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el caso de que no estuviera garantido de otro modo dicho reintegro (1). Así quedó abolido el usufructo de viudedad, en daño seguramente de la unidad de las familias, mas con el fin político quizá de favorecer los derechos señoriales que resultaban un tanto meuoscabados, cuando los feudos de que los señores recibían servicios, estaban largo tiempo poseídos por mujeres.

VIII.

ORIGENES Y FORMA PRIMITIVA DE LA JURISDICCION INHERENTE Á LA PROPIEDAD TERRITORIAL.

En Cataluña, como en la mayor parte de Europa, toda jurisdicción y potestad pública traían su origen y eran atributo inseparable del dominio de la tierra. Los reyes francos fueron los señores de más autoridad en su reino, del cual formó parte el Principado en cierto tiempo, porque eran los mayores propietarios alodiales, dado que disfrutaban como alodios propios y por juro de heredad, todas las tierras de su imperio no poseídas señaladamente por sus naturales y vasallos. Por eso no podía ningún individuo establecerse en ellas sin previa licencia del monarca, ni sin haber reconocido su potestad soberana. Equiparándose el dominio ganado por conquista al adquirido por títulos jurídicos privados, para fijar domicilio en cualquier territorio realengo, lo mismo que para hacerlo en otro de dominio particular, era indispensable adquirir algún pedazo de él, ó por lo menos el derecho de disfrutar en él, albergue y sustento, prestando al señor del suelo determinados servicios. Así los que se establecían de nuevo en tierras realengas ó señoriales, ú ocupaban materialmente alguna porción de ellas, por cualquiera de los títulos que reconocía el derecho ó la costumbre, ó entraban al servicio de alguno de los propietarios ó poseedores ya establecidos en las mismas tierras, para vivir á su costa; pero cualquiera que fuese el título que autorizase el nuevo domicilio, ios que le disfrutaban quedaban sujetos, por este mero hecho, á la jurisdicción del dueño del lugar.

Admitidas estas costumbres francas en Cataluña, el dominio de la tierra fué allí, como lo era ya en Francia, el título originario de toda jurisdicción, hasta de la real, en cuanto á los pobladores que se establecieron en el Principado después del primer repartimiento de la conquista. Por eso los españoles que huyendo de la dominación sarracena, se refugiaron y establecie-

(1) Const. I. t. 3, lib. 5.
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ron en Cataluña en los siglos IX y X, no pudieron hacerlo sin permiso de Carlo-Magno ó Ludovico Pío, ni sin someterse á su autoridad soberana (1).

Todos los demás poseedores de tierras ó eran antiguos propietarios indígenas, cuyo derecho habían respetado los conquistadores, ó traían su título de repartimientos de conquista ó de mercedes posteriores de la corona. Los primeros no conservaron lo que les pertenecía, sino á cambio de reconocer obediencia y sumisión al soberano, del mismo modo que los españoles refugiados; y por lo tanto, la autoridad del rey sobre unos y otros, tuvo un origen semejante, si no idéntico. Los poseedores por repartimientos de conquista ó mercedes posteriores prestaron con mayor razón igual reconocimiento, por el mero hecho de aceptarlas, pues al vínculo de fidelidad que antes tuvieran con el rey como súbditos naturales, se juntaba el de la trasmisión de una parte de sus tierras, con promesa jurada de lealtad y servicios.

La autoridad acumulada en el rey, ya como propietario aloidal inmediato del territorio, ya como señor directo de la parte enajenada del mismo, fué delegada á los condes en sus respectivas comarcas. La potestad correspondiente al soberano por el primero de aquellos conceptos sobre una parte de las tierras, fué trasmitida á los que las adquirieron como alo- dios ó beneficios, y por lo tanto perpetúa ó temporalmente. Los condes, aunque amovibles á merced del rey hasta fines del siglo IX, ejercieron desde luego su autoridad delegada con no poca independencia, administrando justicia, acudillando ejércitos y recaudando impuestos y derechos fiscales en sus demarcaciones respectivas. Sólo se eximieron de su potestad, y eso no tampoco de un modo absoluto, los lugares de vasallos cuyos dueños tenían en ellos jurisdicción inmediata, por merced expresa ó antigua costumbre.

En Cataluña, lo mismo que en los otros reinos, los reyes donaron pueblos, términos y heredades á sus servidores y cortesanos y á las iglesias y monasterios, con la jurisdicción correspondiente sobre los hombres que habitaban en ellos y exención de la del conde. Entendiase otorgada esta exención, no sólo cuando así se expresaba en la carta de merced, sino también cuando se prohibía la entrada de los sayones y agentes de la justicia ordinaria en los lugares enajenados. Y era tan de rigor esta immuni-

(1) Así decía Ludovico de aquellos españoles en su rescripto de 816, que "ad nostram, seu genitoris nostri fidem se contulerunt.... et locum desertum quem ad habitandum, occupaverunt per praecptum domini et genitoris nostri."
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dad, que aunque no se expresara en la escritura de donación, debía presumirse concedida, según afirmaban los antiguos jurisconsultos del país, como consecuencia necesaria de ella (1). Cuando se transfería el dominio con tal expresa exención, no era necesario decir quién había de administrar la justicia en el territorio cedido, pues se daba por supuesta y sobrentendida la competencia del adquirente, y sólo para garantírsela y evitar la ocasión de que fuese menoscabada en la práctica, se prohibía la entrada en tales lugares á los agentes de la autoridad provincial. Cuando se enajenaban villas, heredades y términos, con sus actuales pobladores y los que después fueran á morar en ellos, también se entendía trasmitida la jurisdicción, por creerse, con razón tal vez, atendida la debilidad é insuficiencia del poder supremo, que sin cierta jurisdicción inmediata sobre los colonos y arrendatarios de las tierras, no era posible conservar su dominio, defenderlas de enemigos y asegurar el cobro de las rentas y servicios que constituían su fruto.

Mas aunque todos los naturales y moradores del reino fueran súbditos del rey, no ejercía éste igualmente sobre todos la plenitud de su potestad, pues había entre ellos grandes diferencias, ya por razón del título que cada uno tenía para habitar en tierras reales o para poseer sus heredades, y ya también por razón de su origen y procedencia. Los condes, los vizcondes, los barones y los demás señores jurisdiccionales, que directamente habían recibido de la corona sus posesiones, estaban sujetos inmediatamente y en todo, á la jurisdicción real; pero si además disfrutaban tierras procedentes de otros condes ó barones, quedaban, por este mero hecho, sujetos también á su fuero en las cuestiones que á aquellas se refiriesen. Así la condesa Ermesinda, madre y tutora de Berenguer, conde soberano de Barcelona, demandó en 1019 á Hugo, conde de Ampurias, ante Bernardo, conde de Besalú, para que le restituyera un alodio de que se había apoderado por fuerza (2). Con la herencia de los beneficios vinieron á ser los condes, como propietarios de sus condados, independientes de los reyes francos, refundiéndose en ellos casi toda la potestad que estos habían ejercido hasta entonces.

Todos los demás vasallos reconocían por jueces á los condes, mas no siempre por igual título, ni sin distinción de juicios. En las tierras del con-

(1) "Si princeps qui habet castellum cum jurisdictione, concedit alieni ipsum castrum simpliciter, tunc es ipso videtur etiam concedere jurisdictionem quam ibi habet, nisi sibi expresse retineat." (Miercs. Apparatus super Constitutionibus Curiae rum Cataloniae, t. I, collat. 2, c. 42, n.º 49).
(2) Marca hisp., apénd. 181.
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dado, respecto á las cuales eran los condes, en tiempo de los reyes francos, meros beneficiarios, ejercían la jurisdicción delegada del soberano, que los jurisconsultos llamaban general, y se reducía á administrar justicia con las limitaciones que exigía la condición personal de cada vasallo. En las tierras de las dominicaturas enclavadas dentro ó fuera de los mismos condados, de las cuales eran los condes propietarios alodiales, ejercían estos una jurisdicción propia, sin otras limitaciones que las aceptadas por los vasallos ó las prescritas por ley ó costumbre. Los condes de Barcelona, desde que fueron independientes, administraron justicia sin restricción alguna, tanto á sus vasallos propios, como á los que no lo eran de señores particulares, ejerciendo sobre los vasallos ajenos tan solo el mero imperio, y eso cuando sus señores no lo disfrutaban. También continuaron los mismos condes en el ejercicio de la plena jurisdicción sobre los barones, vizcondes y señores jurisdiccionales, aunque lo fueran por juto de heredad, reservándose en algunos casos las apelaciones de sus sentencias.

No es hoy posible determinar con exactitud los límites de la jurisdicción de los condes, según el variado estado de las personas sujetas á ella, sobre todo en los primeros siglos de la Edad Media, en que ninguna institución pública funcionaba con la regularidad y uniformidad acostumbradas después. Sábese, sin embargo, que en el orden de la familia y de las relaciones privadas, vivía cada hombre según la ley civil de su raza, ó según el compromiso que voluntariamente había contraído con otro para su seguridad ó su bienestar, y esta diversa multitud de estados y derechos no podía menos de determinar y alterar la competencia de los jueces. Entre los francos establecidos en Cataluña regía la ley propia de ellos: entre los españoles, la civil de los godos, y ambas leyes podían modificarse por los pactos que el recomendado, el beneficiario ó el colono hubiese convenido con el señor de quien recibiera tierra ó á quien rindiera homenaje. Así el hombre libre pedía justicia al conde ó á jueces árbitros, según fuese franco ó español, y, aún siendo español, según la naturaleza y la gravedad de la causa: el hombre no libre debía acudir con sus demandas á su señor ó al conde, conforme fuese la calidad del demandado y la naturaleza de la acción deducida.

Los rescriptos de Ludovico Pío y de Carlos el Calvo, en otro lugar señalados, ofrecen de todo lo dicho cumplida demostración. En el de 814 dispuso Ludovico que los españoles, sus nuevos súbditos, estuvieran bajo la jurisdicción del conde, en todas las causas civiles y criminales en que fuesen actores ó reos, excepto las de menor cuantía, las cuales podrían de-
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cidirse por jueces elegidos de comun acuerdo entre las partes. Verdad es que esto no obstante, cree Pedro de Marca que de las causas menores conocian los magistrados municipales (1); mas sobre no ser conforme tal opinión con el texto indicado, no puede tampoco asegurarse que aquellos magistrados subsistieran en Cataluña después de la invasión sarracena. Lo probable y lo probado es que en tales casos hicieran de jueces los patronos de los demandados, ó los caudillos elegidos por los mismos españoles, para el gobierno de sus negocios privados, que no eran de la competencia de la autoridad pública ó los árbitros nombrados por las partes con arreglo á la legislación visigoda.

Como la ley era personal en los pueblos germánicos y los condes y los jueces que juzgaban con ellos, eran en los primeros tiempos, por lo general, francos, versados á lo más, en sus leyes y costumbres propias, no hubieron de ser estos tribunales los mejores intérpretes, ni los más cumplidos ejecutores de la legislación visigoda, que era la única aplicable á los españoles. Este inconveniente se propuso sin duda remediar el rey Carlos cuando reformó el rescripto de su antecesor, ordenando que los españoles no estuviesen sujetos á la jurisdicción del conde, sino en las causas graves por los delitos de homicidio, rapto ó incendio, y que en todas las demás fueran juzgados según su ley y por otros hombres (2); esto es, según las leyes visigodas y por jueces que eligieran con arreglo á ellas, los mismos litigantes, entre los hombres de su nación, ó por los señores bajo cuya dependencia estaban constituidos. Esta jurisdicción señorial se hallaba por lo demás, plenamente confirmada, tanto por rescripto de 814 que la atribuyó á los españoles, que diesen tierras á los hombres de condición servil, y á los condes que las otorgaran á título de beneficio, cuanto por el de 816 que declaró que los que se recomendasesen á los condes ó otras personas, poseerían las tierras que de ellos recibieran, con las condiciones que estipularan (3).

Los documentos catalanes de los siglos ix. x y xi dan suficientemente á conocer la forma en que los condes ejercían su jurisdicción, tanto entre sus vasallos, como entre estos y los ajenos. Lástima es que no pueda decirse otro tanto de los juicios entre españoles no sujetos inmediatamente á la jurisdicción civil de los condes, que ó por no haber sido reducidos á

(1) Marca hisp. lib. 3, c. 19, n. 6.
(2) España sagr. t. 29, apénd. 11.
(3) Marca hisp. lib. 3, c. 19.—España sagr. t. 43, apénd. 2.
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escritura, ó por la incuria del tiempo, no han dejado al parecer ninguna memoria fehaciente. El examen de los primeros arroja mucha luz sobre la historia de las instituciones judiciales en el Principado, revelando desde luego, cómo los francos introdujeron en él las formas de su organización judicial y de su procedimiento, aún en casos en que hubiera debido aplicarse la legislación civil visigoda.

Sabido es que en Francia el rey juzgaba á los condes, antrustiones y vasallos principales en el tribunal de la corte, con el concurso de los pares, ó en la Asamblea general del campo de Mayo; y que los condes, en las Asambleas particulares del condado ó del cantón (mallus), que se celebraban también periódicamente, con igual concurso, juzgaban á sus vasallos propios, á los inmediatos de la corona y á los hombres libres. Pues esta misma práctica hubo de prevalecer en Cataluña, puesto que hay memoria de muchos mallus publicus celebrados en los siglos ix, x y xi. Componían estas asambleas el conde ó su vicario, los vizcondes, algún obispo ó eclesiástico de categoría, cierto número de jueces nombrados en tal concepto por el conde, algunos vasallos señoriles, el sayon y los hombres libres que asistían voluntariamente. Ante ella comparecía el actor, por sí ó por medio de procurador, proponiendo su demanda. Citado el reo, comparecía alegando sus excepciones. Ambos eran en seguida requeridos á manifestar sus respectivas pruebas. Examinados los documentos y los testigos presentados por una y otra parte, se preguntaba á los litigantes si tenían alguna tacha que oponerles; y oídos sobre este punto, los jueces solos ó en unión con el conde ó su vicario, ó el vizconde y con los vasallos señoriales, ó los pares, pronunciaban la sentencia.

He aquí un ejemplo de aquellos juicios según lo refiere un diploma de 843:

«El conde Adalarico (gozó por el nombre, aunque no había muchos de esta nación) en compañía con Gundemaro, obispo de Gerona, Wadimiro, Carpion y Leuchiriano, vasallos señoriales, Assemundo y Hemano, vicarios; Trosoario, siervo de Dios, Obasio, Geruntio, Salomon, Ildeindo, Sanson, Sentrario, Benerello y Daniel, jueces nombrados para fallar causas, Forte, sayon y otros muchos hombres que estaban con ellos, se constituyeron en la ciudad de Ampurias en el mallum publicum para oír y decidir muchas causas.» Ante esta asamblea se presentó un hombre llamado Ansuflo, con poder del obispo de Gerona, quejándose del mismo conde Adalarico, porque disputaba injustamente á la iglesia de aquella ciudad cierta participación que le correspondía en los derechos de las
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aduanas, en los pastos y en los productos de los condados de Ampurias y Peralta. Los tres vasallos señoriales, los dos vicarios y los nueve jueces antes nombrados, preguntaron entonces á un tal Selvuan, apoderado del conde, lo que respondía á esta demanda; y como negara el derecho de la iglesia, mandaron al apoderado del obispo Ansulfo que lo probase. Entonces presentó éste un privilegio de Ludovico Pío y varios testigos acaudalados, que declararon haber visto á todos los obispos de Gerona poseer los derechos disputados. Preguntado después Selvuan si tenía alguna tacha que oponer á estos testigos, ó si podía contradecir e invalidar su testimonio con otros mejores y en mayor número, contestó negativamente. Entonces se le ordenó poner esta manifestación por escrito firmado de su puño, mientras se escribían las declaraciones de los testigos, con los juramentos de cada uno. Hecho así, los tres vasallos señoriales, los dos vicarios y los nueve jueces, invocando dos textos del Espíritu Santo y la ley visigoda que manda exigir pruebas, tanto del actor como del reo y fallar á favor del que las suministre mejores, á juicio del juez, pronunciaron su sentencia, condenando al conde á devolver al obispo la posesión e investidura de los derechos litigados (1).

El conde y en su defecto el vizconde, nombraba los jueces y presidia el mallus, según he dicho, y autorizaba la sentencia, pero no la dictaba materialmente. Los jueces y los pares eran los que en realidad decidían todas las cuestiones. El conde se reservaba, sin embargo, cierta facultad extraordinaria, de que usaba raras veces, para rever por sí las causas, ó hacer confirmar por los jueces que las dictaran, las sentencias cuya justicia estimaba dudosa.

Los diplomas de aquella época ofrecen algunos ejemplos del uso que hacían los condes de esta facultad. Hugo, conde de Ampurias, requirió á la condesa Ermesinda, para que le restituyese un abadío enajenado en su concepto, con vicio de nulidad, y ofreció fiadores de estar á derecho. Hugo no los admitió y propuso que se ventilara la cuestión por medio de un duelo entre dos caballeros, puestos uno por cada parte, á lo cual no acee-

(1) Marca, hist. apénd. 16.—For. judic. I. 6, t. 2, lib. 2.
Un mallus, compuesto de dos vizcondes, siete jueces y muchos hombres libres, conocido de otro pleito entre un tal Leou y el obispo de Gerona, sobre reclamación de ciertas fincas, hacia el año de 850. Un conde Miron, siete jueces y muchos hombres buenos formaban el mallus, que en 874, conocido de otro pleito, en que el mismo conde reclamaba como siervo, á uno que se decía libre. España sagr. t. 43, apénd. 9.—Marca, apénd. 34.
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dió la condesa, porque la ley gótica no reconocía esta forma de juicio. Siguióse luego el pleito ante el conde de Besalú acompañado de un obispo, tres jueces, veinticuatro nobles y otras personas de calidad, y los jueces lo fallaron á favor de Ermesinda. Mas el conde de Besalú, que había presidido el mallus, no se conformó con esta sentencia y mantuvo pendiente el pleito, hasta que exogitó, según dice el documento que lo refiere, «una cosa inaudita,» que fue ordenar á los jueces sentenciadores que confirmaran su fallo con un juramento, ante el altar de San Gués. Hiciéronlo así, y entonces quedó firme aquel fallo y tranquila la conciencia del conde (1).

Los jueces y los pares del mallus fallaban al principio y hasta el siglo xi por lo menos, sobre el hecho y el derecho; mas desde el siglo xii aparecen redactadas casi todas las sentencias con una fórmula semejante á la del pretor romano. Con ella decidía el tribunal la cuestión de derecho, en el supuesto de que se justificaran después los hechos alegados que le daban origen. Léese en un documento de 1145, que un tal Guillermo compareció ante el conde D. Ramón y su curia, demandando á cierto Poncio, porque siendo su vasallo solía, había rendido homenaje á otro señor. Poncio negó su calidad de tal vasallo. Los jueces fallaron que si Guillermo probaba sus asertos con documentos i testigos, debía d sistir el demandado de su nuevo vasallaje y prestar á aquel señor los servicios debidos (2). Otros muchos ejemplos pudiera citar del uso de esta fórmula en las sentencias, que arguye, como se ve, una alteración importante en el sistema de procedimientos. Hay gran diferencia entre el modo de enjuiciar que revelan los documentos más antiguos, antes mencionados, en que los jueces con los pares, en presencia del mallus, recibían la demanda y la excepción, oían los tes-

(1) Marca, apénd. 181.
(2) Bofarull, Colec. de documentos inéditos del Archivo general de la corona de Aragón, t. 4.º, doc. 40.

Esta Colección ofrece otros ejemplos análogos. En 1151 demandó Guillermo de Aquilón al arzobispo de Tarragona, ante el conde D. Ramón y su curia, entre otras cosas, porque le había despojado de ciertos derechos que le correspondían en la ciudad; y como el arzobispo negara el hecho, los jueces le condenaron á indemnizar al actor de los derechos de que éste probara haber sido privado. (Doc. 61, t. 4.º) Un sujeto llamado Pedro de Podio Viridi demandó en 1157 al vizconde de Barcelona, ante el conde D. Ramón y sus jueces, porque habiendo ido con él en hueste á Narbona y á Aragón, donde sufrió muchas pérdidas, no había sido indemnizado de ellas, ni pagado su servicio. El vizconde respondió que había satisfecho al demandante, según su propia estimación y como era justo. El tribunal condenó al demandado á abonar á Pedro la cantidad á que este probase faltarle para el completo resarcimiento de sus pérdidas. (Doc. 99, t. 4.º).
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tigos, reconocian las pruebas y dictaban sentencia, todo las más veces, en un solo acto, y este otro sistema en que se distinguía cuidadosamente la cuestion de hecho de la de derecho, dando el tribunal la fórmula para resolver la primera y abandonando á otros jueces inferiores la investigación de los hechos y la calificación de las pruebas en que había de fundarse el fallo. ¿De dónde pudo venir esta innovación importante? En España no tenía precedentes que en el siglo xii pudieran recordarse. Probablemente vendría de las provincias del Mediodía de Francia, donde como es sabido, se conservaba el uso del derecho romano.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.
(Se continuará.)
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LOS VINOS

EN LA

EXPOSICION DE Viena

EXCMO. SR. D. MANUEL DE LA CONCHA, MARQUÉS DEL DUERO:

Mi buen amigo: presume Vd. con soberbia de razón que el incremento de la riqueza española pende en gran parte del desarrollo de las industrias vitícola y vinícola con preferencia á cualquiera otra. Como yo tengo la misma idea, por eso sin duda nuestros pensamientos se han fundido las muchas veces que hemos hablado sobre la materia, teniendo siempre en cuenta que la exportación de nuestros vinos, relativamente á los demás productos agrícolas de España, representa ¡el 46 por 100!

Desea Vd. saber mi opinión sobre las modificaciones que se hayan introducido en la viticultura desde 1867, en que se celebró la Exposición de París, y lo que representa el adelanto vinatero del mundo en la Exposición de Viena. Aún no tengo recogidos todos los datos que necesito sobre las muchas escuelas de pala que la agricultura moderna nos presenta, y por eso me veo obligado á callar todavía lo que hasta ahora he pensado sobre este asunto. Respecto de los procedimientos vinícolas, estoy trabajando y espero decir á Vd. pronto algo sobre los adelantos que ha hecho la química para las diversas trasformaciones de los mostos, supuesto que el estudio me ha hecho saber que, así como la primera Exposición de Londres nos demostró lo que valían las manufacturas del mundo, la primera de París lo que la fabricación, la segunda de Londres lo que era el lujo y la última de París lo que podía mejorarse la situación de las clases menesterero-