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su esposo, es indigno de ella, y no puede hacer su felicidad, no sólo no estorba su unión, sino que pone los medios de que se realice, y sacrifica á esta idea su fortuna y su vida. La personalidad de Sab pudiera haber sido tomada en otra condición y en otra sociedad; y acaso, á lo menos entre nosotros puede ser que tuviese más interés teniendo más verosimilitud. Por lo demás, el carácter y la pasión de Sub, que es toda la novela, están descritos con un pincel de fuego. Hay páginas magníficas, hay rasgos sublimes.

VII.

Si Sab no merecía el olvido á que le ha condenado la modestia de su autora, aún nos parece más digna de figurar en la colección de sus obras su novela titulada Dos mujeres. En Sub se ocupó la Sra. Avellaneda en llamar la atención pública sobre los dolores del esclavo; en Dos mujeres en pintar los dolores aún más acerbos de los seres que se creen libres. La esclavitud ha sido ya condenada por la razón y hasta por el sentido histórico de nuestro siglo; pero quizás existen instituciones que, tal como hoy se hallan establecidas, forman una especie de esclavitud social, tan contraria á la naturaleza humana, como la que sujeta á los pobres africanos que trabajan en los ingenios de la siempre fiel isla de Cuba.

Indicase claramente en Dos mujeres que su autora, aún soltera cuando escribió este libro, había meditado largamente en esos oscuros problemas que se hallan en el fondo de la constitución de la familia: esos problemas, en que de un lado aparece la exigencia de la propagación de la especie y del asiduo cuidado que la prole requiere, y de otro las condiciones propias de todo sentimiento, ser en cierto límite involuntario y necesitar de la libertad, como natural atmósfera que su vida hace posible.

Se dirá que Jorge Sand ha precedido á la Sra. Avellaneda en escribir novelas acerca de asuntos matrimoniales, y que en Dos mujeres se hallan las huellas de la lectura y conocimiento de estas obras. Respecto á la cuestión de precedencia, es un privilegio de la edad que no negaremos; pero respecto á la segunda objeción, diremos que la novela de nuestra compatriota presenta una radical diferencia que la separa de las escritas por la célebre dama francesa, en las que generalmente se mira el problema matrimonial desde el punto de vista de la mujer casada, y en Dos mujeres se considera el problema con relación al marido y á la persona por él amada. Esto sólo basta para marcar un carácter que esencialmente distingue á la novela de la seño-
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popular y se abre campo á las aspiraciones políticas, crece la necesidad de ponerse al abrigo de esas tempestades que se siembran. Las muchas leyes generales y especiales que había sobre delitos contra el orden público, nos impidieron á fines del siglo pasado que se hicieran nuevas y repetidas pragmáticas, órdenes y autos acordados sobre los medios de asegurar su ejecución (1). El partido liberal dió la de 1821, y el reaccionario, tomando su espíritu, los decretos de 1824 y real cédula de 1827. En los años 34, 35, 41, 42, 43, 45, 47 y 48, no fué menos abundante la serie de leyes y disposiciones, sin contar circulares que se hicieron sobre la misma materia; ocho ó nueve reales órdenes y leyes se promulgaron durante el bienio, y todas parecían pocas para aumentar con otras varias el número en 1856. Marchando la política en progresión ascendente de resistencia, la tolerancia de 1865 y el amago constante de revolución hizo la ley de suspension de garantías constitucionales, que un gobierno posterior había de llamar previsional, y que el poder contra el que se hizo había de aceptar cuando ya victorioso viera amenazadas seriamente sus conquistas. No tardó en considerarse este cúmulo inmenso de leyes y reales órdenes como ineficaz e incompleto ante la abundancia de delitos de esta especie.

Ni fué bastante la ya severa ley de orden público de 1867. Los bandos de los capitanes generales, cuyo espíritu obedecía á esta ley, dieron gravedad superior á estos delitos.

El gobierno provisional, que había roto con lo existente, y que se preciaba de seguir vías diametralmente opuestas, hubo de encontrarse en grave aprieto cuando derogadas todas las leyes de orden público, se atacó al poder ejecutivo, naciente á la sazón, con un levantamiento en armas del partido legitimista.

Restablecer la ley del 67 fuera mengua temprana; crear de improviso una ley, temeridad poco excusable; elegir entre las antiguas, harto incom-

(1) "Las repetidas experiencias del gobierno han demostrado en todo tiempo que no se puede asegurar la felicidad de los vasallos si no se mantiene en todo su vigor la autoridad de la justicia, y en la debida observancia las leyes y las providencias dirigidas á contener los espíritus inquietos, enemigos del sosiego público, y defender á los dignos vasallos de sus malignos perjuicios. Este importante objeto ha merecido siempre la primera atención de los reyes, y obligó su justificación á promulgar sucesivamente repetidas leyes preventivas de bullicios y connexiones populares; pero estas mismas leyes, promulgadas en diversos tiempos, según los casos ocurrentes, necesitan adaptarse á las circunstancias presentes con claras y positivas declaraciones que faciliten á los jueces su pronta ejecución", etc. = Ley V, tít. XI, lib. XII. Nov. Recop.
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pletas, recurso asaz desesperado, que hubiera de invocarse, no obstante, con el restablecimiento de la ley de 1821.

El poder ejecutivo de este tiempo, que se ha visto cercado de apologistas del derecho que murió en Vergara, y otro derecho, que aceptado para lo futuro autoriza el empeño de ser proclamado en lo presente; el poder ejecutivo, que ha visto encenderse aquella apagada hoguera y salir de sus tumbas los abrasados huesos de los cadáveres carlistas, que tiene frente á sí el eco airado y la atrevida espada de las huestes federales, ha tenido que crear nuevas armas de defensa, que compensarán el desvalimiento de los poderes con una Constitución democrática, en tiempos de necesaria y forzosa dictadura (1).

Hé aquí el soplo de madurez que ha recibido la penalidad política; hé aquí reducidos al Código, engollados en el derecho penal común, los delitos políticos y los escritos públicos que envuelven una acción criminosa ó justiciable.

Sentar en el Código estos delitos, desafueroando á sus autores de las leyes especiales á que antes estaban sujetos, aumentar el contenido de ellas con la idea de precisar y clasificar su especie, podrá parecer un progreso en nuestro derecho penal; pero harto inocente es la empresa, si sobre esta base se quiere robustecer el orden público.

El orden político es en nuestra raza y en nuestra época producto de un poder firme, y el orden público es una consecuencia natural de leyes duraderas, de instituciones sociales, que cierren la puerta á toda aspiración bastada.

Pero en tanto que las aspiraciones están legitimadas siendo tan fácil la alternación de los poderes, en tanto que los hombres más ilustres de un país pasan por vejaciones y destierros, y la oscillación de hombres y partidos en el gobierno es tan acompasada que la persecución sufrida es el triunfo obtenido, y en tanto, sobre todo, que las fuerzas de los gobiernos se rinden esclavas de necesidades del momento, cambio de personal, medidas de prevision y un tropel de impertinencias continuas que son objeto constante de deliberación en el gabinete; en tanto que falte el orden y buenas disposiciones en las altas esferas ¿cómo buscarlo en la sociedad política, y como

(1) En ninguna ocasión es más á propósito que en la presente el recuerdo de aquel famoso aforismo: «Más vale que un ejército de ovejas sea conducido por un león, que un ejército de leones conducido por una oveja. Melior est exercitus unium duce leone, quam leonum duce ove.
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definir ni precisar los actos justiciables á que dé lugar la irregularidad y las vicisitudes de los poderes y el campo abierto á la conspiracion? Y aunque es cierto que las luchas y discordias civiles no tienen otra razon justificante que la de ser consideradas como motivos de orden á la manera que la guerra lo es como motivo de paz, ¿hemos cesado por ventura de ser juguete de tan crueldes necesidades? ¡Han trabajado nuestros mayores y hemos dicho nosotros la última palabra que dé fin á la serie no interrumpida de disturbios? ¿Cómo pues invadimos audaces el espinoso campo de esta penalidad? ¿Qué criterio filosófico, qué regla jurídica, qué norte invariable ha de presidir nuestro juicio y de que modo se salvan los intereses generales de una justicia perfecta con la apremiante conveniencia de nuestro orden social? ¡En que se diferencia la criminalidad política de la común? Sea este estudio nuestro primer objeto.

II.

Basada en leyes naturales que forman el postulado de la ciencia, la penalidad común es un principio innegable. Un esfuerzo insensato de lógica podría negar la libertad de albedrío, podría sujetar las acciones humanas á una esclavitud oprobiosa contra la que se sublevarian las conciencias; podría, aquilatando el raciocinio, demostrar que toda accion es el resultado de la organización fisiológica en sus relaciones con la educacion ó estado racional del individuo, la ocasión ó estado especial del ánimo, la necesidad ó estado particularísimo, concreto de la vida.

Considerada así, en su concepto natural la accion humana arroja la consecuencia mas funesta que puede arrojar teoria filosófica; la irresponsabilidad, porque dicho y sabido se está que si la accion no es libre no es de ella responsable el que la comete.

Acabadas contiendas han tenido lugar sobre esta cuestion trascendentalísima; pero la libertad psicológica debió quedar liarto bien parada cuando poco despues se levantaron tantos génios pidiendo la libertad de pensar contra la intolerancia, la de escribir contra la censura, la libertad civil en todas sus manifestaciones, y la politica en todo su esplendor.

No podia, no ha podido, pues, hacerse una afirmacion mas expresiva de la libertad moral, que luchando denodadamente por las libertades civil y politica.

Elevada, empero, la razon á una altura que la filosofía no ha llegado á dominar, acaso incluyera entre los conceptos imaginarios el de la libertad de
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accion y la misma teoria de las penas viene á sancionar de un modo solemne este principio. Cuando la sociedad adquiere dominio de posesion sobre un delincuente, siquiera sea temporal, reconoce que un individuo es enajenable, que puede pertenecer á sí y pertenecer á otro.

La declaracion que hace firme una sentencia es un título de propiedad que la justicia da al poder civil sobre un individuo. Segun que el individuo ha expuesto más ó menos cara su independencia, la sociedad adquiere sobre él mayor ó menor derecho. La pena de muerte en nuestros códigos es una afirmacion absoluta incondicional de que el individuo es una cosa que puede destruirse ó utilizarse, que puede reducirse á materias inorgánicas privándole de la vida, que es su principio orgánico. Las penas de reclusion ó prision son una afirmacion absoluta de que la libertad de accion es enajenable, pues que estas penas la han enajenado. La prision correccional acepta la teoria de que el hombre es perfectible siendo correctible, y que de su falta de perfeccion nace la necesidad de la correccion. Esta pena reconoce, pues, que la delincuencia es hija de la imperfeccion, en la que se halla quien no ha gozado de la educacion, el ejemplo y la provision de todos los elementos edificantes de moralidad, los cuales llevan á vida el conocimiento de los fines morales á los que el hombre está esencial e intimamente ligado; aquellas reconocen que la sociedad tiene derecho á que no se perturbe su existencia moral, y poniendo en disyuntiva la perturbacion civil del individuo delincuente ó la perturbacion moral de la sociedad, ha optado incondicionalmente por salvar á esta. La otra, terrible y sostenida en los códigos por un sofisma de conveniencia, no solo acepta la trasformacion del individuo en un ser negativo en quien estén apagadas las luces de la libertad, sino en quien no deben brillar ni las de la vida.

Las penas que acabamos de anunciar en una clasificacion que no difiere de códigos, la que aparece en los demuestran que el individuo en su estado de delincuencia juzgada es correctible, castigable, destructible. La correccion es un estado forzoso que variando temporalmente las condiciones del individuo, tanto aparta de él la ocasion de delinquir, como hace estimable la libertad perdida y objeto de propia conveniencia el perfeccionamiento de sí mismo.

El castigo ó reclusion es un estado de esclavitud por el que la sociedad dispone del individuo sometiéndole á trabajos forzosos que den utilidad pública. La pena de muerte constituye un estado juridico, en el que el individuo desaparece sacrificado á la moral social, siquiera el idolo rechace este sacrificio.
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EL CRITERIO LEGAL

De notar es que los tres estados del individuo sometido al yugo de la penalidad hacen reconocer como verdadera la teoría de que el ser moral tiene derecho sobre el ser orgánico, y que la inteligencia social representada por la ley ó la razón social representada por la justicia, y el brazo social representado por el poder adquieren dominio, mancipio sobre el hombre delincuente.

El dominio, empero, bajo la más estricta y rigurosa acepción jurídica, el mancipio bajo el aspecto histórico legal supone la persona dominante, domina ó dueña, y la cosa dominada; á no ser que entre el dominio y el objeto se quiera establecer una homogeneidad que no es lógica, á no ser que se incurra en el absurdo de dos dominios, ó en el absurdo de dos cosas, dominante la una y dominada la otra por una relación de dependencia equivalente á la que tendría el motor y la movible, el sólido capilar y el líquido que se pone en su contacto (1).

La teoría de las penas en tiempos oscuros y de bárbarie y de lucidez y civilización, acepta por consiguiente el principio de que la libertad de acción es enajenable porque la sociedad la enajena.

Si el dominio, ahora bien, que obtiene la sociedad sobre el individuo enajena su libertad de acción, ¿enál será, quién puede medir el que ejercen una naturaleza viciada, una educación ineficaz, un ejemplo vil, ó una necesidad imperiosa? ¿Noson estos elementos, no están estas condiciones sustancial é intimamente ligadas al hombre? ¿Duela la sociedad del hombre depende de ella tanto como de la naturaleza, con que nace la educación que recibe, el ejemplo que le incita, la necesidad que le sirve de móvil? ¿Si aquella enajena la libertad de acción de un modo solemne y formal, visible é indudable, no la enajenará mejor 'estas?.... Luego aquilatada la libertad moral, analizada, profundamente observado su carácter, arguye la irresponsabilidad, acusa la no imputabilidad.

Que un sutil escolástico no aplique á cuanto llevamos dicho la regla de criterio que hace improbable lo que prueba demasiado. El respeto á la época no nos excusaría la reducción de lo expuesto á premisas y consecuencias lógicamente deducidas, y por eso nos ahorraremos este inútil empeño; el respeto al arte no nos perdonaría el reducir á fórmulas algebraicas es-

(1) Ya se comprenderá que el dominio de que nos ocupamos no entra en la relación que los mismos romanos tan eloquentes en sus conceptos y palabras establecían entre un predio y otro en las servidumbres. Aquel dominio, que se aplicaba al mismo predio ó fundo, lo era figuradamente y aún no se usó del dominium, sino de dominans.
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tas mismas conclusiones y demostrar la verdad de su enlace y contenido.

Sin que sea nuestro ánimo, y conste así, aceptar y reconocer como propio criterio el que preside á estos raciocinios, tiempo es ya de que se considere lo dudosa que es la justicia aplicada á la penalidad comun que es lo que intentábamos dejar sentado.

¿Hay, no obstante, principio tan evidente ni verdad tan palmaria como la de que el atentado á la propiedad ó á la persona es punible? ¿Habría escándalo tan inaudito como el de resignarse indiferente ó contristado á ver en medio de nosotros al vil que arrebató el fruto de nuestros desvelos, el temerario que profanó nuestra morada y deshonró nuestro nombre, al que privó de la vida al hombre indefenso ó vencido, el feroz y sanguinario que dió muerte á los que odiaba, el miserable avaro que envenenó al ascenciente en cuyos bienes le había de suceder, el loco ó furioso que hizo estremecer la tierra con su accion parricida? ¡Oh! si la sociedad dejara impunes estos crímenes, el hombre honrado los vengaría y fuera virtud la estirpacion de los culpables!

Luego á pesar de la lógica más acabada y de la teoría más perfecta sobre la libertad moral, la presencia del delito reclama la presencia del castigo, el hombre honrado se subleva ante la idea de que pueden gozar de una ey y de una libertad civil aquellos sobre quienes recae una condenacion universal.

Y es el castigo en estos delitos una necesidad tan ineludible, que jamás el culpable deja de apreciarla, jamás el hombre honrado acepta trato alguno ni vinculo que puede hacerle parecer en inteligencia con el culpable. Por el contrario ni la benevolencia es admisible; toda relacion humana del honrado con el vil envilece al honrado y no honra al vil. ¿Sucede lo mismo con los delitos políticos? Absolutamente no, siquiera sean los más graves. En estos la desgracia de aparecer culpable atrae á amigos y enemigos que se esmeran en dar agradables esperanzas y benévolos consuelos. El crimen político excita una compasion serviente, un interés decidido de salvar al criminal; el delito político pone en alarma al principio, y lejos de juzgarse al delincuente se espera á conocer el objeto del delito, los medios para su comision y el resultado que ofrece. Si el resultado es favorable la accion penada se convierte en servicio prestado ó agradable; en el silencio de un consejo se firma una sentencia de muerte y en la plaza pública se levantan arcos de triunfo para celebrar el advenimiento del sentenciado.

La falta política, lejos también de excitar la reprobacion pública, se acepta y acaso se aplaude.
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Y es porque la ley penal en materia política está desnaturalizada, carece de esa gravedad que inspiran la leyes purificadas por los años, y robustecido su vigor con la autoridad de los jurisconsultos y hombres eminentes del país; es porque la ley penal política se presenta ante el individuo como una valla que ha querido levantar un poder que ha dispuesto del campo, como trinchera que ha formado un combatiente el día de una victoria y la vispera de una derrota.

Apenas promulgada, es objeto de violentos ataques en la opinión pública; admite excepciones y privilegios, su ejecución precede á una amnistía que en la maldicia de los tiempos arguye irregularidad en el legislador; no tiene igualdad ni universalidad, que es el atributo mas característico de una ley.

Lo que es delito en la prensa no lo es en la tribuna; lo que ayer merecía una sentencia condenatoria merece hoy el cetro del poder.

Estas observaciones tan fáciles y comunes, expuestas siempre al tratarse de delitos políticos (1) indican la verdad de un hecho según el que el éxito redime la culpa y la consecución del fin abona los medios.

Examinemos ahora bien la acción humana por la que se constituye el delito y si dudosa ha podido parecernos ante un criterio elevado la razón penal de los delitos comunes, si la penalidad común obedece á una conveniencia social de la que es imposible prescindir ni un instante con preferencia á una justicia tan clara con su concepto como eterna en sí misma, si hemos dado de la libertad de acción, porque es un resultado forzoso de una voluntad esclava, y si hemos aceptado y enaltecido la penalidad común porque la hemos creído necesaria á la vida orgánica de la sociedad, nuestro criterio en materia de delitos políticos está indicado.

M. DE RIVERA DELGADO.

(La continuación en el próximo número.)

(1) Especialmente en las lecciones sobre el derecho penal, del Sr. Pacheco.
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CUESTIONES MONETARIAS.(1)

VII.

Durante la exposición universal de 1867, de cuatro diversas maneras hizo tratar el gobierno francés las cuestiones monetarias. En Diciembre de 1866 se dirigió el ministro de Negocios extranjeros del emperador Napoleón á los gobiernos de Europa y América, llamando su atención hacia la conveniencia de uniformar en todas partes la moneda, sometiendo á su examen la Convención de 23 de Diciembre de 1865, e invitándoles á enviar delegados que celebrasen en París una Conferencia internacional. Aunque hubo algunas vacilaciones, todos los gobiernos de países europeos de alguna importancia accedieron á nombrar representantes para esa Conferencia, á donde acudieron también los de Washington y de otras capitales americanas. Al mismo tiempo el ministro de Hacienda, por decretos de 7 y de 15 de Marzo de 1867, nombró una nueva comisión que estudiase el difícil asunto de si debe conservarse la doble base ó tipo para el valor legal de las monedas, ó es necesario limitarse á fijar sólo el de uno de los dos metales preciosos. La comisión imperial de la exposición tenía, además, organizada una especial de pesos, medidas y monedas. Y esta última, después de formular en nueve proposiciones todos los puntos que, en su dictámen, deberían ser objeto de examen por lo relativo á las monedas, las sometió al debate en conferencias libres, á que fueron admitidos los economistas que quisieron concurrir. De estas conferencias libres, así como de la internacional, fué presidente el príncipe Napoleón, primo del emperador.

(1) Véase el número 78 de la REVISTA,
TOMO XXI.