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La diplomacia es la ciencia que trata de estas relaciones.

La misión de los agentes diplomáticos es promover esta armonía y fomentar los intereses de las naciones.

Dichos agentes forman cuatro categorías, compuestas:
La 1.ª, de embajadores, legados y nuncios.
La 2.ª, de enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios.
La 3.ª, de ministros residentes.
La 4.ª, de encargados de negocios.

Sólo los ministros de la primera categoría representan la persona y dignidad del soberano. Los agentes de segunda clase, aunque acreditados también cerca del soberano, representan más especialmente los asuntos de la nación. Los encargados de negocios son acreditados cerca del ministro de Estado. Los secretarios de legación suelen quedar de encargados de negocios durante la ausencia de sus jefes. A los cónsules generales se les eleva también á esta categoría en los países en que no hay legaciones y en el Levante.

La debatida cuestión de si son ó no ministros públicos los cónsules, será tratada por separado en otro artículo. Entre tanto, no estará demás consignar aquí que gozan de carácter diplomático en el Oriente.

Las credenciales son las cartas que lleva el agente diplomático del soberano que lo nombra al que lo recibe. En ellas se expresan generalmente su nombre y carácter y el objeto general de su misión; solicitándose al mismo tiempo benéfica acogida para su persona, y fé y crédito para cuanto proponga ó ejecute en favor de su soberano ó los intereses de su nación. Estos documentos, aunque pueden considerarse como sus plenos poderes, no constituyen en realidad más que la patente que acredita su título, rango y carácter. Los agentes de la primera categoría presentan sus credenciales en persona al soberano en una audiencia pública solemne, en que es costumbre pronunciar un breve discurso expresando las buenas disposiciones que hágla éste y su familia aminan al soberano representado, y se le tributan otros cumplidos de mera fórmula y cortesía. Los ministros de segunda clase son por lo regular recibidos en audiencia privada por el soberano.

En algunas ocasiones los agentes diplomáticos reciben también cartas de recomendación para los miembros de la familia reinante y otras personas distinguidas de la corte cerca de la cual son acreditados.

Los privilegios de que gozan dichos agentes son muchos y muy excepcionales. Los de primera categoría tienen derecho á comunicarse directa y personalmente con el soberano en audiencias públicas ó privadas. La pro-
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teccion especial que le conceden las naciones ha sido en todos los tiempos y paises un principio sagrado del derecho de gentes, aún antes de que las leyes internacionales hubiesen sido con mucho elevadas al rango de ciencia por Grecio. Un insulto hecho á la persona del embajador se ha considerado siempre y se considera hoy como una violacion del derecho de soberania, capaz de producir un casus belli si el estado ofensor no da por ello la satisfaccion debida. Su casa habitacion, su familia y el personal de la embajada, todos gozan de las inmunidades y exenciones comprendidas en la fiction llamada exterritorialidad. «Desde el momento, dice Kluber, en que un gobierno ha reconocido públicamente un ministro extranjero en su calidad de representante inmediato del soberano que lo envia, cualquiera violacion de los derechos afectos á esta calidad, cometido en su territorio, debe considerarse como una ofensa hecha al soberano del ministro.» También están exentos de las contribuciones nacionales, de los impuestos personales y aún de los indirectos, para todos aquellos articulos que importan destinados á su uso particular y el de sus familias.

Los tribunales de la residencia no tienen jurisdiccion, ni en lo civil ni en lo criminal, sobre los agentes diplomáticos, no pudiendo por lo tanto intentar contra ellos accion alguna, excepto en los casos de crímenes atroces ó de lesa nación; porque aunque tienen su residencia de facto en país extranjero, continúan viviendo de jure en su pais natal, á cuyas leyes siguen sujetos.

«El principal atributo de un agente político, dice el conde de Royneval, es la inviolabilidad, consecuencia de la independencia de la nacion que representa, condicion sine qua non de su admision. La inviolabilidad lleva consigo la exencion de la jurisdiccion del pais en que reside el agente, pero esta inmunidad no le asegura la impunidad. Si el ministro olvida su dignidad, si se permite actos arbitrarios, si turba el orden público, si falta á los habitantes y al soberano mismo, si conspira y se hace culpado, entonces debe ser castigado, pero por su propio soberano. Dichas exenciones y privilegios los gozan los agentes diplomáticos desde que entran hasta que salen del pais de su residencia en el extranjero.

El interés de los Estados exige que puedan estos agentes negociar entre sí para hacer tratados y velar por la armonía politica que debe reinar entre ellos. Este derecho se funda en su independencia y soberania, y es ejercido por sus representantes, algunas veces hasta por sus mismos soberanos.

Las negociaciones tienen lugar de viva voz, en congresos, conferencias, por escrito ó de todos estos modos á la vez, según los usos diplomáticos
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establecidos. Para obtener en ellos buen éxito necesita poseer el negociador un conocimiento perfecto de la materia sobre que trata; tacto, experiencia en los negocios, familiaridad en las formas diplomáticas y la lengua del país, conocimiento, en fin, de los hombres y de las cosas. En vez de esa arteria maquiavélica, que es para algunos sinónimo de diplomacia, el negociador moderno debe hallarse armado de razon, justicia y conocimiento de las leyes internacionales, una pluma fácil y una palabra elocuente y persuasiva. Porque ¿quién puede resistir al poder de la verdad adornada por la elocuencia?

El agente diplomático dejará siempre á cubierto su responsabilidad siguiendo fielmente las instrucciones de su gobierno. Estas no han de ser, sin embargo, interpretadas de una manera literal, porque, como dice muy bien Kluber, la letra no debe matar nunca el espíritu. En casos urgentes es costumbre aceptar las proposiciones con la salvedad de subsperati ó ad referendum; pero cuando se puede aguardar, lo más prudente es no hacer concesiones de ninguna especie ni emitir opinión alguna que pueda comprometer al negociador ó á su gobierno mientras llegan las nuevas instrucciones. Esto es hoy tanto más conveniente y seguro, cuanto que el telégrafo y la cifra generalmente adoptados, hacen fáciles y momentáneas las comunicaciones entre los gobiernos y sus representantes, cualquiera que sea la distancia á que se hallen los unos de los otros.

Los documentos diplomáticos, tales como las instrucciones, las notas, las memorias, los despachos, etc., etc., se mantienen por lo regular secretos durante las negociaciones, pero suelen publicarse después de concluido el tratado. Estos instrumentos no son válidos hasta después de recibir las ratificaciones de las altas partes contratantes.

Algunos de los tratados más importantes han sido concluidos por congresos compuestos sólo de diplomáticos ó monarcas, ó de ambas clases de personajes reunidos, como, por ejemplo, el de Viena en 1815, que estableció la actual gerarquía diplomática y el moderno equilibrio europeo.

Entre los congresos más trascendentales, pueden citarse el de Munster y Osmabruck, 1648, que condujo á la paz de Westfalia, fin de la guerra de los treinta años; el de Aix-la-Chapelle, 1663, el de Utrecht, 1713, y el de Paris de 1856, que terminó la guerra de Oriente, abolió el corso y sancionó el principio de que el pabellón neutro cubre la mercancía no considerada contrabando de guerra.

Los tratados son válidos solamente cuando han sido concluidos por los representantes legítimos de los Estados, ó sus plenipotenciarios de confor-
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sólo el amor maternal, sino el influjo de una maldición que en anterior época lanzó contra ella un brahman, acoje con júbilo el perdido consejo, y despojándose de sus adornos entra en una solitaria habitación, esperando la llegada de su esposo para recordarle su promesa. De esta suerte una de esas intrigas de serralio, tan comunes en el Oriente, acarrea la desgracia del protagonista del poema.

Cuando Dasaratha encuentra á la más joven y bella, y la más querida por tanto de sus esposas, postrada en tierra y entregada á la más violenta desesperación, su dolor no reconoce límites; pero cuando escucha de sus labios el motivo de su llanto, cuando la oye pedir en cumplimiento de su antigua promesa la consagración de Bharata y el destierro de Rama, su sorpresa y su dolor llegan á tal extremo que cae en tierra privado de sentido. En vano, vuelto en sí, suplica á su esposa que no le exija cosa semejante, en vano se arroja á sus plantas, humillando sus canas venerables; Kekeyi es inflexible y el monarca ligado por la palabra empeñada, no tiene otro recurso que cumplirla y dá órden de que Rama venga á su presencia.

Abandonando las suntuosas estancias de su palacio en que estaba dispuesto todo lo necesario para la consagración; pasando por medio de una turba de poetas, cantores y músicos (1), llega Rama al palacio de su padre entre los vitores y aclamaciones entusiastas de la multitud. Hálale en su trono en compañía de Kekeyi, traspasado de dolor hasta el punto de no poder proferir una palabra, viéndose obligada la implacable reina á intimar la fatal sentencia que el héroe escucha con serenidad y resignación.

Parte enseguida Rama á comunicar á su madre la noticia. Al saberlo Kosalya exhórtale á que desobedezca la órden injusta de su padre; secúndala Laksmana y ofrece su apoyo para que Rama se apodere del reino. Todo es inútil; Rama contesta á las súplicas de su madre y de su hermano con estas palabras admirables: «Jamás, reina, cederé mi fama á cambio de un reino; lo juro por mis buenas obras. En los estrechos límites en que la vida de los hombres se encierra en este mundo quiero tener por lote el deber, pero no quiero sin él la tierra.» ¡Frase sublime en que el desconocido poeta sanscrito parece presentir las magníficas inspiraciones morales de Kant! Y no se limita á esto el héroe, sino que en términos suaves, pero firmes, reprende á su madre porque censura la conducta de su esposo y la

(1) Existían en la India trovadores, juglares y bufones como los que había en la Edad Media.
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midad con la constitucion de cada uno de ellos. Una vez ratificados se convierten en instrumentos perfectos, obligatorios y ejecutables, y forman parte del derecho de gentes positivo. Los hay de comercio, de alianza ofensiva y defensiva, de familias ó personales, y concernientes, en fin, á todas las cosas y acciones de que pueden disponer y tratar legalmente los Estados. Su inviolabilidad es un axioma de las leyes internacionales. Los tratados reales ó que se refieren á la nacion, no pueden ser derogados más que por las causas siguientes: 1.*, consentimiento público; 2.*, pérvida de la independencia de una de ellas; 3.*, cambio de soberania; 4.*, violacion de algunas de sus principales estipulaciones; 5.*, guerra entre las potencias signatarias.

El derecho de hacer la guerra pertenece á todos los soberanos independientes. La guerra es ofensiva ó defensiva, segun que tiene por objeto sostener un derecho ó rechazar un ataque. Generalmente es precedida de un manifiesto en que se exponen las causas del rompimiento y se atribuye la responsabilidad de él al enemigo. Esta declaracion no es obligatoria, pero se considera muy conveniente para la resolucion de los puntos de derecho quedurante la guerra y despues de la paz se suscitan entre los beligerantes y los neutrales.

La guerra maritima se rige por reglas distintas de las que gobiernan la guerra terrestre, y produce efectos diferentes para los intereses de los particulares.

La guerra es, segun Wattel, ese estado de hostilidades entre las naciones en que se persigue un derecho por la fuerza. Montesquieu nos ha legado algunas palabras elocuentes sobre tan trascendental materia. El derecho de la guerra, dice, se deriva de la necesidad y del derecho rigido. Si los que dirigen la conciencia ó los consejos de los príncipes no se limitan á esto, todo está perdido. Ríos de sangre inundan la tierra cuando los hombres de estado se guían por principios arbitrarios de gloria, utilidad ó conveniencia.

La guerra no es, por lo tanto, justificable más que cuando se emprende con justicia y para evitar males mayores á la humanidad. Ella constituye, por lo demás, el solo poder judicial y la única sancion penal que existe entre los Estados.

El derecho de la guerra es un derecho perfecto, pues tiene por objeto cumplir con un deber tan natural y sagrado como es el de mantener el honor, los derechos y la independencia de las naciones. Un Estado que no se halla en disposicion de defender con éxito tan sagrados objetos, pierde sus principales condiciones de sociedad politica independiente.
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A pesar de lo que dejamos dicho, como la guerra produce siempre tantas calamidades y desdichas para la humanidad, es deber indeclinable de los gobiernos agotar todos los medios racionales de llegar á un arreglo pacífico antes de lanzarse á sus azares y peligros. En la mayor parte de los casos debe apelarse más bien á la fuerza de la razon que á la razon de la fuerza; porque los pueblos, como los individuos, conceden frecuentemente á la razon lo que niegan á la violencia. En tiempos en que ni habia parlamentos, ni imprenta, ni opinion pública, los Estados no tenian más remedio que recurrir á las armas para vengar una ofensa ó rechazar un ataque; pero hoy, con tales elementos de publicidad y una opinion pública tan poderosa como la que reina en el mundo civilizado, seria criminal proceder con tanta precipitacion. La utilidad de las embajadas permanentes, como medio de facilitar el arreglo pacífico de las disputas entre las naciones, es hoy, por lo tanto, más evidente que nunca.

Como toda buena simiente, la idea de arreglar las cuestiones internacionales por medio de arbitraje, empieza á producir óptimos frutos. Proclamada por el presidente Grant en su reciente mensaje al Congreso, ha sido acogida con especial favor lo mismo en los Estados Unidos y en Inglaterra que en todos los paises civilizados. El primer magistrado de aquella gran republica ha llamado enfáticamente la atencion de los hombres pensadores hacia el espectáculo verdaderamente edificante que ofrecen á la consideracion del mundo dos Estados poderosos arreglando por medios racionales y pacíficos una cuestion tan importante y delicada como la promovida por el corsario Alabama (1). El ejemplo no puede ser más excelente. Cuando los Estados poderosos dan ejemplo de prudencia y justicia, los débiles no pueden hacer alardes de belicosa impracticabilidad. Más valor se necesita para ser racional en el consejo que heroico en las batallas. Jamás han dado al mundo las naciones prueba más grande de valor y de prudencia. Las palabras del presidente Grant merecen ser recordadas con aplauso por la historia. El espíritu racionalistico que las ha inspirado, ha conseguido un triunfo que la pasion habia negado hasta ahora á las doctrinas religiosas y las predicaciones de la filantropía. Ayudada esta idea por el principio de la no intervencion, podria llegar á ser con el progreso de la razon tan fecunda en humanitarios resultados como el dogma de la fraternidad universal proclamado por el cristianismo.

El plan de un Congreso internacional formado por representantes de

(1) Este artículo estaba ya escrito cuando surgió la diferencia actual.
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todas las naciones para resolver pacíficamente los conflictos diplomáticos, ha sido en consecuencia tomado en consideración por muchos Estados europeos. En la Cámara de los Comunes, en las Cortes españolas y en el Parlamento de Suecia, diése que no tardará en discutirse este proyecto. La prensa francesa lo discute ya con calor, y Mr. Marban acaba de formar una sociedad con el fin exclusivo de promover su adopción y establecimiento. La Liga de la Paz holandesa, á la cual se hallan afiliados los hombres más eminentes de Holanda, ha felicitado á Mr. Henry Richard, miembro de la Cámara de los Comunes, por su propósito de presentar al Parlamento inglés una moción sobre tan interesante materia. En la exposición que con tal motivo ha dirigido á Mr. Richard, dice entre otras cosas lo siguiente:

«La Liga general de la Paz en Holanda expresa á Vd. sus simpatías por haber tomado la iniciativa en este asunto en un momento en que la paz no está amenazada y la calma ha sido restablecida á los espíritus, dando el primer paso práctico en el camino de la reforma de las leyes internacionales.»

El derecho de gentes positivo está basado sobre el natural y el consuetudinario.

Los precedentes son ya tan importantes como numerosos. Las cuestiones del Luxemburgo, de la neutralidad del mar Negro, del Alabama y del Brasil, han sido sometidas con aplauso general á la decisión de Congresos ó árbitros internacionales, no obstante envolver algunas de ellas puntos de honor y principios políticos que la última generación no habría consentido nunca en discutir más que á cañonazos. La facilidad de las comunicaciones y el telégrafo, que permite consultar instantáneamente á los gobiernos, son otras tantas ventajas de que no gozaban los amigos de la paz en los pasados tiempos.

La Inglaterra que ha sido la primera en proclamar—por la convicción de su bondad, ó por impotencia, ó interés—el principio de la no intervención, parece haber tomado también la iniciativa en prestar su adhesión á tan humano y racional movimiento.

Es de esperar, por lo tanto, que la pasión, el orgullo y los falsos principios de honor y gloria de tiempos incultos é irrationales, que han pasado para no volver jamás, no ahogaran en su germen un pensamiento que reducido á la práctica devolvería á la industria, como ha dicho muy bien en su último mensaje el presidente Grant, millones de brazos, acabaría con las deudas públicas de las naciones, e inauguraría una nueva era de
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prosperidad y ventura no menos importante para la raza humana que la que inauguró hace diez y nueve siglos el advenimiento del cristianismo.

La necesidad de tal tribunal ha sido también reconocida por Mr. Mill, el gran economista inglés, y todos los filósofos sociales modernos. La fuerza de sus sentencias tendría que ser necesariamente moral; y aunque no es de presumir que pusiese fin á las guerras entre las naciones, su influencia incontrastable la disminuiría considerablemente. Su establecimiento sería también infinitamente superior al sistema actual de la fuerza bruta; pero simultáneamente con su establecimiento sería necesario llevar á cabo un desarme general; de otro modo con el sistema de los grandes ejércitos permanentes podría suceder que en una cuestión dada en que la minoría tuviese razón, ejerciera su poder la mayoría para imitar, á costa de alguna nación pequeña, la tiranía y crueldad ejercida contra la infeliz Polonia por el Austria, la Prusia, y la Rusia. El poder de este tribunal debe por lo tanto ser, como dejamos dicho, moral. La resolución sería sin embargo en la mayoría de los casos decisiva. Pocos Estados podrían resistir la opinión y el crédito de los representantes de las naciones reunidos en un Congreso internacional. La idea, aunque de difícil realización por lo pronto, dado el actual estado del mundo político, no puede dejar de producir beneficios resultados, andando el tiempo, bajo la influencia del desarrollo cada vez más patente de la fraternidad de los pueblos.

Las leyes de la guerra conceden á los beligerantes ciertos derechos sobre la manera de conducirla. Según Wattel, tenemos derecho de privar al enemigo de sus posesiones y de todo aquello que pueda mantener ó aumentar su fuerza y habilitarlo para proseguir la guerra. Es legal apropiarse sus bienes para debilitarlo, castigarlo y obtener compensación por el daño que haya causado; pero esta ley severa no autoriza ni aún las adquisiciones hechas en una guerra justa si exceden de lo estrictamente necesario para satisfacer al agraviado. Toda guerra regular debe no obstante ser considerada como legítima para los efectos legales por los Estados neutros, pues ninguno de ellos tiene derecho de prescribir á otro la suma de reparación necesaria á satisfacer sus reclamaciones, ni mucho menos para decidir de la justicia ó injusticia de la guerra. El vencedor puede privar al enemigo del derecho de soberanía sobre el territorio conquistado, pero los bienes de los particulares se respetan generalmente en todos los países civilizados.

La guerra marítima difiere, como hemos dicho, de la guerra terrestre. La propiedad mueble particular puede ser confiscada por el enemigo en los mares, y los buques y sus cargamentos pasan definitivamente á su poder
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cuando la presa no es dudosa. Las presas hechas á los Estados neutros no pasan, sin embargo, definitivamente á poder de los apresadores hasta que son declaradas buenas y adjudicadas por el tribunal competente.

Las potencias signatarias del tratado de Paris de 1856 han abolido entre sí, como queda dicho, el corso y establecido el principio de que el pabellón neutro cubre la mercancía no considerada contrabando de guerra.

El corso existe, no obstante, todavía de facto y de jure entre las naciones que como España, los Estados Unidos de América y México, no firmaron aquel importante instrumento público.

Solo los gobiernos tienen derecho de expedir patentes de corso. Las embarcaciones que las aceptan se llaman corsarios y reciben por recompensa de los servicios prestados al Estado, las presas hechas de una manera legítima y adjudicadas buenas por los tribunales de la nación.

En nuestras Ordenanzas de matrículas y de la Real Armada, se enumeran los requisitos necesarios para armar en corso una embarcacion española. A los corsarios se les permite llevar tres cuartas partes de la tripulación no matriculada, confiriéndoseles además el fuero de marina durante su ocupación en servicios del Estado. En la ordenanza de corso, 1801, se fijan también sus derechos, las ventajas que obtienen sus heridos e inválidos, las gratificaciones que reciben, el modo de repartir las presas, las autoridades que han de entender en el juicio, y el puerto á que han de conducirse aquellas.

Los buques españoles no pueden admitir patentes de corso de ninguna potencia extranjera ni prestar á los corsarios de éstas más auxilios que los reclamados estrictamente por la humanidad. Según la práctica seguida recientemente con los corsarios confederados y los federales, las potencias neutras no pueden permitir que permanezcan en sus puertos más que veinticuatro horas para tomar agua, carbon y provisiones de boca, ó reparar sus averías. Si uno de estos buques encuentra á otro de la misma clase en el puerto en que se halla ó arriba, es contrario á las leyes internacionales y los derechos de los neutros hostilizarlo en él. La potencia en cuyas aguas jurisdiccionales se halla tiene derecho á exigir, y en caso contrario á forzar, al uno á que no se dé á la vela hasta veinticuatro horas después de la salida del otro.

Las presas hechas por los buques de guerra de la Real Armada, están sujetas á la Ordenanza de la misma.

Algunos autores sostienen que los capitanes mercantes pueden exigir á los comandantes de los corsarios que les enseñen sus patentes y comisiones