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pellan en el mismo Priorato, y pagase cada año diez maravedís á la castellería de Mayorga, cinco al hospital de Sahagún y 4.500 al contado. Doña Aldonza se obligó además á no enajenar ni empeñar los bienes que recibía para que á su muerte volvieran integros y con sus mejoras al monasterio: á mantener los vasallos en su fuero y derecho; á conservar separadas las casas, reponiendo las que se derribasen; á cuidar el monte y labrar las viñas, y á pagar las deudas del Priorato (1). Otro abad electo de Sahagún dió en 1284 á doña Juana Gómez el priorato de Nogal con iguales condiciones que el anterior, por precio de 35.000 maravedís al contado, 5.000 después de la muerte de doña Juana, y la condición de someterse ésta á las resúltas de cierto pleito en que era demandado el monasterio (2). En términos semejantes concedió éste á doña Teresa Alfonso el priorato de San Salvador de Villagarcía por 15.000 maravedís, y además con la condición de que la adquirente construiría un palacio, repararía las casas y mantendría el culto de la Iglesia, y daría posada y alimento al abad y á los monges cuando allí fuesen una vez cada año (3).

El obispo de Oviedo, poco tiempo después de conferir la encomienda de Rivadeo, antes mencionada, á Alvar Pérez, mandó que los vecinos no le contribuyeran con nada más que sus derechos, por cuanto él, faltando á lo estipulado, había exigido y cobrado además so pretexto de yantares, 1.200 maravedís: condenó al pago de esta suma á los fieles que habían consentido la exacción; declaró que las viudas estaban exentas de pechos y pedidos, y que lo estaban asimismo de yantar las personas que pagasen martinienga y las de calidad hidalga que viviesen en sus heredades (4). D. Juan I, refiriéndose á una petición de las Cortes de Soria de 1380, decía en otro documento «que algunos ricos-omes, caballeros é escuderos, atrevidamente, sin razón é sin derecho, non catando el servicio de Dios nin el peligro de sus almas, que ocupaban é tomaban los logares, aldeas é vasallos de los dichos monasterios é eglesias, en nombre de encomiendas, levando de ellos dineros, é pan é otras cosas, é faciéndoles servir por sus cuerpos, así en la labor de sus heredades como de castiellos é fortalezas que facian, e así toda servidumbre, como si fuesen los vasallos exemptos,.... Por la qual razon los dichos monasterios é eglesias eran venidos en gran pobredad...» (5)

(1) Escalona, Histor. de Sahagún, escritura 260.
(2) Idem id., escritura 267.
(3) Idem id., escritura 269.
(4) Esp. Sag., t. 39, apénd. 6.
(5) Escalona, Hist. de Sahagún, escritura 311.
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Tales desmanes hicieron necesaria la intervencion del legislador: pero estaba tan arraigada la costumbre de cometerlos, que fueron desobedecidas sus providencias. Una ley del Fuero Viejo de Castilla, aunque no de las antiguas, comprendidas en esta compilacion, puesto que parece copiada del Ordenamiento de Alcalá de 1348, prohibió al que tuviera una encomienda tomar otra por premia (1). Otra ley del mismo ordenamiento dispuso que ninguno más que el rey tuviese encomiendas en lugares de abadengo (2); lo cual consta que no se observó por los mismos hechos referidos en este capítulo. Las Cortes de Madrid de 1329 pidieron que las villas y pueblos de realengo no se diesen en encomienda á ninguna persona (3). Las de Burgos de 1338, quejándose de que los ricos-hombres tomaban en encomienda las aldeas de las ciudades y villas, para no guerrear ni pechar con ellas, y pidiendo que tales lugares no tuviesen más comendero que el rey, obtuvieron respuesta favorable á su petición, aunque también quedó sin efecto (4).

Las Cortes de Burgos de 1373 se querellaron de que algunas aldeas pertenecientes á las ciudades ó villas y sujetas á su jurisdiccion, en que la iglesia tenía vasallos solariegos, con ciertos tributos por sus solares, se daban en encomienda por las mismas iglesias á hombres poderosos, los cuales embargaban la justicia real y exigían yantares y pedidos, cuando ni tenían derecho más que á una cuantía cierta de maravedís, ni los lugares realengos podían tenerse en encomienda más que por el rey. En su virtud pidieron aquellas Cortes que no se usaran tales encomiendas; mas el rey les contestó ambiguamente diciendo que dispusiera cada uno de lo suyo y se sirviera de sus propios vasallos (5). D. Juan I, en las Cortes de Soria de 1380 y en las de Medina del Campo de 1381, para llevar á efecto la ley de Alfonso XI prohibiendo á los hidalgos tener encomiendas en el abadengo, nombró jueces, que oyendo á los interesados, decidieran sobre la validez de las concedidas. Cumpliendo estos jueces su cometido, declararon la invalidez de tales encomiendas (6). Como en las Cortes de Guadalajara

(1) Fuero Viejo, l. 12, t. 8.º, lib. 1.º, y Ord. de Alcalá, t. 32, lib. 16.
(2) Ordenamiento, etc. t. 32, l. 52.
(3) Pet. 49.
(4) Pet. 24.
(5) Pet. 17.
(6) El rey mandó comparecer á los prelados que tenían dadas encomiendas y á los caballeros que las poseían, para que cada uno mostrase sus títulos y alzase su derecho. Nombró por jueces de estos litigios á Pedro López de Ayala, Juan Martínez de Roxas y á los doctores oidores Álvar Martínez y Pedro Fernandes. En los Apéndices á la Historia de Sahagún, escritura 311, se inserta una real carta de D. Juan I, expedida
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poseedores de una renta de 10 libras esterlinas; y aunque esta ley despojaba de un legítimo derecho á muchos electores, se votó sin dificultad para no retardar la aprobación de las otras dos más importantes. Cuando el rey hubo sancionado estos tres proyectos que ponían término á la degradante situación de un número muy considerable de sus súbditos, el duque de Norfolk, lord Dormer y otros lores católicos se presentaron en Abril de 1829 en la Cámara alta á tomar asiento entre sus iguales. O'Connell no fué admitido entonces en la Cámara baja por ser su elección anterior á la promulgación de la nueva ley; pero reelegido en el mismo condado de Clare, juró y tomó asiento en Mayo de aquel año, siendo el primer diputado católico que después de más de dos siglos y medio de inmerecida proscripción de sus correligionarios, entraba en la asamblea popular de la Gran Bretaña. Algun tiempo después se aprobó una ley para facilitar la venta y la transmisión de propiedades en Irlanda, que ha permitido adquirir muchas fincas en aquella parte de los dominios británicos á los irlandeses católicos. La ley de desagravio ó alivio de los católicos (Catholic relief act) que reparó antiguas injusticias, fué el principio de la regeneración de Irlanda, si bien por lo tardía no consiguió acabar con el descontento de aquel país y con sus aspiraciones de independencia. El nombre de ley de emancipación de los católicos qué se ha dado á aquel célebre acto, prueba elocuentemente el lamentable estado de cosas á que ponía remedio: vino á emancipar á verdaderos esclavos, á redimir á los desgraciados irlandeses de un duro cautiverio de cerca de trescientos años. La definitiva derogación de los estatutos contra los católicos, es un ejemplo memorable del poder de la asociación y de la agitación bien dirigidas, y de los triunfos que alcanza en los países libres la opinión pública, cuando emplea con perseverancia y en favor de una justa causa los medios legales de influir en el gobierno; sin desmayar ante ningún obstáculo aunque parezca insuperable. Se censuró entonces acerbamente en Inglaterra la conducta de Wellington y de Peel, por haber llevado á cabo una reforma que habían combatido, en vez de abandonar el poder, para que formaran ministerio y la realizaran los whigs, que habían sido sus constantes defensores. Para apreciar la parcialidad y la falta de fundamento de esta acusación basta recordar, qué la abolición de las incapacidades de los católicos no se podía aplazar por más tiempo sin exponerse á una terrible guerra civil, como dijo con exactitud el duque de Wellington; que debían hacerla los torys, porque los partidos no turnaban todavía ordenadamente en el poder, y Jorge IV no habría llamado á los whigs ni aún en ese caso para formar gobierno; y que propuesta
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de 1390 se quejasen los prelados de que no eran obedecidas estas sentencias por muchos hidalgos y ricos-hombres, el mismo monarca las confirmó y mandó ejecutar bajo ciertas penas, disponiendo además por ley comun, que los que tuviesen encomiendas de abadengo las devolvieran en el término de tres meses (1). También las Cortes de Burgos de 1512 reclamaron contra la costumbre de dar encomiendas en lugares realengos á los grandes señores y prelados, fundándose en que con ellas se perdía el señorío y la jurisdicción del rey y se originaban muchos gastos y desavenencias (2).

Al cabo fueron extinguiéndose las encomiendas de una y otra clase, merced á la insistencia con que desde el siglo xv procuraron los reyes minorar el poder de la nobleza, privándola de los medios que servían para sostenerlo. Sólo en las órdenes militares perseveró aquel título de propiedad, sin duda porque constituía una de las bases principales de su organización. En ellas eran las encomiendas beneficios eclesiásticos que se conferían por los maestres con institución y colocación canónicas y servían no sólo para el sustento de los caballeros consagrados á su servicio, sino para mantener entre ellos los vínculos de unión y dependencia que constituyen su fuerza y les habilitaban para cumplir los fines de su institución. Divididas sus tierras y rentas en encomiendas, cada una de estas tenía su casa, á veces su castillo, donde moraba el comendador con algunos caballeros que estaban á sus órdenes y á los cuales proveía de todo lo necesario para su subsistencia. Era obligación de los comendadores mantener reparadas y defendidas estas casas y en buen estado los demás bienes de su dotación, residir en aquellas durante cierto periodo del año y acoger y hospedar en las mismas á los caballeros que fuesen á su territorio. Ninguno podía poseer más de una encomienda, pero ésta se conservaba hasta la muerte á no hacer cosa por que debiera perderse. Al morir el caballero se trasmitía la encomienda por elección del maestre, á otro de la ór-

en 1380, en la cual se dice que compareció el abad de Sahagún querellándose de que doña Teresa de Cisneros tenía en encomienda, contra la voluntad del monasterio, el lugar de Míñanes, del cual sacaba como comendadora anualmente 40 cántaras de vino, cuatro cargas de pan y 300 maravedís; que los jueces en vista de los documentos presentados y de no haber comparecido doña Teresa en los tres meses, fallaron contra ella, mandándole dejar libre el lugar y devolver á sus vecinos y al monasterio todo lo que había exigido á título de encomienda desde la publicación del ordenamiento de las Cortes de Soria de 1380, y que el rey confirmó esta sentencia y la mandó llevar á efecto.
(1) Pet. 8. Ordenam. de Perlados.
(2) Pet. 8.
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den que no tuviese ya otra y fuera de los más antiguos (1). De modo, que la encomienda era un elemento necesario en la organización militar de la orden, era la base de sus relaciones con el Estado y el fundamento de su material existencia. Si aquellas propiedades hubieran desaparecido como las demás que llevaban su nombre, habrían desaparecido también las órdenes militares ó habrían quedado reducidas como se hallan hoy á una mera representación histórica.

FRANCISCO GÁRDENAS.

(La continuación en el próximo número.)

(1) Establecimientos y reglas de la orden de Santiago. Definiciones y reglas de las de Calatrava y Alcántara.
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ÚLTIMAS REFORMAS
DEL
REINADO DE GUILLERMO IV

PATRIÓTICA CONDUCTA DE LOS PARTIDOS PARLAMENTARIOS EN INGLATERRA.

La emancipacion de los católicos y el cambio radical verificado en el antiguo, incompleto y vicioso sistema electoral de la Gran Bretaña en 1832, trajeron como natural y necesaria consecuencia, otras importantes reformas antes de la muerte de Guillermo IV, haciendo tambien posibles las que se han llevado á efecto en el presente reinado, en el cual se han derogado las leyes de cereales tan perjudiciales para las clases pobres; se han contenido y rechazado las peligrosas tentativas republicanas de los cartistas; se ha llegado á los últimos limites en el camino de la libertad comercial, con gran utilidad para el tesoro y con provecho para la nacion entera; se ha rebajado con exceso el censo electoral en beneficio de la clase obrera, procurando por vez primera que en las elecciones tengan la debida representacion las minorias; se ha modificado profundamente y en un sentido de equidad y de justicia la existencia de la iglesia anglicana en Irlanda, haciendo que sea menos onerosa y menos humillante para los católicos que á su sostenimiento contribuian; se ha organizado sobre nuevas bases la instruccion publica, conservando en las escuelas primarias, á pesar de las reclamaciones de los radicales, la educacion religiosa, indispensable para arraigar en el pueblo el sentimiento y la idea del deber, sin los cuales la libertad degenera en insoportable licencia; se ha suprimido el sistema de compra de grados militares que daba preponderancia y el as-
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cendiente del mando á la aristocracia en el ejército; y la votacion secreta, contraria á las tradiciones y á las costumbres de la gente inglesa, empleada ya en las elecciones municipales, se adoptará probablemente tambien para las elecciones de miembros de la Cámara de los Comunes. Dominan en el conjunto de todas estas medidas y de todas estas innovaciones un espíritu democrático que disminuye y debilita la influencia de las clases ricas y elevadas, en el gobierno, en la política y en la administracion del país, si bien es de esperar que estas trascendentales alteraciones en la manera de ser del pueblo británico, no destruirán ni quitarán su legítima importancia á los elementos conservadores, que son la más sólida y duradera garantía y la defensa más firme de su prosperidad, de su engrandecimiento y de su libertad.

Antes de estudiar esta nueva faz de la historia constitucional de Inglaterra, conviene exponer las reformas que se realizaron en los cuatro últimos años del reinado de Guillermo IV. Un señalado triunfo consiguieron en 1835 los partidarios y defensores de la tolerancia religiosa, que tanto habian contribuido con su incansable celo á la derogacion de las incapacidades (disabilities) de los católicos irlandeses. Á su iniciativa se debió que en aquel año se consintiera que Mr. Pease, al primer diputado cuáker ele- gido al cabo de ciento cuarenta años, hiciera ciertas declaraciones solemnes en vez de prestar juramento para tomar asiento y votar en la Cámara de los Comunes; y que poco tiempo después se aprobara una ley permitiendo no sólo á los cuákeros, sino á los moravitas y á los separatistas, que en todas circunstancias y en los actos públicos pudieran sustituir el juramento, opuesto á sus ideas, á sus principios y á sus creencias, con especiales afirmaciones. Algunos años más tarde se concedió igual privilegio á personas de otras sectas, que habiendo pertenecido antes á las de cuákeros y moravitas, conservaban escrúpulos y repugnancia para la prestacion de juramentos; pero por una inexplicable contradiccion, fundada en antiguas antipatias y preocupaciones, se les negó á los judios, á pesar de haber presentado Mr. Roberto Grant en 1835 un bill para que cesaran las incapacidades civiles de los que profesaban esta religión, el cual, votado en la Cámara de los Comunes, fué desechado por una gran mayoría en la de los Lores. Este proyecto de ley tuvo igual suerte en la siguiente legislatura, y comprendiendo su autor y los que le habian apoyado, que la opinion pública no les era favorable, dejaron trascurrir algunos años sin pedir que se modificaran las disposiciones que impedian el ingreso de los judios en la asamblea popular.
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Los defensores de los negros robados ó comprados en la costa de África, y vendidos luego á los propietarios de las colonias, después de haber logrado, venciendo obstáculos y resistencias que parecían insuperables, que se prohibiera y castigara con penas muy severas el tráfico de esclavos, continuaron con igual entusiasmo y con la misma perseverancia la propaganda en la prensa, en las reuniones públicas, y por medio de asociaciones organizadas en las ciudades más importantes, para la abolición definitiva de la esclavitud en los dominios británicos. Con sus constantes trabajos y con sus admirables predicaciones conquistaron el apoyo de la mayoría del público, á cuyos sentimientos religiosos y humanitarios no en vano se habían dirigido, y consiguieron que en 1833 lord Stanley, que luego con el título de lord Derby fué jefe del partido conservador, preséntase á nombre del gobierno, como ministro de las colonias del gabinete presidido por el conde de Grey, un bill que pronto se convirtió en ley, dando libertad á 800.000 esclavos que había en las colonias inglesas, y destinando para indemnizar á los dueños 20 millones de libras esterlinas, 2.000 millones de reales aproximadamente. Digna de alabanza fué la asociación contra la esclavitud, que con desinterés completo é impulsada por la caridad, pidió la emancipación de los infelices negros: elogio merece también el ministerio liberal que la realizó; pero á pesar de los deseos generosos de los negrófilos, de lord Grey y de sus colegas, la abolición de la esclavitud no se habría verificado si el estado de la hacienda en Inglaterra no hubiese sido próspero y floreciente, y no hubiera permitido atender á la justa pero cuantiosa indemnización que aquel acto exigía. Conviene tener esta consideración muy presente, para apreciar con equidad y no censurar sin fundamento la conducta de los gobiernos y de las naciones, que por su apurada y angustiosa situación económica se ven precisados á proceder con prudente parsimonia en la supresión de la esclavitud, cuya necesidad reconocen, haciéndola gradualmente para que no se convierta en injustificable despojo ó en causa de ruina segura para el Estado.

El gabinete liberal de lord Grey aprovechó con acierto su popularidad y su prestigio en el país para reformar la antigua legislación criminal, que muchos hombres eminentes condenaban con razón por su excesiva severidad, poco conforme con el progreso de las costumbres y con los adelantos de la civilización. Acaso no hay exageración en asegurar que las leyes penales inglesas eran las más crueles de Europa. A principios de este siglo se castigaba con pena de muerte en la horca, el robo de cualquier valor cometido en casas habitadas, en tiendas y almacenes y en aguas navega-
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bles; el robo de caballos y de ganados; la falsificación y el uso de documentos falsificados; el envío de cartas para intimidar con amenazas; el cortar en el campo un árbol de propiedad particular, y otros muchos delitos caprichosamente calificados de capitales. Este rigor exagerado, insostenible en las sociedades modernas, únicamente se puede explicar por la importancia inmensa y justificada que en todos tiempos se ha dado en Inglaterra á la seguridad personal y al respeto de la propiedad, mostrándose siempre dispuestos el gobierno y el Parlamento á dictar y establecer los mayores castigos, contra los que de cualquier modo infringen los estatutos que las protegen. Así cuando sir Samuel Romilly habló de la necesidad de modificar las leyes penales, muchos afamados jurisconsultos manifestaron que no castigando con la horca el robo de 40 chelines (200 rs.), cometido en una casa habitada, no se podría vivir con seguridad en la Gran Bretaña; y cuando en Mayo de 1823 sir James Mackintosh propuso suprimir la pena de muerte para un gran número de delitos, que ciertamente no la merecían, Roberto Peel, que era uno de los hombres más ilustrados de su época, pero que combatía las reformas que la opinión pública no reclamaba imperiosamente y con insistencia, no aceptó sino en parte aquella proposición, y si bien hizo modificaciones convenientes en la legislación criminal, y consintió en la abolición de la última pena en determinados casos, en que nunca se aplicaba en la práctica, defendió, como medio de protección á las personas y á las propiedades, la pena de muerte impuesta por un robo de 40 chelines en una casa habitada, y la Cámara de los Comunes opinó como Peel, desechando por diez votos de mayoría la proposición de Mackintosh.

Era imposible, sin embargo, mantener por mucho tiempo la excesiva severidad de las antiguas leyes, y en 1833, el parlamento reformado, guiado por altos sentimientos de justicia, borró del catálogo de los delitos que se castigaban con pena capital, el robo de caballos y ganados, la sustitución de objetos de valor de menos de 5 libras (500 reales) en casas habitadas, la fabricación de moneda falsa y la falsificación de escrituras, exceptuando las que se hacían en testamentos y en poderes otorgados para facilitar la transferencia de rentas. En sentido igualmente humanitario y equitativo se hicieron ulteriores modificaciones en los años sucesivos, y á la muerte de Guillermo IV en 1837, los crímenes por los que se imponía la pérdida de la vida quedaron reducidos al asesinato; á la tentativa de asesinato; al robo con violencia á las personas; al robo á mano armada causando heridas; al incendio de una casa habitada ó ocupada en el momento de
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cometerse el delito; al rapto, y algunos otros crímenes, pocos en número y muy calificados. Paulatina y gradualmente, como siempre acontece en Inglaterra, se hizo la reforma de la legislación penal, corrigiendo muchos de los defectos que la aleaban, quitándole el carácter de crueldad que antes tenía, sin que esta conveniente alteración y esta disminución de castigos hayan aumentado la criminalidad en el pueblo británico; porque las penas que la ley impone se cumplen con exactitud y hasta con rigor en establecimientos penitenciarios, en donde los criminales en vez de pervertirse más y de encontrar estímulo á sus vicios, hallan medio de instruirse y de corregir sus malos instintos; y el gobierno nunca concede indultos inoportunos é inmerecidos, que aseguran la impunidad de los delincuentes, y hacen enteramente ineficaces las justas sentencias de los tribunales, con objeto de influir en las elecciones, para servir á diputados de sus opiniones, ó por injustificables é interesadas complacencias.

Largo tiempo ha tardado el Parlamento británico en comprender la necesidad de la completa publicidad de sus procedimientos, de sus debates, de sus decisiones, y de todos sus actos, para conservar y acrecentar su autoridad moral en el país, y para que sea constante y eficaz la influencia de la opinión pública en la gobernación del Estado, y para que se realice el gobierno de la nación por la nación.

Desde 1774 se había tolerado la publicación de las discusiones parlamentarias, aun cuando considerándola, siempre como un ataque y una ofensa á los privilegios de las Cámaras, si bien no se imponía castigo á los que la cometían; pero se prohibía á los periodistas tomar notas dentro del salón de sesiones, por lo cual si hacían algún apunte, lo verificaban ocultándose y evitando que los vieran, y tenían que fiarse casi exclusivamente á su memoria para escribir después la relación de las sesiones, que por tal motivo había de ser incompleta é inexacta. No había sitios reservados y especiales para los redactores de los periódicos: se acomodaban como podían después de esperar largas horas, en la tribuna pública (Strangers gallery), de donde se veían precisados á salir en cuanto un sólo miembro de la Cámara reclamaba la exclusión del público. Mr. Sheridan pidió en 1810 que desapareciese, ó por lo menos se modificara, esta excesiva y rigorosa facultad de que disfrutaban los diputados, pero no lo consiguió; y es tan poderosa en aquel país la fuerza de la costumbre, que en este mismo año, hace pocas semanas, el Canciller del Exchequer, Mr. Law, ha propuesto á nombre del gobierno, que para hacer salir de la Cámara á los que no forman parte en ella, sea preciso que lo exijan por lo