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juris, y harán suyos el producto de sus bienes y de su trabajo. Para ellos se rompieron los lazos de la patria potestad; renudarlos de nuevo sería un acto liberticida."

El fiscal de la Audiencia de Valencia, D. Ricardo Díaz de Rueda, ha sostenido la opinión contraria. He aquí algunas de sus instrucciones dirigidas al promotor de Alcoy: "Ser madre civilmente tal, ser hijos civilmente tales, es la causa eficiente del nuevo estado creado por la ley, y no puede negarse aquel concepto á las que eran viudas antes del mes de Setiembre y á sus hijos.—Si la parte de la ley que se ocupa de la patria potestad, no fuera aplicable á esas viudas y á sus hijos, con la misma razón podrán considerarse sin fuerza respecto de estas personas obras disposiciones de aquella, como las que se refieren á los alimentos, á la filiación legítima, etc.—Reconózcase, pues, que las madres viudas perdieron el carácter de tutoras y curadoras al publicarse la ley de Matrimonio civil, y rechacemos el espectáculo que ofrecería ver á unas ejerciendo esas frías y molestas funciones y á otras las calurosas y tiernas de la patria potestad, y lo que es más, á una misma madre, dos ó tres veces viuda con hijos representando ese doble papel."

Las audiencias han acordado de conformidad con los dictámenes de sus respectivos fiscales. La sala de lo civil de la de Valencia ha declarado caducadas las fianzas prestadas por las madres en concepto de curadoras y tutoras, puesto que ya tienen la patria potestad, y ha recomendado á algún juez de primera instancia, que desde luego no había procedido según esta doctrina, que procure en lo sucesivo la exacta aplicación de las leyes y reglamentos vigentes. La sala segunda de la Audiencia de Madrid, por el contrario, considerando que la ley de Matrimonio civil no debe tener efecto retroactivo, ha mandado que las madres viudas, para ser curadoras, presten la correspondiente fianza.

En la mayor parte de los demás tribunales, según las noticias que se tienen, prevalecen las ideas sostenidas por el fiscal de Valencia. A ella se inclinan también casi todos los jurisconsultos que han dado á conocer las suyas. En alguna academia de Madrid, que trata exclusivamente de asuntos de derecho civil, se ha discutido esta cuestión, decidiéndose á favor de la patria potestad de las madres que ya estaban viudas al comenzar á regir desde 1.º de Setiembre la ley promulgada en Junio de 1870, la mayor parte de los académicos. A la misma solución presta un pequeño auxilio el señor Ucelay con la publicación de su folleto.
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IDEAS GENERALES

Y OPINIONES HOY REINANTES

SOBRE ORGANIZACION DE LA FUERZA ARMADA. (1)

PRIMER ARTÍCULO.

1.

Al tratar de la organización de la fuerza armada, la primera cuestión que se presenta pertenece á la ciencia del derecho: es una cuestión de derecho constituyente. Es por tanto ineludible la necesidad lógica de comenzar estos artículos, indicando, siquiera sea ligeramente, algunos principios generales que vengan á fundar sobre sólidas bases el concepto del derecho, mediante el cual hemos de desenvolver la teoría de organización militar que nosotros entendemos que se halla de acuerdo con las eternas leyes de la justicia universal.

Existe un derecho constituyente, existe un derecho natural anterior y superior á todo derecho constituido.

La ley escrita procura convertir en hecho la noción eterna de la ley natural, escrita también con indelebles caracteres en la conciencia de la humanidad. Siempre se niega la justicia de una legislación positiva y se pide

(1) Se halla en prensa un libro del comandante de artillería Sr. Vidart, titulado: Ejército permanente y armamento nacional. Extenso resumen de las teorías expuestas en este libro son los dos artículos que su autor nos ha facilitado; artículos que creemos verán con gusto nuestros lectores, por la altísima importancia que han adquirido las cuestiones de organización militar después de los extraordinarios acontecimientos de la última guerra franco-alemana.

(N. de la R.)
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ninguna cuestión de todas las que convienen los cimientos de la edad novísima que haya dejado de debatirse en las páginas de producciones que se hallan comprendidas en este género literario.

¿Quereís saber lo que hoy se piensa sobre religión? Fabiola, del cardenal Wiseman, os mostrará el espíritu del catolicismo, tal como lo entienden los creyentes no fanáticos; la Historia de Sibila de Octavio Feuillet, os presentará el cuadro de lo que se acostumbra a llamar catolicismo liberal; la contestación dada á esta novela por Jorge Sand Madille, de la Quintinie, las doctrinas de la religión según el racionalismo y en esa serie de obras novelescas que llevan por títulos El Maldito, La Religiosa, El Jesuita y otras varias, escritas por el Abate de *** vereis debatidos los problemas de disciplina eclesiástica referentes al matrimonio del sacerdote, á la perpetuidad de los votos monásticos, y sobre todo, en esas obras se halla descrita de mano maestra la lucha ardiente, apasionada que han librado dentro del catolicismo la tendencia tradicionalista y la tendencia progresiva, los que generalmente se llaman neo-católicos y los católicos liberales.

Esa tempestuosa nube que viene á turbar los ensueños optimistas de los políticos cándidos, esa tempestuosa nube que entre los fugaces resplandores del relámpago deja ver escrito en un horizonte no muy lejano, quizá próximo, estas palabras: Cuestión social; esa tempestuosa nube que viene formándose desde la República de Platón á la Ciudad del Sol de Campanella, desde la Utopía de Tomás Moro á las teorías de Saint-Simon, se condensa y amenaza estallar en las novelas socialistas de Eugenio Sué, por más que la escuela individualista agüe su ingenio y ponga como para-rayos el entretenido libro de Laboulaye Paris en América.

Y si de las cuestiones sociales pasamos á las cuestiones políticas, ¿tendremos que recordar aquí que una novela, La cabaña del tío Tomás, puede considerarse como el prólogo de la gigantesca lucha sostenida entre los estados del Norte y los del Sur de la gran república americana?

IV.

Siguiendo nuestras observaciones en otro orden de ideas, es de evidencia que la tolerancia, hija unas veces de la indiferencia y otras de la superior cultura del espíritu, es uno de los caracteres propios de la civilización contemporánea. Hoy se afirma que el hombre, como parte de la humanidad, siempre es esencialmente bueno, afirmación que un amigo nuestro admite como exacta; pero dice que es conveniente completarla añadiendo
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sea reformada en nombre de este permanente ideal de justicia absoluta, que guía á la razón jurídica en sus determinaciones legislativas.

Esta primera unidad del pensamiento humano, aparece rota en cuanto se trata de definir en términos claros y precisos el concepto fundamental del derecho. Sin embargo, al través de la confusión intelectual en que vivimos, signo evidente de la profundísima y total crisis que atraviesa la sociedad contemporánea, debemos buscar con ánimo sereno y exento de las preocupaciones de escuela filosófica y de la pasión de partido político, si hay algún punto de contacto, algo de esencialmente idéntico en el fondo de todas las doctrinas científicas, y aun de las utopías más fantásticas, que hoy se disputan la palma del vencimiento, ora en las tranquilas discusiones de ateneos y academias, ora en las sangrientas luchas revolucionarias de las calles y de la plaza pública. Y, en efecto, parecemos fuera de duda que hay un punto en que se hallan de acuerdo desde los más radicales socialistas hasta los individualistas más radicales, á saber: el derecho es exigible mediante fuerza coercitiva. De aquí claramente se deduce que la fuerza es un elemento integrante de la sociedad jurídica.

Pero ¿qué es el derecho? El derecho es la condición necesaria para el cumplimiento de todos los fines de la vida humana. En esta definición se conciernen las afirmaciones de las más opuestas doctrinas, pues en nombre de la necesidad de ser libre legalmente para realizar el bien con propia responsabilidad, desenvuelven sus teorías las escuelas liberales; y en nombre también de la necesidad de la coacción, para evitar el extravío posible del ser humano, piden las escuelas anti-liberales leyes que reduzcan á estrechos límites la esfera de acción de la actividad individual.

Registrando las páginas de la historia para ver dónde se halla la verdad que pueda resolver prácticamente la antinomia que presentan estas doctrinas, puede decirse que la sociedad humana siempre ha menester una cantidad mínima de bien para poder existir; y así es que cuando la sociedad se pervierte, aparece la tiranía; en la misma proporcion que baja el barómetro de la moralidad, sube el barómetro de la represión gubernamental. Hay, pues, entre la moral y el derecho una ley de compenetración; cuanto más morales, son los pueblos más libres; pero también es cierto que cuanto más libres, son los pueblos más morales.

Fórmase algunas veces en la historia humana un círculo que difícilmente se rompe; la corrupción de un pueblo engendra la dictadura, que es justa porque necesariamente es en aquel momento el único gobierno posible; la dictadura, efecto de la corrupción del cuerpo social, es á su vez
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corruptora; y cuando desaparece, es sustituida, no por la libertad, sino por el libertinaje, que engendra otra vez una nueva y más durable dictadura. Esta es la historia del imperio romano, en que asesinado el César, sobre su cadáver jamás se alzaba la estatua de la libertad, sino la dictadura de otro César. ¡Plegue al cielo que no se repita igual ejemplo en la historia del moderno pueblo francés!

Quizá aparecerán como fuera de nuestro propósito estas consideraciones acerca de la relación entre la moral y el derecho; pero nos convenía desvanecer aquí cierto género de peligroso idealismo, que divorciando los principios absolutos de la razón de las imperiosas e inevitables exigencias de la vida real, considera á los hombres como espíritus puros muy próximos á confundirse con la naturaleza de los ángeles; idealismo que produce tan desplorables extravíos como ese grosero empirismo que exclusivamente atiende á los hechos del momento, y desconoce que sólo con la práctica rutinaria y sin la teoría que produce el progresivo cambio de las instituciones, bien podrán vivir las abejas que se reúnen en su colmena, pero de ningún modo los seres racionales que constituyen la sociedad humana.

Siguiendo la exposición de nuestras teorías, se observa que la sociedad, que se constituye para la realización del derecho, recibe el nombre de Estado, el cual, por necesidad, se divide en tres poderes distintos: poder legislativo, que es el que declara el derecho; poder judicial, que es el que aplica la ley en la forma que la misma ley determina; y poder ejecutivo, que generalmente se acostumbra á llamar gobierno, que es el que lleva á efecto, por medios coercitivos en la mayor parte de los casos, lo dispuesto por el poder legislativo y judicial. Y como no cabe organismo perfecto sin unidad, racional en la esfera del conocimiento, real y efectiva en la esfera de los hechos, de aquí la exigencia lógica de que exista un jefe del Estado que no siendo legislador, ni juez, ni ministro, ejerza, sin embargo, cierta autoridad, limitada por la ley, sobre los legisladores, los jueces y los ministros.

Siendo la indicada organización del Estado conforme á la naturaleza misma de esta institución, en el organismo político de todos los pueblos, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, se halla más ó menos embrionariamente la distinción de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y la existencia de un jefe del Estado, ya se llame presidente, rey, emperador ó pontífice. No consiente la índole de este escrito amontonar pruebas históricas en pró de nuestro aserto, tarea que sería por extremo fácil, pero que nos apartaría mucho del propósito que ahora guía nuestra pluma.
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Aparece á primera vista en lo expuesto que el poder ejecutivo, el gobierno, es inferior en importancia, digámoslo así, teórica, al poder que declara el derecho y al que lo aplica; pero en el terreno de la práctica sucede lo contrario, pues de nada serviría una ley justa y justamente interpretada, si no existiese el gobierno ó no tuviese fuerza para hacer efectivo y eficaz el derecho definido y juzgado por sabios legisladores e íntegros jueces. Aquella cuestión, profunda y donosamente planteadá por el gran Cervantes, acerca de la preeminencia entre las armas y las letras, pudiera renovarse aquí, mostrando cómo el derecho sin la fuerza para hacerlo efectivo convertiría á la sociedad humana en un caos; y al propio tiempo cómo también la fuerza necesita del derecho para engendrar obras durables, pues como se ha dicho, no sin gracia, la razón concluye siempre por tener razon.

Señalada ya la necesidad de emplear la fuerza en la sociedad de derecho, llegamos al punto capital que ahora nos ocupa: ¿cómo debe organizarse la fuerza pública del Estado? Antes de pasar adelante observaremos que la cuestión propuesta pertenece al orden del derecho público, y que por lo tanto tenemos que concertar aquí dos términos que algunas veces aparecen en la historia como opuestos, el derecho del individuo y el derecho de la sociedad. Comenzando por este último término, veremos que en la sociedad humana llamada nación hay dos estados esencialmente distintos; un estado normal en que existe la tranquilidad en el interior, y en el exterior la paz con los demás pueblos; así viven hoy Inglaterra, Suiza, Rusia y los Estados Unidos; otro estado anormal, en que la revolución ó la guerra con otro pueblo perturban la tranquilidad pública, y en este segundo estado se hallan al presente la mayor parte de los pueblos de Europa y de la América latina.

Cuando un pueblo se halla en su estado normal, basta el ejército permanente para obligar á cumplir el derecho á los que de buen grado no quieren hacerlo. Y aquí se hace preciso que definamos lo que nosotros entendemos por ejército permanente. El guardia civil que vigila los caminos, el guardia rural que defiende la propiedad de los campos, el agente de orden público que pasea las calles para detener á los rateros y á los promovedores de escándalos, todos los cuerpos armados que se pueden comprender bajo el nombre general de instituciones de seguridad pública, deben formar una parte del ejército permanente. Y ¿por qué solo una parte? se nos preguntará. Brevemente contestaremos á esta pregunta.

Cuando una nación se halla dividida en partidos políticos que lían de continuo en la lucha armada para alcanzar el poder, ó cuando se halla em-
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peñada en una guerra con otro pueblo, entonces todos los ciudadanos capaces de llevar las armas deben prestar apoyo al gobierno para afirmar la tranquilidad en el interior ó salvar la honra de la patria, comprometida en la lucha con el extranjero. Pero es sabido que además de la infantería, que es el elemento esencial de los ejércitos modernos, existen las armas auxiliares, artillería, ingenieros y caballería, que fuera imposible improvisar en un momento de peligro; y aun la misma infantería necesita alguna organización previa, para que no se reduzca su fuerza á la que representar puede un pelotón de quintos en instrucción.

Vemos, pues, que las tres armas auxiliares deben existir ya organizadas, aun en los tiempos normales, y también es necesaria la existencia permanente de algunos batallones de infantería, como escuela de instrucción para hacer posible el organismo militar que sucesivamente iremos exponiendo.

Fundándonos en todo lo que antecede, parecemos ya demostrado que el ejército permanente, la parte de fuerza pública que el Estado debe mantener permanentemente sobre las armas, se compone de las que en general se han llamado instituciones de seguridad pública; de las armas auxiliares, artillería, ingenieros y caballería, y de algunos batallones de infantería de línea y de cazadores.

Constituye el ejército permanente una profesión pública, para la cual es necesaria libre y espontánea vocación; es un servicio del Estado que debe estar retribuido; por lo tanto el ejército permanente debe estar formado exclusivamente de voluntarios en todas sus categorías, desde soldado hasta general, que recibirán un sueldo en proporción á la importancia de las funciones que desempeñan.

Pero en los casos anormales de perturbación armada en el interior de un pueblo ó de guerra con el extranjero, el Estado necesita el concurso de todos los ciudadanos capaces de llevar las armas, para realizar el derecho. Fuera delirio pensar en vencer el alzamiento de un partido político ó de la coalición de varios partidos tan sólo con las instituciones de seguridad pública, y tocaría en la locura el pensamiento de rechazar una agresión extranjera tan sólo con un ejército permanente, por numeroso que le suponga. Y como lo que en teoría es verdad, en la práctica también lo es, recordaremos que en nuestra guerra civil en las provincias donde tenía lugar la lucha, todos los hombres hábiles para el servicio militar empuñaban las armas, ya impulsados por el entusiasmo de sus ideas políticas, ya obligados á ello por las partidas carlistas ó por la formación de la Milicia nacional forzosa, de-
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cretada por el gobierno liberal de Madrid. En la reciente revolucion de la Commune, el general republicano rojo Cluseret obligó á tomar las armas á todos los habitantes de Paris capaces de soportar las fatigas militares. No hay ninguna excepcion: en las guerras civiles concluyen por ser soldados todos los ciudadanos, y en el pueblo que llega á ser invadido por el extranjero sucede lo mismo, si sus habitantes conservan la conciencia de la honra nacional, que forma parte de su propia honra.

En la prevision de que llegue el caso de guerra interior ó exterior, debe el Estado constituir una organizacion de la fuerza total de la nacion, que sin contrariar en tiempos normales la libre vocacion de los ciudadanos, haga fácil la rápida trasformacion que ha de efectuarse en la sociedad jurídica para hacer posible la realizacion del derecho cuando callan las lenguas y hablan las espadas, cuando cesan los discursos de los retóricos y se escucha el grito de la plaza pública, que sólo consigue ahogar

La indignacion del bronce represivo.

Dedúcese de todo lo dicho la esencial diferencia que existe entre el estado de paz y el estado de guerra; que en el primer caso, basta para dar al derecho el elemento de fuerza, que es parte integrante de su vida real, lo que nosotros hemos explicado que constituye el ejército permanente, el cual debe ser voluntario y retribuido; que en el segundo caso es de necesidad que todos los ciudadanos capaces de llevar las armas contribuyan al sostenimiento del orden en el interior, ó al triunfo de la patria en el exterior, si ha de cumplirse el fin del derecho, y que, fundándose en esto, cabe la organizacion obligatoria del armamento nacional.

II.

Hemos dicho que la fuerza pública organizada que el Estado necesita permanentemente para hacer cumplir el derecho en la vida normal de la sociedad y los cuerpos auxiliares, batallones y cuadros de infantería que deben estar organizados tambien permanentemente para que sea posible la defensa nacional en los momentos angustiosos de luchas ya interiores ó ya exteriores, es lo que nosotros entendemos que debe recibir el nombre de ejército permanente. Bien se distinguen aquí los dos elementos que forman este ejército; el uno es las instituciones de seguridad pública, y el otro la organizacion militar preventiva para los casos de revoluciones y guerras en que la nacion pueda verse envuelta.
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IDEAS GENERALES.

Lo que hoy se llama Guardia civil, debiera dividirse en dos cuerpos distintos; cuerpo de guardia rural, que cuidase de la seguridad de los caminos, y cuerpo de guardia urbana, que mantuviese la seguridad y el orden público en las calles de las ciudades.

La caballería debe estar organizada permanentemente, pues sabida es la larga instrucción que necesita el ginete, si ha de ser algo más que un hombre puesto sobre un caballo. Sin embargo, en la reserva, en el armamento nacional, habrá también caballería, y ya diremos la forma de su organización.

Por razones cuya evidencia es notoria, deben formar parte del ejército permanente los regimientos de artillería de batalla, impropia y desacertadamente llamados hoy regimientos montados, y los regimientos de montaña. Cabe que existan en el armamento nacional algunos regimientos, ó mejor batallones de artillería de plaza (que es lo que hoy se llama artillería de á pié, sin duda para que el nombre no tenga ninguna relación científica con la cosa nombrada); pero es necesario que exista un batallón organizado permanentemente que sirva como de escuela de instrucción para los cuadros que ha de constituir la base de los batallones de reserva.

Del mismo modo, el cuerpo de ingenieros debe tener un batallón en el ejército permanente, adiestrándose en los servicios propios de su institución, y sirviendo de escuela práctica á los cuadros que han de formar la base de los batallones de ingenieros que se hallan en la reserva.

Las compañías de sanidad militar, que han de constituir la base militar de las ambulancias en tiempo de guerra, y las compañías de administración militar, deben formar parte también del ejército permanente.

Aqui, interrumpiendo por algún tiempo el curso de las teorías sobre organización militar que estamos exponiendo, vamos á ocuparnos de los cuerpos facultativos del ejército. No impedirá que digamos la verdad, y toda la verdad, el uniforme que vestimos, y en ello creemos cumplir lealmente con un deber de conciencia, contribuyendo, en la medida de nuestras fuerzas, á la progresiva mejora de las instituciones militares, y muy singularmente de los mismos cuerpos facultativos cuyos defectos de organización procuraremos señalar.

Hay seguramente exigencias constantes del organismo militar, en las cuales se funda la existencia de los cuerpos facultativos. El ejército necesita armas portátiles, cañones, pólvora; deben existir militares que sigan los progresos de la mecánica, de la química, de la metalurgia, y sepan aplicar á la industria militar todos los descubrimientos de la ciencia; que hagan en-