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den conducir contrabando de guerra; y como esto no podría averiguarse si el pabellón bastase á cubrir la mercancía del contrabando de guerra, de ahí el imprescindible derecho de visitar los buques neutrales, no sólo para asegurarse de la no existencia del contrabando, sino de la verdad del pabellón que podría ser falso é izado solo para eximirse de la visita. En resolución, el que admite el antecedente no puede dejar de admitir igualmente el consecuente; es decir, que á quien se le concede un derecho, no pueden negársele los medios de hacerlo efectivo. Y no se crea que esta es opinión mía, sino de la mayoría de los publicistas, y muy señaladamente del norteamericano Wheaton (1). Es pues evidente que según la opinión general de los publicistas dada la prohibición que existe en todos los países civilizados de conducir contrabando de guerra á los beligerantes, procede el derecho de visita de los buques neutrales en alta mar, sin respeto al pabellón, pues que visita tiene precisamente por objeto averiguar la verdad de este pabellón al mismo tiempo que cerciorarse de si llevan ó no contrabando de guerra. La proposición del mensaje no puede de consiguiente sostenerse tampoco en este terreno.

El general Grant habrá querido aludir sin duda, aunque tuvo buen cuidado de callarlo, al derecho de visita que pretendían ejercer los ingleses en los buques norte-americanos que en otro tiempo se empleaban en la trata: derecho que con justicia resistieron, siempre los Estados Unidos, porque no siendo aquella un delito reconocido como tal por todas las naciones, ni un ataque á la independencia de éstas, como el contrabando de guerra, no obligaba sino á los que hubiesen convenido en ello; y como los Estados Unidos nunca lo consintieron fundándose en su soberanía e independencia, según las cuales nadie podía obligarlos contra su voluntad, de ahí la máxima sentada por Grant y reconocida para este solo caso por la Inglaterra y las demás naciones que se obligaron á no permitir la trata.

Sentado que procede según el derecho de gentes la visita de los buques neutrales, cuando se sospecha que pueden conducir contrabando de guerra, falta ahora examinar la competencia de los tribunales, que en el caso de hallarse á bordo el contrabando, han de entender en la declaración de buena presa. En este punto también es unánime la opinión de los tratadistas, y la práctica de las naciones cuando no existen pactos expresos que la modifiquen. Para no extenderme demasiado convirtiendo este artículo en un epitome de derecho de gentes, me limitaré á citar uno solo, que como

(1) Histoire des progres du droit des gens en Europe, pág. 165, Leipzig 1841.
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más moderno los resumió á todos y que además por su nacionalidad no puede ser sospechoso para los Estados Unidos. Wheaton en la obra y página anteriormente citadas, dice combatiendo á Hubner: «Una vez que el buque y su cargamento hayan sido conducidos al territorio del Estado beligerante, ambos quedan sometidos á la jurisdicción de los tribunales establecidos por este Estado para juzgar las presas hechas bajo su autoridad. Verdad es que han sido obligados á entrar por fuerza en el puerto beligerante, pero esta es una fuerza legal consecuencia necesaria del ejercicio del derecho de visita.»

Hasta aquí hemos examinado la cuestión con sujeción á las reglas del derecho internacional. Vamos ahora á hacerlo tomando en cuenta los tratados vigentes entre España y los Estados Unidos. No conozco más que tres tratados generales celebrados entre ambas naciones, á saber: el de 27 de Octubre de 1795, el de 11 de Agosto de 1802 y el de 22 de Febrero de 1819. El segundo, por el que se acogían ciertas demandas de indemnización, quedó sin efecto falta de la correspondiente ratificación. Por el tercero, cedió generosamente la España los territorios de que los Estados Unidos, faltando al tratado de 1795, se habían apoderado cuando la vieron agobiada bajo el peso de la guerra contra Napoleon; se afijaron de nuevo los límites de ambas potencias y se renunció por ambas partes á las indemnizaciones recíprocamente solicitadas, ratificando en todas sus partes, con excepción de los límites modificados por este tratado, el anterior de 1795; de modo que éste es el verdadero y único tratado de paz y amistad vigente entre ambos países. No voy á hacer una reseña innecesaria de todos sus artículos, limitándome á los referentes al caso presente, y señaladamente al derecho de visitar en alta mar los buques americanos, considerado en el mensaje presidencial como el mayor agravio que puede inferirse á una nación independiente, y en el que apoya las injustas y violentas reclamaciones hechas con motivo de la captura del Virginius.

Empezaremos copiando textualmente el artículo 18 de dicho tratado: «Cuando un buque perteneciente á los dichos súbditos, pueblos y habitantes de una de las dos partes, fuere encontrado á lo largo de las costas ó en PLENA MAR por un buque de guerra de la otra ó por un corsario á fin de evitar todo desorden, se mantendrá fuera del tiro de cañón y podrá enviar su chalupa á bordo del buque mercante, hacer entrar en él dos tres hombres á los cuales enseñará el patron ó comandante del buque el pasaporte y demás documentos, que deberán ser conformes á lo prevenido en el presente tratado, y probará la propiedad del buque.» ¿Ignoraba e
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gobierno del presidente Grant la existencia de este artículo? ¿Suponía tan escaso de luces al de su hermana menor, la república española, que desconociese los tratados que la ligaban con los Estados Unidos? Y si razonablemente no puede admitirse ninguna de ambas hipótesis, ¿qué es lo que se propuso al sentar una doctrina tan contraria á la verdad y al tenor de los tratados? Nosotros no lo comprendemos, á no admitir que prescribió sacrificar su respetabilidad á su ambición, preparando por este medio á su favor en la próxima lucha electoral al populacho de las ciudades y á los filibusteros y simpatizadores de los insurrectos cubanos. No le envidiamos el desairado papel que, á los ojos de la Europa y de sus propios conciudadanos en su inmensa mayoría, ha de hacer el día que publicado el memorándum que ha ofrecido el gobierno español, ponga éste de manifiesto su falta de veracidad al apoyarse en doctrinas tan contrarias á la letra de los tratados para hacer las violentas e injustificables reclamaciones que le ha dirigido.

Pero si la obcecación y la temeridad llegasen, después de la lectura del artículo copiado, á negar el derecho que nos asiste á visitar en alta mar los buques mercantes americanos en el caso de guerra, que es al que aluden este artículo y el que le precede, nosotros exigiríamos que se nos citase el tratado posterior á 1795 que hubiese derogado ó modificado este artículo. Poco importa que en él se limite el número de hombres que se han de enviar á bordo; no es esta la cuestión, sino la de saber si estamos autorizados á practicar ó no la visita en los buques americanos, que es lo que en absoluto nos niega el presidente Grant. Si lo estamos, y esto no puede negarse sin faltar á la evidencia, las reclamaciones sobre este punto caen por su base. Si hemos abusado ó nos hemos excedido de nuestro derecho enviando á bordo del Virginius mayor número de hombres que el estipulado en el artículo 18, en su derecho estarían los Estados Unidos, no para negarnos el que nos asistía para hacer la visita, sino para reclamarnos la indemnización de daños y perjuicios, si algunos se hubiesen irrogado al buque, resultando éste inocente. Acaso el gobierno del general Grant conteste que no niega la existencia del tratado, ni de consiguiente la de su terminante artículo 18; pero que éste y su precedente el 17, se refieren al caso de guerra y no á tiempos de paz, como lo son los presentes para España. Por destituida que esté de fundamento razonable y aun por insultante y sarcástica que sea esta proposición de parte de un gobierno cuyo presidente en todos sus monsajos anuales, sin excluir el actual, nos recuerda la guerra de Cuba y discurre sobre ella como si aquella isla formara parte
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de los Estados Unidos, no es menos cierto que el general Grant la sostiene en su mensaje con un admirable aplomo, y que en ella apoya sus injustas reclamaciones. Aunque sobre este punto dejamos ya dicho lo bastante al tratar de las guerras civiles para demostrar que tan desatentada proposición es inexacta y evidentemente contraria á la unánime opinión de los publicistas y á la conducta de los mismos Estados Unidos en su guerra de secesion, todavía queremos recordar aquí las palabras textuales con que empieza el artículo 17 del tratado de paz vigente con los Estados Unidos, que es ley de aquella nación á que no puede faltar impunemente su gobierno. Dice así el artículo 17: «A fin de evitar entre ambas partes toda especie de disputas y quejas, se ha convenido que en el caso de que una de las dos potencias se hallase empeñada en una guerra, los buques y bastimentos, etc.» Como se ve, aquí no se califica la clase de guerra, sino que se emplea el artículo indefinido uno que las comprende todas. ¿Se atreverá á negar el general Grant que la España no está empeñada en una guerra en la isla de Cuba? ¿No nos habla él mismo en este mensaje y en todos los precedentes de la guerra de Cuba? Cuando los gobiernos se contradicen en los términos que lo hace el del general Grant, no puede sostenerse seriamente más que una sola clase de discusion...

El otro artículo referente al caso presente es el 14 que dice así: «Ningún súbdito de Su Magestad Católica tomará cargo ó patente para armar buque ó buques que obren como corsarios contra dichos Estados Unidos ó contra los ciudadanos, pueblos y habitantes de los mismos ó contra su propiedad ó de los habitantes de alguno de ellos de cualquiera príncipe que sea con quien estuvieren en guerra los Estados Unidos.

Igualmente ningún ciudadano ó habitante de dichos Estados pedirá ó aceptará encargo ó patente para armar algún buque ó buques con el fin de perseguir los súbditos de Su Magestad Católica ó apoderarse de su propiedad de cualquiera príncipe ó estado que sea con quien estuviese en guerra Su Magestad Católica. Y si algun individuo de una u otra nación tomase se- mejantes cargos ó patentes será castigado como pirata.» La primera cuestión que surge es la de resolver qué tribunales han de hacer la declaración de buena presa y aplicar las penas á los delincuentes, pues que el artículo no lo dice, á lo menos expresamente. En realidad no era necesario tampoco que lo dijese desde el momento que coloca á los contraventores en la categoría de piratas, puesto que por las reglas de derecho internacional y la constante y universal práctica de las naciones, los tribunales competentes para juzgar á los piratas son los del Estado á que pertenece el buque
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apresador. Esta es tambien la práctica seguida por los mismos Estados Unidos en casos análogos y aun idénticos al del Virginius.

Al principio de la guerra de secesion dió el presidente Lincoln, por el departamento de Marina en Abril de 1860 una orden que disponia que los buques corsarios de los confederados, fuesen considerados como piratas y que sus tripulaciones (no hacia distincion de nacionalidades) fuesen colgadas de las vergas si hiciesen resistencia, conduciéndose á tierra cargados de grillos, para ser juzgados como piratas, á los que se rindiesen é implorasen perdón. Los Estados Unidos no pueden, pues, solicitar en favor de sus nacionales lo que ellos no concedieron á los de otros Estados.

La segunda cuestion es la de saber si las penas que se imponen á los súbditos americanos, que toman patentes de corso de soberanos legítimos que están en guerra con España, alcanzan igualmente á los ciudadanos que atacan al gobierno ó á sus súbditos sin patentes de corso legítimas ó fomentan la rebelion prestando auxilio á los revoltosos. Sería preciso estar destituido de sentido comun para resolver negativamente esta supuesta cuestion, por la sencilla razon, que á quien se le prohibe lo menos le está prohibido lo más con mayoría de razon. Pero yo quiero prescindir de la evidencia de este axioma y examinaré esta cuestion bajo el punto de vista legal. Si los ciudadanos norte-americanos ejercen actos de corso sin patente legítima, ¿qué serán? Piratas necesariamente. Así lo dice su compatriota Wheaton tantas veces citado en este artículo, ya porque en realidad es uno de los mejores tratadistas modernos ya porque su autoridad no puede ser considerada parcial por el gobierno de Washington. Define dicho autor la piratería diciendo: «que según los autores se dá esta calificación á toda depredacion cometida en los mares sin estar provistos los que la hacen de comision para ello por algun soberano ó soberanos que estén en guerra entre sí,» y añade luego, «siendo los piratas enemigos comunes de todo el mundo, todas las naciones tienen igual interés en su captura y su castigo, y de consiguiente pueden ser legalmente aprehendidos en alta mar por los buques de guerra de cualquier Estado y conducidos á su jurisdiccion territorial para ser juzgados por sus tribunales» (1). Es pues evidente que aun cuando no fuera aplicable, como lo es en buena lógica, el art. 14 á los ciudadanos americanos que ejercen el corso contra España sin patente de soberanos legítimos, no por eso dejarían de considerarse piratas conforme á a opinion unánime de todos los publicistas y á la práctica de los mismos Es-

(1) Elements of international law, pág. 184, vol. I, London 1835.
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tados Unidos, que negando á los confederados la cualidad de soberanos independientes declararon piratas, como dejo dicho, á todos sus corsarios. Esta es tambien la opinion del general Roger A. Prior en la carta que con motivo del Virginius ha dirigido al New-York Tribune, cuya tercera proposicion de las seis que sienta dice asi: «Este derecho de registrar, capturar y condenar un buque neutral no sufre alteracion por el hecho de que el contrabando y las tropas lo sean para una banda de rebeldes no reconocidos como beligerantes.» Este testimonio como se ve no puede redargüirse de parcial.

Pero aun cuando los buques de los ciudadanos americanos no cometieren depredaciones en la mar, desde el momento que prestasen auxilio á los enemigos del gobierno español están comprendidos en el artículo 14; por el cual se les prohibe no sólo tomar patentes de corso, sino hostilizar á los ciudadanos, pueblos, ó habitantes de Su Magestad Católica, y de consiguiente si lo hiciesen infringen el tratado; y aun cuando éste no existiera, el derecho de propia defensa, que es el primero y principal, como ya dijimos, de los que emanan de la soberania, los colocaría en el caso de ser tratados como rebeldes y sujetos á los tribunales y á las penas que las leyes del pais ofendido imponen á la rebelion. No sólo es esto conforme á las reglas eternas de justicia natural fundadas en la propia defensa, sino á la práctica de todas las naciones, sancionada por los mismos Estados Unidos cuando su reciente guerra civil. Y aunque no era necesaria esta sancion, todavia importa recordar la proclama del presidente Fillmore advirtiendo á los ciudadanos de los Estados Unidos que su participacion en las expediciones piráticas contra Cuba los privaría del derecho de reclamar la proteccion de su gobierno. Así pues de cualquier manera que se considere este asunto, ora con respecto al derecho de gentes, ora á las declaraciones hechas por el mismo gobierno de Washington, los ciudadanos que auxilian las expediciones contra el gobierno español quedan sujetos á las leyes y tribunales de éste.

Y no es esta una opinion personal mia sino la del periodico más autorizado del mundo, el Times de Londres, no obstante su hostilidad constante y sistemática contra España, acaso porque la considera capaz Dajo un buen gobierno de llegar á ser de nuevo una gran potencia maritima. En su número del 17 de Noviembre en un largo articulo sobre el Virginius á vueltas de apreciaciones injustas, como lo son generalmente las suyas respecto á nuestro país, confiesa que «puede admitirse el principio de que si algunos extranjeros entran en un estado cualquiera y se unen á una parte de sus ciudadanos levantándose en armas contra la autoridad, se ponen en el
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obtener empleos y carteras. ¡Ah, será, sí, página triste para algunas agrupaciones liberales de la Francia, lo que más tarde ellas mismas han llamado la comedia de los quince años!

Ciertamente aquellas tentativas fueron descubiertas á veces por medios que han sido la afrenta de aquel gobierno, y penadas con el más extremado rigor dentro de la ley. El ministerio para alcanzar á los conspiradores se valió de sargentos y oficiales que mancharon su uniforme fingiéndose sublevados para luego entregar á los que habían engañado. El general Berton había huido; se logró saber dónde estaba oculto, y haciendo que los sargentos de un regimiento simularan que se ponían á sus órdenes, le sacan de su asilo, y en vez de seguirle, le entregan al gobierno. Conspiraba el coronel Caron, se hace que dos escuadrones le ofrezcan sublevarse, la sublevación se consuma, recorre varios pueblos, halla adhesiones, y por la noche los escuadrones revelan que era una sublevación fingida entregando al cándido jefe y á inocentes campesinos. Jamás serán bastante anatematizadas tan infames artes. Mas en la represión legal no me siento con fuerzas, en medio de las conmociones diarias de tantas naciones, sobre todo ante la disciplina militar diaria é infaustamente hollada, para asociarme al juicio que sobre ella ha emitido gran parte del liberalismo. Era en verdad doloroso que después de seis años de quietud para el verdugo, se diera á la Francia el espectáculo de once ejecuciones capitales en dos años; ciertamente las más simpáticas de aquellas víctimas, los cuatro sargentos de la Rochela, con su nobleza ante los inquisidores de la conspiración, con su hermosa lucha para salvar cada cual á su compañero perdiendo él mismo, emocionen mi alma como entusiasmaron á los liberales de aquel tiempo; pero al régimen que había fusilado á un héroe nacional como Ney en medio de una situación naciente y sin desarrollo legal, no podía exigirsele que no ejecutara á quienes sin haber empleado sus armas en pró de la patria pretendían ponerlas al servicio de sociedades secretas y de banderías, perturbando un periodo de legalidad creada, de normalidad, de sosiego tanto corto y precario á impulsos de preocupaciones, más que de razones, de unos cuantos cerebros exaltados que dejaban en el aislamiento y desautorizados á liberales tan decididos como el general Foy, Casimiro Perier y Benjamín Constant. Era el carácter predominante de las maquinaciones desbaratadas el ser conspiraciones militares; una frase muy gráfica y muy en moda lo expresaba: el pueblo había dimitido, al ejército tocaba derribar ó sostener los gobiernos. Tiene fácil explicación este fenómeno: todos los problemas sociales que se descubrían en los horizontes más
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caso de ser tratados como criminales y no como prisioneros de guerra, si son capturados. Pueden ser juzgados por un consejo de guerra y condenados á muerte, y sería fácil citar ejemplos de haber sido tratados con este rigor.» Cita en efecto el caso del desembarco en Málaga del inglés Boyd que acompañaba á Torrijos y añade: «Si Boyd y sus compañeros hubiesen sido capturados en alta mar y se hubiese probado que habían aceptado encargos para hacer la guerra al gobierno constituido de España habrían podido, según la mejor interpretación de las reglas y principios de la ley internacional, ser tratados por las autoridades españolas como piratas y sometidos al mismo breve procedimiento.» Y añade más abajo: «En un debate que hubo durante la guerra americana, los más autorizados jurisconsultos ingleses declararon que si hubiera sido preso un súbdito inglés que hubiera aceptado un encargo de los Estados confederados antes de que la Inglaterra hubiese reconocido á éstos como beligerantes habría sido considerado como pirata aún dentro de su propio país.» De la misma opinión que los jurisconsultos ingleses es el general norte-americano Roger, antes citado en su cuarta proposición, que dice así: «4.º El gobierno legítimo tiene derecho de castigar con pena de muerte á cualquiera de sus súbditos que se levante en rebelión armada contra su autoridad, y tiene además el mismo derecho para con los súbditos de potencias neutrales que se hallen complicados en la rebelión.» Así opinaba también el respetable senador norte-americano Mr. Summer en 1869 al tomar parte en el debate habido en el Congreso cuando el tratado Johnson-Clarendon: «Si la beligerancia de los confederados, decía, no se hubiera reconocido por la Inglaterra, tampoco hubieran construido allí buque alguno porque cada paso en semejante construcción habría sido un acto de piratería. No hubiesen obtenido los rebeldes municiones de guerra ni un solo corredor de bloqueo cargado de petróleo hubiera salido de Inglaterra sin exponerse al castigo marcado á los piratas.» Como se ve todas las opiniones, hasta la de los periódicos más hostiles á España y de los hombres más respetables de los Estados Unidos, concuerdan en este punto, á saber en el derecho que asiste á toda nación para capturar en alta mar, juzgar y condenar á muerte como piratas á cuantos extranjeros presten auxilio á los rebeldes contra el gobierno constituido.

Tales son los principios á los cuales debe ajustarse, de conformidad con el derecho de gentes y la letra de los tratados vigentes entre España y los Estados Unidos, la cuestión del Virginius; á saber: 1.º Derecho de los buques de guerra españoles de visitar á lo largo de las costas, ó en plena