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mesurado y de enemigo de reformas inconsideradas, que le colocaban natural y legítimamente en la derecha liberal y dinástica de la Asamblea.

Todo esto y otras muchas razones que no podemos dar á la estampa, porque no pertenecen al dominio público, y nosotros nos estimamos demasiado para emitir una sola aseveración que pueda rectificarse, prueban que el rompimiento de la conciliación, no se hizo, como antes hemos dicho, basado en divergencias políticas fundamentales, sino por predilección personal, por venganza de injurias reales ó supuestas, por esperanza de grandezas y vínculos de agradecimiento.

¿Qué resultado había de dar fatalmente una división de partido que respondía á estos móviles? El descrédito del sistema parlamentario y de los hombres políticos que ayer como quien dice, se presentaban ante el país como hermanos y hoy se deshonran arrojándose al rostro mutuamente lodo y sangre. ¿Quién no tendrá derecho ya á dudar de la rectitud de los más juciosos propósitos, de las más patrióticas promesas, cuando á la faz del mundo entero ensalzábamos una amistad que no existía ó fingimos hoy un odio que en realidad no abrigamos?

Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos ahora, si los partidos liberales no abandonan la línea de conducta que desde el rompimiento de la conciliación han adoptado,—¡Pobres instituciones revolucionarias! Los pueblos civilizados más viejos y decrepitos no se resignan fácilmente á sobrellevar una degradación indeterminable.

Atestigua la historia con ejemplos demasiado tristes que cuando los partidos políticos degeneran en banderías capaces de desgarrar por antagonismos personales las entrañas de la patria, la sociedad encomienda á un hombre la salvación, si no de su propia dignidad, al menos de su cultura; pero si como sucede entre nosotros, las instituciones se oponen á este vergonzosísimo recurso y ocupa la primera categoría del Estado un espíritu noble, recto é incapaz de faltar á su juramento, la razón se pierde y la imaginación se abisma al sondear los profundos arcanos que puede encerrar el porvenir.

La responsabilidad de los que han roto la conciliación, no tendrá límites ante la historia por el momento en que provocaron el rompimiento y por la manera y forma con que lo han llevado á cabo.

Cuando los hombres piensan de una manera diametralmente opuesta, cuando los antagonismos políticos están justificados por la diferencia de doctrinas, por el distinto organismo social que cada cual concibe, los adversarios esgrimien armas nobles, se estiman y se respetan aún en los momentos más airados, más rudos, más sangrientos de la lucha. Mas si por el contrario el combate tiene por único y exclusivo fundamento rivalidades de amor propio, celos de influencia, hambre de poder, no hay consideración por elevada y patriótica que sea, que no se sacrifique con tal de satisfacer aquellos rebajados móviles.
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La agresión inmotivada de los radicales contra sus antiguos compañeros de la mayoría y la desesperación que ha levantado en ellos la pérdida de un poder que juzgaron perpetuo, explican al menos versado en nuestras luchas intestinas la fisonomía del Congreso de los diputados; al presentarse en él por vez primera el ministerio presidido por el Sr. Sagasta, y el escándalo anti-reglamentario y casi faccioso con que ha concluido la legislatura.

En el tristísimo repertorio de nuestros escándalos políticos, difícilmente se encontrará nada parecido á las dos últimas sesiones del Congreso de los diputados, bastando fijar la atención en la manera con que fué recibido el gobierno en la Asamblea, para averiguar, si cupiera alguna duda, quiénes han cumplido aquí con su deber, quiénes siguen ocupando el lugar que ocupaban, quiénes están dispuestos á hacer todo género de sacrificios en aras del bien público. Forman parte del ministerio, Sagasta, Malcampo y Topete y al atravesar el emiciclo prorumpían en chiches y murmullos los republicanos que atacaron á D. Juan Prim en la Constituyente, los republicanos que se alzaron en Málaga, en Jerez y en Paterna contra la soberanía nacional legítimamente representada por las Cortes, los que, salvo honrosas excepciones, no han tenido valor cívico para condenar los excesos de la Commune de Paris, los que falseando la verdad de la historia por pasión política dirigen al monarca, que es el más firme guardador de las garantías constitucionales, ataques y censuras de cuya falsedad é injusticia son los primeros en estar convencidos.

Les acompañaban en el escándalo los representantes directos de la bandera que enarbolaron el Trapense, el cura Merino y Palillos; los que tienen por genealogía gubernamental el sistema de las purificaciones' y de los asesinatos jurídicos y en medio de estas dos falanjes emulándolas, si no aventajando á todos en encono al ministerio, en menoscabo á sus individuos, se levantaban en fraternal consorcio con republicanos y carlistas, sirviendo entre ellos de lazo de unión, los radicales, los soi désant defensores de la dinastía; de las instituciones y de la libertad.

¿Quiénes han permanecido fieles, preguntamos nosotros, á los compromisos contraídos? ¿Quiénes tienen hoy por adversarios á los mismos que tuvieron en la Asamblea Constituyente y durante el primer periodo de la anterior legislatura? ¿Han cambiado de actitud los hombres que apoyan al ministerio, ó los que los combaten? ¿Es que el odio á Malcampo, á Topete y Serrano, á los marinos que dieron en Cádiz el grito de libertad y al vencedor de Alcolea ha llegado al extremo de trasformar por virtud de su repugnante influencia en amistad y consorcio el recuerdo impercedero de cincuenta años de fratricidas luchas?

Con la elocuencia que nace de la sinceridad del sentimiento, con la in-
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dignacion propia del que se vé calumniado al defender una causa justa, ponia de manifiesto el presidente del Consejo de ministros su representación política en el seno de la Asamblea en frente de las abigarradas huestes que le vienen combatiendo sin tregua ni descanso.

Un programa político, liberal, juicioso, sensato, fiel expresión de las ideas que dominan hoy en la Europa civilizada, ha enseñado al país los propósitos de que está animado el gobierno. No está salpicado de frases pomposas más aproósito para embaucar á los incautos que para inspirar confianza á las personas formales. No anima á sus autores el prurito de plantear reformas poco meditadas que, destruyendo la trabacon administrativa del país, convierten el gobierno del Estado en el trabajo de Penélope, en un continuo tejer y destejer que hace tiempo nos pone en ridículo ante propios y extraños.

Campea en el discurso del Sr. Sagasta un escrupuloso respeto por la legalidad y se refleja en todo él la sincera promesa de respetar en su legítimo ejercicio el derecho de cada uno. Ese discurso-programa, tan combatido, tan censurado por los órganos del flamante radicalismo, es mil veces más liberal que la mayor parte de las peroraciones pronunciadas por su autor en la Cámara Constituyente cuando se sentaban á su lado el Sr. Martos y el Sr. Zorrilla; cuando presidia la Asamblea el Sr. Rivero. Pero entonces vivía el general Prim; á la sazón no se habían desbocado las desapoderadas y vulgares ambiciones que han resucitado en el país las malas pasiones de los peores tiempos de nuestras pasadas luchas políticas.

Los que ayer ensalzaban las nuevas instituciones, los que por sus antecedentes revolucionarios y por el papel que han jugado en la elección de la dinastía debían respetar más las prerrogativas regias, hablan ya sin rebozo en sus periódicos de las monarquías que se pierden por entregarse á la reacción, como si eso fuese posible, de hoy más entre nosotros, sin una restauración que vendría sin duda al día siguiente del triunfo de la demagogia. Recuerdan el ministerio Polignac y Guizot queriendo comparar las consecuencias que para las dinastías de Borbon y de Orleans tuvieron aquellas administraciones en Francia con las consecuencias que para la dinastía de Saboya tendrá en España el ministerio presidido por Sagasta, y del cual forman parte Topete y Malcampo.

Creemos difícil registrar ninguna lucha política en España ni fuera de España en que la pasión haya rayado más alto. Se apurará el vocabulario de los políticos de plaza contra el Sr. Sagasta, contra el Sr. Topete y contra el Sr. Malcampo. Se hablará en todos los tonos de proyectos liberticidas, de resellamientos vergonzosos, de fusiones inmorales, de ventas, de traiciones, de los sufrimientos del pueblo, de la necesidad, en fin, de una suprema venganza.

Inútil y vana palabrería. Si el gobierno, como esperamos, y bajo cuya
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condicion tan sólo le prestaremos nuestro modesto, pero leal apoyo, conserva íntegras todas las garantías constitucionales; respeta el uso legítimo de todos los derechos; prueba con su conducta que es el fiel custodio de las leyes; que su filiación en los partidos militantes estriba, más en la unidad de principios que en la mancomunidad de intereses; si una alta imparcialidad preside sus actos y determinaciones: si ve en sus adversarios hombres que piensan de distinto modo pero que han de ser gobierno mañana y no enemigos que deban extirparse; si á sus injustas agresiones contesta en la tribuna y en los periódicos con la medida y el reposo que engendra la razón y la justicia, el pueblo, el verdadero pueblo, el que vive de la industria del trabajo honrado, el que ejercita la libertad en bien de la patria y no para satisfacer malos instintos, estará á su lado, y la opinión pública primero, y la historia luego, le harán cumplida justicia.

No olvide el Sr. Sagasta que con minoría en la Cámara, subió al poder William Pitt, teniendo en frente, y como enemigo personal al gran Fox, que representaba algo más en la vida política de la nación inglesa, de lo que representa el Sr. Ruiz Zorrilla en la vida política de la sociedad española, y que el gran estadista inglés inculcó los principios liberales en el partido conservador, al cual habló siempre el lenguaje de su padre lord Chatham. La juventud inteligente de la Gran Bretaña se puso decididamente al lado del jóven ministro, que conservó íntegra la Constitución inglesa, en frente de la deleznable influencia que en el mundo ejercían las escenas del terror y el proselitismo de la república francesa, levantando el poder del imperio británico á la altura necesaria para encerrar en Santa Elena al primer capitán del siglo, al representante del absolutismo militar en Europa. Los republicanos franceses con su radicalismo, destruyeron, quizá para siempre, la libertad en Francia y haciendo pasar á su país por la vergüenza del Directorio, por la esclavitud de Napoleon I, hicieron posible esos gobiernos de Polignac y de Guizot, que hoy se sacan como fatal ejemplo. William Pitt, vigorizando las instituciones liberales sin quebrantarlas, consolidó en la Gran Bretaña, el triunfo definitivo de la libertad. Muerto de los ingleses, llamaron más tarde los hombres políticos en su ciego despecho á Roberto Peel, y el pueblo del Reino-Unido bendice y bendecirá eternamente su memoria. Mendizábal y Calatrava entre nosotros, han sido censurados y vituperados de conservadores, de tránsfugas, de reaccionarios en las épocas en que prestaron más servicios á la patria y hoy se les levantan estatuas. El populacho de Cádiz silbó y apedreó á Argüelles: que po su rectitud ha alcanzado el nombre de divino.

Inspírese el ministerio presidido por el Sr. Sagasta en altos principios de rectitud y de libertad, sin hacer política de pandilla: basta ya de improvisaciones escandalosas e injustificadas: no acepte la desapoderada lucha á que han de incitarle día y noche sus enemigos sino el terreno de la legalidad y de
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la justicia: no se asuste de la libertad, y comprenda que el mejor correctivo que tienen las exageraciones de los partidos despechados, es el vacío que á su alrededor erea la verdadera opinión pública.

La Corona al decidir la crisis, conservando en el poder al ministerio presidido por el Sr. Sagasta, no sólo ha cumplido religiosamente su ofrecimiento, de entregar el decreto de disolución al partido monárquico y dinástico más numeroso de la Asamblea, sino que ha respetado al obrar así la letra y el espíritu de la Constitución, las formas parlamentarias y las costumbres de los pueblos regidos por instituciones representativas.

Las constituciones de todos los pueblos libres conceden al monarca el derecho de elegir entre la Cámara y el poder responsable cuando están en divergencia, apelando por una elección general al fallo supremo del pueblo. Derrotado el ministerio Sagasta en la Asamblea, el Rey usaba de un derecho perfecto que le concede la ley fundamental disolviendo la Asamblea, y conservando en el poder al ministerio, que debía convocar nuevas elecciones. Pero no son estos los datos del problema, desde el momento en que coincide con la derrota del ministerio, que los jefes de todos los partidos dinásticos hayan declarado delante de la Corona que ninguno, absolutamente ninguno puede gobernar con las actuales Cortes. Presentada de este modo la crisis, la disolución del Congreso era inevitable.

¿Quién debía disolver?

Sin tener en cuenta la promesa del Rey de entregar el decreto de disolución al grupo monárquico y dinástico más numeroso de la Asamblea; haciendo caso omiso de que los hombres que han votado al lado del ministerio aceptan y defienden las instituciones vigentes; preacindiendo de que están en un mismo lado las figuras militares más respetables de la revolución y la mayor parte de las civiles, ¿podía el Rey optar entre el ministerio y una Cámara condenada á morir por los jefes de todos los partidos?

¿Qué razón, qué principio parlamentario justificaria la preferencia de la Corona por un hombre ó por un partido, si no daba el decreto de disolución al ministerio que hoy existe, para dárselo á otro ministerio que se forme mañana?

Un Rey sinceramente constitucional puede elegir entre la Asamblea, y el poder responsable, cuando habiendo divergencia entre ambos poderes, ambos tengan una existencia legal y legítima; mas cuando esto, no es posible, como en la ocasión presente, el monarca constitucional no debe demostrar predilección por ninguna parcialidad. La Cámara destruyó al ministerio presidido por el Sr. Ruiz Zorrilla; la Cámara derrotó al ministerio presidido por el Sr. Malcampo; la Cámara ha vencido al ministerio presidido por el Sr. Sagasta. El Rey ha llamado á los jefes reconocidos de todos los partidos militantes á ver si había aún alguno que pudiese contar con mayoría en la Asam-
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blea para gobernar, y todos han declarado que semejante propósito era irrealizable. En estas circunstancias entrega el soberano el decreto de disolución al ministerio que encuentra existente, medio único de no mostrar preferencia por ninguna individualidad ni por ninguna doctrina, pidiendo al país en nuevas elecciones que le señale la dirección que debe dar á los negocios públicos.

La resolución de la crisis es, no sólo constitucional, sino la única posible para un monarca ante el cual todos los partidos legales tienen idénticos derechos.

J. LUIS ALBAREDA.
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EXTERIOR.

Una reforma constitucional en sentido muy liberal y una reforma administrativa en sentido muy descentralizador han sido propuestas al Parlamento portugués por el gobierno del vecino reino.

Según el primero de esos dos proyectos, la Cámara de los pares se formará en adelante con miembros vitalicios, nombrados por el rey, y sin número fijo; nadie podrá tomar asiento en ella por derecho hereditario; la elección del monarca no podrá recaer sino sobre personas que como magistrados, prelados, generales, académicos, profesores, diputados antiguos, ó mayores contribuyentes, pertenezcan á ciertas elevadas categorías en los órdenes gerárquicos de la Iglesia, de la magistratura, de la milicia, de la instrucción pública, de la política, ó de las clases sociales. En el caso de ejercer su prerrogativa de disolver la Cámara de los diputados, el rey, que por la Constitución vigente no tiene puesta cortapisa para el uso de esa importante facultad, tendrá obligación de convocar otra Cámara dentro de los tres meses siguientes. La Cámara elegida después de una disolución no podrá ser disuelta antes de completar tres meses efectivos de sesiones. Tampoco hay establecidas limitaciones para la régia prerrogativa de indultar á los delincuentes; y el gobierno propone que no puede ser ejercida en adelante sino con aplicación á ciertos y determinados individuos; y nunca en favor de los ministros responsables si no precede petición de uno de los dos cuerpos colegisladores. La inmunidad personal de los pares y de los diputados no parece bastante garantizada por las disposiciones vigentes, y por el proyecto ministerial se establece que ningún miembro de las Cámaras pueda ser preso, excepto el caso de ser cogido infraganti, ni procesado durante la legislatura sin permiso de la Cámara respectiva; pero al mismo tiempo se dispone que trascurrido el tiempo por el que fuere negado ese permiso, ó terminada la legislatura, el proceso siga los trámites ordinarios en los tribunales competentes.
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Los funcionarios administrativos, de cualquiera clase que sean los delitos de que hayan de responder, podrán ser procesados y juzgados por los jueces ordinarios sin necesidad de autorización previa. No se exigirán fianzas ni establecerán restricciones que embaracen directa ó indirectamente el ejercicio de la libertad de imprenta. La abolición de la pena de muerte para toda clase de delitos políticos ó comunes se eleva á precepto constitucional. En los proyectos de ley de contribuciones, ó de quintas, prevalecerá la opinión de la Cámara electiva, cuando ésta no admita las modificaciones hechas por la Cámara de los pares. Los portugueses disfrutarán del derecho de reunirse pacíficamente y desarmados sin necesidad de autorización previa, con arreglo á las leyes que regulen este derecho. Las reuniones fuera de las casas ó edificios quedarán sometidas á las leyes de policía. Serán electores los jefes de familia y los que supieren leer y escribir.

Las novedades que se quiere introducir en la ley constitucional son muy importantes y todas tienden á ensanchar el círculo de los derechos individuales ó á restringir las facultades del poder ejecutivo. En algunas cosas, se trata conocidamente de imitar las reformas hechas en España en el derecho político en los últimos años; pero sin llegar hasta donde entre nosotros se ha llegado. La Cámara de los pares dejará de ser hereditaria; pero no será de elección popular. El derecho de reunión será muy amplio, y lo mismo el de imprenta; pero no se les declara el carácter de absolutos é ilimitables por las leyes. La supresión de la autorización previa para procesar á los empleados es copia de lo que en España se ha establecido, y fué en Francia parte de los programas de los partidos liberales, comenzados á ejecutar por el ministerio Ollivier. La obligación en el poder ejecutivo de convocar, en el caso de disolución de la Cámara, otra nueva dentro del plazo de tres meses, es ya antigua entre nosotros. La cortapisada añadida para que hasta cumplidos tres meses efectivos de sesiones (el proyecto ministerial no explica qué ha de entenderse por tres meses efectivos) y me parece que esto podrá, en su día, producir dudas y diversidad de interpretaciones) es bastante más moderada que la exigencia de la Constitución española de 1869, de que todos los años estén las Cortes precisamente reunidas cuatro meses.

La más satisfactoria de todas las reformas proyectadas es la abolición de la pena de muerte por toda clase de delitos, si es exacto, como se afirma, que esa reforma es ya completamente innecesaria, puesto que la pena capital ha caído en desuso y por nadie se echa de menos. Si estos hechos son ciertos demostrarían una envidiable suavidad de costumbres políticas y de costumbres sociales.

Aunque la actual Cámara de los diputados examinará y concederá ó negará su aprobación al proyecto del ministerio sobre reforma constitucional, ésta será sometida á la nueva Cámara que se elegirá después con poderes
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bastantes del pueblo para hacer las alteraciones propuestas en el derecho político. Es un procedimiento bastante anómalo con el cual se procura en Portugal evitar los riesgos que son propios de las Asambleas Constituyentes al mismo tiempo que las objeciones contra las reformas de la ley constitucional hechas por Cortes ordinarias, no elegidas con poderes especiales para tan trascendentales actos de soberanía.

El programa administrativo del ministerio portugués está reducido á prometer una gran descentralización. ¿Quién sería ya capaz de contar las veces que los gobiernos y los partidos liberales de Francia, de España, de Italia, de Bélgica y de Portugal han pedido desde la oposición ó decretado desde el poder que la administración pública se descentralice? ¿Cuándo se hará una vez de veras, si tan conveniente es, ó se abandonará para siempre el empeño de hacerlo, si las necesidades sociales y políticas de la raza piden que la centralización continúe ó se vigorece todavía más?

De todas maneras, el gobierno portugués, poniendo la mano en la Constitución y en las leyes orgánicas, en plena paz, cuando el trono es respetado, cuando las Cámaras funcionan con cierta normalidad, cuando las innovaciones proyectadas, discutidas detenida y repetidamente, pueden aspirar al carácter de reformas previsoras y no impuestas por movimientos revolucionarios, y cuando la Carta constitucional otorgada por D. Pedro lleva ya cuarenta y seis años de regir casi constantemente, pues sólo estuvo interrumpida su observancia desde 1838 á 1842, y hace ya veinte que fué completada con el acta adicional, ofrece un notable contraste con la nación francesa, que ante la guerra civil y social, ante la ocupación extranjera, y en vista de la necesidad apremiante de reorganizar la autoridad pública, el ejército, la administración y la Hacienda, no ha podido, ó no ha querido establecer más que un gobierno provisional.

Los inconvenientes de la interinidad y de la anómala forma actual de los poderes públicos se han puesto una vez más de manifiesto en los últimos días. Mr. Thiers, usando de su privilegio de tomar, cuando le entra gana de hablar á la Asamblea, el puesto que corresponde á sus ministros responsables, pronunció en la sesión del 13 un largo discurso en defensa del establecimiento de impuestos sobre la introducción de primeras materias; la Asamblea, que es decididamente hostil á semejante impuesto, con repetición se negó á aprobarlo; el presidente de la república, tomando activa parte personal en los debates parlamentarios, aunque hasta cierto punto los dirigió á su gusto, encontró después resistencias invencibles. Desairado una y otra vez, presentó su dimisión, haciendo lo mismo, como era preciso, los ministros responsables. La Asamblea se negó en la sesión del 20 á admitir la renuncia de Mr. Thiers, y le dió la satisfacción de declarar que en sus votaciones del día anterior no había tenido intención alguna de mostrar desconfianza