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judíos y moros estaban sujetos á la jurisdiccion civil y criminal del rey ó de su hijo primogénito, ó del «regente el oficio de gobernador» ó del Justicia (1), excepto en los juicios por acciones reales, cuyo conocimiento competía siempre al juez ordinario del lugar de la cosa litigiosa (2).

Mas esta jurisdiccion no se ejercia siempre acumulativamente por el rey y el Justicia. Las leyes señalaban á veces á cada uno los casos de su respectiva competencia, como que el ser juzgados por aquel magistrado singular, cuya jurisdiccion reducia á limites tan estrechos la potestad monárquica, era uno de los privilegios que más estimaban los nobles, tan frecuentemente enemistados con la corona. Conocía ésta privativamente de las causas de estado de infanzonia ó nobleza, de las que se formaban por abandono del servicio militar, ó por no acudir á la hueste los que disfrutaban honores y de las que tenian por objeto ó por resultado la degradacion ó la rehabilitacion de algún caballero (3). Tambien conocia el rey en iguales términos de las causas sobre espera de deudores, creacion de notarios y division de términos (4); pero con la circunstancia de no poder delegar su conocimiento ni aun en su hijo primogénito. El de las causas de infanzonia solamente podia delegarse en el Justicia (5). Estaban, pues, reservadas por punto general al monarca las cuestiones que afectaban á las relaciones entre él y sus vasallos inmediatos, por razon del estado civil y politico de estos, el cual traia origen de los bienes recibidos de la corona, con obligacion de señalados servicios. Tales cuestiones se llamaban en otras partes feudales, y por lo tanto, competia siempre su conocimiento al señor del feudo, ya lo fuese el monarca ó ya cualquiera otro hidalgo.

De las demas causas en que era parte el rey, contra infanzones ó nobles ó contra cualesquiera otras personas, y de las de emparamiento ó embargo de honores, conocia el Justicia, pero con el concurso de los ricos-hombres y caballeros reunidos en Cortes (6). Tambien conocia el Justicia, con igual concurso ó sin él, de las causas entre caballeros é infanzones (7), de las de

(1) Observ. lib. 2, t. De for. compet., 2, 3.
(2) Id id.
(3) Observ. lib. 6, t. De conditione infantiumatus, 6, 8, Caneillas in Blancas, Arag. rer. p. 413.
(4) Observ. lib. 2, t. De for. compet. 16.
(5) Observ. lib. 9, t. De salva infantion. 1.
(6) F. lib. 1, t. De officio Justitiae, 1. Molino, V. Justitia Arag. F. lib. 1, t. Privil. gener. Observ. lib. 6, t. De privil. milit. 12, t. Interpretat. qualiter, 10.
(7) F., lib. 1, t. De off. Just. 1.
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oficiales públicos (1), de los agravios y desafueros que se denunciaban á las Cortes (2), de los causados á particulares por oficiales públicos, cuando se empleaban los recursos de manifestacion ó firma de derecho; y por último, y esto era lo más importe, de toda cuestion sobre interpretar las órdenes del rey ó de sus delegados, declarando si eran conformes ó contrarias á los fueros, y suspendiendo su ejecucion en este último caso (3).

No haré mencion de las vicisitudes de esta singular magistratura, pero si es digno de notarse que si su jurisdiccion no procedia de la tierra, tenia por objeto reprimir y prevenir los abusos de la que traía origen de ella. Establecida como mediadora entre el rey y los nobles, hubo de vivir oscurcida en los siglos de mayor feudalismo y en que más poder tuvo la nobleza; pero cuando aquel régimen empezó á decaer, la institucion del Justicia cobró nueva vida y sirvió de freno y contrapeso tanto á la autoridad del monarca como á la de los nobles. Entonces fué cuando D. Pedro II, «tomando de su mano la jurisdiccion ordinaria y extraordinaria,» según dice Zurita, redujo á 150 caballerías las 700 que á la sazon se contaban, las repartió entre los ricos-hombres con la calidad de hereditarias, cuando antes sólo habían sido temporales y vitalicias, y á cambio de esta novedad incorporó á la corona ó dió al Justicia las preeminencias y facultades de que los nobles quedaron despojados (4). Tambien contribuyó á engrandecer la autoridad de aquella magistratura la derogacion del famoso privilegio de la Union, por cuanto al decretarla D. Pedro IV no tomó de su mano, pero sí dió al Justicia muchas de las facultades que tuvian los ricos-hombres. Por eso dice Zurita de esta jurisdiccion que era «como muro y defensa contra toda opresion y fuerza, asi de los reyes como de los ricos-hombres.»

Verdad es que se podia apelar al rey no sólo de los señores y jueces locales, sino tambien del Justicia (5), mas la jurisdiccion de la corona en tales recursos, tratándose de sentencias de los jueces ordinarios, era acumulativa con la de aquel magistrado, y tan reducida, cuando era este el autor de la providencia apelada, que residia en él una parte mucho mayor de la potestad judicial que en el rey. Los más de los acuerdos del Justicia no eran en

(1) Observ. lib. 2, t. De for. comp. 5.
(2) F. lib. 1, t. Priv. gen. lib. 9, t. Quod aliq. monet.
(3) F. lib. 1, t. De juram. prost. per official., I.
(4) Zurita, Annales, lib. 2, c. 64. Véase el cap. I de este libro.
(5) Por el recurso de firma de agravios se reclamaba al Justicia de los que cualquiera autoridad causara quebrantando los fueros. Más tarde se introdujo en la práctica y por analogía, el uso de las apelaciones al mismo magistrado.
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efecto apelables y de los jueces podía el litigante agrieviado llevar á aquel magistrado dos recursos, el de apelación y el de forma de agravios, cuando sólo el primero, podía interponer ante el rey (1). Quedaban también á la corona los recursos de avocación y perhorrecencia, el primero para avocar el conocimiento de las causas cuando se hallaban en estado de sentencia, y el segundo para hacer lo mismo en cualquier estado de la causa, si el juez se hacía sospechoso; mas ni aquel tenía lugar en las causas criminales y en muchas civiles de que conocía el Justicia, ni el último podía interponerse en las que pendían de los señores de lugares, según la jurisprudencia recibida, por lo menos hasta el siglo xvi (2).

II.

DE LA POTESTAD Y JURISDICCION SEÑORIALES.

Sin descender á más pormenores sobre la organización de los magistrados reales, examinaré ahora la jurisdicción enajenada de la corona que ejercían los señores del suelo. Gozabanla, según he dicho, los ricos-hombres y los infanzones dueños de lugares poblados, cualquiera que fuese el título de su dominio. Así como el rey «tenía su intención fundada» á la potestad y jurisdicción en todo el reino, así el propietario de un lugar «fundaba» la suya al dominio y jurisdicción del mismo y su término, según la doctrina y frase de los antiguos foristas. Podía haber y había en los lugares señoriales tierras alodiales y libres e infanzones dueños de ellas más ó menos exentos de la potestad señorial, pero todas las que notoriamente no se ha-

(1) No eran apelables ante el rey las sentencias del justicia en causas contra oficiales públicos ó contra notarios ó sobrejunteros acusados de falsedad, ni sus resoluciones á consultas de los jueces y otros oficiales sobre la interpretación de los fueros, ni otras varias providencias (Molino, v. Appellatio, F. lib. I, t. Quod in dubio, lib. 7, De consultat. 4.)

(2) La avocación no podía decretarse por el regente gobernador en las causas de que conocía el Justicia ni por el rey mismo, en las criminales por delitos graves, en los procesos llamados de apprehension, ni en los de forma de derecho, ni en los seguidos á oficiales públicos, ni en otros varios, de que conocía aquel magistrado (Molino, v. Evocatio. F. lib. 9, t. De forma et modo procedendi, lib. 4. De apprehensionibus 23, lib. 7, De firmis iuris, 5.) Aunque no hay ley expresa que declare no proceder la perhorrecencia en las causas de que conocían los señores, Molino asegura haber leído cierta glosa antiquísima escrita al márgen del Privilegio general, en la cual se decía que reinando D. Juan I y D. Pedro IV, las cortes de Zaragoza, á instancia de los señores de lugares, prohibieron la avocación en las causas de su competencia. En los siglos xvi y xvii es cuando esta prohibición hubo ya de quebrantarse.
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llaban poseidas por alguien en plena propiedad y con justo título, estaban sujetas al dominio directo del señor, al cual debían rendir homenaje sus terratenientes ó colonos en calidad de vasallos. Este sistema de población era adecuado para mantener la disciplina interior de los lugares señoriales, pues la potestad señorial no habría alcanzado el fin de su institución si no se hubiera extendido por lo general á todos los moradores del territorio respectivo. A este principio obedecían sin duda las leyes que prohibían á los vasallos de un señor residir en lugar de otro (1), y las que restringían la facultad de adquirir bienes raíces, en lugar de señorío, por los que en ellos no fueran vasallos.

Tres clases de jurisdicción solían ejercer los dueños de tierras pobladas: la civil y criminal con mero y mixto imperio, la civil solamente y la que en Aragón se denominaba potestad absoluta. La primera atribuía competencia para juzgar civil y criminalmente á los vecinos del lugar, tó infanzones, y civilmente tan sólo á los infanzones que no fueran á su vez señores de vasallos, con sujeción en todo caso á las leyes y fueros del reino. Los que ejercían esta jurisdicción castigaban no s'lo los delitos cometidos en su territorio, sino también los perpetrados fuera, por malhechores aprehendidos dentro de él (2). Últimamente, D. Fernando el Católico en las Cortes de 1510, extendió su potestad áun á los infanzones cuando delinquian gravemente y eran aprehendidos en lugares de señorío, quedando así reducido el privilegio que los individuos de esta clase disfrutaban, de no ser juzgados en lo criminal sino por el rey (3). Verdad es que en Aragón era máxima de derecho público que sólo el monarca y sus bayles pudiesen imponer castigos corporales (4); mas esto debía entenderse, según los foristas y la jurisprudencia, de la potestad que por usurpación, por costumbre ó por privilegio, tenían para aplicarlos en muchos pueblos, los señores llamados de horca y cuchillo (5).

Los señores que gozaban solamente la jurisdicción civil ó el mero imperio, según decían los juristas, conocían de todos los pleitos de los veci-

(1) Observ. lib. 2, t. De Proscriptionibus.
(2) F. lib. 8, t. De delinquentibus in locis doménorum. Observ. lib. 6, t. De privil. militum, 9.
(3) F. lib. 9, t. De delinquentibus.
(4) F. id. t. De homicidiis, 4. «Quia omnes justitia aut stemae corporales spectant ad dominum regem vel suos bajulos.»
(5) Observ. lib. 6, t. De privil. milit. «Usurpatum est (el derecho de imponer penas corporales) in Aragonia per quosdam, quia in aliquibus locis habent furcas et dictas jurisdictiones exercent.»
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Y el orden ¿no es absolutamente indispensable para el desenvolvimiento social?

Si esto no fuese un ligero artículo, nada más fácil que determinar, tanto en el orden físico, como en el intelectual y moral, los deberes del hombre, mostrando al mismo tiempo la utilidad única verdadera que del cumplimiento de todos ellos resulta.

Los que de buena fé levantan la bandera del sistema egoista, estamos seguros que se sorprenden con frecuencia al sentir allá, en lo íntimo de su ser, suaves y puras emociones, nobles arranques que produce el bien.

Porque no son las virtudes el arte de aparecer hombres honrados, como afirma el autor de las Máximas; el orden moral no es puramente hipotético, no es el fruto de la política como lo son las leyes y los verdugos, según decía La Mettrie; los actos humanos no son justos ó injustos, no depende su bondad ó malicia del modo de ver de un individuo ó de un pueblo, como pensaba Locke; no, el bien y el mal son cualidades intrínsecas, cualidades reales de las acciones que nuestra razón estima, aquilata y valora, merced á la innata virtualidad con que para ello está dotada.

Las verdades absolutas, los primeros principios, base de todos nuestros conocimientos, los debemos á la razón. Pues las ideas del bien, como las de lo bello y verdadero, pertenecen á ese orden de ideas fundamentales, y por la misma nobilísima facultad las alcanzamos.

Se realiza un hecho, se ejecuta un acto, y el ser inteligente que lo presencia, instantáneamente aprecia lo justo ó injusto, la moralidad ó inmoralidad de la acción ó del hecho que ha tenido lugar.

Y juzga con decisión completa, pronuncia su fallo sin vacilar, con profunda convicción, de un modo soberano.

El juicio moral, como diría Kant, consta de dos elementos, del elemento empírico y del elemento racional; el elemento empírico es la materia, el elemento racional es la forma.

La materia es sensible, contingente y variable: son los hechos cuyo modo de efectuarse varía, cuyas circunstancias son diversas, la forma es absoluta, incondicional y eterna, es la idea que proviene de Dios.

Entre la acción justa y la injusta existe una diferencia necesaria, absoluta, que nuestra inteligencia, aun sin quererlo, reconoce siempre en contra de los placeres y de los intereses todos.

Por eso los principios morales son inflexibles y universales, aunque no en todos brillan igualmente, porque se desenvuelven y perfeccionan á medida que la cultura crece y se extiende. Ningún sistema de ideas puede concebir el
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nos de sus lugares, aunque fueran infanzones (1). Competían asimismo el conocimiento de todos los juicios relativos á heredades sitas en su territorio, aunque los litigantes fueran ricos-hombres ó señores de vasallos y también de las causas de evicción y saneamiento, aunque los demandados gozaran de la misma noble calidad (2).

Había, por último, lugares cuyos señores no tenían jurisdicción criminal propiamente dicha, ni quizá civil, pero disfrutaban la llamada potestad absoluta, de que antes he hecho mención. En virtud del fuero ya citado, que prohibía al rey administrar justicia en los lugares que no fueran suyos propios, no había nadie que pudiera hacerlo en aquellos cuyos señores territoriales carecían de jurisdicción. Así cuando se cometía en ellos algún delito, que debiera ser castigado con pena corporal, lo único que podía hacer el señor era prender al delincuente y ponerlo á disposición de los jueces que residían fuera de sus dominios (3). Estos jueces procedían entonces al castigo del culpable, mas no podían ejecutarlo dentro del territorio señorial, sin licencia del señor. Si un lugar de señorío debía ser embargado por deuda ó delito de su dueño, no podía el rey decretar la aprehensiva ó embargo, sino el Justicia, porque decían los foristas, que no siendo permitido á la corona juzgar en tales lugares, tampoco le era lícito ocuparlos por actos de justicia (4). De modo que en el lugar poblado, propio de señor particular, la jurisdicción ó correspondía al propietario, ó no existía de modo alguno. Tan inherente se consideraba al dominio de la tierra, que apenas se concebía posible que la de un lugar correspondiese á quien no fuera su dueño. Por eso decían los jurisconsultos que quien no poseía la tierra no podía adquirir jurisdicción en ella, sino por privilegio expreso y nunca por prescripción, no obstante ser este uno de los títulos en cuya virtud se ganaba el dominio (5).

Pero esta independencia casi absoluta que de derecho gozaban los lugares en que nadie podía administrar justicia, estaba neutralizada en la práctica por la potestad absoluta del señor, la cual sin llamarse jurisdicción, en el sentido de los jurisconsultos foristas, surtía los efectos de ella. Debo aquí recordar que si bien no todos los señores tenían plena jurisdicción en sus estados, todos los que eran dueños absolutos de tierras pobladas de ví-

(1) Observ. lib. 9, t. De salva infantion., 10.
(2) Observ. lib. 2, t. De for. compet. 2, 10, 13.
(3) Observ. lib. 6, t. De privil. milit. 91
(4) Molino, Repert. verb. Domini locorum.
(5) Molino, verb. Jurisdicció.
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llanos, vasallos suyos, ejercian sobre ellos aquella potestad. Solamente carecían de ella los meros usufructuarios, los dueños útiles, los encomenderos, los feudatarios, las iglesias, los monasterios y las órdenes militares, pero ordinariamente solían tener en cambio la jurisdicción civil. La causa según los juristas de esta diferencia entre el dominio pleno y el limitado confirma con nuevos indicios el origen territorial de aquella potestad. Decían que pudiendo menguar con el mal uso de ella el valor y las rentas de los lugares de señorío, no debía ejercerse en aquellos en que el mismo mal uso pudiera perjudicar el derecho que un tercero tuviese en dichos lugares. Y como en las tierras de propiedad menos plena había siempre un tercero que participaba actualmente o había de participar más tarde de sus frutos, este derecho resultaría perjudicado, cuando por el mal uso que el poseedor inmediato hiciera de su autoridad, se disminuyese el número de los vasallos o viniese á menos su hacienda. Cuando el dominio estaba dividido, los actos de autoridad del dueño del útil podían resultar en daño del señor del directo. En los lugares de iglesias, monasterios y órdenes militares percibía el rey el tributo de monedage, cuyo importe dependiendo del número de los vasallos, se disminuiría por los abusos de que resultase la pérdida de algunos de ellos (1). Era, pues, la potestad absoluta consecuencia directa e inmediata del dominio pleno de las tierras pobladas, como lo era la libre disposición de sus frutos. La propiedad era fuente de la jurisdicción, á la vez que de sus más importantes limitaciones.

Consistía la potestad absoluta en el derecho que disfrutaban los nobles, señores de lugares para tratar bien ó mal á sus vasallos de parada, y despojarles de sus bienes, sin responsabilidad alguna. Ni el rey podía revocar los actos ejecutados en uso de esta potestad (2). Como las penas corporales no podían imponerse sino por el monarca, para conciliar con este principio el uso de la antigua potestad señorial, se reconoció en los señores la facultad de castigar á sus vasallos, siempre que no produjeran efusión de sangre. Interpretando, pues, farisíicamente aquella regla de derecho, los señores que no tenían jurisdicción criminal propiamente dicha, se atribuyeron la necesaria «para matar de hambre, de sed ó de frío» á los hombres suje-

(1) Molino, v. Domini locorum y v. Vassallus; dice haber leído esta explicación en una glosa del antiguo comentador de los fueros Juan de Patos.
(2) Observ. lib. 9, t. De privil. gener. 19. «De consuetudine regni, nobiles Aragonum et alii domini locorum, qui non sunt ecclesiae, suis vassallis servitutis possunt bene vel male tractare, pro eorum libitu voluntatis, et bona eis sufferra, remota omni appellatione: et in eis dominus rex non se potest in aliquo intrumitteret.»
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tos á su dominio, sin forma alguna de juicio (1). Así cuando un vasallo cometía por ejemplo un homicidio, su señor, porque carecía de jurisdicción, no podía formarle causa y condenarle á muerte, ni á perdimiento de miembro, pero si matarle de cualquiera de los modos dichos, prendiéndole y teniéndole encarcelado todo el tiempo que para ello fuera necesario (2).

Gozaban también estos señores la facultad importante de prender y asegurar á los criminales á quienes no podían castigar de aquel modo. Así cuando un vasallo realengo ó un extranjero cometía homicidio en lugar de señorío no jurisdiccional, el señor del mismo y sus vasallos debían perseguirle, aprehenderle y entregarle al baile del rey, aunque el muerto fuera algún vasallo del mismo señor. Tenía éste la misma obligación cuando su vasallo mataba al del rey ó á otro hombre en lugar propio de la corona y cuando el homicidio se cometía en su propio lugar, por intanzon ó caballero, que por su estado, no estaba sujeto á la jurisdicción del rey ó del Justicia, si bien entonces debía ser entregado el delincuente á los oficiales del rey en el término de veinticuatro horas (3).

También tenían estos señores sin jurisdicción, el poder necesario para compelir á sus vasallos á la prestación de los servicios ó al pago de las rentas y tributos debidos. Así no les era lícito pedir justicia al rey sobre esta materia, en atención á que ellos por su mano, podían tomársela, ni de tales actos era permitido á los vasallos interponer recurso alguno (4).

Era la potestad absoluta en cierto modo, más que la jurisdicción, porque al fin, ésta debía ejercerse con sujeción al fuero, cualquier abuso de ella era penable por el justicia, y en todo caso, la limitaban y contenían las apelaciones y los recursos de los agravados; mas la potestad absoluta era enteramente arbitraria en su ejercicio: ni el fuero la regulaba, ni la autoridad superior del monarca podía reprimir sus excesos. Por ella, estaba facultado el señor para matar de hambre, de sed, ó de frío, y confiscar los bienes á cualquiera de sus vasallos sin forma ni solemnidad de juicio y «sin que el señor rey pudiera mezclarse en el asunto» como decía el fuero (5). El señor podía hacer todo cuanto quisiera de sus vasallos, mémos

(1) Observ. lib. 6, t. De privil. milit. 11. «Quilibet dominus habet hanc jurisdictionem necandi fame, frigore et siti in suo loco, licet nullam alienam jurisdictionem criminalem habeat.»
(2) F. lib. 9, t. De homicidio, 4.
(3) Observ. lib. 2, t. De for compel. 14, lib. 9, t. Actus Curiar., 5.
(4) Molino, Report. verb. Domini Iacovian.
(5) Observ. lib. 9, t. De privil. gener. 19.
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derramar su sangre. Y no sólo era esto lícito con omisión de toda forma de proceso, sino que no podía el señor hacerlo de otro modo, porque seguir procedimientos judiciales equivaldría á usar alguna jurisdicción, ó aplicar los fueros á actos que no estaban sujetos á ellos.

Los señores que al dominio y la potestad abso uta de sus lugares juntaban la jurisdicción civil y criminal, se creían además autorizados para ejercer esta última con la independencia y arbitrariedad propias de la primera. A ellos no se refería la prohibición de imponer penas de sangre, porque la jurisdicción, que por privilegio ó costumbre ejercían, era ilimitada en cuanto á los castigos y porque tampoco necesitaban sujetar sus procedimientos á las leyes, dado que de ello les dispensaba la potestad absoluta. Ninguna ley autorizaba, sin embargo, esta acumulación de atribuciones, ni mucho menos el ejercicio de las unas con las circunstancias propias de las otras.

Ciertó es que ni á la letra ni al espíritu de los fueros se oponía la acumulación en una persona de ambas potestades; mas ampliar la absoluta á aquello para lo cual autorizaba solamente la jurisdicción, ó ejercer esta última sin sus condiciones esenciales, y con la libertad propia únicamente de la potestad absoluta, no era conforme con el espíritu, ni con el objeto de ninguna de las dos instituciones. Si la ley permitía á los señores ejercer jurisdicción, era en el supuesto de haberse de sujetar á los fueros del reino y á la autoridad superior del rey y del Justicia, que podían revocar sus providencias. Si la misma ley reconocía la potestad absoluta de los dueños de lugares, era también con la limitación de no imponerse, en virtud de ella, penas de sangre.

Mas aplicar estas penas usando de la potestad de jurisdicción, y ha cerlo sin forma de juicio, ni doble instancia, usando de la potestad absoluta, era ejercer una autoridad superior á la del rey, lo cual no se compadecía con la justicia, ni con el espíritu de la ley escrita. Esto sucedía, sin embargo, en Aragón, aunque no siempre con la aquiescencia del monarca ni de los vasallos. En la causa seguida á D. Diego de Heredia, con motivo de las alteraciones ocurridas en aquel reino en 1591, se le hizo cargo de haber mandado ahorcar á uno de sus vasallos y dar garrote á otros dos. El procesado para desvanecerlo satisfactoriamente en su concepto, respondió que uno de aquellos hombres había cometido en su presencia un homicidio y lo había mandado ahorcar á instancia de parte: que otro había soltado á un preso, grave delincuente: que no había formado proceso á ninguno de ellos porque los señores de Aragón no lo necesitaban