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servar ciertos miramientos al apartarse de un poder, de separar afectos palaciegos de obligaciones civiles, políticas y sociales, de no convertir su respeto á un monarca en la desgracia en demolición de un nuevo monarca, único valladar contra la anarquía, de no confundir la fidelidad jurada con la deuda permanente para con la patria, de saber armonizar, por el contrario, anteriores, íntimas y respetables relaciones con las necesidades públicas más imperiosas en una abstención de la corte y un concurso no presuroso, resignado, hasta triste, especialmente si se ha tenido la desgracia, como en parte tuvo la nobleza en 1829, de retraerse de antiguos poderes, concurso no de ostentación ni cortesano, sino de defensa social á los poderes nuevamente constituidos y en lucha contra la demagogia. Lejos de esto, no había pasiones más encarnadas que las de la mayoría de la aristocracia francesa en 1831: ya no recordaba la prudencia de Agosto de 1830. Entonces sí habia quienes emigraban, la mayoría de los grandes señores quedaba en la Cámara de los Pares, y después de consagrar palabras de leal recuerdo á una infortunada dinastía, juraba con otras no menos hidalgas, fidelidad y obediencia á los nuevos poderes hostilizados por los émulos de la Convención. Chateaubriand, que no juraba, hacia publicar en los periódicos «era una determinacion personal que no debia ser imitada, aconsejando, por el contrario, obediencia y union, no el aislamiento del poder que se levantaba con tanta fortuna para la Francia.» Entonces se bendecía el poder, no habia abismos, no habian nacido odios inextinguibles. A los seis meses todo habia cambiado. Rechazando como una retumbriscencia penosa su primera benevolencia, aquella aristocracia que al regresar de la emigracion durante el consulado habia llenado los salones del primer cónsul, que ni por el crimen de Vincennes, el fusilamiento incierto de un príncipe de la sangre, se habia alejado del todo de las Tullerias, dando todavía damas de honor á una criolla hecha emperatriz, y palaciegos nada altivos al teniente de artilleria que habia ceñido con la diadema imperial una frente manchada con la sangre de un Borbon, al hombre que ella misma despues con una afectacion históricamente ridícula, habia de llamar Monsieur Buonaparte, aquella aristocracia, antítesis en todo de la aristocracia inglesa tan eminentemente política, ahora en odio á la monarquia liberal de un Orleans, como mas tarde en odio á la monarquia autoritaria pero no despótica de Honaparte, ya hijo de rey, se encerraba en sus salones, convirtiendo á veces agradables fiestas en manifestaciones anti dinásticas, sabedora de que asi desautorizaba córtes que no le eran simpáticas, y no comprendiendo, por otra parte, que para toda futura constitucion de nuevo poder empezaba
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dose los réditos á que tenian derecho. El rey encargó á dos regentes del consejo de Aragon que arbitrasen algun remedio, y en tal concepto se dictó la pragmática de 1614, después de tres años de vicisitudes, vacilaciones y desastres. Confirmándose por ella á los señores el pleno dominio que antes se les había otorgado sobre las heredades de los moriscos, se dispuso que cuando las de una comunidad ó pueblo fueran suficientes, al tiempo de la expulsion, para pagar los censos colectivos impuestos sobre ellas, con licencia del señor que entonces tuviera el mero imperio, si el actual no gravase á los nuevos pobladores con la obligacion de pagarlos, quedara sujeto á satisfacerlos; que si fueran insuficientes las heredades moriscas de la comunidad ó el pueblo censatario, pagara el señor tan sólo seis dineros por cada libre de rédito; y que si el lugar careciese absolutamente de dichas heredales, pagara el señor un sueldo solamente: que cuando habitaran en el pueblo censatario algunos cristianos viejos, pagasen estos su parte, y el señor la correspondiente á los moriscos; y que se tuvieran por nulos y extinguidos los censos impuestos sin licencia de los señores del mero imperio, aunque hubiera dado la suya el de la jurisdiccion alfonsina (1), excepto aquellos que se hubiesen impuesto especialmente sobre fincas determinadas de moriscos (1). Con esto no se remediaron en verdad las pérdidas inmensas que produjo la expulsion, aunque se repartieran menos desigualmente entre los perjudicados, ni se evitó tampoco que muchos lugares y muchas tierras quedasen largos años sin poblacion y sin cultivo. Al fin pasó la terrible crisis que á causa de la expulsion y por tanto tiempo alligió á Valencia: muchos censualistas quedaron enteramente arruinados, algunos pueblos desaparecieron para siempre y los más se empobrecieron; pero en los nuevos contratos que los propietarios celebraron con los pobladores, salieron estos mejor librados que los antiguos vasallos, quedando como censatarios, pero de condicion mucho más libre.

II.

TRIBUTOS, CARGAS Y SERVICIOS MILITARES DE LOS PROPIETARIOS.

Conociéndolos los orígenes y las clases diferentes de la propiedad valenciana, expondré brevemente ahora la condicion legal, los derechos y las obli-

(1) Llámase así la jurisdiccion que el rey D. Alfonso I concedió á los caballeros dueños de lugares de quince casas, como se verá más adelante.
(1) Escalano, Historia de Valencia, lib. 10, cap. último. Bas. Theatrum jurisprudentiae Valentinae, pars. I., cap. 13, num. 192.
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gaciones de cada una, en cuanto al Estado y á la familia. Los dueños de heredades alodiales procedentes del reparto de la conquista, tenían por este hecho, obligaciones con el monarca, aunque no tantas ni tan estrechas, como los demás poseedores de tierras. D. Jaime I les impuso las de tenerlas pobladas, no enajenarlas, residir en el reino y defenderlo; pero entendiéndose cumplida esta última obligación, por los 380 caballeros heredados en la ciudad de Valencia, siempre que ciento de ellos asistiesen personalmente al rey, relevándose de cuatro en cuatro meses. Ya se ha visto anteriormente como no habiendo cumplido algunas de estas condiciones los primeros caballeros heredados en Valencia les privó el rey de sus tierras, dándolas á otros vasallos. Los propietarios alodiales estaban dispensados de prestar á la corona reconocimiento, cabrevación y censo, desde que D. Jaime les otorgó esta inmunidad en 1271, pero no del juramento de fidelidad al soberano, ni de la firma de derecho, cuando ante él comparecían demandados (1). Ambas obligaciones eran comunes á todos los vasallos, respecto al señor del lugar de su domicilio, aunque no tuvieran de él ningunos bienes y por el hecho solo de morar en su tierra. Así, los dueños alodiales de heredades enclavadas en el término de algún castillo ó villa señorial, debían jurar fidelidad al señor de la tierra y guardar todas las cosas comprendidas en la fórmula de este juramento (2), según disponía un fuero de D. Jaime, tomado del título De constitutione feudorum del libro de los feudos (3).

Los inmuebles alodiales estaban ó no exentos de tributos, según el estado de sus poseedores. Los caballeros de todas clases (4) contribuían

(1) F. 17 y 19, lib. 9, rubr. 21.
(2) El juramento de fidelidad comprendía la promesa de no dañar al señor, ni descubrir su secreto, ni menoscabar su jurisdicción, ni yacer con su mujer, su madre ó su hija, ni hacer en su casa cosas deshonestas, ni hacer difícil ó imposible lo que para el señor fuera posible ó fácil, ni tenerle secreta cosa alguna de que pudiera resultarle perjuicio. (F. 2, lib. 9, rubr. 13.)
(3) F. 1, lib. 9, rubr. 13.
(4) Los caballeros eran de tres clases: nobles, generosos y simples caballeros. Llamábase generosos los que fundaban su nobleza en la antigüedad y esplendor de su familia; meros caballeros, los que habían recibido del rey la investidura de la caballería; y nobles los que reuniendo las circunstancias de unos y de otros, usaban el Don antes del nombre. Cuando se reunían las tres clases de caballeros en los Estamentos, los generosos usaban En y los simples caballeros Aliscr antes del nombre. (Mateu, De regimini regni Valentin, e. 3.º, pár. 1, num. 57.) Gozaban además los privilegios de la caballería: los ciudadanos horrados, los doctores y licenciados, y los que habían desempeñado oficios de justicia, excepto en cuanto á las cargas reales personales. (Tarazona, Instit. dels Furs, etc. lib. 1, t. 15.)
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como los simples ciudadanos, por los bienes muebles en que comerciaran, por ser el comercio cosa impropia de su clase, según el jurisconsulto Tarazona, y tan poco estaban exentos de las cargas y derramas vecinales, que decretara el concejo para defender los fueros y privilegios de la tierra. En este último caso los caballeros y los eclesiásticos de su clase debían pagar por los bienes realengos que poseyesen, y los eclesiásticos no caballeros por sus bienes de toda especie, sueldo ó libra, pero doble por los inmuebles que por los muebles. Las villas reales contribuían con la questa, que era un tributo de cuota fija que pagaban aquellas todos los años. Játiva satisfacía en este concepto 8.000 sueldos; Murviedro, 7.000; Castellón, 5.000, y así otras villas. También pagaban muchos pueblos los tributos de nariadage, coronación y nuevo regimiento, de origen puramente feudal, los cuales quedaron convertidos al fin en una cantidad cierta de metálico (1). Mas los caballeros no contribuían al pago de estos impuestos por los bienes alodiales que disfrutaban, aunque fueran vecinos de las villas tributarias.

El impuesto más general era el monedaje. Con este nombre pagaban un tributo de un maravedí cada siete años, los que poseían más de 15 maravedís de hacienda. Estaban, sin embargo, exentos también de él los caballeros y los eclesiásticos, aunque poseyeran bienes realengos, y los habitantes de la ciudad de Valencia, pero no los infanzones que no fueran caballeros y pagarán pechos vecinales (2), ni los ricos-hombres, caballeros y generosos, por los bienes que compraran en lugares propios de la corona ó de los hijos ó hermanos del rey (3). Los vecinos de Valencia alcanzaron aquella exención, porque habiendo defendido valerosamente su ciudad, cuando la sitió un numeroso ejército de Castilla, el rey D. Pedro les recompensó el servicio, facultándoles para adquirir bienes raíces de caballeros y de eclesiásticos, y poseerlos con las exenciones que disfrutaban sus anteriores dueños, excepto de la lente y cabalgada (4). Pagaba monedaje cada jefe de casa, no exento, que tuviere los 15 maravedís de hacienda, y así es que mientras no se separaban los individuos de una familia, no contribuían sino con una sola cuota. En circunstancias extraordinarias, ó como recompensa de señaladas mercedes de la corona, solía aumentarse éste

(1) Tarazona, obr. cit. lib. I, t. 15.
(2) Ibid. pár. Son Franch.
(3) F. 12, lib. 4, rubr. 19.
(4) F. 14, lib. 4, rubr. 19.
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impuesto. Así D. Jaime I, habiendo otorgado varias exenciones á los valencianos, recibió por moneda de en 1271, de los que tenían de 15 á 100 maravedís, siete sueldos por cada maravedí; de los que tenían de 100 á 300 maravedís, dos maravedís, y de los que tenían mayor caudal, tres maravedís. El rey, dirigiéndose entonces á los contribuyentes, declaró haber recibido este impuesto pro bonis vestris, de lo cual se deduce que era de naturaleza real. Era de la misma especie el tercio-diezmo que consistía como ya he dicho, en la parte del diezmo que por privilegios apostólicos se reservó el conquistador. Este impuesto era también el más general de todos, puesto que de él no estaba exento ningún propietario.

Pagábanse además en el reino otros muchos tributos más ó menos territoriales, de que no se eximían los poseedores de alodios, que no disfrutaban el estado ó los privilegios de la caballería. Tales eran entre otros, la cena de presencia y la de ausencia y la pecha vecinal, tributos de cuota fija, por pueblos, que los ayuntamientos repartían entre los contribuyentes. La cena de ausencia se pagaba cada año al rey solamente, y la de presencia al rey ó al príncipe heredero. La pecha se pagaba por los terratenientes, para satisfacer la cena de rey, y los salarios de los jueces y funcionarios públicos de las ciudades y villas (1). No hablo de otra multitud de gabelas que pagaban los valencinos, porque no afectaban directamente á la propiedad territorial, sino á los mercancías y á los ganados y deberían calificarse como derechos de aduanas, consumos, puertas y portazgos; según el lenguaje moderno.

Como la calidad tributaria de los bienes dependía en gran parte de la condición personal de los propietarios, dispuso el rey D. Jaime en 1246 que los caballeros, clérigos y religiosos que habían comprado ó compraran en Valencia ó su término heredades de ciudadanos, contribuyeran y sirvieran con tributos, huestes y cabalgadas, como los demás contribuyentes, y que pecharan del mismo modo, por los bienes dotales de sus mujeres, los caballeros que se casaran con villanas (2). Era, sin embargo, permitido á los propietarios exentos cambiar sus heredades por otras de villanos, poseyendo las adquiridas tan inmunes como las suyas propias, y comprar de los mismos villanos alguna casa para habitarla, aunque no para disfrutar su renta (3). La ley citada de 1246 fué, sin embargo, modificada después

(1) Tarazona, obr. cit., lib. 1, tít. 15.
(2) Brancobat, obr. cit., tít. 2, privil. 3.
(3) Fuero 11, lib. 4, rubr. 19.
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en 1529 por D. Alfonso I, el cual dispuso que los ricos-hombres, generosos y caballeros pudieran comprar bienes en lugares de la corona, ó de los hijos ó hermanos del rey, y poseerlos, sin pagar en ningun tiempo por ellos questa, cosa, hueste, cabalgada ó su equivalente, ni ningun servicio real ó personal, de los que se prestaran en el lugar al rey ó príncipe, exceptuando tan sólo de esta merced el tercio-diezmo, el monedaje y los censos, particion de frutos y cargas que estuviesen impuestos, especialmente sobre los mismos bienes comprados (1). Cuando las propiedades exentas de caballeros ó eclesiásticos pasaban á ciudadanos pecheros, seguían la condicion del nuevo dueño. Por eso fué un privilegio tan estimado el que, según antes he dicho, concedió á los vecinos de Valencia el rey D. Pedro, de comprar y poseer bienes de aquella especie, sin más cargas que la de hueste y cabalgada.

Tampoco estaban exentos los propietarios alodiales del servicio de las armas. Ya se ha visto cómo los caballeros de la conquista se obligaron á defender el reino, por razon de las tierras que en él adquirieron. Tambien se habrá notado en la escritura del repartimiento de Mallorca, de que luce antes mencion, que la medida de tierra señalada á cada participe guardaba proporcion con el número de caballos que debía poner en campaña. Esta proporcion no era igual en todos los casos, pero siempre resultaba á razon de mucho más de 100 caballerias por cada caballo. D. Jaime y sus sucesores repartieron entre los barones y las universidades ó pueblos una gran parte del tercio-diezmo que se reservó la corona, con la obligacion de prestar en las guerras que ocurrieran en adelante, el mismo servicio que en las pasadas (2).

Pero además de los nobles y caballeros obligados á acudir á la hueste acompañados ó solos, por razon de las heredades realengas que poseian, tenian una obligacion semejante, si bien mucho más limitada, todos los ciudadanos aunque no disfrutaran bienes del rey. Este servicio no podia exigirse de los valencianos sino dentro del reino, ó contra los enemigos de la frontera, cuando el rey fuese en la hueste, ó cuando los enemigos invadieran su tierra. Así D. Pedro II, habiéndolos llamado á las armas en Gerona, tuvo que revocar esta orden, por no pertenecer aquella ciudad al reino de Valencia, aunque era propia de la corona. Los gobernadores no podian obligar á las villas á salir en hueste ó cabalgada, sino en los casos

(1) F. 12, lib. 4, rubr. 19.
(2) Recolano, obr. cit., par. 1, lib. 3, c. 7.
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permitidos por el Fuero, y aun entonces no debían convocar más que el número de hombres necesario, según el objeto de la expedición, prescribiendo los de los lugares más cercanos á aquel á que hubieran de dirigirse. Tampoco podían ser obligados los hombres de las villas á salir á campaña sin que se les asegurase la paga de su servicio, la cual había de satisfacerseles con los bienes de los rebeldes, á razón de cinco sueldos diarios por cada caballo armado, tres por cada caballo ligero, un sueldo por cada ballestero, dos dineros por cada lanceo y dos sueldos por cada hombre montado en mula. Los salarios se devengaban desde la salida de la casa de cada uno hasta la vuelta (1).

Los dueños de honores estaban también obligados á servir al rey en la forma y con las condiciones prescritas en el fuero de Aragón, según en otro lugar quedan expuestas y excuso, por lo tanto, repetirlas (2).

La propiedad feudal llevaba, pues, consigo el servicio militar, como una de sus cargas más esenciales. En el catálogo de los feudatarios de la corona, en el reino de Valencia, de que he dado noticia en el capítulo anterior, se ve que los dueños de lugares ó heredades, los poseían unas veces con arreglo á la costumbre de Cataluña, que era, como antes dije, el régimen feudal en todo lo que hacía relación á las condiciones del dominio, y otras veces con la condición expresa de acudir á la hueste con cierto número de caballos. Así el castillo y villa de Villafames se dieron por el rey «con el servicio de los caballeros, según el valor de dicho feudo, con arreglo á la costumbre de Barcelona:» el castillo de Carbonera con los servicios de hueste y cabalgada: el castillo y villa de Burriol con el servicio de un caballero: el castillo y villa de Albaída con el servicio de cuatro caballeros armados, y así otros muchos lugares y fortalezas. Mas aunque el servicio no estuviese tasado en la carta feudal, entendiase siempre que el feudatario había de prestarlo al señor en campaña, por lo menos con su persona. Así dice una ley del conquistador D. Jaime, que «siendo propio de la naturaleza del feudo que el vasallo sirva á su señor, guarde y defienda su persona, no debe abandonarle en la batalla campal, y si lo hace, pierde todas las cosas que de él tuviere» (3).

El feudo se constituía y se confirmaba por el señor con las ceremonias conocidas de la entrega de la espada, la prestación de homenaje, el jura-

(1) Tarazona, Obr. cit., lib. 3, t. 23, par. Los jurata.
(2) Véase el núm. 125 de esta REVISTA.
(3) Fuero 11, lib. 9., rubr. 21.
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mento de fidelidad y la investidura. Puede verse esta fórmula en varios antiguos documentos, y entre ellos dos cartas de confirmación de ciertos feudos, expedidas por el rey D. Fernando en 1412, á favor del duque de Gandía, de las cuales se dice que éste había prestado juramento al monarca sobre la cruz y los cuatro evangelios, y rendido homenaje con la mano y con la boca, según los usages de Barcelona y las costumbres generales de Cataluña, que en su virtud prometía guardar y cumplir todas las cosas á que por dichos feudos habían estado obligados sus predecesores, según las cartas de infundación, y que el rey, accediendo á la súplica del duque, le investía personalmente de los mismos feudos, mediante la entrega de su propia espada, en los términos en que los habían tenido sus antecesores (1). Con esta misma fórmula daban y confirmaban los feudos á sus vasallos los señores particulares, pero era condición indispensable que mediasen entre ellos la entrega de alguna cosa feudal, para que fuera lícito el homenaje. El rey D. Jaime, considerando acto exclusivamente de su soberanía la recepción del vasallaje personal, prohibió aceptar homenaje de ningún ciudadano ni caballero á quien no se diera algo en feudo, só pena de quedar los contraventores á merced de la corona (2).

El que poseía en feudo tierra, lugar ó castillo, entendíase que tenía en ellos «potestad, paz y guerra, luismo y ladiga», como en la carta de infundación no se hubiera convenido cosa en contrario. Potestad se llamaba la posesión y mando, el cual, tratándose de castillo ó villa, se extendía á todo su término. El señor del feudo podía recobrarla habitando algunos días en el castillo ó pueblo feudal, como en reconocimiento de su dominio, ó apoderándose del feudo para apremiar ó castigar al vasallo rebelde ó moroso en el cumplimiento de sus promesas (3). Cuando el señor ocupaba el castillo sólo en reconocimiento de su señorío, debía devolverlo á su vasallo á los diez días, con los frutos entre tanto percibidos, menos el importe de los gastos que para su conservación hubiera hecho (4). Cuando lo tomaba como pena ó apremio al vasallo, podía retenerlo hasta que éste satisficiera lo que debiese. Si el feudatario negaba la potestad al señor, cuando se la exigía en señal de reconocimiento del señorío, ó si le rehusaba la firma de derecho en reconocimiento de su jurisdicción, cometía un delito de traición.

(1) Branchat, obr. cit., t. 2, p. 115.
(2) F. 8 y 9, lib. 9, rubr. 20.
(3) F. 23 y 24, lib. 9, rubr. 21.
(4) F. 4, lib. 9, rub. 21.
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y el señor podía tomarle la tierra y retenerla hasta que fuera reconocido su derecho y competentemente indemnizado de todos los gastos, daños y perjuicios (1).

Las tierras censatarias eran las más gravadas, pero con cargas diferentes según la calidad personal de sus poseedores. Las dájas á labradores sarabones participaban de la miserable condición de éstos, y por lo tanto apenas constituyen una propiedad verdadera. Aquellos desdichados colonos solían no hacer suyos los frutos que producían, sino en la parte que el mudable arbitrio del señor tenía á bien abandonarles. Estaban exentos por privilegio de D. Pedro III de pagar á la corona los 12 ó 20 sueldos y los demás tributos que pesaban sobre los hombres de su raza (2); mas era porque debían contribuir con ellos ó con otros mayores ó equivalentes á los señores de sus lugares. Eran, pues, casi siervos de la gleba.

Mejor condición disfrutaban los censatarios cristianos, que poseían y cultivaban sus tierras mediante pensión ó parte cierta de frutos, pues en pagando á sus señores lo convenido y cumpliendo las condiciones propias del enfeusis, según la legislación valenciana, no podían ser obligados á más. Eran hombres libres por naturaleza, y así no podía exigirseles sino aquello á que se habían comprometido por contrato. Entre los feudatarios de la corona, de que varias veces he hecho mención, se encontraban muchos terratenientes, con expresión de las heredades que poseían y del censo que por ellas pagaban, y á veces con la cláusula de no exigirseles ningún otro servicio. En 1273 dió el rey á Guillermo Amiguet, letrado, un huerto cerca de Sollana, por censo de 10 sueldos; á Guillermo Loarte, dos molinos á mitad de frutos; á Arnaldo Arenis, un pedazo de tierra á censo de una mastodiona, y de este modo otros muchos hornos, molinos y heredades.

Así como los feudatarios estaban obligados á dar la potestad de sus feudos á los señores, cuando éstos se la pidieran, en reconocimiento de su dominio, así los poseedores de tierras censatarias tenían la obligación de cabrevárlas, esto es, de mostrarlas á su señor y presentarles su título cada cuatro años ó cuando el señor se lo exigiese fuera de este plazo, si pagaba los gastos de la cabrevación (3). De este modo averiguaba el señor si la heredad se conservaba sin menoscabo ni deterioro, reclamaba en caso contrario la indemnización correspondiente y mantenía vivo su derecho

(1) F. I. 25, 26, 27, lib. 9, rubr. 21.
(2) Una de estas cargas era tomar y pagar la sal que forzosamente se les repartiese. Brancalt, obr. cit., t. 1, p. 14.
(3) Bas, obr. cit., part. 1.ª cap. 30, núm. 70.