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pensable la reorganización de las municipalidades. Lord John Russell, uno de los principales autores de aquel célebre acto, presentó en 1835 á nombre del ministerio, un proyecto con este objeto que, modificada por la Cámara de los Lores en el sentido de respetar en lo posible y con equitativas condiciones los derechos existentes, se aprobó y se puso en vigor antes de acabar aquel año. Según la nueva ley, el gobierno y la administración de las ciudades correspondía á un mayor ó alcalde y á un ayuntamiento ó consejo comun (common council), elegido por los vecinos que hubiesen pagado la contribución de pobres en el burgo ó localidad durante tres años; y se exigía una renta determinada para pertenecer al ayuntamiento ó consejo comun. A estas corporaciones que por su procedencia habían de inspirar confianza al público, se les concedían más extensas atribuciones administrativas y judiciales; y se adoptaban disposiciones convenientes para la publicidad de sus actos, para la renta, administración ó manejo de fondos, y para la publicación de sus presupuestos y de sus cuentas. Se conservó la clase de regidores (aldermen) que había querido suprimir la Cámara de los Comunes, los que se elegían por seis años, no siendo necesario escogerlos entre los que anteriormente lo habían sido. El bill de 1835 no se aplicó á la ciudad de Londres que por su riqueza e importancia histórica estaba en situación distinta que las otras ciudades, habiendo modificado después su organización municipal por leyes especiales; y en el mismo año y en los siguientes se reformaron también los ayuntamientos de Escocia e Irlanda, sobre la base de la elección de los contribuyentes. Con la ley de 1835 se ha devuelto á los pueblos y ciudades el gobierno local y la libre resolución de sus propios negocios: á los cargos municipales han aspirado y los han desempeñado desde entonces, las personas más respetables, ilustradas e independientes; y los nuevos ayuntamientos, electivos y responsables ante los electores y ante el público, han dado excelentes resultados, porque han sido y son corporaciones exclusivamente administrativas sin carácter alguno político. Querer que los ayuntamientos sean pequeñas asambleas deliberantes que se ocupen de asuntos políticos, que no son de su incumbencia, es desnaturalizarlos, desconocer su objeto, perjudicar á los pueblos, cuyos intereses se les confían, e introducir un elemento de constante perturbación y de anarquía en el país.

Al fallecimiento en Junio de 1837 de Guillermo IV, príncipe leal á sus compromisos, de carácter bondadoso y apacible y de inteligencia limitada, quedaba en el poder el partido liberal, pero se observaba en la nación un principio de reacción en sentido conservador, producido por las exageracio-
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nes inoportunas é imprudentes de los radicales, y por la formacion del partido cartista que, con su programa democratico, su conducta atrevida y sus repetidas amenazas, inspiraba fundados temores. Después del reinado de Guillermo de Orange, fué acaso el del quinto monarca de la dinastía hanoveriana el más importante en la historia política de la Gran Bretaña, por el bill de reforma de 1832, que acabando con privilegios injustos é insostenibles, poniendo término á la excesiva y casi exclusiva preponderancia de la corona y de la alta nobleza en la gestion de los públicos negocios, concedió el derecho electoral y por lo tanto influencia en el gobierno, á más de 500.000 súbditos que tenian condiciones para ejercitarlo con acierto, con independencia y con ventaja para el país; y dió por tal medio la debida representación en el Parlamento, de que antes habían estado privadas, á las clases medias, ricas, ilustradas y laboriosas. Revolucion pacífica, llevada á cabo por medios legales, con el concurso y con el asentimiento de todos los poderes constitucionales, como sucede siempre en los Estados en que las Cámaras no están divorciadas de la opinión pública y en que hay realmente gobierno parlamentario: revolución que ha tenido inmensas consecuencias en la política interior y hasta en la exterior de Inglaterra, abriendo ancho campo para otras reformas de suma trascendencia, cuyos beneficios disfruta ya la actual generación y disfrutarán en toda su extensión las venideras. Lentos, trabajosos, fruto y premio de reiterados y constantes esfuerzos son siempre los progresos políticos en las sociedades humanas. Si con razón se envanece hoy el pueblo inglés de su gobierno, de su administración y de sus libertades, conveniente es recordar que después de su revolución ha tardado cerca de siglo y medio en llegar á la enviable situación en que actualmente se encuentra. Hasta 1829 no ha tenido libertad religiosa que, sin embargo, no se hizo extensiva entonces á los judíos: hasta 1832 no ha conseguido un equitativo sistema electoral y la representación en las Cámaras de todas las clases y de todos los intereses del país; y tan sólo desde esta última época los partidos parlamentarios han tornado regular y ordenadamente en el poder. Para lograr este resultado han sido necesarios en todas las agrupaciones políticas un profundo respeto á la ley, un arreigado sentimiento del deber y un elevado patriotismo, sin los cuales no es posible el gobierno constitucional.

Al expulsar á Jacobo II, que prescindió del Parlamento, que varió las cartas municipales de muchas ciudades, que no respetó los derechos y lastimó los sentimientos religiosos de sus súbditos, los revolucionarios ingleses, que con singular instinto práctico se habían abstenido de hacer refor-
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mas religiosas, políticas y administrativas, limitándose á proclamar las antiguas libertades y franquicias del pueblo inglés, para no provocar oposición ni resistencia en la nación, y dejar reducido el número de sus adversarios al de los partidarios personales del impopular monarca, cometieron la falta, reconocida después por muchos de ellos y por no pocos historiadores de tiempos más recientes, de no dar la corona y llamar á ocupar el trono al inocente y jóven príncipe de Gales, que ninguna responsabilidad tenía en las arbitrariedades y en los desaciertos de su padre. Es un inmenso error, cuyas fatales consecuencias se experimentan y sienten durante varias generaciones, prescindir de la legitimidad y del derecho hereditario en las monarquías, desconociendo ó negando su fuerza, su prestigio y su importancia. Cuando se cree indispensable para salvar las libertades civiles ó políticas recurrir al peligroso medio de destronar al soberano reinante, conservando la monarquía, la prudencia, el patriotismo, el interés de la nación aconsejan de consumo elegir un príncipe de la misma dinastía, y, si es posible, el heredero designado por la ley, pues de no hacerlo así, se crean elementos poderosos de anarquía, de discordia y de luchas civiles para el porvenir. Trascurridos algunos años después de verificada una revolución, extinguidos los odios, calmadas las pasiones, si el nuevo gobierno no acierta á dar prosperidad y orden á la nación, y con mayor motivo si arrastra una vida difícil y precaria, hay la probabilidad de que la mayoría de las gentes volverá los ojos al príncipe ausente, pensando hallar en su restauración el remedio, ó por lo menos, el alivio de todos los males presentes, y no habrán de faltar descontentos ó impacientes dispuestos á defender su causa con las armas. Grandes desgracias trajo á Inglaterra la imprevisión en este punto de los autores de la revolución. Aunque rindieron indirecto tributo al ascendiente de la legitimidad ofreciendo la corona á un príncipe de notables prendas, casado con la hija de Jacobo II, y declarando que á la muerte de estos monarcas correspondería la corona á la descendencia de María, en su defecto á Ana, hija segunda del rey expulsado, y á su descendencia, y sólo en último lugar á la de Guillermo III; y aun cuando al fallecimiento de estos príncipes, sin herederos directos, llamaron á ocupar el trono á una princesa sucesora de Jacobo I, no pudieron impedir tres guerras civiles, encarnizadas y costosas, en 1689, en 1715 y en 1745, que pusieron en peligro la integridad del territorio, dieron ocasión á guerras con Francia y causaron días de luto, derramamiento de sangre y cuantiosos gastos, haciendo necesaria la creación de la deuda pública, porque la mayoría del país entendía que el derecho de los
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Estuardos expatriados era mejor, más sagrado y respetable que el de los príncipes llamados en la Declaracion de derechos y en el Act of settlement.

Los principales escritores británicos convienen en que, sin las torpezas de Jacobo I, sin su obstinación en no reconocer los pasados errores, y en no prometer respeto á las prerrogativas del Parlamento y á las inmunidades de sus súbditos, Guillermo III no habría ceñido por largo tiempo la corona, y no habría reinado en Inglaterra la casa real de Brunswick. La restauración de los Estuardos, sinceramente deseada por el pueblo inglés, y más todavía por los escoceses y los irlandeses, no tuvo lugar exclusivamente por la obcecación, por la necia conducta y por las imprudencias de Jacobo II y de los egoístas y desacreditados partidarios que á la emigración le habían seguido.

Los hombres públicos ingleses aprovecharon las duras lecciones de la experiencia, que les habían demostrado los graves peligros de un cambio de dinastía, aún hecho en las más favorables circunstancias. Quisieron la mayor parte que la destronada familia volviera á ocupar el trono, y cuando adquirieron el triste convencimiento de que los desaciertos que los Estuardos cometían lo hacían imposible, decidieron sostener á todo trance á la dinastía hanoveriana, cerrando los ojos á los defectos y á los vicios de los príncipes que habían de regir los destinos de la nación, siempre que no cometieran atentados contra el gobierno constitucional. La prueba ofreció no cortas dificultades, que sólo se pudieron vencer por la sensatez y la tolerancia de los partidos parlamentarios. Jorge I, extranjero en Inglaterra, desdénoso con los ingleses, ignorante de su idioma, de sus leyes y costumbres, fué avaro y de conducta inmoral y licenciosa. Jorge II, también de vida relajada y de limitado entendimiento, sacrificó con frecuencia los intereses y la política de la Gran-Bretaña á los de sus estados alemanes. Jorge III, caprichoso, celoso en demasia de sus atribuciones, trabajó siempre para someter á todos los ministros á su voluntad, estuvo en tres ocasiones demente, y cuando estuvo cuerdo hizo verdaderas locuras. Jorge IV dió el escándalo de acusar á su propia mujer, fué desleal en sus relaciones políticas, y al ceñir la corona abandonó y olvidó á los wighs, con quienes había estado unido cuando era príncipe de Gales. Los partidos parlamentarios, y especialmente sus jefes, se mostraron en todas ocasiones tolerantes y respetuosos con estos monarcas, sin manifestarles desvío ni desacreditarlos, sin intentar ni remotamente expulsarlos; sabiendo, por las recientes enseñanzas, que una revolución es siempre un gran mal, y que hay notoria ventaja
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en evitarla y en impedirla; y pensando que la monarquía necesita gran prestigio y autoridad moral, y no puede existir sin el acatamiento y sin el leal y franco apoyo de todos los partidos monárquicos, no siendo posible allí donde no la defiende ni protege más que el partido que está en el gobierno y mientras no pierde el poder.

El régimen constitucional que concede muchos derechos á los partidos políticos, les impone grandes obligaciones, y si no las cumplen escrupulosamente en todas las situaciones á que pueden llevarles las inesperadas y diversas alternativas de la vida pública, destruirán ó no lograrán fundar el gobierno parlamentario, que exige para funcionar regularmente, y para que sea una verdad la intervención y la influencia del país en la gobernan- ción del Estado, que los hombres políticos y las agrupaciones ó parcialida- des que acudillan, se sometan siempre á la ley y busquen y consigan el triunfo de sus ideas, de sus doctrinas y de sus opiniones por medios lega- les y con el apoyo, que es irresistible, de la opinión pública. Cada victoria alcanzada por la fuerza, aunque los vencedores lleven escritos en su bandera principios liberales, es una derrota para la libertad política, un retro- ceso en el camino que conduce al desenvolvimiento de los derechos le- gítimos, una herida profunda, acaso mortal para el sistema represen- tativo.

En Inglaterra los partidos, convencidos de esta verdad, nunca han olvi- dado, ni aún en las más críticas circunstancias, los importantes deberes cuyo cumplimiento el interés de la nación les exigía. Desde el advenimiento de la dinastía de Brunswick, los torys estuvieron excluidos más de cincuenta años consecutivos de las posiciones oficiales, del gobierno y de la dirección de los negocios públicos, sistemáticamente, sin motivo y por la voluntad de los monarcas; siendo combatidos en las elecciones con una repugnante ó injusta corrupción electoral. Después de heredar la corona Jorge III, los whigs se vieron alejados del poder cerca de setenta años, no ocultando el rey, de quien recibieron frecuentes, inmotivados y ofensivos desaí- res, la inmensa antipatía que le inspiraban. Lo mismo los torys que los whigs, y es este su timbre más glorioso, aún cuando los soberanos y sus ministros cometían desaciertos y á las veces seguían una política su- nuesta, que producía descontento y agitación en el pueblo, no conspiraron jamás para derribar á sus adversarios con una sublevación militar ó con un motín en las calles; no dejaron de tomar parte en ninguna de las elecciones de representantes para el Parlamento, y nunca celebraron alianzas con los que profesaban principios diametralmente distintos de los suyos, respecto
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de las instituciones constitucionales y de la organización política del país, porque les parecía inmoral y perjudicial para llegar á un fin práctico, siendo monárquicos y parlamentarios, contribuir á la elección de candidatos que, consecuentes con sus antecedentes, en cuanto tomaran asiento en la Cámara habían de hablar y trabajar contra la monarquía los unos, y los otros contra las prerrogativas de los cuerpos colegisladores. En los dilatados periodos que en la oposición permanecieron, ni los torys ni los whigs pidieron para halagar al pueblo y obtener su apoyo un cambio completo en la legislación política, económica y administrativa de la nación. Comprendían que las reformas de cualquier género, para ser fecundas en bienes han de ser lentas, sucesivas y parciales, y han de llevarse á efecto cuando la experiencia y la propaganda constante en reuniones públicas y en la prensa han demostrado su utilidad, haciéndolas aceptables para todos. Si esto no sucede las reformas se convierten en elementos de discordia, que excitan y encienden las pasiones; y son un obstáculo para la conformidad ó acuerdo que sobre las bases fundamentales del gobierno debe existir entre los partidos políticos, los cuales únicamente deben disentir en cuestiones secundarias y de conducta.

Si los hombres públicos ponen en olvido sus sagrados deberes con la nación, descuidando sus vitales intereses y lastimando sus sentimientos religiosos; si no saben ni gobernar ni obedecer, y no se ocupan más que en disputarse el poder y en renir batallas por ambiciones egoistas y mezquinas, no sólo contraen la inmensa responsabilidad de desacreditar la libertad, cuando sin libertad política es en extremo difícil fundar un gobierno estable y duradero en los tiempos presentes, sino que hacen necesario el peligroso remedio de una dictadura que salve á la sociedad de la anarquía mansa ó brava que la consume y la devora, y que ponga término á la infecunda y estéril agitación de los partidos, que contrasta con el cansancio, la postración y el descreimiento del país. En las naciones en que cada partido tiene un personal completo, más numeroso que capaz y honrado, para todos los cargos civiles y militares, cualquiera que sea su categoría, leyes administrativas especiales, y una Constitución política para su uso particular y propio, no puede haber gobierno parlamentario ni gobierno regular de ninguna clase, sino una serie no interrumpida de situaciones de fuerza. Entonces llega una de esas épocas tristes, funestas y lamentables en la historia de los pueblos, en que sólo existen los nombres, las formas y las apariencias, sin la realidad de las cosas; en que se proclaman libertades y derechos y se ejerce opresión y se cometen violencias; en que hay empleados, pero
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pables votaran en el condado; que el derecho que así se quitaba á estos burgos se concediera á las ciudades que habian crecido en riqueza y en importancia mercantil, cuya poblacion no bajase de 15.000 almas, y á los condados más extensos, y que se dictasen disposiciones eficaces contra la corrupcion electoral que iba en aumento. En 1821, castigado el burgo de Grampound con la pérdida del derecho de representacion, votó la Cámara de los Comunes que los dos diputados que elegía se dieran á la ciudad de Leeds; pero los lores consiguieron que se asignaran al condado de York.

El plan de Mr. Lambton en el mismo año, era más radical; suprimia los burgos, dividía los condados en distritos de 25.000 habitantes, que debían elegir un solo diputado, daba la franquicia electoral á todos los inquilinos que pagasen impuestos, facilitaba el acto de la eleccion, y en beneficio de las clases poco acomodadas, disponía que se pagasen los gastos necesarios electorales con la contribucion de pobres (poor rate). En 1822 Mr. Brougham, al abogar por la reforma electoral, denunció la excesiva influencia de la corona en el gobierno y en el Parlamento, y se quejó de los muchos empleados que en la Cámara tenian asiento, aún cuando reconoció que su número había disminuido considerablemente, porque en el siglo xvii llegaron á 300, á principio del xviii quedaron reducidos á 200, en 1780 á 90, y en aquel año (1822) no pasaban de 87. Prescindiendo del punto relativo á los empleados, contestó el ministro lord Londonderry que la supuesta influencia monárquica estaba suficientemente limitada por la absoluta libertad de la imprenta y por la opinion pública. En las legislaturas sucesivas lord John Russell y otros diputados notables continuaron apoyando medidas referentes á la reforma electoral, cuyos partidarios aumentaron todos los años, especialmente desde 1829, en que muchos torys la defendieron y aprobaron, temiendo que los católicos, después de su emancipacion, se apoderasen de muchos pequeños burgos para tener numerosa representacion en la Cámara popular. Así sucedió que una reforma justa y oportuna contribuyo indirectamente á que se realizara otra no menos conveniente. En 1828 pidió la oposicion que la franquicia de Penryn se diese á Manchester y la del Retford oriental á Birmingham. El gabinete propuso que el derecho de uno de estos burgos se diese á una gran ciudad y el del otro á un condado: hubo desavenencia en la discussion: Mr. Huskisson, Palmerston y los ministros más liberales salieron del gobierno, y el acuerdo no se llevó á cabo. Con la resistencia á tan razonables concesiones, las pasiones se exasperaban y la agitacion cundia y se propagaba rápidamente. Lord John Russell,
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no administracion; militares, pero no ejército; ministros, pero no gobierno; diputados, pero no representantes del país; asambleas tumultuosas, pero no cuerpos colegisladores; y como necesario complemento de tanto infortunio, la ruina de la hacienda y una bancarrota segura, consecuencia inevitable del desorden económico, de los despilfarros, de las malversaciones y de escandalosas fortunas improvisadas.

VIZCONDE DEL PONTON.

2 de Abril de 1872.
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DE LA OROGRAFIA CUBANA

ARTÍCULO XVIII.

Orden de sus montañas.—Su principal rasgo.—Con cual de los sistemas conocidos hasta hoy, tanto en Europa como en América, puede corresponderse el cubano.—Se describe el de su orden interior en la parte occidental.—Idem del central.—Idem del oriental.—Mi paso por sus celebres Cuchillas.—Mi subida á la "Gran Piedra." Mi ascension al Yunque.—Climas relativos de todas estas alturas.—Su influjo en la vegetacion.

El orden y sistema que guardan las montañas de esta isla, le forman de un modo sensible, como tres grandes agrupaciones aisladas e interrumpidas en la division de cada uno de sus tres departamentos de Occidente, Centro y Oriente, cuyos núcleos corren de E. á O., que es la misma direccion que desde el cabo de Hornos traen las altísimas montañas ó sierras que introduciéndose en las Canarias desaparecen y se ocultan en dichas islas, volviendo á aparecer en Cuba en la forma que acabo de sentar. Ya en su suelo aparecen abatidas hacia el cabo final llamado de San Antonio, y como cortadas de repente, para reaparecer en gran escala en su centro, y sobre todo en su opuesto cabo de Maisi. Son, en efecto, las de este departamento Oriental las más elevadas, y no sólo de las que componen sus tres principales grupos; sino aun de todas las que presenta el gran Archipiélago de que forma parte, según lo dejé ya sentado en el capítulo VI donde traté de su Cosmogonia, aunque como lo expresé allí en una de sus notas, ya no sigan esta opinion otros escritores, desde que en 1859 se publicara en Santo Domingo por Schomburgk el mapa de esta isla, en el que asigna á su monte Tina 3.140 metros de elevacion, y por lo tanto, 760 más que el Tarquino ó Turquino (1) de Cuba, y más elevado que las alturas del Archipiélago.

(1) Debe ser Turguino (azul), como dice Poey.