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les faltén ocasiones de prevaricar y no ser honrados: tal es el encarnizado empeño de la ley por alejarlos de los sitios de su nacimiento y de los sitios del nacimiento de sus mujeres y de los en que ellos ó ellas hubieran residido en los cinco años anteriores al nombramiento, y de los en que no sólo ellos y ellas sino hasta los parientes de unos ó otras dentro del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad poseyeren bienes raíces ó ejercieren comercio, industria ó granjería. ¿Qué más? ¿No determina el art. 234 que todo juez de nombramiento real y magistrado de Audiencia será necesariamente trasladado cuando lleve ocho años de residencia en una misma población?

Ahora bien, lo primero que se ocurre al leer tales disposiciones es su contradicción lógica con la circunstancia de necesitarse según la misma ley para obtener el cargo de juez municipal la cualidad de ser vecino del pueblo en que haya de ejercerse el cargo, no dejándose tampoco de advertir respecto á la última que el que á los ocho años de permanecer en una población sea capaz de manchar la toga que viste, lo mismo lo hará á los cuatro, y á los dos, y á los ocho días. ¡Frágil virtud ciertamente aquella cuya conservación dependiera de tan nimios accidentes exteriores! Igual censura merece en mi concepto la intervención á que el art. 37 sujeta á los tribunales de partido haciéndolos presidir extraordinariamente por magistrados de Audiencia que desempeñarán ese servicio por turno, y escribirán en cada caso una memoria en que anoten las observaciones que les sugiera la visita. Aparte de las complicaciones que de ahí se desprende, y de la continua ambulancia á que obliga á los magistrados, disminuyendo el número de los que han de desempeñar las tareas realmente propias de su cargo, no es posible dejar de comprender que una inspección organizada de esa suerte es sobrenanera humillante para los tribunales de partido. ¿Cómo se quiere que no sufra hondo quebranto la dignidad de los presidentes propietarios de esos tribunales periódicamente eliminados de sus funciones en virtud de desconfianza sistemática de su conducta? ¿Cómo no ha de sufrir igual menoscabo la dignidad de los mismos tribunales, considerados en su totalidad y objeto de esa permanente pesquisa? Solo en casos verdaderamente excepcionales y por resultado de quejas graves é indicios desfavorables vehementes, era cuando según las antiguas prácticas (barto más acertadas en mi opinión) se disponía que los juzgados de primera instancia fuesen visitados, y aún entonces todo se reducía á examinar los negocios, ya criminales, ya civiles, que allí radicaban, á recorrer los libros de los procuradores y escribanos, á examinar el estado de la cárcel y á otros pormenores
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semejantes, escribiendo después la memoria que era natural se redactase; pero sin que la visita tuviera el carácter de una ingerencia e intrusión en funciones ajenas. Y no se crea que esta diferencia es pequeña, pues su naturaleza la hace por el contrario gravísima y fundamental. La visita antigua no desconocía que tan juez de derecho era el visitado como el visitador, y que salva la diversidad de puesto gerárquico, en ambos residía por igual la noble potestad de administrar justicia. La ley orgánica moderna, con su artículo 37 (y con otros detalles), revela, por el contrario, la tendencia á considerar al juez bajo su aspecto de inferior del magistrado, suponiéndole incapaz de sentirse rebajado y herido en su amor propio porque su superior le haga levantar de su asiento para ocuparle él en su lugar. Pero esta triste teoría olvida que la dignidad de una entidad colectiva desfallece y muere desde el momento en que la significación de cada uno de sus miembros se anula ante la del inmediatamente superior, y que donde cada anillo de una cadena no es estimado como aislado aro de hierro á la vez que como parte de la cadena misma no se conseguirá nunca otra cosa que pobreza material y moral. Ofrece, por otra parte, la ley un espectáculo extraño. En efecto, mientras en ella no resultan beneficiados ni el poder judicial, considerado abstractamente, ni los funcionarios judiciales, cuya inamovilidad queda prácticamente desvanecida, desplégase, por el contrario, una severidad excesiva con los últimos. La jurisdicción disciplinaria, por ejemplo, se organiza de un modo terrible, constituyendo un arma tanto más acerada cuanto que á la par de sus resultados concretos y fatales (especialmente para los simples jueces) tiene que haber siempre mucho de discrecional en la manera de aplicarla, variando considerablemente esa manera según los hábitos de cada Audiencia ó la prevención que exista contra determinado tribunal de partido, ó mil otras diversas circunstancias. ¿No ha habido casos en que se han hecho serios apercibimientos á jueces de primera instancia por haber admitido escritos cuyos pliegos tenían más número de renglones que los permitidos? Y el ser motivo de destitución la incursión hasta una sola vez en responsabilidad civil, ¿no constituye también rigor extremado en un país cuya legislación es un laberinto? ¿Quién no recuerda en efecto, á este propósito, casos tan elocuentes como el de haberse puesto en tela de juicio (según se ha verificado) si rige ó no en España y tiene fuerza legal el Levítico de Moisés? Dejen, pues, de existir primeramente los fueros que aún subsisten, no se citen más en los tribunales el derecho romano ni el canónico, redátese un código civil claro y bien meditado, y pídale después enhorabuena que no se cometan errores al fallar los pleitos.
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Llegados aquí, ofrécese á nuestro examen otra nueva cuestión, ó mejor dicho otra nueva fase de la perpetua cuestión referente á las relaciones de la administración con el poder judicial ó sea la del carácter que deben gozar los funcionarios pertenecientes al ministerio de Gracia y Justicia. Y este problema relegado casi en totalidad á las disposiciones transitorias de la ley, no es en verdad ni tan llano en su solución, ni de tan corta y leve importancia como acaso podría suponerse á juzgar por la facilidad con que se le ha dado por resuelto. Cualquiera diría, en efecto, dejándose llevar por esa primera impresión que el legislador, atento á la respetabilidad del poder judicial y deseando no abrir una puerta falsa para la entrada en la carrera, ha adoptado una medida realmente radical suprimiendo toda asimilación entre los funcionarios de dicho ministerio y los cargos de la judicatura y magistratura; pero ni esa medida bajo el punto de vista de su radicalismo científico es en mi concepto otra cosa que el término medio más perjudicial que podría haberse adoptado; (salva la pureza de intención con que sin duda habrá sido concebido) ni su adopción después de todo ha sido completa, ni por último aún siéndolo respondería nunca (y mucho menos ahora) el planteamiento de tal orden de cosas á ningún criterio teórico ni práctico, estando por el contrario destinado á producir hondas y sensibles perturbaciones. Digo ante todo que esa medida no es realmente radical porque, en efecto, dando tal giro á la cuestión la única que merecería con justicia ese calificativo, sería la supresión del ministerio entero. Ahora bien, como esto no lo permite la Constitución ni será realizable Dios sabe hasta cuando, la lógica no puede querer que se tienda, aunque involuntariamente, á incapacitar á ese centro oficial para el desempeño de las funciones que mientras subsista han de quedarle, bajo la advocación de un respeto estimable pero extraviado al poder judicial á quien por otra parte ni la mencionada Constitución ni la misma ley orgánica levantan hasta donde fuera deseable en puntos fundamentales. Lo que la lógica tiene que querer respecto á esa cuestión es que ó desaparezca el ministerio, ó de subsistir esté revestido de las condiciones que le hagan apto para cumplir su misión. Y ahora es ocasión de preguntar; si lo primero no puede actualmente suceder, ¿de qué manera cabe que se logre lo segundo quitando al ministerio su carácter facultativo, convirtiéndole en una oficina cualquiera y alejando de él á los que quieran ser algo más que oficinistas? Pues tal es el peligro, ó mejor dicho, tal es la certidumbre de los males que han de resultar si la 10.a disposición transitoria de la ley orgánica es aprobada por las Cortes. Sabido es en verdad, que sin in-
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tervenir el ministerio en el fondo mismo de la administracion de justicia mantiene relaciones con los tribunales en muchos asuntos graves; entiende en las amnistias é indultos; concede las gracias al sacar; tiene atribuciones respecto á procuradores, escribanos, jueces, y fiscales municipales y otros funcionarios ó auxiliares del poder judicial, expide reales órdenes aclaratorias de las leyes; forma la estadística; se entiende con los ministerios de Estado y Ultramar para los exhortos, las actas de justicia y las extradicciones y cuenta, en fin, con una vasta esfera de accion en casi todo lo gubernativo-jurídico. Partiendo ahora de estas bases, veamos qué clase de empleados serán los que en lo sucesivo tendrán á su cargo negocios tan importantes si la mencionada disposicion 10." transitoria no desaparece de la ley. ¿Serán abogados inteligentes y activos? Desde luego que no, porque ó bien se dedicarán libremente al ejercicio de la profesion, ó bien si quieren entrar al servicio del Estado, procurarán ingresar en la carrera judicial, donde verán un porvenir para sí y para sus familias: pero de ningun modo solicitarán un nombramiento para el ministerio que reunirá todos los inconvenientes de los centros facultativos, y todos los inconvenientes de los que no lo son. ¿Serán individuos de la misma carrera judicial que quieran pasar durante algun tiempo á la secretaria? Desde luego que tampoco, porque no sirviéndoles ese tránsito para nada, ni aprovechándoles tal estancia bajo ningun punto de vista con respecto á sus adelantos, cometería con ese acto una verdadera locura. ¿Qué es pues, lo que sucederá? que en cuanto pasen algunos años y se vaya renovando el personal del ministerio, no se encontrara en él un solo funcionario de los que siempre ha habido en él, esto es, de los que considerándose como parte del organismo de la administracion de justicia en su esfera directivo-gubernativa amaban la profesion y estudiaban y trabajaban y se desvelaban por comprender hasta en sus más leves ápices la vida interior jurídica del Estado

Sobrevendrá, pues, un robajamiento indecible de la secretaria de Gracia y Justicia compuesta de personas que entren en ella, del mismo modo que podrian entrar en la Direccion de rentas ó en el Gobierno de provincia; y como las atribuciones de esa Secretaria seguirán siendo las mismas que hasta aqui, desde ahora puede asegurarse que llegarán á cometerse en ella continuos yerros y dislates resultando no pocos gravísimos conflictos en los negocios delicados de que todos los dias tiene que conocer, estable ciéndose además entre el ministerio y los tribunales el antagonismo natural entre dos entidades esencialmente distintas, antagonismo fatal á los últimos. Para conjurar estos males al mismo tiempo que para evitar abusos
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de todo género el único medio posible es, pues, el de declarar los cargos de la Secretaría de Gracia y Justicia (según proyectaba el Sr. Alonso Colmenares) cargos en comisión desempeñados por individuos de la carrera judicial sujetos á un único escalafón y cuyos ascensos se rijan por consiguiente (ya se hallen accidentalmente en el ministerio ya en su puesto propio en los tribunales y juzgados), conforme á las reglas generales que queden establecidas en la ley del poder judicial. Ahora, antes de concluir el exámen de este punto, permitáseme todavía hacer una última observación. Dado el actual funesto pensamiento de la ley de convertir el ministerio de Gracia y Justicia en una nueva oficina como todas las demás, ¿a qué atribuir la anormalidad de su art. 145 que concede al ministro la categoría de Presidente de Sala del Tribunal Supremo? Conviene notar, en efecto, que de los dos caracteres que el ministro reúna ninguno puede haber servido de base para tal asimilación; pues si como miembro del Consejo de ministros y de la entidad llamada gobierno, hay un abismo entre él y el poder judicial, como jefe superior del ministerio especial de Gracia y Justicia íntimamente enlazado con la administración de justicia, tampoco se concibe tal disposición, una vez que bajo este segundo concepto sólo se diferencia en cuestión de grado gerárquico (pero no en diversidad de índole) de los demás funcionarios del ministerio para quienes toda categoría judicial ha desaparecido. Hay más aún. La posibilidad de improvisaciones respecto á los meros auxiliares ó oficiales del ministerio concluiría de raíz desde el momento en que, según queda dicho, fuesen declarados cargos en comisión, porque entonces sólo podrían ser nombrados para tales plazas los que ya en la carrera judicial desempeñasen plaza de sueldo análogo; pero como los ministros obtienen la alta dignidad de tales bajo el patrocinio de las Cortes y por la voluntad del monarca y ni á la una ni á la otra pueden imponerse limitaciones, parece que en todo rigor de principios el cargo de ministro debía ser el único llamado á carecer de categoría en la carrera si tan lejos quisiera llevarse el exajerado temor que á la actual ley provisional ha guiado en su mencionada 10.ª disposición transitoria.

Llegado á este punto de mi modesto trabajo, la extensión que han tomado las anteriores observaciones y el escaso detenimiento con que puedo trazar estos renglones me impiden hacer aquí un exámen igualmente fundamental de la ley bajo nuevos puntos de vista. No puedo sin embargo menos de notar rápidamente que en ella se nota un exceso de complicación y un lujo de pormenores que sería conveniente haber evitado. La institución, por ejemplo, de los aspirantes á la judicatura y al ministerio fiscal no res-
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con el mismo nombre en Valencia. De ella hablan las leyes 13 y 16 del título 17, lib. 9, Nov. Canga-Argüelles, en su Diccionario de Hacienda, dice que antiguamente fueron de plata y cobre.

«DINERO BURGALES.—Moneda de oro de muy baja ley, por la mezcla que tenía de otros metales, mandada labrar en Burgos por el rey D. Alfonso X, para sustituirla en lugar de los pepiones, y aunque éstos eran de más ley, se dió más valor á los burgaleses, de suerte que cada uno de ellos valía dos pepiones.»

De todas maneras, sería desgraciadísima y poco digna de la Academia esta definicion, por la manera con que está redactada. La explicacion de que la moneda fuese de baja ley por la mezcla que tuviera de otros metales, es hasta deliciosa por lo cándida.

Pero lo peor es que ni la moneda mandada fabricar por Alfonso X en lugar de los pepiones fué de oro, ni se llamó dinero burgalés. Fué de plata, tuvo por nombre maravedí blanco burgalés, equivalió á noventa dineros, y deshecha pocos años después, sirvió el metal de que estaba formada, mezclado con cobre, para construir los maravedís llamados prietos.

«Y el rey D. Alonso su hijo, en el comienzo de su reinado, mandó deshacer la moneda de los pepiones, y hizo labrar la moneda de los burgaleses; y las compras pequeñas se hacian á sueldos; y seis dineros de aquellos valian un sueldo, é quince sueldos valian un maravedi.» (Crónica de Alfonso X, cap. 1.º)

«En este año (en 1258) el Rey mandó labrar la moneda de los dineros prietos, y mandó deshacer la moneda de los burgaleses, y de estos dineros prietos hacian quince dineros de ellos el maravedi.» (La misma crónica, cap. 7.º)

«DOBIA.—Moneda antigua de oro usada en España y principalmente en Castilla, de valor, ley, talla y denominacion varía según los tiempos. A los nuestros ha llegado nominalmente en las mil y quinientas (5.500 rs. que se depositaban y se depositan en el dia para la sustanciacion del recurso de injusticia notoria.»

1.º En el dia no se depositan mil y quinientas doblas, ni se conoce recurso con el nombre de injusticia notoria. Ambas cosas dejaron de figurar en el lenguaje jurídico muchos años antes de la última edicion del Diccionario.

2.º Al decirse, en la definicion ó explicacion anterior, que la palabra dobla ha tenido distinta denominacion, según los tiempos, se ha querido sin duda dar á entender que á este sustantivo se han agregado diferentes adjetivos. En efecto, dobla ha sido un nombre genérico, como sueldo, escudo,
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puede aparentemente á ninguna necesidad visible ni promete por otra parte ventajas de ningun género. La de las salas ordinarias y extraordinarias de audiencia se halla en caso análogo, aparte de los inconvenientes que ya he apuntado respecto á las presidencias periódicas de los tribunales de partido por magistrados y aparte tambien de la profusion de detalles que tal orden de cosas produce en la division judicial de la nacion como se desprende de las disposiciones del art. 13 de la ley añadidas á las del 11.

La separacion de las salas de cada Audiencia para el despacho de sus asuntos propios en salas de lo civil y de lo criminal tampoco ha dado hasta ahora buenos resultados y mereceria en mi concepto llamar la atencion de las Cortes. Respecto á la inclusion en la ley de los titulos relativos á competencias y recusaciones, de la reglamentacion del traje y dotacion de los funcionarios judiciales y de otros pormenores semejantes no creo necesitar insistir en la formacion de capítulo de cargos porque la opinion general se ha declarado terminantemente en contra suya, estimando tales disposiciones ajenas al sitio en que se hallan. Con relacion á otro orden de consideraciones no puedo sin embargo dejar de decir que cualesquiera que sean las razones á que se debe el planteamiento de la única instancia en lo criminal yo le considero como una gran desgracia para los reos y (perdóname la palabra) como una gran temeridad legislativa. Existir dos instancias para cuestiones civiles en que se ventila el derecho á sumas muchas veces insignificantes, existir tambien dos instancias para los juicios de faltas y no existir más que una cuando se trata de acusaciones graves pendientes sobre la cabeza de los ciudadanos, contradiccion es que difícilmente podrá nunca explicarse. Respecto al juicio oral sólo digo que su combinacion con los juzgados de mera instruccion me parece un problema difícil por cuanto aquel aproxima lo que estos apartan. Yo creo sinceramente que nadie mejor que el que instruye un proceso está en el caso de juzgar acerca del mismo, pero dado el establecimiento de los tribunales colegiados (que indudablemente son deseables) y dado el conjunto de detalles que con ellos se relacionan los juzgados de instruccion no pueden omitirse. Acaso, sin embargo, cabría mejorar algo la ley en lo relativo al enlace del jurado, ya que ha de existir, con el total organismismo de los tribunales. Oportuno creo tambien llamar la atencion acerca de ciertas disposiciones sueltas de la misma ley orgánica como lo son la contenida en el 83 y en el párrafo 5.º del 7. La primera se relaciona con la institucion de las universidades libres y merece formal atencion. La segunda envuelve una limitacion de los derechos individuales y, aunque yo seria el primero que estando constituido en autoridad
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judicial me abstendría cuidadosamente de asistir á reuniones ni manifestaciones políticas de ningún género conviene prever el caso de que haya quien asista y se apoye en la Constitución cuando en virtud del mencionado párrafo 5.º del art. 7 se proceda contra él, porque seguramente la Constitución es la ley primera y contra ella nada pueden lógicamente las demás.

Con esto concluyo mi tarea recordando nuevamente que todo exámen meramente curial, por decirlo así, de la ley objeto de las actuales líneas será siempre un exámen sobremanera limitado. No basta señalar en ella su excesiva prolíjidad, sus contradicciones interiores, sus oscuridades, sus ambigüedades ni sus defectos de redacción ó de prevision en puntos particulares. Antes que todo esto y como criterio fundamental que guíe en su análisis es preciso recordar constantemente que con ella se ha debido organizar como poder público la administración de justicia. Ahora bien, bajo este punto de vista mi opinión muy modesta y muy sin pretensión alguna de suficiencia pero leal y franca es que para que la ley fuera lo que yo creo que deberia ser se necesitaría rehacerla de extremo á extremo.

Conste, por último, aunque ya lo he indicado más atrás, que si alguna de las expresiones usadas en este mal trazado artículo pareciere ágría ó destemplada (á pesar de no ser tal mi propósito), tégase por no dicha, ó por escrita tan sólo, según la frase del foro, en términos de defensa.

JUAN ALONSO Y EGUILAZ.
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EL PAIS VASCO(1)

SU LENGUA

Y EL PRINCIPE LUIS LUCIANO BONAPARTE

II.

Las tristezas de nuestras discordias y de nuestros movimientos políticos, apenas nos dejan reposo para que podamos seguir el movimiento intelectual de otras naciones, cuanto más aumentar el sinúmero de obras que son su reflejo. Innumerables son en efecto, las que en tantos ramos y con tan diferentes objetos, ya religiosos, sociales, políticos, científicos, económicos, industriales ó literarios están saliendo de las prensas extranjeras, con particularidad en la próspera y feliz Inglaterra. Y eso que una de estas, y de la que aquí me voy á hacer cargo, pertenece por mitad, si no toda, á la nación española, porque hace tiempo que el país vascongado, cuyo origen, vicisitudes y situación actual acabo de presentar, es el propio que viene sirviendo de objetivo, ya para los hombres pensadores, que tanto aplauden su sistema social (2); ya para los etimólogos, que piden con encarecimiento los cráneos de sus cementerios para sus eculubraciones estudiosas (3); ya para los filólogos, que hacen cada vez más esfuerzos por estudiar su remo-

(1) Véase el número 114 de la Revista.
(2) Léanse las conferencias del P. Jacinto en Ntra. Sra. de París, por Enero de 1867, al tratar del hogar doméstico, en una de las que habló con gran alabanza del país vascongado y de sus peculiares leyes, bajo el punto de vista de la propiedad y la familia.
(3) Mr. Retezias, célebre profesor sueco, dice, que por los muchos y magníficos que se le hubieron de enviar perteneciente los vascos, pudo deducir en su Tratado