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ambos y la dote y arras; y si el tal hijo moría después de los 15 años y sin testamento, sucedían la madre ó los parientes más próximos. Cuando el puber moría dejando bienes vinculados paternos ó maternos, los sustitutos heredaban solo las dos terceras partes de ellos, por cuanto la restante era legítima del menor. De ésta debían tomar el padre y la madre el tercio, por razón de su legítima y los otros dos tercios correspondían á los parientes más próximos en la línea de que procedían los bienes (1). La viuda sin dote, ni hijos, cuyo marido moría sin testamento, podía reclamar el 7 por 100 de la herencia y si tenía hijos le correspondía optar entre este derecho ó vivir en compañía de ellos con los bienes del marido (2). Por antigua costumbre el arzobispo de Valencia sucedía á los eclesiásticos que morían intestados en todos los bienes muebles, acciones y derechos, no quedando para los parientes más que los inmuebles (3).

En cuanto á los feudos, conservó la legislación valenciana el orden de suceder establecido por el derecho común feudal. El señor de un feudo podía libremente nombrar sucesor en su testamento; mas si moría sin hacerlo, correspondía al rey confirmar en la sucesión del feudo á aquel de los herederos legítimos del difunto que más fuese de su agrado. Si el feudatario no dejaba hijos varones, podía el rey, sin embargo, otorgar la sucesión á alguna de las hijas, siempre que se obligara á prestar el servicio propio del feudo. Cuando moría el vasallo sin hijos, elegía el señor entre sus parientes más próximos el que hubiera de sucederle en la posesión de los bienes feudales. Si moría el señor, debían los vasallos presentarse ante su sucesor en el término de un año, á fin de rendirle homenaje como hombres suyos, con la mano y con la boca y recibir de él los bienes que tuvieran de su causante. Los vasallos que no cumplían este deber, si eran mayores de 20 años, perdían sus feudos. El sucesor del vasallo debía también presentarse ante el señor en el mismo término y bajo igual pena, á fin de pedirle la investidura del feudo y rendirle homenaje. El señor debía dársela en tal caso, más sin perjuicio de tercero de mejor derecho (4). Por lo tanto, el orden de suceder en los feudos dependía principalmente de la voluntad de los señores, por el interés que estos tenían en que tales propiedades estuviesen siempre en manos fieles y capaces de prestar los servicios

(1) F. 9 y 10, lib. 8, rubr. 5.
(2) F. 14, lib. 5, rubr. 1.
(3) Bas, obr. cit. part. I.º cap. 26, n.º 90.
(4) F. 12, 13, 14, 15, 16 y 22, lib. 9, rubr. 21.
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debidos. Se reconocía hasta cierto punto, en esta sucesión, el derecho de los hijos y aún el de los parientes, pero dando siempre á los señores el de elegir entre ellos.

A los vasallos sarracenos sucedían en primer lugar sus hijos y en segundo sus propios señores. Verdad es que D. Pedro II les dió privilegio para que entre ellos, como entre los cristianos, sucedieran los parientes más próximos, aunque fueran unos vasallos de la corona y otros de señorío particular. Pero el rey D. Martín, á petición de los brazos militar y eclesiástico, que se quejaron de que el bayle de Valencia demandaba las herencias de los moros de los señores para otros de diferentes lugares, proveyó en 1403 que el privilegio de D. Pedro no se entendiera concedido en perjuicio de la corona, ni de los individuos de aquellos brazos (1). Esto bastó para que los señores continuaran heredando á sus vasallos moros, como lo hacían anteriormente. Así en el mismo siglo xv, al escribir Belluga, se disputaba en los tribunales sobre quién debía ser preferido en la sucesión de tales vasallos cuando morían sin hijos, si el rey, como señor supremo, ó el señor inmediato; pero según aquel jurisconsulto, tenía el señor inmediato mejor derecho, excepto en los pueblos en que había la costumbre de dividir estas herencias entre ambos señores (2). Vestigio clarísimo de la antigua servidumbre y consecuencia necesaria de la triste condición de estos vasallos; porque si los sarracenos eran, como se ha dicho, vassalvos de la corona á quienes se había dejado la vida por misericordia de los conquistadores, y el peculió para que quedara á merced de sus amos, no es extraño que estos les heredasen, sobre todo cuando, muriendo sin hijos, no dejaban en su lugar otro vasallo que prestase el mismo servicio que ellos. Tal fué el régimen á que estuvo sujeta la propiedad en el antiguo reino de Valencia, hasta que al comenzar el último siglo perdió sus fueros y quedó sometido en un todo á la legislación castellana.

IV.

JURISDICCION Y POTESTAD INHERENTES AL DOMINIO.

Las infeudaciones y los censos daban origen en Valencia y en Mallorca, como en los otros reinos de la Peninsula, á la jurisdicción y potestad del

(1) F. Quod per privilegium, In extrav. fol. 29.
(2) Belluga, rubr. 24.
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señor feudal y del directo, sobre sus feudatarios y censatarios, pero en ninguno se conservó más tiempo, ni fué más general este signo característico del feudalismo. Los barones, como señores de sus lugares, tenían en ellos mero y mixto imperio y jurisdicción alta y baja, por merced expresa del rey, ó por inmemorial costumbre. Los que poseían castillos ó tierras en feudo, tenían en ellos la potestad, ó sea la jurisdicción, y aún mixto imperio, por merced soberana. Los dueños de tres ó siete casas de moros ó quince de cristianos, tenían en ellas por ministerio de la ley, jurisdicción y mixto imperio. Los dueños directos de heredades enfeudáticas tenían también jurisdicción sobre los censatarios, en las cuestiones relativas al enfeudusis. La jurisdicción era por lo tanto uno de los frutos ordinarios de la tierra que se enajenaba con ella y andaba en el comercio, como los demás bienes inmuebles.

Veamos ahora lo que se entendía en Valencia por mero y mixto imperio y por jurisdicción, y así se comprenderá mejor cómo estaba distribuida la potestad pública entre los dueños de tierras y la corona. Según el jurisconsulto Belluga, antes citado, comprendía el mero imperio la facultad de legitimar á los hijos ilegítimos, la de conceder la restitución in integrum de las sentencias criminales, la emancipación, las vénias de edad y otras dispensas y la de crear caballeros, nombrar escribanos, dar tormento, levantar horcas y condenar á muerte, confiscación de bienes ó cárcel perpétua. El mixto imperio comprendía por derecho común, los actos de jurisdicción voluntaria, con la potestad coactiva suficiente para llevarlos á efecto; pero en Valencia iba siempre unido á la jurisdicción civil y facultaba para todos los actos de la contenciosa y hasta para imponer pena de azotes, sin limitación de número, aunque no las de muerte natural ó civil, mutilación, extrañamiento, ni las personales con que se debían sustituir las pecuniarias (1).

En vano había ordenado el rey D. Jaime que el mero imperio no se ejerciera por señores particulares, aunque fueran ricos-hombres ó barones (pues á esto equivalía la prohibición de que nadie, sino el rey, ó sus delegados, hiciera justicia de sangre), declarando además nula cualquiera merced que se otorgara en contrario. El mismo monarca fué el primero que quebrantó esta prohibición declarando por otra ley que los feudatarios de la corona podrían tener aquella potestad cuando expresamente les fuese otorgada por la corona. En vano los intérpretes modernos de los fueros

(1) Belluga, Speculum Principis, rubr. 23 y 24.
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procuraron conciliar ámbas leyes, suponiendo que la prohibicion indicada se referia á los propietarios alodiales y la facultad contraria á los simples feudatarios. Tal vez fuera la intencion del legislador impedir que, reuniendo los dueños de tierras libres este dominio con el mero imperio, disfrutaran una especie de soberania absoluta, que sólo podia reconocerse sin peligro, en los que tuvieran con la corona vinculos más estrechos de dependencia; pero es lo cierto que los sucesores de D. Jaime no lo entendiéreron así y concedieron el mero imperio por cartas reales á muchos barones y señores, sin tener en cuenta si sus lugares eran ó no feudatarios; que otros grandes vasallos la usaron largo tiempo y sin contradiccion aparente; y que D. Alfonso I la reconoció y legitimó cuando trató de ordenar y regularizar un tanto las jurisdicciones señoriales (1). Así quedó establecido, á pesar de la prohibicion antigua, que el monarca podia crear baronías con aquella altísima potestad, y que ésta podia prescribirse con el territorio á que fuera unido, mediante la poseicion de treinta años, en perjuicio de otro particular ó la de cuarenta en daño del Estado, si existia algun título, aunque dudoso, ó por la posesion inmemorial, no habiendo ningun título. De este modo adquirieron tambien los barones y muchos caballeros la potestad de dar salvo-conductos para todo el reino, que según el fuero, era atribucion exclusiva del soberano, amparando á veces con ellos en sus castillos, contra la justicia del rey, á muchos y muy grandes delincuentes.

Los barones ejercian, pues el mero y mixto imperio en todos sus lugares, sin reservarse el rey mas derecho en estos, que la potestad eminentemente inseparable de la soberania, aún en los tiempos de mayor feudalismo. En virtud de dicho imperio conocian los barones, por medio de sus jueces, de todas las causas civiles y criminales de los habitantes de sus respectivos territorios en primera y segunda instancia, imponian sisas sobre las vituallas y cargaban censales redimibles y vitalicios sobre los bienes comunales (2). Esta potestad no se limitaba, pues, á los vasallos que tenian de los barones algunos bienes, pues en lo civil se extendia á cuantos habitaban su territorio y aun á las cuestiones sobre heredades alodiales, sin distincion de propietarios. Exceptuábanse tan sólo de su jurisdiccion los delitos de lesa majestad, falsificacion de moneda, plagio de hombre y here-

(1) Fueros 72 y 78, lib. 3, rubr. 5, y fuero 10, lib 9, rubr. 21. Mathew, De regim. Regn. Valent. c. 6, pár. 1.*
(2) Bas, Theatrum Jurisprud. Valent., part. 1.º, c. 13.
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gia, que eran de la competencia de los jueces reales, aunque se cometieran por vasallos de señores. Tampoco estaban sujetos á aquella jurisdicción, por estarlo á la del rey, los caballeros y generosos que habitaban en territorio señorial ó incurrían en delito que mereciese pena de mutilación ó muerte (1).

En los lugares en que regía el fuero de Aragón ejercían los señores sobre sus vasallos de parada la potestad absoluta, además de la civil, en los términos expresados en otro lugar. No eran muchos los vasallos sujetos en este reino á aquella cruel servidumbre; pero en cambio no estaban exentos de ella los de la iglesia, como sucedía en Aragón. Así el obispo de Tortosa, señor de Almazora, que era una de las villas sujetas y pobladas á aquel fuero, podía matar á sus vasallos de hambre, sed ó frío, sin perjuicio de la jurisdicción del rey para imponer otras penas, y aún estaba facultado para levantar horcas con tal de que no fueran permanentes. También debía castigar el rey á cualquiera de los mismos vasallos que habiendo delinquido en Almazora fuese aprehendido en lugar realengo (2).

Tenían mixto imperio con jurisdicción civil, todos los señores de lugares de cristianos en que hubiera quince casas por lo menos, ó de lugares de moros, sitos en el término de alguna villa realenga y que contuviesen tres casas, ó que hallándose en el término de alguna villa señorial, contase siete edificios habitados. Alfonso I concedió este privilegio á los propietarios para favorecer el aumento de la población, tan reducida después de la conquista, y por eso se llamó alfonsinia la jurisdicción fundada en tales títulos (3). Las Cortes de 1626 la confirmaron y ampliaron después en parte, extendiéndola á los lugares de señorío, aunque no contuviesen las quince casas, como estimulo á la repoblación de aquellos que habían quedado desertos por la expulsión de los moriscos (4). Los señores de estos lugares tenían, pues, todas las facultades del mixto imperio, según la costumbre de Valencia; mas no podían por sí solos dar tormento á los acusados, y así cuando lo estimaban necesario, lo decretaban para que lo ejecutase después el juez real ó el que tenía el mero imperio del territorio, si lo juzgaba procedente. Su jurisdicción en lo criminal se limitaba á los delitos cometidos dentro del término del señorío, por sus propios vasallos; pero aunque

(1) Tarazona, obr. cit., lib. 1, t. 6.—F. 69, 68 y 80, lib. 3, rubr. 5.
(2) Tarazona, lib. 2, t. 13, La Bisbe de Tortosa.
(3) F. 78, lib. 3, rubr. 5.
(4) Bas, obr. cit., part. Lº, c. 13, n. 31.
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no era suficiente para imponer ciertas penas personales y de sangre, bastaba para ordenar la fustigacion, no muy grave, la prision como pena accesoría y otros castigos corporales arbitrarios. Aún en los casos en que estos señores no podían conocer del proceso, por exceder la pena de su competencia, percibían la mitad de las multas, reservando la otra mitad al rey ó al que en el lugar tuviese el mero imperio. Los señores de tres ó siete casas de moros, según los casos ántes dichos, tenían en ellas toda la jurisdicción civil y criminal, menos cuando el delito mereciera castigo de muerte ó mutilación de miembro. Podían imponer la pena de azotes sin limitación de número, pero con acuerdo del alcalde ordinario ó del que tuviera en el lugar el mero imperio, y salvo el derecho del sentenciado para redimirla, pidiendo ser vendido como esclavo, á fin de que se dividiera su precio entre su señor y el rey (1).

La ley que estableció la jurisdicción alfonsina, no tuvo sin embargo por objeto extender la de los señores, sino más bien restringirla, según afirman sus más autorizados intérpretes. Antes de 1327, en que fué promulgada dicha ley, asegura el jurisconsulto Belluga, que los dueños de castillos y lugares tenían de hecho plena jurisdicción y mixto imperio y cárceles en que encerraban á sus vasallos delincuentes, á pesar de no haberles sido concedida más que la jurisdicción civil, sin consideración al número de vasallos que hubiese en el lugar. Funda su opinión en que siendo esta ley de D. Alfonso declaración y corrección de la anterior de D. Jaime y limitando la jurisdicción señorial á los vasallos propios del señor y á los delitos cometidos dentro de sus lugares, debe inferirse que la antigua jurisdicción así restringida, se extendía á vasallos ajenos y á delitos cometidos por los propios, fuera de la demarcación señorial (2). Confirma esta opinión una ley de D. Alfonso II, en la cual se da á entender que los señores de moros, cualquiera que fuese el número de éstos, les administraban justicia en lo civil y en lo criminal, aplicando la ley musulmana llamada del Zunna, con consejo del alcalde moro, que debía haber en cada pueblo habitado por hombres de esta raza (3). Aquellos señores habían conservado su jurisdicción, aun después de hacerse cristianos los más de sus vasallos, y para remediar este abuso hubo de dictar D. Alfonso la ley citada (4).

(1) F. 78, lib. 3, rubr. 5.
(2) Belluga, rubr. 24.
(3) Tarazona, lib. I, t. 2, pár. Sien justiciales.
(4) F. 91, lib. 3, rubr. 5.
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insensata todo periodo francamente conservador. Era el trono de Julio, entregado sin defensa por la izquierda á los republicanos cuando aún no tenía simpatías conservadoras, era la sociedad mansamente abandonada á la anarquía y sobre todo la nación á la Europa incomparablemente más fuerte y segura de la victoria. Hízosele al rey, acotsegado por el Parlamento, evidente su deber, y su corazón se mostró á la altura de su inteligencia; no se atuvo al heroísmo brillante de su carga vencedora en Jemmapes, y se resolvió como quien tiene la conciencia de que sin el valor político no se merece ocupar un trono. A los ocho meses de inaugurada una nueva monarquía, proclamóse sin ambages, sin vacilaciones, con la entereza de quien acepta un reto, la política de resistencia. ¡Dichosa con la nueva monarquía la misma Francia que no se vió abandonada por aquel en cuyos brazos se había echado en la tormenta de Julio! El supo cumplir como bueno cuando no le habían quitado su energía los años; si el país dió á la corona un gran ministro conservador, la corona comprendió lo que debía al país. No siguió á la revolución de 1850 otra inmediata y radical mudança, una más honda y más pavorosa crisis. Si no fué permanente la nueva monarquía, vivió bastante y con éxito sobrado para dejar recuerdo profundo, vivas simpatías, largas esperanzas. En medio de la variedad pasmosa de sus gobiernos la Francia no ha tenido la tristeza de ver que viviera enfermiza para morir á los dos años una monarquía en que lejos de brillar algo de la sagacidad y el arrojo de su cuna resaltase, con el cumplimiento controvertido de su declaración de no imponerse, el olvido cierto de aquella otra no menos solemne promesa de no abandonar el puesto que por la voluntad nacional creía haber alcanzado, de no faltar para con el pueblo que la levantara á la constancia y al honor de su nombre.

FERMIN DE LASALA.
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Tenian jurisdiccion civil solamente los señores de castillos, villas y lugares, por el mero hecho de serlo y sin ningun otro título escrito, ni merced real. Los limites de esta jurisdiccion variaban según la calidad de las personas sujetas á ella. El dueño ó poseedor de heredad alodial sita en el término de algun castillo ó villa de señor, no podía ser demandado sino ante éste en todas las cuestiones relativas á su propiedad (1). Los vecinos de la ciudad de Valencia ó su término y los señores de castillos y lugares del mismo, estaban sujetos á los tribunales del rey, por todas las acciones personales, civiles y criminales que se intentaran contra ellos, excepto las concernientes á bienes raíces, que debían interponerse ante el señor del lugar en que aquellos radicasen. Mas los habitantes del término de Valencia, que dependiesen personalmente de otro señorío, estaban sujetos á él en todas sus causas civiles, y sólo cuando el señor no les hiciera justicia, podían acudir en queja á los jueces de la ciudad (2).

Disfrutaban igualmente la jurisdiccion civil los señores de feudos y los dueños directos de censos, pero con algunas diferencias, según las circunstancias de las personas. Los caballeros que tenían feudo de otro, ó heredad á censo ó parte de frutos, estaban sujetos á sus señores, en las cuestiones que con ellos tuvieran sobre el feudo ó censo, y á la jurisdiccion real, en todos los demás litigios. Los feudatarios, sin distincion de personas, que tuvieran entre sí pleitos civiles de cualquiera especie, debían acudir á sus señores, en los lugares que les designaran, siempre que fueran seguros y dentro del reino (3). Pero ningun dueño de feudo tenía, por esta sola calidad mera ni mixto imperio, como no los hubiese adquirido por otro título (4).

El dueño directo en el enfeudeusis, tenía tambien jurisdiccion sobre el censatario, pero sólo en las cuestiones enstitéticas, y según la jurisprudencia moderna, que había modificado algo la antigua, únicamente cuando se trataba de la cosa acensuada, como acensuada. Así es que todas las cuestiones entre el señor y el censatario, sobre el pago de pensiones y el uso ó abuso que uno ó otro hicieran de su derecho, eran de la competencia del señor y se ventilaban ante jueces letrados, que delegaba al efecto. Sólo se acudía á la jurisdiccion real, según la jurisprudencia moderna, cuando se ponía en cuestion la calidad censataria del predio (5).

(1) F. 69, lib. 3, rubr. 5.
(2) F. 71, lib. 3, rubr. 5.
(3) F. 20 y 28, lib. 9, rubr. 21.
(4) F. 10, lib. 9, rubr. 21.
(5) F. 15, 16 y 17, lib. 4, rubr. 23.—Bas, cap. 30, núm. 39.
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EN MALLORCA Y VALENCIA.

De la sentencia de primera instancia, podía apelarse para ante el mismo señor, el cual entonces nombraba otro delegado que conociera del recurso, dándole á veces, por acompañado, un oidor de la audiencia. De esta segunda sentencia podía también apelarse, y un juez distinto, nombrado igualmente por el señor, conocía de esta tercera instancia en la misma forma. Todavía de esta sentencia podía llevarse un recurso de injusticia notoria al lugarteniente gobernador del reino (1).

De las sentencias de los señores jurisdiccionales, no se daba por regla general, apelación al soberano, sino para ante ellos mismos: sólo se permitían ciertos recursos extraordinarios, pero tan limitados, que no alcanzaban á corregir los abusos de la administración de justicia en los pueblos de señorío. Habiase reservado el rey la facultad de avocar las causas de personas desvalidas, esto es, de los pobres, viudas y pupilos, pero sólo cuando él ó el príncipe heredero estuvieran en el reino, y nunca cuando se tratara de vasallos de caballeros y personas que formaban el estamento militar (2). Y como éste se componía de todos los nobles, generosos y caballeros del reino, que eran precisamente los que tenían la mayor parte de las jurisdicciones, la avocación no tenía lugar sino respecto de los vasallos de los eclesiásticos, ó de las personas que correspondían al estamento real.

También podía acudir al rey con el recurso llamado de perhorrescencia, el vasallo á quien se intentaba juzgar sin forma de juicio, por delitos que merecieran pena de muerte, mutilación de miembros ó azotes, y aquel que era llamado á comparecer en lugar no seguro, por razón de peste, enemigos ó otra causa (3). Admitido este recurso, evocaba el proceso el tribunal del rey y amparaba al vasallo, pero estaba tan limitado su ejercicio en el primer caso, sobre todo, que apenas correspondía al objeto de su institución. La ley no lo concedía, como he dicho, sino cuando el juez procedía sin forma de juicio, y en casos que pudieran dar lugar á aquellas graves penas, de modo que no era admisible cuando el juez procediera arbitrariamente á la imposición de otros castigos menores. Sólo podían interponerlo los vasallos de la Iglesia, ó de ciudadanos honrados, los vecinos de lugares realeños y las demás personas del estamento real, cuando eran oprimidos por sus señores ó jueces, y de ningún modo los vasallos de los nobles y caballeros que formaban el estamento militar. Por lo tanto, estos vasallos no

(1) Bas, obr. cit., part. I, cap. 30, núms. 241, 245 y 149.
(2) Fueros 57 y 62, lib. 3, rubr. 5.
(3) F. 10 y 9, lib. 3, rubr. 1.