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vivas. Si todas las hijas morían sin descendencia, las heredaban el mayor de sus hermanos. A falta de hermanos, heredaba la hermana mayor. Pero si entre hermanos hidalgos mancomunados por grupos de dos, de tres ó más de ellos se habían repartido por suertes divididas del mismo modo, heredades de abolatorio ó de patrimonio, sólo el mayor de los que formaban el grupo del difunto, tenía derecho á sucederle. Al que moría sin hijos ni hermanos, sucedía en primer lugar el varón hijo mayor de su hermano mayor, y á falta de hijos varones, la hija mayor del mismo hermano. No habiendo varones hijos de primos hermanos, heredaba el hijo mayor de la hermana mayor y en su defecto la hija mayor de la misma hermana.

A la mujer que moría sin hijos ni hermanos, sucedía la primera hermana, hija de la mayor de sus tías. También heredaban los hijos naturales á falta de legítimos, mas entre ellos no tenían preferencia alguna los de mayor edad, y se repartía la herencia por iguales partes (1). Aun concurrendo con hijos legítimos, podían los naturales heredar por igual con ellos la mitad de lo que quedara de la herencia del padre, después de sacar para los primeros exclusivamente las dotes y arras, la mitad de todas las heredades del padre y de la madre, y la mitad de las que quedaran del padre (2).

Las reglas de la sucesión entre los villanos eran diferentes. Muerto el padre en este estado, los hijos debían partir por mitad con la madre, sacando esta además unos vestidos de su uso (3). Cuando moría primero la madre, los hijos mayores de siete años podían desde luego pedir al padre su herencia. No habiendo hijos, tenían este derecho los parientes más cercanos de la mujer difunta (4). Cuando hermanos villanos habían partido entre sí, por suertes, en grupos de dos ó más, y moría alguno de ellos, los que pertenecían al grupo del difunto no heredaban sino la mitad de su legítima, porque la otra mitad debía repartirse por igual entre todos los hermanos (5). Los hijos naturales de los villanos heredaban los bienes raíces del padre ó madre muerto, no habiéndolos legítimos, y la mitad de los gananciales quedado la otra mitad para el cónyuge superviviente; más si concurren con hijos legítimos, todos debían partir por igual, si bien los

(1) F. lib. 2, t. 4, c. 10 y 12.
(2) F. lib. 3, t. 20, c. 8.
(3) F. lib. 2, t. 4, c. 21.
(4) F. lib. 2, t. 4, c. 19.
(5) F. lib. 2, t. 4, c. 18.
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naturales no podían exigir su legítima, hasta que los de matrimonio hubieran reclamado la suya (1).

Estas diferencias en el orden de suceder, ya entre hidalgos y villanos, ya entre bienes raíces y bienes muebles, y ya entre varones y mujeres prueban hasta la evidencia el origen feudal de tal legislación. Recuérdese si no que los feudos estaban en poder de los nobles, que consistían en bienes raíces ó sus equivalentes, que las mujeres no sucedían por lo común en ellos ó sucedían sólo á falta de varones y que entre estos solía darse la preferencia al de mayor edad, y se verá cuánta semejanza hay entre las restricciones que imponía el feudalismo y las que señalaba la legislación navarra á la facultad de disponer para después de la muerte de la propiedad territorial.

FRANCISCO DE CÁRDENAS.

(La continuación en el próximo número.)

(1) F. lib. 2, t. 4, c. 22.
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NOCIONES
SOBRE
LAS LEYES INTERNACIONALES

IV.

La jurisdicción especial que gozan los cónsules en el Levante, la Turquía, los Estados berberiscos, el Egipto, la China, la Persia y el Japón, ha sido determinada por antiguas capitulaciones y modernos tratados. La extrema diferencia producida por el estado de la civilización en los países iluminados por el cristianismo y los pueblos que tienen otras creencias religiosas, ha hecho también necesaria la introducción de diferencias correspondientes en la jurisdicción de los cónsules cristianos residentes en ellos. Cada soberano ha procurado obtener para sus súbditos en el Oriente, una especie de exterritorialidad que confiere á dichos funcionarios atribuciones muy amplias y una autoridad suprema, lo mismo en lo civil que en lo criminal, sobre sus compatriotas. Además de las inmunidades y privilegios que disfrutan en los países cristianos, los cónsules en el Oriente están exentos del pago de derechos de aduanas; no pueden ser arrestados ni juzgados por las autoridades del país; sus casas son asilos inviolables para nacionales y extranjeros; su independencia es perfecta y su carácter el de un embajador ó ministro público. Una vez obtenido el barat exequatur, el cónsul cristiano entra de lleno en el ejercicio de sus funciones, armado de toda la autoridad e inmunidad inherentes á su elevado carácter. Para defenderse de los atropellos que el fanatismo y odio de algunos países excitan contra sus bienes, ó su persona, la costumbre ó los tratados, les conceden también allí una guardia de honor militar.

La protección y defensa de los ministros de la religión cristiana, que tantos peligros y privaciones arrostran para propagar el evangelio y la ci-
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vilización entre los infieles, es un deber noble y grato. Este deber es hoy tanto más fácil de cumplir cuanto que hasta los países más salvajes han aprendido á respetar la autoridad consular. La China, el Japon y los Estados berberiscos, han sufrido terriblemente cuando los han ofendido. Luis XIV hizo bombardear Argel por el almirante Duquesne para castigar al dey que había asesinado al consul francés, y Carlos X. le arrancó al fin el reino y la corona para vengar el agravio hecho á otro consul de Francia. La Inglaterra ha invadido recientemente Abisinia y destruido la dinastía de Teodoro, después de derrotar en Magdala al ejército de este bárbaro violador de las leyes, naturales e internacionales, que ha tenido cinco años en duro cautiverio á su consul y enviado con otros muchos europeos, sin sombra de motivo ni justicia. Las guerras y castigos sufridos por la China, el Japon y Marruecos son también ejemplos saludables que no olvidará fácilmente la imaginación oriental.

La jurisdicción de los cónsules ingleses en el Levante fué establecida por las capitulaciones y artículos de paz de 1675 entre la Gran Bretaña y el imperio otomano. Estos artículos fueron aumentados y alterados en diferentes épocas, confirmándose definitivamente por el tratado de paz de los Dardanelos en 1809. En este tratado se estipuló que los comerciantes ingleses podrían viajar y traficar sin impedimento alguno en Turquía; que los buques británicos que entrasen en sus puertos podrían del mismo modo permanecer en ellos y salir libremente; que en caso de naufragio les prestarían los beyes auxilio y entregarian los efectos y mercancías arrojados por la mar á las playas, así como los ingleses hechos esclavos; que el embajador británico conocería, sólo, de los casos de acusación por los súbditos otomanos contra súbditos ingleses; que estos estarían exentos del pago de todo tributo, que los embajadores de Inglaterra podrían nombrar cónsules en Alepo, Alejandría, Tripoli, Túnez, Berberia, Siria, Scio, Smirna, Egipto, etc., etc.; que todos los privilegios concedidos á los franceses, venecianos, ó cualesquiera príncipes, serían extendidos también á ellos; que el numerario conducido en sus buques estaría exento de derechos de importación y exportación, que no podrían ser arrestados bajo ningún pretexto sus cónsules; que de las sucesiones de sus compatriotas entenderían ellos solos, con exclusión de las autoridades locales; que podrían tomar á su servicio genizaros e intérpretes, y por último, que los súbditos de otras naciones podrían acogerse bajo la protección del consulado británico, concediéndoles además otros privilegios e inmunidades de menor importancia, que sería largo y prolijo enumerar.
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ceses contemporáneos. Los revolucionarios aquellos de 1850 proclamaban sus principios con energía y los sostenían valerosa y audazmente ante los poderes constituidos.

Los jefes de la Commune alegaron que quisieron impedir el saqueo y demás crímenes; pero recordando cuanto sucedió, puede preguntarse: ¿Qué género de autoridad tenian tales jefes? ¿Por qué ejercieron el poder si no sabían ó no podían hacerse respetar?

Las leyes civiles de cualquier nación culta castigan á quien abriera los diques, dejando correr las aguas que inundarán y arruinaren una comarca, aunque el autor de semejante destrucción se esforzara por remediar el daño que había hecho. ¿Ha de ser acaso distinto el castigo tratándose de crímenes revolucionarios? Después de haber dejado suelta la peor clase de malas pasiones, ¿cabe alegar, como hicieron los jefes prisioneros de la Commune: «No asesinamos, no incendiámos, ¿qué habíamos de hacer? La gente no obedecía!»

Las semillas del materialismo dieron frutos en el reinado de la Commune. Aquella gente había oído que la palabra Dios nada significaba; que el alma humana es una cosa supuesta y vieja, que ya no figura en la ciencia moderna, la cual enseña, según los materialistas, que el pensar es una secreción del cerebro, y la voluntad una vibración del sistema nervioso. De ahí dedujeron muchos que desaparecía toda responsabilidad individual, y que los crímenes castigados por la sociedad no eran más que resultados necesarios de una organización defectuosa.

Acompañan á tales teóricos lo que se llama en lenguaje revolucionario el partido de acción. Éste se encarga de plantear las consecuencias de las doctrinas que aquellos propagan. La lógica, que no suelen observar los individuos aisladamente, arrastra de una manera fatal á las muchedumbres; á lo que un hombre solo no se atreve, son osadas las masas, que nunca retroceden ante ninguna consecuencia por muchos desastres y horrores que entrañe.

No deben por consiguiente sorprender, los acontecimientos que hemos indicado. Los responsables son quienes han saturado al pueblo de gravísimos errores y de doctrinas odiosas, falsas y atea.

Otras muchas y muy diversas consideraciones podrían todavía aducirse acerca de los revolucionarios parisienes, las cuales se omiten para poner varios breves apuntes sobre el agente incendiario de la Commune, y algunas aplicaciones del mismo.
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En 1799 la Sublime Puerta promulgó un firman concediendo á la marina mercante inglesa el privilegio de comerciar con los puertos del Mar Negro, y otro en 1835 disponiendo se extendieran á Egipto las provisiones de los tratados y capitulaciones que acabamos de analizar. Al año siguiente hizo el gobierno británico una ley para definir mejor y establecer sólidamente la jurisdicción de sus cónsules en dicho imperio. La convención de Balía-Sinan, de 1838, alteró, pero no sustancialmente, algunas de las estipulaciones expresadas, y finalmente, el gobierno inglés promulgó una orden en Consejo mandando se procediera al establecimiento de los tribunales consulares y su organización en los países de que vamos tratando.

Inmediatamente después de promulgado el Merchant-Shiping Act en 1854, la dirección de comercio del Foreing Office formuló, con la sustancia de esta ley, unas instrucciones muy completas y extensas, compuestas de 184 párrafos, enumerando y explicando de una manera clara y precisa los deberes de sus cónsules y el modo de cumplirlos. Los detalles que se dan en ellas sobre los asuntos consulares y el ejercicio de la jurisdicción son sumamente minuciosos y prácticos, y no dejan absolutamente nada que desechar. Por eso vamos á analizarlos con algún detenimiento.

La primera parte de estas instrucciones trata de la propiedad de las naves, su adquisición y venta en puertos extranjeros, el uso de la bandera nacional y la ocultación ó simulación de su nacionalidad. La parte sobre los capitanes y demás individuos de la tripulación empieza con estas interesantes observaciones generales:

«Los deberes del cónsul respecto á la materia de este capítulo, son muy onerosos e importantes. Muchas facultades y funciones especiales se les confieren por esta ley, pero no deberá olvidar nunca que independientemente de estos deberes especiales se le considera como representante de la Ley británica en el consulado; que á causa de su posición, es imposible definir su autoridad y funciones tan exactamente como las de los otros empleados; que se apelará con frecuencia á él para que sirva de árbitro, y que de su paciencia, juicio y calma, en el arreglo de las disputas que ocurren á menudo entre los tripulantes de los barcos mercantes, depende el bien-estar y seguridad de muchas vidas importantes y de bienes de mucha cuantía.»

Los primeros 99 párrafos se ocupan de aquellos actos ordinarios relativos á las tripulaciones que concuerdan con la práctica de todos los países, y que por esta circunstancia y por ser de rutina diaria no requieren se haga aquí de ellos una mención especial. El párrafo 100 trata de la disci-
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plina; el 101 de la desercion, el 103 de la intervencion de las autoridades extranjeras; el 109 de los tribunales consulares, y el 157 de los naufragios y salvamentos.

En el párrafo relativo á la disciplina no se dan reglas generales para todos los casos, sino que se deja una porción de ellos á la discrecion del cónsul y las instrucciones que de vez en cuando reciba sobre el particular. Sin embargo, en casos graves que envuelvan mucha responsabilidad, se le recomienda convoque el tribunal consular para que los juzgue y decida. El párrafo 101 le previene que cuando ocurra la desercion de algún tripulante pida á las autoridades locales su arresto y conduccion á bordo, bien en virtud de los tratados, ó bien de la costumbre del puerto.

La doctrina establecida en el párrafo 105 y siguientes hasta el 108, es muy sana y está en perfecta armonía con los principios universalmente reconocidos de las leyes internacionales. Las reglas generales de éstas tienen por necesidad que sujetarse á las estipulaciones de los tratados, y el cónsul británico es con razon advertido que deberá sujetarse estrictamente á ellas en el ejercicio de sus funciones. «Todo país tiene derecho de poner en vigor sus leyes penales y hacer observar los reglamentos de policia de sus propios puertos; el deber del cónsul se limitará por lo tanto á cuidar de que se administre rectamente justicia á aquellos de sus nacionales que violen las primeras ó delinquan contra las segundas; mas no olvidando nunca que, según las reglas de las leyes nacionales, un buque nacional lleva consigo la ley británica y que las ofensas cometidas á bordo en alta mar, las faltas de disciplina en los puertos extranjeros y las disputas sobre las contratas de tripulacion, deben ser siempre juzgadas por las leyes de la nacion. Excepto en aquellos casos en que no pueda absolutamente arreglarlas por si mismo, es muy de desechar que no se lleven nunca tales cuestiones á los tribunales extranjeros. Cuando se lleve alguna á estos tribunales, deberán adherirse estrictamente á los principios establecidos más arriba. El cónsul explicará la ley nacional y si no se sigue lo participará así al ministerio de Estado.» Hay sin embargo que tener en cuenta que cuando los subditos británicos sirven en buques extranjeros están sujetos á las leyes de la nacion á que el buque pertenece.

El capítulo relativo á los tribunales consulares es tambien muy completo e interesante. Según las instrucciones que sobre su organizacion y procedimientos contiene, cada uno de ellos deberá componerse de tres, cuatro ó cinco jueces, y podrá ser convocado por el cónsul su presidente nato, ó otro cualquiera de los individuos que componen el tribunal. Cuando sea
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posible, uno de estos deberá ser un oficial de la marina militar, de rango no inferior al de teniente; otro un capitán de buque mercante, los demás podrán elegirse de entre los comerciantes más respetables y acreditados de la residencia. Aunque prescindiendo del tecnicismo y de las formalidades superfluas que no contribuyen á la recta administración de la justicia, los procedimientos de estos tribunales se armonizarán en lo posible, con los de la nación. El tribunal tiene facultades para desembarcar todos y cada uno de los individuos de las tripulaciones de los buques mercantes, inclusive sus capitanes; decidir las cuestiones de haberes; juzgar y castigar criminales, remitirlos á Inglaterra cuando los delitos sean graves, é imponer, en fin, multas y costas y compensaciones por los perjuicios sufridos. El súbdito inglés culpable de poner obstáculos á la convocación ó procedimientos del tribunal consular, es penable con cincuenta libras esterlinas de multa, ó tres meses de arresto mayor con trabajos forzosos. Los capitanes mercantes que rehusen conducir semejantes delincuentes y sus testigos á Inglaterra, á razón de uno por cada cien toneladas de registro de su buque, y un testigo por cada cincuenta, incurren en una multa de igual cantidad. La remuneración que abona el gobierno inglés por la manutención de cada individuo es de un chelín diario, ó sean quinientas milésimas de escudo próximamente. Por último, el párrafo 179 faculta al cónsul para que en caso de embargo de algún buque nacional por las autoridades extranjeras emplee todos los medios que caben á su alcance para libertarlo y obtener la indemnización debida si há lugar á pedirla.

La Inglaterra y los Estados Unidos han estipulado con la China la exención para sus respectivos súbditos de la jurisdicción del imperio. Mr. Cushing, negociador del tratado de 1844, dice con justo orgullo hablando de este instrumento que las leyes de la república siguen á sus ciudadanos y su bandera los protege hasta en los dominios mismos del celestial imperio. Según el tratado de 1858 entre la China y los Estados Unidos, los súbditos chinos culpables de delitos contra los súbditos norte-americanos deben ser castigados por las leyes del imperio; pero si éstos delinquen contra los chinos deberán entregarse al cónsul federal para que sean juzgados y castigados de conformidad con las leyes federales.

Según el tratado de 1850, los súbditos de los Estados Unidos acusados de delitos en Turquía no pueden ser arrestados por las autoridades turcas. De acuerdo con la doctrina en vigor en los estados Orientales, se ha establecido en ellos un sistema municipal completo y una administración especial, con tribunales compuestos de hijos del país para las cuestiones que
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se suscitan entre ellos y los extranjeros; tribunales consulares para los que tienen lugar entre cristianos, y tribunales mixtos compuestos de magistrados del país y jueces cristianos para los casos civiles que ocurran entre éstos. Los Estados Unidos han concluido recientemente tratados análogos al de China con Siam, Mascate y el Japón, en cuyos estados gozan de idénticos ó mayores privilegios, si cabe, los representantes consulares de la Unión norte-americana.

En el tratado de 1850 con Borneo se ha convenido en que los ciudadanos de la república acusados de crímenes serán juzgados exclusivamente por sus cónsules, lo mismo en las cuestiones que tengan entre sí, que en aquellas en que figuren naturales del país. Las disputas que se suscitan en Persia entre súbditos de la Unión son también de la jurisdicción exclusiva de dichos funcionarios; pero si cometen crímenes contra los naturales del país tienen que someterse á la jurisdicción y tribunal persas, de la misma manera que los súbditos de Persia residentes en la Unión á las autoridades federales.

El gobierno de aquella república promulgó en 1848 una ley revistiendo de poder judicial á sus representantes diplomáticos y consulares en la Turquía y la China, y otra en 1860 confiriendo el mismo carácter á los de Siam, el Japón y la Persia. De igual carácter están también vestidos en Trípoli, Túnez, Marcate y Marruecos. Todos ellos gozan además entera libertad de cultos y el derecho de erigir y mantener capilla privada para su uso y el de sus nacionales residentes en los diversos países orientales.

Como las de los demás cónsules, sus casas son inviolables y pueden servir de asilo á nacionales y extranjeros. Tampoco pueden ser arrestados ni juzgados, ni obligados á comparecer y deponer como testigos ante los tribunales del país. El gobierno local les concede gratuitamente una guarnición de genizaros, ú otros soldados, estando también exentos ellos, sus familias, sus dependientes y criados de toda clase de impuestos directos ó indirectos para los artículos de importación destinados á su uso particular.

Tienen jurisdicción completa sobre las sucesiones testadas e intestadas de sus compatriotas, y sus bienes no pueden bajo ningún concepto ser confiscados. Los buques nacionales, los naufragios y salvamentos, las cuestiones y disciplina de abordo, todo esto es, en fin, de su jurisdicción exclusiva.

En 1784 el almirantazgo inglés decidió y estableció como jurisprudencia, en un caso relativo á un comerciante de Smirna, que un extranjero
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bajo la protección del consulado holandés en el Levante debía considerarse como súbdito de Holanda. Los consulados del Oriente pueden, pues, tomar bajo su protección á aquellos de los extranjeros residentes en sus distritos cuyas costumbres, leyes y religión difieren de las de los naturales del país. Las personas así protegidas quedan por este mismo hecho revestidas de la nacionalidad del consulado protector. Este derecho de asilo es, como puede comprenderse, de una importancia y utilidad extraordinarias para los cristianos. Una prueba de ello son las muchas personas que hacen uso de él. Los consulados reciben bajo su protección á los cristianos de todos los países que se sustraen por este medio á la tiranía de los infieles, y las leyes internacionales y la costumbre sancionan un derecho tan humanitario como trascendental para los intereses de la religión, la moral y el progreso de aquellos países.

Las leyes de Francia han definido y regularizado de una manera clara y precisa el ejercicio de la jurisdicción de sus cónsules en el Oriente. Una de las más importantes atribuciones, dice Moreuil, es sin duda alguna la que tienen los cónsules residentes en el Levante y Berbería de juzgar á sus nacionales, tanto en lo civil como en lo criminal. Antiguamente estas funciones eran ejercidas por el embajador de Francia en Constantinopla y tres comisarios elegidos entre los comerciantes franceses. La ordenanza de 1836 la delegó en el secretario de la embajada, pero la de 1842 la trasmitió definitivamente á los cónsules. Las sentencias de estos funcionarios son ejecutables en Francia de la misma manera que las de los jueces ordinarios de los tribunales franceses, pero dejando á las partes el recurso de la vía de derecho en aquellos casos en que se dispute la competencia tribunal consular.

Las capitulaciones entre la Francia y la Puerta Otomana han conferido á los cónsules franceses la facultad de proveer en sus distritos al mantenimiento de la policía entre los franceses, cualesquiera que sean su rango y posición y el punto en que se encuentren, y la de reprimir y castigar sus desórdenes. Los súbditos de Francia establecidos en el Oriente pueden contar siempre con que se les administrará la justicia nacional en las diferencias que tengan entre sí. Los procedimientos de los tribunales consulares franceses se ajustan á los de los tribunales de Francia, como los de los consulados ingleses á los de Inglaterra y los de los españoles á los de España, pero nos parece un tanto impropio que un élève consul tenga como el cónsul facultad para convocarlos y presidirlos. El título de élève, alumno, está poco en armonía con el venerable carácter de juez, y el tribuna