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secuencia necesaria del nuevo vínculo de vasallaje, que por efecto de tales adquisiciones se establecía entre el monarca y el súbdito. Y como, según hemos visto, la mayor parte de las nuevas propiedades omanaban inmediata ó mediatamente de la corona, las más de las tierras apropiadas por particulares debían llevar consigo aquella obligación.

La de dar tierras á los vasallos no era obligación estrictamente legal de la corona en Castilla, como lo era la de repartir entre ellos las cuatro quintas partes de los despojos del enemigo; pero estaba tan recomendado el uso de aquellas mercedes por las mismas leyes, y se practicaba tan constantemente, que tenía la fuerza de una inveterada costumbre. Los servicios extraordinarios, como aprehender al caudillo enemigo ó librar la persona del rey ó señor en una batalla, exigían forzosamente galardón señalado en tierras ó rentas con que el vasallo pudiera «siempre vivir honradamente» (1). También debían obtener una recompensa semejante los tres combatientes que primero entraban en villa ó castillo cercado. Pero además era costumbre recibida, que recopiló en su código D. Alonso el Sábio, la de que el rey «á los que le ayudaren á ser heredado en lo de sus enemigos, puedelos heredar de mayores heredamientos et de mejores, et franqueallos tambien en las heredades que son de los otros en su señorío como en las de su realengo» (2), y la historia testifica, en efecto, cómo usaron y aún abusaron los reyes de este derecho, dando heredades y tierras en lo reconquistado del enemigo, no sólo á los que habían ayudado á ganarlo, sino á otros muchos que ningún servicio señalado prestaron en la guerra.

Daba el rey todos aquellos bienes en heredamiento, ó en tierra, ó honor, que eran según se ha visto en otro lugar, los tres modos de poseer las cosas del reino, ó que no pertenecían libremente al rey. Cualquiera de estos títulos con que la merced se hiciese, constituía al agraciado en vasallo, y por lo tanto le imponía la obligación del servicio militar, no como la tenían todos los naturales por serlo, sino como era propia de todos los que recibían de la corona algún beneficio. Hé aquí cómo el dominio territorial de todas clases emanado de la corona, que con el tiempo vino á ser el de la mayor parte de las tierras del reino, era base y fundamento del servicio militar, y por consiguiente el vínculo más poderoso del Estado en una sociedad eminentemente guerrera.

Las mismas relaciones que la propiedad creaba entre la corona y sus

(1) L. 4, t. 27, Part. 2.a
(2) L. 6, t. 27, Part. 4.a
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vasallos inmediatos, se establecieron luégo entre estos y sus vasallos particulares. Los hidalgos y caballeros á quienes el rey galardoneaba para sujetarios á su servicio, necesitaron atraer al suyo á otros hombres que cultivaran sus tierras y las defendieran mediante una participación en sus productos, ó recompensas señaladas. Y como eran vasallos «todos los que recibian honra el bienfecho de los señores, así como caballería, ó tierra, ó dineros por servicios señalados que les hayan de fazer,» y los vasallos debían entre otras cosas «servir lealmente á los señores por el bienfecho que reciben dellos» (1), todos los participes en el dominio y disposición de la tierra quedaron obligados por este concepto á servir en la hueste.

Tenian también una obligación semejante los meros naturales, es decir, los que vivian en tierra del rey ó heredamiento de señor, sin recibir de él ninguna merced especial; pero su servicio era más limitado que el de los otros vasallos. Estos eran hombres de su señor, estaban enteramente á su mandato y debían seguirle en toda clase de expediciones militares, so pena de perder cuanto de él hubieran recibido. Los naturales debían forzosamente tomar las armas cuando ocurría levantamiento ó incursión de enemigos en el reino, ó asedio de castillo, y también cuando eran convocados para dar alguna batalla campal ó sitiar alguna fortaleza fuera del reino; pero si el rey convocabá á los suyos para invadir en algarada y dañar la tierra enemiga, no era, al parecer, obligatoria la asistencia, sino para aquellos que hubiesen recibido beneficios de la corona, puesto que el llamamiento debía hacerse según la ley, á fin de que concurrieran los que tenían por bien, y la falta había de castigarse con la pérdida de los beneficios recibidos (2).

Mas la principal diferencia entre naturales y vasallos respecto al servicio militar, consistía al principio en su remuneración y después en las varias restricciones con que costumbres generales ó privilegios locales lo limitaron. En los primeros siglos de la monarquía hubieron de servir á su costa y sin soldada tres días á lo menos los naturales que no poseían tierras ni heredamientos de la corona. Así resulta no sólo de memorias antiguas, cuya autenticidad pudiera no estar bien averiguada, sino de los primitivos fueros, en que se daba por privilegio y favor á los hidalgos, el no servir sin soldada del rey ó señor. El conde soberano de Castilla D. Sancho García fué, según una memoria antigua del monasterio de Oña, quien

(1) Leyes 1 y 6, t. 25, Part. 4.a
(2) Leyes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. t. 19, Part. 2.a
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primero concedió á los nobles el beneficio de no servir á sus expensas (1); mas si esto no fuese prueba bastante de haber sido anteriormente gratuito el servicio de los hidalgos, que no tenian tierras de la corona, la suministrarian muy cumplida muchos fueros locales. El de Castrojeriz dado por el conde de Castilla Garci Fernandez, padre de D. Sancho y confirmado despues por éste, permitia al caballero que no tuviese prestimonio ó tierra no ir á la hueste sin que el merino le proveyera de todo lo necesario, y limitaba este servicio á las dos terceras partes de los peones hábiles (2). El fuero de Nájera dado por D. Sancho el mayor en 1001, ordenaba que los infanzones recibieran por sus salidas á campana doble soldada que los peones (3). El de Jaca, otorgado en 1090, y extendido á muchos pueblos de la provincia de Guipúzcoa, decia dirigiéndose no sólo á los hidalgos, sino á todo el comun de vecinos: «No vayais á la hueste sino con comida para tres dias, y cuando la lid sea campal ó esté el rey cercado por enemigos» (4). Segun el fuero general de Vizcaya se debia ir en hueste con el señor, sin soldada, sólo hasta el árbol Malato en Lujanedo, pues no podia exigirse de los vasallos que pasaran adelante sin anticiparles dos ó tres meses de sueldo, segun que hubieran ó no de atravesar los puertos (5). Alfonso IX concedió á los caballeros de Castroverde en 1197 por las siete cabalgadas que podrian hacer en el año siete pares de calzas, dos espuelas y endos mantos de color (6). El fuero de Haro dado por Alfonso VIII en 1187, concedió á los caballeros el derecho de no ir al tornado sin el debido estipendio (7). De todo lo cual se infiere que la ley del conde de Castilla don Sancho, si existió no se observaba en todas partes, puesto que todavía en el siglo xii se otorgaba por privilegio, ó más bien que en este punto como en tantos otros, eran varias y muy diversas las costumbres.

Pero con el tiempo no sólo se dió soldada á los que no tenian tierra, sino tambien á muchos que la disfrutaban. Así se infiere del pasaje de la crónica de D. Alfonso X, en que se dice que aunque en aquel tiempo cada uno iba á servir por lo que tenia de la corona, ordenó el rey hacer alardes

(1) Berganza, Antigüedades, Part. 1.º lib. 4, c. 16.
(2) «Caballero de Castro qui non tenuerit prestamo, non vadat ni forzado, nisi de- derit ei expensas et surcarno illo merino.» Muñoz, Colec. de fueros, p. 37.
(3) Muñoz, Colec. de fuers, p. 257.
(4) Llorente, Prov. Vasc. t. 3. n. 74.
(5) Fuero de Vizcaya, l. 4. t. 1.º
(6) Llorente, Prov. Vasc. t. 4. n. 189.
(7) Idem id., t. 4., n. 171.
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en la Extremadura y que «cualquier ome que mantuviere caballo é armas fuese excusado de la martiniega y fonsaderas y eximiese de los mismos tributos á sus paniaguados, quedando todos sujetos por ello á servir sin más estipendio tres meses en la frontera, siempre que el rey los llamase (1). También refiere la crónica de D. Sancho IV, una frase de este rey en el mismo sentido cuando dijo á Nuño Gonzalez «¿sodes mi vasallo? ¿Tenedes buena tierra é buena soldada?» á lo cual respondió Nuño afirmativamente (2). Sin embargo, no hubo esta costumbre de generalizarse á todo el reino, puesto que D. Alfonso XI, al fijar en las Cortes de Bérgos de 1338 las soldadas y los servicios que por ellas habían de prestar los vasallos, declaró que su ordenamiento no era aplicable á los de la frontera, que no recibían soldada en dinero y debían servir por la tierra que disfrutaban.

Aún había mayor variedad en cuanto á las restricciones que desde muy antiguo tasaban y limitaban este servicio. Había comarcas que estaban exentas de él absolutamente, como la de Santa Juliana, según su fuero de 1045 (3), la de Sahagún, por privilegio de 1078 (4), Santa Cristina, por su fuero de 1062 (5), los nobles de Miranda de Ebro, por privilegio de 1147 (6) y otros varios pueblos (7). Mas en el siglo XIV debieron caer en desuso estos privilegios, puesto que habiendo pedido su confirmación de 1345 las Cortes de Bérgos, D. Alfonso XI lejos de otorgarla declaró la nulidad de todos los concedidos por sus antecesores fundándose en que «quanto al fonsado todos son tenudos de ir con nusco... é que non lo pue-»de quitar un rey por otro;» y sólo prometió guardar las exenciones de esta especie que él mismo hubiera concedido, si se justificaban. Esta doctrina hubo al fin de prevalecer en la práctica y con ella concluyeron casi por completo los privilegios antes referidos.

Era muy común en las cartas-pueblos la condición de no haberse de exigir el servicio de hueste á los vecinos, más que cuando el rey en persona saliese á campaña ó convocase á lid campal, ó estuviese cercado, ó se pusiese asedio á alguno de sus castillos. Así lo disponían los fueros y pri-

(1) Crón. de Alf. X, c. 12.
(2) Crón. de Sancho IV, c. 7.
(3) Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla, t. 5., n. 4.
(4) Idem id., t. 5. n. 6.
(5) Muñoz, Colec. de fueros, pág. 222.
(6) Colec. de doc. de las prov. etc. t. 5. n. 15.
(7) Entre ellos pueden citarse además San Sebastián por fuero de 1180, Entrena por privilegio de 1218: el consejo de Amaya por privilegio de 1221 y otras varias comarcas.
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vilegios de Nájera, Sahagún, Jaca, Vizcaya, Puebla de Arganzón, Burgos, Oviedo, Santander, Vitoria y otros varios (1). Muchos fueros limitaban á tres días cada servicio, como el de Sahagún de 1084 y el de Burgos de 1124: otros á un servicio cada año, como el de los Mazavales de Toledo de 1118, y el de Alicante de 1252: ó á un tercio ó dos de los vecinos hábiles para tomar las armas, como el de Guadalajara de 1153 y el de Uclés de 1179: y otros á territorio determinado ó el que pudiera recorrerle dos veces en un día, como el de Durango de 1180 y el de Riva de Sil de 1225 (2).

Mas es de advertir que todas estas limitaciones de la obligación de servir las armas solían entenderse con los naturales, que no tenían tierras, honores ó feudos de la corona ó del señor, con carga de vasallaje especial y servicios determinados. Tales privilegios consistieron en no prestar aquel servicio á pesar de ser los privilegiados naturales del rey, y de haber recibido de él para poblarlos, los lugares donde moraban, por cuyos dos motivos deberían quedar sujetos á aquella obligación. Pero los que además tenían tierras en el sentido estricto de esta palabra, es decir, como soldada y remuneración de su servicio, ó feudos ó honores que también obligaban á prestarlo, no creo que quedaran excusados de hacerlo, como no lo fuesen de un modo especial y determinado.

CAPITULO XI

La jurisdicción como fruto de la propiedad.

I.

CLASES Y GRADOS DE JURISDICCION OTORGADOS CON EL DOMINIO.

También se halla en la propiedad territorial de Castilla otro de los caracteres distintivos de la feudal, el de ser inherente á ella una parte mayor ó menor de la jurisdicción y potestad públicas. Al exami-

(1) Véase el fuero de la Puebla de Arganzón en la Colec. de doc. de las prov. Vasq. y Castilla t. 5. n. 26; el de Santander en Llorente, prov. Vasq. t. 4 núm. 73 y los demás en las colecciones antes citadas.
(2) Fuero de Burgos en Muñoz, Col. de fueros p. 266. Privil. de Alicante en Col. de doc. de las prov. Vasq. etc. t. 6. n. 257. Fuero de Guadalajara, en Muñoz, obr. cit. p. 507. Fuero de Uclés en Llorente, prov. Vasq. t. 4. núm. 159. Fuero de Durango en Llorente id. t. 4. núm. 161. Fuero de Riva de Sil en Col. de doc. cit. t. 5. núm. 39.
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nar los diferentes títulos con que la corona solía enajenar sus tierras, observamos cuán frecuentemente lo hacía con renuncia de su autoridad y de casi todos los derechos que gozaba en ellas. Ahora debo añadir, que tal costumbre no debe atribuirse á mero capricho de los príncipes ni á extravío de las ideas reinantes; tampoco se debió exclusivamente la necesidad de proveer de gobierno inmediato á muchos lugares, á donde no alcanzaba la débil accion del supremo. Esta última circunstancia contribuyó mucho sin duda á juntar el dominio con la jurisdiccion; pero la que más hubo de influir en ello, fué el estado económico de la propiedad territorial. Con una población escasa, aglomerada en las alturas de las montañas, al amparo de sus castillos y que apenas podía cultivar las tierras más inmediatas á ellos, ¿qué valor habían de tener las otras incultas ó lejanas, que no podían beneficiarse sino con grave riesgo del capital que se emplease en ellas y tal vez de la vida de los colonos? No había brazos, ni capital, ni seguridad suficientes para poner en cultivo todas las tierras sujetas más ó menos eficazmente á los cristianos, y cumpliéndose en ellas la ley económica de la venta, no podían producirle las tierras de última clase, entre las cuales debían contarse todas las incultas, y todas las que por hallarse lejanas de las villas y fortalezas, no se podían cultivar sin peligro. Así es, que estas tierras se hallaban siempre á la disposicion del primer ocupante, que con licencia del rey ó sin ella, la tomaba por presura, como en efecto lo hicieron tantos, según consta de los antiguos documentos en otro lugar mencionados.

Tierras que por sí mismas, ó independientemente del trabajo y del capital empleado en ellas, no producían renta, no podían tener valor alguno, no representaban ninguna riqueza. Para que valiesen algo, era necesario agregarles alguna parte al menos del capital de producción, como instrumentos ó aperos de labranza ó hombres que con sus brazos, sus utensilios y su industria pudieran ó debieran cultivarlas. Así es que cuando se enajenaban tales tierras se entendían comprendidas en ellas todos éstos adhrentes, cuyo valor era el que en realidad venía á trasmitirse. Y como los reyes y señores no hacían donaciones de cosas inútiles, porque ni habrían cumplido su objeto, ui las hubieran aceptado sus vasallos, eran frecuentísimas las mercedes de tierras con los hombres, colonos ó habitantes, que les daban valor. Las que se daban sin ellos eran generalmente las que estando ya en fácil y abundante cultivo, sabia estimarlas como de primera ó segunda calidad y podían por si mismas producir alguna renta.

Los hombres que se daban con las tierras no habrían tenido tampoco
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valor alguno, si como colonos libres, hubiesen podido á su arbitrio trabajar ó no en ellas ó hacerlo mediante la retribucion que ellos fijasen según el precio comun de los jornales. Dar colonos era, pues, trasmitir á otro el derecho de recoger el fruto del trabajo forzoso de ciertos hombres, prestado á voluntad del propietario, y con menor retribucion que la del trabajo libre. Este derecho supone en quien lo ejerce dominio y potestad sobre aquellos hombres, pues no de otro modo habría seguridad de hacerles producir y mantener con sus obras el valor de las tierras adquiridas. El dominio y la potestad sobre los hombres, para el efecto de obligarles al trabajo, conducía naturalmente al de mantoncerles en paz, corregirlos, defenderlos, ampararlos, obteniendo los provechos consiguientes á estos beneficios según las costumbres de la época. De aquí el darse las tierras no sólo con la potestad necesaria sobre sus colonos para obligarles á hacerlas producir del modo más adecuado, sino también con imperio y jurisdicción en ello y los emolumentos consiguientes al ejercicio de esta autoridad, como lo eran en la Edad Media las multas y los impuestos debidos al soberano por razon de gobierno. De este modo, por consecuencia rigurosa de la necesidad de dar las tierras sin valor, con hombres que se lo prestasen, vino á ser circunstancia inherente al dominio de gran parte de ellas el ejercicio de la potestad pública, más ó menos limitada, según la participación que en la misma tenía á bien reservarle el soberano. Rara vez la confirió toda, como se verá luego, pero la inmediata y local sobre los vasallos de las tierras que enajenaba, iba casi siempre unida al dominio de las mismas tierras, sobre todo, en los primeros siglos de la monarquía castellana.

Daba, pues, el rey tierras con jurisdicción así á los hidalgos y caballeros, como á las iglesias y monasterios. Unas veces era la tierra lo principal y la jurisdicción lo accesorio, y otras sucedía lo contrario. Verificábase lo primero, cuando se daban villas ó heredades por juro de heredad, en tierra ó en honor ó feudo; tenía lugar lo segundo cuando se daban aquellas en encomienda, en prestimonio ó préstamo, ó en mandacion ó señorío, pues con la potestad que el soberano delegaba, se entendía por tales títulos conferido el derecho á disponer de los terrenos incultos de la demarcación respectiva. En las mercedes de tierra se entendía comprendida la jurisdicción, no sólo cuando se expresaba en el privilegio, que se daba á aquella con la justicia, sino también siempre que decía el rey que la daba con sus hombres, ó con la condición de que merinos ni sayones entraran en ella, ó la de retener la corona la misma justicia, si el señor no la hiciese, ó con la cláusula de darse el lugar íntegramente ó con todo el poderío y señorío, ó como al
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señorio real pertenece, ó con cualquiera otra expresion ó circunstancia de donde pudiera inferirse que el monarca renunciaba á su potestad en el territorio enajenado (1).

Mas esta potestad comprendia grados y derechos diferentes, de los cuales unas veces se trasmitian más, otras veces menos. La parte menor de ellos que se concedia era la jurisdiccion civil necesaria para obligar á los vasallos á prestar al señor los debidos servicios pecuniarios ó personales. Cuando el rey daba un lugar con todos sus derechos se entendia conferida la jurisdiccion civil, con las rentas, pecho y multas ó penas de cámara, según se llamaron después, pero no la jurisdiccion criminal. Cuando hacia la enajenacion expresando que en ella iban comprendidos el mero y mixto imperio, ó con cualquiera de las cláusulas indicadas en el párrafo anterior estimábase concedida la jurisdiccion criminal. A veces retenia el rey par; si los impuestos de moneda torera y yantar, las alzadas y otros derechose pero aun cuando hiciese la merced sin reservarse ninguno, por costumbr, ó por ley, se debian entender retenidos el de mandar hacer paz y guerra del lugar donado, el de administrar justicia, si el señor la menguase y de de exigir la contribucion de moneda (2). Algunas leyes generales como el Fuero viejo y las Partidas comprendian entre los derechos inalienables la fonsadera, las minas y los yantares; pero la verdad es que unos y otros fueron mil veces objeto de enajenacion, y que el Ordenamiento de Alcalá, cuyas prescripciones tuvieron siempre más aplicacion que aquellos códigos, no dejaron á salvo más que los tres derechos primeramente mencionados.

Al tratar de las encomiendas, condados, mandaciones, tierras y feudos vimos cómo iba unida la jurisdiccion á estos diversos títulos de dominio: ahora expondré la forma en que se verificaba igual union respecto á los heredamientos.

La donacion hecha al monasterio de Obona en 780 por el infante Adegastro, varias veces citada, comprendia, como se ha visto, diferentes heredades con sus familias y toda la jurisdiccion civil y criminal sobre ellas, puesto que facultaba al abad ó su vicario para castigar en justicia las ofensas que cometiesen sus hombres, y mandaba que ninguno más que él ejerciera potestad en el monasterio. Ordoño I, á mediados del siglo ix, dió al abad Ollon, al presbitero Vicente y la monja María, emigrados de Córdoba, el monasterio de Somos, con otras iglesias y tierras, encargando al

(1) Ordenamiento de Alcalá, t. 27, l. 3.
(2) Ordenamiento de Alcalá, ley 2 y 3, t. 27.
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abad que castigara con penitencia á los homicidas, ladrones, apóstatas y hechiceros y otros delincuentes de su territorio, y que si alguno fuera contumaz le aprehendiera y enviara á su real presencia para servir de escarmiento (1). Alfonso VI, en 1075, concedió privilegio al Cid para que en todas sus heredades y bochetrías hereditarias no entrasen los sayones ni merinos del rey á cobrar tributos, exigir servicios ó castigar delitos, lo cual equivalía á darle la jurisdicción completa por juro de heredad, puesto que la exención alcanzaba también á los hijos y descendientes de Rui Díaz (2). Fernando I dió en 1043 al monasterio de Cardeña las sillas de Villafría y Orbaneja con sus habitantes, sin retener en ellas ningún derecho y con expresión de que nadie sino el abad ejercería potestad en las mismas (3). Alfonso VI en 1087 confirmó al monasterio de Sahagún toda la jurisdicción real en su villa y coto, que ya antes le había sido otorgada, integra y perpetuamente, encargando á sus sucesores en la corona que no permitiesen á sus oficiales entrar en aquel territorio para exigir tributos ó ejercer autoridad, á fin de que su gobierno todo dependiese del abad y se desempeñase por sus propios ministros (4). Alfonso VII dió á la iglesia de Sigüenza en 1140 las casas y heredades de su término con los hombres que moraban y viniesen á morar en ellas, y la cláusula de que ni el morino ni el sayon del rey tendrían potestad sobre tales hombres, porque había de corresponder toda á los oficiales nombrados por el obispo (5). Fernando II en 1197 dió al monasterio de San Pedro de Gumiel de Yzan solares yermos y poblados con sus vasallos, con mero y mixto imperio y la alcaldía, escribanía, merindad y demás oficios públicos (6).

Los reyes no conferían solamente esta potestad á los hidalgos y á las iglesias, sino también á las mismas villas, consideradas como personas jurídicas. Desde el siglo XI al menos se empezaron á erigir muchos concejos en corporaciones independientes de todo señorío local, atribuyéndose al comun de vecinos los mismos derechos y facultades que correspondían á los señores dueños de otras villas. Los monarcas autorizaron esta novedad, tanto por hacer con ella gran beneficio á los mismos pueblos, cuyos servicios necesitaban, cuanto por oponer algún contrapeso al creciente poder

(1) Huerta, Anales de Galicia, escr. 27.
(2) Colec. de doc. de las prov. vax. y Castilla, t. 5, n. 5.
(3) Berganza, Antigüedades, t. 2, escr. 86.
(4) Escalona, Hist. de Sahagún, escr. 119.
(5) Muñoz, Colec. de fueros, p. 529.
(6) Colec. de doc. de las prov. etc., t. 5, n. 28.
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QUINTO AÑO.

TOMO XXIX.—(Noviembre y Diciembre)

MADRID.
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IMPRENTA DE JOSÉ ROQUERA
Bordadores, 7

1872.