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EN LOS DELITOS POLÍTICOS.

dencia, con la sujecion á una legalidad determinada; adquiere, decimos, un carácter personal que le hace objeto de delito.

Sin esta propiedad moral ó facultad del Estado de degenerar en poder, gobierno, autoridad, etc., no habría delitos contra el Estado, porque el Estado es una persona moral, contra la que nadie puede delinquir, no siendo delincuencia sino lo que es injusticia, lo que atenta á la propiedad, al derecho de una, varios, muchas, indefinido número de personas.

Partiendo de esta base, el delito político cabe en la esfera de un código hecho para penar toda clase de delitos; pero el fin de la pena, la responsabilidad jurídica del delincuente, el estado circunstancial que ha de decidir no sólo del delito sino de la agravación ó atenuación que le sea propia, la necesidad de admitir varios y diferentes estados en el objeto del delito, según la sociedad política acepta ó rechaza con manifestaciones ostensibles los actos que emanan de los poderes públicos, todos estos son datos que tener en cuenta, y que, contra lo que es precisamente un progreso notable del derecho penal, tienen que dar cabida al arbitrio prudente de los tribunales, ó dejar que se incurra en una severidad de fallo incompatible con los buenos principios que rigen la administracion de justicia.

La rebelion y sedicion tienen un carácter de gravedad distinto cuando se dirigen contra un poder, cuyas instituciones liberales ponen en manos del pueblo los medios de escudarse contra toda injusticia y arbitrariedad, que cuando tienen por objeto sacudir la opresion de que son víctimas los rebeldes sediciosos.

El crimen de lesa majestad, que es el más grave de los delitos políticos, porque es el que se acerca más á los comunes, no puede tener el mismo carácter cuando se ejecuta contra un rey absoluto, que cuando se ejecuta contra uno constitucional. La rebelion contra un gobierno en la ocasión de cobrar un impuesto gravoso, cuando se prepara á efectuar un golpe de Estado, cuando se trata de declarar una guerra que ha de comprometer estérilmente el honor y el eario del país, y en otras circunstancias análogas, no pueden penarse con la severidad que en otros distintos estados del poder respecto á los que han de ser considerados como rebeldes.

Y aun estas circunstancias ofrecen un carácter pocopreciado en los casos de mayor gravedad.

Para penar los delitos políticos es necesario que se diga por el legislador, si acepta ó no como legal la existencia de los partidos. Un partido es una agrupacion de hombres que conspiran á un mismo fin, ligados por comunión de ideas.
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Los partidos no son escenetas de propaganda; si lo fuesen, el poder no necesitaba para sostener el orden público de la fuerza militar; bastábale el estar rodeado de ciertas eminencias autorizadas por su ilustración, ó de ciertos hombres cuya destreza en manejar la potente pluma ó la imperiosa palabra pulverizasen el edificio levantado por las oposiciones sobre la opinión pública. Los partidos son agrupaciones, falanjes enemigas, que no reconocen más objeto sagrado que el de la victoria.

Aceptada por ellos la teoría de que el éxito justifica cualesquiera medios; aceptada, por consiguiente, la de que es lícita la sublevación en armas, no hay sino un deber imperioso, economizar la lucha, tener oportunidad, acierto.

No hay otro deber ni otra regla moral á que atenerse.

Los conspiradores de La Rápita intentan sorprender al país, preocupado con una guerra nacional; el ejército español ha invadido el territorio africano y se reproduce por un momento histórico la lucha de dos razas vecinas, que se odian y se dominan por su religión diferente. Un partido político conspira entonces y pretende excitar la guerra civil necesaria para su triunfo, ó cree que es llegada la feliz ocasión de derribar un trono desvalido. ¡Traicion á la patria! dice el criterio político, juzgador de este crimen. El criminal no es traidor; la regla moral de los partidos es economizar sangre, la regla moral de los partidos es su oportunidad, y el momento más oportuno es aquel en que la victoria es más fácil.

Los sublevados de las Cabezas de San Juan dejan que pierda su patria ricas posesiones y dominios; los sublevados de Gracia comprometen el éxito de la guerra por conservar á Cuba. ¿Puede ser más grave el delito de rebelión que en esos días críticos para la patria?.... ¿Por qué pues los sublevados del año 20 serían reos de muerte, frustrada su empresa, los del año 60, reos de muerte y los del año 69 dignos merecedores de pronta amnistía? Porque el criterio jurídico viene aconsejando una lenidad indefinida, porque el delito político siquiera traiga á su ejecución otro delito horrendo, el de lesa patria no presenta el carácter de gravedad con que en otro tiempo era considerado.

Hay una razón más poderosa todavía; la ineficacia de la severidad en esta clase de delitos. Que el rebelde ó sedicioso sea sometido á un consejo de guerra que ha de fallar su muerte. En presencia de tan tremendo castigo los rebeldes son héroes; disputarán la victoria con el denuedo con que se disputa la vida.

Y ¡ay! del poder si entre los rebeldes hay algun caudillo que tiene en
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alto precio su vida! Dueño de una poblacion se apodera de sus habitantes y de sus bienes y los deja perecer todos, é incendia la poblacion antes de ser entregado aún plenamente convencido de su derrota.

Un rebelde que lleva la seguridad de ser condenado á muerte, á una muerte que en su concepto es injusta, se ve acometido de un furor vertiginoso y venga su destino con la destrucción de cuanto á su paso alcanza. En vano la ley anuncia el castigo antes de que la falta se cometa; en vano el sistema de prevencion y el de intimidacion cobijarian esta pena. La conspiracion no se acalla por temores fundados. Guizot ha dicho con verdad y acierto (1) que los conspiradores, como los abanderados para una guerra, van dominados por la esperanza de que no ha de caberles en suerte el ser blanco del plomo homicida.

Reflexiones semejantes á las que hemos enunciado sobre la gravedad del delito político, cuando su comision garantiza como más probable el éxito, aún á riesgo de comprometer la patria nos sugiere la gravedad de ese mismo delito según la diferencia de instituciones emanadas del poder que se pretende derrocar.

Deciamos que la rebelion y la sedicion tienen un carácter de gravedad distinta, cuando se dirigen contra un gobierno de instituciones liberales que contra un gobierno opresor.

Conste que esta gravedad digna de tenerse en cuenta en todo juicio legal no es para dar como autorizada la imposicion de mayor pena. Hay una compensacion que regula la diferencia, hay una verdad que la destruye. Si el rebelde que ha podido disponer de inapreciables medios á los que tiene derecho sancionado por ley fundamental es criminal en grado superior al que de ellos carece; si es atenuante la circunstancia de que el rebelde parezca oprimido y el poder opresor, ¿no lo es tambien y muy atenuante el caso especialísimo de que esos derechos sancionados y reconocidos traen su derivacion mediata de un acto de rebeldia? ¿cuánto tiempo es calculable para que un poder tenga legalidad imprescriptible? La ley obliga luego de ser promulgada y el poder que legisla es la fuente, el origen visible de la legalidad; pero si esa ley, si esa legalidad trae su derivacion mediata de un acto de rebeldia, siquiera una asamblea con su derecho supremo haya aceptado consideradamente el motivo que preside la formacion del poder, ¿no da cierta atenuacion á la rebeldia el hecho de proceder equivalentemente el objeto del delito y el poder que ha de juzgarlo? Porque lo

(1) Guizot.—De la pena de muerte por delitos politicos. Paris 1822.
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cierto es que si la legalidad descansa en las eternas bases de la justicia, y el poder en los eternos principios de autoridad; ni la legalidad, ni el poder emanados del derecho positivo, tienen ni pueden adquirir ese elevadísimo carácter en épocas como la presente en las que se acepta la teoría de que la ley es la voluntad general y todo poder se atribuye en el acto de legislar el privilegio de interpretarla y la garantía y motivo de certeza que produce la existencia del parlamento formado por derivación inmediata de la libre emisión del pensamiento y la voluntad en el sufragio. Esta artificiosa combinación é ingenioso organismo de los poderes modernos, sin duda alguna preferible al de los antiguos, asentados sobre el absurdo del derecho divino, pone más en contacto, establece relaciones superiores entre el poder y los por él regidos. Ligados así gobernantes y gobernados, obtienen estos una intervención directa sobre los actos de aquellos, se les concede como seres elevados á tan alta jerarquía la facultad de discutir públicamente los actos del gobierno, la de reunirse y hacer manifestaciones pacíficas en demanda de alguna reforma ó en muestra de agravio por ciertas disposiciones ó leyes. Si el estar legalmente reconocido el derecho de hablar, discutir, impugnar, asociarse y manifestarse contra los actos de un gobierno da á la rebeldía y sedición un carácter de gravedad, que se pretende no existir bajo el imperio de un poder tiránico, advertiremos el error que á poco esfuerzo se descubre. La tiranía, cualquiera que sea la forma de gobierno de que toma carácter, no reconoce como legítimos los derechos asignados en un código fundamental democrático, y siendo la manifestación por ejemplo, un crimen, la rebelión lo será incomparablemente más grave. Luego la gravedad del delito político está en razón inversa de la libertad, luego cuanto más liberales sean las instituciones de un poder, más atenuantes son los delitos que contra él se cometan, porque la legalidad de ese poder que establece la facultad de ser impugnado y combatido por medios morales no puede señalar un límite, ni poner una valla á la posible crisis, al cambio posible de medios que morales ó materiales reconocen un mismo fin.

Un poder, pues, que acepta como legal la impugnación y ataque á sus actos por la prensa, la palabra, la reunión y la manifestación, no debe considerar como agravante la circunstancia de que la rebeldía nazca al abrigo de libertades que ejercidas con dignidad la hacen innecesaria.

Es doloroso hacer estas afirmaciones, y aceptar la responsabilidad de ellas en tiempos como los presentes, cuando sobre nuestra cabeza se extiende la oscuridad del porvenir y el perpetuo fantasma del desorden; pero si hoy que los poderes vacilan y rinden callado homenaje al sistema opre-
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sor, creyendo que la libertad no se basta á sí misma en la difícil obra de su conservación, si hoy que se trocará la excelencia de la doctrina por la seguridad del orden no han de contrariarse la vulgaridad de parecer y de conducta, menguada é innoble fuera la afectada prudencia del silencio.

¡Ciertamente que es triste vivir largo tiempo luchando por el triunfo de una idea generosa, y verla percibir herida en su misma generosidad!

¡Sufrir persecuciones y martirios por alcanzar un fin y entregarse á contemplaciones halagüeñas, cuando un centenar de aleves enemigos puede destruir el objeto de tantos y tan prolongados dolores! ¡Levantar sobre la cumbre de un pueblo el ídolo de la justicia y la libertad, para que este pueblo prefiera hundirse por sepultar el ídolo! ¡Ah, no hay sueño en política tan deleitoso como establecer y dar majestad á las instituciones con una firmeza y una imposición que envidiara la tiranía; crear las costumbres democráticas y el respeto y estimación á las instituciones enderezando los pueblos con la fusta dictatorial á la manera que con el temor del castigo educaba antiguamente el preceptor de la juventud desaplicada!

Pero si esto es una contradicción horrible, si no tiene la justicia el doble rostro de las fábulas antiguas, si esas instituciones que franquean el progreso en las sociedades, rechazan toda quimera de dictadura ni despotismo, ¿qué garantía de seguridad tiene un poder, un gobierno innovador acostado y perseguido cual débil barca por la galerna de una opinión salvaje henchida de nefandos horrores y congénito, feroz idiotismo? Así exclama, así ha pensado en un momento de incertidumbre y desconfianza el hombre de avanzada doctrina que ve romperse, desasirse de sus mismos quicios el mundo de la libertad moderna. Y es á la ignorancia ruda de esas masas que se levantan ligeras como el polvo agitado por un ráfaga de viento á quienes se atribuye la enorme culpa de impedir que llegue hasta su conocido máximo el progreso de la verdad política. Como si no fuera más accesible á la corrupción, y no propendiera más al desorden esa otra masa de políticos que blasonan de conocer y seguir con acierto y virtud las más autorizadas teorías!

¡Ah, que el criterio juzgador de delitos políticos no se deje llevar de la vulgaridad insigne que señala como más culpable al rebelde y sedicioso de una sociedad política de cumplidos medios legales, para inclinar el poder á determinadas reformas! Precisamente porque tan ineficaz es la teoría legal porque es advertido el fenómeno de que no brota de las urnas la voluntad general ni influye la repetida observación de los órganos de la prensa, ni los poderes siguen una marcha paralelo á las aspiraciones gene-
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rales, es por lo que la libertad y el orden no se consorcian ni prestan mutuo apoyo.

Y si esto es irrealizable porque la prensa y los demás órganos y medios de influir directamente en el campo del poder no guardan identidad de miras, es diverso y contradictorio tal vez su criterio, son inatendibles observaciones inspiradas en un deseo constante de desprestigiar, herir, divorciar al gobierno de la opinión pública, si no basta para calmar y satisfacer los espíritus inquietos y rebeldes, clasificar sus aspiraciones y aceptar aquellas que son comunes á todos y se insiste en ponerlas de relieve para ser atendidas, ¿hay en un poder la facultad de prevenir y evitar la comisión de delitos políticos? ¿cabe en lo posible el establecimiento y régimen de aquellos principios, la práctica de aquellas teorías aceptadas indistintamente por todas las escuelas y partidos? No, porque todo lo general es abstracto, y nunca que lo abstracto se concreta, puede dejar el ánimo tranquilo y satisfecho.

Pídese comunmente economía en el presupuesto, moralidad en la administración, justicia en la recompensa; pídese también igualdad para el que infringe una ley del Estado, y reparación y castigo para el que abusa de sus funciones en perjuicio de la legalidad como para el que abusa de sus derechos en perjuicio del orden; pídese que no sea preferido para cargos públicos el más adicto, con menosprecio del que es más apto y tiene dadas señaladas pruebas de su aptitud. Y bien, ¿hay alguna fracción, algún partido interesado en que un poder se desprestigie y embarace, que responda de ser económico, moral, justo, igualmente severo, é imparcial y perfecto distribuidor de beneficios y cargos públicos? ¿Hay alguno que concrete estas peticiones abstractas, y proporcione y arregle su conducta á todos los casos y circunstancias que pueden surgir de tan fecundo objeto?

Ni absoluta ni relativamente hablando en término vulgar es aceptable la hipótesis. Sólo es dado á un poder alejar de sí todo motivo palmario de enconada lucha, tener exquisita vigilancia y preciarse, sin artificiosa muestra ni alarde importuno, de seguir una política que consuene y se ajuste al ideal de los más autorizados hombres públicos. Le es dado también y ¡ojalá no hubiera tantas veces malogrado la ocasión de establecerla! adoptar una organización política para el municipio y aún la provincia que robustezca la autoridad local y ataje en sus primeros pasos cualquiera manifestación imponente que amenace turbar el orden público. El pueblo dominado por el pueblo, solidarias de su orden y perfecta armonía las instituciones que rigen, dando majestad á las autoridades locales; ¡cuantos
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medios tiene á su alcance un político acucioso, é interesado en el cumplimiento de mision tan elevada! ¡cuanto, no pueden bajo un régimen cualquiera el ánimo sereno y esforzado, la expresion tranquila y confiada y la opportuna accion del ministro que gobierna el Estado!

M. DE RIVERA DELGADO,

(La continuacion en el próximo número.)
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pobres de gracia y á los vecinos por las dos primeras visitas no les lleve blanca.» Poco á poco fué aumentándose el salario señalado al médico: en 1568 se recibió uno nuevo con 6.000 mrs.; en otros tantos, y 2.000 más para ayuda de costas, se ajustó por tres años, en 1571, al licenciado Morais, con obligacion de curar de balde á los pobres de la ciudad y hospital; 8.000 se daban, cuatro años después, á uno que trajo el obispo: en el siguiente año de 1576, se concertaron con el licenciado Vega en 10.000 maravedises anuales, con las condiciones ordinarias: y en el último decenio del siglo se aumentó tanto ese salario, que al que había, á principios ya de 1590, se le daban 46.000 mrs.; de ellos 10.000 el obispo, 16 la ciudad y 20.000 el cabildo catedral; y al licenciado Maldonado se le señalaron en ese mismo año 250 ducados, de los que tocaba pagar á la ciudad 32.599 maravedises; salario igual al que se señaló en 1600, al licenciado Valdés Feijoo.

La falta de asistencia y hasta la impericia de los facultativos exigian á menudo que el concejo les dedicase su atencion y dictase severas medidas. El regidor Pedro Fernandez Tomás, pidió en 1553 que se retirase el salario al médico por cuanto le ha llevado y lleva sin causa, y se ausenta mucha parte del año fuera; el que había en 1575 satisfacía tan poco al concejo «que se le mandaron pagar los 8.000 mrs. con que se modere en el llevar de las curas que hace y no salga de la ciudad;» y al poco tiempo se le despidió, «porque hasta ahora no ha hecho entender si era letrado en medicina, y porque por hexpersencia se a visto cosas ynutiles suyas al entendimiento de la medicina;» y en 1588 se le descontó un tercio del salario al médico licenciado Lafuente porque se ausentaba con frecuencia.

En cuanto la ciudad quedaba sin médico, el concejo procuraba remediar la falta; ya enviando un comisionado expresamente para buscarle, como se envió al boticario que trajo al licenciado Morais en 1571, ya reduciéndose á entablar tratos con el obispo y cabildo, como en 1575, de cuyo salario, mas que del que daba el concejo, dependia el médico; y hasta con los monges del monasterio poco distante de Villanueva de Lorenzana, á quienes se escribió en 1576 invitándolos para que ayudasen á su paga.

Además del médico, eran objeto tambien de la atencion del concejo en el ramo de sanidad, el cirujano y el sangrador y barbero. En 1561 recibió por vecino á Rodrigo Fuertes, cerujano, cuya posicion social no debia ser muy elevada si se nide por la de su fiador Nicolás Rulan, teniente de alguacil, y en 1583 á Joanes Palmeiro, cirujano. Más importancia que á estos profesores se concedia á los barberos-sangradores: ya en 1506 nombró
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IDEAS GENERALES

Y OPINIONES HOY REINANTES

SOBRE ORGANIZACION DE LA FUERZA ARMADA

SEGUNDO ARTÍCULO.

I.

En la última parte de nuestro anterior artículo hemos contestado á los argumentos que suelen hacer los partidarios de las quintas contra el ejército formado de voluntarios, y contra el sistema prusiano del armamento nacional. Tócanos ahora explicar por qué, aceptando el principio general de derecho en que las quintas y el armamento nacional se fundan, rechazamos, sin embargo, estas dos formas del reemplazo militar, y las consideramos como contrarias á la justicia, cuando sólo por medio de el las se pretende constituir el total organismo de las instituciones militares.

Todo ciudadano tiene la obligacion de servir á la patria con las armas cuando la ley lo exija, cierto; pero la ley debe exigir esta prestacion de servicio personal tan sólo cuando sea justo. ¿Y cuándo será justo? Cuando haya necesidad del servicio personal del ciudadano, con arreglo á los principios del derecho natural.

Aclaremos estas indicaciones, aun á riesgo de repetir algo de lo que ya dijimos al comenzar los presentes estudios sobre organizacion militar.

El Estado es la sociedad para el derecho; el derecho tiene como nota característica, que la diferencia de los demás fines humanos, la coaccion, el empleo de la fuerza: el Estado, pues, necesita tener fuerza á sus órdenes. En la vida normal de la sociedad, al Estado le basta que algunos ciudadanos estén armados para que el derecho se cumpla; en los casos anormales,
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revolucion ó guerra, necesita el concurso de todos los ciudadanos para conseguir el mismo fin.

Cuando el Estado sólo necesita algunos ciudadanos, deben ser los que voluntariamente quieran prestar este servicio, mediante una retribución; como debe tener todo el que trabaja (ejército permanente voluntario y retribuido): en los casos anormales, en que necesita para cumplir su fin el concurso de todos los ciudadanos, todos deben estar obligados á tomar las armas temporalmente, sin más excepciones que las que en ocasión oportuna dejamos indicadas, y bé aquí el armamento nacional sin salir de los límites de la más estricta justicia.

En el sistema de reemplazo militar por medio de las quintas, se dice que se llama á todos los ciudadanos al servicio de las armas, y que no siendo necesarios todos, se sortean para tomar algunos, los que hacen falta. ¿Y por qué este infeliz sorteo mientras no se pruebe con evidencia que no hay ciudadanos que voluntariamente y mediante la retribución que todo trabajo debe tener, aceptan como profesion el servicio militar? ¿Por qué se sortean los que han de ser soldados y no los que han de ser oficiales?

Y después de la iniquidad del sorteo para obligar á algunos ciudadanos á una prestación personal innecesaria, por medio de la redención y de la sustitución, se hace que esta iniquidad sólo pese sobre los pobres, y las familias de la clase media compran por algunos miles de reales la libertad y acaso la vida de sus hijos, y se creen con derecho para exigir que el humilde hijo del pueblo, convertido en soldado contra su voluntad, sea defensor de leyes cuya injusticia le lastima, y si preciso fuere, que sepa morir en defensa del orden social en ajeno provecho establecido.

Entienda la clase media, hoy tan poderosa, que acaso el dedo de Dios ha escrito ya con caracteres de fuego aquellas terribles palabras que turbaron la loca alegría del festín del rey asirio; entienda que, ó renuncia á esa política pequeña y egoísta que caracteriza su influencia histórica, ó una nueva irrupción de bárbaros, de cuya barbarie ella es responsable, al destruir la ley de sus privilegios, quizá destruya también, por tiempo más ó menos largo, toda ley y todo orden social. Si; de los excesos de la demagogia de hoy, de los excesos de la demagogia de mañana es culpable, tanto ó más que sus autores, el torpe egoísmo de las que se llaman clases conservadoras. Concretándonos á la cuestión de organización militar que ahora tratamos, se ve el empeño de las clases acomodadas en conservar la quinta; pero la quinta con la redención por dinero y la sustitución comprada; es decir, se pretende perpetuar el sistema de reemplazos más cómodo para los ricos y más