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Revista de España (1874-03-01 00:00:00), página 335

XIII.

En cuanto al Maestrazgo y Cataluña, signió Cucala merodeando en su comarca; Santés con el grueso de su gente valenciana se dirigió por Minglanilla á la Motilla á operar en la Mancha, donde pretendieron reconcentrarse las partidas que merodeaban en ese territorio, y amenazar á Albacete u otra población de importancia, que se la daría á ellos: reuníronse las partidas alicantinas que mandaba Rico, Aznar, Alcober y Fuster, juntando un total de más de 1.500 hombres; recorrieron los pueblos de la marina cometiendo excesos; no aceptaron el ataque presentado por los liberales en las inmediaciones de Concentaina, y fueron por Ibi á Castella protegiendo el levantamiento de nuevas partidas, y les destrozó Portillo en Yecla con la décima parte de gente, prendiendo á tres de los jefes.

Rechazados Segarra y Vallés de Amposta, pretendieron que se normalizase la guerra, y se designaran pueblos donde cada fuerza militante estableciera sus hospitales de sangre respetados, y pedía Vallés con mucha cortesía que le ayudara la prensa. Esto prueba que ni en las montañas tenían sitio seguro los carlistas, por más que invadieran constantemente las llanuras, pero siempre evadiendo encuentros.

Donde más se ha ostentado la república federal ha habido más carlistas; así ha sucedido en las provincias de Cataluña, de Valencia, Alicante y Murcia; pero no han tenido los defensores de D. Carlos mejores fuerzas, aunque sí más, que las que llevó Quiñez en el verano de 1851; y aún cuando se apoderó de San Felipe de Játiva y de Albaida, no pudo penetrar en Alcoy, que era el punto objetivo de su expedición para proveerse de pañes. Un desterrado en Alicante, el general Nogueras, fué su salvador, y no por la fuerza de las armas, sino por la travesura de su inteligencia, salvándose no sólo Alcoy, sino todo aquel país, de las correrías de Quiñez, que tuvo que regresar batido á Cantavieja.

Reconcentráronse entre Amposta y Vinaroz los carlistas del Maestrazgo corriendose á la llanada de Castellón de la Plana, por ellos tan codiciada; tuvieron lugar de vez en cuando pequeños encuentros; pero no impidieron que sucumbiera Caspe, la famosa villa á que dio imperecedero nombre el célebre compromiso, y cuya adquisición, aunque momentánea, importaba á sus conquistadores. En la bifurcación de los caminos de Mequinenza, Alcañiz y Zaragoza, junto al Ebro y el Guadalupe y casi en el Maestrazgo,
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no podían tener mejor punto de partida para las excursiones todos los carlistas de aquella parte y los del campo de Tarragona, que pasaban el Ebro por Flix, Berrus, Fayon, Almetrel y sus inmediaciones de una y otra parte.

Pero hubo un hecho entonces más considerable, la ocupación de Cuenca por Santés, donde se apoderó de millón y medio de reales del Estado, amen de muchas cosas más, y todo esto habiéndose avisado al gobierno ocho días antes el intento de Santés, el inminente peligro, ó más bien la seguridad de que entraría en Cuenca y hasta pidiendo una escolta para traer á Madrid aquellos caudales.

Y era incomprensible el abandono de Cuenca, por ligada su serranía con la de Albarracín, y ésta con el Maestrazgo; y si no tienen ahora un Coñete y un Beteta, han podido realizar sus pretensiones de bloquear á Madrid, estableciendo sus centros en las sierras, de donde costará mucho desalojarlos. Pero liberales y carlistas no se cuidaban más que del día.

ANTONIO PIRALA.

(Se continuará.)
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DE LA ANTIGUA CONSTITUCION

DE LA

PROPIEDAD TERRITORIAL

EN LOS REINOS DE MALLORCA Y VALENCIA (1)

III.

RESTRICCIONES DEL DOMINIO.

El dominio de la tierra estaba limitado en Valencia como en otros reinos con graves restricciones de la facultad de enajenarlo en vida y en muerte, fundadas unas en el interés del Estado y otras en el de las familias. Estas restricciones afectaban así á las propiedades alodiales como á las feudales y á las censatarias, pero no en igual grado, puesto que las primeras eran más libres que las segundas, y éstas más que las últimas. Como al principio, según decía en sus diplomas el rey conquistador, «pertenecían todas las tierras al señorío de la corona,» pudo ésta constituir su dominio del modo que juzgó más adecuado, para que fuese el principal elemento de fuerza y conservación del nuevo reino. Siendo entonces la primera necesidad de éste promover su repoblación, asegurar su defensa y procurar que sus moradores contribuyesen con su hacienda á levantar las cargas públicas, á todo proveyó el rey D. Jaime, imponiendo condiciones determinadas á los nuevos dueños del suelo, según la calidad de sus propiedades.

Fué condición expresa del primer reparto de tierras, que los nuevos propietarios, tanto alodiales como de otra especie, no las enajenarían en el

(1) Véase el núm. 146 de esta REVISTA.
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término de cinco años, y las dejarían á sus hijos y parientes para que continuaran habitándolas. Verdad es que los más de ellos saltaron, según antes he dicho, á esta penosa obligación; pero si el mismo D. Jaime tuvo que eximirles de su cumplimiento en 1245 y aprobar las enajenaciones ilegalmente verificadas, en cambio impuso á los ciudadanos la prohibición de enajenar sus bienes raíces de toda especie, á eclesiásticos, religiosos y caballeros (1). Tal fué el precio de aquella casi forzosa gracia, pues si por una parte consintió el rey en que las propiedades de conquista salieran de las familias que las ganaron por tan glorioso título, hizo por otra que conservaran aquellas propiedades su calidad realenga, á fin de que no gozaran las exenciones perjudiciales á la corona que disfrutaban los bienes señoriales y eclesiásticos. Con este mismo objeto dictaron después los monarcas valencianos otras muchas disposiciones, en cuya virtud la ley de amortización fué más rigorosa y mejor observada en aquel reino que en otros de la Península.

Era fuero primitivo de Valencia que la heredad enajenada por contrato ó última voluntad á iglesia ó lugar religioso, se vendiera en el término de un mes. Después se prorrogó este plazo hasta un año (2), pero prohibiéndose dejar bienes raíces, por testamento, á clérigos ó religiosos, y ordenándose que los que les legasen los testadores pasaran á los herederos legítimos de estos (3). Luego quedó vedada toda enajenación, entre caballeros, clérigos y religiosos, de las heredades que por cualquier título poseyeran (4). Mas el espíritu religioso del tiempo, que pugnaba por sobreponerse al interés fiscal y político que dictara tales prohibiciones, logró pronto modificarlas con excepciones importantes. Así el mismo D. Jaime tuvo que facultar á los caballeros para dar por sus almas á la iglesia, en venta, legado ó donación, sus heredades alodiales, con lo cual quedó reducida la prohibición anterior á las heredades que los caballeros tuvieran por el rey á tributo cierto, ó con condiciones señaladas. También corrigió D. Jaime otro de sus fueros, que prohibía constituir censos á favor de la iglesia, permitiendo hacerlo para costear sufragios ó fundar capellanías (5). Después don Jaime II declaró en 1314, que según los Fueros del reino, era lícito á los eclesiásticos comprar á los caballeros las propiedades que no poseyeran á ti-

(1) Branchat, obr. cit. t. 2, privil. 4.
(2) F. 5, lib. 4, rubr. 19.
(3) F. 47, lib. 6, rubr. 4.
(4) F. 8, lib. 4, rubr. 19.
(5) F. 6, 7 y 9, lib. 4, rubr. 19.
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tulo de feudo ó con ciertas condiciones, ó mediante determinados servicios (1). Más adelante el rey D. Martín declaró en 1403, por regla general, que los clérigos particulares podrían adquirir por cualquier título bienes realengos, siempre que los destinaran á usos propios, pagarán las cargas reales y vecinales, se sometieran, en todo lo concerniente á ellos, á la jurisdicción real, y los dejaran por su muerte á personas seglares (2). Por último, cuando ya la ley de amortización no reconocía otro fundamento que el interés del fisco, se introdujo la práctica de conceder á las iglesias y corporaciones religiosas licencia para adquirir bienes inmuebles, mediante el pago de un impuesto, que en el siglo xv era de cuatro sueldos por cada libra del precio estipulado, y un sueldo por derecho de selio, y en el siglo xvi se aumentó á seis sueldos por libra, cinco por derecho de amortización, y el mismo sueldo por sello (3).

Entre seglares estaba también restringida la facultad de enajenar, por razón de la calidad de las personas, ó de las propiedades. Los alodiales podían venderse á ciudadanos, mas no las feudales ó censatarias, cuyo señorío directo correspondía á la corona. Antiguamente tampoco podían venderse propiedades realengas alodiales á ricos-hombres y caballeros, como no pertenecieran á estas mismas clases los vendedores; pero Alfonso III en 1329 alzó tal prohibición, permitiendo vender á los caballeros las tierras realengas y las de señorío del príncipe heredero ó de los hermanos del rey y sus sucesores y facultándolos para poseerlas con exención de los tributos de questa, cena, hueste, cavalgada, y de todo servicio real y personal, el tercio-diezmo, el monedaje y los censos impuestos sobre los mismos bienes (4). Los ciudadanos de Valencia disfrutaban el codiciado privilegio de poder comprar sus heredades á los caballeros y religiosos y poseerlos con iguales exenciones que los vendedores, excepto la de hueste y cabalgada. Los caballeros de la misma ciudad podían vender sus bienes á personas del estado llano, aunque no con aquella libertad de tributos, pero los que recuperaban después de enajenados, volvían á su poder con las mismas inmunidades que antes tuvieron (5). No les era permitido comprar heredades de los

(1) Branchat, tom. II, cap. 3, privil. 20.
(2) F. 15, lib. 4, rubr. 10.
(3) Bollinga, Speculum Principis, rubr. 14, vers. Restat—Carta de Carlos II al arzobispo de Valencia en Branchat, tom. II, cap. 3, privil. 57. D. Fernando VI y D. Carlos III mandaron que hasta nueva orden no se concedieran más privilegios de amortización.
(4) F. 26, lib. 8, rubr. 8, y F. 12, lib. 4, rubr. 19.
(5) F. 14 y 10, lib. 4, rubr. 19.
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los hombres depositarios del poder. Mal podían caer por pura conveniencia del rey cuando nadie desconocía que la política de resistencia envolvía el reposo del régio hogar comprometido, regicidios ciertos, conspiraciones irritadas, rebeliones formidables, un período de combate fiero; y si pudieran unirse á una tan lugubre perspectiva inconvenientes de mero trato personal, el carácter simpático, bondadoso, ameno, del jefe de los progresistas y del gabinete actual, el carácter violento, suspicaz, dominante del jefe de los conservadores y del futuro gabinete, no habían de inclinar más el monarca á un cambio de política. No titubeó, sin embargo, un príncipe esencialmente pacífico. Tuvo entonces una claridad de inteligencia y un ánimo varonil que le faltaron más tarde. Ojalá para bien suyo, de la Francia, de la Europa, hubiera sabido, adelantado su reinado, interrumpir la política conservadora, entenderse de nuevo con los hombres de 1831, una vez seguro el orden, robustecido el poder, regularizado el gobierno. Harto tónues han resultado ser en la esfera constitucional y legislativa las diferencias entre ambas políticas y ambos partidos, para que el régimen de Julio, no contara con uno y otro á fin de lograr una base suficientemente ancha y variada sin estrecharla con una longevidad conservadora peligrosa en la novelera Francia. Pero en 1831 estaba por cima de toda duda para el criterio tranquilo de una corona que la política conservadora era en aquel instante absolutamente indispensable para la consolidación de las nuevas instituciones. Todo trono tradicional ha de atender con preferencia á demostrar no es incompatible con las libertades públicas; todo trono levantado en una revolución ha de evidenciar pronto que satisface su única razón de ser, el constituir una prenda dada en tal sacudimiento á los intereses permanentes y pacíficos, condición tanto más natural en una monarquía cuanto que de una manera absoluta, y por radicales como por conservadores en las repúblicas mismas, si tienen alguna mira lejana y grande, se conviene en que un programa de progreso hace posibles las revoluciones y luego una política conservadora su afianzamiento. No de otro modo se fundó la gran república de los Estados Unidos de América: apenas constituido el poder ejercióronlo Washington y Adams como conservadores, y solamente trascurridos doce años entró Jefferson á iniciar la política de progreso. ¡Ah! si tal prueba afirmativa requiriera una contra prueba negativa, la constituiría plenísima una revolución española que no halló adversarios el día de su triunfo (tan desviado estaba el país de la personificación de antiguas y hermosísimas instituciones) y que ha llegado á caer en estremecimientos, impotencia, disolución, ruina y deshonra por haber aplazado con pertinacia
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vecinos de las villas, pero si permutarlas por otras suyas y aún comprarles alguna casa para su morada (1).

La enajenación de los bienes feudales estaba sujeta á más graves restricciones. El feudatario no podía vender ni obligar el feudo sin licencia expresa del señor; si lo verificaba, era nulo el acto y no podía el adquirente ampararse de la prescripción. Tampoco podía el señor enajenar su dominio directo ni su potestad sobre los vasallos á otra persona de menor caldad, ó á más bajo señor, como dice el fuero, sin consentimiento de los mismos vasallos.(2). El feudatario que vendía su feudo con la competente licencia, debía pagar al señor por luismo, la décima parte del precio, y el que lo empeñaba debía satisfacer por el mismo concepto, la vigésima parte de la cantidad recibida en préstamo. El señor, sin embargo, no podía retener el feudo enajenado sin su consentimiento ó sea por causa de fáliga, porque como dice el fuero, ninguno puede ser á la vez señor y vasallo de sí mismo, por razón de una misma cosa.

Los censatarios no podían tampoco enajenar ni obligar las heredades entitéicas, sin expreso permiso del señor directo, ni darlas á censo mayor ni menor, ni reconocer por ellas el señorío de otro, sin igual permiso; y si lo hacían, no sólo era nula la enajenación, sino que recobraba el señor su finca y podía disponer libremente de ella. Concedida la licencia para vender, tenía el señor fáliga de treinta días, esto es, derecho para optar en este plazo por la adquisición de la finca, entregando el precio que otro hubiera ofrecido por ella. También tenía derecho al luismo, computado del mismo modo que en los feudos. Estos derechos eran inherentes al contrato, y por lo tanto, los disfrutaba el señor directo, como no se hubiera estipulado lo contrario.

La facultad de disponer de los bienes para después de la muerte, tenía también sus limitaciones, ya á favor del Estado, ó ya en utilidad de las familias. Del primer género eran las contenidas en las leyes que prohibían dejar bienes por última voluntad á caballeros generosos, que no vivieran al fuero de Valencia; sin duda porque los que disputaban del fuero de Aragón no estaban tan dependientes de la corona, por razón de sus heredades como los que se regían por la legislación valenciana. Tampoco era permitido, según antes se ha visto, dejar bienes inmuebles por herencia ó legado á iglesias, eclesiásticos y religiosos, aunque sí su precio.

(1) F. 11, ibid.
(2) F. 7 y 8, lib. 9, rubr. 21.
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El derecho de testar se hallaba también limitado en beneficio de las familias, por las leyes que señalaban la legítima de los hijos y descendientes; pero estas leyes no hubieron de ser bien recibidas por los primeros pobladores y fueron pronto reformadas, para favorecer la libertad de los testadores. Tornado en su mayor parte el fuero valenciano de las leyes catalanas y las aragonesas, prevaleció en unos puntos el derecho de Aragón y en otros el de Cataluña. Optó por este último el legislador D. Jaime en cuanto al derecho de testar, señalando en su consecuencia á los hijos una porción legítima, de la cual no podían ser privados, sino mediante desheredación expresa. Según los fueros del conquistador podían disponer libremente de sus bienes por testamento, los que no tuvieran hijos de legítimo matrimonio; mas los que los tuviesen habían de reservarles por lo menos, una tercera parte del caudal, si eran los hijos menores de cinco, ó una mitad si excedían de este número, pudiendo distribuir á su arbitrio todo lo restante. Era lícito desheredar á algún hijo, pero no sino por alguna de las siete causas que determinaban las leyes (1). La madre debía distribuir su dote entre los hijos, por partes iguales ó desiguales, aunque aquellos fuesen de distintos matrimonios, y sus douaciones propter nuptias, sólo entre los hijos del padre de quien procediesen. Igual obligación tenía el padre para con los hijos de diferentes matrimonios, respecto á lo que hubiere adquirido de sus distintas mujeres. A falta de hijos, debía el testador reserver á sus padres, como porción legítima, la tercera parte de su hacienda. En defecto de hijos y de padres tenían derecho los nietos, si los hubiese, á la misma legítima (2).

Nótase sin embargo al parecer cierta antinomia entre estas disposiciones y una ley del mismo conquistador D. Jaime, que facultaba aún á los padres con hijos legítimos, para disponer por testamento ó entre vivos de todos sus bienes (3). Pero como esta ley se halla comprendida en el mismo código en que se insertaron los fueros concernientes á las legítimas, debe considerarse la declaración que contiene como un principio general restringido después en su aplicación, por dichos fueros. Quiso pues D. Jaime establecer por regla general la libre comunicación del dominio, pero reservando á los descendientes y ascendientes, cuando los hubiese, alguna parte en la herencia. Tal fué también, el principio adoptado en Cataluña.

(1) F. 47, 46, 49 y 31, lib. 6, rubr. 4, y F. 15, libr. 6, rubr. 9.
(2) F. 48, lib. 6, rubr. 4.
(3) F. 29, lib. 6, rubr. 4.
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Mas esta legislación no hubo de ser bien acogida, según antes he dicho: la aragonesa que permitía testar libremente, con tal de que los hijos no fuesen preteridos, dejándoseles cualquiera cosa en el testamento paterno, hubo de hallar más favor entre los pobladores del reino valenciano, y por eso no llegó á arraigarse la primera. Cediendo al fin D. Pedro II al influjo del derecho aragonés, corrigió los fueros citados de D. Jaime, permitiendo á los testadores disponer libremente de todos sus bienes entre hijos, parientes ó extraños, sin la obligación de reservar ninguna parte cierta por razón de legítima (1). Luego el rey D. Martín, tomando en cuenta las instancias de los que estimaban extremada esta libertad, la restringió un tanto, ordenando en 1403, que los testadores que tuviesen hijos ó padres, no pudieran sin desheredarlos expresamente en su testamento, ó sin dejarles cualquiera cosa, aunque fuese con gravámen de sustitución ó vínculo, disponer libremente de toda su hacienda (2). Esta prescripción tomada del derecho aragonés, se completó más tarde, con la jurisprudencia del mismo origen, que consideraba nulo el testamento del padre en que no se dejaran á algun hijo cincuenta sueldos por lo menos, de legítima. Luego se admitió también en la práctica una regla de igual origen, que no permitía á la mujer casada en segundas nupcias, legar á su marido mayor parte de herencia que la que dejara al menos favorecido de los hijos del primer matrimonio. En la misma forma se introdujo la prohibición de instituir heredero al hijo natural, habiéndolo legítimo. Entre los eclesiásticos se consideraba obligatoria la costumbre, si hacían testamento, de dejar en él alguna cosa al arzobispo de Valencia (3).

La ley concedía al cónyuge sobreviviente derechos que limitaban también la facultad de disponer en testamento. El viudo y la viuda nobles podían exigir alimentos al heredero del cónyuge difunto, mientras que no pasaran á segundas nupcias, y en tanto que la viuda viviese honestamente. El hombre que no vivía del trabajo de sus manos, si enviudaba, podía retener la dote de su mujer, mientras que no contrajese nuevo matrimonio, y si lo contraía, no estaba obligado á restituir más que la mitad de la dote á los herederos de la primera mujer, afianzándoles para después de su muerte, la restitución de la otra mitad. Las arras y donaciones espousalicias podía también conservarlas la viuda durante su vida, si den-

(1) F. 51, lib. 6, rubr. 4.
(2) F. 52, lib. 6, rubr. 4.
(3) Bas, obr. cit. pár. I, o. 28.
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tro de un año, no contraía segundo matrimonio y vivía honestamente (1).

Por último, de la edad y condiciones que la ley exigía para hacer testamento, resultaba otra limitación de este derecho. Nadie podía testar áoles de cumplir 15 años; pero el que lo hacía antes de los 22, estaba obligado á dejar á los parientes más próximos las cuatro quintas partes de su herencia, no pudiendo disponer sino de la quinta restante. La hija casada, cuyos padres se hallaran en la ciudad ó en su término, no podía testar legítimamente, sino en su presencia, si bien lo que disponía de este modo era válido, aunque los padres lo contradijesen (2). Por donde se ve, que si al fin prevaleció la costumbre aragonesa, en cuanto á la libertad de testar, fué con algunas restricciones inspiradas por la legislación de Cataluña.

El orden de suceder ab intestate, se acomodaba en su mayor parte al establecido por Justiniano, pero mezclado con algunos vestigios del sistema feudal. También era diferente según que los bienes tenían la calidad de alodiales ó feudales. En los primeros sucedían, muerto el padre, los hijos legítimos, por iguales partes, con exclusión de los naturales; en su defecto, los nietos y descendientes más próximos; por su falta, los padres ó ascendientes más cercanos, sin distinción entre los paternos y los maternos. Pero si con éstos concurren hermanos enteros del difunto ó sus hijos, heredaban unos y otros con igualdad, si bien los sobrinos no tomaban más parte entre todos, que la que habría correspondido á su padre, si viviese. No habiendo descendientes ni ascendientes, sucedían los hermanos por iguales partes, así los de padre y madre como los de padre ó madre solamente; pero con la singularidad de que en este caso no concurren con ellos los sobrinos, hijos de un hermano premuerto, cualquiera que fuese el tronco de donde descendieran los bienes. En defecto de hermanos sucedían los pacientes más próximos, sin limitación de grados; no habiéndolos, el cónyuge superviviente, y por su falta los lugares pios, según la distribución que los tribunales, con el consejo de hombres buenos, hicieran de los bienes. En ningún caso había diferencia entre varones y mujeres para el efecto de estas sucesiones (3). Al menor de 15 años, nacido después de muerto su padre y que no podía testar, sucedían los más próximos parientes del padre en los bienes que de éste tuviese, y los más próximos de la madre en los que dejará procedentes de ella, pero quedando á salvo la legítima de

(1) F. 39, lib. 6, rubr. 4. F. 25, lib. 5, rubr. 5: 11, lib. 6, rubr. 6: lib. 5, rubr. 2.
(2) F. 5 y 11, lib. 6, rubr. 3.
(3) F. 1 y 2, lib. 6, rubr. 5.