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cial de toda disciplina. Para conseguirlo no bastaba siquiera exigir de los poseedores de las tierras ciertos servicios, pues si los vasallos hubiesen dispuesto libremente de ellas, si las tierras por lo tanto hubieran á cada paso mudado de dueño sin intervención, conocimiento ni licencia de los caudillos, los individuos de cada grupo habrían sido elementos tan mudables y contingentes, que no habrían llegado á contraer nunca un fuerte vínculo de unión con la misma tierra, ni el hábito de la obediencia ni la costumbre de la disciplina. Mas si por el contrario se lograba fijar y arraigar á cada familia en su heredad respectiva, quitándole toda esperanza de cambiar de señor y de patrimonio, era natural que concluyesen por identificarse con el uno y con el otro, resultando de aquí mayor cohesión y más perfecta correspondencia entre los elementos de cada grupo y un conjunto de relaciones de dependencia fundado más bien en el hábito y la tradición, que en obligaciones efímeras ó en el imperio mudable de la fuerza. La inalienabilidad de la tierra, su reversion al señor cada vez que moría el vasallo y su nueva y casi forzosa concesión á alguno de los hijos de éste, respondían perfectamente á aquella necesidad.

Las leyes y las tradiciones de la monarquía visigoda favorecían por otra parte este propósito. En ella los curiales y privados de corte, que formaban una clase intermedia entre los nobles y los libertos y siervos, carecían también de la facultad de enajenar sus bienes, para que el estado no perdiese los servicios ó los emolumentos con que contribuían. Los colonos y los libertos no podían tampoco disponer libremente de sus tierras ó peculios, según hemos visto en el capítulo II. Era, pues, natural que siguiesen aplicándose las antiguas leyes, si no á las mismas personas, porque su condición había desaparecido, ó se había modificado con la caída de la monarquía visigoda, á aquellas que en la de Asturias disfrutaban un estado parecido, aunque menos por razón de sus propios bienes hereditarios y de familias, que ya eran del todo libres, que por causa de los nuevamente adquiridos de la corona, con cargas semejantes á las que pesaban en tiempos antiguos sobre los primeros.

II.

RESTRICCIONES DE LA FACULTAD DE ENAJENAR.

Mas la inalienabilidad de las tierras, que tanto contribuía á la más perfecta organización de los grupos sociales, era muy difícil de conservar en medio de una guerra que ofrecía á cada paso nuevos y ricos territorios á
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la industria y actividad de los cristianos, y ocasiones frecuentes de mejorar de estado y de fortuna. Cada vez que se hacían nuevas pueblos y se repartían tierras con condiciones más ventajosas que las ordinarias, según era menester hacerlo para atraer nuevos pobladores, sentíanse estimulados los antiguos á abandonar sus pobres heredades. Los que en los azares de la guerra ganaban nuevas tierras ó se procuraban mejor fortuna, desdeñaban naturalmente el triste solar que les viera nacer en pobreza y servidumbre. Así, en España, á las demás causas generales que en Europa contribuían á la libertad del dominio, se juntaban otras especiales, nacidas del estado permanente de guerra en que vivían los cristianos. Por eso duraron méños ó no se desarrollaron tanto en Castilla las instituciones feudales.

Empezóse por moderar el rigor de la prohibición absoluta de enajenar las tierras solariegas, sustituyéndola con el reconocimiento del derecho del vasallo para abandonarlas en beneficio del señor. Después se abolió ó se redimió con tributos fijos el fuero de la manería. Luego se permitió la venta de las mismas tierras solariegas, siempre que se hiciese á otro vasallo del mismo señor y que éste la autorizase, aunque reconociéndole frecuentemente el derecho de laudemio y casi siempre el de tanteo. Por último, se permitió enajenar los solares á cualquier persona que hiciese por ellos el fuero acostumbrado, aunque ya con exclusión de los ricos-hombres, infanzones, iglesias y monasterios que pudieran no cumplir esta obligación, ya con prohibición de verificar tales enajenaciones en un plazo determinado, para que los primeros adquirentes de tierras por repartimiento no prefi- riesen lucrar con ella, á poblar y fomentar con su industria los lugares re- partidos. No se verificaron estas trasformaciones por orden rigurosamente cronológico, que en la Edad Media andaban siempre mezcladas y confun- didas las instituciones más heterogéneas; pero las concesiones y confirmaciones de tierras, con las condiciones de más ó méños libertad referidas se repitieron más frecuentemente por el orden sucesivo antes in- dicado.

Todas estas limitaciones de la facultad de enajenar que subsistieron después de alzada la prohibición absoluta de ejercitarla, tenían por objeto mantener en lo posible el vínculo de dependencia de cada grupo social con su jefe. Como la propiedad constituía por sí misma un vasallaje mas concreto y determinado que el que procedía de la vecindad y la naturaleza, su trasmisión no podía ser indiferente para aquel á quien tocaba el señorío. Si el comprador del solar enajenado había de ser su vasallo con todas las obligaciones inherentes á esta condición, ¿cómo negar al señor, si no el
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derecho de elegirlo, por lo menos el de excluir á aquel de quien no esperara buen servicio ó de quien tal vez podia temer daño? Si el señor fué el dueño primitivo de la tierra y nunca cedió su dominio absoluto y habia prohibido enajenarla, ¿cómo al alzar esta prohibicion no reconocerle el derecho de cobrar por laudemio alguna parte del precio de las enajenaciones y de recobrar pagándolas, las mismas cosas enajenadas? Los ricos-hombres, los caballeros y los infanzones poderosos ni rendian fácilmente vasallaje á otros hidalgos, por razon de señorío territorial, ni podian ser apremiados al pago de tributos y servicios de que eran ó se pretendian inmunes. Las iglesias y los monasterios, con los mismos privilegios, tenian además á su favor el de la inmunidad personal, que no se compadecia de modo alguno con la contribucion y el vasallaje. Quien tenia vasallos y jurisdiccion y gran poder, era siempre un vecino temible y peligroso entre los vasallos de otro señor y un elemento heterogéneo y perturbador en cualquier grupo social de que formase parte sin ser cabeza. Por eso desde que empezaron á caer las prohibiciones de enajenar, comenzaron tambien las de hacerlo á hombres poderosos y á corporaciones eclesiásticas.

D. Sancho el Mayor, al dar fuero á Najera, en los primeros años del siglo XI, permitió á sus vecinos vender sus heredades y dejarlas, si morian sus hijos, á quien quisieran, excepto á infanzones. Alfonso V en las cortes de Leon de 1020, al autorizar con ciertos requisitos la enajenacion de los solares, prohibió que los adquiriesen los nobles y hombres de behetria, si bien permitiéndoles por privilegio especial, comprar la mitad de los que los solariegos poseyeren en despoblado. D. Fernando I al dar al monasterio de Cardeña en 1043 las villas de Villafria y Urbaneja, prohibió que adquiriesen en ellas casa ni heredad las personas reales, los condes, los caballeros y aun los ciudadanos. El fuero de Jaca de 1090, decia dirigiéndose al comun de vecinos: «No deis ni vendais vuestros honores á iglesias ni á infanzones» (1). Alfonso VI decia en 1101, en el fuero de los mozárabes de Toledo: «Venda el poblador sus heredades al poblador, pero no á conde, ni á potestad» (2). Alfonso IX en las cortes de Leon, dispuso por ley general que los solariegos no enajenaran sus heredades más que entre sí, y dijo en el fuero de Cáceres, «que así como las órdenes monásticas prohibian que sus heredades pasaran á los seglares, así las de estos no debian trasmitirse á aquellas» (3). En

(1) Llorente, Prov. vasc., t. 2, n.º 78.
(2) Colec. de doc. de las pro. vasc. y Castilla, t. 5, n.º 8.
(3) Colec. de doc. id., t. 6, n.º 266.
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Castilla, según el fuero viejo, el hidalgo no podía poblar ni comprar en lugar en que no fuera divisero, esto es, propietario por herencia, y aún al divisero estaba prohibido comprar todo el heredamiento de un labrador (á fuero muerto) debiendo dejarle por lo menos, si era de behetria, un solar con casa, una era y un huerto (1). Los fueros de algunos pueblos limitaban la cuantía de la propiedad que los pobladores podían adquirir de los nuevos sometidos, ó de los villanos (2). El comendador del hospital de D. Gonzalo de Carrion decía en 1278, en la carta-puebla de Villaturbe: «Podreis enajenar vuestros suelos, con tal que sea á otros vasallos, y no á caballeros, ni á órdenes, para que no perdamos nuestros derechos» (3). Otra multitud de fueros que pudieran citarse contenían iguales disposiciones.

Ni insistieron menos las cortes en pedir y obtener leyes generales en igual sentido. En las de Palencia de 1286 ordenó D. Sancho IV que los ricos-hombres y los infanzones no adquirieran ni poseyeran heredades pecheras en tierras del rey. Después, en las de Haro de 1288, mandó volver á la corona todas las tierras realengas que habían pasado á iglesias, ricos-hombres, infanzones, caballeros, hidalgos, hospitales y cofradías, con las pueblas hechas en ellos y los frutos percibidos, y á las behetrias, señoríos y abadengos, las heredades que respectivamente hubieran pasado de ellos á la corona.

El mismo monarca respondiendo á una petición de las cortes de Valladolid de 1295, repitió en cuanto á los prelados y á los ricos-hombres, la prohibición establecida en las de Palencia, si bien declarando que no era necesaria para los infanzones, siempre que hicieran el mismo fuero que los demás vecinos, y mandó que desde luego lo hiciesen por lo que habían comprado, ó que de lo contrario vendieran cuanto habían adquirido. Fernando IV volvió á ordenar que los bienes realengos no pasaran á señorío eclesiástico, en las cortes de Valladolid de 1299, y en las de Burgos y Zamora de 1501. Los tutores de Alfonso XI en las de Palencia de 1313 y en las de Burgos de 1315 mandaron que los ricos-hombres e infanzones no adquirieran heredades en las villas, á no ser por razón de casamiento y que vendieran las adquiridas, si los vecinos les dieran su precio y que se restituyese á la corona lo que hubiese pasado á señorío de abadengo. Don

(1) Fuero viejo de Castilla, leyes 2 y 10, t. I, lib. 4.º
(2) Fuero del Alcázar de Requena dado por Alfonso X en 1257. Fuero de Murcia dado por el mismo monarca en 1266. Fuero de Arcos de 1256 por el mismo don Alfonso.
(3) Muñoz, Colec. de fueros, p. 167.
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D. Vicente Argüello (Memorias de la Academia de la Historia, tomo 8.º) ha demostrado, con abundante copia de ejemplos, que por maravedí alfonsi se entendía, á lo méños en el siglo xiv, una moneda de oro; y los maravedis blancos lo eran de plata, como su propio nombre indica.

Además la mas antigua clase de los maravedis blancos, que se conocieron, fué fabricada y circuló antes del reinado del rey Sábio, como puede verse en Cantos Bonitez, en Saez, y en Argüello: no se deben confundir, pues, con los alfonsis, como se hace en esta definicion del Diccionario, y mucho méños si los alfonsis no hubieran comenzado hasta Alfonso X, como se afirma en la anterior.

«MARAVEDÍ BURGALÉS.—Moneda de cobre ligada con la cuarta parte de plata, que mandó labrar el rey D. Alonso el Sábio para el tráfico y comercio interior.»

Ya en Burgalés queda explicado que hubo varias clases de maravedís burgaleses, no conviniendo esta definicion de la Academia sino á una de ellas, cuando más.

«MARAVEDÍ COBREÑO ó USUAL.—Moneda que equivalía al valor de dos blancas, ó seis cornados, diez dineros, y algunas meajas.»

Maravedi cobreño no significa más ni méños que maravedi de cobre; y maravedi usual no es otra cosa, ni más ni méños, que el que está en uso. Y como entre las monedas de cobre de esa clase, que se usaron mientras hubo blancos, cornados, dineros y meajas, no hubo ninguna que no cambiase de valor varias veces en cada reinado, es posible que en un momento dado y breve, pero no más, hubiera la equivalencia de valores que la Academia afirma como un hecho permanente.

«MARAVEDÍ DE LA BUENA MONEDA ó MARAVEDÍ DE LOS BUENOS.—Llamábanse así los de cobre que tenían más liga de plata.»

En los apéndices á la memoria de D. Vicente Argüello (tomo 8.º de las de la Academia), hay muchos documentos por los que prueba que se llamaba maravedís de los buenos á los de oro.

En las Cortes de Leon, de 1349 (pet. 2.º) se dice: «El que feciere anpara al mandamiento de las nuestras cartas, que peche cien maravedís de la buena moneda, que son seyscientos maravedís de esta moneda.»

Esos maravedís de la buena moneda, que valian á razon de seis maravedís de los más usuales cada uno, eran de oro, como claramente lo dice la ley 114 del Estilo. «E hizo ante si traer los maravedís de oro que an- daban al tiempo antiguo, é sizolos pesar con su moneda, y por peso fa-
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Alfonso XI siendo ya mayor de edad templó un tanto el rigor de estas leyes, disponiendo su aplicación para lo futuro y mandando respetar los privilegios de adquirir que tenían algunas corporaciones eclesiásticas, á pesar de las apremiantes reclamaciones de las cortes de Medina del Campo de 1318 y de las de Valladolid de 1325. Sin embargo, no por eso dejó de ordenar la venta de ciertas heredades que indebidamente habían dejado de ser reallengas, así como la de los bienes sitos en tierras de señorío comprados por hombres de villas ó de órdenes; aunque ni lo uno ni lo otro hubo de llevarse á efecto, según dijeron las cortes de Valladolid de 1351, al reclamar su observancia. El rey D. Pedro mandó guardar en estas cortes la ley de las de Néjera prohibiendo que pasaran al realengo ó al abadengo las heredades solariegas ó de behetría, los condados y los infanzonazgos, y en este sentido se dictaron después otras muchas disposiciones que tampoco llegaron nunca á tener cumplida observancia.

No es de extrañar que así sucediese. Desde que la autoridad real acrecentó su poder y su eficacia, haciendo posible otro sistema de organización social que el de grupos aislados y casi independientes, y la propiedad con las libertades dadas á sus poseedores, dejó de ser un vínculo social tan poderoso, no había en verdad bastante razón para sacrificarla á las necesidades de una rigurosísima disciplina. Por otra parte, hacían méritos necesarios aquellas trabas del dominio dos hechos importantes, que lentamente venían desenvolviéndose y modificando el estado social. Tales eran la dependencia mayor cada día de los vasallos meramente naturales respecto á sus señores, y la remuneración en dinero ó rentas de los servicios militares. Los que no tenían con el señor del territorio más vínculos que los de la llamada naturaleza, ó sea la vecindad en sus dominios, no estaban en su origen bastante sujetos á la disciplina, que para su conservación y defensa había menester cada grupo social: para obligarles enteramente á ella había necesidad de darles algo, como decía el Cid á Alfonso VI cuando le tomó el célebre juramento. Pero la independencia de los vasallos naturales no podía conservarse mucho tiempo en medio de una guerra constante y asoladora que les obligaba á vivir siempre apercibidos para la defensa, y por consiguiente, organizados y disciplinados bajo el gobierno de un caudillo. Tampoco era posible hacerlos á todos vasallos propios, no pudiendo disponer los jefes sino de las tierras más inmediatas á las poblaciones y fortalezas defendidas. De aquí resulta que por interés y por hábito fué cada día más estrecha la sumisión de los naturales al señor, hasta el punto de escribir el infante D. Juan Manuel en el siglo XIII que «son mas tenidos de
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guardar al su señor natural que los vasallos, por la naturaleza que han con él. Ca aunque todos los otros fallezcan al señor, los naturales non le pueden fallescer et le han de defender et guardar el cuerpo et lo que ha...» (1).

A la vez que se acreditaba esta doctrina, haciéndose de los naturales soldados y vasallos, crecían las rentas de la corona con sus conquistas y su riqueza mueble con la general del Estado, lo cual introdujo y generalizó la costumbre de dar dinero y frutos en lugar de tierra para constituir el vasallaje. De modo que si por una parte los naturales venían á prestar casi el mismo servicio que los vasallos, y por otra podían éstos tenerse sin darles tierra de que dependiera su condición, la propiedad territorial no era un vínculo tan necesario entre el Estado y el individuo, ni su inalienabilidad un elemento tan indispensable de la constitución y disciplina de los grupos sociales. Por eso vemos que á medida que tomaba incremento la autoridad real y se consolidaban las relaciones de dependencia entre los grupos sociales y el poder supremo, se iba quebrantando el rigor de las antiguas leyes que procuraban mantener las propiedades realengas, las de señorío y las de abadengo en sus poseedores respectivos.

Entonces también aquellas leyes perdieron su carácter político, conservando tan sólo el económico y fiscal. Un interés de esta especie es el que desde el siglo xv les sirvió de principal fundamento. Puesto que todo el mal de aquellas adquisiciones consistía en la mengua de los tributos de las propiedades pecheras, que pasaban á poder de exentos, fácil era remediarlo mandando que tales propiedades continuaran gravadas con los impuestos correspondientes, cualesquiera que fuesen sus posedores. Así llegó á ordenarse en efecto; pero los nobles reclamaron su inmunidad, los plebeyos alegaron que con no poder vender sus bienes libremente perdían éstos parte de su valor y no tenían ellos con qué satisfacer sus tributos; y D. Juan II en las Cortes de Zamora de 1432, fundándose en que la propiedad que se trasmitía á la Iglesia quedaba amortizada y no la que adquirían los hidalgos, reformó el ordenamiento indicado, disponiendo que continuasen tributando los bienes pecheros que pasarán á abadengo, pero no los que se transfiriesen á hidalgos. Cumplióse esta ley en cuanto favorecía á los nobles, pero no fué más eficaz que los anteriores para impedir que la Iglesia adquiriese nuevas propiedades. Así es que el mismo D. Juan II, olvidándose de lo que sobre la amortización eclesiástica había dicho en las Cortes de

(1) Libro de los Estados, Part. I.
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Zamora, transigió con ella en las de Valladolid de 1447, permitiendo que quedasen también exentas de tributos las heredades que adquirieran las iglesias, con tal de que al tiempo de su adquisición se pagase al erario la quinta parte de su precio. Pero ni aún esto hubo de llevarse á efecto; y en el siglo xvi, olvidados ya completamente el origen de la mayor parte de las propiedades y los ordenamientos antiguos que limitaban su libre disposición, y predominando las doctrinas más favorables á la inmunidad eclesiástica, juzgaron los reyes que nada podían disponer, en el sentido de lo que sobre esta materia seguían pidiendo las Cortes, sin el asentimiento del pontífice; y como no hubiera tampoco facilidad de alcanzarlo, la amortización eclesiástica signió tomando incremento hasta el extremo de todos conocido. Mas este punto es demasiado importante para no dedicarle un capítulo aparte.

Hallábese también limitada la libre disposición de los bienes por intereses de otro orden, y principalmente el de conservación de las familias. Cuando no era el señor quien tenía derechos más ó menos eventuales á la reversión de los bienes, y en tal concepto facultad para impedir ó para utilizar su enajenación cuando estos bienes eran de divisa ó herencia de abolengo, atribuía á los parientes más próximos en la línea del ascendiente de quien procedían el derecho de retraerlos, á fin de que no pasaran á poder de extraños. Había, pues, una especie de co-propiedad en las familias sobre las heredades de todos sus individuos, tan respetada por la costumbre que ante ella cedia hasta el derecho á la reversión de los señores, manteniendo por el fuero de la mañería. El señor, por lo tanto, no tenía derecho á los bienes del vasallo sino en el caso de que éste muriera sin hijos. La mayor parte de las escrituras de enajenación de los primeros siglos de la monarquía castellana aparecen otorgadas por los que se dicen dueños de los bienes en unión con sus mujeres y sus hijos, si los tenían. La concurrencia de éstos á tales contratos no era una simple formalidad sino un acto de renuncia implícita del derecho que tenían para impedirlos ó para impugnarlos después. «Si alguno de mis hijos ó de mis parientes tratare de invalidar esta donación ó esta venta, dicen casi todas las antiguas escrituras, sea maldito y no tenga parte en el paraíso,» con otros anatemas semejantes. Todo lo cual es prueba cumplidísima del derecho que se suponía en las familias á que no salieran de ellas los bienes de sus individuos.

Los fueros particulares y las leyes generales dan también testimonio de esta primitiva costumbre. El fuero de Nájera facultó para disponer de su hacienda sólo á los que carecían de descendientes. En Castilla existía desde
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muy antiguo el retracto llamado de abolengo, aunque después redujeron su uso las leyes del fuero real y las de Toro, fijando para ejercitarlo un plazo brevísimo y sujetándolo á otras restricciones. Mas en Vizcaya se estableció y conservó con grande amplitud así como en Aragón y en Navarra. Según el fuero de aquel señorío nadie podía vender bienes inmuebles sin anunciarlo primero en la iglesia tres domingos consecutivos, en presencia de un escribano, á fin de que llegara á noticia de los parientes que tienen derecho á adquirirlos, no por lo que otro diere por ellos, como en Castilla, sino por la cantidad que estimaran peritos. Si esta no excedía de mil maravedís debía ser pagada al contado; mas en otro caso podían los parientes hacer el pago en un año, dando la tercera parte al contado y el resto de seis en seis meses. Eran preferidos los parientes más próximos en la línea de donde procedían los bienes; y si estos eran adquiridos por el marido, por la mujer ó por ambos, tenían aquel derecho los parientes más próximos sin distinción de líneas. Cuando se enajenaban bienes en pública subasta para el pago de deudas y no había pariente ni extraño que las adquiriera con la condición de abonar su precio en el plazo de nueve días, la anteiglesia debía comprarlos por los dos tercios de su tasación y conservarlos un año y un día si el deudor tuviera hijos ó descendientes, á fin de que pudieran traerlos por el mismo precio. Los parientes podían en igual término reclamar la nulidad de las enajenaciones que se hicieran sin estos requisitos y solemnidades, y si juraban no haber tenido noticia de ellas hasta tres años para deducir su acción. El marido no podía enajenar sus bienes propios ni los de su mujer sin consentimiento de ésta; solo de los gananciales podía disponer por sí sin aquel requisito (1).

CAPÍTULO XII

De la herencia de las tierras.

I.

DE LA HERENCIA DE LAS PROPIEDADES DE JURO DE HEREDAD.

Consecuencia del derecho eventual del señor á suceder en los bienes del vasallo y del de la familia para impedir que salieran de ella los bienes de sus ascendientes, eran las limitaciones de la facultad de disponer de la

(1) Fuero de Vizcaya, ley 1, 3, 5 y 6, t. 17 y l. 9, t. 20.