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Revista de España (1874-01-01 00:00:00), página 29

la sucesion ab intestato de los vasallos atribuida al señor (intestia); la participación de éste en la dote confiscada por causa de adulterio (cugucia); la sucesion forzosa de los vasallos que morían sin descendientes, atribuida también al señor (xorquia) (1); el servicio de nodrizas que debían prestar las vasallas (arcia), y la ínfime prestacion de la primera noche de boda, según antes fué descrita (arma de spoli forzado), con los demás tributos y servidumbres á que alcanzaba la denominacion de malos usos. Para resarcir en lo posible los perjuicios y menoscabos de los señores, mandó además el rey que por cada uno de dichos malos usos, pagase cada vasallo sujeto á ellos, sesenta sueldos ó un censo sobre las respectivas heredades, equivalente al 5 por 100 de este capital, redimible al mismo tipo, facultando á los que ya habían convenido particularmente en conmutar aquellas servidumbres por rentas perpétuas, para redimirlos en iguales términos. Prohibió á los señores maltratar á sus vasallos, declarando que si alguno lo hiciese, sería responsable civil y criminalmente ante las justicias reales, aunque sin entenderse por eso menoscabada la jurisdicción señorial en aquellos que la tuvieran. Prescribió á los vasallos el juramento de fidelidad y homenaje á sus señores, siempre que fueran requeridos á reconocer que tenian de ellos sus casas, masías y heredades, aunque sin quedar obligados por este acto, á pagar tributo ni á prestar servicios, ni á contribuir con préstamos extraordinarios ni donativos forzosos, á menos que ello los otorgaran voluntariamente, y conservando en todo caso la facultad de abandonar el solar y la tierra del señor en los términos antes indicados. Eximió finalmente á los vasallos de todos los demás impuestos y servicios personales antes referidos, dejando tan sólo subsistentes los censos, diezmos, primicias, tascas y otros gravámenes reales, cuya ilegalidad no se probará con documentos auténticos, y aún los personales, cuando hubieran sido reconocidos por escrito ó cabrevados, á menos que la cabrevacion se hubiera verificado por fuerza ó fraude ó sin título legitimo, y esto se justificara en el término de cinco años (2).

Mas era tal el furor con que se peleaba en aquella guerra, que ni el ajuste del compromiso, ni la sumisión ofrecida por ámbas partes al laudo régio bastaron para que entretanto suspendieran los payeses sus hostilidades; antes al contrario, las renovaron entonces con mayor encarnización, entrando por fuerza en los lugares de la corona, degollando á muchos ca-

(1) Del Intestia y del Xorquia se tratará mas extensamente en otro artículo.
(2) Sent. arbitr. n. 1 al 15.
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que fuesen por otra parte la autoridad del uno sobre los naturales y moradores del reino y la de los otros sobre sus vasallos, según la calidad y la naturaleza de la causa litigada.

Era regla fundamental del procedimiento que todos los hombres debían comparecer en juicio ante su respectivo señor, empezando por prestar una fianza llamada firma de derecho. La cuantía de esta fianza era proporcionada á la calidad de la persona que debía prestarla y al número de castillos, feudos ó caballerías de tierra que poseyera. Su objeto en cuanto al actor, era garantir su asistencia al juicio en el término de dos meses, y el pago de una multa igual á la décima parte del importe de la demanda, en el caso de ser veucido en el pleito: y en cuanto al demandado, asegurar el cumplimiento de la sentencia, si le era contraria. Los condes, los vizcondes y los comitores, como sujetos á la inmediata jurisdicción del soberano, debían firmarle derecho con una fianza de cien onzas de oro por cada castillo de los que poseyeran: los caballeros debían firmar á sus respectivos señores afianzando diez onzas de oro por cada caballería de tierra y por cada castillo y una sumi proporcionada al valor de los feudos menores que disfrutaran: los vasallos labradores ó colonos afianzaban sólo por cinco sueldos, y los vasallos sin tierra, ni más vínculo con el señor que el personal del homenaje, cinco onzas de oro (1). Era tan inherente esta obligación al dominio de la tierra, que los reyes de Aragón firmaban derecho al obispo de Vich, por ciertos feudos que de él tenían (2).

Los límites de la jurisdicción variaban, como he dicho, según la naturaleza de la causa y la calidad de las personas que intervinieran en ella. Unos poseían la jurisdicción plena, alta y baja, con mero y mixto imperio: otros la jurisdicción civil, con el mixto imperio, llamada baja, y otros solamente la simple jurisdicción civil. La plena facultaba para conocer de todas las causas é imponer todos los castigos, incluso el de muerte; la baja autorizaba para conocer de todos los pleitos civiles, cualquiera que fuese su cuantía, de los negocios llamados hoy de jurisdicción voluntaria y de ciertos delitos menores, que se castigaban con multa; la simple jurisdicción civil no daba competencia sino para conocer de ciertas faltas penadas con multas, que no excedieran de cinco sueldos, ó azotes sin efusión de sangre, de los juicios verbales y de los emparamientos de feudos, ó sea el secuestro temporal de ellos, cuando el vasallo cometía ciertas faltas (3).

(1) Usag. Omnes homines. Constit. vol. I.º lib. 3, n. 1.
(2) Calicio, In usat. Omnes homines. Antiq. Barchinon. U'satici, etc.
(3) Cancer. Var. Resolutions. Para 2.º, c. 2, n. 46 al 55.
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Al rey correspondía la jurisdicción plena en las tierras de la corona, y el mero imperio solamente en las de señorío, excepto aquellas cuyos dueños disfrutaban también esta potestad por privilegio ó costumbre. Tales eran el conde de Urgel, el de Ampurias, el de Pallars y otros condes y barones (1). Los señores feudales no tenían, pues, en virtud de este título, mero imperio, ni alta jurisdicción criminal, ni podían imponer penas de sangre; pero sí disfrutaban jurisdicción baja en los pleitos y causas de sus vasallos soliu, que no dieran lugar á tales penas, ni afectaran á feudos ajenos (2); en todos los pleitos de sus vasallos non soliu, sobre bienes de sus feudos, ó con ocasión de éstos, y en los de sus colonos labradores ó enfeustas por razón de sus tierras. Si uno de los litigantes era hombre libre y otro vasallo, el señor de éste debía conocer de la causa. El que tenía feudos de distintos señores, estaba sujeto á la jurisdicción de aquel de quien era vasallo soliu; y no siéndolo de ninguno, á aquel de quien tenía el mayor feudo (3). Lo que no podía ningún señor era hacer comparecer en juicio al vasallo, fuera de sus tierras propias.

Ni dejaba de ser juez competente el señor, aunque fuera parte en la causa de su vasallo, siempre que ésta versara sobre cuestiones relativas al feudo, ó sobre hechos ejecutados en desprecio ó menoscabo de su autoridad; mas entonces debía cometer el conocimiento del asunto á los pares de su contendiente, ó sea á jueces elegidos entre sus iguales en estado y condición. El rey mismo no estaba exento de ofrecer á sus vasallos, en los pleitos en que era parte con ellos, esta garantía importantísima de independencia e imparcialidad judicial. Así decía D. Pedro II en una Constitución de 1285: «Todas las causas feudales que tengamos con los barones ó con los caballeros de Cataluña, las haremos juzgar por los pares; esto es, los barones por los barones, los caballeros de un escudo por los caballeros

(1) Montejudaico In Usat. Ex magnatibus. Este usage prohibe á los magnates, que eran los vizcondes, comitores y valvasores, imponer la pena de muerte. El usage Qui justiciam reservá á las Potestades, que eran según los intérpretes, los condes soberanos, tales como el de Barcelona, el de Urgel, el de Ampurias, el de Pallars y algunos barones, la facultad de hacer justicia en los homicidas, adulteros, envenenadores, ladrones y traidores.

(2) Usage Placiare vero, el cual dispone que los vizcondes, comitores, valvasores y caballeros litiguen ante el conde en los pleitos que con él ó entre sí tuviesen, y que por regla general litigue cada uno ante el señor de quien sea vasallo soliu (Calicio, comentario á dicho usage. Costum. 43, t. 27, lib. 4, vol. 1, Const.) Jaime II declaró en 1291 que nadie sería obligado á litigar por los honores que poseyera, sino ante el señor de quien los hubiera recibido. (Const. 6, t. 2, lib. 3, vol. 1.)

(3) Glosa á dicho usage Placiare y comentario de Calicio al mismo.
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de otro escudo; y que los dichos pares puedan elegir asesores no sospechosos (1). Mas si el vasallo de quien había algo que reclamar, lo era adscripción, podía el señor, cualquiera que fuese el motivo y el objeto de la causa, nombrar juez de ella á cualquier persona, ó sentenciar por sí mismo, sin forma de juicio, porque según decía un jurisconsulto contemporáneo, estos desdichados vasallos podían ser tratados en su persona y bienes al libre albedrío de sus señores (2).

No se crea, sin embargo, que la jurisdicción feudal, propiamente dicha, dependía también en algunos casos, de la calidad de las personas, y su categoría. Si alguna duda pudiera caber en este punto, la desvanecería una Constitución promulgada por D. Jaime II en 1311, en la cual se declaró que cuando un castillo ó lugar poblado de vasallos se trasmitiera por cualquier título, á persona inferior á la que antes hubiese tenido, como de un caballero á un simple ciudadano, ó á un villano, se entendería trasmitida también al nuevo dueño, la jurisdicción competente para conocer de todas las causas feudales de los mismos vasallos (3). Esta jurisdicción se transfería, pues, como se transfieren hoy los derechos reales constituidos sobre los bienes inmuebles.

La jurisdicción civil en las causas no feudales y la criminal no eran atributos esenciales del dominio de los feudos, y por eso aunque fuesen también unidas á cualquiera especie de dominio, solían depender de otras circunstancias, como el privilegio ó la costumbre. Cuando en un lugar de feudo, ganaba el señor por merced ó otro título, la jurisdicción ordinaria, cesaban todas las limitaciones propias de la feudal, confundiéndose ambas en una sola (4). Y en virtud de ella conocía entonces el señor de todas las causas civiles y criminales, que no excluía la especie de jurisdicción ganada. Las mercedes reales y la prescripción inmemorial eran los títulos que más frecuentemente contribuían á ampliar de este modo las jurisdicciones feudales y á poner casi toda la autoridad pública en manos de los propietarios. En vano los jurisconsultos, interpretando estrictamente los textos legales, sostenían que el mero imperio no era prescriptible contra el soberano, si era comunicable á su voluntad y podía prescribirse contra otros particulares que antes lo poseyesen, y si eran, á no dudarlo, prescriptibles por más

(1) Const. 3, t. 27, lib. 4, vol. 1.º
(2) "Sine judicio poterit (dominus) eos ad libitum tractare, et bona ejusdem" Montejudicato, In usat. Omnes homines.
(3) Const. 4, t. 27, lib. 4, vol. 1.º.
(4) Calicio, In usat. Placitare.
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ó menos tiempo, el mixto imperio y la simple jurisdiccion (1). Con estas facilidades para la prescripcion, con la doctrina jurídica que declaraba privativa y no acumulativa con la ordinaria, toda jurisdiccion desprendida de la corona (2); y con la opinion comun antes enunciada, que estimaba otorgada con jurisdiccion, toda tierra concedida por el rey, salvo reserva expresa en contrario, vinieron á conocer los señores feudales de una parte muy considerable, la mayor quizá, de los pleitos y causas del Principado.

Correspondian á la jurisdiccion ordinaria del rey todas las causas civiles y criminales de sus vasallos propios y muchas de los vasallos ajenos, cuyos señores no tenian la necesaria para conocer de ellas. Tambien disfrutaba el rey cierta potestad eminente sobre todos los habitantes de su territorio, á fin de mantener entre ellos la paz y la justicia. Era juez único de sus propios vasallos en todas las instancias, por el doble título de señor y de soberano: écalo asimismo tambien en todas las instancias de los vasallos ajenos, pero sólo en determinadas causas, y por el mero título de soberano del territorio, aun en aquellos lugares en que habia perdido ó nunca habia ganado la plenitud de la soberania. Como cabeza ó señor de los príncipes, magnates y caballeros con quienes compartia su potestad, era el regulador supremo de la justicia, puesto que se habia reservado la facultad de conocer de las apelaciones y quejas de sus jueces delegados y de la mayor parte de los señores jurisdiccionales.

Ejercia el rey su jurisdiccion en primera instancia por medio de los vegueres ó vicarios, segun su denominacion latina, y de los bayles; y en segunda ó última, por medio de sus jueces de corte, ó de la Real Audiencia, ó por sí mismo. Para este efecto se hallaba dividido el territorio de Cataluña en distritos llamados veguerías, de varía extension, segun que comprendian ciudades ó villas. Dentro de las veguerías se encontraban á veces, aunque con grande irregularidad, otras demarcaciones menores, llamadas baylias, en las cuales ejercian los bayles casi toda la jurisdiccion. Fueron estos probablemente en su origen los delegados del rey, para el ejercicio de su jurisdiccion civil, en las causas sobre feudos de la corona y para la exaccion de los derechos y servicios feudales, así como los vegueres ejercian la jurisdiccion real en todas las demás causas que eran de su competencia. Mas confundiéndose con el transcurso del tiempo las dos personalidades

(1) Usag. Hoe quod juris est y su glosa ordinaria con el comentario de Montejudai- co y de Guillermo Vallello.
(2) Cancr. Var. Resolut. Para 2, o. 2.
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del monarca, como señor territorial y como soberano, se confundieron también las potestades que de cada una de ellas emanaban, y por lo tanto las atribuciones de los delegados que las ejercían. Así tuvieron muchos bayles la misma jurisdicción que los vegueres en sus respectivas demarcaciones.

Hallábase Cataluña á la sazon poblada de castillos, nombre que se daba á cualquiera fortaleza con su término jurisdiccional, en que habitaba una población, á veces muy numerosa y con vastos terrenos de labor y de pasto. Pertenecían al castillo todos los que tenían su domicilio en esta demarcación territorial, los cuales por este solo hecho, se constituían en cierta dependencia más ó menos estrecha, del caudillo que tenía á su cargo la fortaleza, ora fuese dueño alodial, ora señor feudatario ó simple alcaide ó delegado amovible y temporal del monarca. Pero de cualquier modo que los castillos se poseyesen, debían depender de alguna veguería, para los efectos de la potestad que según los casos, correspondía en ellos á la corona. Según era el título en cuya virtud poseía el castillo el que lo tenía á su cargo, así era más ó menos estrecha esta dependencia del veguer y la de los habitantes del distrito. Si el jefe de la fortaleza era señor alodial del término, con jurisdicción no feudal, la autoridad del veguer era excepcional y limitadísima, al paso que si la tenía como feudó de la corona, sin más jurisdicción que la propia del mismo, ó en tenencia ó encomienda, y por lo tanto sin jurisdicción feudal, era respectivamente, la del veguer mucho más extensa.

Los bayles dependían también de los vegueres, en cuanto al ejercicio de la jurisdicción criminal, y estaban sujetos á ellos en sus pleitos, como particulares (1).

Había además en algunas parroquias y villas de las que formaban las veguerías, sub-vegueres y sub-bayles, que eran, como lo indica su título, unos delegados de los bayles y de los vegueres. Estos nombraban los sub-vegueres, pero solamente allí donde la antigua costumbre les autorizaba á ello, porque en otras partes correspondía su nombramiento al rey (2). Los sub-bayles eran á su vez, nombrados por los bayles, bajo cuya responsabilidad debían actuar (3). El rey nombraba los vegueres y los bayles, excepto el veguer de Vallés, cuyo nombramiento correspondía al de Barcelona, y dependía de él, por especial privilegio (4).

(1) Mieres, Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathalonice, Part. 2.º Collat. 6.º, cap. 23 y Collat. 9.º, c. 35.
(2) Mieres. Obr. cit. Part. 1.º Collat. c. 10. - Const. 13, t. 43, lib. I, vol. I.
(3) Const. 13, ibid.
(4) Const. 2, t. 23, lib. I, vol. 2. D. Alfonso II en 1289.
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Los vegueres ejercian su jurisdicción civil y criminal con el auxilio de asesores letrados, que nombraba el rey y se renovaban cada tres años (1). Conocían sin forma de juicio y sin apelación, de las causas que no excedían de 50 sueldos, y en juicio verbat, de las de menos de 20 libras (2). Eran jueces ordinarios, así en lo civil como en lo criminal, de los barones, de los nobles, de los caballeros, de los hombres llamados de parada y de todos los que ejercían alguna jurisdicción señorial y no estaban sujetos á la de otro señor, pues si la tenían en tierra enclavada dentro de algún condado ó baronía, no era el rey su juez, sino el conde ó el barón (3). Los huérfanos, las viudas y los pobres, estaban bajo su protección especial. Su autoridad, así como la de los bayles, conservaban de tal modo el carácter de delegadas, que cuando el gobernador general ó su teniente se hallaba en alguna veguería ó bayllía, podía conocer de todas las causas pendientes en ella (4).

Las facultades judiciales de los vegueres respondían cumplidamente á los fines principales de la jurisdicción real en tiempos de feudalismo, que eran: primero, administrar justicia en todas las instancias á los hombres no sujetos á señores; segundo, procurar que los señores la administraran rectamente; y tercero, castigar los grandes crímenes, para cuya represión solía ser la jurisdicción señorial insuficiente. Al primero de estos fines correspondía la jurisdicción civil de los vegueres para conocer de los pleitos no feudales entre vasallos, cuyos señores tenían únicamente jurisdicción feudal: de las acciones personales entre señores y enfiestas ó censatarios: de las cuestiones de estado, en que se disputaba el de vasallaje: de los pleitos sobre deudas de barones y caballeros, y de la ejecución de las sentencias de árbitros ó delegados (5).

Al otro fin de la jurisdicción real, de procurar se hiciera recta justicia en los hombres no sujetos inmediatamente al rey, correspondía la competencia de los vegueres para requerir á los señores á que juzgasen á sus vasallos, cuando éstos se quejaran de denegación de justicia: para entrar y

(1) Los asesores del veguer de Barcelona eran, sin embargo, nombrados por ésta y los Concilieres de la ciudad. Const. 1, 2 y 6, t. 44, lib. 1, vol. I, D. Jaime II en 1284.
(2) Const. 2, D. Pedro III en 1363 y Const. 3, D. Fernando II en 1493, t. 1, lib. 3, vol. I.
(3) Mieres, Apparatus sup. Const. Pars I.*, Collat. 2.*, c. 55.
(4) Const. 2, t. 37, lib. 1, vol. I, D. Pedro III en 1358.
(5) Montejudicato, In usat. Omnes homines. Const. 4, t. 2, lib. 3, vol. I.* D. Pedro II en 1223. Calicio, In usat. Placitare vero. Mieres. Obr. cit. p. 1.* Collat. 3 a. 14.
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hacer represalias en tierras cuyo señor, después de requerido por el veguer, rehusara conocer de alguna causa entre sus vasallos, ó de alguna demanda, que por deudas, dedujese contra él algún vasallo del rey; y para conocer de algunas apelaciones de sentencias dictadas por los señores (1). Tales eran las que decidan en primera instancia y con el concurso de los pares, causas feudales, si no había señor superior á quien apelar, ó causas por acciones personales no feudales, entre el señor y el vasallo, ó por daños ocasionados en bienes de feudo (2).

Al último fin de la real jurisdicción, de reprimir los grandes crímenes, correspondía la jurisdicción criminal ordinaria y extraordinaria de los vegueres, de que trataré adelante. Pero no concluiré este asunto sin hacer notar que la jurisdicción civil de los vegueres hubo de ser ejercida en su origen y en parte al méncos, por jueces nombrados para cada caso por los mismos litigantes. La antigua jurisprudencia catalana atribuía á dos ó más de estos jueces el conocimiento de las causas llamadas comunes, que eran todas las que no debían ventilarse ante la jurisdicción senorial. Así un usaje que determinaba las instancias que habían de tener los juicios, dice expresamente que «pronunciada la sentencia por los jueces elegidos por ambas partes...» podrá revocarse, etc. (3) Mas como en el siglo xiv no solía practicarse ya esta elección, dió aquel usaje lugar á dudas entre los glosadores. Calicio, sin embargo, lo consideró acertadamente como reliquia de la legislación visigoda, de la cual se conservó gran parte en la catalana. Y en efecto, según la ley 13, tit. 1.º, lib. 2.º del Forum judicum, podían los litigantes elegir sus jueces, nombrándolos en escritura firmada por tres testigos. Pero lo que no hubo de advertir Calicio, y da más autoridad á su opinión, es que Ludovico Pio en su rescripto de 814, y Carlos el Calvo en el suyo de 844, confirmaron la ley visigoda, ordenando el primero que las causas menores de los españoles se decidieran por jueces elegidos por las partes, y el segundo que todas las causas, excepto las de homicidio, incendio y rapto (cuyo conocimiento pertenecía á los condes), en que fueran parte los españoles, se decidieran con arreglo á sus leyes, por ellos mismos (4).

(1) Calicio. In usat. Placitare. Miess. Obr. cit. p. L.º Collat. 2.º o. 43.
(2) Calicio. In usat. Placitum Judicatum.
(3) Usag. De omnibus causis. "Et judicia data a judicibus ex utriusque partibus electis."
(4) Licet eis (Hispaniis) secundum eorum legem de aliis hominibus judicia terminare. (España sagr., t. 29, apénd. 11.—Marca. lib. 3, c. 19, n. 6.
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No es fácil hoy comprobar el uso que hicieran los españoles de este derecho en los tiempos anteriores á la publicacion de los usajes, pues aunque las sentencias que de aquella remota edad se conservan, aparecen dictadas «por jueces mandados para dirimir las causas,» según la expresion de los diplomas (qui jussi sunt dirimere causas), juntamente con el conde, los pares y otras personas, esta frase parece indicar más bien el nombramiento de tales jueces por los condes, para fallar todas las causas que habían de verse en una audiencia ó sesión del tribunal, que el hecho de haber sido aquellos designados para una sola causa, por las partes en ella contendientes. Esto se infiere también de las sentencias que se conservan de los siglos xi y xii, las cuales aparecen ya dictadas por jueces elegidos por los respectivos condes, cuando éstos no las pronunciaban por sí, acompañados de prelados y de otras personas á quienes no se daba el dictado de jueces. Mas aunque en el siglo xi no estuviese derogado este derecho, puesto que hacen mención de él los usajes publicados entonces, hubo después de caer en desuso, cuando los jurisconsultos catalanes de los siglos xiii y xiv no acertaban á explicar satisfactoriamente las palabras del usaje que á él se refería. Sólo Calicio, que era el más docto de ellos, le atribuyó el origen antes indicado, añadiendo que en su tiempo se presumía que los litigantes nombraban y aprobaron para sus respectivas causas, á los jueces ordinarios, cuando no los recusaban por sospechosos, ni procuraban sustituirlos con otros (1).

X.

PREDOMINIO DE LA JURISDICCION REAL SOBRE LA SEÑORIAL.—PACHES Y TREGUAS DEL SEÑOR.—PROCESOS DE SOMATEN.

Aún más extensa que la civil era la jurisdicción criminal de los vegueres, pues comprendía el mero y mixto imperio, al cual estaban sujetos no sólo los vasallos directos del rey, sino todos los naturales, cuyos señores no tuvieran sobre ellos igual potestad. En su virtud, juzgaban aquellos funcionarios en instancia primera, todos los delitos que cometían dentro de su territorio, los hombres no sujetos por ellos, á la jurisdicción de sus señores particulares. Y como el mero imperio no era inherente al dominio feudal, puesto que correspondía de derecho al rey, y no lo tenían más que algunos señores por privilegio ó costumbre, no eran pocos los hombres su-

(1) In usat. De omnibus causis.