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constituir la primera de las situaciones á que nos referimos; y después de salvar á la patria y de pacificar esta perturbada sociedad, podrá encauzarla de nuevo por el camino del progreso y de la prosperidad. Y no tema el señor Salmerton, no tema en Sr. Castelar, no teman los demás ministros y diputados de la mayoría que se les designe con el calificativo de apóstatas; porque cuando la apostasía obedece y reconoce por causa, móviles ruines é interesados, es ciertamente despreciable; pero si responde á fines patrióticos, si es el sacrificio del amor propio en aras de la verdad, si es el grito sublime de una conciencia recta y honrada que, haciéndose superior á las preocupaciones vulgares, protesta leal y noblemente del error en que hastaentonces viviera, la apostasía es grande, es respetable es digna de aplauso; revela un carácter más digno que el del que persevera en el error. Las grandes apostasías prívan al que las ejecuta de la amistad de los que eran compañeros en el error; pero le hacen adquirir la amistad, el respeto y la consideración de todos los hombres honrados. Cuando Sir Roberto Peel realizó la reforma de los derechos sobre los cereales, perdió la amistad de algunos torys recalcitrantes que le calificaron de apóstata, pero ganó el respeto y la admiración de toda Inglaterra y del mundo entero.

No creen los hombres del poder ejecutivo, que pueden contener á su arbitrio el movimiento de reaccion que se inició en la opinión al advenimiento de la República y que se ha desarrollado en mayor grado con los atropellos y crímenes que ha cometido la demagogia durante la insurreccion; lo que podría hacer, si siguiera nuestros sinceros y desinteresados consejos, sería dirigirla acertada y prudentemente para que, adquiriendo nuestra patria todas las condiciones necesarias á la seguridad de los intereses sociales é individuales, se consiguiese este fin principal, sin sensible privacion de libertad y de derechos políticos; pero si dominados por un fuerte error desatienden los clamores de la opinión y toleran y consienten la continuacion de la anarquia en que vivimos, las clases todas que viven del trabajo y de la industria, harán cuantos esfuerzos sean necesarios para constituir una situacion liberal que represente y defienda sus intereses, y es seguro que lo conseguirán; pero si por un azar de la fortuna fuesen vencidas en su empresa, y se vieran forzosamente obligadas á optar, entre la tirania demagógica actual ó la autocracia del pretendiente, no es dudoso que elegirian esta última: y si á las masas valientes y disciplinadas del carlismo, se unieran las clases ricas del país, el triunfo de esta causa sería seguro y rápido, pues la experiencia ha demostrado, que, la demagogia que saquea, incendia y asesina, carece de valor para batirse. ¡Qué triunfo, cuánta gloria habrian alcanzado entonces los prehombres del federalismo!

JOAQUIN CARBONELL.
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EXTERIOR

1.

En el número de la Revista, correspondiente al 10 de Abril de este año, reseñamos los sucesos que hasta entonces habían ocurrido, relativos á las cuestiones suscitadas en Suiza entre la Iglesia católica y las autoridades civiles. Desde aquella fecha, esas cuestiones han ido en aumento, sin que ninguna de ellas pueda considerarse resuelta.

Monseñor Mermillod, obispo de Hebron in partibus, y encargado por la Santa Sede de la administración eclesiástica de Ginebra, ha apelado en 9 de Julio al Consejo nacional de la providencia del Consejo federal que en 17 de Febrero último lo expulsó del territorio suizo. El clero católico del canton de Ginebra había entablado igual recurso de apelación en 5 de Julio; y 180 ciudadanos católicos de aquel canton se habían anticipado á hacer lo mismo en 27 de Junio. Monseñor Mermillod reclamaba del Consejo nacional, natural custodio de los derechos públicos y de los derechos individuales, amparo contra el atropello de que ha sido víctima. Ciudadano suizo y ginebrino, que no había violado ninguna ley, ni artículo alguno de las Constituciones federales y cantonales, no podía legalmente ser arrojado de su patria, como lo fué por la fuerza. Una prueba del abuso cometido contra él está en el reciente proyecto de Constitución, en el que se ha creído necesario incluir un artículo nuevo que autorizaría su destierro: si dentro de la legalidad vigente hubiera podido ser decretado, no habría necesidad de formular precepto legal nuevo con ese objeto. Y como además, las funciones espirituales de que había sido encargado, no atacan á la tranquilidad ni al orden público, Monseñor Mermillod pedía que el Consejo nacional declarase que la orden de su destierro es incostitucional é ilegal.

La mayoría de la comisión, encargada de informar sobre los recursos presentados por Mermillod por el clero católico y por los 180 ciudadanos del canton de Ginebra, ha sostenido la opinión de que el Consejo federal había
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tenido el derecho y el deber de impedir que la desmembración y la disolución del obispado de Lausana y Ginebra, reconstituido en 1819, en virtud de instancia y con el concurso del gobierno de Ginebra y de la confederación, se llevaran á efecto sin la autorización previa y formal de las autoridades federales y cantonales. De aquí deduce la mayoría de la comisión que el Consejo federal tenía competencia para expulsar del territorio de la confederación al vicario apostólico nombrado por la corte de Roma, pero no reconocido por el gobierno del cantón de Ginebra y por la autoridad federal, hasta que la Confederación y la Santa Sede se pongan de acuerdo respecto del nombramiento; y que esta competencia de la autoridad federal no puede ser anulada por la circunstancia de que la corte de Roma haya tenido la prudencia de cubrir con la personalidad de un ciudadano suizo la tentativa de violación de los derechos de soberanía de la Confederación y del cantón de Ginebra. Por tanto la mayoría ha pedido que se desestimen los recursos de apelación.

La minoría de la comisión, formada solamente por uno de sus individuos, sin entrar en el examen de la cuestión de organización general del obispado de Lausana y Ginebra, acerca de la cual hay negociaciones pendientes, propuso al Consejo nacional que declarase que la expulsión de Monseñor Mermillod del territorio suizo no está justificada por ninguna ley, ni disposición constitucional, federal ni cantonal.

Después de una larga discusión, el Consejo nacional aprobó el 28 de Julio, por 79 votos contra 23 las propuestas de la mayoría, habiéndose abstenido cuatro de votar. Tres días después, la cuestión fue sometida al Consejo de los Estados. MM. Droz y Stamm le propusieron, en nombre de la mayoría de su comisión, que se admitiese á lo decidido por el Consejo nacional. MM. Huber y de Monttheys, que formaban la minoría, presentaron al mismo tiempo sus dictámenes, favorables al prelado; el del primero redactado en alemán y el del segundo en francés; anomalía frecuente en la federal Suiza. Estos últimos declaran que Monseñor Mermillod, á pesar de lo decretado por el Consejo federal, continúa siendo para ellos ciudadano suizo y ginebrino, y vicario apostólico. Mordasini, miembro de la mayoría de la comisión, se esfuerza por justificar la conducta observada por la autoridad civil, y sostiene la tesis de que en Suiza, tanto los católicos como los protestantes están obligados á no reconocer otros poderes que los que emanan del pueblo. Hablan después otros varios oradores, y concluye el debate siendo desestimados los recursos de apelación por 26 votos contra 13.

II.

Al mismo tiempo que acudían á la Asamblea nacional pidiéndole que levantase el destierro de su prelado, los sacerdotes católicos del cantón de Gi-
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nebra presentaron una solicitud contra la ley votada el 23 de Marzo, en que se decretó una nueva organización eclesiástica. Empezaban en este documento los exponentes, recordando que por primera vez el clero católico de Ginebra se veía en el caso de recurrir á los poderes centrales de Suiza, establecidos en Berna. Pedían después que sea negada la sanción á la ley sometida al pueblo ginebrino en 23 de Mayo, porque fue aprobada por 8.000 ciudadanos protestantes que componen mayoría en el cantón, habiéndose abstenido de votar todos los electores católicos, que escasamente llegan á 8.000.

¿A qué quedaría reducida la independencia recíproca de las distintas agrupaciones religiosas reconocidas por la Constitución, si los ciudadanos pertenecientes á una pudieran usar de su mayoría para arreglar á su gusto la organización del culto de la otra? ¿Qué se diría si los electores católicos de Friburgo pudieran imponer una organización religiosa á los protestantes del distrito de Morat? La Constitución suiza, reconociendo y protegiendo con igualdad el culto católico y el culto protestante, supone que los intereses católicos no pueden ser sometidos á la decisión opresora de los electores protestantes. La ley de 23 de Abril ha sido elaborada y votada sin ninguna participación de los católicos, y es á un mismo tiempo contraria á los principios constitutivos del catolicismo, y á los de las Constituciones federal y cantonal.

Estas, en efecto, garantizan el libre ejercicio de los cultos, y en Ginebra las declaraciones generales en favor de esa libertad están además robustecidas, respecto de la Iglesia católica, por los compromisos solemnes contraídos por el Estado, así en los tratados de Viena y de Turín, como en las estipulaciones que precedieron y siguieron al Breve Inter multplices de 1819. Entonces el Estado ginebrino juraba conservar y proteger la religión católica, como había estado conservada y protegida por los antiguos soberanos de los distritos municipales segregados de la Saboya, y mantener las leyes y costumbres que regían antes del 29 de Marzo de 1815, respecto de esta religión, salvo lo que se determinase en adelante de acuerdo con la Santa Sede. El Estado ginebrino declaraba entonces que aquellos pactos y compromisos constituían para él "la regla de sus derechos y el fundamento de sus deberes." Hoy se sigue el camino contrario; se prescinde de entablar negociaciones amistosas con el soberano Pontífice; se decretan contra el catolicismo medidas excepcionales; se trata de arrancarle lo que constituye su carácter distintivo; se le quiere sustituir otra religión y otra Iglesia que no tendrá de católica más que el nombre y que será protestante en realidad.

La Constitución del cantón de Ginebra reconoce la libertad del culto católico con la organización gerárquica que le es esencial. El artículo 130 dice: "Compete al Consejo de Estado, con la ratificación del gran Consejo, arreglar con la autoridad eclesiástica superior, lo relativo á la aprobación por el go-
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bierno, de los párrocos y de los demás beneficiados." Este artículo, en opinión del clero católico que ha firmado la exposición, supone que el gobierno puede pedir un derecho de aprobación ó de asentimiento en los nombramientos de los párrocos, pero no el de disputar los nombramientos mismos á la autoridad eclesiástica superior.

Los exponentes concluyen haciendo las importantes y categóricas declaraciones siguientes acerca de la actitud en que se encuentran colocados y de la conducta que observarán en lo venidero: "No tenemos otra ambición que la de servir lealmente á nuestra patria y vivir en buena armonía con nuestras autoridades civiles; pero pedimos y exigimos que se nos permita servir á la Iglesia con la misma lealtad; pedimos que no se hagan leyes con el exclusivo objeto de crear nosotros conflictos con nuestra conciencia y de educarnos en la alternativa de desobedecer á Dios para obedecer á la ley, ó de desobedecer á la ley para obedecer á Dios. En tal caso, el Consejo reconocerá que "hay que obedecer á Dios antes que á los hombres." Hasta hoy existía armonía entre nuestra conciencia y la ley; para restablecerla, basta permanecer en la observancia estricta de nuestra Constitución, negando la sanción á la ley inconstitucional del 23 de Marzo de 1873. Esto es lo que os pedimos para bien de la patria y de la libertad. Por lo demás, no podemos menos de repetir que nuestra conciencia nos impondrá siempre el deber ineludible de rechazar esa ley; debemos declarar ante el Consejo, como lo hemos declarado ante nuestro gobierno, que jamás podremos someternos á ella. Nos parece necesario insistir en este punto, y fijarlo con claridad, porque las Constituciones garantizan á todos los ciudadanos la libertad de conciencia, y el Consejo no permitirá que se haga violencia á nuestra conciencia de sacerdotes."

II.

En la diócesis de Basilea la lucha continúa no menos viva que en la de Lausana y Ginebra.

Destituido el obispo Monseñor Lachat, por la mayoría de los delegados de los siete cantones de Berna, Basilea-campiña, Soleure, Thurgovia, Argovia, Lucerna y Zoug, que componen la diócesis, recibió orden de abandonar para el día 14 de Abril su residencia de Soleure. Después se le concedió una breve prórroga de dos días: el 16, el jefe de la policía cantonal se presentó á él y le intimó que en el acto saliese de su casa, orden que el prelado obedeció. Al día siguiente, Monseñor Lachat se ausentó de Soleure, refugiándose en Lucerna.

Lucerna y Zoug son los dos cantones cuyos representantes, formando la minoría en la reunión de los siete citados antes como miembros de la diócesis, no habían aprobado la destitución del obispo. El presidente del Consejo de Estado de Lucerna, en nombre de esta Asamblea, comisionó á un miem-
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bro de la misma para que saludase á Monseñor Lachat en cuanto tuvo noticia oficial de su llegada; pero dirigió al prelado una comunicacion en que, después de manifestarle el pesar que el canton sentía por las medidas que los otros cinco habían adoptado, y de prometerle toda la proteccion necesaria para que continuase ejerciendo su jurisdiccion episcopal en el territorio de Lucerna, y todo el apoyo posible para que en toda la diócesis se restableciese un estado de cosas normal, añadía: «Mas al mismo tiempo no podemos dejar de consignar nuestra firme esperanza de que Vuestra Grandeza, durante el conflicto actual, tendrá á bien abstenerse, para evitar nuevas complicaciones en la residencia que os habeis dignado escoger en el territorio de nuestro canton, de todo acto de jurisdiccion directa sobre el territorio de los cantones en que actualmente vuestra autoridad episcopal no es reconocida por los poderes constitucionales. Esa interrupcion de hecho en el ejercicio de vuestras facultades, es producto de fuerza mayor ó irresistible. Por grande que sea nuestro deseo de ver vuestra autoridad nuevamente reconocida y restablecida en toda la diócesis, no podemos menos de respetar la situacion adoptada por los otros gobiernos cantonales, del mismo modo que deseamos ver la nuestra respetada por ellos.»

Monseñor Lachat recurrió al Consejo federal pidiendo reparacion de las providencias de los delegados de los cinco cantones. La contestacion dada por éstos al escrito del prelado, pretende que la destitucion del obispo, decretada por los Estados que forman la mayoría de la diócesis, está dentro de la competencia y atribuciones que en materias eclesiasticas corresponden á la potestad civil, y ésta se ha reservado en Suiza desde hace siglos. Añade que las autoridades de los cinco cantones están resueltas á marchar hacia adelante por el camino en que han entrado, y á adoptar todas las providencias que sean necesarias, aunque lastimen muchos sentimientos. «Nuestras resoluciones, concluye diciendo la respuesta, están doblemente justificadas. Hemos emprendido la lucha solamente cuando el obispo ha puesto su mano en las cosas de la vida exterior excomulgando á eclesiásticos: ni aún la proclamacion por el obispo del dogma de la infalibilidad había bastado para que los Estados tomasen una actitud de resistencia; pero después la situacion de las cosas se ha fijado con tanta claridad, que seríamos responsables, no sólo ante nuestro pueblo, sino ante el porvenir, de toda debilidad en que incurriésemos.»

El Consejo de Estado del canton de Soleura, apoyándose en la ley de 24 de Diciembre de 1872, impuso multas de 25 francos á los curas párrocos que no habían firmado la protesta de Futeimbach contra las medidas gubernativas, hostiles al obispo y á la iglesia, pero habían leído en sus parroquias la pastoral de Monseñor Lachat; multas de 50 francos á los eclesiásticos que además de leer la pastoral habían firmado la protesta; multas de 100 fran-
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cos á los que, no contentos con ambas cosas, habían atacado en sus predicaciones, ya á las autoridades del Estado, ya á ciudadanos, y no habían hecho caso de las advertencias del gobierno. A los que se hiciesen en adelante responsables de nuevos actos de resistencia contra las autoridades civiles, el consejo de Estado los amenazó con la aplicación de los artículos de dos leyes de 24 de Diciembre de 1870 y de 28 de Diciembre de 1872, que tratan de la suspension y de la destitucion de los funcionarios públicos.

Contra estas multas y amenazas decretadas por el Consejo de Estado, los eclesiásticos católicos del canton de Soleure recurrieron al Gran Consejo del mismo, rechazando en términos energicos la idea de que un sacerdote católico haya de ser considerado como un funcionario del Estado por recibir su sueldo de las cajas públicas. El Gran Consejo, por mayoría de 73 votos contra 26, desestimó el recurso y dió su completa aprobacion á lo hecho por el Consejo de Estado.

Con muy escasas excepciones el clero ha permanecido al lado del obispo. Entre los discolos está el sacerdote Eduardo Herzog, irregularmente nombrado para el curato parroquial de Olten, del que las autoridades civiles han separado por medio de la violencia al cura legítimo Bläsi. Monseñor Lachat, la víspera de salir de Soleure, dirigió una severa orden á Herzog, mandándole por segunda vez que se le presentase, y haciéndole saber que por haberse intrusado en la parroquia de Olten, que no está cómnicamente vacante, y para la que no ha sido legítimamente elegido, había incurrido en excomunion latae sententiae, que sería pronunciada nominativam contra su persona si no se retiraba. El prelado añadía, que todo esto se funda en el derecho eclesiástico que regía antes del concilio del Vaticano, y que, por tanto, no bastaba para resistirse á ello, colocarse en la oposición en que Herzog se había colocado contra los decretos del concilio.

IV.

En esta lucha entre las autoridades civiles y el clero católico de Suiza, á pesar de lo mucho que ya dura, no puede decirse que por una u otra parte se hayan conseguido hasta ahora resultados decisivos. Los prelados y los sacerdotes de la Iglesia han sido multados, destituidos, desterrados por la violencia: se han dictado decretos de las Asambleas federales de Berna, aprobando las providencias de los poderes cantonales: se han votado por el pueblo leyes que igualmente han sancionado las medidas adoptadas contra el clero. Pero todo esto no es todavía más que el combate: las ventajas conseguidas por las autoridades civiles, no revisten más carácter que el de actos materiales de fuerza, sin llegar á ser victorias en el terreno moral, que es el verdadero de las cuestiones debatidas. Ni el protestantismo, ni la filosofía atea, ni el cisma se sustituyen al catolicismo en los cantones suizos.
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El ex-carmelita P. Jacinto hace lo que puede; pero no puede más que pronunciar discursos, que acuden á oír muchos curiosos, y cuya elocuencia es objeto de extraordinarios encomios, pero que no hacen prosélitos. No ha logrado subir al púlpito de una iglesia, desde que se rebeló contra sus superiores gerárquicos: para hacerse oír, tiene que mendigar salones de los protestantes. Primeramente se sometió á la condición de no pronunciar palabra alguna contra Calvino ni contra el protestantismo, en el local que se le prestaba de limosna. Después ha llevado su condescendencia hasta pronunciar frases de respetuosa simpatía hacia el herejía de del siglo xvi, al pronunciar sus más recientes discursos en el salon de la Biblioteca de Ginebra, fundada por Calvino.

Sin embargo, el P. Jacinto insiste en seguir llamándose católico. Pide una gran reforma religiosa; pero afirma que respeta los dogmas fundamentales. Predica la necesidad de importantes innovaciones en la disciplina; pero las aplaza para cuando se halle constituida la Iglesia según él pretende. La municipalidad de Ginebra, para sus últimas conferencias, le había cedido el citado salon de la Biblioteca pública de la ciudad. Apartados los estantes de libros, que hay de ordinario en su centro, dividiéndolo en dos, el local quedó con capacidad para contener un millar de personas. En una de las paredes, se colocó una pintura que representa la resurrección de Jesucristo; debajo del cuadro, alumbrado por candelabros, se puso un sencillo altar adornado de verdura, y delante el orador. La función constaba de tres partes: un canto sagrado, por una sociedad coral que asiste á cantar á donde la llaman, el discurso y una oración.

Creyendo que no se había interpretado bien el carácter de estas conferencias, el P. Jacinto hizo que el Diario de Ginebra reprodujese el texto literal de las declaraciones que él había hecho, y se contienen en los siguientes párrafos:

"En esta biblioteca de Calvino, habríamos querido celebrar hoy el acto más característico de nuestro culto, digamos la palabra, la misa. En realidad, podíamos hacerlo. ¡Qué se necesita para ello! Un poco de pan y un poco de vino, mucha fé y mucho amor. Y si no hubiésemos tenido altar, habríamos renovado lo que se cuenta de los primeros confesores de la fé en las prisiones de la Roma pagana: descubrían el pecho de un adolescente para convertirlo en altar vivo e inmaculado del sacrificio y de la comunión de Jesucristo.

"Respecto de los ritos actuales de la iglesia, no hemos querido empezar el culto eucarístico antes de estar en condiciones para observarlo. Sin duda son necesarias reformas en la liturgia y en la disciplina, y sin tocar al fondo de nuestros misterios, tendremos que corregir algunos defectos. Limitándome ahora á dos ejemplos, en la liturgia nacional deberá emplearse el idioma nacional, y habrá que restablecer la integridad y la igualdad de la comunión