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pregon convocándoles á la guerra; y dice una ley de D. Jaime I, que si tenían sus heredades en diversos lugares de la corona, debían salir á campaña desde la primera vez que oyesen el pregon (1). Sólo se excusaban las viudas, aquel cuya mujer estuviese de parto ó cuyos padres se hallaran enfermos en peligro de muerte, y los ausentes. El que sin ninguna de estas excusas dejaba de acudir al llamamiento ó no ponía en su lugar un sustituto, debía pagar una multa de 60 sueldos (2). Estaba sin embargo exento de este servicio el vasallo del rey que establecía su domicilio en casa de algún infanzón, por más que no se eximiase de los otros que debiera por razón de las heredades que tuviese de la corona, si no las dimitía oportunamente (3). Estaban igualmente exentos los jueros ó colonos de los nobles é infanzones; lo cual estimaban éstos en mucho, porque así no se privaban del fruto de su trabajo, ni aun en tiempo de guerra (4).

Como ni el rey ni los nobles tenían sobre estos vasallos la potestad absoluta que en los de parada, no debió de ser absolutamente ilimitado ó sin condiciones el servicio militar que podían exigir de ellos. No hubo sin embargo de estar sujeto á las restricciones de tiempo y de lugar, que limitaban el de los ricos-hombres y el de los infanzones, dado que éstas se consideraban como privilegios de una clase, á que tales vasallos no pertenecían. Si el infanzón, por serlo, no estaba obligado á servir más que tres días á su costa y dentro del reino, claro es que los villanos debían servir en cualquiera parte y todo el tiempo que fuera menester. Y en efecto, debían estos villanos acudir á las cabalgadas y á las huestes, que eran dos clases de servicio militar, á las cuales se llamaba por distintos pregones. El servicio de cabalgada era, según Blancas, el que se prestaba un solo día, en la región ó provincia en que se hallaba el rey, y tenía por objeto resistir las invasiones repentinas y violentas de los enemigos. El servicio de hueste, según el mismo autor, duraba más tiempo y se prestaba en cualquiera parte, aunque no estuviese del rey (5). Y pues que tanto uno como otro servicio debían prestar los villanos al rey, su obligación no tenía otros límites que los de las necesidades de la corona.

Todas las clases de propiedad conocidas en Aragón contribuían, pues,

(1) Fuer. l. 7, t. De expeditionibus, 2.
(2) F. lib. 8, t. De expeditionibus, 1, 3.
(3) F. lib. 4, t. De numeribus agnoscendis, 3.—Observ. lib. 6, t. De privileg. militum, 5.
(4) Blancas, Arag. rer. p. 324.
(5) Blancas, Arag. rer. p. 324.
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de un modo ó de otro al servicio de las armas. Desde la tierra servil que daba albergue miserable y no seguro alimento al villano de parada, hasta la tierra alodial, todas servían de vínculo entre el individuo y el Estado para la común defensa. El villano era soldado del señor del lugar en que moraba, ya lo fuese el rey ó ya algún noble, por el solo hecho de vivir con el producto de sus tierras y disfrutar las aguas, los pastos, los caminos y las demás cosas hoy comunes, pero que en la Edad Media pertenecían al dueño del territorio. El infanzón, por serlo y tener en su consecuencia casa privilegiada y los otros derechos territoriales que le reconocía el fuero, era soldado del rey á su propia costa, durante tres días al menos cada año. El rico-hombre, que percibía las multas de los vasallos de sus lugares y las demás rentas territoriales del rey, y el poseedor de caballerías, estaban obligados á un mes de servicio, el primero á sus expensas, y el segundo á las de la corona. A su costa también debía militar con el rey dos ó tres meses cada año el noble poseedor de honores. El feudatario, en fin, debía prestar los servicios militares acostumbrados; y así toda la propiedad territorial estaba gravada con esta carga propia y esencial del feudalismo.

CAPÍTULO III

De la potestad inherente á la propiedad territorial.

1.

DE LA POTESTAD Y JURISDICCIÓN DEL REY.

Así como el dominio territorial solía llevar consigo en Aragón el señorío sobre los pobladores respectivos, así tenía igualmente por atributo necesario ó la plena jurisdicción ó cierta potestad, que si no era conocida con aquel nombre, producía semejantes efectos. He dicho antes que sólo los infanzones y nobles eran hábiles para poseer tierras en honor, y que en ellos también podía únicamente reconocerse la propiedad alodial y libre, ya que no podía darse este nombre á la que disfrutaban los villanos, tan sobrecargada de censos y gabelas, tan precaria en su ejercicio y tan sujeta á la voluntad y al capricho de los señores. Los infanzones eran también los únicos que podían ser dueños de lugares y tener vasallos y participar en este concepto de la potestad pública, como fruto de la propiedad territorial, que era otro de los caracteres del feudalismo.
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que se estremece al oir la relacion de un parricidio—pregunta el criminalista Rossi—¿temerá el brazo de un hijo que no tiene?»

Hay acciones en que para nada entra el placer fisico ni el bienestar material, y son, sin emtargo, objeto; unas de alabanza y de anatema otras.

Un hombre se encuentra en grave riesgo y le prestais ayuda; siente una necesidad apremiante y le satisfacéis; padece y le aliviais; decidme, ¿en esos casos no experimentais íntima y deliciosa satisfaccion?—Pero observará alguno: esos actos pueden ser producidos por el agradecimiento de aquel á quien habeis socorrido.—No, es un desconocido, un ser con quien no pensais volver á encontrarlos. Esto sucede todos los dias: no lo negareis.

Por el contrario, un hombre se ahoga: alargándole una mano le salvais: no lo haceis, quedareis satisfechos de vosotros mismos, aunque ese hombre fuese vuestro más mortal enemigo?

La moral del placer, del interés, el sistema egoista proclamado por Epicuro, Rochefoucauld, Bentham, Hobbes, Mandeville, Helvecio y tantos otros, y que hoy, por desgracia, cuenta con no pocos partidarios, es, no obstante, completamente falso.

Los individuos y los pueblos jamás han confundido lo útil, lo agradable y lo bueno. El placer y el interés, elementos variables, no pueden nunca ser fines obligatorios; el bien, inmutable, es concebido siempre como una ley que debe cumplirse.

Lo agradable puede no ser útil ni bueno, lo útil no ser bueno ni agradable, pero lo bueno es, aunque parezca que no, siempre agradable y útil. Porque bien es cuanto nuestras leyes constitutivas ordenan, y cumpliéndolas, es como el hombre alcanza todo el desarrollo y perfeccionamiento á que en este mundo puede llegar. Por otra parte, á la realizacion del bien acompaña constantemente un delicioso y purísimo sentimiento interior. Porque el bien es el orden, la ley que se cumple; así como el mal es el desorden, la ley que se viola.

El desinterés, la caridad, la abnegacion, etc., etc., son virtudes que enaltecen al hombre y por las que se hace acreedor al cariño y respeto de sus semejantes. La ofensa, el insulto, el crimen dejan siempre hiel en el corazon de sus autores y les conquistan la animadversion y enemistad de aquellos entre quienes viven.

Y hé ahí lo útil junto con el bien, lo perjudicial unido al mal: hé ahí acciones estrechando unas con dulce vinculo al hombre con el hombre, produciendo otras entre ellos la escision y la guerra. Y la guerra ¿no altera el orden? Y la paz ¿no lo afirma?
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Cuando los reyes de Aragon en cumplimiento de la ley fundamental de Sobrarbe repartían entre los infanzones las tierras reconquistadas, ó las daban expresamente con jurisdicción sobre sus pobladores, ó se sobreentendía que la otorgaba de este modo. Alfonso I, según se ha visto en el capítulo I de este libro, concedió á los vecinos de Calatayud entre otros derechos, el de ejercer jurisdicción sobre los moros, judíos y cristianos que tuvieran en sus heredades. Otras muchas mercedes de tierras hicieron los reyes en iguales ó parecidos términos.

Pero aunque las escrituras de enajenación no lo dijesen, la antigua jurisprudencia enseñaba que debía entenderse trasmitida la jurisdicción con el dominio de las heredades realengas. Así lo aseguraba Miguel Molino, fundándose en cierta antigua glosa del Privilegio general, que declara no ser conocido en Aragon el mero y mixto imperio del monarca, ó sea su potestad absoluta, por hallarse todos sujetos al fuero, costumbre, privilegio ó carta de donación ó cambio, según se venían practicando, y deberse entender por donación ó cambio, según los antiguos foristas, los contratos en que trasmitía el rey con la tierra la jurisdicción, aunque no la nombrase expresamente (1).

Verdad es que esta jurisprudencia se modificó después en provecho de la autoridad real, fundándose los innovadores en que el mismo Molino y el compilador de las Observancias calificaran de usurpada la jurisdicción de muchos señores, dueños de tierras procedentes del rey, y otros jurisconsultos posteriores sostuvieran que las mercedes reales de tierras no trasmitían jurisdicción como no se hiciera de ella mención expresa (2). Pero si esta doctrina pudo ser patriótica y conveniente en el siglo xviii para fortalecer la monarquía, de seguro no era la más conforme con la tradición y la historia. Ni lo de ser usurpadas muchas jurisdicciones particulares se decía en el sentido de que fueran ilegítimas, cuando el Justicia Martín Diego de Aux recopilaba las Observancias y Molino escribía su Repertorio, pues lo que uno y otro quisieron decir fue que la mayor parte de estas jurisdicciones no habían sido expresamente otorgadas por el rey, sino adquiridas por costumbre y en tal concepto usurpadas en su origen, pero legitimadas con el transcurso del tiempo, dado que la prescripción era uno de los títulos por los cuales se ganaba la jurisdicción según las leyes. Y si

(1) Repertor. foror. v. Jurisdictio.
(2) Id. id. v. Domini locorum.—Observ., lib. 6.º t. De privil. milit. —Callisto Ramírez, Tract. de legae regia.
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en efecto debía ésta entenderse otorgada con las tierras del rey, aunque la escritura de merced no hiciera mención de ella, según afirmaban los antiguos glosadores, ni aún en su origen habrían sido usurpadas otras jurisdicciones que aquellas que se ejercieran en lugares que nunca pertenecieran á la corona, ó cuyo dominio se le hubiera á la vez usurpado.

En el siglo xv luchaban empeñadamente por prevalecer en el régimen del Estado las tendencias monárquicas de los modernos juristas, que bebían sus doctrinas en las fuentes de la jurisprudencia imperial, con las tradiciones aristocráticas y los privilegios de clase, á que habían dado origen la flaqueza del poder supremo, la anarquía feudal y el estado permanente de guerra en que vivían los pueblos. Los que comprendían las necesidades del país y los que cultivaban el estudio de las leyes imperiales, modelo á la sazón de sabiduría jurídica, buscaban remedio á los males públicos en la centralización del poder supremo. Los que interesados por el antiguo régimen aspiraban á mantenerlo, conciliándolo con el espíritu de las doctrinas modernas, incurrían en graves contradicciones, sin lograr siempre su objeto. De cian los primeros, apoyados en la autoridad de Bartolo y otros glosadores: el rey tiene su intención fundada á la jurisdicción en todo el reino, la cual le pertenece como atributo inseparable de la soberanía: si enajenó alguna parte de ella no se desprendió de todos sus derechos, ni aún en la misma porción de territorio enajenada, y en particular de cierta potestad eminentemente que sólo puede ejercer la corona. Así las jurisdicciones señoriales, que carecían de título de adquisición escrito, no tenían origen legítimo, según aquellos jurisconsultos, porque no se fundaban en un acto voluntario y auténtico del soberano, y según otros juristas más radicales, ni siquiera habían perdido con el transcurso del tiempo tales jurisdicciones su calidad de usurpadas, porque hacían parte de la soberanía y ésta no era prescriptible. Los políticos más conservadores afirmaban que aunque el rey tuviera su intención fundada á toda la jurisdicción, era de derecho y no de hecho, ó in habitu y no in actu, según la frase escolástica, y que las jurisdicciones enajenadas ó se fundaban en mercedes que el rey había podido otorgar en uso de su soberanía ó en actos que la prescripción había convocado, puesto que ésta era título legítimo para adquirir hasta las cosas de mala fé poseídas.

Pero la verdad era que ni las doctrinas de los regalistas modernos cabían dentro de las instituciones antiguas, incompatibles con toda centralización y establecidas para una sociedad que vivía constantemente en guerra, ni las doctrinas de los conservadores lograban conciliar aquellas institu-
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ciones con los nuevos principios de predominio monárquico y centralización política. Lo cierto era que la corona había distribuido la mayor parte de las tierras conquistadas, porque así lo exigía en Aragón la ley constitucional de Sobrarbe, y en los otros reinos de España la necesidad y la costumbre: que la conquista era en los primeros siglos de la Edad Media un título con que se ganaba no sólo la potestad pública, sino el dominio privado del territorio conquistado, del cual podía disponer el conquistador como de sus bienes propios; que cuando el monarca concedía alguna porción de este territorio, sin reservarse derecho alguno, se entendía que la daba con todo lo que en ella le correspondía, del mismo modo que hoy cuando se enajena una finca se entiende enajenada en pleno dominio y con todos los derechos que en ella tenga el enajenante, excepto aquellos que se reserve expresamente; y que siendo la jurisdicción coherente con el territorio, según la máxima de derecho, que reconocían todos los jurisconsultos foristas, y además un medio necesario para asegurar los productos y utilidades de la tierra en tiempos en que la autoridad pública no podía dispensar á todos los súbditos la protección que requería su derecho, era natural y aún justo que se entendiese comprendida en toda mercéd de territorio poblado ó que hubiera de poblarse de hombres capaces de hacerlo valer, bien como hacienda productiva, bien como fortaleza contra los enemigos del Estado. Era también indudable que por más que este sistema de reorganización política no fuera necesario, ni estuviera justificado desde el momento en que concluida la reconquista, pudo la autoridad pública mantener el derecho de todos, se sostuvo aun mucho tiempo, como sucede á todas las instituciones antiguas, por la inercia de unos, por el interés de otros y por el respeto que á todos infunde lo acostumbrado y lo tradicional. Duraba, pues, este sistema no sólo en el siglo xv cuando Martín Diego de Aux recopilaba las Observancias y Miguel Molino las completaba con su Repertorio de fueros, sino en los siglos xvi y xvii en que escribían sobre ellos en sentido regalista Ibando Bordaxí, Sesé, Ramírez y otros jurisconsultos; pero luchando en uno y otro tiempo con las nuevas doctrinas monárquicas que pugnaban por transformarlo y que en efecto consiguieron destruirlo.

Mas aunque no fuese tan conocido por la historia el origen de las jurisdicciones señoriales, las leyes de Aragón, vigentes hasta la abolición de los fueros políticos, reconocen y declaran su procedencia de la propiedad territorial. Uno de los capítulos comprendidos en el Privilegio general del Reino que D. Pedro III confirmó en las Cortes de Zaragoza de 1283, á peti-
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cion de los barones y ricos-hombres, y que venia establecido, aunque no siempre bien guardado, desde tiempos muy remotos, decía de esta manera: «Que el señor rey no meta justicias ni faga judgar en ninguna villa ni en ningun lugar que propio suyo no sia» (1). De modo que era ley general del reino, dictada en provecho de los nobles y de los barones, esto es, de las personas que ejercian jurisdiccion señorial, la de que el monarca no juzgara ni presiera jueces en los lugares que no le pertenecian en propiedad. Es, pues, evidente que donde el soberano no ejercia dominio territorial no tenia tampoco derecho para administrar justicia; y la razon de esto no podia ser otra sino que la jurisdiccion competia únicamente al dueño del territorio. Y como las villas y lugares que no eran propios del rey pertenecian á los nobles y barones, bien en propiedad absoluta ó bien á título de honor, es claro que á ellos correspondia tambien exclusivamente el derecho de juzdgar y de meter justicias en tales lugares y villas. Si los nobles se mostraron tan celosos por la observancia de aquella ley no fué ciertamente tanto para mantener la competencia limitada de la corona, cuanto para conservar ellos la suya propia en el territorio de su particular dominio. Si el fundamento de la jurisdiccion no hubiera sido la propiedad privada, no se habria limitado la potestad judicial del rey á los lugares suyos propios; y si en todas las demas villas y lugares no hubiese pertenecido á los nobles el pleno ejercicio de esta potestad, no habrian estos reclamado á D. Pedro III contra la inobservancia del privilegio y obligadole á su confirmacion.

Pertenecian al dominio de la corona las ciudades, aunque con las graves restricciones, que suponian los numerosos privilegios y exenciones que disfrutaban sus vecinos, y todas las villas, pueblos y despoblados que no habian sido repartidos ni enajenados á los infanzones á titulo de donacion, venta, permuta ó caballeria de honor. La jurisdiccion del rey se extendia á todas estas tierras, como suyas propias que eran, y se ejercia en el orden judicial, propiamente dicho, por medio de «zalmedinas, bayles, sobrejunteros y jueces especiales de moros y judios», y en el orden economico por los mismos zalmedinas y bayles, que acumulaban atribuciones judiciales y administrativas. Llamabanse zalmedinas los que hacian las veces del rey ó de los señores en las ciudades y grandes villas (2); eran, según Blancas, como pretores urbanos que puso D. Alfonso el Batallador con sus

(1) F. lib. I, t. de privil. gener.
(2) Canellas in Blancas, obr. cit. p. 414.
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propios nombres arábigos después de conquistar á Zaragoza (1). En las mismas ciudades y villas populosas había además «jueces ordinarios» ó «alcaldes» instituidos también por el rey, los cuales juzgaban las causas de los vecinos infanzones y villanos que no se hallaban sujetos á otra posesión, y no podían ser removidos sino en virtud de causa legítima (2). Y como no es probable que en una misma villa hubiese dos jueces con iguales atribuciones y distinto nombre, creo que el zahmedina sería superior al juez en el orden gerárquico. A unos y á otros auxiliaban en el desempeño de su oficio los merinos, que ejecutaban las sentencias y los mandatos del rey, hacían los embargos, sacaban prendas á los deudores y á los procesados e intervenían en todos los actos de los juicios, menos en la discusión de la causa y el pronunciamiento de la sentencia (3).

Los sobrejunteros eran unos oficiales instituidos por el rey para convocar y dirigir las juntas ó asociaciones que formaban los vecinos de ciertos pueblos para la persecución de malhechores. Había estas juntas en Zaragoza, Alcañiz, Montalvan, Huesca, Jaca y Sariñena. Los sobrejunteros tenían sus tenientes distribuidos por los pueblos y sus notarios. Eran meros ejecutores de las sentencias civiles y criminales y de las providencias del rey, sobre todo cuando se les requería para llevarlas á efecto por la fuerza; perseguían y aprehendían á los malhechores; y por todo ello recibían salario de las villas de su territorio y otros derechos que devengaban por sus ejecuciones (4). Los jueces especiales de los moros eran el Zavalachen, que conocía de sus causas, cuyo importe no exceder de dos sueldos, con apelación al juez cristiano, y el Alamín, que entendía en las mismas causas y desempeñaba oficio de sayon ó alguacil del Zavalachen. De las causas de los judíos por más de cinco sueldos podía conocer un oficial llamado Daien, y de las que excedían de esta suma otro denominado Hedín. Entre judíos y cristianos era juez el ordinario de estos; pero si su sentencia condenaba al judío, al Hedín tocaba ejecutarla (5).

Los baytes que juntamente con los zahmedinas ejercían la autoridad real en el orden económico, eran á la vez recaudadores y administradores de las rentas y bienes de la corona y jueces de la real hacienda (6). Había-

(1) Blancas, ibid. p. 131.
(2) Canellas, ibid. p. 414.
(3) Id. id.
(4) Canellas in Blancas, p. 416. F. lib. I, t. D. suprajunctarii 1, 4, 7, 8.
(5) Canellas, ibid. p. 415.
(6) Molino. Repert. v. Bajulus.
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los en las ciudades y villas realengas importantes (1), en las cuales cobraban los tributos del rey, ejecutaban á los contribuyentes morosos, se apoderaban de los tesoros hallados sin ducño y de los bienes vacantes, detenían y prendían á los monederos falsos y á los sarracenos prófugos, cobraban las colonias y multas, capbrevaban las rentas y emolumentos del fisco y conocían de las cuestiones sobre peajes y de todas las causas del real patrimonio (2).

Cierto es que además de esta jurisdicción, que en los lugares suyos propios tenía el rey como tal propietario, ejercía otra general sobre personas que no residían en estos lugares ni tenían tierras de la corona. Pero esta jurisdicción, aunque independiente al parecer de todo dominio territorial, traía, sin embargo, origen de él, ó tuvo con él estrecha relación de dependencia en los primeros siglos de la reconquista. Tenía, en efecto, el rey sobre los infanzones que habitaban en lugares de señorío jurisdicción criminal acumulativa con el regente el oficio de gobernador y con el Justicia (3). Ejercía además jurisdicción civil sobre ellos en las cuestiones relativas á castillos sitos en el reino, á la declaración del estado de infanzonia, y en todo género de litigios, cuando el infanzón moraba en lugar de señor no jurisdiccional, ó cuando aunque habitase en lugar de señor jurisdiccional, fuera él á su vez dueño de castillo á otro lugar de aquella especie con señorío de vasallos (4). Los que además de infanzones eran ricos-hombres, barones ó caballeros, si delinquían no podían ser penados en sus cuerpos, ni aún por el rey. La única providencia que podía éste en tal caso adoptar contra ellos era la de mandar prenderlos y tenerles detenidos todo el tiempo que fuera su voluntad (5). Salva esta inmunidad, los ricos-hombres, los señores de vasallos, las universidades ó pueblos y las aljamas de

(1) Ximenez de Argues. Discurso del oficio del baile de Aragon, pár. 26. Había bailes en Daroer, Calatayud, Huesca, Tarazona, Borja, Jaca, Albarrazín, Teruel y Exea.

(2) Ximenez Argues. Obr. cit., párrafos 1, 4, 13, 14, 15, 17 y 19.

(3) Observ. lib. 2, t. De for. competent. 7.

(4) Observ. lib. 2, t. De fort. compet. 10, 21, t. De salva infantion., 10, 11. F. lib. 4. t. De probationib.

(5) Observ. lib. 7, t. De pace, 2. "De consuetudine regni nobilis non puniantur pro delictis, paenis temporalibus."—F. lib. 1, t. Quod regens officium gubernatoris sit miles.—Lib. 9, t. De confirmatione pacis. Es una carta de paz y tregua expedida por D. Jaime I en 1247, y en ella es donde por primera vez se lee que si en el noble caballero que cometiere homicidio, robo ó fuerza sin desafío previo, no se pudiere hacer justicia corporal, "nos (el rey) debemus sum capitare et captum destinere dum voluerimus ad voluntatem et mercedem nostram."