicamente á la venta muchas obras, que una sombra de pudor hacía las prohibiciones pasadas les había obligado á expender antes con cierta reserva. Ahora existía una especie de complacencia en hacer constar con gruesos caracteres en los cartelones que por las esquinas las anunciaban, hallarse prohibidas por la Inquisición (1). Este tribunal fué extinguido por decreto de José Napoleón, de 4 de Diciembre de 1808. Don Raimundo Ethenard, decano del Consejo de la Suprema, en 10 de Junio de 1810, dirigió á la Regencia, en Sevilla, una exposición razonada, pidiendo se reuniese el Consejo disperso, como lo habían hecho los demás tribunales. La precipitación con que se desenvolvían entonces los sucesos, la estrechez en que los ejércitos franceses ponían á cada paso á aquella sombra de gobierno fugitivo, y últimamente los acontecimientos á que dió, lugar el rumbo de las cosas desde la instalación de la Regencia en Cádiz dificultaron resolver por entonces la petición de Ethenard; mas el Tribunal de Sevilla, con fecha 11 de Mayo de 1811, reprodujo la instancia ante las Cortes soberanas, y éstas que hasta aquel día habían mirado con descuido y abandono las cosas del Santo Oficio, fijaron la atención en él, no con ánimo benévolo, sino con espíritu hartamente crítico y propósitos hartamente hostiles á su existencia. La aversión tradicional que le profesaban los prosélitos de cierta comunion moderna, exaltó luego más violentamente sus ódios contra la Inquisición, al surgir entre esta y el poder de las Cortes la primera cuestión de competencia en asunto referente á la libertad de imprenta.

Las juntas censorias habían absorbido en virtud de su propia naturaleza y del objeto de su institución las facultades que en tales materias se arrogaba antes el tribunal de la Fé. Por el artículo 18 del nuevo decreto, los escritos que aprobase la nueva judicatura no podían ser embarazados por ningún otro tribunal. Algunos diputados, viendo la oscuridad de esta prescripción, quisieron que recayese una aclaración de concepto acerca del espíritu del legislador, y otros, entre ellos D. Francisco María Riesco, propusieron que en el decreto de la libertad de imprenta se hiciera mención honorífica de la Inquisición. Sobre vino con tal motivo en 28 de Noviembre

(1) Se vendían estas obras á precios muy subidos, y el Obispo de Ceuta asegura que habiéndose acercado á comprar las de Filangieri, le pidieron 300 rs. por ellas. Ap. del Alt. y el Tron.
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una votacion tumultuosísima, en que los reformistas sólo obtuvieron 57 votos por 55 de los contrarios, y aquel peligro de derrota en que se hallaron, acabó de ofuscar sus pasiones contra lo que les había puesto al borde del abismo: así, pues, aguardaron la primera ocasión para ejercer su venganza, y no tardó en proporcionársela un hecho casual.

Entre la multitud de periódicos que vieron la luz pública apenas se decretó la libertad de imprenta, había uno titulado La Triple Alianza (1), dirigido por D. Manuel Alzaíbar y D. Antonio Romero Pavon. En él se hacía grosera y cinica jactancia del más torpe y descarado materialismo. Con motivo de los asuntos de la guerra, su segundo número se entregó á debatir y negar la inmortalidad del alma, cosa que hirió al vivo por entonces muchas honradas conciencias y muchos generosos sentimientos. El autor del papel no se contentó con imprimirlo, sino que llevándolo á las puertas de San Felipe, se fué repartiendo entre los diputados que llegaban. Uno de estos, D. Juan Bernardo de Quiroga, lamentó en la sesión de las Cortes que aquellos extravíos fueran los primeros frutos que produjese la concesion otorgada á los imprescriptibles derechos del pensamiento, y porque en su concepto La Triple Alianza difundia errores cuya propagacion no se debía tolerar, pidió que atentamente se examinara el escrito y se determinase contra él lo que fuera razon. Nadie se opuso al deseo del propone nente: Quintana, Pelegrín, Áner, Cañedo, Lopez, Leyva, Leza, Morros y otros hablaron después apoyando el espíritu de la proposicion de Quiroga, y tales declaraciones se hicieron por todos en sentido religioso, que más que una Cámara politica y revolucionaria parecia la Asamblea un concilio de doctores teólogos. Los resultados en el proceso que se instruyó contra La Triple Alianza no correspondieron, sin embargo, á la espectacion que despertó el debate del 28 de Enero. Durante él hasta las tribunas, aquel dia no pagadas, pidieron que el ominoso escrito fuese entregado á las llamas por manos del verdugo; otros optaban porque diese cuenta de él y de su autor el Santo Oficio, y todos, hasta los más liberales, ponderaban la necesidad de un ejemplar castigo, para que se demostrara que la libertad de imprenta era cosa santa y dirigida al bien, y no arma de la maldad y de la licencia. Pero había sonado en la Cámara el nombre de la Inquisicion, y desde este momento algunos ánimos se fueron resfriando en su pasion contra La Triple Alianza, hasta el punto de que dos dias después, cuando ya se había acordado entregar el escrito al Santo Oficio, el presidente expresó á la Cá-

(1) 15 de Enero de 1811.
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mara que era preciso en aquella causa mudar de ruta, y que el expediente pasaría á la junta provincial de censura. De uno en otro retroceso, y á fuerza de largas demoras, se vino á parar al cansancio, si no al olvido; y al cabo el periódico materialista, que atacaba los dogmas de la fé católica, fué absuelto, no quedando de sus pecados otra huella que la de los escándalos que produjo.

Varios fueron los procesos de esta índole á que dió lugar la libertad de imprenta en sus primeros ensayos en Cádiz, y muy parecidos también los resultados jurídicos. El ensañamiento contra todo lo que hacia relacion á la religión católica era visible, sin que á los reformistas políticos contuvieran los respetos debidos á los muchos eclesiásticos que militaban en su bando, y entre los cuales se contaban los celeberrimos D. Diego Muñoz Torrero, D. Juan Nicasio Gallego, D. José Espiga, D. Antonio Oliveros, Don Antonio Ruiz Padron y D. Joaquín Lorenzo Villanueva. Acaso no eran tantos los del partido tradicionalista ó conservador, y sin embargo, no faltó quien con todo el calor y apasionamiento de que estaban inundados los ánimos, escribiese sobre que el excesivo número de eclesiásticos en las Cortes, se oponía á los derechos y libertades del Pueblo (1). No se aducirán jamás pruebas bastante convincentes para sostener semejante proposición; la presencia de los eclesiásticos en las Cortes no molestaba más que al espíritu antireligioso que en ellas predominaba; pero no todos tenían la ingénua franqueza de confesar su ateísmo, y así el mismo Conciso, que tanto había escrito contra la religión y sus ministros, habiendo sido acusado por D. Justo Pastor Pérez en El Imparcial de sospechoso en materias ortodoxas, acudió á los tribunales, obteniendo no sólo la reparación que singría buscar, sino que á su contrario se le condenase en las costas del proceso que se formó, amen de pagar una crecida multa (2) por los daños ocasionados. Esta falta de equidad de parte de los tribunales indignaba, no sólo á los llamados serviles, víctimas constantes en ellos, sino á muchos que no se habían decidido á tomar partido alguno en aquellas dolorosas contiendas. Ya hemos examinado los fallos fulminados contra La Triple Alianza y El Diccionario crítico-burlesco: ahora veremos cómo entre tanto se procedía con los que defendíanse de los ataques de la prensa misma, ó tomaban

(1) El Tribuno del Pueblo, núm. 29.
(2) En las sesiones secretas celebradas por las Cortes el 2 y 3 de Abril de 1811 se trató de imponer una grave pena al diputado D. Manuel Freire de Castrellon, autor de un artículo titulado Amo al pueblo que publicó La Gaceta de Cádiz, en el cual se achacaba á la irreligiosidad de las Cortes los males de la patria.
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las necesarias represalias atacando por su parte á los poderes que les eran declaradamente hostiles. D. Juan Justo Pérez, á quien constantemente vemos desempeñar un papel muy activo dentro del bando tradicionalista, publicó un folleto con título de Manual razonado, para explicar bajo un sentido crítico las ideas reformistas, principalmente en lo que tocaban á la religión. Todo un año cundió este papel sin impedimento alguno; pero habiendo en este tiempo escandalizado ya la aparición del Diccionario de Gallardo, los amigos de éste para distraer la atención pública denunciaron á la junta de censura el Manual. Sabido es el resultado que dió el ruidoso proceso del Diccionario; no menos escandaloso fué el fallo emitido contra el folleto de Pérez. Uno y otro fueron políticos; pero el de éste defendía la religión, y el de Gallardo la escarnecía. Sin embargo fué absuelto el Diccionario y condenado el Manual.

Habiéndose pasado por las Cortes con motivo de las cuestiones que de aquí se promovieron órden á la Regencia para que adoptase los medios posibles para rectificar la opinión pública y que velase contra los escritos que se publicaran contra la religión (1), la Regencia publicó un periódico titulado El Procurador general de la Nación y el Rey, cuya redacción fió á los presbíteros D. Andrés Estévan, D. Guillermo Hugolde, D. Justo Pastor Pérez y D. Francisco Molle. Se les asignó cuatro mil reales mensuales de subvención para cubrir sus gastos hasta que se costease, y en breve tuvo tanto mayor número de lectores, cuanto con más denuedo atacaba las instituciones nacientes. Descubrieron las Cortes el origen y protección oficial con que aquella publicación contaba, y poniendo el grito en el cielo, dió en perseguir á los redactores con tal saña que los más tuvieron que emigrar, y sobre D. Francisco Molle, que no pudo huir, se acumularon treinta y tres causas criminales y largas y pesadas cadenas en oscuros calabozos. No se libró D.ª María Manuela López, por ser dama, de las persecuciones de las Cortes: había cometido el grave pecado de colaborar con sus escritos en El Procurador y este pecado era imperdonable (2).

(1) 20 de Abril de 1813.
(2) El abuso de costear con fondos del Estado periódicos enemigos de estado de cossa reinantes, era general en España, y á expensas del erario y como órganos oficiales del gobierno, se publicaron en Valencia la Gaceta que dirigían D. Antonio Guillen y D. Antonio Buch, y El Observador Político, de D. Miguel Domingo; en Oviedo, El Observador de Asturias, escrito por D. Ramón Villamil y D. Antonio Oviedo y Portal, y El Correo Militar, de D. Luis Arango y D. Juan Nepomuceno San Miguel; y finalmente, en Elche de la Sierra, Alcázar, y luego Ciudad Real, La Gaceta de la Junta superior de la Mancha, de la que fué digna hijuela el famoso Atalaya de la Mancha,
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Más ruidoso fue el proceso contra D. Bartolomé José Gallardo, como autor del Diccionario crítico burlesco. El famoso bibliófilo, ratón y algo más que ratón de bibliotecas, aspiraba á ser con pingüe sueldo jefe de la de las Cortes, en cuya secretaría desempeñaba ya un cargo bastante lucrativo. Era amigo de todos los reformistas y colaborador de los periódicos más zoillos. Cuando D. Antonio Oliveros propuso á la Asamblea la fundación de un Periódico de Cortes para publicar las sesiones, nombrándoselo en comisión con Argüelles y Capmany para redactar el proyecto, anticipósele con otro suyo Gallardo (1), que entonces pretendía ser su director; pero cuando se concedió este puesto al P. Fray Jaime de Villanueva, bajo la inspección de Argüelles, Capmany y Creus, tuvo que encaminar hacia otro norte el rumbo de sus aspiraciones. Era el puesto de bibliotecario de las Cortes el que más se compadecía con sus aficiones de toda la vida, y aunque para congradirse con los reformistas había escrito é impreso el Diccionario crítico burlesco, en contraposición á otro Diccionario manual, católico, que salió por aquellos días, por consejo de algunos de sus amigos dejó de sacarlo á la venta, hasta que se le concediera el cargo que apetecía. Obliúvolo, en efecto, á los principios del año de 1811, y cuando se conceptuó asegurado en él, expuso entonces al público 3.000 ejemplares de su obra, precedida de un anuncio bufon y procaz por las esquinas, y en dos días se agotó la edición. El Diccionario burlesco, inicia mezcla de ironías y sarcasmos sangrientos, destacándose del fondo de una crítica mordaz y plebeya con asomos de cinica filosofía, todo ello escrito en el lenguaje más rastreiro y ruin que pudo salir de la más laxa literatura, se componía de rudos ataques contra los dogmas y ritos de la Iglesia católica, y de ridículos disfraces contra los ministros del altar de Jesucristo. Un periódico, El Censor, de ideas tradicionalistas, que había logrado por la venalidad de cierto impresor hacerse de un ejemplar del Diccionario algunos meses antes de que saliese al mercado público, denunció anticipadamente á sus lectores aquel escrito de un libertino contra todas las leyes divinas y humanas. El presbítero D. Salvador Jimenez de Padilla, que á la sazón predicaba en San Lorenzo el septe-

redactado como aquella, por el celebérrimo fraile Jerónimo, P. Agustín de Castro. Esto obligó á la Regencia á expedir una Real orden en 23 de Junio de 1813, dirigida á los jefes políticos, disponiendo que los gobiernos de provincia no autorizasen en lo sucesivo publicaciones periódicas político-oficiales pagadas de fondos del Estado; pudiendo, no obstante, percibir los diarios en su publicación, pero por cuenta propia.

(1) En colaboración de D. Gregorio Gonzalez de Azuela.
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nario de San José, condenó acerbamente en uno de sus sermones la publicación impía. Por bajo de los carteles que en las esquinas...la anunciaban, D. Guillermo Atanasio Jaramillo fijó un pasquín de desafío contra Gallardo, provocándole á debatir públicamente sobre los misterios de la Fé, que él había ultrajado. Por último, cierto caballero guardia marina, fué de calle en calle arrancando con la punta de su espada los cartelones del Diccionario. La opinión general de Cádiz sublevóse contra el autor; el pueblo, tan fanático por la libertad que no conocía, como por la religión que llevaba en el fondo de sus entrañas, rugía de cólera pidiendo la sangre del malvado, y éste llegó á temer seriamente por su vida. Las Cortes, al día siguiente de la aparición del impreso, celebraron acerca de él sesión secreta: de su acuerdo salió mandato á la Regencia para proceder severamente contra Gallardo; la Regencia pasó el Diccionario á la Junta de Censura; ésta ordenó recoger todos sus ejemplares el día 20, y Gallardo, se presentó voluntariamente en el castillo de Santa Catalina, constituyéndose en prisión.

No pueden ponderarse los elogios que á los reformistas mereció aquel acto, representado como una prueba patente de la serenidad de conciencia del escritor, con lo cual todos le absolvían. Además, desde el momento en que Gallardo se refugió á la antes solitaria fortaleza (21 Abril), su clausura convirtióse en punto de reunión de todo lo más selecto que por aquel tiempo encerraba Cádiz dentro de sus muros. Diputados, generales, títulos, escritores y ricos comerciantes y otras personas acaudaladas le visitaban de continuo ofreciéndole sus afectos, sus intereses, sus oficios; los periódicos hábilmente le defendían, y D. Manuel José Quintana en las páginas de El Semanario patriótico, que nuevamente daba á la estampa con D. Alberto Lista y con D. Juan Álvarez Guerra; D. Pedro Caza y D. Valentín Foronda en las del Redactor general de España, donde ya colaboraba D. Antonio Alcalá Galiano; D. Francisco Sánchez Barbero en las de El Conciso, y por último, D. José Mejía en las de La Abeja Española, donde se suponía que Gallardo había también frecuentemente escrito, hicieron sobrehumanos esfuerzos por librar á su corregligionario de las garras en que había caído. Poco á poco la reacción en favor del autor del Diccionario fué ganando terreno, la opinión de los reformistas se volvió contra los acusadores y se habló con ignominia de El Diario de la tarde, de El Censor y de El Filósofo Rancio, que eran los periódicos serviles (1), que se habían ensangrentado.

(1) Los dictados de serviles y liberales comenzaron á estar en boga desde 1810. Conceptuando Fernando VII atentoso el primero, mandó que se borrassen del uso común uno y otro por real decreto del 6 de Enero de 1815.
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sus tramas á que entre las sombras resucitara el partido de la República.

En las graves crisis de 1814 y 1815 no habia habido el más leve síntoma de que existiera no ya fraccion, pero tampoco personalidad alguna republicana: todo lo republicano lo habia desvanecido, mayor dicho, avergonzado el juicio sereno bajo el orden y la victoria. Era por si sola ocasión nada á hacerlo resucitar una restauracion de la dinastía de Luis XV, y sin embargo, seis largos años y la triple conjuración indicada fueron necesarios para que algun oscuro conspirador murmurara la palabra república, y renació el republicanismo no generoso, ideal, liberal, sino revolucionario, rencoroso, reanudando él, enemigo de todas las tradiciones, la tradición odiosa de 1792. Por último, aquellas conspiraciones no tenian razon: son necesarios otros agravios que los que imaginaban tener los conspiradores de 1820 á 1823 para que sean siquiera explicables semejantes intentos ante la moral y la historia; inquieta podia estar la nueva Francia, mas no alarma da quedando en pie las grandes instituciones. Es verdad que los pueblos apellidan facilmente tirania ó anarquia lo que les inquieta, pero no quedan jamás impunes sus equivocaciones. Sólo cuando el poder público ó impone violaciones del derecho generales, profundas é irreparables, iniquidades é indignidades que no hallen escusas ante los más timoratos, ó consienten sufrimientos amargos y prolongados, están fundadas en razon las revoluciones, y logran el éxito á pesar de sus faltas. Pero á estas reflexiones de un insigne adalid de la oposicion legal de los años que voy examinando, y ministro de la revolución siguiente, Mr. Guizot, sobre la sinrazon de aquellas maquinaciones, hay que agregar lo que sobre su oportunidad ha escrito quien en ellas tomó parte, el ilustre escritor republicano Armand Carrel, que en El Nacional, victoriosos los liberales en 1850, hacia estas confesiones recogidas por Duvergier de Hauranne: «¿Por qué hemos tenido la loca idea de que podia derribarse por conspiraciones de estudiantes y sargentos un gobierno apoyado en las leyes y en la fuerza de incrcia de treinta millones de hombres? De buena fé hemos de convenir que no contribuyeron á adelantar nuestra causa las tentativas de Belfort, Saumur y Colmar, ni han preparado las maravillas de Julio, las cuales por el contrario son debidas á un orden de ideas absolutamente opuesto. Ha sido preciso que no hubiera más conspiraciones en el país para que el gobierno dejara de ser apoyado por los intereses y la necesidad de orden de la inmensa mayoría nacional.»

A esta noble confesión de un gran republicano deberia corresponder otra de los doctrinarios. Ciertamente ninguna puede costar tanto á un español