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ménos veinte diputados, y esta razonable proposicion, impugnada por miembros de todos los lados de la Asamblea, sin distincion de opiniones, unidos para defender un tradicional privilegio, no ha sido aprobada. Las exigencias de la opinion han triunfado en la practica, y pocas veces usan los diputados de este derecho. Destruido en 1834 el edificio del Parlamento por un terrible y voraz incendio, del cual se salvó el magnífico salon en que se había verificado el proceso de Carlos I, en el local provisional que hubo que habilitar para las sesiones de los dos cuerpos colegisladores, se destinó á los redactores de los periódicos, que hasta entonces habían estado confundidos con el público, una tribuna separada que se ha conservado en las dos cámaras del nuevo y suntuoso palacio de Westminster; quedando autorizados desde aquella época, de esta manera indirecta, á dar cuenta detallada de cuanto ocurre en el Parlamento y de los acuerdos que toma. Justo es reconocer que se han hecho los periodistas acreedores á esta concesion por el respeto y la compostura que observan constantemente, y por el importante servicio que al país y al Parlamento prestan, publicando con una prontitud y una exactitud ciertamente maravillosas los debates completos de ambas Cámaras. Los diarios oficiales de sesiones de las naciones del continente son inferiores en este punto al Times y á otros periódicos ingleses. Pero es tan grande la repugnancia que hay en el Parlamento á alterar los antiguos reglamentos, aunque hayan caído en desuso, que hasta 1845 no ha reconocido oficialmente la Cámara de los Comunes que el público puede asistir á las sesiones; y tan sólo desde 1853 se le permite permanecer en las tribunas y estar presente durante las votaciones.

La publicacion de los debates parlamentarios facilitó é hizo irresistible la influencia de la opinion del país en las Cámaras, y por consiguiente en el gobierno; pero la responsabilidad de los diputados ante la nacion y muy especialmente ante el cuerpo electoral no existia, porque no se daban al público las listas completas y exactas de las votaciones. Se sabia la opinion del corto número de lores y diputados que en cada discusion tomaban parte; mas no habia medio de conocer las de los demas miembros del Parlamento, porque se ignoraba quiénes asistian, quiénes apoyaban al gabinete y quiénes estaban en la oposicion. Se publicaba el resultado de las votaciones, sin designar los nombres de los que en cada caso constituián la mayoría y la minoría. Comprendiendo los graves inconvenientes de este sistema, la asamblea electiva decidió por fin en 1836 publicar diariamente, como parte esencial de sus procedimientos y de sus actos las
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listas completas de todas las votaciones. Hasta 1857 no siguió este buen ejemplo la cámara hereditaria, que solamente desde aquel año permitió también que el público presenciara sus votaciones. La Cámara de los Comunes, con objeto de contribuir á la ilustración del país, ha resuelto desde 1835 que los documentos (blue books) que presenta el gobierno al Parlamento sobre todos los asuntos importantes de política interior y exterior, y que impresos se reparten á los lores y á los diputados, se vendan á reducido precio para que lleguen á conocimiento de la nación.

El gabinete del conde de Grey, que tan trascendentales reformas había llevado á efecto, debilitado por la dimisión de lord Stanley, de sir J. Graham y de otros dos ministros importantes, al discutirse la aplicación del sobrante de las rentas de la iglesia de Irlanda, y por la desunión y falta de acuerdo que entre los otros miembros del gobierno había, presentó su dimisión en 1834; y le sucedió el de lord Melbourne, que también representaba al partido liberal y contaba con mayoría considerable en el Parlamento. Un acontecimiento inesperado, casual e insignificante sirvió de pretexto á Guillermo IV para procurar su caída. Lord Althorp, que era jefe ó director de la mayoría ministerial en la Cámara de los Comunes, tuvo que renunciar el cargo de Canciller del Exchequer y pasar á la alta Cámara por muerte de su padre lord Spencer, cuyo título y asiento en la asamblea aristocrática heredaba; y aun cuando lord Melbourne propuso el nombramiento de lord John Russell para reemplazar á Althorp, el rey á quien inspiraban desconfianza las opiniones y las tendencias de los liberales en las cuestiones relativas á la iglesia anglicana en Irlanda, determinó que se retirara todo el ministerio, para llamar al poder á los conservadores. Aquel gobierno tenía el apoyo seguro del Parlamento; no había ocurrido desavenencia alguna entre los ministros; no existía desacuerdo entre ellos y el monarca por ninguna cuestión política ó de interés para la nación, y por lo tanto su destitución, que era completamente inconstitucional, no reconocía otra causa que la regia voluntad. No había ejemplo de una crisis semejante, ni aún en los tiempos en que Jorge III conspiraba contra los gabinetes whigs; porque entonces el soberano trabajaba por medio de sus partidarios y protegidos, desleal y descaradamente, para que el Parlamento desaprobara los proyectos de ley de sus propios ministros, pero el gobierno caía por una votación contraria de uno de los dos cuerpos colegisladores; mientras que ahora se destituía á un ministerio con mayoría parlamentaria, y únicamente porque un ministro pasaba de una Cámara á otra. El duque de Wellington, á quien consultó el monarca, le aconsejó que encar-
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gara la formacion de la nueva administracion á sir Roberto Peel, que viajaba por el continente y se hallaba en Roma, no pensando que pudiera ocurrir á la sazon en su pais un cambio ministerial; y hasta que llegara, aceptó Wellington el puesto de primer lord del Tesoro y los sellos de secretario de Estado, tomando por único colega á lord Lyndhurst, á quien se confió el gran sello, si bien conservó el cargo que anteriormente desempeñaba de lord primer baron del Tribunal del Exchequer. Se había prescindido enteramente en aquella ocasion de las reglas, de las prácticas y de los principios que siempre se observan en los paises regidos por sistema representativo. En circunstancias normales, con el Parlamento cerrado, en plena paz interior y exterior, no habiendo peligro inminente que exigiera apelar á este recurso extremo, el gobierno estaba en manos de una sola persona, que representaba á un partido, que no tenia mayoria en la Cámara electiva. La sensatez, la prudencia y el patriotismo de todos, hicieron que se saliera al cabo de algunos meses, sin dificultad y sin trastornos, de aquella irregular situacion, inoportunamente traída por el capricho de Guillermo IV. Wellington, durante su dictadura, no dispuso de ningun destino, no adoptó ninguna medida de carácter politico, tan sólo ejecutó aquellos actos indispensables para el despacho de los negocios públicos y privados y para el servicio del rey y de la nacion, á fin de no aumentar los obstáculos para la resolucion de aquella crisis. El partido liberal, que era monárquico por conviccion, sin que se modificaran sus ideas en este punto cuando en la oposicion estaba, y que creia que la politica es algo más formal y más grande y elevado que ocupar destinos, hartar ambiciones y satisfacer vanidades; y que pensaba que los partidos parlamentarios deben valerse siempre para luchar y para vencer de medios legales y pacíficos y no ocasionados á complicaciones peligrosas, observó una conducta digna y moderada. Sus jefes más eminentes no hicieron desaires al rey, no celebraron reuniones públicas para amenazarle y desprestigiarle, actos siempre censurables, pero que lo habría sido más en los que acababan de ser ministros, no pensaron en injustificados retrajimientos, y no trataron ni por un momento de realizar coaliciones monstruosas, inspiradas por el despecho y, y sostenidas por el egoísmo, que si pueden servir para derribar á un gabinete, hacen imposible el gobierno representativo. Ninguna de estas faltas cometieron los liberales ingleses; respetaron y acataron la prerrogativa del monarca de elegir y nombrar sus consejeros responsables, aunque se había ejercido infringiendo las prácticas y las teorías constitucionales, y con la conciencia de no ser una agrupacion politica artificial, sin raices en el pais; seguros de repre-
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y sostenida por un gabinete conservador, disminuyó la alarma y se acallaron en parte los escrúpulos de los protestantes. Teniendo presente estas esenciales circunstancias, hay que reconocer que Peel y sus colegas prestaron en aquella ocasión un eminente servicio á la nación y se condujeron con laudable patriotismo. Pero es también innegable que la cuestión católica, que ya anteriormente había producido la caída de Pitt y de Fox, dividió profundamente al tradicional partido tory, preparando la aproximación y luego la unión entre los torys liberales y los whigs, que tan considerables resultados políticos tuvo en lo sucesivo. Ya en 1827, cuando por muerte de lord Liverpool, fué primer lord del Tesoro Jorge Canning, le abandonaron, por ser el decidido campeón de los católicos, Wellington, lord Eldon, lord Bathurst, lord Melville y Peel; permanecieron á su lado lord Palmerston, Huskisson y Copley, entraron en el ministerio lord Lansdowne, lord Carlisle y Tierney, y le apoyaron los whigs en su política extranjera y en la defensa de la libertad religiosa. Del gabinete del duque de Wellington en 1828 formaron parte en un principio Palmerston y Huskisson que no tardaron en retirarse. El partido tory, desunido y fraccionado, recibió un rudo golpe con la aprobación del catholic relief bill, que le debilitó en gran manera, y que le impidió continuar por más tiempo en el gobierno. El ministerio del duque de Wellington denunció en 1830 á los periódicos, por los duros ataques que le dirigían á consecuencia de su cambio de opinión respecto de los católicos. Se impusieron castigos á algunos escritores, si bien otros fueron absueltos. Estos procesos merecieron la reprobación general, y desde entonces la imprenta ha gozado de omnimoda libertad para criticar y censurar todos los actos de los poderes públicos, sin esponerse á persecuciones.

Emancipados los católicos, los jefes importantes del partido liberal en las Cámaras y el público fuera del Parlamento, se ocuparon exclusivamente de la reforma electoral, cuya necesidad se había demostrado en el reinado de Jorge III y que ahora reclamaba con energía la mayoría ilustrada de la nación. Desde el restablecimiento de la paz general en Europa se habían hecho frecuentes proposiciones en este sentido.

En 1818 sir F. Burdett, intérprete fiel de la opinión manifestada en diferentes meetings democráticos, pidió sufragio universal para los hombres, distritos electorales iguales, votación secreta y parlamentos anuales. Dos años después (1820) lord John Russell, que á la sazón comenzaba su brillante carrera política, propuso que los burgos en que notoriamente prevalecía la corrupción, dejaran de elegir diputados, y que los electores no cul-
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sentar los verdaderos intereses de la nación, y contando con el apoyo de la opinión pública, aguardaron á que el Parlamento se reuniera para combatir al nuevo ministerio; y hasta que llegó aquella época permanecieron tranquilos, con dignidad, absteniéndose de perturbar el país, sin intrigar en palacio, sin conspirar con elementos revolucionarios, como cumple á partidos que se respetan y que en algo estiman el porvenir de la patria. Digno de elogio y de imitación fué el proceder del duque de Wellington en aquella grave crisis. Llamado espontáneamente por el rey, siendo la primera gloria militar de Inglaterra y de Europa, y la persona de mayor autoridad y más considerada en el Reino Unido, por sus brillantes hechos de armas y por los eminentes servicios que había prestado, tuvo la insigne modestia de no aceptar la presidencia del gabinete, recomendando que se confiara á un hombre civil, y comprometiéndose á ayudarle leal y desinteresadamente con su inmensa influencia en la difícil empresa que se le encomendaba. Dichosa la nación en que el vencedor de los más afamados mariscales del imperio y el héroe de Waterloo daba este magnífico ejemplo, porque había la seguridad de que el allí órden y las instituciones no estaban á merced de militares ganosos de medros.

Disolvió Peel el Parlamento, y en las elecciones que se verificaron en 1835 se vió palpablemente la preponderancia que con el bill de reforma la opinión pública había alcanzado. Antes de la aprobación de aquella ley, todas las elecciones habían sido favorables al gobierno que las dirigía; ahora por vez primera las ganó la oposición, si bien la hueste conservadora que únicamente contaba con 150 votos en la disuelta asamblea, tuvo en ésta 250. El ministerio fué derrotado en la elección de presidente de la Cámara de los Comunes por diez votos, y en la aprobación de la contestación al discurso de la corona por siete, sin que se creyera obligado á retirarse; porque en Inglaterra aquellos actos no tienen carácter ni significación política, y es necesario, para que un gabinete caiga, que quede en minoría en un asunto de interés para el país; pero á los pocos días, combatido obstinadamente por los liberales de todos los matices, perdió por 35 votos una votación relativa á los diezmos en Irlanda, y presentó inmediatamente su dimisión en Abril de 1835. En el segundo ministerio de lord Melbourne, que se compuso de liberales, antiguos whigs en su mayor parte, entró también Mr. Poulett Thomson que por sus avanzadas opiniones representaba á los radicales; siendo esta la vez primera que aquel partido tenía intervención directa y oficial en el gobierno de la nación. Este gabinete se mostró partidario de la tolerancia y de la libertad
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religiosa con el establecimiento del registro nacional de nacimientos, matrimonio y defunciones, que tan provechosos resultados habia de producir para todos los actos de la vida civil y para todos los procedimientos legales; y con el reconocimiento de la validez de los matrimonios de los no conformistas y de los disidentes pertenecientes á cualquier secta, celebrados ante los sacerdotes de su religion. Las dos reformas de mayor importancia que llevó á efecto, fueron sin duda la de los diezmos que se pagaban á la iglesia, y la relativa á los ayuntamientos ó corporaciones municipales. — Los diezmos en especie, establecidos desde la edad más remota eran vejatorios en la cobranza, una rémora para las mejoras y los progresos agrícolas, y un motivo de impopularidad y hasta de odio para el clero. Los defectos y los inconvenientes de este sistema eran tan notorios, que varios ministros habian procurado modificarlo en distintas épocas, especialmente Guillermo Pitt en 1791, Lord Athorp en 1833, y Roberto Peel en 1835, aunque no lo habian conseguido. La ley presentada por el gabinete de lord Melbourne, y votada por el Parlamento en 1836, convirtió los diezmos en renta en dinero, impuesta sobre las fincas rústicas, que variaba según el término medio del precio del trigo en los siete últimos años. En donde no hubo convenios ó arreglos voluntarios, la conversion fué forzosa, y se llevó á efecto en términos y con condiciones razonables por especiales comisionados, habiéndose realizado al cabo de 15 años en casi todas las parroquias de Inglaterra y del país de Gales, con gran beneficio para el clero anglicano, que contó con una renta pingüe y segura, evitando las cuestiones desagradables con los feligreses, que causaba constantemente la percepcion del diezmo en especie.

Según la antigua organización de la parroquia, que es en Inglaterra la unidad administrativa, y con arreglo á la ley comun, todos los feligreses ó vecinos de la parroquia que pagaban algun impuesto, tenian derecho para reunirse en la sacristía y tratar de los asuntos del distrito municipal. En muchas parroquias este sistema cayó en desuso y algunos vecinos irresponsables y que se elegian reciprocamente, contando con la aquiescencia ó con la indiferencia de los demás, se arrogaron el exclusivo derecho de imponer contribuciones, administrar los fondos comunales y ejercer autoridad local. Andando el tiempo, este abuso sancionado por los tribunales se admitió como una excepcion legal de la ley comun; y tan grande llegó á ser el poder de estas limitadas y especiales juntas parroquiales, que se reunian sin previo aviso al público, y sus decisiones eran obligatorias para todos los habitantes de la parroquia. Una ley propuesta en 1831 por Sir John Hobhouse,
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y aprobada por las Cámaras puso término á esta irritante usurpacion. Con arreglo á sus disposiciones, todos los habitantes de una parroquia que pagasen impuestos (rated), tenian derecho á elegir la junta parroquial (vertry); la votacion de la junta debia ser secreta, y para ser miembro de la junta (vestryman) se exigia pagar un alquiler de casa de 10 libras esterlinas en las parroquias de 3.000 ó menos habitantes, y de 40 libras esterlinas en las de más de 3.000 y en la metrópoli. Esta ley que acababa con los privilegios exclusivos y restablecia el antiguo derecho, y que era aplicable á las ciudades, villas ó parroquias en que hubiese 800 inquilinos que pagasen el impuesto de pobres, si lo deseaban la mayoria de los contribuyentes, se adoptó en algunas parroquias populosas de la metrópoli y de otros puntos, pero no en la mayor parte de Inglaterra.

La acertada organizacion municipal de un pais es la indispensable base para su buena administracion, para su prosperidad y para su libertad politica. Donde las ciudades, las villas y las aldeas estén mal organizadas, lo estará precisamente la nacion, que no es sino la suma, la reunion y el conjunto de todas las municipalidades; y el pueblo que no sepa administrar convenientemente los intereses y desarrollar la riqueza de los distritos municipales, será incapaz de gobernarse á sí mismo, y de intervenir en la gestion de los negocios publicos. En Inglaterra, igualmente que en los otros paises, la historia y las vicisitudes de las municipalidades, está estrechamente unida á la de las asambleas politicas.

En la Edad Media las instituciones locales se fundaban, como las parlamentarias, en un principio democratico. Los habitantes y traficantes de las ciudades que pagaban impuestos locales, tenian voz en la decision y en el manejo de los asuntos municipales. Durante algunos siglos, todos los vecinos contribuyentes se reunian para ocuparse de estos negocios; elegian un mayor ó alcalde; pero no delegaban sus prerrogativas en un ayuntamiento. A medida que aumentó el comercio y crecieron las ciudades o poblacion, se introdujo para la administracion municipal, como para el gobierno parlamentario, el sistema de representacion, que pronto degeneró ocasionando abusos. Elegidos los vecinos más ricos e influyentes, no tar- daron en monopolizar los derechos que hasta entonces habian disfrutado las clases inferiores, y circunscribieron á un corto número de personas la facultad de elegir el ayuntamiento ó la corporacion municipal, que antes correspondia á todos los contribuyentes de la localidad. Los monarcas de la dinastia de Tudor completaron y perfeccionaron esta injusta practica, utilizándola para disminuir los derechos del pueblo, y dándola un carácter
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legal de que hasta aquel tiempo había carecido. Otorgaron á muchos burgos cartas (charters) confiriendo ó restableciendo el privilegio de enviar diputados al Parlamento, en las cuales se concedía exclusivamente el gobierno municipal al mayor y al ayuntamiento, nombrados la vez primera por la corona y designado después por el ayuntamiento saliente, que podía reelegirse; y en la mayor parte de estas cartas el derecho de elegir miembros para la Cámara de los Comunes correspondía únicamente á estas corporaciones, sin iniciativa y sin vida propia, que eran hechura y dependían del monarca; y todavía con objeto de aumentar más la influencia del soberano y de la aristocracia, se nombraba con frecuencia un funcionario, llamado high steward, especie de corregidor, que presidía y dirigía el ayuntamiento. Imposible era llevar más lejos el desprecio y la violación de las franquicias municipales del pueblo. Los Estuardos no se apartaron de este sistema tan cómodo y favorable para monarcas inclinados al absolutismo, y Carlos II y Jacobo II reformaron, en sentido muy restrictivo, las escasas corporaciones locales que habían podido conservar la antigua organización democrática. Las libertades municipales nada ganaron con la revolución de 1688 ni con el advenimiento de la dinastía de Brunswick. Los vecinos de las ciudades, cuya población y riqueza habían crecido considerablemente, no tenían voto ni intervención en la resolución de los asuntos de interés local, de los cuales únicamente entendían corporaciones irresponsables, cuyos procedimientos y sesiones eran secretos, que se elegían á sí mismas, compuestas de un reducido número de familias poderosas y de unas mismas opiniones políticas, que empleaban el ascendiente que su posición les daba para mantener ó acrecentar la preponderancia de su partido. Ocupábanse tan sólo de política y de proteger á sus parientes, amigos y partidarios, des- cuidando las obligaciones de sus cargos, con perjuicio notorio de la policía, de la higiene y de las indispensables mejoras de las ciudades y localidades cuya administración les estaba confiada. Aun la justicia local estaba encomendada á personas en quienes con razón se suponía marcada parcialidad por motivos políticos. No se ponía remedio á estos privilegios irritantes, injustos y opresivos, porque estas corporaciones tenían también exclusivamente el derecho de nombrar ó elegir diputados. Podían con facilidad influir en ellas el monarca y la aristocracia para favorecer á sus candidatos: las sobornaban los ricos capitalistas para procurarse asiento en la Cámara de los Comunes; y unos y otros estaban interesados en mantener estos abusos de que se aprovechaban, y en no aumentar el número de electores. El bill de reforma de 1832 hizo indis...