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ahora se han cometido intencionales injusticias. En tal sentido, y supuesto que por cima de los tres poderes constitucionales, no hay una unidad superior apta para dirimir las discordias que entre ellos surjan, parece al menos procedente que para resolverlas se crease una suprema junta de competencias (análoga en el nombre, ya que no en su importancia, á la establecida si mal no recuerdo el año 19), junta de que formasen parte, de un lado los presidentes de ambas Cámaras, de otro todos los ministros, excepto el de Gracia y Justicia, y de otro éste y el Presidente del Tribunal Supremo. Aún así, habría dificultades para combinar la necesidad de hacer posible una solución con el equilibrio deseable entre los diversos elementos de ese tribunal mixto; pero todo sería preferible á la desdichada situación actual.

Hechas estas observaciones, y con el objeto de evitar entretenerme en pormenores demasiado minuciosos, paréceome que debo ya dar otro nuevo paso fijando la atención en la representación viva y activa del poder judicial, ó sea en los juzgados y tribunales, á fin de advertir si bajo este punto de vista la ley orgánica ha correspondido de un modo más satisfactorio que bajo los anteriores á las exigencias de su misión. Dos prescripciones de la Constitución se ofrecen desde luego en tal sentido á nuestro exámen, por cuanto ambas se relacionan con este nuevo aspecto de la cuestión, á saber: las contenidas en sus artículos 89 y 93. Y harto siento tener que volver otra vez los ojos á nuestro código fundamental para encontrar en él los orígenes de detalles que á mi parecer no compensarán nunca su irregularidad indudable científica, con la bondad de sus efectos prácticos sobre los cuales se abrigan generosas ilusiones; pero por fortuna no nos hallamos ya en los tiempos en que la libre crítica de las leyes (que nunca han tenido ni tienen carácter dogmático) era acaso mirada como falta de respeto á las mismas, ó tentativa encaminada á su desprestigio. Entrando, pues, en el exámen del primero de los artículos mencionados, yo creo que el atribuir á las Cortes el conocimiento de los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones constituye una innecesaria y dañosa alteración del equilibrio de los poderes públicos. Las Cortes representan el poder legislativo de la nación; pero el hecho de reunir á la vez el carácter de tribunal en ciertos casos no podrá nunca tener explicación satisfactoria en el campo del derecho público, emanación (como todo conjunto de leyes positivas) de los eternos principios del derecho natural. Hay por otra parte en esa anormalidad una involuntaria, pero dolorosa y efectiva ofensa para los tribunales ordinarios, puesto que, ó bien se piensa que carecen de categoría bastante
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para juzgar ciertas altas trasgresiones de la legalidad vigente, olvidando que ningún poder considerado en la unidad de su esencia puede ser hermado sin ser por ese mismo acto negado y desconocido, ó bien se duda de su firmeza y rectitud ante la importancia de determinados reos, duda que mata toda fé en la administración de justicia, porque dada una debilidad semejante, ya la posibilidad de otras mil prevaricaciones sólo dependerá de la magnitud, á veces oculta, de las influencias que sobre ellos pesen. Respecto á la institución del jurado, mi opinión no es menos clara y franca. Todo poder público no es más que la representación de la libre actividad de la nación considerada bajo el punto de vista del derecho (Estado), y dentro de él bajo una de sus determinaciones internas. Ahora bien, desde el momento en que eso es cierto, toda ingeneria de la masa común de ciudadanos en la esfera de acción de cualquier poder público, es teóricamente absurda. El país, en cuanto unidad superior de donde emanan todos los poderes, deberá ciertamente vigilarlos mediante el influjo genérico y moral de la opinión pública; pero no participar específicamente de las tareas de ninguno de ellos. Contra esta razón fundamental, que condena el jurado, nada podrá jamás alegarse para su defensa. Una vez planteado, yo seré, sin embargo, el primero que le respete, lo cual no obsta en verdad para que hablando aquí en el terreno científico reconozca la razón que respecto á ese asunto asiste á la inmensa mayoría, por no decir á la totalidad de los magistrados y jueces españoles, los cuales, prescindiendo del menor asomo de espíritu de corporación, y deseando sinceramente que la práctica contradiga sus apreciaciones, ven, no obstante, en el planteamiento del jurado uno de esos errores nacidos de la falta de confianza en los poderes públicos y destinados á la vez, por singular coincidencia, á dificultar el bien mismo cuyo conseguirlo pretenden allanar.

Es por otra parte un espectáculo extraño y deplorable el de la tenacidad con que ese sentimiento de desconfianza hacia la magistratura oficial parece haberse arraigado en el espíritu de la ley cuyo estudio nos ocupa, llegando hasta el extremo de provocar la redacción e inserción del art. 729 que fácula al gobierno para nombrar cuando lo considere necesario comisarios régios que visiten los tribunales y juzgados. Yo no sé si esas visitas de inspección de los comisarios llegarán á verificarse y á ser frecuentes, pero si así sucede desde luego puede preverse que de ellas han de nacer grandes e innecesarios conflictos, pues difícilmente cabrá mayor sonrojo para jueces y magistrados que el de verse así intervenidos por personas ajenas á la carrera y libremente nombradas para tales cargos por los ministros. ¿Hasta
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2.º Además de la moneda de cobre llamada en nuestros tiempos cuarto, se acuñó una de plata con el mismo nombre, por haberlo mandado los Reyes Católicos en sus Ordenanzas sobre la moneda, expedidas en Medina del Campo á 13 de Junio de 1497.

«DENARIO.—Cierta moneda de plata en tiempo de los romanos.»

No era tiempo de los romanos cuando San Isidoro, explicando los pesos y las monedas de uso vulgar en el reino visigodo, decía que el denario de plata pesaba tres escrúpulos ó diez y ocho silicias, y tenía el mismo valor que siete numos. (Etymologias, lib. 16, cap. 24.)

«DIEZMO.»

No trae el Diccionario esta palabra en la significación de moneda. Canga-Argüelles, en su Diccionario de Hacienda, dice que se llamó diezmo una moneda valenciana, de valor de un real y dos maravedís vn., cuya acuñación comenzó en 1619 y terminó en 1692, y que circuló hasta el año 1747, en que fué prohibida.

«DINERILLO.—Especie de moneda de cobre muy baja, del reino de Aragon, que equivale á un ochavo.»

Decía una real pragmática de 16 de Mayo de 1737 (ley 8, tit. 17, lib. 9, Nov.): «Teniendo ya mandado igualar los dinerillos de Aragon, de mucho tiempo á esta parte, á los ochavos de Castilla......» De aquí debe deducirse que antes de ese tiempo á que se refiere esta ley, había dinerillos de Aragon, que no equivalían á un ochavo.

Además, en la misma pragmática se distingue entre los dinerillos de Aragon, los de Cataluña y los de Valencia; lo que no hace el Diccionario.

«DINERO.—Moneda de cobre, de valor de dos blancas, usada en Castilla en el siglo xiv.—Hubo otro dinero que valía siete maravedises.»

1.º Antes del siglo xiv, y antes también de que hubiera blancas, se daba nombre de dineros á monedas de Castilla. Las citas que voy á hacer en el artículo siguiente, lo demuestran.

2.º Si alguna vez, en la gran diversidad de valores que tuvieron así los dineros como los maravedises, siete de éstos equivalieron á uno de aquellos, lo más común fué que se necesitasen, por lo contrario, muchos de los primeros para reunir el valor de uno de los últimos.

3.º Además de la moneda de Castilla que se llamó dinero, la ha habido
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dónde va á conducir el sistema de la duda y el recelo aplicado á la administracion de justicia? Prescinde se resolver el problema de la extension del poder judicial por temor acaso de que la lógica ensanche sus fronteras, consérvese la necesidad de la prévia autorización para proceder criminalmente contra diputados y senadores, resérvese al poder ejecutivo la facultad de decidir sus competencias con los tribunales, manténgase á las Cortes la posesion de funciones judiciales, sepárase en gravísimos asuntos la apreciacion de los hechos de la apreciacion del derecho dividiendo la integridad del acto de juzgar en obsequio á una nueva limitacion que se cree indispensable de la accion de los tribunales oficiales; y como si aún esto no bastara créanse comisarios régios que acompañados de secretarios y dependientes invadan el templo de la justicia. Ahora bien ¿es esa conducta acertada? Hablando con el respeto debido á la inteligencia y á la intencion del legislador, yo creo que no. Mal camino es para asegurar el prestigio de un poder público el de que el mismo Estado de que forma parte integrante le rebaje con su reiterada suspicacia á los ojos del pueblo. Y además, ¿por qué tanto temor de que los tribunales se extralimiten en la aplicacion de las leyes, mientras á nadie se le ocurre temblar que el poder legislativo se extralimite en su confeccion ordenando disparates ó monstruosidades? Cosas son estas que no se comprenden fácilmente.

Pero aún hay más. ¿Quedan bastante garantidos por la ley orgánica los miembros de la judicatura y la magistratura contra la presion de los gobiernos? ¿Es el principio de inamovilidad, en la forma que la misma establece, barrera bastante fuerte contra la influencia del poder ejecutivo? Ahora bien, examinando la ley bajo este nuevo punto de vista fácilmente se ve que su espíritu general no ha sido en tal terreno desmentido ni modificado. Prescindiendo de la intervencion del gobierno en la formacion de la junta calificadora de aspirantes (aunque no sea detalle despreciable) y considerando ya á cada juez ó magistrado en su puesto, ¿quién no advierte, en efecto, que los arts. 225, 226 y 237 en su relacion con el 235, primer párrafo del 250, 252, 253 y otros varios, cuya enumeracion seria prolija, ponen en manos de ministerios poco escrupulosos medios omnipotentes de trasformar la inamovilidad en un sueño y de convertir á los jueces y magistrados en victimas de los ódios que acaso por su misma independencia y rectitud contra ellos se abriguen en las esferas politicas? Compréndese bien, ciertamente, que la inamovilidad no pueda nunca ser absoluta, comprenderse asimismo que además de las sentencias dictadas contra los funcionarios judiciales á consecuencia de procedimiento criminal deban ser
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causas de destitucion (aunque con ciertas modificaciones) las enumeradas en el art. 224 relacionado con los 110 y 111, puesto que los que tuviesen vicios vergonzosos, los quebrados no rehabilitados, los impedidos física ó intelectualmente, los que por su conducta desmerezcan en el concepto público y los que hayan incurrido con reiteracion en responsabilidad civil no gozarán el prestigio necesario para administrar justicia; pero lo que no cabe admitir tan llanamente es que sea el poder ejecutivo el que en tales casos los destituya previos los trámites establecidos en los ántes mencionados arts. 225 y 226 y en virtud de un real decreto. ¡Es un espectáculo singular! Cuando un diputado ó senador se hace indigno del cargo que desempeña, nadie sino el mismo Congreso ó Senado es el que le expulsa de su seno, porque se consideraría una mengua para el poder legislativo que otro cualquiera interviniera en ese acto; pero tratándose de jueces ó de magistrados ya toda susceptibilidad cesa y no se vacila en permitir que su expulsion de la profesion la lleve á cabo esa misma entidad llamada gobierno contra cuyos abusos respecto á la libre accion de los tribunales se ha creado justamente la inamovilidad judicial. ¿Qué es esto, pues? ¿En qué se funda tan humillante diferencia? Si es que se tiene en menos á un magistrado ó á un juez que á un senador ó á un diputado, sepámoslo siquiera con entera claridad en vez de entenderlo por conductos indirectos. Si se duda de la rectitud con que obrarian los tribunales (cuyo oficio consiste precisamente en ser rectos) díjese tambien de la de las Cortes en casos análogos y resérvese el gobierno la facultad de expulsar de su seno á quien crea merecedor de ello ó reconózcase que entre los poderes publicos los hay privilegiados y los hay que no lo son. Porque una de dos: ó hay que reducir el poder judicial á los modestos limites de orden judicial, ó de lo contrario ciertas intrusiones en su vida íntima son radicalmente inexplicables. Pero volvamos á los arts. 225 y 226 y demás que con ellos tienen relacion. Una vez admitida esa teoria de las destituciones por real decreto ¿se sabe hasta qué punto queda la inamovilidad aniquilada? ¿Se sabe hasta qué punto quedan los funcionarios de la administracion de justicia sujetos á terribles peligros? Pues el más ligero examen de los diversos capítulos del tit. 4.º de la ley basta para conocerlo.

Como los expedientes gubernativos son cosa muy elástica, el dia en que un ministerio poco escrupuloso (caso posible) se proponga separar de sus puestos á tales ó cuales jueces ó magistrados no tendrá más que encomendar por secreto mandato verbal ó aun por medio de una franca real orden la formacion de tales diligencias al Presidente de la audiencia correspon-
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diente, que puede ser siempre, como después veremos, persona de su particular y entera confianza. Hecho esto se cirá justamente y por casualidad en el expediente á todos los jueces municipales, fiscales, suplentes, alcaldes, diputados provinciales y demás autoridades conocidas de antemano como enemigas de la víctima designada; informarán también el fiscal de la Audiencia ó del Tribunal Supremo (funcionarios amovibles), y dados tales antecedentes y la vaguedad de algunos de los casos de destitución comprendidos en el art. 224, mucha torpeza será menester para que, á pesar de oirse al interesado y áun al Consejo de Estado, no se logre dar completos visos de legalidad al real decreto término de esas tareas. Todavía hay más, sin embargo. Siendo el real decreto de destitución una medida dictada por el poder ejecutivo podía quedar aún al funcionario separado, como á todo perjudicado por disposiciones de la administración, el recurso contencioso. Ahora bien, por una fatalidad singular la misma ley orgánica cierra esa última puerta con su art. 244, que sólo concede el indicado recurso cuando la destitución no se haga con expresión de causa ó cuando ésta no sea de las señaladas en la ley, ó cuando no se hayan observado las formas debidas. Y yo pregunto: ¿no sería extraordinaria candidice la de incurrir al dictar una destitución en cualquiera de estos tres defectos, siendo tan fácil escoger una de las causas legales y expresarla claramente, previos los trámites indicados en líneas anteriores, habiendo cuidado á su tiempo de que la causa escogida pertenezca, por ejemplo á las indicadas en el número 5.º del art. 224 ó el 10 del 110? ¿A quién no le prueba un gobierno, si pone en ello algún esmero, que con sus actos ó omisiones ha desmerecido en el concepto público ó que su comportamiento poco honroso y habitual negligencia le hacen indigno de continuar ejerciendo funciones judiciales? Todo esto es tan obvio, tan de simple sentido común y tan comprensible aún para el que no haya saludado un libro de derecho, que no creo necesitar insistir en patentizarlo. Véase, pues, de qué modo los preceptos constitucionales quedan convertidos en letra muerta y los funcionarios judiciales siguen á disposición del poder ejecutivo. Digo mal, no sólo siguen á disposición del poder ejecutivo sino que su situación ha empeorado considerablemente. En efecto; cuando rigiendo el sistema antiguo estorbaba un juez en un partido se le declaraba cesante por una real orden y el juez se marchaba á su casa; pero como su cesantía no le imprimía ninguna mala nota, todo se reducía para él á esperar un cambio de ministerio, sin que fuera tampoco raro que mediante alguna influencia el mismo que le había declarado cesante le volviera á dar otro nombramiento. ¿Y qué sucederá con la
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nueva ley? Que si un juez tiene la desventura de incurrir en el desagrado del diputado del distrito y se le forma expediente y se le destituye por real decreto en la forma que dejo descrita, ese funcionario no sólo pierde su destino sino que queda insamado e imposibilitado para volver á la carrera, sin medio humano de rehacer su aniquilado porvenir y sin otro asilo que el de la desesperacion. ¡Triste resultado de la Constitucion del 69 y del enaltecimiento de la administracion de justicia y de la organizacion del poder judicial! Yo no vacilo en asegurar que si no se piensa seriamente sobre este asunto llegará dia en que jueces y magistrados deploren amargamente la inamovilidad que hoy se les concede y suspiren por el restablecimiento del régimen moderado. ¿Acaso no hay ya quien en vista de tales riesgos se inclina decididamente á favor de la carrera fiscal donde sabe que sólo cesantías reparables son los males que pueden aguardarle?

En vista, pues, de estas rápidas pero incontrovertibles observaciones no puedo menos de sostener la absoluta necesidad de estudiar y reformar con gran detenimiento el tit. 4.º de la ley orgánica no sólo en lo relativo á las destituciones sino también respecto á las suspensiones y traslaciones. Por de pronto lo que de ningun modo cabe negar es la procedencia del recurso contencioso contra toda medida que en ese terreno perjudique á los funcionarios judiciales y emane del gobierno; pero ni el mal cesará de raíz ni las leyes severas de la lógica serán observadas fielmente mientras el principio adoptado sin discusion para el poder legislativo no lo sea de igual modo para el poder judicial. Y no vale espantarse de la independencia que así disfrutará este último ni encomiar las consecuencias de dejar al gobierno desarmado frente á frente de los tribunales, porque lo que hay que demostrar es justamente la conveniencia de que el gobierno tenga arima alguna para combatirlos. Nadie por otra parte ha planteado ese problema sino la misma Constitucion vigente al colocar al antiguo orden judicial entre los poderes públicos. Ahora bien, si ha de haber consecuencia con esta doctrina y este reconocimiento ni se concibe siquiera la posibilidad de poner en duda lo ilegítimo de la intrusión del gobierno en la vida intima de un poder distinto, porque siendo las funciones encomendadas á los tribunales específicas suyas, su ejercicio ha de ser absolutamente libre sin que quepa concebir que con él turbe al gobierno en el de las que á éste corresponden. Y por último, si otra cosa se cree, digase con claridad obrando en su consecuencia, pero no se siga tal camino queriendo á la par mantener viva la ilusion de la existencia de un poder en la práctica reducido á un vano y mero nombre. Hay sobre todo en la ley detalles de una significacion harto
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temible. ¿Con qué objeto se ha redactado el art. 143, por el cual se declara que las presidencias de las Audiencias serán cargos en comisión y por consiguiente amovibles, no gozando los que los desempeñen los beneficios de la inamovilidad (según está establecida) sino como simples presidentes de Sala? Sin querer penetrar en el sagrado de las intenciones ajenas, el secreto de esa disposición es harto transparente para no comprender que con ella se ha querido facilitar al poder ejecutivo un nuevo medio de intervenir en los tribunales de justicia permitiéndole escoger para tan elevados puestos entre todos los presidentes de Sala de la nación aquellos que mejor le convengan. Teniendo, pues, presente la grande importancia de los presidentes de Audiencia, ya en el simple concepto de tales, ya como presidentes de las Salas de gobierno, y atendiendo á lo dilatado del territorio á que extienden su acción, no es dudoso que cada partido político señalará su triunfo desde aquí en adelante con una renovación completa de ese personal; espectáculo que es inútil decir hasta donde influirá desfavorablemente en el prestigio de la administración de justicia.

Otras observaciones dignas de atención se relacionan todavía con las que vengo presentando. En efecto, la reglamentación minuciosa, hecha en la ley, de la jurisdicción disciplinaria, las disposiciones sobre incapacidades de los jueces y magistrados y las referentes á incompatibilidades de los mismos consideradas en su conexión con la amovilidad de los presidentes y fiscales de las audiencias y con los capítulos que tratan de la destitución, suspensión y traslación de los funcionarios judiciales envuelven á estos en una red tal que verdaderamente causa vértigos. A los que no conozcan la ley no quiero molestarlos con demasiados pormenores cuya enumeración fatigaría: á los que la conozcan les ruego que enlacen mentalmente los resultados (entre otros muchos) de los artículos 143, 735, 734 (especialmente en sus números 3.º, 4.º y 5.º) 227 (números 4.º y 5.º) 250, 232 (párrafo 2.º) y 224 y siguiendo las deducciones que de ese orden de lectura se desprenden, declaren si todo juez ó magistrado mal visto en las regiones gubernamentales podrá vivir tranquilo un solo minuto, dedicándose con ánimo sereno á sus tareas. Por otra parte el recelo de que está animado todo el espíritu de la ley respecto á los miembros del poder judicial conduce á un verdadero rebajamiento de los mismos no sólo relativamente al poder ejecutivo, sino aún considerada la cuestión en absoluto. Las ya mencionadas disposiciones sobre incompatibilidades constituyen el colmo de la desconfianza y entrañan además un pensamiento falso y deplorable, cual es el de que sólo puede esperarse rectitud y honradez en los jueces en tanto cuanto