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del individuo de la comisión que redactó el artículo y que, si no recuerdo mal, fué el Sr. Moret. Las palabras en su inmediato sucesor que se hallaban en las Constituciones anteriores eran un verdadero pleonasmo, porque claro es que la abdicación personal del rey no podía menos de producir, con ó sin su voluntad, el efecto de adquirir la Corona su inmediato sucesor previamente llamado, no por él, sino por la Constitución. Los legisladores, pues, de 1869 no previeron ni legislaron para más casos que sus predecesores de 1845, 1837 y 1812.

Esto mismo lo dice espontáneamente el Sr. Olózaga en su carta, porque declara que la Constitución vigente en esta parte se ha conformado con lo que ya estaba prescrito en la del año 1845, en la de 1837 y en la de 1812, que como se acaba de demostrar, limitaban textualmente la necesidad de la autorización especial de las Cortes para el caso de abdicación del rey en su inmediato sucesor, ó lo que es lo mismo, para el caso de la abdicación personal. Como después de esta textual declaración sostiene el Sr. Olózaga que la Constitución vigente, á pesar de haberse conformado en este punto con las anteriores, extendió contra lo que aquellas disponían la necesidad de la autorización al caso de la abdicación, no personal del rey en su inmediato sucesor, sino del rey por toda su dinastía; y no á favor de otra sino de la misma nación, es cosa que yo no acierto á comprender. Verdad es que nada de particular en esto hay: que no es fácil al que vive como yo á media luz en las regiones de una pobre inteligencia poder resistir de pronto y de lleno la luz de otra grande y resplandeciente.

Dejando ya á un lado la explicación histórica de este curioso caso legislativo, me atreveré á sostener que el estudio filosófico del mismo caso confirma los resultados de su explicación histórica.

Según la teoría liberal que el Sr. Olózaga ha profesado siempre, á juzgar á lo menos por el dogma del partido á que él y yo hemos estado constantemente afiliados, el rey y su dinastía (cuando lo había) tenían derecho á la Corona en virtud de un pacto expreso ó tácito celebrado con la nación. Una de las condiciones de ese pacto era que el rey había de reinar mientras física, moral ó intelectualmente, le fuese posible; y concibe perfectamente la razón que no se permita á una de las partes contratantes alterar, sin el consentimiento de la otra, una de las condiciones de un pacto, habiendo de continuar sin embargo, subsistente todas las demás. Si así fuera, del capricho de los reyes hasta podría depender que una nación, cuya dinastía se distinguiere por su falta de laboriosidad, hubiese de vivir entregada á las convulsiones de régias minorías, uo interrumpidas sino por el tiempo necesario
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para que el rey todavía ayer menor de edad pudiera trasmitir hoy la Corona á otro menor. Y aunque se tache de exagerada la posibilidad que se acaba de indicar y se reduzca á proporciones verosímiles, habrán de ser éstas siempre bastantes para que desde luego se comprenda el racional fundamento del precepto de nuestras Constituciones.

Pero cuando no es el caso la alteración por la sola voluntad del rey de una de las condiciones del pacto nacional para que las demás queden subsistentes, sino que se trata de la rescisión total del pacto mismo; cuando el rey no quiere trasmitir prematuramente á favor de individuos de su familia los derechos que por ese pacto ha adquirido, sino que renuncia todos los que á él y á los suyos puedan corresponderle residiendo así por completo el mencionado pacto ¿por qué ni con qué objeto ha de necesitar para esto de la autorización de la otra parte contratante? Esa autorización supondría en quien la otorgase derecho á oponerse á lo que con ella el rey intentase hacer; y ¿qué derecho habrían tenido las Cortes para imponer semejante perpetua servidumbre á la dinastía, obligándola á ocupar un trono que ella no quería y prohibiéndola que devolviese al pueblo la libertad de disponer de sus propios destinos, á que había renunciado por el acto de la elección régia? Y aunque ese derecho existiera, ¿dónde están los medios de coacción que podrían emplear las Cortes para hacerlo eficaz, ni aunque tales medios fuesen posibles, cómo habría de ser conveniente su empleo para obligar á una dinastía á continuar contra su voluntad ocupando el trono? Pues el derecho público, á diferencia del privado, no sanciona todo lo que es justo, sino de esto lo que es práctico y conveniente.

Por esto creo y sostengo, salvo el respeto que no puede menos de inspirarme el Sr. Olózaga, que el rey no tuvo necesidad constitucional de pedir autorización á las Cortes para hacer lo que hizo, y que además no debió pedirla, como no la pidió, porque se lo vedaban de consumo el derecho de su familia y su dignidad personal. Y si á ello no se opusiera mi acatamiento á los actos de las Cortes, diría además que se habrían encerrado en sus estrictas atribuciones si se hubiesen abstenido de declarar que aceptaban la renuncia ó abdicación del rey, porque al hacer esta declaración parece que se supuso que tenían la facultad de no admitirla, cuando esta facultad llegaba á manifestar al monarca su deseo de que no abdicase ó renunciase el derecho que le correspondía por la elección de 16 de Noviembre del 69, á ejecutar en una palabra, todos cuantos actos hubiesen tenido por conveniente para demostrarle sus sentimientos; pero no á oponerse en nombre del derecho establecido á la en este punto libérrima voluntad del rey.
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He dicho en esta carta que, aparte de las indicadas razones de derecho, hubiera creído inútil y peligroso, y hoy añado que gravísimomente inconveniente, dada la situación de las cosas á las diez de la mañana del 11 de Febrero, que el rey hubiese mandado á las Cortes su mensaje pidiendo autorización para abdicar como el Sr. Olózaga quería. Poco me bastará decir para que, así y todo, sea más que lo suficiente á demostrar lo que seguramente nadie, á excepción del Sr. Olózaga, puso entonces en duda.

La resolución de abdicar ó renunciar fué comunicada por primera vez al gobierno el sábado 8 de Febrero. El 9 se empezó á divulgar por todos los círculos políticos de Madrid. Era natural: S. M. no hacía de ello un secreto, y en Palacio se comenzaron ya aquel día á hacer públicamente los preparativos de viaje, en que tomó parte, como no podía menos de suceder, la servidumbre de más ínfima categoría. El domingo y el lunes se hicieron con calorosa insistencia por los ministros, juntos y separadamente, los esfuerzos que cada uno creyó poder hacer según su modo de pensar, para que el rey desistiese de su resolución que todos considerábamos funesta para el país. Esto no fué posible porque, como S. M. manifestó en su mensaje, no dependía de la voluntad aislada de ningún individuo, sino de causas superiores á cada uno de los partidos, por ser comunes á todos los que se hallaban dentro de la legalidad y aún fuera de ella.

El rey, pues, en la mañana del 11, y aún en la noche del 10 estaba ya decidido de un modo definitivo e irrevocable á llevar inmediatamente á cabo su resolución y á salir del país sin pérdida de tiempo, como los hechos que después ocurrieron lo acreditaban. ¿Afirmará el Sr. Olózaga que estaba S. M. propicio en la mañana del día de la abdicación, después de todo lo que había ocurrido en el anterior, á esperar en Palacio que uno y otro Cuerpo colegislador discutiesen sucesivamente y por los trámites y con las necesarias dilaciones de reglamento la ley de autorización para abdicar? ¿No sabe el Sr. Olózaga que, si la familia Real no salió de Madrid hasta las seis de la mañana del 12, fué solamente porque no pudo prepararse antes el tren que había de conducirla? Rectifique estos hechos el Sr. Olózaga con su lealtad y como hombre de honor que es, supuesto el conocimiento de las cosas que no puede menos de tener, y que si no tuviera puede adquirir por conductos para él más que para nadie fidedignos.

Hay más: después de haber caído la noticia en el campo en que se agitaban revueltas las ardientes aspiraciones de los anti-dinásticos, y señaladamente del partido republicano, y después de la consiguiente excitación que tal noticia le produjo ¿crée el Sr. Olózaga que era posible la tranquilo
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y reglamentaria discusion de esa ley por cada uno de los Cuerpos colegiadores? ¿Cree que, aún suponiendo la posibilidad de esa discusion y fuese cualquiera su término, podía resultar de ella, una vez empezada, otra cosa que sangrientos conflictos para el país, y quizás terribles peligros de otro género, pero no ciertamente el afianzamiento de la dinastía, ni siquiera nada que no fuese una situacion peor y más difícil para ella que la que había dado causa á la renuncia?

Considere el Sr. Olózaga uno á uno todos los resultados que tal discusion podría tener. Fije su atencion en lo que hubiera sucedido si las Cortes hubiesen otorgado la autorización, ó si hubiesen declarado que no era necesaria por no estar comprendido el caso en el artículo constitucional. Figúrese la situacion en que se habría hallado el rey en cualquiera de estos supuestos. Medite también sobre la en que inmediatamente se vería si las Cortes le denegaban la autorización para abdicar. Mas para que pueda meditar con acierto considere á los partidos, no con la mutua templanza de sentimientos que la prensa de estos días nos demuestra que por desgracia no existe todavía, á pesar de los desengaños y de las desgracias comunes á todos y al país y no temidas ni siquiera imaginadas entonces, sino con la exaltación en las pasiones y con la intransigencia en que por desgracia para la patria venían desde hacía bastante tiempo é iban acentuándose cada día más y más. Y después de esto y con tal conocimiento de las cosas, sirvase decir el Sr. Olózaga si en el caso de ser consultado en la mañana del dia de la abdicación por el Sr. Conde de Rius, no le hubiera aconsejado lo mismo que yo á pesar de nuestros comunes deseos, cuya realizacion no estaba en su mano ni en la mía.

En el alcance, repito, á que las cosas habían llegado en la mañana del 11 de Febrero, sería comprometer á sabiendas los más sagrados intereses, inclusive los de la dignidad del Rey, obrar como por lo visto quería el Sr. Olózaga que se obrase, y como no quiso su propio sobrino el Sr. Conde de Rius en el hecho de aceptar el consejo que espontáneamente pidió á la amistad, y como no quiso obrar, en fin, S. M., inspirándose en su alta sabiduría en el hecho de enviar á las Cortes el mensaje, tal como el Conde se lo entregó.

Alega el Sr. Olózaga como razon principal de la conveniencia que hubiera habido en pedir esa autorización, la de que así no habría sido aceptada en votación ordinaria, como si se tratase del asunto más baladí y sin que precediera una sola palabra á la renuncia del Rey de España.

Mas, por ventura si la renuncia fué de tal manera aceptada, y si no se habló en las Cámaras sobre el caso, ¿fué debido á la forma en que la renun-
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cia ó abdicacion se hizo? ¿Quién privó á nadie de decir lo que hubiese tenido por conveniente desde que se leyó por primera vez en aquellas el documento, dado el giro empleado por la mesa para este asunto, y hacer todas cuantas manifestaciones y declaraciones hubiese querido con la misma amplitud que la que hubiera podido haber al discutirse la ley de autorización que deseaba el Sr. Olózaga?

Y si se hubiese otorgado esa autorización de la misma manera y con la misma forma que la renuncia fué aceptada, ¿no vé el Sr. Olózaga que entonces su sistema de argumentación hubiera podido ser explotado con más apariencia de fundamento por los que pensaban y deseaban lo contrario de lo que pensábamos y ansiábamos él y yo?

Convénzase de que su opinión no era constitucional ni conveniente. Y así también debe pensarse que opinaban, según lo demuestran los hechos, los hombres más notables, no de este ni de aquel partido, sino de todos los dinásticos que tenían su representación en las Cámaras. Por dos veces se leyó en ellas el mensaje remitido por el Rey. Mucho tiempo trascurrió desde la primera lectura hasta la aceptación de las Cortes. Con motivo del mensaje pidieron la palabra é hicieron uso de ella precisamente para hablar de cuestiones de legalidad constitucional, hombres eminentes del partido conservador dinástico. Ninguno de ellos, entre las varias cuestiones de que se ocuparon, pronunció una sola frase sobre la supuesta forma anticonstitucional del documento, ni sobre la supuesta necesidad de la autorización de las Cortes para presentarlo. No hubo nadie, absolutamente nadie, que manifestase ni indicase siquiera, en aquellos solemnes instantes, la opinión que sostiene el Sr. Olózaga. Ahí están para ser leídos, los diarios de sesiones de las Cámaras.

Yo reconozco de buen grado el plenísimo derecho con que el Sr. Olózaga podrá decir que el modo de pensar de los demás no es razón bastante para que él haya de sacrificar sus propias convicciones. Es verdad. Pero sirvame siquiera de defensa por no haber podido alcanzar su opinión, el hecho de que tampoco tuvieron alas para llegar á ella las elevadas inteligencias de aquellos á quienes acabo de referirme.

Lo particular del caso es que el Sr. Olózaga, pensando como pensaba, obró sin embargo entonces como si pensara en sentido contrario. Al presentarse á redactar el documento, es evidente por lo dicho en esta carta que suponía que no había de ser firmado por ninguno de los ministros responsables. Y siendo así, ¿cómo quería el Sr. Olózaga que fuese objeto de las deliberaciones de las Cortes, según tendría que serlo si se había de conceder
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la autorización que en él se pedía, un documento personal del rey y del que no podía responder el ministerio? ¿Cree el Sr. Olózaga que podía discutirse al rey? ¿No reconoce que por el medio que intentaba y en la forma en que lo hacía sería imposible evitar si hubiese quien se propusiese hacerlo la discusión de la Real persona? ¿Cree en fin, que desde que se entrega la de un monarca, cualquiera que este sea, á la discusión de una Cámara en que tienen asiento partidos políticos cuya aspiración es la destrucción del Trono, ó la expulsión de quien lo ocupe, no se va indefectiblemente á la pérdida de la monarquía, ó á la imposibilidad de que continúe reinando el monarca disentido y..... aun á otra cosa peor? Pues esto es á lo que hubieran llegado las cosas de seguirse el consejo del Sr. Olózaga, salva por supuesto su lealtad y buena fé de que á nadie puede ocurrirselo dudar. Bien dice aquel señor que por el alejamiento en que vivía, ya que no de la situación oficial á lo menos de la política, no conocía el verdadero estado de las cosas. Lo conocía el rey y fué lo bastante. Verdad es que en otro caso nunca hubiera faltado á S. M. un súbdito leal que le hubiese dicho: «Señor, V. M. renuncia la corona de España. Es una desgracia para esta noble Nación, aunque sea un acontecimiento feliz para la gloria de V. M., porque por esta renuncia adquiere otra corona que no la otorga un solo pueblo sino toda la humanidad por la ejecutoria eterna de la historia. Pero V. M. debe conservar lo que vale más que una corona y de que no puede ni V. M. mismo disponer, porque se lo debe á sus hijos. No siga V. M. el funesto consejo que se le da, á pesar del buen deseo que lo inspira.»

No sé si el Sr. Olózaga replicará á esta carta; pero me toca rogarle, puesto que la consideración que se merece y que le profeso no me permite exigirselo, que, si lo hace, rectifique con toda franqueza una á una las afirmaciones que he hecho, y que él no tenga por exactas, ya que no pueda alegar que carezca de medios fáciles y bastantes para comprobarlas.

Le rogaré también que emplee mucha precisión en la frase, puesto que sabe hacerlo como pocos, para no dar pretexto, ya que no motivo, á intencionadas interpretaciones como las que por ciertos periódicos se hicieron de algunos párrafos de su carta. La honra ajena debe merecer á quien de caballero se precisa tanto respeto como la honra propia.

Dispense Vd., Sr. Director, que por tanto tiempo haya distraído su atención; sirvame de disculpa la trascendental importancia del asunto.

Soy de Vd. siempre muy atento S. S. Q. B. S. M.

E. MONTERO RIOS.

Mayo 2 de 1873.
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REVISTA POLÍTICA

INTERIOR

La república empieza á pesar sobre España y la fatalidad ha empezado á pesar sobre la república. Estaba previsto en la conciencia de todos los hombres de recto criterio y de sereno juicio, que lo que no había logrado aclimatarse en Francia á pesar de todos los esfuerzos de la propaganda que tuvo su fórmula en la revolución del pasado siglo, no podía echar raíces en un pueblo como el español tan de antiguo constituido y que había tenido siempre por símbolo de su libertad la monarquía. Había, sin embargo, en esta tierra de vehementes impresiones, muchas personas que creían sinceramente que la república merecía un ensayo; otras habían llegado á suponer que las instituciones permanentes é irresponsables son un eterno obstáculo al desarrollo de los progresos humanos; pero las más buscaban en la república la satisfacción de aspiraciones irrealizables, que en mal hora los hicieran concebir sus poco escrupulosos apóstoles. La república ha venido por fin á ser un hecho, más bien artificioso que expontáneo, realizado, no por el esfuerzo de los republicanos, sino por la división, por el encono y por la falta de juicio y la sobra de apasionamiento en los partidos monárquicos. La república ha venido para convencer con el ejemplo, que tiene una eloquencia incontestable, que la libertad, el orden y la democracia, son con ella incompatibles, y para persuadir más y más á los que ya lo estábamos de que sólo la monarquía constitucional pueda realizar el bello ideal que encierran aquellas palabras.

Jamás partido alguno se ha encontrado en mejores condiciones para establecer su doctrina y desarrollarla fecundamente desde las esferas del gobierno: el monarca elegido por las Cortes Constituyentes, lejos de imponerse, por un rasgo de inconcebible abnegación poco disculpable para los que ven en la monarquía algo más que la representación de los intereses de una familia, se prestó facilmente á devolver el cetro que recibiera de la Soberanía Nacional, al encontrar el primer obstáculo en el ejercicio de sus prerrogativas. Las
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Cámaras que habian sido elegidas para acatar y defender esta forma política, al llegar á ellas el rumor público que denunciaba los propósitos del rey, se prestaron dócilmente á aceptar la renuncia y á proclamar la nueva forma de gobierno. El ministerio radical había preparado perfectamente el resultado de los sucesos; primero con una sesión del Congreso en la cual se deprimía ó mejor dicho, se anulaba la autoridad del soberano; después arrancando por sorpresa el decreto de la nueva organización del cuerpo de artillería; más tarde de resistiéndose á intentar lo que S. M. deseaba, la unión de todos los elementos monárquicos, para volver á la conciliación de los partidos que realizaron el alzamiento de Setiembre. Había llegado la hora de la conjuración contra la monarquía, viéndose con asombro que los primeros republicanos eran los ministros que acababan de serlo al abandonar el palacio de Madrid D. Amadeo de Saboya. En estas condiciones vino al mundo de los hechos la virgen á la cual ha consagrado el Sr. Castelar su corazón y su elocuencia.

Fácil era prever que el día de la victoria sería también el de la lucha, porque un poder levantado de esta manera no podía ser fecundo más que en intestinas disensiones. Aún no se había apagado el eco de las primeras y naturales manifestaciones del público entusiasmo; aún no se había elegido el Poder ejecutivo que había de ejercer la autoridad de la nueva forma establecida, cuando surgieron las primeras esenciales diferencias que de etapa en etapa debían conducirnos rápidamente al estado de perdición en que nos encontramos. Las muchedumbres impacientes vieron con disgusto que la República se había proclamado por los radicales y para los radicales; todavía este acto podía explicarse, sin disculparse ante una severa moral, sino ese partido reconociendo que su imperio había pasado, hubiera limitado sus aspiraciones á vivir dando su apoyo desinteresado á la República; pero lo que el partido radical no hizo, vino á realizarlo la lógica de las circunstancias más fuerte que todas las voluntades y todas las ambiciones de la tierra. R. vero fue arrollado por Martos: Martos por Figueras; la Asamblea que había proclamado la República, el partido que por celos ridículos había encontrado aceptable un proyecto de Convención frente á las prerrogativas del monarca, era á los pocos días objeto de las diatribas más fuertes, viéndose Martos obligado á confesar que su ingratitud con el partido conservador recibía un tremendo y ejemplar castigo en el desprecio de los vencedores. Era necesario dar el poder ejecutivo á los federales, y estos se hicieron dueños de él desalojando á sus protectores; era necesario suspender las sesiones de las Cortes, que eran una rémora á los proyectos del gobierno, y las sesiones fueron suspendidas. El partido dominante se encontró, pues, libre de todo obstáculo en su camino. ¡Cómo ha correspondido á la confianza del país! ¡Cómo ha respondido á la libertad de acción en que se ha encontrado para hacer gobierno!

Si el orden en la doctrina moderna es, como no puede menos de ser, el