ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 360

ha de depender esencialmente la perfeccion ó la imperfeccion de la ley, supuesto que ésta no tiene otra mision que la de organizar el mencionado poder judicial, y que por consiguiente en mantener integra y pura la naturaleza del mismo y en corresponder á ella hasta en los más leves detalles, han debido, lógicamente obrando, cifrarse todos sus esfuerzos.

Esto sentado, consagrémonos en primer término á considerar la obra del legislador bajo tal punto de vista, seguros de descubrir así su verdadera clave, sin perjuicio de estudiar en ella además cuantas innovaciones establece y plantea respecto á todo género de cuestiones menores ligadas con la principal. Y al hacer este análisis, inútil es decir que si alguna apreciacion severa brota de la observacion de la ley, siempre sobre ella quedará vivo el respeto á la pureza de propósitos que seguramente ha presidido á su redaccion; pero todo trabajo humano ofrece por necesidad lunares, á veces leves y á veces graves y trascendentales, y en señalarlos estriba la obligacion de los que le examinan bajo el criterio de su influencia sobre el bienestar general.

¿Queda constituido el antiguo orden judicial en verdadero poder público por virtud de la ley orgánica que nos ocupa? Tal es, según hemos advertido, el primer y más importante problema que se presenta á nuestra vista, problema que no sólo tiene un interés teórico, inmenso, sino que encierra otro igual práctico en cuanto de su acertada ó desacertada solucion depende la entidad de las garantias llamadas á proteger la vida, la honra y la fortuna de los ciudadanos contra toda clase de agresiones ilegítimas en general y contra las que procedan de los abusos de los gobiernos en particular. Ahora bien, planteadá asi esa duda, la verdad es que desgraciadamente hay que resolverla en sentido negativo, reconociendo que aun no existe en España el poder judicial; pero tambien es cierto que de ello tiene acaso la principal culpa la Constitucion, si bien despues la ley orgánica ha ahondado el mal casi hasta los postreros limites de lo posible. Veamos, pues, la parte de responsabilidad que en ese resultado cabe por un lado al código fundamental de la nacion y por otro á la ley orgánica que de él nace y se deriva.

Por de pronto el examen del título 2.º de la Constitucion permite muy luego advertir fundamentales contradicciones en el establecimiento de los poderes públicos. El enaltecimiento del orden judicial, indispensable según el espíritu revolucionario, y el mantenimiento de todos los antiguos caracteres y atributos de la monarquia, de que se anhelaba no prescindir, polos contrarios fueron sin duda alguna entre los cuales vaciló el ánimo de
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 361

los diputados constituyentes al llevar á cabo esa mencionada parte de su obra. Las transacciones entre opuestos sistemas, necesarias á menudo histórica mente hablando, no dejan por eso, sin embargo, de producir conflictos lógicamente insolubles y con dificultad ocultables y disimulables, siendo muchas además las confusiones ulteriores que de ellos se originan cuando no se atiende á evitarlas con especial y delicadísimo esmero. Así en el caso presente mientras el artículo 55 de la Constitución manifiesta que el poder ejecutivo reside en el rey, el cual le ejerce por medio de sus ministros, el 36 dice que los tribunales ejercen el poder judicial. Ahora bien, si según la legislación y la opinión antigua el rey era considerado como el superior común de la administración y la justicia, la importancia adquirida por esta última con la revolución de Setiembre, importancia sancionada por las Cortes que ella engendró, indudablemente arrastra en pos de sí la alteración del anterior orden de cosas. De aquí, pues, el que si ya sorprende la redacción del indicado art. 56 según el cual el poder judicial (á pesar de su categoría de tal poder) no reside en los tribunales sino que es simplemente ejercido por ellos, mayor extrañeza causa el considerar que uno de los ministros por cuyo medio se ejerce el poder ejecutivo (el de Gracia y Justicia) se halla en cierto modo de frente de la magistratura española. Porque esta verdadera anormalidad teórica y científica aparece tan clara y resalta de tal manera al primer golpe de vista que ni su satisfactoria explicación es en manera alguna posible, ni cabe tampoco dejar de reconocer en ella un germen de grandes embarazos para el desenvolvimiento de los principios relativos á la administración de justicia. Y ciertamente deplore tener que buscar en sitio tan alto el origen de ciertos rasgos esenciales de la ley á cuyo exámen consagró las presentes líneas; pero omisión censurable en verdad sería la mía si falsos é hipócritas miramientos me indujeran á prescindir de llevar los ojos á un punto á que la lógica necesariamente arrastra, dado que la organización del poder judicial es una consecuencia directa é inmediata de la creación del Código fundamental vigente. Sin perjuicio, pues, del acatamiento y respeto práctico á esa Constitución cuya estabilidad forma acaso hoy día la única base del reposo y de la paz del país, lícito y aún obligatorio juzgo en este momento para mi reconocer en ella determinadas contradicciones, secundas en embarazosas consecuencias. No es siquiera que yo la tache de poco atrevida ó avanzada. Tomo por punto de partida los mismos principios que ella sienta y aceptándolos como ellos son me limito á deplorar lo que siempre en toda obra es deplorable, á saber, la falta de rigor en el desarrollo de bases admitidas. Ahora bien, una
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 362

vez colocada la cuestion en este terreno, no dudo en sostener que supuesta la elevacion del antiguo orden judicial á más elevada esfera, así como en la Constitucion se declara que el poder legislativo reside en las Cortes y que el poder ejecutivo reside en el rey (que le ejerce por medio de sus consejeros responsables) así también debió forzosamente declararse que el poder judicial, como absoluto dentro de su limite, aunque relacionado con los demás, residía en los tribunales, borrando de ese modo la dependencia en que este último se encuentra hoy con respecto al segundo por virtud del mencionado art. 36 que de una manera tácita conserva viva la añeja teoría de las jurisdicciones delegada y retenida procedentes ambas del rey pero confiada la una á los tribunales ordinarios y conservada la otra por el monarca mismo. Ahora, bien ¿qué ha sucedido, sin embargo? Que no sólo no se ha seguido ese camino (discutible en teoría pero deducción lógica de las premisas sentadas por la Constitución) sino que además de otorgar á los tribunales tan solo el ejercicio del poder judicial se ha atribuido el nombramiento de los magistrados y jueces al poder ejecutivo, así como también su destitución, sus ascensos y sus traslaciones según se vé, por los arts. 94, 95 y 97 del propio Código fundamental. Hay más: todo el movimiento del personal de la magistratura y judicatura está sujeto según los mismos artículos á la intervención del Consejo de Estado, cuerpo muy respetable ciertamente, pero que dado el espíritu de la Constitución respecto á la división de los poderes públicos, sólo puede tener el carácter de consultivo para los asuntos pertenecientes al poder ejecutivo, pero no al judicial que la Constitución proclama, aunque sin eficacia práctica, independiente; de donde resulta que ni en ese Consejo es lógicamente explicable todo lo que con el poder judicial se relaciona ni de él se comprende que esté llamado á invadir un terreno declarado en principio exento y libre.

Tales son ligeramente expuestos los principios cardinales á que los legisladores del 69 sujetaron la iniciación de una reforma que tendía á asegurar el tranquilo reinado de la justicia contra las demasías y las invasiones posibles por parte de los gobernantes, haciendo de los tribunales un recinto aparte donde no fuesen de temer ciertas fatales y deprimentes influencias. Ahora bien; fracasado casi por completo ese propósito mediante las inconsecuencias y contradicciones de que acabo de hablar, seguramente la formación de la ley orgánica del poder judicial tropezaba con obstáculos cuya gravedad no cabe desconocer; pero también hay que confesar, conforme más atrás he indicado, que á los defectos que en ella eran irremediables por provenir de la misma Constitución se han añadido
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 363

otros muchos que pudieran haberse evitado, recargando además las consecuencias, á veces eludibles de los primeros, de una manera harto sensible.

Empezando por la cuestion de la extension del poder judicial, que es la primera que siguiendo un orden lógico se ofrece á la meditacion del observador, adviértese con sorpresa que la ley se ha ocupado de ella poco ó nada á pesar de que su importancia es capitalísima y de que al tratar de organizar el mencionado poder lo natural era pensar ante todo en determinar su campo de accion y las líneas de sus fronteras. Circunstancia muy singular es bajo tal punto de vista el silencio casi absoluto que en la ley se nota respecto á la llamada jurisdiccion contencioso-administrativa. Conviene reparar, en efecto, que este punto es uno de los que debian haberse tratado con mayor predileccion y esmero por cuanto fué desde luego objeto preferente del espíritu innovador que presidió á la revolucion de Setiembre, y encierra sin duda alguna extraordinaria trascendencia. Las disposiciones del gobierno provisional sobre tal materia constituyeron respecto á ella el principio de hondas modificaciones, que la ley que examinamos debiera haber llevado á su último término. Rechazado como absurdo el principio de que el Estado pudiera ser juez en causas propias y trasladado á las Audiencias y al Tribunal Supremo el conocimiento de los asuntos que antes, para el solo efecto de consultar al Gobierno la decision, se veían ante los consejos provinciales y el consejo real, el problema de la jurisdiccion contencioso-administrativa se despertó en toda su grandeza; testigo el preámbulo del decreto de 26 de Noviembre del 68 sobre reforma de la organización del Tribunal Supremo, en el cual se reconocia que muchas cuestiones pertenecientes por su índole al poder judicial se hallaban fuera de su competencia, prometiéndose además hacer un estudio serio acerca de la posibilidad de borrar la diferencia existente entre lo contencioso-administrativo y lo contencioso-judicial. Ahora bien, teniendo en cuenta tales precedentes, ¿no es doloroso que se haya desaprovechado la oportunísima ocasión que la formacion de la ley orgánica ofrecía para concluir definitivamente la obra que el gobierno provisional comenzó? Si el Estado en los negocios en que tenga un interés jurídico propio no debe ser más que un litigante cualquiera, ¿por qué no convertir los juicios contencioso-administrativos en meros juicios civiles ordinarios? Hay más: ¿no convendría asimismo haber vuelto á poner sobre el tapete la cuestion harto debatida, pero no por eso resuelta científicamente, respecto á la prohibicion que hoy pesa sobre los tribunales de admitir interdictos interpuestos contra la ejecucion
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 364

de providencias dictadas por las autoridades administrativas en uso de las facultades que las leyes les atribuyen? Cualesquiera que sean en verdad las razones de conveniencia que se aleguen á favor de la desembarazada accion de la administracion pública, necesario es tambien recordar que los interdictos constituyen unos juicios sumarísimos, que cuando no se oye á la parte contraria es porque el demandante ha prestado fianza que responda, y por ultimo, que si los interdictos se intentan sin razon, los jueces, bajo su responsabilidad, sabrán sentenciar rectamente. Todo privilegio de la administracion frente á frente del poder judicial debe ser mirado cien veces antes de ser consentido. Por eso, lo repito, es muy sensible el descuido con que la ley orgánica ha mirado cuanto se relaciona con tan árduo problema, llevando su olvido hasta el extremo de pasar por alto las atribuciones que hoy mismo corresponden á las Audiencias en los asuntos contencioso-administrativos, como se vé recorriendo todos los párrafos numerados de su art. 275; sólo en el 282 aparecen aislados los recursos de revision como un vago recuerdo de la existencia de una gran cuestion jurídica que está pidiendo solucion resuelta y profunda.

Acerca de la extension del poder judicial debo exponer aquí tambien una idea que, aunque acaso parezca una heregia constitucional, es, sin embargo, en mi concepto muy digna de llamar la atencion. ¿En qué verdadera y sólida razon de justicia se funda la necesidad hoy impuesta á los jueces de pedir permiso al Congreso y al Senado para procesar á los diputados y senadores? Si las funciones que desempeñan los unos y los otros son importantes y respetables, respetables é importantes son igualmente según grado y medida las de los diputados provinciales, gobernadores y alcaldes y (saliendo del circulo oficial) las de los médicos, abogados, comerciantes y artesanos. O hay fé en los tribunales ó no la hay: si sucede lo primero, dejémonles obrar con plena independencia, supuesto que responsables son de sus actos; y si sucede lo segundo, organícese todo el mundo en gremios y no puedan proceder los jueces contra nadie sin licencia de la corporacion á que cada cual corresponda, porque no ha de darse el espectáculo, que hasta podria calificarse de poco moral, de abandonar á unos hombres sin precaucion alguna en manos de una justicia de que se desconfía, mientras otros no son entregados á ella sin previo examen.

Otras observaciones que hay que hacer sobre el mismo asunto de la extension del poder judicial son las referentes á los arts. 2.º y 3.º de la ley orgánica. Empezando por el primero de ambos parece que convendría determinar con claridad hasta donde han de llegar las atribuciones que á los
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 365

jueces y tribunales deben necesariamente otorgarse desde el momento en que no sólo se les reconoce la facultad de juzgar, sino también la de hacer ejecutar lo juzgado. Sabido es, en verdad, por una parte, que ningún poder público puede llenar cumplidamente el fin de su existencia sin participar algun tanto del ejercicio de funciones ajenas (las Cámaras aplicando sus reglamentos interiores, los tribunales adoptando medidas y disposiciones sobre la policía de estrados u otros semejantes asuntos y los simples alcaldes publicando bandos ó imponiendo multas por trasgresiones de ordenanzas municipales.) Sabido es también que no es de ahora el considerar que los tribunales deben tener potestad juntamente para juzgar y para asegurar el cumplimiento de sus fallos. Sabido es, en fin, por último, que la tolerancia culpable de las autoridades administrativas ha hecho ilusiones muchas condenas llegándose á vender á los presidiarios á precio fijo licencias para salir libremente á paseo. Ahora bien, á pesar de todo esto y de la no completa eficacia práctica de la junta de cárceles (independientemente de su celo) creo que para atender al remedio de esos males y para evitar á la vez cualquier alteración arbitraria de los límites del poder judicial convendría especificar con claridad en la ley hasta qué punto ha de llegar y de qué punto no ha de pasar el derecho que se conceda á los tribunales de intervenir en la ejecución de sus sentencias. Respecto al art. 3.º cuya trascendencia es bastante mayor, ¿no parece peligroso declarar que los jueces y tribunales ejercerán además de las funciones expresadas en el artículo anterior las que la misma ley orgánica ú otras les señalen expresamente? Porque merced á esta indeterminación los límites del poder judicial no sólo continúan siempre fluctuantes e indecisos, sino que además quedan en cierto modo al arbitrio de los gobiernos, y es menester cuidar de que en materia tan grave no sea lícito al poder ejecutivo, sin otro trabajo que el de redactar un proyecto de ley y someterle á la aprobación de unas Cortes amigas, arrastrar á los tribunales fuera de su natural recinto encomendándoles tareas que los desprestigien y humillen.

No quiero (porque con lo dicho basta) esforzar más los argumentos que la ley suministra para hacer ver que en ella no se ha resuelto como hubiera sido deseable el problema de la extensión del poder judicial, que era el primero que en el orden lógico se ofrecía á sus cuidados. Las indicaciones ligeramente apuntadas son muy suficientes para advertir que el legislador ha concedido escasa atención á ese asunto y que tanto por virtud de las disposiciones omitidas como por el sentido general de la ley, la administración pública no ha de encontrar en ella obstáculos serios para intervenir en el
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 366

campo de accion del poder judicial alterando á veces y menoscabando casi siempre sus lindes naturales.

Pasando con esto, como cuestion conexa, al examen de lo dispuesto por la misma ley orgánica respecto á las competencias que puedan resultar entre el poder judicial y el ejecutivo sobre atribuciones respectivas de cada uno de ellos, fácilmente se ve que, sobre las limitaciones dolorosas que al primero afectan, todavía le ha cabido la desgracia de que en las contiendas que se encuentre obligado á sostener para defender su modesta jurisdiccion, todas las desventajas estén de parte suya y todas las ventajas estén de parte de la administracion. Examinense, en efecto, los capitulos 7.º y 8.º del tit. 6.º, especialmente los arts. 288, 290, 292, 293, 295, 296 y 297 y se advertirá la triste realidad de esa nueva circunstancia.

La primera duda que sobre ello se ocurre es la relativa á la razon que haya podido tenerse presente para prohibir á los juzgados y tribunales que susciten cuestiones de competencia á la administracion, permitiéndoles tan sólo que sostengan el uso de sus atribuciones por medio de recursos de queja que elevarán al gobierno. Esa prohibicion y ese permiso constituyen en verdad al poder judicial respecto al ejecutivo en un estado de humillacion tan lamentable como injusto. Si tan poder es el uno como el otro según la Constitucion, ¿por qué las autoridades administrativas han de tener facultad de paralizar de un golpe la accion de los tribunales mediante un simple requerimiento de inhibicion en que se citen (ó no se citen, como á menudo sucede) las disposiciones en que se funde la competencia, mientras á los tribunales sólo les corresponda usar el ya indicado recurso de queja en que se compendian todos los inconvenientes posibles? Necesario es, efectivamente, fijar la atencion en que tales recursos ofrecen tres vicios capitales. Considerados ante todo simplemente en si rebajan á los tribunales que en vez de quejarse, como puede hacerlo el inferior de los abusos de su superior, deben tener facultad de reivindicar libre y directamente el pleno ejercicio de sus atribuciones, facultad que está lejos de avenirse mal con la majestad de la magistratura, puesto que se dirige al cumplimiento de un deber de primera importancia social. Considerados en su forma los recursos constituyen tambien al poder judicial en una situacion desfavorable porque mientras la administracion paraliza, según queda dicho, de un modo instantáneo la marcha de la justicia, tramitándose luego tranquilamente el asunto (una vez logrado ese primer resultado) del modo hoy establecido, los juzgados municipales, los de instruccion y los de partido cuando vean invadidas sus atribuciones por autoridades administrativas, tienen que
Revista de España (1872-11-01 00:00:00), página 367

empezar por poner el caso, con remisión del expediente, en conocimiento de las Audiencias respectivas (dado que sólo ellas y el Tribunal Supremo pueden entablar la queja ante el gobierno); después de lo cual esas Audiencias oirán al ministerio fiscal y decidirán si el recurso procede ó no procede; y si acuerdan afirmativamente redactarán una exposición razonada ó harán constar su adhesión perfecta al dictámen fiscal, mandarán completar el expediente en caso de que todavía falte en él algún requisito y lo remitirán todo al gobierno, quien por su parte oirá á la autoridad administrativa interesada, remitiendo después el conjunto de los antecedentes al Consejo de Estado, el cual informará en pleno proponiendo la decisión que estime procedente. Llega por fin á tratarse de la resolución de la competencia, último de los tres puntos de vista que ofrece esta cuestión; y, ¿qué es lo que sucede? que el llamado á fallar la diferencia entre el poder judicial y el ejecutivo es el mismo poder ejecutivo, es decir, una de las dos partes que sostienen el pleito, supuesto que una vez emitido el dictámen, del Consejo de Estado va el asunto al Consejo de ministros que sentencia por medio de un real decreto. Verdad es que uno de los miembros del gobierno es el ministro de Gracia y Justicia; pero ni éste, á pesar de su respetabilidad es el mismo poder judicial, representado por los tribunales (mientras los demás ministros son el mismo poder ejecutivo cuya residencia nominal se halla en el monarca) ni después de todo un voto solo puede luchar en buenas condiciones contra siete. Y ciertamente hay que reconocer que en la práctica el Consejo de ministros decide esa clase de asuntos con el mayor deseo de acierto y animado de un vivo espíritu de rectitud, pero las leyes no se hacen contando con la buena voluntad de los hombres sino por el contrario, atendiendo á sus posibles extravíos. Ahora bien; en el estado en que hoy se hallan las cosas, el poder judicial en la fundamental cuestión de sus competencias con el ejecutivo, está enteramente á merced de este último, de tal manera que, salvo el respeto debido á nuestros gobernantes, puede decirse que entre dos particulares cualesquiera, la ley consiente que alcance la victoria el que mayor número de influencias tenga entre los ministros: peligro tanto más grave cuanto que tales competencias entrañan cuestiones que de resolverse en pró de la administración ó en pró de los tribunales, significan á menudo enormes pérdidas ó ganancias para los interesados en ellas, y la opinión pública es tan exagerada y tristemente suspicaz que siempre conviene disminuir las ocasiones que la permitan suponer malicia donde acaso por error de que nadie está libre, son posibles desaciertos, pero nunca hasta