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tados á la patria por Mr. Thiers y declarando que no obedecen sus firmantes á ningun sentimiento de hostilidad contra el presidente de la republica; pero en seguida se queja de la existencia de una politica equivoca que permite á los radicales creerse los dueños de la situacion. Pide una enérgica resistencia contra el ejército del desorden; reclama un gobierno de combate contra los que se esfuerzan por ahogar la voz de la religion y destruir todos los fundamentos sociales. Quéjase después de la perturbacion que introduce en el movimiento de las opiniones de la Asamblea la excesiva frecuencia con que Mr. Thiers sube á la tribuna; y á esta queja atribuye tanta importancia, que solo á ella se refieren las conclusiones del dictámen de la comision. La minoría de ésta pedía que se complaciese á Mr. Thiers, que había manifestado sus deseos de que se entrará en el examen de las cuestiones constitucionales indicadas en el programa antes mencionado del centro izquierdo; pero la mayoría, desestimando las propuestas del presidente de la republica, y separándose tambien de la proposicion Kerdrel en la cual se pedía el examen del mensaje presidencial, se limitó á rogar á la Asamblea que procediese á la mayor brevedad posible á discutir una ley sobre la responsabilidad ministerial.

Mr. Dufaure, ministro de la Justicia, en nombre del gobierno, presentó una enmienda al dictámen de la comision Kerdrel, proponiendo el nombramiento de otra comision compuesta de treinta diputados, y encargada de presentar á la Asamblea un proyecto de ley sobre las atribuciones de los poderes públicos y sobre las condiciones de la responsabilidad ministerial. En apoyo de esta enmienda pronunció Mr. Thiers en la sesión del 29 de Noviembre un largo y elocuente discurso, en el cual se esforzó por refutar los cargos contenidos en el escrito de Mr. Batbie. Recordó que jamás en su larga vida pública ha vacilado en hacer un uso enérgico de la fuerza material cuando el motín se ha presentado en la calle. Impugnó las ideas antisociales con que se está promoviendo la lucha de los trabajadores contra los capitalistas; se alabó de haber reprimido con dura mano las huelgas en estos últimos meses; combatió al ateísmo y demostró la necesidad de que la legislacion se inspire en sentimientos religiosos; hizo notar que entre él y la extrema izquierda hay divergencia de opiniones en la cuestión social, en la política, en la administrativa, en la militar, en todas las que son importantes y trascendentales; y que no habiendo él ocultado jamás esa divergencia, no es responsable de los aplausos que los radicales le dirigen.

Después del discurso de Mr. Thiers, la Asamblea, por 372 votos contra 335, aprobó la enmienda propuesta por el gobierno. La victoria dada así á éste por 37 votos después de haber sido declarada la cuestión de confianza y de gobierno por el mismo presidente de la republica, era evidentemente muy exigua; pero apenas se comenzó á hablar de pedir una nueva decisión
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parlamentaria que atenuase el mal efecto de la anterior, la Asamblea, en la sesión del día siguiente lanzó una censura contra Mr. Víctor Lefranc, ministro de lo Interior, por las exposiciones que los consejos municipales y los consejos generales de los departamentos estaban dirigiendo en gran número al gobierno. Al pie de esas exposiciones, en las cuales se daban muestras de adhesión y de aplauso á la política de Mr. Thiers y de sus ministros, se había adoptado el sistema de poner las firmas de los consejeros municipales y de los generales, sin hacer expresión en ellas, como tampoco en el cuerpo de los escritos, del carácter oficial de los firmantes, tratándose con esto de eludir la ley, que prohibe á las corporaciones populares deliberar ni exponer sobre asuntos políticos. El ministro se excusó diciendo que ahora el gobierno y los prefectos no tienen la influencia que antes sobre los ayuntamientos y los consejos generales; pero la Asamblea desestimó sus excusas y lo llamó al cumplimiento de la ley por 305 votos contra 298: segunda victoria de la derecha contra Mr. Thiers, que no ha intentado siquiera negarla ni disputar sus naturales consecuencias. El ministro censurado por la Asamblea hizo inmediatamente dimisión y el presidente de la república se la aceptó enseguida.

En el nombramiento de la comisión de treinta individuos que el gobierno había pedido, se han repartido los votos en la misma proporción que al ser votada la comisión Kerdrel. Diez y nueve candidatos de la derecha han triunfado y once de la izquierda y del centro izquierdo: 361 ha sido el total de los votos reunidos por los primeros en las quince secciones, y 336 los obtenidos por los segundos: tercera victoria conseguida por la derecha, y que pone en sus manos el desquite de la única lograda por el gobierno.

II.

No es fácil prever cual será el resultado de esta lucha en la cual todos los combatientes van hasta ahora perdiendo.

Mr. Thiers no parece ya el hombre necesario ante cuya amenaza de dimisión, todas las pretensiones enmudecían y todos los partidos de la Cámara doblaban la cabeza. Ni la dimisión suya ha sido siquiera anunciada como un suceso probable en la ocasión presente á pesar de que el motivo ha sido sin duda alguna mayor que todos los que produjeron sus dimisiones anteriores. Uno de sus ministros ha sido objeto de un voto de censura que le ha obligado á salir del gabinete. A pesar del energético lenguaje que ha empleado para afirmar sus doctrinas conservadoras y prometer que gobernará según los deseos de los amigos del orden, la derecha de la Asamblea no se ha dado por contenta. El empeño puesto por Mr. Thiers para que se entre en el examen de las cuestiones constitucionales, tropieza con tales dificultades que no puede confiarse en que tenga pronto buen éxito. Ante los proyectos de total
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disolución ó de renovación parcial de la Asamblea, ha contestado la derecha recordando en términos altivos que sólo la Asamblea es hoy un poder definitivo y soberano, y Mr. Thiers no es otra cosa que un delegado suyo. Públicamente se ha tratado del reemplazo del jefe del poder ejecutivo en el caso de que no quisiera someterse á las resoluciones de la mayoría. Y como esta mayoría apenas excede en fuerzas numéricas á la minoría, no queda á Mr. Thiers el recurso de aliarse estrechamente con la derecha entregando á ésta por completo la dirección de los negocios.

Pero las fracciones monárquicas que componen la derecha, también van perdiendo terreno. Las elecciones parciales les quitan de continuo parte de sus fuerzas. Para ostentar alguna cohesión y vigor, han tenido que prescindir de las cuestiones dinásticas que las dividen, con lo cual contribuyen á sancionar la existencia legal de la república, tanto por lo menos como Mr. Thiers con sus difíciles equilibrios, y la extrema izquierda con sus exigencias impacientes. El equívoco de que la Asamblea se queja, tiene acaso por principal fundamento la imposibilidad en que los partidos monárquicos se han encontrado de levantar una bandera dinástica aceptada por todos ellos ó por la mayor parte. Aunque la Asamblea no se disuelva, aunque no se cree una segunda Cámara, aunque no se haga una constitución, aunque no se proclame definitivamente la república, gobierno republicano es incuestionablemente el que existe después de ventidos meses de estar funcionando un congreso constituyente y soberano sin que éste haya reconocido la existencia de la monarquía, ni haya siquiera candidatura, ni proyectos para la próxima ocupación del trono.

La izquierda por su parte tampoco está haciendo un papel muy lucido. Silenciosa asiste á la lucha entre la derecha y Mr. Thiers, limitando su acción á votar en favor de éste, cualquiera que sea la actitud que adopte ó la política que proclame. A los ataques directos del general Changarnier, Gambetta no opuso más que su silencio. Cuando Mr. Thiers declara que la república no puede ser más que conservadora, la izquierda radical aplaude; y vuelve á aplaudir, cuando el jefe del poder ejecutivo recuerda que sus ideas son contrarias á las de la izquierda radical, cuando se alaba de haber empleado la fuerza con la mayor energía durante cuarenta años contra la demagogia, cuando levanta la voz para condenar el ateísmo y todas las tendencias disolventes de que la extrema izquierda es representante, cuando se declara adversario constante del sufragio universal.

III.

Tampoco se aclara el horizonte político de la Italia. La solución conciliadora de las cuestiones entre el gobierno real de Roma y el pontificio,
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¿Por qué en esta definición no se dice que el franco es pieza de plata? La explicación de una moneda, sin manifestar cuáles son su metal, su peso ni su ley, sólo debe hacerse cuando hay razón para omitir esas noticias.

Acaso al académico que escribió ó repasó esa definición, se le ocurriría que el franco se emplea para contar, además de ser nombre de una moneda efectiva. Pero de esta observación, muy llena de justicia y exactitud, lo que deberia haber deducido es que necesitaba hacer dos definiciones diversas para dos significaciones distintas, como ya he indicado en esterlina.

Además del franco de plata y del franco unidad monetaria, los franceses tienen franco de oro; pero por esto no formulo objeción al Diccionario, cuyos autores pueden haber creído que no había motivo para llevar tan allá la explicación de una moneda extranjera.

«GUINEA.—Moneda inglesa que vale algo más de noventa reales de la nuestra.»

Repito la primera observación que acabó de hacer respecto del franco. Estas explicaciones de monedas, en que no se expresa el metal de que principalmente están hechas, ni su ley, ni su peso, son muy defectuosas. La mera comparación con piezas de cuños de otro país, no suple la omisión de las condiciones propias.

Hubo guineas de varios valores, así como los reales españoles han tenido muchos distintos. Y el algo más, empleado en la definición, destruye la poca noticia que en ella se da.

«LEONÉS.»

El Diccionario no trae, como nombre de moneda, esta palabra, que tiene tanto derecho á figurar en él como burgalés.

Los leoneses, que Cantos Benítez supone que comenzaron en el reinado de Fernando II, corrian en León al mismo tiempo que los pepiones en Castilla. Unos y otros mandó Alfonso el Sábio, en cuanto subió al trono, refundir en los burgaleses; pero muchos años después circulaban todavía, ó se pedía por los pueblos su restablecimiento, porque en el ordenamiento de Cuéllar, expedido en 19 de Mayo de 1282, que cita Fr. Liciniano Sáez (Demostración histórica del valor de las monedas en el reinado de Enrique IV art. cornado), se lee: «Pidieronme merced en córte que les diese la moneda de los burgaleses, é de los leoneses, é de los pepiones, é de los salamanqueses, así como la solían haber en el tiempo del rey D. Alfonso mi bi sabuelo, é del rey D. Fernando mio abuelo.»
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cada día son más claramente imposibles: el temor de que más ó menos pronto la Francia procure tomar un desquite de la conducta observada por la Italia al estallar la guerra con Alemania, no se disipa: los demagogos de aquella península, acostumbrados durante muchos años á la agitación política que ha sido necesaria compañera de la formación de la unidad nacional, no se resignan ya á la quietud, ni se contentan con lo hecho hasta aquí. De todas las causas de perturbación y de peligro que para el moderno reino de Italia se debían suponer existentes, sólo una ha cesado de manifestarse: los celos y rivalidades entre los pequeños Estados antiguos y entre las grandes capitales no dan ocasión á graves disgustos y conflictos.

El Sr. Visconti-Venosta, ministro de Negocios extranjeros, decía al Parlamento italiano en su sesión del 27 de Noviembre que el gobierno francés, en cuantas ocasiones se han presentado, ha mostrado al del rey Victor Manuel el deseo de conservar buenas relaciones con Italia, y de ver que se disipan los motivos de desconfianza, y se toma por base de la conducta de todos el interés recíproco que los dos países tienen de vivir en buena armonía. Pero á continuación de estas satisfactorias noticias, Visconti-Venosta creyó deber añadir: «No es necesario que yo afirme, porque todo el mundo lo sabe, que la Italia no está ni puede estar movida por un sentimiento hostil á la Francia. Desea tener con esta nación esas relaciones de amistad y de confianza que convienen á los recuerdos de lo pasado, á su situación, á su comercio. ¿A qué debe atribuirse la especie de incertidumbre, de malestar que algunas veces se ha notado en la opinión pública de Italia, respecto de este punto? No, ciertamente, á disposición alguna hostil por nuestra parte; si no más bien á la idea de que existe esa disposición hostil en nuestros vecinos, y sobretodo, á un hecho que ni nosotros ni el gobierno francés podemos hacer desaparecer: á la existencia en Francia de un partido clerical quízás más poderoso que en ninguna otra parte; y como en Francia, por el aplazamiento de la constitución definitiva de los poderes y del gobierno, aspiran al triunfo todos los partidos, podría suceder que lo obtuviese el clerical, que no nos oculta su hostilidad y su deseo de arrastrar en su seguimiento la nación.» Dos días después, pronunciaba Mr. Thiers su discurso, en el que se complacía en recordar que se opuso con todas sus fuerzas á la política imperial, favorable á la formación del reino de Italia, y afirmaba que sólo hizo oír su voz contra esa política, porque no tenía otra cosa más poderosa que hacer resonar. Thiers, que ya en la sesión famosa del 23 de Julio de 1871 dijo muy alto que si consentía la ocupación de Roma por las tropas y el gobierno del rey de Italia, lo hacía solamente por prohibirle obrar de otro modo la triste situación de la Francia, no pertenece al partido clerical de que Visconti-Venosta hablaba; y sin embargo, ha vuelto á repetir, con mucha espontaneidad, y sin que ninguna ocasión le apremiara, sus palabras de otras époc
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cas, en que afirmaba que los católicos tienen el derecho de exigir que se respete en Roma el poder de la Santa Sede.

El cardenal Antonelli se ha negado, en nombre del Papa, á recibir el título de la Denda italiana que, con arreglo á la ley llamada de las garantías, dá al Sumo Pontífice 3.225.000 liras. El ministro de Hacienda lo envió al cardenal por medio de uno de los principales empleados de su ministerio, y acompañándolo con una carta muy cortés; pero Antonelli contestó que Pío IX le había encargado declarar que no reconoce la validez legal de ninguno de los hechos realizados en perjuicio suyo en Italia; que por tanto, no puede aceptar suma alguna de dinero que proceda del gobierno del rey; y que, reducido á una situacion bastante precaria, cree firmemente que, con el auxilio de los fieles, podrá hacer frente á sus necesidades, no muy numerosas, y á las exigencias de su ministerio. Este resultado de la oferta hecha por el gobierno real debía estar previsto, y es de suponer que no habrá producido en nadie gran extrañeza.

Un proyecto de ley presentado al Parlamento italiano hace extensivas á la ciudad y á la provincia de Roma las leyes de 7 de Julio de 1866, de 15 de Agosto de 1867, de 29 de Julio de 1868 y de 11 de Agosto de 1870, que suprimieron las comunidades religiosas, y desamortizaron sus bienes. Exceptúa de la venta las casas en que residen los generales de las órdenes y las propiedades que les pertenezcan por su fundacion, pero prohibiendo que se aumenten. Los bienes de las comunidades suprimidas continuarán afectos á las obras de beneficencia para que estén destinados; y sus conventos de Roma seguirán á disposicion de los individuos de esas comunidades hasta que sus respectivas pensiones sean liquidadas. El gobierno podrá autorizar la reunion, en un solo convento ó en varios, de los religiosos enfermos ó ancianos que lo soliciten. Los productos de las ventas se convertirán en inscripciones intrasfribiles de la deuda pública. Se podrán ceder á la municipalidad de Roma, si los solicita, algunos edificios para escuelas públicas. Las pensiones se han fijado en las siguientes cantidades: de 300 liras para los sacerdotes, y de 150 para los legos y hermanos de las Ordenes mendicantes; de 600 para los sacerdotes, y 300 para los legos de las demás. Las rentas de las canongías, beneficios y capellanías no suprimidas en las iglesias catedrales, no podrán bajar de 600 liras. Los establecimientos religiosos que los extranjeros poseen en Roma, podrán, en un plazo de dos años, constituir en provecho de las iglesias que les pertenezcan, fundaciones conformes con sus estatutos. Trascurrido ese tiempo, el gobierno italiano no les reconocerá ya personalidad civil y tratará con los gobiernos extranjeros, de que dependen, para determinar el destino que haya de darse á sus bienes.

Este proyecto ha escitado más censuras que aplausos. Unos creen que se deja demasiado á la Iglesia; otros que se le quita demasiado. No se duda
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de que será aprobado; y se cree que si las Cámaras introducen en él variaciones, será para suprimir las excepciones que de los principios generales de la supresión de casas religiosas y de la desamortización de sus bienes ha hecho el gobierno. En el preámbulo del proyecto se calculan en cerca de treinta millones de reales de rentas anuales, y en ochocientos de capital el valor de los bienes destinados á la enajenación.

Por la conservación del orden material hubo serios temores en Roma el 24 de Noviembre. Para aquel día se había preparado una gran manifestación popular, en que debían tomar parte cerca de seiscientas sociedades políticas. El principal objeto era reclamar el sufragio universal; pero al mismo tiempo se habría pedido el reconocimiento de la soberanía del pueblo; la reunión de una Asamblea constituyente; la libertad absoluta de conciencia; la inviolabilidad del domicilio; la enseñanza secular y obligatoria; la autonomía administrativa para los ayuntamientos; la abolición de los ejércitos permanentes; la supresión de todas las contribuciones, reemplazadas por el impuesto único y gradual; la abolición de todo culto religioso oficial; la de la pena de muerte; la reforma del código penal; la llamada rehabilitación de la mujer por la reforma de las leyes del matrimonio; la proclamación de la máxima de que no hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos, con las consecuencias que de ella deducen los que la han tomado por lema de su bandera revolucionaria. El programa era completo.

El ministerio prohibió la manifestación, y ocupó militarmente los puntos en que debía reunirse la gente para celebrarla. Se hicieron muchas prisiones, una lluvia abundante favoreció además los designios del gobierno, y no llegó á haber tumulto. La alarma, sin embargo, fué grande y gran número de forasteros se ausentaron de Roma. La cuestión fué llevada á la Cámara de los diputados; pero el mismo que interpeló al ministerio, retiró su proposición antes de que fuése votada. La lucha en el Parlamento, lo mismo que en las calles, quedó sin empezar por ahora; pero ni el ministerio está seguro de tener suficiente mayoría á su favor para atravesar la legislatura actual, ni el orden material deja de correr grandes riesgos.

IV.

La comisión austro-alemana, que está estudiando en Berlín la cuestión social, ha clasificado todas las materias relativas á la misma en cinco secciones, que nos parece oportuno mencionar aquí aunque no sean más que un programa, por que la gravísima importancia del asunto tratado reclama que se sigan con interés sus progresos y vicisitudes, y porque la clasificación de los puntos que se creen discutibles indica la tendencia de las ideas de la comisión.
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Coloca ésta en primer lugar los consejos que deben darse á los capitalistas para obtener de ellos que se haga justicia á todos los deseos legítimos de los trabajadores; los consejos á los trabajadores para apartarlos de las funestas doctrinas sociales; la necesidad de crear ciertas instituciones que aseguren el orden sobre la base de la acción común del trabajo y del capital. En segundo término, considera la comisión las medidas protectoras que hayan de adoptarse en favor de los trabajadores y que comprenden especialmente: el máximo de las horas diarias de trabajo, la supresión del trabajo del domingo, la protección de las mujeres y de los niños ocupados en las fábricas, y la vigilancia sobre el cumplimiento de los reglamentos de las industrias. Propone después el examen de las medidas que han de tener por objeto mejorar la clase de los trabajadores, y que especialmente se dirigirán á la creación de escuelas, de bibliotecas, de sociedades de consumo, de cocinas económicas, de jardines populares, de establecimientos de recreo, de cajas de ahorros, de seguros sobre la vida, de socorros á enfermos y á inválidos. En cuarto lugar, indica la comisión las reglas que podrán hacer desaparecer las causas recíprocas de litigios, como serían el establecimiento de oficinas de conciliación, y de jueces árbitros, y por último las providencias represivas contra los trabajadores que abusan de la libertad; las medidas prohibitivas de las coaliciones, de las suspensiones no justificadas del trabajo, y de las agitaciones socialistas.

Mientras los comisarios austriacos y alemanes tratan de estos difíciles y delicadísimos problemas, el gobierno del príncipe de Bismark continúa principalmente ocupado en la lucha contra la Iglesia católica. En la Cámara de los diputados, del Parlamento del reino de Prusia, Mr. Reichensperger defendió una proposición en que se pedía al gobierno que no continué dando lecciones en el colegio de Braunsberg el profesor de teología Mr. Wollmann, ex-comulgado por el obispo de Ermland por no haber aceptado el dogma de la infalibilidad del papa. Sabido es que acerca de este asunto han mediado entre los ministros del rey Guillermo y el citado obispo ágrias contestaciones que han concluido por privar al último del sueldo que en el presupuesto del reino de Prusia tiene señalado. La proposición de Mr. Reichensperger fué desechada por 264 votos contra 81. La minoría se compuso, como de ordinario sucede en la Cámara de los diputados de Prusia, lo mismo en la del imperio alemán, de católicos, de conservadores, y de los polacos de Posen.

Al día siguiente, Mr. Mallinckrodt propuso la derogación de la ley de 15 de Junio de este año, que separó de la enseñanza pública á los individuos de las corporaciones religiosas, por ser contrarias sus disposiciones á algunos de los artículos de la Constitución del Estado, que garantizan las libertades de enseñanza y de asociación. El ministro de los Cultos defendió la ley, manifestando que, antes de su promulgación, el número de escuelas encomenda-