Revista de España (1871-07-01 00:00:00), página 512

histórica, con esa inmediación y rapidez que en nuestra edad ostenta, ataja sus pasos y hace su obra inútil (1).

Digna de recordarse es á este propósito la frase de un filósofo moderno: «Yo elevo mi alma á una altura á que la ofensa no puede llegar, y no puede ofendérseme.» Mientras las instituciones permanezcan á la altura de su orden, no se las puede ofender, no hay delito contra ellas; de donde lógicamente ha de inferirse que, ó el delincuente se eleva, lo cual es un contrasentido, porque la elevación personal á la institución es la comunión de la persona, la consagración de la persona á la idea de la institución, y nada la separa de esta tanto como la acción que no reconoce la sublimidad e inviolabilidad de ella, ó el delincuente, decimos, lo es porque se eleva hasta herir la institución, ó la institución se rebaja hasta ser considerada como una cualidad personal de un individuo.

Así, cuando la religión, por ejemplo, en su más humilde categoría cerca del individuo, le sujeta á sus cánones, le obliga la obediencia, castiga su rebeldía, etc., es cuando el individuo ha podido delinquir contra la religión. Cuando el Estado se pone en contacto con el hombre interviene en su propiedad con el impuesto; en su libertad, con la ley; en su independencia, con el derecho.

(1) Reciente ejemplo es la derogación de la ley del 20 de Marzo de 1867.

Decía el art. 1.º de esta ley: «Es delito ó falta contra el orden público además, de lo que pueda envolver en otro concepto, toda manifestación pública que ofenda á la religión, á la moral, á la monarquía, ó á la Constitución, á la dinastía reinante, á los Cuerpos colegisladores y al respeto debido á las leyes» etc. La religión, la moral, la Constitución, la dinastía y los Cuerpos colegisladores, ¿son objetos de ofensa? La manifestación pública que los ofenda, ¿es un delito? ¿con qué ha de pensarse?... Véase la gradación. El Estado religioso, monárquico constitucional, dinástico, legislador supone los delitos contra la religión, la moral, la monarquía, la Constitución, la dinastía, los Cuerpos colegisladores del Estado. La nación, el poder, el gobierno son religiosos, morales, monárquicos constitucionales, etc.; luego habrá delitos contra la religión, la moral y la monarquía de la nación, del poder del gobierno.—La autoridad civil jura; la judicial administra justicia en nombre del monarca; luego es también la religión, la moral, monarquía, etc., de la autoridad. Gobernados y gobernantes son comunes en religión, moral y monarquía, etc.; luego los delitos contra la religión, moral ó monarquía lo son contra los que le profesan. La ley ha debido rehagar hasta la esfera personal el delito; de este modo no hubiera sido ilógica y no hubiera sufrido tan pronta derogación; porque, rebajada hasta la esfera personal, no hay más delitos que los que directamente atentan á la persona. Pero como la persona puede ser ó no religiosa, monárquica, constitucional ó dinástica, el legislador ha visto que, al año de promulgarse la ley, no había delitos contra la religión, no reinaba la dinastía, no regía la Constitución, ni era ilegal una manifestación pública que ofendiese á la monarquía. Ese es, tarde ó temprano, el destino de una ley que carece de razón científica y metódica. Sirve de epitafio al objeto que quiso inmortalizar, y es precursora de muerte próxima del poder que fortalecer quería.