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jetos en lo criminal al fuero del veguer. Extiéndase además esta jurisdicción, lo mismo que la civil, en casos determinados, á vasallos no sujetos ordinariamente á ella, mediante los procesos llamados de paz y tregua y de somaten, cuyo origen y circunstancias recordaré brevemente, para dar á conocer mejor su influjo en la decadencia de la jurisdicción señorial.

Cuando la autoridad pública no logra asegurar y proteger suficientemente los derechos de la comunidad y de los individuos, la sociedad misma inventa medios ingeniosos, independientes del gobierno, con que proveer á su seguridad y su conservación. Así los pueblos germánicos, en quienes un sentimiento de exagerado individualismo impidió durante muchos siglos, organizar la autoridad pública de un modo adecuado á su fin, idearon suplir su insuficiencia, entre otras instituciones, con la llamada de paces y triguas. Era este un procedimiento encaminado á garantir con una protección especial á determinadas personas, sus familias y sus propiedades, privando al mismo tiempo de todo derecho y de toda garantía social á las excluidas de semejante beneficio. Los que de él participaban, los asegurados, vivían al amparo de las leyes y debían ser ayudados y defendidos por todos los que disfrutaban igual favor; los excluidos eran aquellos que por haber quebrantado la paz, cometiendo algún delito en daño de hombres ó de bienes protegidos por ella, se veían arrojados de la sociedad, podían ser impunemente ofendidos y muertos por cualquier persona, perdían todos sus derechos civiles como padres y como maridos, sus cabezas eran pregonadas y puestas á precio por aquellos contra quienes habían delinquido, sus bienes eran confiscados, y al morir quedaban sus cuerpos privados de sepultura (1).

Conocían los germanos diferentes clases de paces y triguas. Habíalas públicas y privadas. Las primeras eran generales y de derecho común ó especiales. Las generales aseguraban la protección de las leyes á los hombres de una misma nación residentes en determinados territorios, negándola á los extranjeros que moraban ó venían á mezclarse con ellos. Especiales eran las que se daban á favor de los que concurren á las asambleas políticas (2) ó á los ejércitos, las que garantizan la inviolabilidad del domicilio, prohibiendo quebrantarlo, aún para aprehender delincuentes, las que favorecían los tra-

(1) Du Boys. Histoire du droit criminel des peuples modernes, liv. I, ch. 4 et 5. Los efectos de la exclusión de la paz y tregua, fueron designándose hasta quedar reducidos al destierro temporal, por cuanto éste era un medio legítimo de evitar toda persecución.
(2) Llamábase ésta Paz del Ding ó del tribunal.
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bajos agrícolas, prohibiendo toda demanda judicial contra los labradores en ciertos periodos del año, y las que amparaban las iglesias, los palacios reales, los caminos públicos ó los lugares de ferias y mercados, castigando con penas extraordinarias los delitos que se cometían en ellos. Paces privadas eran las que otorgaba el rey, á los que se las pedían, y las aceptaban para poner término á sus discordias particulares. El que después de haber convenido por la mediación del rey en suspender ó terminar hostilidades privadas, volvía á ofender á su enemigo, así como el que cometía cualquier delito grave en daño de los protegidos por las paces y treguas públicas, quedaban igualmente privados de toda protección social, no podían habitar en poblado y se veían reducidos á vagar por montes y desiertos en la triste condición de foragidos. La sociedad fulminaba contra ellos un terrible anatema: les lanzaba de su seno.

Esta institución germánica, hubo de ser introducida también por los francos á Cataluña; puesto que allí la hallamos desde los tiempos de la conquista, y no fué por cierto de las que menos contribuyeron á la consolidación del orden social y de los poderes públicos. De casi todas las clases de paces y treguas conocidas entre los germanos, se hallan ejemplos en los documentos catalanes de la Edad Media. No sólo debían observarse las paces privadas, convenidas entre enemigos, según queda dicho, sino que se presumía de derecho su existencia por ciertas señales exteriores, y se castigaba en tal caso su quebrantamiento, aunque en realidad no hubieran sido concertadas. Así el que saludaba ó besaba á alguno, entendiese que le daba tregua, y que incurría en la pena del quebrantamiento de ella, si le causaba algún daño durante el día (1). El que se hospedaba en casa de alguno ó comía á su mesa, le otorgaba tácitamente, por este solo hecho, una tregua de siete días (2). El que se hallaba en compañía de una persona en el momento de recibir ésta alguna ofensa, debía ayudarle contra el ofensor, aunque fuera su señor propio, á menos que prévia y solemnemente le hubiese el mismo señor requerido para que no anduviera en compañía del agraviado (3).

Había además otras paces y treguas públicas llamadas del Señor, las cuales se convenían y estipulaban entre los obispos, prelados y señores jurisdiccionales de un territorio, y reducidas á escritura pública, se confir-

(1) Usag. Statuerunt ei praefati.
(2) Usag. Simillier nempe.
(3) Usag. Constituerunt igitur.
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REVISTA DE ESPAÑA.

SÉTIMO AÑO.

TOMO XXXVI.—(Enero y Febrero)

MADRID.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN,
Man Agustín, 6.
1874.

IMPRENTA DE J. ROGUENA
Bordadores, 7.
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balleros y señores, usurpando la enseña y la jurisdicción del rey, invadiendo, robando y quemando no pocos castillos e iglesias y cometiendo otros atentados gravísimos. Por eso el rey, para que no quedaran impunes tantos crímenes, determinó castigarlos en la misma sentencia, condenando á muerte y confiscación de bienes á todos los cabezas de la rebelión e imponiendo á los demás rebeldes una multa de 50.000 libras pagadera en plazos, la cual suma había de considerarse también como descargo de la mayor que los payeses habían prometido á D. Alfonso IV por la remisión de los malos usos. Condenó además el rey á todos los vasallos, sin distinción entre rebeldes y leales, á satisfacer á los señores, que habían demandado el resarcimiento de los daños y menoscabos sufridos en sus bienes, la suma de 6.900 libras, la cual había de distribuirse á prorata entre todos los perjudicados; mandó á los señores soltar sin pena ni obligación alguna á los vasallos que aún tenían presos por rebeldes: señaló un breve plazo para loar y homologar esta sentencia, así por los que firmaron el compromiso, como por los que dejaron de hacerlo; y ofreció, por último, perdón y cumplida amnistía á todos los culpables, que no hubieran sido cabezas en la rebelión, los cuales fueron nominalmente excluidos, aunque sin perjuicio de las responsabilidades expresadas (1).

Tal fué el término de aquella reñidísima contienda entre la nobleza feudal y el pueblo sujeto á su dominación, entre el régimen de la igualdad legal y el de los privilegios, entre los propietarios libres y los poseedores esclavos de la tierra. Pero si aquella sentencia corrigió los más graves e intolerables abusos del feudalismo catalán, no acabó del todo con este régimen, puesto que no libró á la propiedad de las cargas esencialmente feudales. Los vasallos de remensa fueron desde entonces más libres, pudiendo disponer de sus personas de modos antes no permitidos. Con extirparse de los malos usos, se libraron hasta cierto punto de la servidumbre personal, quedando convertidos en censalarios; pero no dejaron de estar sujetos á la jurisdicción señorial, ni pudieron disponer libremente de todos sus bienes, ni quedaron dispensados de la obligación de acudir á campaña al llamamiento de sus señores, que eran las circunstancias características del feudalismo. Este régimen sufrió con aquella guerra y con la sentencia que le puso término, una modificación importante en sus demasías y abusos, pero no en sus esenciales elementos.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(Se continuará.)

(1) Sent. arbitr. cit. n. 19 al 27.
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maban y autorizaban por el conde soberano del mismo. Estas constituciones de paz comprendian como las otras, varias prescripciones criminales, cuyo quebrantamiento mandábanse castigar con penas más graves que la ordinaria de indemnización y multa, tales como la excomunión y la exclusión de la misma paz. Así disponía un usage, por punto general, que los delitos cometidos durante las treguas del Señor se castigaran con doble pena, excepto aquellos en que el agraviado fuera alguna hombre excluido de la misma tregua, porque éste, según escribe Guillermo de Vallesica, glosando el dicho usage, «puede ser maltratado impunemente» (1). Los obispos y prelados contribuían siempre con su autoridad á estas constituciones, ya excitando á los condes y barones á publicarlas de comun acuerdo, ya lanzando contra sus infractores los anatemas de la Iglesia, ó ya reservándose, como señores jurisdiccionales ó como prelados, la facultad de juzgarlos, según los casos y dentro de los límites de su autoridad respectiva. Los condes soberanos debían, por disposición de la ley confirmar estas constituciones, guardarlas en todo tiempo y hacerlas obedecer por los próceres, los caballeros y todos los hombres que moraban en sus territorios (2).

Definían y penaban las constituciones de paz y tregua todos los delitos públicos contra las personas y propiedades, más frecuentes en aquellos tiempos. El modo de proteger especialmente á los eclesiásticos, los huérfanos, las viudas, los labradores, los injustamente acusados, los caminantes, los señores de vasallos, los mercaderes, las iglesias, los cementerios, los caminos, la agricultura y otros objetos respetables era señalar los delitos que en su daño solían cometerse y castigarlos como quebrantamiento de paz y tregua. Dióse, por lo tanto, esta calificación á los daños causados en las iglesias no encastilladas, ó en las personas ó bienes de los clérigos, monjes, viudas y villanos que no llevaran armas, los embargos de ganados ó animales de labranza verificados antes de mediar el año, el robo de los mismos durante la tregua, el incendio de casas de payeses, la usurpación de señoríos y dominicaturas de eclesiásticos ó caballeros, ó de masías ó bienes muebles de villanos, el cultivo de tierras litigiosas, los homicidios, aunque fueran involuntarios, la edificación de nuevos castillos durante la tregua, el acaudillamiento de gente armada para causar daños, los embargos de los aperos de labor por razón de llanzas que hubieran hecho sus dueños, los daños causados en caminos ó calles á los transeúntes, los robos de todas

(1) Usag. Omnia malefacta in Antiq. Barchinon. leges etc.
(2) Usag. Item statuerunt.
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clases, la traicion al señor, que no fuera juzgada según costumbre, las exacciones indebidas de alojamiento, comida y otros efectos en las masías de rey ó de los villanos, los incendios de meses, el uso de hondas y de ciertas máquinas de guerra, la falsificación y la acuñación de moneda, las ofensas causadas á los que llevaban salvo conducto del rey, la ocultación de los desterrados por quebrantadores de la paz y tregua y otros delitos semejantes (1).

Para hacer efectiva la responsabilidad de todos estos crímenes, adoptaron las constituciones de paz y tregua muy atinadas precauciones. Los próceres y caballeros, debían responder civilmente de los daños causados por sus hijos. El señor sospechado de haber dado consejo ó ayuda á su vasallo para la ejecución de algún delito, podía purgarse por el juramento; pero si el vasallo no pagaba la pena, debía ser arrojado de su tierra (2). Cuando el delincuente tenía castillo ó tierra del rey y requerido, no indemnizaba desde luego, ni daba fianza de hacerlo, el rey debía embargarle lo que de la corona poseyera, reparar el daño y conservar la posesión de lo embargado hasta reintegrarse de lo que por él hubiera satisfecho. La misma obligación que el rey tenía el señor feudal, cuyo vasallo incurriera en igual falta, y si no pagaba por él, debía entregar á la corona los feudos embargados, á fin de que ella anticipara la satisfacción, reteniéndolos en su poder hasta que fuera reintegrada de lo que adelantase (3). Por último, para dar mayor eficacia á estas prescripciones, mandó D. Jaime I en 1214 qué todos los caballeros, ciudadanos y villanos mayores de 14 años, juraran obedecer y cumplir las constituciones de paz y tregua que promulgó en aquella fecha (4).

A la pena ordinaria de multa doble de la señalada á cada delito en

(1) Usages Cunctis pateat et Deles Prelats. Const. de Cathal. vol. 1, lib. 10, tit. 9.—Carta de paz de 1068. Marca hisp. apénd. 269.—Tregua de nostre senyor de 1163. Const. de Cathal. id. id. Paz y tregua de 1173. Marca hisp. apénd. 466 y Const. de Cathal. id. idem.—Paz de 1182. Const. de Cathal. id. id. 2.—Paz de 1198 por D. Pedro I. Marca hisp. apénd. 490 y Const. id. id. 3.—Paz de 1200 por D. Pedro I. Marca hisp. apénd. 492 y Const. id. id. 4.—Constituciones de D. Pedro I de 1202. Marca id. apénd. 493 Const. id. id. 5.—Constituciones de D. Pedro I de 1207. Marca id. apénd. 495 y Const. id. 6.—Paz de 1214 por D. Jaime I, Márcia id. apénd. 502.—Paz de 1228 por el mismo. Marca id. apénd. 506 y Const. id. 7.—Paz de 1234 por el mismo. Marca id. apénd. 513 y Const. id. id. 11.—Respuestas de D. Jaime I al veguer del Rosellón en 1256. Marca id. apénd. 524.

(2) Carta de paz de 1068. Marca hisp. apénd. 269.

(3) Const. de D. Pedro I de 1207. Marca hisp. apénd. 495.

(4) Marca hisp. apénd. 500.
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las leyes comunes, añadía cada constitucion alguna otra extraordinaria en casos particulares, concluyendo todas además con la excomunion y el terrible anatema de la exclusion de la paz pública. La promulgada por el conde D. Ramon y el obispo de Elna para el condado de Cerdaña y Conflent, á favor de los labradores y sus ganados, castigaba á los infractores con una multa de 60 sueldos, cuya tercera parte habia de percibir el obispo (1). La publicada por el arzobispo de Narbona y los obispos de Gerona y de Elna con los condes de Rosellon, Ampurias, Besalú y Cerdaña á favor de las iglesias, de las personas eclesiásticas, de los villanos y de sus bienes, limitaba la pena á la simple reparacion del daño, siempre que se satisficiera en los quince primeros dias; pero trascurrido este término, imponía la doble reparacion, con el juicio del agua fría; y si tampoco pagaba el reo en los quince dias siguientes á la presentacion de la querella, quedaba excluido de la paz y excomulgado, y podia ser maltratado por cualquiera impunemente. El homicida, sin embargo, debia ser condenado en todo caso á destierro perpetuo; y si el homicidio habia sido involuntario, á destierro temporal (2). La constitucion de 1175, promulgada por D. Alfonso II, declaró tambien que el quebrantador de la paz que no pagara su pena en el plazo ultimamente señalado, pudiera ser ofendido impunemente, excepto en sus ganados y aperos de labranza, y que quien causara daño á algun caminante, además de satisfacer la reparacion doble, fuera tratado como reo de lesa majestad, á menos que estuviera en guerra con el ofendido ó que fuera éste su vasallo (3). La constitucion de D. Pedro I, publicada en 1202, mandó derribar las casas de los que quebrantarían la paz incendiando mises eijenas. La del mismo monarca de 1207 dispuso que al vasallo del rey que no satisficiese la pena en que incurriera por quebrantamiento de paces, no dieran los barones asilo ni ayuda y que por el contrario, le hiciesen la guerra cada uno por sí ó á las órdenes del rey (4).

Las treguas del señor duraban por regla general desde la puesta del sol del miércoles de cada semana, hasta el amanecer del lunes de la siguiente: desde el Adviento hasta la octava de la Epifania: desde el lunes de Carnaval hasta el lunes siguiente á la octava de Pascua, y los dias en que la Iglesia celebra las fiestas de la virgen y de ciertos santos (5).

(1) Usag. Cunctis paieat. Const. de Cathal. vol. I, lib. 10, tit. 8.
(2) Usag. Dela Prelats, Const. id. id.
(3) Marca hisp. apénd. 496.
(4) Ibid. apénd. 495.
(5) Usag. Dela Prelats, Const. de Cathal. vol. I, lib. 10, t. 8.
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Región por lo tanto estas constituciones una gran parte del año, y aunque en la restante se castigaran los delitos menos severamente, hubieron de contribuir no poco á moralizar aquella sociedad semi-bárbara, amenazada siempre en su existencia por los excesos de la fuerza. Fué uno de sus principales beneficios contener un tanto la anarquía á que daba origen la multitud de jurisdicciones particulares, independientes ó sujetas á la corona por lazos debilísimos, extendiendo y consolidando la autoridad del monarca sobre los mismos señores jurisdiccionales. Con los procesos de paz y tregua, sin quedar despojados de su potestad los magnates, barones y caballeros, lo cual era entonces imposible, logró sobreponerse á ella la del rey, supliendo sus negligencias, corrigiendo sus abusos en la administración de la justicia criminal y asegurando hasta cierto punto la persecución y castigo de todos los delitos graves, que es la primera necesidad de los Estados.

El quebrantador de las paces no comparecía desde luego ante los jueces reales, sino ante su propio juez, aunque lo fuera el señor territorial ó el obispo. Eralo este último en los más de los casos, por razón del anatema que había de fulminarse contra el reo, y cuando no, alguno de los príncipes, prelados, barones ó caballeros que habían autorizado y promulgado la constitución infringida. Mas si el reo no prestaba la debida reparación en los quince días siguientes al de la ejecución del delito, ó fianza segura de satisfacerla (1), cesaba el juez señorial en el conocimiento de la causa, y desde entonces quedaba sujeto el acusado á la jurisdicción real, dándose principio al proceso de paz y tregua. En su virtud era requerido el reo á comparecer ante el veguer ó el bayle, para satisfacer al agraviado, y si no lo verificaba, se le declaraba excluido de la paz de Dios en su persona y bienes. Aunque el veguer recibiera primero la querella del ofendido, debía abstenerse de proceder y remitirla al juez señorial, á quien competía su conocimiento, requiriéndole á hacer justicia; pero trascurrido el término de quince ó de treinta días, según los lugares, sin darse la reparación debida, aunque fuera por negligencia del acusador, se devolvía la competencia á la jurisdicción real ordinaria (2). Desde este momento cualquiera podía impunemente maltratar al reo y los cabezas de familia debían salir en su per-

(1) En algunos condados y obispados era este término de treinta días.
(2) Carta de paz de 1068. Marca hisp. apénd. 289. Usag. Dels Prelats. Pax de 1173. Marca, apénd. 466. Id. de 1200, apénd. 493. Id. de 1225, apénd. 502. Idem de 1234, apénd. 513.
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secucion ó poner en su lugar quien la ejecutase (1). Los barones debian declararle la guerra y el veguer podia aprehenderle y juzgarle (2), y aun solia derribar sus casas y castillos, á menos que constituyesen feudo de señor no complicado en el delito (3). Era regla general no proceder contra ninguno por paz y tregua, sino á instancia de parte; mas cuando el delito cedia en daño de caminantes ó de extranjeros, tambien podian proceder de oficio el veguer y el obispo en sus respectivos casos (4).

Merced á esta institucion saludable lograron penetrar los ministros del rey en las tierras y en los castillos de los barones, iglesias y señores jurisdiccionales, á pesar de las prohibiciones comunes que lo impedian (5), si bien con la restriccion de juzgar en tales casos por la constitucion de paz del lugar, y no por la ley comun (6). Tambien lograron los vegueres la facultad de declarar la guerra y hacer represalias á los dueños de castillos y jurisdicciones que ofendieran á los vasallos del rey ó les denegaran la justicia, para lo cual podian entrar en sus tierras y tomar en ellas cualesquiera prendas, aunque pertenecieran á sus vasallos (7). Hasta los eclesiasticos y los caballeros, generalmente exentos de la real jurisdiccion, quedaron sujetos á los vegueres en las causas de paz y tregua (8); y como estas debian formarse por la mayor parte de los delitos, tomó asi grande incremento la potestad real, con mengua de las jurisdicciones feudales.

Sin embargo, estos procesos no llenaron cumplidamente su fin, porque si bien una vez comenzados, quedaba libre y expedita la accion de la justicia sobre el delincuente, no podian empezar hasta quince ó treinta dias despues de la perpetracion del delito, y entre tanto solian desaparecer sus pruebas y sus autores, si los jueces senoriales, como sucedia frecuentemente, no actuaban con la diligencia necesaria ó no empleaban los oportunos medios de coaccion. Para remediar tan grave inconveniente, se adoptó un nuevo procedimiento llamado de vía fora somant, contra los malhechores y huidos, mediante el cual podian las justicias reales perseguir y castigar sin dilacion alguna, los delitos graves que tenian señalada pena perso-

(1) Paz de 1192. Const. de Cathal. vol. 1.º, lib. 10, t. 8, II.
(2) Paz de 1200. Marca, apénd. 492.
(3) Const. de D. Pedro III de 1382 en Const. de Cathal. vol. 1.º lib. 10, t. 8, XXI.
(4) Const. de D. Pedro II de 1273. Ibid. XII y XV.
(5) Const. de D. Jaime I de 1228. Const. de Cathal., lib. 1.º t. 33, II.
(6) Const. de D. Alfonso II de 1238. Ibid. lib. 3, t. 2, V.
(7) Mieres, Apparat. sup. Const. t. 1., collat. 2.º c. 1.
(8) Ibid. Collat. 3.º c. 27
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nal, ó que no se redimian con la composicion pecuniaria, los cometidos en caminos públicos y los llamados in fraganti (1). Perpetrado alguno de estos delitos, el ofendido ó otro cualquiera podia en el acto de su ejecucion ó en el de tener noticia de ella, lanzar el grito de somaten, el cual repetian y continuaban todos los vecinos, hasta que llegaba á oídos del veguer. Este debia admitir inmediatamente una informacion sumaria sobre el hecho denunciado, y su autor, dando cuenta en seguida de lo que resultara á los concelletes ó concejales del lugar, para deliberar y decidir con ellos, si pro cedia dar la voz de vía sora somaten. Siendo afirmativo el acuerdo, pronunciaba el veguer aquella formula, la cual era repetida por los sayones y agentes de la autoridad, tocando una campana designada al efecto, y á su clamor acudian todos los vecinos á fin de acompanar y ayudar al veguer en la persecucion del reo denunciado (2). Estaban obligados á este servicio, no solamente los oficiales del rey y los hombres sujetos á su jurisdiccion, sino tambien los vasallos particulares, aunque á éstos no se les podia exi gir más de un dia de faena (3). Un vecino de cada pueblo, á quien se daba el título de capitán de somaten, tenia el cargo de acaudillar la gente del mismo y conducirla á las órdenes del veguer.

Organizada así la hueste, marchaba al lugar donde se ocultaban ó am paraban los delincuentes, y entraba llanamente en él, aunque fuera de señorío particular ó de orden religiosa. El veguer hacia entonces cuantas pesquisas juzgaba necesarias, si bien para entrar por fuerza en los castillos y registrarlos, habian de preceder varios requerimientos, con señalados intervalos (4) y una informacion sumaria de hallarse en el lugar los reos perseguidos (5). Si éstos eran capturados debian entregarse á su juez natural, aunque fuese de señorío, siempre que tuviera la jurisdiccion necesaria para castigarles, y hubiera sido ejecutado el delito dentro de su territorio, pues en cualquiera otro caso era siempre competente el veguer aprensor, para continuar conociendo de la causa (6). Asi los procesos de paz y tregua por una parte, y los de somaten por otra, fueron ensanchando los limites de la potestad real á costa de las jurisdicciones particulares, cuya muchedumbre

(1) Const. de D. Jaime II de 1291. Const. de Cath. lib. 9, t. 22, l. Olivan ad usat. Alium namque c. 14, n. 63. Ripoll, Regiarium tractatus, c. 12, n. 4 y 18.
(2) Ripoll, obr. cit. c. 12.
(3) Const. de Cath. vol. 1, lib. 9, t. 22, III y vol. 2, lib. 9, t. 14.
(4) Ibid. vol. I, lib. 9, t. 22, III.
(5) Ripoll, obr. cit. c. 12.
(6) Const. vol. I, t. 22, III.