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acepcion, ni la anteriormente explicada, caben en las definiciones que el Diccionario da de las palabras sobrecarta y sobrecartar.

Y puesto que de Navarra hablo, oportuno me parece repetir una observacion que ya en otro número de la REVISTA DE ESPAÑA hice. Si por autonomasia se llama con razon Academia española la que dedica sus tareas al idioma nacional, ¿cómo ese idioma no le merece á ella misma el nombre de español? ¿No es evidente la contradiccion que contiene la portada del Diccionario al decir que el Diccionario es sólo de la lengua castellana, y está hecho por una Academia que se llama española sólo por cuidar de esa lengua? ¿No estuvo Navarra tan separada, más separada de Castilla que cualquiera otra comarca de la monarquia? ¿Se habló jamás en Navarra otro idioma que el que la Academia española califica de meramente castellano?

Pero volvamos á citar y comentar definiciones.

«Peso.—El puesto ó sitio público donde se venden por mayor varias especies comestibles, especialmente de despensa; como tocino, legumbres, etc., y lo suelen llamar PESO REAL.»

Uno de los arbitrios de antiguo establecidos en la administracion pública, y que todavía se conserva en ella habiendo resistido tenazmente á las repetidas órdenes del poder central, que han querido suprimirlo, ha sido el monopolio del peso. Los ayuntamientos subastaban el privilegio de pesar, de la misma manera que subastaban el monopolio de la venta de carne; con el doble objeto de asegurar el servicio y de obtener un ingreso más para las cajas municipales. Eso se entendía por Peso real. El que lo servía, podía y puede al mismo tiempo vender tocino ó cualquiera otra cosa; pero no es el tocino ni el puesto en que se vende, sino la romana oficial lo que constituye el peso real.

«CALOÑA, ant. CALUMNIA.—Pena pecuniaria que se imponía por el delito de calumnia.»

No sólo por calumnia, sino por otros delitos, se imponía esta pena. Los fueros municipales suministran abundantes ejemplos. No cite algunos, por no extenderme demasiado, y porque fácilmente los encontraría el lector, si los quisiera.

Y á fin de dar alguna unidad al resto de estas notas, voy á limitarme para mis citas del Diccionario á un solo ramo de la administración pública, que será el de historia del sistema monetario, en cuyo estudio recientemente me he ocupado, condensando, para no hacer muy difuso y molesto el presente escrito, las objeciones que créa oportuno presentar.
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de los nobles. Estas villas, que se llamaban sobre si por la autoridad que ejercian sobre sí mismas, poseían colectivamente las tierras no apropiadas y los montes y aguas de sus términos, disponían de ellos como solían hacerlo los señores particulares, nombraban sus propias justicias, administraban sus caudales públicos por medio de sus propios delegados, dependían inmediatamente del rey y contribuían á él con sus impuestos.

No era, sin embargo, igual la condición de todas estas villas, pues había entre ellas graves diferencias, según la mayor ó menor autoridad depositada en el comun de vecinos. Así es que algunas no carecían de señor, es decir, de un delegado de la corona que dentro de ellas representase la persona del rey é hiciese efectivos sus derechos; pero no todos estos delegados tenían la misma autoridad. Las villas de La Guardia, San Vicente de Sosierra, Labraza y otras, sujetas al fuero de la primera, tenían señor delegado de la corona que nombraba la justicia y recaudaba los derechos; pero los vecinos disfrutaban el inconcebible privilegio de que si el merino ó el sayon entrasen en sus casas para tomarles algo por fuerza ó exigirles tributos contra su voluntad, podían matarlos sin incurrir por ello en pena alguna ó pagando á lo más una multa levisima (1). Vitoria tenía también señor, que nombraba los merinos y sayones; mas por su fuero de 1181 disfrutaba el privilegio de que aquellos cargos recayesen en sus moradores, y de que si alguno de tales ministros entrando violentamente en alguna casa y extrayendo algo de ella, fuera muerto en la misma, no pagaría el matador multa alguna por tal delito. Gozaban además aquellos vecinos la facultad de nombrar los alcaldes y de deponerles cuando no cumplieran bien en su oficio (2). Un señorío semejante tenía la villa de Ilaro, y sin embargo, por su fuero de 1187 poseía colectivamente las tierras realengas que le había dado Alfonso VIII; sus alcaldes, adelantado y sayones eran elegidos cada año por todo el concejo, y su señor no debía recibir hospedaje cuando iba á la villa sino por mano del sayon, lo cual quiere decir que no podía escoger alojamiento ni por sí tomarlo (3). Alfonso IX en 1234, dió aún mayor autoridad al concejo de Cáceres, pues además de concederle todas las tierras de sus términos, con aguas, montes aldeas y minas, le de-

(1) Si el merino ó sayon entraba en la casa y tomaba algo por fuerza, dice el fuero de La Guardia, dirigiéndose á los vecinos, occidatur et non potest nimí tres meijas: si el merino ó sayon del señor hacia fuerza ó exigía tributos contra la voluntad del vecino, occidatur et proinde non potest homicidium. Llor., Prov. vasc. t. 4, n. 137.
(2) Llor. Prov. vasc., t. 4, n. 164.
(3) Llor. Prov. vasc., t. 4. n. 171.
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claró la calidad de por sí y sobre sí; prometió no dar nunca la villa á las órdenes que antes la poseyeran y mandó que no hubiese en ella más que dos jurisdicciones, la del rey y la del obispo, excluyendo así la del señorío (1).

Aún creció más en el siglo xiv el número de estas villas libres. Enrique III hizo tales á las de Colmenar, Ladrada y Candelada, otorgándoles la facultad de elegir sus alcaldes con jurisdicción civil y criminal, y dándoles otros privilegios, y como los señores andaban á competencia con los reyes en cuanto á otorgar franquezas á sus vasallos, también solían alguna vez eximir de su propia jurisdicción á las villas de su pertenencia, haciéndolas sobre sí, facultándolas para nombrar sus justicias, y reduciendo todo su propio derecho á la exacción de un tributo. Esto hizo entre otros, el obispo de Burgos D. Pedro, señor de Madrigal, en 1168. Dió á poblar esta villa, renunciando á los fonsados, fonsaderas y portazgos; prohibió la entrada en ella de merinos forasteros, salvo los que fueran á cobrar los tributos reales; se reservó una dehesa, un conso sobre las heredades, y la mitad de las multas, y dió al concejo la facultad de nombrar cada año y de destituir cuando le pareciese, al juez y al alcalde, y de percibir la otra mitad de las multas (2).

Había también muchos propietarios que sin ningún título escrito de merced de la corona, ejercían la más amplia jurisdicción. Tales eran los duques, condes y marqueses, de quienes dicen las Partidas que «han señorío por heredamiento et poder de hacer justicia en su tierra, en todas las cosas que han ramo de señorío, et esto según los privilegios que tienen de los reyes que se los dieron ó según la antigua costumbre que usaron» (3). D. Alfonso X, reconociendo y manteniendo esta jurisdicción de los señores de título en sus propias tierras, aunque no constase la legitimidad de su adquisición, quiso suprimir la de los meros infanzones ó hidalgos, que no hubiera sido conferida expresamente, y así dice de ellos otra de sus leyes, que aunque posean grandes heredamientos no tienen señoríos, como no sea por privilegio (4).

Aunque las Partidas y el Fuero real declaraban que la jurisdicción no se adquiría por tiempo, la disfrutaban por mera costumbre muchos propie-

(1) Colec. de doc. de las prov. vasc. y Castilla, t. 6, n. 256.
(2) Llor. Prov. Vasc., t. 4, núm. 140.
(3) L. 12, t. 1. Part. 2.a
(4) L. 13, t. 1, Part. 2.a
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tarios, sin título de adquisición ni tampoco de superior nobleza. Así D. Alfonso XI, al poner en observancia el primero de aquellos códigos, no se atrevió á desconocer el derecho de estos propietarios, declarando en su consecuencia que la jurisdicción civil podía adquirirse por prescripción de 40 años y la criminal por prescripción de 100 (1): con lo cual y con no alcanzar otras disposiciones restrictivas de la misma ley, sino á las adquisiciones recientes de la jurisdicción señorial, continuaron disfrutándola todos los señores, titulados ó no, que la habían usado de antiguo.

II.

ORGANIZACION DE LAS JUSTICIAS SEÑORIALES.

Hallábase organizada la jurisdicción señorial de modos diferentes, según su clase y las diversas costumbres de los lugares. Los meros dueños de collazos ejercían por sí mismos y sin formas judiciales la potestad de apremiarles y compelérselos al pago de los tributos, y á la prestación de los servicios debidos. Según el fuero de Palencia de 1181, nadie debía embargar ni sacar prendas sino por medio del sayon del obispo, excepto el dueño de collazos, que podía prenderlos por sí mismo (2). Pero los señores de jurisdicción más extensa, como eran todos los que la ejercían sobre un territorio y la generalidad de sus moradores, la organizaron de un modo semejante al de la jurisdicción real. Esta se desempeñaba ordinariamente en los lugares por jueces, merinos, alcaldes y sayones, y estos mismos oficiales, con los propios nombres é idénticas funciones, pusieron los señores á su servicio. Los jueces y alcaldes conocían en primera instancia de las causas, los merinos prendían á los reos y ejecutaban las sentencias de los jueces, como jefes de la fuerza pública, y los sayones eran ministros subalternos encargados de la ejecución material de las providencias de los jueces, alcaldes y merinos. De todas estas sentencias podía apelarse al señor, el cual conocía de la instancia por sí mismo ó por su lugar-teniente. Del señor podía recurirse en alzada á los tribunales del rey.

Mas aunque este fuese el sistema de organización y competencia más general de los señoríos, había sin embargo entre ellos diferencias numerosas de que no se puede dar hoy cumplido conocimiento. Baste, por lo tanto:

(1) Ordenanzas de Alcalá, t. 27, l. 2.
(2) Llor., Prov. Vasc. t. 4, núm. 162.
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señalar algunas, según resulta de fueros y antiguos diplomas. En el señorío de Molina, según fuero de 1154, había para cada colación un juez y un alcalde que ejercían la jurisdicción con la ayuda del señor y del concejo y eran nombrados por suerte. La gerarquía del juez era superior á la del alcalde. Había además otros oficiales llamados caballeros de la Sierra, nombrados del propio modo y al mismo tiempo, los cuales ejercían cierta jurisdicción inferior.

El señor no conocía de los juicios sino cuando excedía su cuantía de diez meneces, y para eso solía, como el rey, celebrar audiencia los viernes. Los alcaldes juzgaban reunidos. De la sentencia del conde no se daba recurso ante él mismo. Los jueces y los alcaldes hacían la pesquisa de los homicidios, y en su defecto, el señor cuando venía á la tierra. El homicidio de hombre forastero debía juzgarle por jurados, y la parte que no se conformaba con su sentencia podía apelar al señor (1).

Teníase por abuso la concurrencia del señor á los juicios con los alcaldes, fuese por temor al influjo que podía ejercer sobre ellos, ó por el que pudiera tener un fallo dictado con su acuerdo en el de segunda instancia. Por eso, sin duda, ordenaba el fuero de Uclés de 1179, que el señor de la villa no se sentase á juzgar con los alcaldes en la audiencia del viernes, que si se sentase se abstuvieran estos de juzgar las causas y que si lo hicieran fuesen penados por ende (2). Ya he dicho que en Palencia ejercía la jurisdicción el merino del obispo con el auxilio de sus sayones y porteros. El fuero de Haro de 1187, como el de Uclés, prohibían á los alcaldes juzgar en presencia del señor, y el primero mandaba que las últimas instancias de todos los juicios se terminaran en Logroño (3). En Santander ejercía la jurisdicción un merino nombrado por el abad de San Emeterio, señor de la villa, con beneplácito del concejo. Este merino debía ser morador del lugar y vasallo del monasterio. El concejo debía conocer por lo menos de ciertas causas graves como las de traición y robo. El abad percibía las multas y hacía suyos los bienes confiscados (4). En Navarrete había merino, alcalde y sayón nombrados por el señor, que mandaba en la villa, y debían ser también vecinos de ella. En muchos pueblos era salario de los jueces el noveno de todo lo que se litigaba ante ellos; mas en Navarrete el señor

(1) Llor. Prov. vasc. t. 4. n. 127.
(2) Idem. Prov. vasc. t. 4. n. 159.
(3) Llor. Prov. vasc. t. 4. n. 171,
(4) Llor. Prov. vasc. t. 4. n. 173.
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cobraba el noveno y el arenzago y con su producto pagaba sueldo fijo á los ministros de justicia (1). El señorío de la villa de San Ander fué dado por D. Alfonso X á su hermano D. Sancho mientras fuese abad del monasterio de aquel nombre, autorizándole para poner alcaldes, merinos, escribanos y otros «aportillados» ó oficiales, y mandando que juzgaran los alcaldes, que de sus sentencias se apelara al abad D. Sancho, y de éste al rey (2). En Sahagún por el fuero de 1255, debía haber un merino y dos alcaldes nombrados por el abad entre los vecinos y amovibles á su discreción. El merino hacía justicia con arreglo á lo que hubieran juzgado los alcaldes. De las sentencias de estos se apelaba al abad ó á su lugar-teniente y de éste al rey. El merino debía prender á los pregonados por criminales, á los malhechores, y á los que mandasen detener los alcaldes, pero no podía sin órden de estos soltar á los presos (3).

A esta múltiple variedad de formas de la justicia oponíase un sólo elemento de unidad, que era el recurso al rey, cuando los señores denegaban ó menguaban su derecho á los querellosos. Los reyes hubieron de mantener siempre con gran tesón esta eminente prerrogativa, llamada mayoría de justicia, y gracias á ella, se pudo al cabo de tiempo introducir algún órden en aquel inmenso caos de instituciones incongruentes y anárquicas. Consiguióse este principio en no pocas leyes generales y en multitud de fueros y costumbres, y á esto se debió sin duda el que nunca lograran prevalecer del todo contra él los privilegios particulares. Alfonso IX ordenó en las cortes de León de 1188, la ley siguiente: «Quien reciba alguna ofensa que jese á mí, ó al señor de la tierra, ó á las justicias puestas por mí, por el señor ó por el obispo, y si diere falor ó prenda de la verdad de su querella se le hará justicia, sin causarle ningun daño conforme á su fuero; si no fuere oído por el señor de la tierra ó las justicias, insista el agraviado en su querella, y si tampoco fuere atendido, denúnciame el hecho con testimonio del obispo y de hombres buenos y yo le haré justicia» (4). Las partidas reservaron en todo caso las apelaciones al rey y aún permitieron el uso de este recurso sin pasar por los grados inferiores de la jurisdicción (5); con lo cual hasta se habría privado de la suya á los señores en muchos casos, si

(1) Llor. Prov. masc. t. 4. n. 185.
(2) Memorial histórico de la real Academia, t. 1, p. 80.
(3) Escalona, Hist. de Sahag. escr. 250.
(4) Curia habita quid legiinem. 4. Culex, de corte publicada por la Academia de la Historia, t. 1.
(5) L. 18. t. 23. Part. 3.
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se hubiera ejecutado tal ley en su rigoroso y literal sentido. El ordenamiento de Alcalá declaró como antes he dicho, inalienable la mayoría de justicia «que el rey ha por la mayoría é señorío real, por comprar la justicia, si »los sennores menores la menguasen:" mandó que si algun señor no guardase las leyes en el contenidas, el rey cumpliría la justicia en el lugar donde se menguase, y estableció el modo de recurrir los vasallos al monarca cuando se sintieran agravados por sus señores (1). Las cortes de Burgos de 1345 se quejaron al rey de que los vasallos solían querellarse de sus señores tan sólo para hacerles perder su señorío y pidieron que no fuesen escuchados como lo eran, siempre que para ello llevaran cartas de los alcaldes de emplazamientos. Mas el rey se limitó á responder que si bien no se darían tales cartas sin su mandado, continuaria yendo todas las querellas que debieran ser oídas, apartando tan solo las maliciosas.

Los vasallos solían también recurrir á las chancillerías para que los protegiesen contra la autoridad abusiva de sus señores, poniendo tregua y seguro entre ellos; y otorgada esta solicitud, quedaba como suspendida la jurisdicción señorial. Las mismas cortes de Burgos reclamaron contra esta práctica; pero el rey respondiendo que no se usaría como recurso ordinario, y que revocabla las treguas á la sazon concedidas, declaró al mismo tiempo que si alguno se querellase de su señor, diciendo que se recelaba tanto de él que no se consideraba seguro, pareciendo este temor fundado, mandaría al señor que asegurase á su vasallo bajo penas ciertas.

Pero si nunca dejó de reconocerse la procedencia del recurso al rey, hubo por lo menos métodos muy distintos de introducirlo y de proveerlo, que debieron influir bastante en su eficacia. En el siglo xiii había dos diferentes. Los recursos y apelaciones de Leon, Extremadura, Toledo y Andalucía iban directamente de las villas señoriales ó realengas, á tres hombres buenos ¿sabedores de los fueros,» los cuales si no se avenian en la sentencia, llamaban para dirimir la discordia á algunos alcaldes de corte que no hubiesen entendido en el pleito; y si tampoco se ponían de acuerdo, acudían al rey para que fallase. En Castilla se apelaba del alcalde de la villa al adelantado del alfoz, de éste al alcalde del rey, de éste al adelantado mayor, y por último al rey, que celebraba audiencia tres días á la semana, acompañado de algunos de sus alcaldes (2). Después D. Fernando IV, en las Cortes de Valladolid de 1312, prometió oír las

(1) Ordenamiento de Alcalá, t. 27, ley 2, y t. 29 ley 2, y t. 32 l. 13.
(2) Cortes de Zamora de 1274. 19 y 20.
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causas de los presos, de los rieptos y las querellas contra oficiales públicos un dia á la semana acompañado de seis hombres buenos, dos de Leon, dos de Castilla y dos de Extremadura: estableció en la corte dos alcaldes de las alzadas mayores, uno para Castilla y otro para Extremadura y mandó que los adelantados anduviesen con poca gente haciendo justicia en los malhechores, con alcaldes y escribanos: que no mataren, atormentaren, ni soltassen á los presos, sin sentencia de alcalde; y que cuando llegaran á los pueblos convocaran á los querellosos y sentenciaren sus causas con dichos alcaldes. En el reinado de Alfonso XI, según las Cortes de Toro de 1371, venian á los alcaldes de corte las alzadas de los alcaldes de los señoríos, las querellas contra ellos por mengua de justicia, los pleitos de las viudas, huérfanos, pobres y personas miserables y los recursos por desobediencia á las cartas reales, ó falta de justicia en los pueblos de señorío. D. Enrique II mandó en las cortes de Burgos de 1377, que todos los señores admitieran las apelaciones al rey, que ante ellos se interpusiesen, excepto en los lugares que pertenecían al señorío de la reina. Mas como esta disposición encontrare tenaz resistencia y los señores lejos de obediencia, mataban, herían y encarcelaban á los apelantes, según dijeron las cortes de Guadalajara de 1390, mandó D. Juan I que de las sentencias de los alcaldes de señorío, se apelara para ante el señor ó su lugar-tiende, sin perjuicio de que las ciudades y villas que acostumbraban oír apelaciones de otros lugares, continuaran en su derecho, y que de la sentencia del señor ó su lugar-tiende se apelara al rey ó á sus alcaldes: que el señor que matare ó hiriése á algún apelante perdería la jurisdicción, además de incurrir en otras penas, y si le castigare de cualquier otro modo, fuese penado con 10.000 maravedís.

Lo que de todos estos hechos se infiere, es que si el recurso extraordinario al rey por mengua de justicia, fué siempre y en todas partes admitido, el ordinario de apelación á la corte en última instancia, no llegó á establecerse de un modo general, sin vencer grandes dificultades, ya porque no hubo de conocerse en muchos antiguos señoríos, ya porque en todos quebrantaba y reducía notablemente la autoridad señorial. Así es que las indicaciones que de esta prerrogativa de la corona se hallan en los más antiguos documentos, se refieren en general, con pocas excepciones, al recurso extraordinario por denegación de justicia, y no al ordinario de la alzada. Cuando la historia compostelana refiere cómo Alfonso VIII otorgó libertades á los ciudadanos de Santiago, dice que confirmó un edicto del conde D. Ramón, por el cual se ordenaba que no fuesen aquellos nunca
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multados ni embargados por los oficiales del rey, sin juicio previo y sin que primeramente hubiere denegado su justicia el arzobispo, señor de la tierra (1). Los fueros de Molina y de Haro, antes nombrados, al determinar el orden de las instancias, no hacen mención alguna de la alzada á la corona, y el de Haro, por el contrario, mandó seguir la última instancia ante la justicia de Logroño. En el siglo xiii fué cuando empezaron los reyes á reservarse expresamente en algunas cartas de señorío, y sobre todo en las de abadengo, el conocimiento de las últimas apelaciones, y en el mismo tiempo también comenzó la lucha que sobre este punto mantuvo la corona con muchos señores, y á la cual puso término la ley de D. Juan I, de 1390, antes referida.

Algo hubo de contribuir también á este resultado la pretensión, siempre sostenida por nuestros monarcas, de conocer de uno u otro modo, de ciertos delitos muy graves y de los pleitos de las personas desvalidas, llamados en la antigua jurisprudencia casos de córte. Era doctrina corriente entre los jurisconsultos del siglo xm, que debían librarse por los tribunales del rey las causas de homicidio calificado, violación, quebrantamiento de tregua ó seguro, incendio de casa, salteamiento de camino, traición, alevosía y riepto. Así lo dispusieron ya las Cortes de Zamora de 1274. También se había considerado necesaria una protección especial en sus causas, á las viudas, los pobres y los huérfanos, fundada en la incapacidad de defenderse cumplidamente estas personas, que el derecho llamaba miserables, y en la suposición de que los tribunales del rey podían hacerles justicia más fácilmente contra los poderosos, que los jueces de las villas. Pero á favor de esta doctrina, se fué apoderando la jurisdicción real del conocimiento de muchas causas que por las personas interesadas en ellas correspondían á los señores, ó se reservó por lo menos las apelaciones de las mismas, aun en los señoríos que disputaban al soberano esta prerrogativa en las causas comunes.

Otras restricciones de la jurisdicción señorial habían establecido las leyes ó las costumbres en beneficio de los vasallos. En las cortes de Valladolid de 1299 ordenó D. Fernando IV que los ricos-hombres y caballeros que tuvieren las tierras, no las embargasen ni ocuparen por su propia autoridad, sin que el alcalde lo hubiese sentenciado con arreglo á derecho. No podían tampoco los señores dictar nuevos fueros, esto es, agravar los impuestos ó menoscabar la condición de las personas ó de las propiedades,

(1) Hist. Compost., lib. I, c. 23; Esp. Sagr., t. 20.