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Revista de España (1872-09-01 00:00:00), página 165

Los derechos del vasallo eran: 1.º Conservar toda su vida la posesion de la tierra mientras no cometiera falta por la cual debiese perderla, á juicio de árbitros ó del tribunal de la corte (1). 2.º Percebir en las guerras á que asistian la parte de botín correspondiente, según su calidad de caballero ó peon y las armas de que iba provisto (2). 3.º Recibir heredades con que vivir honradamente, en galardon de servicios señalados, tales como el de aprehender al caudillo enemigo ó librar al señor de prision ó muerte, dándole su caballo, ó entrar uno de los primeros en villa ó castillo sitiado (3). 4.º Despedirse del señor y ponerse al servicio de otro con las restricciones antes expresadas (4). 5.º Hacer la guerra con el nuevo señor aún contra el antiguo, si bien absteniéndose de causarle ciertas ofensas graves, que eran licitas á los que no hubieran sido sus vasallos. Estos derechos eran comunes á todos los hombres de aquella clase, cualquiera que fuese el título de donde procediese su estado, y correspondían por lo tanto á los vasallos por razon de tierra.

Era esto título de adquisición vitalicio, salvo que mediase justas causas para hacerlo caducar. Tales eran: 1.º No prestar el poseedor vasallaje al nuevo rey con devolución de la tierra, en el término señalado (5). 2.º Cometer cualquiera de las faltas por las cuales se perdían los castillos, cuando se tenía alguno de éstos por tierra (6). 3.º Incurrir en delito de traicion ó atrev. 4.º Causar daños en la tierra; que dieran lugar al extrañamiento (7). Por eso decía el infante D. Juan Manuel en el libro antes citado: «El señor

"lugar" ó en loriga, quier en caballo, quier en otras armas," etc. Por donde se ve que hubo de suprimirse la palabra lugar tal vez por no ser ya costumbre, como lo era en tiempo de D. Alfonso X, dar tierras ó lugares por donación.

(1) L. 28, t. 26, y l. 7, t. 25, Part. 4.a
(2) L. 28, t. 26, Part. 2.a
(3) Ley 4, 6 y 7, t. 27, Part. 2.a
(4) El infante D. Juan Manuel, después de reconocer la facultad del vasallo para despedirse de su señor en la forma que prescribe la ley de Partidas, añade: "mas nou lo devon facer si el señor non les toma la tierra, ó aquel bienfacho que puso con él de facer quando fue su vasallo, ó por tuerto ó deshonra ó desaguisado que el señor les faça. Et aun per ninguna de estas cosas non se deve dél partir, si el señor está en guerra ó en algun peligro." (Libro de los Estados, part. 1.a, par. 87).
(5) L. 20, t. 13, Part. 2.a
(6) Estas faltas eran: 1.º No hacer guerra y paz por mandado del rey. 2.º No acogerse en el castillo. 3.º No dejar correr la moneda del rey. 4.º No pagar el tributo de moneda. 5.º Desafatar á los vasallos. 6.º No venir al juicio del rey. 7.º Denegar la justicia á los vasallos, impidiendo al rey hacerla. 8.º Acoger malefadores. 9.º No guardar las posturas. (L. 22, t. 13, Part. 2.a)
(7) Ley 10 y II, t. 25, Part. 4.a
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"non gelo debe quitar (la tierra al vasallo) por achaque, ni por autojo, sino por tal merescimiento, ó por tal yerro, que entiendan todos que la face con razon á con derecho" (1). Estos yerros eran sin duda aquellos por los cuales, según el mismo autor, incurría el vasallo en la pena de traición, la de alevé, la de falsedad, la de valer méños, la de no ser par de hidalgo y la de infamia.

No era costumbre dar tierra á los hijos en vida de los padres. Así lo asegura la crónica de D. Alfonso el Sábio, puesto que según ella los mensajeros del rey dijeron á D. Nuño, uno de los ricos hombres sublevados: «Y en vuestro tiempo dio el rey renta y tierra á vuestros hijos Juan Nuñez y Nuño Gonzalez, lo qual antes nunca fue hecho en tiempo de ningun rey, que en vida del padre diese tierra á los hijos» (2). Como la tierra era patrimonio de la familia, que sólo debía poseer el cabeza de ella, del mismo modo que los feudos, no se daba tampoco á los hijos en vida de los padres.

Con la muerte del rey ó señor que había dado la tierra, cesaba de derecho la posesión de ella, como que según se ha visto, debía el vasallo presentarse á devolverla al sucesor en el reino ó señorío. Tal era el derecho antiguo de España, de que dan testimonio algunos documentos de los primeros siglos de la reconquista. El obispo Gomezano dió á un D. García la tierra en que había estado el monasterio de Jubera, para que lo poblase y poseyese durante su vida, añadiendo: «mientras que yo viva no te inquietaré; mi suceser, si quisiere, te mantendrá en tu honor, y si no lo hiciere, po- drás trasladarte á otro lugar, con todo lo tuyo, devolvicndole á él lo que le corresponda» (3). Pero como el nuevo rey ó señor, al devolverle las tierras sus leales vasallos, recibía su homenaje y tenía tan conocido interés en no enajenarse su voluntad, pronto fué también costumbre general la de confirmar aquellas propiedades á los mismos que las tenían, siempre que renovaban su promesa de fidelidad y vasallaje, si no hubiesen dado motivo por que debieran perder la merced.

Por muerte del vasallo también debía volver la tierra á poder del rey para que este la diese á quien la pudiera servir; pero si entre los hijos y parientes cercanos del difunto había alguno con esta circunstancia, solía ser preferido. Más tarde, en el siglo xiii, hubieron de darse ejemplos con-

(1) Libro de los Estados, part. I., pár. 87.
(2) Crónica de D. Alfonso X, cap. 27.
(3) Colec. de docum. de las prov. Vasq. y Castilla, t. 6.º, núm. 237.
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trarios á esta doctrina. Los mismos mensajeros de D. Alfonso el Sábio, de que hice mencion, dijeron á D. Fernan Ruiz, otro de los ricos hombres sublevados: «Bien sabedes que vos crío el rey é hizo á su padre que vos diese la tierra que tenía dél Rui Gutierrez vuestro padre, seyendo vos de quatro años: lo que non solia hacer á ningun rieq home; porque la tierra del que muere, dabala al que era en tiempo para poder luego servir» (1). Estos ejemplos hubieron de repetirse, y así fué lentamente reduciéndose á mera formalidad la devolución de las tierras á la corona por muerte de sus poseedores, y acreditándose en cambio la costumbre de confirmarlas casi siempre á los hijos, sin consideracion á su edad y sexo. En las Cortes de Burgos de 1367, se hizo mencion de una Maria Alfonso Cervatos, hija de Gonzalo y viuda de Juan Gonzalez de la Fuente Almexar, la cual tenia en tierra 4.300 maravedis: los 3.000 en la Juderia de Toledo y los 1.500 restantes en las tercerias del arzobispado; y D. Enrique II, reconociendo su derecho, consignó esta última suma sobre la misma Juderia.

Los fueros y libertades municipales, más aún que los favores personales de los reyes, contribuyeron á esta gran mudanza. Para atraer pobladores á los lugares más desamparados, ó que necesitaban mayor número de ellos, solia la corona otorgarles el privilegio de la sucesion más ó menos restringida, en las tierras que disfrutaban ya ó habian de disfrutar en adelante. Alfonso VII en el fuero que dió en 1118 á los muzárabes de Toledo, dispuso que los hijos del caballero que muriese teniendo armas ó caballo del rey, continuaran disfrutando con su madre el honor del padre hasta que pudieran cabalgar, y que la viuda, á falta de hijos, conservara tambien el honor de su marido (sit honorata in honore mariti) (2). El mismo monarca dió por fuero á Guadalajara en 1133 que al que tuviera caballo ó armas ó alguna otra cosa de l'emprestado del rey, le heredara en todo esto su hijo ó su hermano (3). D. Alfonso X concedió á los caballeros pobladores de Alicante en 1252 el mismo privilegio que Alfonso VII había otorgado á los de Toledo (4).

La opinion pública era, por otra parte, favorable á esta novedad; como lo fué siempre en Castilla á la sucesion hereditaria forzosa de los hijos. El infante D. Juan Manuel decía en otra de sus obras: «El porque después que cada uno dellos (de los vasallos) finare, habrodes de poner otro vasallo

(1) Crón. de D. Alfonso X, c. 29.
(2) Muñoz, Colec. de fueros, p. 363.
(3) Muñoz, Colec. de fueros, p. 507.
(4) Colec. de docum. de las prov. Vasq. y Castilla, t. 6., núm. 257.
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«en su hogar, ruegvos que si fijo dejare, non lo mudeces por otro, nin le tiredes lo que su padre tenia, salvo si por su ocasion fuese tan menguado que todos los de vuestra casa entendiesen que faciades sin razon en le mantener en aquel estado. Pero por mengua que en el haya, siempre mantened lo mejor que pudieredes, por guardar el galardon del bien que hicieron aquellos onde el viene» (1).

Las Cortes vinieron luego en apoyo de esta costumbre. Las de Ocaña de 1422, y las de Palenzuela de 1425, expusieron en una de sus peticiones que era antigua costumbre la de dar las tierras por muerte del vasallo que las tenía á su hijo mayor legítimo, y en su defecto, al hermano del padre, y pidieron que así se proveyese por ley general. No habiendo accedido el rey á esta pretension, la reprodujeron las Cortes de Valladolid de 1440 y 1442, y ya entonces respondió D. Juan II que proveeria las tierras que varían en los hijos mayores legítimos, según lo había acostumbrado, y que retendría las mercedes vitalicias que no debieran proveerse y no haría otras nuevas, sino cuando lo requiriera el galardon del servicio. Todavía quisieron más los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1451, pues, deseando la tradicion que negaba á los ascendientes toda herencia, según los principios del derecho penal de Europa, pidieron que á falta de hijos heredaran las tierras los padres, y en defecto de éstos, los hermanos. Mas el rey denegó resueltamente esta solicitud, diciendo que ya estaba ordenado que el hijo mayor heredara las lanzas del padre, y que lo demás, ni las Cortes lo podian pedir, ni él otorgar.

En las mercedes de tierras solían, en fin, ponerse condiciones especiales relativas á las circunstancias que las ocasionaban, pero sin que esto alterase su naturaleza. Así D. Fernando IV, al cambiar varios pueblos realeños por otros que poseía D. Juan Nuñez, transigiendo un pleito suscitado entre ambos, convino en que haciendo Nuñez homenaje de servir contra todos al rey, le daria su soldada cumplida y su tierra, y además aseguraría á D. Pedro Ponco su tierra y su heredad (2). D. Alfonso de la Cerda se otorgó por vasallo de D. Alfonso XI, renunciando al derecho que pretendía tener á la corona, mediante haberle dado el rey parte de las rentas, «así como daba á cada uno de sus otros vasallos,» es decir, que le concedió tierra.

El repartimiento de estas tierras fué muchas veces ocasión de amargas quejas y graves disturbios entre los vasallos. Las Cortes de Madrid de 1329

(1) Libro de los castigos ó consejos que hizo..., para su hijo, cap. 9.
(2) Crón. de D. Fernando IV, cap. 45.
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se quejellaron de que muchos tenian tierras del rey, cuando sus iguales nunca las tuvieran; que otros tenian más de las que merecian, cuando algunos de tan buenos solares como ellos, no poseían ninguna, ó disfrutaban tan poca, que no podían mantenerse; que otros robaban para vivir, y que los más se tenían por agravados. En su consecuencia pidieron al rey que averiguara el estado de sus rentas, viera cómo estaban repartidas, y que, después de tomar lo que necesitará para mantener su casa, distribuyera el resto con igualdad entre los naturales, de manera que todos cupiesen en la merced y tuviera cada uno lo que mereciese. El rey prometió examinar el asunto y ordenar lo que procediera; y en efecto, en su tiempo los más de los hidalgos hubieron de tener tierras y quantias, según reconocieron las Córtes de Valladolid de 1351. Pero con la epidemia y la guerra ocurridas por aquel tiempo, hubieron de quedar arruinados y despoblados muchos lugares de los que suvenian á aquel gasto, por lo que disminuidos sus rendimientos, las mismas Córtes pidieron al rey D. Pedro que se acrecentasen las tierras para poderlas dar á los hidalgos que no las tuviesen, y que no se imputaran por más de su verdadero valor las rentas destinadas á satisfacerlas. Todo lo prometió el rey, y por cierto que estas y otras promesas semejantes sirvieron de fundamento, en ocasiones posteriores, á la más escandalosa dilapidación del Tesoro público.

Pero los abusos no se cometian solamente en la distribucion y señalamiento de las tierras, sino tambien en la manera de cobrarlas y servirlas. Muchos hidalgos que las tenian consignadas en determinados lugares, se atribuian la facultad de apremiar por sí mismos á su exaccion, decretando embargos y sacando prendas en ellos (1). Otros poseían á la vez tierra del rey y acostamiento de señor, por lo que, cuando eran llamados al servicio, fallaban necesariamente á alguna de sus obligaciones, no pudiendo militar simultáneamente con el rey como vasillo inmediato, y con el señor como uno de los hombres con quienes éste debía contribuir al soberano (2). En el reinado de D. Juan I se pagaban 14 millones de maravedis por tierras; y según decian las Córtes de Bribiesca de 1387, eran en gran parte perdidos, porque siendo muchos á cobrar, nunca se juntaba la gente necesaria para la guerra. Así tuvo el rey que adoptar disposiciones muy severas con el fin de evitar las burlas que se hacían en los alardes, según se dirá más extensamente al tratar de la tierra como sueldo militar.

(1) Córtes de Toro de 1369.
(2) Ordenamiento de los alardes, 4.
Revista de España (1872-09-01 00:00:00), página 17

para quien se legisla y se enseña derecho público, y barajar la naturaleza finita con la infinita, atribuyendo á los derechos del hombre calidades ilegítimables, anteriores y superiores á la ley, inalienables, imprescriptibles, ilimitables, de tal manera que tratándose de legislar ó de limitar en cualquier sentido, sea lícito proclamar el derecho de insurrección?

Un derecho absoluto tiene ciertamente el hombre, á la vida, el mayor de los derechos naturales, si en estas materias cupiesen gradaciones; y el derecho de vivir tiene que legislarse, y que limitarse, y no puede ser superior á la ley, como, por ejemplo, en los casos de dar á otro la muerte en justa defensa, ó en el de hacer morir al feto que tal vez se agita bullicioso dentro del cláustro materno para salvar la vida de la madre, ó en especiales circunstancias que determinan la salvación de un pueblo amenazado de contagio, ó en otras mil que pudieran presentarse indefinidamente, y en que, por sentido común y por ley natural, y por lucubracion filosófica, y por derecho divino es de todo punto lícito matar, es debido matar, es de toda necesidad matar, ó, lo que es lo mismo, atacar y anular y chocar de frente con el famoso derecho absoluto de la vida, que es entre todos el que más puede interesar al sér perecedero. ¿Y qué derecho absoluto es este que puede y debe ser anulado, que vale tanto como decir que no es absoluto? Claro es que se trata de un derecho humano, y con decir humano se dice que es eminentemente trascendental y relativo, como es el hombre. Cierto es que los derechos absolutos, como expresion dé la razon suprema, que es Dios, son unos é idénticos en todo tiempo y lugar; pero esto es un abstracto y sin relacion á ninguna cosa ó persona determinada, y esto es bajo un aspecto metafísico que vislumbra el hombre porque está dotado de un alma inmortal destinada á unirse á la suma inteligencia y á la suma verdad, y tiene esa aspiracion nobilissima á lo infinito. Pero es un absurdo suponer que el hombre sea en esta vida corpórea y miserable un sér ideal que viva en la abstraccion, á la manera de los espíritus angelicos, y es, por el contrario, preciso contar con que rodean al hombre toda clase de necesidades y de vínculos con la materia bruta, y con los séres racionales, sus semejantes, haciendo de él un sér por su naturaleza relativo. Nada haremos en el campo puro y simple de la abstraccion en estas materias, si no nos dignamos descender á la realidad de las cosas que nos rodean y de la sociedad para quienes estamos discutiendo los derechos que asisten al hombre, en sociedad constituido, puesto que es sociable por su naturaleza. El hombre alcanza la fórmula de los derechos absolutos como un ideal de su entendimiento por las calidades superiores de su sér, que son reflejo
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CAPITULO VIII

Propiedades coartadas.—Los feudos, según la legislación y la historia de Castilla.

También en Castilla daba el rey algunas tierras en feudo, por más que lo hayan negado escritores de fama. Aunque no sonara esta palabra en ninguno de los antiguos documentos de este reino, sería una afirmación temeraria la de que el sistema feudal no había sido en él conocido ni practicado. Porque, ¿qué otra cosa son sino feudos, más ó menos disfrazados, las encomiendas, las mandaciones, los señoríos, los honores y las tierras? Comparense sino las condiciones de estos distintos títulos de dominio con el de feudo, según vamos á exporlerlo, y se verá que todos ellos, más bien que instituciones esencialmente diversas, son formas distintas y nombres diferentes de una institución, destinada á trasferir el dominio de la tierra juntamente con la potestad, más ó menos limitada, de regir y gobernar á los hombres que viven en ella. Eran ciertamente más generales las enajenaciones de estas tierras con los nombres de encomienda, mandacion, honor y otros que, con el de feudo, mas sin que por eso dejaran de hacerse algunos con esta denominación, ni faltara una legislación que las reglamentase.

El feudo era, según las Partidas, «manera de bienfecho que dan los señores á los vasallos por razón de vasallaje,» ó «pientecho que da el señor á algun hom porque se torna su vasallo é le face homenaje de serle leal.» El feudo, por lo tanto, tenía el mismo objeto y producía iguales resultados que la tierra y el honor, pues todos eran medios de asegurar y remunerar los servicios de otros hombres, y maneras de constituir el señorío y el vasallaje. Así como la tierra podía consistir en tierra verdadera ó en dinero, así el feudo era de dos clases: los de villas, castillos ó cosas raíces, y los de cámara, que consistían en maravedís consignados sobre el Tesoro público. Había, además, la diferencia entre ambos, de que los primeros no podían quitarse, á menos que el vasallo faltara á las condiciones estipuladas ó cometiera ciertas faltas ó delitos, y los últimos podían ser quitados á voluntad del rey (1).

(1) Introd. y I. I.º, t. 28, Part. 4.º
Revista de España (1872-09-01 00:00:00), página 171

Entre la tierra y el feudo había una diferencia importante. La primera, como antes he dicho, solía darse sin postura ó condiciones, porque, según la ley, llevaba siempre sobrentendidas la del servicio y la de su inamovilidad; el segundo se otorgaba con posturas, esto es, prometiendo el vasallo servir á su costa, con cierto número de caballeros, ó hombres, ó otros servicios señalados, y mediante la ceremonia del pleito-homenaje. Esta se verificaba hincando el vasallo las rodillas delante del señor, poniendo las manos entre las suyas y prometiéndole con juramento serle siempre leal, darle buen consejo cuando se lo pidiere, no descubrir sus secretos, ayudarle contra todos los hombres del mundo, hacer su pró y evitar su daño, y guardar las demás condiciones estipuladas. Hecho este juramento, el señor, con una vara en la mano, investía al vasallo de la cosa ofrecida en feudo, bien entregándole una sortija, un guante ó otro objeto, como símbolo de la posesión, ó bien poniéndole materialmente en ella por sí ó por mensajero (1). Tal era también la ceremonia con que se investían los feudos en las demás naciones. No debe tampoco olvidarse que con estas mismas promesas y juramentos se entregaron á los vasallos muchas encomiendas, señoríos, tierras y honores, de que he hecho mención en los anteriores capítulos.

Podían constituir feudos el rey y los grandes señores, pero solamente de las cosas que poseían libremente y por heredamiento, y no de las demás que disfrutaban por tiempo y con sujeción á ciertas condiciones resolutivas. Los prelados, sin embargo, tenían facultad para conceder en feudo aquellas cosas de la Iglesia que sus antecesores acostumbraban otorgar de este modo. Sólo podía recibir feudos el que de otro señor no fuera ya vasallo, porque ninguno podía serlo á la vez de dos señores (2); pero entendiéndose esto del vasallaje que se constituía especialmente por otro feudo, tierra ó honor, pues el de los naturales con el soberano, sin prenda de merced, era compatible con el que se constituía por aquel otro concepto.

El vasallo quedaba obligado á prestar los servicios prometidos, y cuando estos no se señalaban, entendíase que debía ayudar al señor en todas las guerras ofensivas ó defensivas á que asistiese. A su vez el señor debía amparar al vasallo en sus derechos cuanto pudiere, librándole de todo daño (3).

(1) L. 2 y 4, t. 26, Part. 4.a, y L. 68, tit. 18, Part. 3.a
(2) L. 3, t. 28, Part. 4.a
(3) L. V, t. 28, Part. 4.a.
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Eran ya en Europa los feudos perpétuos cuando fueron conocidos en Castilla con su denominacion propia. Así el señor en este reino no podía quitarlos al vasallo sino por alguna de las causas señaladas en la ley. Tales eran: 1.º No cumplir el servicio prometido. 2.º Causar daño ó desamparar al señor en una batalla. 3.º No evitar ó ocultar el daño que al señor amenace, ó procurárselo por cualquiera medio. 4.º No librarle de prisión pudiendo hacerlo. 5.º Matar al hermano, al hijo ó al nieto del señor. 6.º Yacer con su mujer, su hija, su nuera ó su nieta. A su vez el señor perdía la propiedad del feudo, ganándola el vasallo, cuando cometía las mismas faltas en daño de éste. También perdía el vasallo su feudo cuando lo enajenaba sin licencia del señor, cuando al heredarlo de su padre no acudía dentro de un año á hacer por él pleito-homenaje, y cuando tampoco se presentaba á hacerlo al nuevo señor que por herencia ó contrato sucedía en la propiedad feudal (1).

Los feudos de Castilla eran hereditarios, aunque no por las reglas del derecho común, sino por las establecidas en consideración al origen, carácter y objeto especial de estas propiedades. Sucedían en ellos los hijos, cuantos fuesen, y nunca las hijas, quedando todos obligados al servicio del señor. A falta de hijos varones lo heredaban los nietos y descendientes por línea masculina, y en su defecto revertía el feudo al señor para que lo volviera á dar á quien quisiera. Pero el hijo ciego é incapacitado de servir las armas, el monge ó el clérigo, que tampoco podían hacer profesion de ellas, no sucedían en el feudo del padre, aunque fuesen hijos únicos. Tampoco heredaban nunca los ascendientes el feudo del descendiente, conforme á la regla del derecho común feudal. Sólo podía heredar el hermano del vasallo que moría sin hijos, cuando había sido comprado el feudo con dinero de ambos. Los condados, los marquesados y las dignidades realengas no eran sin embargo hereditarias, y devolvíase á la corona por muerte del poseedor, como en el título de su concesion no se dijese otra cosa (2). Las Partidas contienen la fórmula que debía usarse en las cartas feudales, y era el resumen de todas las obligaciones y derechos que, según la doctrina expuesta, mediaban entre el señor y el vasallo (3).

Nacía, por último, del feudo cierta jurisdicción, aunque muy limitada. Los pleitos entre el señor y el vasallo, relativos al feudo, debían librarse

1) Leyes 8, 9 y 10, t. 26, Part. 4.ª
(2) Leyes 6 y 7, t. 26, Part. 4.ª
(3) L. 68 t. 18, Part. 3.ª