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tradictio, la deductio y la confarrealio de los matrimonios griegos y romanos; ocioso el enumerar las simbólicas ceremonias del Oriente. Sólo trataremos de algunas de las más importantes; de aquellas sobre todo que ejercieron trascendental influencia en el modo de ser de la institución matrimonial.

Las solemnidades del matrimonio pueden dividirse en dos clases: solemnidades que le preceden, y solemnidades que le acompañan. Entre las solemnidades dictadas por la sociedad religiosa que preceden al matrimonio, está en primer lugar la de los espousales. Esta ceremonia es antiquísima; existía entre el pueblo hebreo, y puede hallarse su fórmula en la Uxor hebræica, de Sel'den. Los griegos la conocieron; pero apenas la practicaron. Aulo Gelio refiere que también la usaban los primitivos habitantes del Lucio; y en Roma estuvo muy en boga, sobre todo durante ciertas épocas. Según el derecho romano, podían los padres desposar á sus hijos á los siete años; esta promesa solía inscribirse con frecuencia en un registro público, y cada una de las partes daba autenticidad, al documento, imprimiendo en él su sello. El varón entregaba á su prometida á fuer de arras unas cuantas monedas de oro y plata y una sortija de hierro (pronubium), que debía llevar en el dedo anular de la mano izquierda hasta el día que se efectuara su enlace.

La Iglesia adoptó tan antigua costumbre, la rodeó de solemnidades, y multiplicó los medios legales para que con ella no se coartase la voluntad de los contrayentes y se occasionaran graves males en el seno de las familias. El fin principal de los espousales, es que se conozcan ambos cónyuges antes de unirse perpetuamente. Son un acto preparatorio del matrimonio, y tienen por objeto engendrar en el pecho de los prometidos el profundo cariño que nace de la dulce esperanza de la mutua posesión. Pero bien podemos decirlo, rara vez han conseguido su objeto los espousales; el cariño que nace de la esperanza es mucho mayor cuando subsiste libremente, que cuando la voluntad se ve encadenada. La fidelidad en el cumplimiento de un compromiso de este género, debe descansar en la fuerza del cariño y de la palabra solemnemente empeñada, pero de ningún modo en la coacción. Además, ¿cómo puede ser válido un consentimiento prestado á los siete años? Si en tan tierna infancia celebran espousales dos criaturas, desde luego podemos asegurar que por ellas los contraen sus padres, y que en su celebración han intervenido miras de familia, completamente extrañas á los desposados y que más tarde quizás repreuben sus sentimientos. Pero no es este tan sólo su único inconveniente: si á los siete
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años no tienen los desposados razón bastante para comprender la gravedad de los compromisos contraídos, en cambio si tienen el suficiente entendimiento para que una promesa de ese género introduzca en su imaginación infantil el gérmen funesto de ciertas pasiones que han de hacer para ellos más breves los años de la inocencia.

Los esponsales conceden por lo general á los padres una autoridad desmedida, que no pueden tener, sobre la libertad de sus hijos. El hijo debe estar libre de toda presión al contraer matrimonio; en tales circunstancias, la voz augusta de los padres debe aparecer con el único carácter de un consejo venerando, y no de un mandato expreso; es el hijo quien debe casarse, y sus padres no tienen derecho de celebrar á su nombre y sin su verdadero consentimiento un acto personalísimo de suyo, y que tan trascendental influencia ha de ejercer en los destinos de su existencia. Y el resultado práctico de los esponsales reduzce, por el contrario, á que los padres contraigan compromisos solemnes á nombre de sus hijos, en una época en que ni siquiera pueden éstos comprender la trascendencia del acto que celebran.

Hay costumbre de alegar en defensa de los esponsales, su saludable intervención en las discordias de familia. «¡Cuántos odios, suele decirse, cuántos rencores, cuántas interminables venganzas no han cesado con la celebración de esponsales entre los hijos de dos familias rivales! El mejor modo de destruir las enemistades hereditarias, es unir desde la infancia á dos criaturas que desde los tiernos años de su inocencia no sabrán más que amarse mutuamente, y que más tarde se creerán los seres más desdichados de la tierra el día que les falte el recíproco cariño que se profesaron desde la cuna.» Bien puesto está seguramente el argumento; pero de él se deduce que son los esponsales un sacrificio, en el cual se inmola (á la paz de las familias), la libertad del cariño de dos seres inocentes, y la felicidad de una unión que nació de un convenio entre los padres, en vez de brotar del mútuo impulso del corazón y del misterioso atractivo de las almas. Una época ha habido en que los esponsales han podido tener grandes ventajas y benéficas consecuencias; hoy son mayores sus inconvenientes. «Con facilidad pueden convertirse, en manos de un hábil seductor, en arma poderosa para combatir la virtud de una joven apasionada ó de condición más humilde; serán en los labios de una mujer artera la promesa falsa que alucine al hombre ciegamente enamorado; y el tutor de mala fe verá en ellos un modo de encubrir los criminales fraudes de su administración.» (Goyena.)

La autoridad religiosa, en conformidad con la autoridad civil, no hu-
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biera tardado quizás en suprimir el efecto coactivo de los esponsales solemnemente contraídos; y ambos poderes, de comun acuerdo, hubieran sancionado á un mismo tiempo iguales disposiciones, y así se hubieran evitado grandes perturbaciones en las causas matrimoniales. Pero la autoridad civil, de una manera violenta e injustificada, ha roto el equilibrio y destruido toda armonía. Sobre ella recaerá el peso de la responsabilidad de medida tan inpremeditada e inexplicable.

La ceremonia de los esponsales nació en los tiempos de la más remota antigüedad, y la conocieron casi todos los pueblos; la Iglesia no hizo más que adoptarla y perfeccionarla en cierto modo. Pero en cambio hay otra solemnidad que á ella sola pertenece, solemnidad admirable cuyos benéficos resultados nunca serán bastante apreciados, y que no podrán menos de imitar todas las legislaciones que tiendan al progreso. Bien se comprenderá que quiero hablar de las proclamas. La publicidad es indispensable en el matrimonio; es el mejor preservativo contra el abuso, la corrupción y la inmoralidad. Sin las proclamas, la Iglesia se vería á cada paso obligada á anular (con grave mengua para la moral) uniones que antes consagró con sus preces, y que todo el mundo creyó justas, legítimas, indisolubles, mientras en realidad no habían sido más que un criminal abuso de la confianza del ministro del altar, y un horrible sacrilegio, dictado más bien por la furia de las malas pasiones que por los violentos arrebatos de un amor verdadero.

En el siglo XII, cuando tan grande era la inmoralidad que reinaba por donde quiera, cuando la disolución de las costumbres había hecho reglamentar el vicio como una institución, la Iglesia, solicitada siempre por la moralidad de los fieles, ideaba las proclamas como el mejor medio de remediar el peor de los abusos, aquel que busca su legitimidad en las hipócritas apariencias de las formas legales y de la consagración religiosa. El año 1175 Felipe de Dreux, obispo de Beauvais, fué el primero que ideó las proclamas: tal es la opinión de los escritores franceses; los alemanes las atribuyen á un obispo de Maguncia. No tardó luego en extenderse con rapidez tan benéfica innovación; en 1213 Inocencio III la dio su aprobación pontifical; tres años más tarde el Concilio de Letran la hizo obligatoria en todos los países católicos; y en 1563 volvió á confirmarla el Concilio Trícentino. Las proclamas son desconocidas en Oriente, pertenecen exclusivamente á la Iglesia Occidental.

No nos detendremos en examinar las diversas solemnidades, todas á cual más admirables, dictadas por la Iglesia para el acto de la celebración del matrimonio: el explicarlas es deber del teólogo; á nosotros nos bastará
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hacer constar que todas ellas se encaminan al importante fin de inculcar en el corazón de los esposos el profundo convencimiento de la importancia del acto que celebran, y que con sin igual ternura indican á cada uno de los cónyuges sus obligaciones y sus deberes, recordándoles que desde aquel instante ya no forman más que un mismo ser, pues juntaron para siempre su carne y su espíritu.

Al tratar de las solemnidades y de los requisitos externos que preceden y acompañan á la institución del matrimonio, nada hemos dicho de la sociedad política; pero no se crea por esto que declaramos ilegítima su intervención en la sociedad conyugal. Distintos son los fines de la sociedad política y de la sociedad religiosa, y una y otra tienen por lo mismo su diversa esfera de acción. La suprema autoridad política no puede impedir que el natural vínculo conyugal se forme por mano de la naturaleza y lo consagre la religión; así como la autoridad religiosa no puede oponerse á que la sociedad política intervenga en el matrimonio para evitar todo desorden y toda inmoralidad, y ordenar todos aquellos puntos de interés civil y doméstico que por su naturaleza se ligan con el orden que le está encomendado. Urge tener siempre presente que el Estado es la sociedad organizada para la realización del derecho, y por lo tanto á él debe corresponderle en los actos de sus asociados la necesaria intervención que se deriva de sus fines sociales. En lo referente á la naturaleza del vínculo matrimonial, la autoridad civil no puede hacer más que promulgar los preceptos de la ley natural; pero tiene, no sólo derecho, sino también imperioso deber de fijar en este punto todo aquello que, por no hallarse de suyo determinado, pudiera ocasionar la violación de las leyes naturales; y debe declarar expresamente dándoles fuerza coactiva, los principios que constituyen la esencia de la institución. El matrimonio, por la forma de su celebración, es también un contrato, y debe reunir todos los requisitos esenciales de los contratos; y al Estado le corresponde el cuidar de que se cumplan todas estas condiciones jurídicas.

En otro lugar hemos examinado el matrimonio como una institución natural, religiosa y jurídica: la ley natural crea la institución, la religiosa la consagra, y el Estado vela por el cumplimiento de sus leyes. La ley civil es la protectora jurídica del matrimonio; la ley religiosa lo hace sagrado e inviolable, lo perfecciona, lo ennoblece, lo santifica y le dá su carácter más augustó y su sello más sublime.

Íntimas son también las relaciones que existen entre la sociedad conyugal y la doméstica; y de aquí deben necesariamente resultar algunas leyes
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importantes para la institucion matrimonial. Estas relaciones tampoco alterarán los principios naturales que rigen el matrimonio, pero si dictarán reglas y preceptos que aseguren su orden moral y armonicen el orden conyugal con el orden social.

Desde luego aquí se presenta la importante teoría de los impedimentos; podíamos haber hablado de ellos al tratar de cada una de las sociedades que intervienen en el matrimonio, pero buscando ante todo la claridad, lo hemos dejado para este sitio.

Cuatro son, deciamos, las sociedades que intervienen en el matrimonio la sociedad universal, la sociedad doméstica, la sociedad religiosa y la sociedad política: luego cada una de ellas debe tener también alguna intervención en la creación y formación de los impedimentos. La sociedad universal se rige por la ley natural, y la ley natural es la base de la institución del matrimonio; por lo tanto los impedimentos que nazcan de la ley natural, serán legítimos y obligatorios para todos los miembros de la sociedad universal, porque afectan la esencia misma de la institución. La sociedad doméstica crea entre las personas relaciones incompatibles con la unión conyugal; luego de ella deben nacer también algunos impedimentos. La sociedad religiosa tiende al bien supremo de sus asociados, tiene un fin espiritual y al logro de este fin puede oponerse á veces la unión conyugal; luego debe asistir el derecho de establecer ciertos impedimentos con los cuales consiga la realización de los sacrosantos fines que se propone. El Estado es la sociedad organizada para la realización del derecho; luego es deber suyo el declarar los impedimentos dándoles fuerza coactiva.

¿Cuáles impedimentos nacen de la ley natural y obligan al hombre como miembro de la sociedad universal? Aquellos que se deducen de la esencia misma de la ley natural. Pueden reducirse á dos clases: morales y físicos.

Serán impedimentos morales la falta de consentimiento, la violencia, el error ó el miedo, y el de ligámen. La falta de consentimiento, porque el matrimonio, como en el anterior capítulo lo veíamos, es una sociedad voluntaria por su origen; y sería contrario á este principio de la ley natural el privar al individuo de la libertad de contraer ó no matrimonio; y porque un acto voluntario por naturaleza, necesita ante todo para su validez, el libre consentimiento de ambos contrayentes. Las mismas razones han de aplicarse á la violencia, al error, y al miedo porque vician también el libre consentimiento. Impedimento moral que nace de la ley natural, es también el de ligámen, porque aquel que, estando ya ligado con vínculos matrimoniales
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aún no disueltos por la muerte, contrajese nuevo matrimonio, infringiría el principio de uno con una y para siempre.

El impedimento físico es la impotencia. La falta de edad es un impedimento á la vez físico y moral; físico, por la impotencia; moral, por la falta de consentimiento.

De la sociedad doméstica se originan los impedimentos de parentesco en línea recta y entre laterales, y la falta de consentimiento paterno.

El impedimento de parentesco en línea recta proviene de la sociedad doméstica, porque hay en ella exacta dependencia entre el ascendiente y el descendiente, y el matrimonio por el contrario establece igualdad entre los cónyuges, y la igualdad excluye la dependencia: luego entre padres é hijos repugnan por naturaleza las uniones conyugales.—Comprendemos en estas razones el impedimento que existe entre adoptante y adoptado.—Como se ve, este impedimento entre ascendientes y descendientes, nace tambien de la ley natural, y como tal lo clasifica Santo Tomás; pero nace de la ley natural en cuanto ésta se refiere á la sociedad doméstica.

El impedimento de parentesco entre colaterales se deriva tambien de la sociedad doméstica; porque distintos son los vínculos de cariño y amistad entre parientes, y los vínculos de union entre consortes; y las intimas relaciones que ligan entre sí á los miembros de una familia, serian incentivo irresistible para que las pasiones rompieran los frenos que la razon impone á la union del varon y de su compañera. Luego es ley de la naturaleza «que allí donde la convivencia es natural, sea tambien natural una reserva mayor.»

Estos impedimentos resultan al mismo tiempo una garantía social de la moralidad que debe reinar en el seno del hogar, y permiten que se contraigan enlaces entre personas de distintas familias, sin recelos ni sospechas de que se haya contaminado la inocencia y la castidad de alguno de los cónyuges con la vida, en comun, del hogar doméstico. Natural es, por lo tanto, que vaya desapareciendo el impedimento de parentesco á medida que éste se aleja más, porque cada vez van siendo menores las causas de intimidad y convivencia. No hay para que añadir que este principio debe variar en su aplicación, teniendo siempre el legislador por norma al tiempo de establecer el impedimento por causa de parentesco, la mayor ó menor moralidad que reine en las sociedades.

La sociedad religiosa establece los impedimento siguientes: la diferencia de religion, el defecto de párroco y testigos, el parentesco espiritual, el voto de castidad, los espousales y la afinidad por union ilícita. Todos ellos tienen
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su legitimidad y su origen en los fines de la sociedad religiosa, que debiendo mirar por la moralidad interna y la salvación espiritual de sus asociados, prohibirá con razon el que se celebre aquellos enlaces que necesariamente han de perturbar las relaciones espirituales con alguno de sus miembros, y oponerse como insuperable barrera á la realizacion de sus fines religiosos y sociales.

Pero si de la ley natural nacen unos impedimentos, otros de la sociedad doméstica, y los demás los establece la sociedad religiosa, ¿cuáles son los que tienen su origen en la autoridad civil? La autoridad civil no da origen á ningun impedimento, no hace más que sustentar y defender los de la ley natural. Los impedimentos creados por la Iglesia los reglamenta, fija y determina la misma Iglesia, no hay ni puede haber en ellos esa ceguera que caracteriza los impedimentos de la ley natural, y los que nacen de la sociedad doméstica. Estos últimos, aunque sea muy real su existencia, tienen en sí algo de vago e indeterminado y aún á veces de variable que los hace inaplicables sin el auxilio de una ley positiva que los determine; y el poder civil corresponde la formacion de esta ley. Así, por ejemplo, la falta de edad es un impedimento de la ley natural; que existe tal impedimento está fuera de toda duda, pues se opone á uno de los fines del matrimonio, la procreacion, y además vicia el consentimiento; pero ¿cuál es la edad en que cesá? La ley natural nada dice sobre ello, y vemos que esta edad, varía con el individuo, varía con las razas y varía con los climas; resulta, pues, inaplicable el principio de la ley natural, sino lo fija y determina una ley positiva; y al Estado incumbe la creacion de esta ley determinadora. Entonces la autoridad civil declara el impedimento y fija la edad en que cesa igualmente para todos. ¿Pudrá decirse, por ello, que ha creado el impedimento? No: no hecho más que declararlo y establecer las condiciones de su aplicacion. Y si alguna vez se saliera de estos limites, si alguna vez, en lugar de determinar los principios de la ley natural, emitiera algun precepto contrario á la naturaleza del matrimonio, ó que no estuviera comprendido en los principios naturales que le sirven de base, su intervencion sería injusta; y su ley carecería de toda fuerza moral obligatoria. Es, por consiguiente, su autoridad en esta materia, un poder determinador, pero no un poder creador; determina y fija, pero no crea ni establece impedimentos.

Por lo expuesto se ve cuán infundada doctrina sustentan los que creen que al Estado sólo corresponde el establecer impedimentos; y que inmotivada fué la reñida contienda entre regalistas y ultramontanos. De los fines de la sociedad politica no nace ningun impedimento; y si únicamente, la
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necesidad de determinar aquellos que fueron creados por la ley natural. De los fines de la sociedad religiosa nacen, por el contrario, algunos; y á la Iglesia únicamente le corresponde el legislar sobre ellos. La sociedad religiosa crea los impedimentos que nacen de sus fines, y declara los que tienen su origen en la ley natural y en las relaciones de la sociedad doméstica. La sociedad política declara, determina y aplica aquellos que nacieron de la ley natural y de la sociedad doméstica; vigoriza los principios que constituyen la esencia del matrimonio, los inserta en sus códigos, pero no crea nuevas leyes, nuevos impedimentos, ni modifica los principios naturales de la institución. Daba, por lo tanto, evidentes pruebas de haber meditado bien poco sobre tan trascendental problema social y jurídico, aquel célebre jurisconsulto francés que decía cuando la discusión del código Napoleón: «que era ya un axioma incontrovertible para los hombres de saber, el que los impedimentos dirimentes sólo pueden ser establecidos por la suprema autoridad que rige el Estado.» Los poderes civiles y políticos que están al frente de las sociedades no crean ni establecen impedimentos, no hacen más que declarar con autoridad lo que según naturaleza impide el matrimonio. Y al declararlo, coden á una necesidad, obedecen á un deber imperioso suyo, pues tan culpables serían no declarando todos, absolutamente todos, los impedimentos como estableciendo alguno que no tuviera otro origen que un capricho de su voluntad y un abuso de su autoridad legislativa.

Pero si el Estado está obligado á declarar y dar fuerza de ley á los impedimentos de la ley natural, ¿tendrá la misma obligación con los impedimentos dictados por la sociedad religiosa? Ninguna dificultad ofrece esta cuestión cuando existe en un pueblo la unidad religiosa; más difícil es su solución cuando hay libertad de cultos. No dudo, sin embargo, en resolverla afirmativamente. Antes hemos visto que, aunque no tenga el Estado religión alguna, es deber imperioso suyo el fomentar dentro de los límites de su esfera de acción las creencias religiosas de sus asociados; entonces también demostrábamos cuán necesaria era la intervención de la idea religiosa en la celebración del matrimonio; pues bien, esta necesidad resultaría ilusoria si no reconociera la autoridad civil la potestad legislativa de la Iglesia, en cuanto á la institución del matrimonio, y no diera valor legal á los impedimentos dictados por la sociedad religiosa. Así es, que el Estado, aún dada la libertad é igualdad absoluta de cultos, tendrá el deber de declarar con autoridad los impedimentos de la ley natural, y de dar fuerza de ley á los impedimentos establecidos por las diferentes sociedades religiosas. Una sola