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unos 350 duros al año cada uno. Como algunos de estos datos son imperfectos, el término medio de gastos que he dado puede ser más bien alto, y por lo tanto no he contado el viático que se concede constantemente: 5.010 miembros, á 350 duros cada uno, hacen 1.753 500 duros, 350.700 libras esterlinas al año. Así veis que el inmediato gasto de la soberanía de los Estados Unidos es de 700.000 á 810.000 libras al año (cuatro millones de duros próximamente). No tengo tiempo para continuar este interesante tema; de lo contrario, os probaría que no os he dado aún sino una imperfecta idea del coste de la soberanía en una república. Pero no puedo menos de presentaros otro ejemplo. El gobierno de este país (Inglaterra) se lleva á efecto en gran manera con el auxilio de Comisiones Reales. Es tan grande el aumento de los asuntos públicos, que sería probablemente imposible á un ministro llevar adelante los negocios sin este auxilio. La reina puede disponer para este objeto de los servicios de los más experimentados estadistas y hombres de la más alta posición social. En caso necesario puede agregar á ellos hombres distinguídos, célebres en la ciencia y en el arte, y recibe de todos ellos servicios gratuitos, porque están orgullosos y satisfechos con que en la orden de comisión se les designe con el nombre de consejeros dignos de confianza (Trusty Councillors) de S. M. Y si algún individuo entre estos comisionados presta un servicio eminente, intelectual ó material, está suficientemente recompensado con una distinción pública, conferida por la que es fuente de todos los honores. El gobierno de los Estados Unidos también se sirve de comisiones, pero hay que pagar á los individuos que las componen, porque en aquel país no hay fuentes de honor ni recompensas honoríficas.

Tales son los más notables párrafos del discurso de Mr. Disraeli, el cual, en otra gran reunión conservadora verificada en el palacio de cristal muchos meses después, pudo asegurar que nadie en este ni en el otro lado del Atlántico, en Europa ni en América, había puesto en duda ni contradicho la exactitud de los datos que había presentado para probar lo que cuesta la monarquía en Inglaterra y la república en los Estados Unidos: datos importantes que ponen en evidencia cuán equivocada y errónea es la opinión de los que piensan que la república es barata y que impone á los pueblos menos sacrificios pecuniarios que la monarquía. El ejemplo de las dos naciones, en que hay mayor libertad política en el antiguo y en el nuevo continente, demuestran lo contrario. La república federal, aun siendo ordenada, pacífica, aceptada por todo el país, y vínculo de unión entre los diversos estados que la constituyen, es el menos barato de los gobiernos
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conocidos. Cuando se convierte en instrumento de desunión y desorden y trae necesariamente constantes y sangrientas discordias civiles, causa la ruina del estado en que se establece: que el más alto de todos los presupuestos es siempre el de la anarquía.

Los partidos, lo propio que los individuos, cuanto más tiempo están en el poder, mayores esfuerzos hacen para conservarlo, empleando á veces con tal objeto medios desensados e inconvenientes, que si por el pronto contribuyen á realizar sus propósitos, les hacen perder luego el apoyo de la opinión pública, apresurando su caída. En 1837, los whigs, que representados por el ministerio del conde de Grey primero, y después por el del vizconde de Melbourne, hacia siete años, con un corto intervalo, que dirigían la política de la Gran Bretaña, quisieron aprovechar la confianza que les dispensó la joven reina Victoria á su advenimiento, confirmando en sus puestos á los ministros de Guillermo IV, para rodearla de personas favorables al partido que á la sazón dominaba. No sólo se confirieron los altos cargos de palacio á amigos y sostenedores del gabinete, según era antigua costumbre, sino que todas las señoras que formaban parte de la regia servidumbre, en sus diferentes categorías, estaban ligadas por vínculos de parentesco con los ministros mismos ó con sus más inmediatos amigos. De esta suerte quedó la corte toda identificada con el gabinete que creyó haber asegurado de este modo su existencia por largo tiempo. Esta imprudente y egoísta conducta de los whigs no tardó en ocasionar un desagradable conflicto para la reina, que se llamó la cuestión del cuarto de dormir (bedchamber question). Habiendo presentado su dimisión en 1839 lord Melbourne y sus colegas, Roberto Peel, encargado de organizar una nueva administración, manifestó á S. M. la necesidad de cambiar las damas de palacio, las señoras de su cuarto particular. Rechazó la reina esta proposición, y aconsejada por lord John Russell y por los ministros salientes, escribió una carta á Peel, declarando que no la aceptaba porque la parecía contraria á los usos establecidos, y porque repugnaba á sus sentimientos. Al resignar el encargo de formar gabinete, dirigió Peel un escrito á la reina exponiendo que para el éxito de la comisión con que le había honrado, había juzgado indispensable, como prueba ostensible de la completa confianza de S. M., la autorización para hacer algunos cambios en la regia servidumbre. Los ministros que por esta cuestión pudieron permanecer en sus puestos cerca de dos años más, consignaron unánimemente en un documento oficial su opinión, de que «para dar á la administración aquel carácter de estabilidad y aquellas demostraciones de apoyo constitucional de la corona,
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que se requieren para que pueda obrar útilmente en beneficio del público servicio, era razonable que los grandes cargos de la corte y los destinos de la servidumbre, desempeñados por miembros del parlamento se incluyeran en los combinaciones políticas de un cambio de administración, pero que no se debía aplicar ó extender este principio á los cargos del servicio de S. M. desempeñados por señoras." Esta opinión del ministerio Melbourne estaba en contradicción con los deseos de su partido en una época no muy distante. Cuando por muerte de Mr. Perceval en 1812, el regente trató con dudosa buena fé por conducto de lord Moira de llamar al gobierno á los whigs, estos pusieron por condición para aceptarlo el cambio de toda la servidumbre de palacio, y eran por lo tanto inconsecuentes oponiéndose en absoluto y abiertamente á igual petición del jefe de los conservadores. Se habló de esta cuestión en el parlamento, y Roberto Peel demostró las dificultades con que cualquier ministro lucharía dejando cerca de S. M. los más próximos parientes de sus adversarios políticos; manifestó que no había sido su ánimo separar, ni aún de los más altos puestos de palacio, á las damas que no tenían grandes conexiones políticas ó de partido; pero que no le parecía posible haber hecho lo mismo con aquellas que tenían relaciones de inmediato parentesco con los ministros salientes. El gabinete por su parte sostuvo que el consejo que había dado á S. M. se fundaba en precedentes históricos, particularmente de la época de la reina Ana, é insistió repetidas veces en el respeto debido á la natural resistencia de la reina á sacrificar frecuentemente su sociedad doméstica y de confianza á las exigencias de la política. Triunfó el gobierno en aquellas circunstancias, y esta cuestión prolongó su existencia oficial; pero los principios, la teoría de Roberto Peel respecto á la servidumbre de palacio se han aceptado después por todos los partidos, como convenientes y constitucionales, reconociendo que la camarera mayor (mistress of the robes) y las damas de honor, cuando tienen próximas relaciones de familia con los ministros salientes, se deben cambiar al mismo tiempo que el ministerio. Los jefes de los partidos políticos haciendo justicia á la imparcialidad de la reina, que nunca ha estado sometida á influencias cortesanas y palaciegas; no exigen la separación de sus damas. Hace ya muchos años que la camarera mayor es la única persona de la servidumbre femenina de palacio, que cesa en su cargo cuando cae el gabinete, y si no lo conserva, consiste en que hay la antigua costumbre, que no se ha interrumpido por más que parezca con razón extraña, de que aquel elevado puesto, como los de mayor-domo y caballerizo mayor, y lo que podríamos llamar jefes superiores de
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palacio, los desempeñen la mujer de un individuo de la aristocracia y personajes importantes, también de la aristocracia, pertenecientes al partido que está en el poder. En otros países parlamentarios, la servidumbre de palacio, apartada completamente de la política, sólo se varía por la voluntad del monarca, nunca por un cambio ministerial; y esta práctica es preferible cuando el rey cumple lealmente sus deberes constitucionales.

Durante el ministerio liberal que presidió lord John Russell desde 1846 hasta 1852 hubo ocasión de precisar las relaciones del monarca con los ministros responsables, de una manera que prueba que en Inglaterra la máxima de que el rey reina y no gobierna, no se ha aceptado nunca por los partidos parlamentarios; los cuales han creído, por el contrario, aún en la época presente en que tanto ha crecido la influencia del gabinete, que la corona debe tener constante y eficaz intervención en la gobernación del estado. En 1850, para poner correctivo á los frecuentes y á veces inoportunos alardes de iniciativa y de independencia de lord Palmerston, ministro de negocios extranjeros, la reina Victoria le envió por conducto de lord John Russell y naturalmente de acuerdo con él, un memorándum en que se le daban instrucciones para el despacho de los asuntos que á su cargo estaban.

En este notable documento se decía lo siguiente: «La reina desea (requiere). 1.º Que lord Palmerston manifieste claramente lo que propone en cada caso determinado á fin de que la reina pueda saber también claramente aquello á que otorga su real sanción. 2.º Que habiendo dado su sanción á una medida, ésta no se altere ó se modifique arbitrariamente por el ministro. Un acto semejante lo consideraría la reina como una falta de sinceridad (failing in sincerity) respecto á la corona, y daría lugar con justicia al ejercicio de su derecho constitucional de destituir (dismissing) al ministro. La reina espera que se la informe de lo que pasa entre su ministro y los ministros extranjeros, antes de que se adopten decisiones importantes fundadas en estas relaciones; y desea recibir los despachos extranjeros en tiempo oportuno, y que se la envíen para su aprobación o los borradores de las contestaciones con la debida anticipación para entenderse de su contenido, antes de que se remitan á su destino.» Según estas instrucciones, que no donataban mucha confianza en lord Palmerston, la reina debía tener exacto conocimiento de las relaciones de su gobierno con las naciones extranjeras, y en su presencia y con su asentimiento se habían de resolver todas las cuestiones referentes á la política exterior de la Gran Bretaña. Por no observarlas escrupulosamente, como era su obligación, y
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por prescindir en importantes circunstancias de la reina y de sus propios colegas, salió al poco tiempo lord Palmerston del ministerio. Después del golpe de estado de 2 de Diciembre en Francia, el gabinete británico decidió abstenerse de intervenir en los asuntos interiores de aquel país, y de exponer su opinión acerca de los sucesos que en él recientemente habían ocurrido; y en este sentido se acordó dirigir un despacho, aprobado por la reina, á lord Normanby, embajador inglés en París. Pero antes de enviarle, manifestó lord Palmerston en una conferencia al conde de Valeski, embajador francés en Londres, que se apresuró á trasmitirlo á su gobierno, que aprobaba completamente la conducta del presidente de la república, y que estaba convencido de que no podía haber obrado de distinto modo. Enterados la reina y lord John Russell de esta inesperada y extraña declaración, exigieron de lord Palmerston, la explicación de la diferencia entre el despacho oficial acordado en consejo de ministros y sus conversaciones con el embajador francés. Tardó en darla algunos días y entretanto escribió á lord Normanby exponiendo su propia opinión favorable al golpe de estado del príncipe Napoleon. Al tener conocimiento de este documento, pensó con razón lord John Russell, que no podía consentir por más tiempo que el ministro de negocios extranjeros, sin la autorización del monarca y sin asentimiento de los demás consejeros responsables, manifestase sobre negocios y cuestiones de tanta importancia su opinión particular contrarias á los acuerdos del gabinete. Lord Palmerston, cuyas explicaciones por su inusitado proceder no fueron satisfactorias ni aceptables, se vió obligado á salir del ministerio, y el primer ministro, al dar cuenta de esta modificación en el gabinete, alegó que el ministro saliente se había excedido de su autoridad y de sus atribuciones como secretario de estado, y se había arrogado indebidamente la facultad de expresar en nombre del gobierno de la reina lo que únicamente era su parecer particular. Al defender su conducta, lord Palmerston se apresuró á aprobar los principios y las reglas que debe observar un secretario de estado en sus relaciones con el monarca y con sus propios colegas, consignados en el memorándum que le había entregado la reina; pero quiso sostener que en sus conversaciones con el embajador francés, y en su carta al embajador inglés en París, había expresado opiniones personales que no comprometían ni obligaban al gobierno. De esta discusión, en que no pudo haber conformidad entre lord John Russell y el ministro diplomático, resultó que uno y otro convinieron, sin embargo, en que la política interior y extranjera de los ministros debe someterse á la aprobación del monarca: y que éste tiene una intervención directa, eficaz y cons-
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titucional en la gobernacion del estado. De esta suerte el rey, como alto y supremo poder moderador, tiene ocasion de contener y reducir á sus justos limites la natural tendencia de los ministros á favorecer con exceso, especialmente en el nombramiento de personas, los intereses exclusivos de su partido, en daño muchas veces del pais y con el propósito de quitar medios legitimos de influencia al partido contrario.

En tiempos pasados el rey adoptaba con frecuencia determinaciones de suma importancia sin consultar á sus ministros, y llegaba la independencia del monarca hasta el punto de que Guillermo III, á los pocos años de la revolucion de 1688, ajustaba con Luis XIV el primer tratado de particion de la monarquia española, sin que de esta negociacion tuviera conocimiento el gabinete inglés. Hoy la corona nada puede hacer sin el consentimiento de los ministros, pero éstos por su parte necesitan la aprobacion del rey para todos los actos, para todas las medidas y reformas que proponen y llevan á cabo. Esta limitacion reciproca de las atribuciones del soberano y de los miembros del gabinete, al par que denota un notable adelanto en el sistema constitucional, que no consiente poderes únicos é ilimitados, ha sido en gran manera provechoso para el buen gobierno y para la administracion del pais.

Tiene el rey las prerrogativas necesarias para resolver con acierto, pacíficamente, sin que ocurran trastornos y perturbaciones, todos los conflictos y dificultades que pueden presentarse entre los altos poderes politicos y entre éstos y la nacion. Para el caso en que las camara adoptaran resoluciones ó aprobaran leyes perjudiciales, inoportunas, ó contrarias á la opinion pública, tiene el veto; con la facultad de nombrar libremente los ministros, evita los inconvenientes y los peligros de que continúen en sus puestos los consejeros responsables que son impopulares ó cuyos actos son desacertados; con la disolucion de la cámara de los Comunes, somete á la decision del pais las cuestiones en que están en desacuerdo el gabinete y la asamblea electiva; y por medio del nombramiento ó de la creacion de nuevos lores, pone término á las resistencias injustificadas de la cámara hereditaria.

El veto de que se sirvieron constantemente los reyes de la dinastia de Tudor, que hacian poco caso de las resoluciones del parlamento, y con bastante frecuencia Guillermo III, que nunca sancionaba los bills que creia opuestos á sus legitimos derechos, se ha usado en Inglaterra por última vez en tiempo de la reina Ana con un proyecto relativo al ejercito. Los tres primeros Jorges nunca necesitaron ejercer esta prerrogativa, porque con la
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intervención directa y eficaz que tenían en las elecciones, con los destinos y pensiones que daban á los diputados, con las condecoraciones y los títulos que concedían á los lores, poseían medios seguros de impedir que las cámaras votaran leyes que estuvieran en puñga con sus deseos ó con sus intereses. Aprobada la reforma electoral de 1832, haciéndose con libertad e independencia la designación de los miembros de la cámara de los Comunes, siendo constante y eficaz la influencia de la opinión pública en el gobierno por las reuniones y por la prensa, es indudable que las leyes que después de amplios y repetidos debates obtienen la aprobación de los dos cuerpos colegisladores, cuentan con el asentimiento del país, y los reyes han tenido la suficiente sensatez y cordura para no oponerse á la voluntad de la nación, expresada por sus legítimos representantes. Por esta causa parece probable que el velo de la corona en circunstancias normales no se vuelva á usar en lo sucesivo. Incurre, sin embargo, en un error Mr. Bagehot, al asegurar que el rey en la época presente no podría en ningún caso interponer el veto, y que por lo tanto ha dejado de formar parte del poder legislativo. Los derechos, sobre todo cuando son esenciales de una institución no se pierden, aunque no se hayan ejercitado durante un largo trascuro de tiempo, y si, lo que no es verosímil, alguna vez las cámaras inspiradas únicamente por la pasión ó por móviles egoístas aprobaran proyectos de ley rechazados por la nación y perjudiciales á sus intereses, el monarca podrá muy bien negarles su sanción, sin que nadie discutiera ni pusiera en duda esta antigua prerrogativa.

Cuando los partidos políticos están unidos y disciplinados y reconocen la autoridad y la dirección de una persona, la intervención del monarca en la designación de los ministros es más aparente que efectiva, y se limita á encargar la formación del gabinete al jefe del partido que cuenta con mayoría en el parlamento. Mas si los partidos se hallan fraccionados y en cada uno hay grupos distintos con aspiraciones á la supremacía, que no siguen ni obedecen á un jefe común, entonces es grande la influencia y decisiva la voluntad del rey en el nombramiento del ministerio, y de su acierto y de su experiencia puede depender casi exclusivamente que haya un buen gobierno. Comprendiendo esta verdad Jorge III, fomentó desde un principio con incansable perseverancia la división de los whigs y de los torys, á que también contribuyó más tarde la revolución francesa con sus excesos y sus amenazas, y por este medio consiguió casi siempre tener gabinetes, elegidos por él, que no se oponían á sus deseos y seguían la conducta política que creía más conveniente. Difícilmente lo habría logrado en la época
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presente, porque es mayor hoy la independencia de los hombres públicos. En 1859 quiso, en vano, la reina nombrar primer ministro al conde de Granville ó al conde de Clarendon, y tuvo que aceptar para aquel elevado cargo á lord Palmerston, que disponiendo de numerosos votos en la cámara electiva se negó á ser ministro bajo la presidencia de cualquiera de aquellos dos personajes; los cuales más modestos y conciliadores no opusieron resistencia á formar parte de la administración de su ambicioso colega. El monarca por su carácter permanente y hereditario, puede poner freno á las ambiciones desmedidas y exageradas de los jefes parlamentarios, y desinteresado é imparcial en las cuestiones y en las luchas de los partidos puede llevar á cabo en momentos difíciles un cambio de política con provecho para el país. Para hacerlo con oportunidad, debe estudiar constantemente el estado de la opinión y las necesidades de la nación, siendo, por lo tanto, inadmisible e inconstitucional la peregrina teoría de los que reconociendo en el rey la libre facultad de nombrar y destituir á sus ministros, sostienen que mientras conserva en el poder á un gabinete, no tiene derecho para oír sobre ninguna cuestión el parecer de personas que no pertenecen al mismo partido político que sus consejeros responsables. La educación política de un monarca la hacen los hombres públicos que alternativamente se suceden en el gobierno, y de ellos depende en gran manera que el rey respete y observe no sólo la letra sino el espíritu de las leyes fundamentales. El soberano que se ocupa y se entera de los negocios del país, llega á tener un conocimiento de ellos y una experiencia no interrumpida, que casi nunca logran adquirir los hombres públicos, y es incalculable la beneficosa influencia que puede tener, oponiéndose á medidas exageradas y á malos nombramientos de empleados, á que suelen inclinarse los gobiernos que prescinden de la nación, para no acordarse más que de su partido. En todos tiempos, pero con más motivo en los de revolución, en los de pasiones desenfrenadas y hombres públicos pervertidos, es indispensable un monarca que discuta con los ministros sus actos y su política, y difícilmente subsistirá el que preste incondicional, absoluto y silencioso acatamiento á cuanto le pidan y le propongan.

Aunque el derecho de la corona para disolver la cámara de los Comunes es incontestable, no se usa sino en el caso de haber desacuerdo entre la asamblea popular y el poder ejecutivo, sosteniendo el rey al gabinete para consultar la voluntad de la nación, expresada por el cuerpo electoral. Desde el año de 1855, en que Guillermo IV con un pretesto frívolo exigió á lord Melbourne y á sus colegas que hicieran dimisión, no ha vuelto á ocu-