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de una manera sistemática, saltando por cima de las instituciones y del estado social, según lo verificaron los autores de las Partidas. Deben realizarse procurando respetar lo que de conservación sea digno, teniendo en cuenta que toda mudanza en el derecho hace sentir su influjo en distintas esferas, produciendo conmociones más ó menos intensas. La legislación civil es móvil, aunque en menor grado que otras, y anda al par que los tiempos y la ciencia, sin detenerse, modificándose y desarrollándose, sin que sea necesario ni mucho menos para que un código alcance éxito, como ha sostenido un partidario de la escuela histórica (1), «que la nación para quien se formase quedará por decirlo así estacionaria con relación á los diferentes acontecimientos, cuya fluctuación y cambios podrían afectar á la acción de las leyes, y que no solamente fuere preciso que estuviese al abrigo de todas las alteraciones en estos principios y usos, sino que además los diversos pueblos, sus aliados, permaneciesen igualmente estacionarios.» Estas aseveraciones son inexactas: las instituciones civiles ni han de ser móviles hasta la veleidad, ni tampoco estacionarias por temor á las innovaciones. Todos los descubrimientos han ocasionado víctimas y herido intereses: la imprenta, la pólvora, el vapor, la electricidad, las máquinas modernas en el terreno de los intereses materiales, y la abolición de la esclavitud y la extinción de los señoríos en los morales han lastimado á muchos. ¿Quién habrá, sin embargo, que los condené? Hé aquí el principal punto de vista bajo el que debe consolidarse esta cuestión en España.

La conveniencia de un Código civil que regularice el derecho, derogue las disposiciones inarmónizables con los actuales adelantos, conserve las que se hallan aún en completo vigor, ya por estar basadas en los principios eternos de justicia ó por no haberse terminado su misión, adopte y establezca las grandes conquistas de la ciencia y sistematice sus disposiciones, tomando lo aceptable de las legislaciones hoy vigentes, se desprende aún del examen más ligero del estado de la nuestra civil. Hija de todos los tiempos y épocas, aglomerada en multitud de códigos vigentes, y al gusto tanto contradictoria y confusa en varias de sus disposiciones, produce incertidumbre en los derechos y la consiguiente complicación de cuestiones, y pueden en cierto modo atribuirse la los grandes defectos que Dilati de Tasserlo (2) acumulaba exageradamente sobre la legislación romana.

«España, dice un escritor de quien hemos hecho mérito diferentes veces,

(1) Cooper lettres sur la cour de la Chancellerie d'Angleterre carta 26.
(2) Traité sur les lois des Romains du temps de la République, vol. 2.º, cap. XI.
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M. Belisme, está regida por un gran número de costumbres provinciales (fue-ros). Se aplica también la Novísima Recopilación, promulgada por Carlos IV en 1806, extensa compilación que es una edición más ó menos modificada de la recopilación de Felipe II. Se mantiene el Ordenamiento de Alcalá, que da fuerza de ley á las Siete Partidas de D. Alfonso el Sabio, siendo tal la confusión, que según algunos la ley de los visigodos, conocida con el nombre de Fuero Juzgo, no está derogada aún.» «La posteridad, dice respecto á este último punto la comisión encargada de redactar el proyecto de Código civil del año de 1823, se llenará de asombro y tendrá por increíble que la nación haya caminado cerca de cinco siglos sin saber positivamente cuáles eran las leyes de las que dependía la decisión de nuestros más preciosos intereses.» Y sin embargo, esta es una verdad de hecho. Sin entrar en las dudas acerca del valor legal de las compilaciones que se conocen con el nombre de leyes del estilo y ordenamiento real, desde que se publicó la ley del Ordenamiento de Alcalá, copiada en la primera de Toro de 1505, y trasladada como una tóquía real á las recopilaciones nueva y novísima, se duda todavía en la actualidad, no sin graves fundamentos, si es cuerpo vigente de leyes la compilación gótica titulada el Fuero Juzgo, y caso de serlo qué lugar de preferencia ó postergación obtiene respecto de los otros.» (1) Esta compilación del derecho civil, que lejos de aminorarse se iba aumentando con cada colección nueva, ha tomado en nuestros días más crecidas proporciones por la muchedumbre de leyes que se han publicado, de reales decretos y decisiones del Tribunal Supremo, que llenan extensos volúmenes, haciendo no poco difícil su exacto conocimiento. Y si á este cúmulo de disposiciones legales, á su incoherencia, á la alteración en el lenguaje y las ideas, consecuente á la sucesión de los tiempos y á la incertidumbre sobre el valor y autoridad de los códigos se agregan las costumbres locales que aún rigen en ciertos pueblos y la legislación foral dominante en varias provincias, legislación igualmente heterogénea, se tendrá la justificación más cumplida de los casi generales esfuerzos de nuestros jurisconsultos en pró de un Código general.

Negar la utilidad de éste sobre una legislación tan complicada, sería cerrar los ojos á la luz, porque tal estado de confusión ó incertidumbre, según acertadamente expresa el colaborador de Benthan, M. Dumont (2).

(1) En la primitiva obra de Febrero, tomo 3.º, pág. 363, se cita una Real cédula que concedía autoridad al Fuero Juzgo y al Fuero viejo de Castilla.
(2) Papers of codification.
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rodea á los hombres de peligros, exponiéndose cada individuo á violar una ley é incurrir en pena. ¿Cómo puede sostenerse á la luz de los principios jurídicos una legislación tan heterogénea, hija de necesidades contrarias, reunión de diferentes costumbres, en la que predominan, ya el espíritu libre, independiente y caballeresco de los invasores del Norte, ya las creencias opresoras de los romanos, bien los especiales preceptos de los fueros, las pragmáticas de los reyes de la casa de Austria, ó las modernas innovaciones de nuestros tiempos? ¿Cómo alzar la voz en defensa de un estado social que sirve de obstáculo á la completa unificación de la monarquía? ¿Cómo anteponer al interés general de la nación los particulares de varias provincias que, sin embargo de todo, claman por reformas, piden únicamente la conservación del que sea aceptable de sus fueros y anhelan ver llegar el momento de que al pasar sus fronteras no se cambie la organización de la familia ni varíen las reglas de la contratación y las bases de las sucesiones?

A pesar de consideraciones tan decisivas, no han dudado en sostener los jurisconsultos afiliados á la escuela histórica la necesidad de realizar por medio de leyes sueltas, con preferencia á un Código general, las reformas que exige nuestra legislación civil. La época de la codificación, dicen, no ha llegado aún; la ciencia no ha conseguido el desarrollo necesario; las instituciones y las ideas no se han modificado por completo; las legislaciones forales extienden su dominio sobre provincias importantes, teniendo en ellas profundas raíces, y los diferentes ensayos realizados en estos últimos tiempos, sobre todo en la parte civil, han alcanzado éxito nada lisonjero; siendo, de consiguiente, preciso ir preparando el terreno, removiendo obstáculos, allanando dificultades, conciliando intereses y facilitando los progresos científicos hasta realizar la trasformacion social, ventajas que sólo por medio de leyes sueltas, de reformas parciales y sucesivas pueden conseguirse. Hé aquí, en resumen, los argumentos de los adversarios de la codificación civil. ¿Será cierto que aún no haya llegado para nuestra patria la época de ella, que la ciencia del derecho no haya alcanzado el desarrollo preciso ni tenido lugar esa trasformacion en las ideas que cambia la manera de ser de los pueblos? ¿Será imposible la formación de un Código civil?... No, de ninguna manera. España, que nunca ha caminado á la zaga de la civilización, y que tan dilatada serie de jurisconsultos ofrece en todos los tiempos, no ha retrocedido tampoco en este siglo. Su marcha ha sido constantemente progresiva, y aun cuando á manera de los malos génios de Milton, que divididos por la espada, de los ángeles, reunían inmediatamente sus esparcidos miembros y emprendían de nuevo el combate, renacieron con
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el ánimo del prelado de Calahorra; propagóse la saña á sus canónigos y diocesanos, y haciendo la violencia oficio de ejecutor de la justicia, moviéronse estos tumultuariamente contra la inofensiva Colegiata; invadieronla á mano armada; «despojaron al arcediano Guillermo de sus vestiduras episcopales y cometieron otras tropelías. Sospechase que en lo que más se cebaron los agresores (prosiguen los autores mencionados) fué en los pañeles, para que no quedase memoria de la Sede ni en tiempo alguno pudieran deducir con documentos ningún derecho. (1)»

Pero no quedaban en esto las desdichas de la colegiata de Arméntia antes de mediar el siglo xiii, á que la restauracion ojival se refiere. Tras agresion tan violenta, en que, á usanza del tiempo, hubieron tal vez de hermanarse el hierro y el fuego, esperaba á aquella basílica, símbolo un dia de fraternidad y mutua proteccion entre los refugiados en el suelo vasco y sus antiguos moradores, una persecucion sin ejemplo. El arcediano Guillermo dirigía sus quejas, ya abandonado de todos, al soberano Pontífice: Honorio III, que lo era á la sazon, expedía en 1223 un breve, en que tomaba bajo su proteccion al arcediano, al cabildo y sus bienes; pero ni la autoridad del Santo Padre, ni sus apretadas conminaciones hicieron alijar un punto la ira de los calagurritanos, que, propagándose á sus sucesores de un modo incalificable, tuvo «en perpetua agonía al cabildo de Arméntia,» hasta que ocupó aquella silla el ilustrado y piadoso obispo D. Bivian, corriendo ya el año de 1266.

Ahora bien: ¿pueden darse en la historia de la colegiata de Arméntia circunstancias más afeativas ni de mayor desamparo y tenacidad, pues que se refieren al no insignificante periodo de setenta y seis años (1190 á 1266). ¿Sería acaso inverosímil que, en una de esas populares y vandalicas agresiones, una teta maligna, excitada por el odio de sus dueños ó superiores aspirase á ganar colmadas albricias, confiando á las llamas la solucion de tan largas querellas?. Nosotros no lo afirmamos cerradamente; pero fijando nuestras miradas en la manera con que la destruccion se verifica, no podemos olvidar la circunstancia lógica de haber necesitado sustitucion únicamente la armadura del cuerpo de la iglesia y el cerramiento de la media naranja. Este hecho habla en verdad muy alto para quien conozca los efectos de todo incendio en tal linaje de construcciones (2). Pudo, pues, la obra

(1) Reseña histórica del obispado alavense, pág. 106.
(2) No aspiramos á esforzar considerablemente esta hipótesis: debemos, no obstante, añadir que, examinando el efecto producido en los timpanos y en los fragmen-
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frecuencia las dificultades que creía haber orillado, ha conseguido por fin más permanente victoria. Basta tornar la vista hacia el camino recorrido y las reformas planteadas, para encontrar la confirmación de este aserto. Los pasos dados en la vía de la unidad de la legislación civil desde que por las Cortes de Cádiz se asentó el principio de que unos mismos códigos rigiesen en toda la monarquía, son verdaderamente inmensos. Los valladares que separaban á las provincias eran, por otra parte, infinitamente mayores que en la actualidad, y más fuertes y poderosos los lazos que las unían á sus instituciones, intereses y vida local y recuerdos históricos. Sin embargo, nuestros sabios legisladores realizan la unidad nacional, y en aras de ella sacrificaron así los privilegios de la nobleza como los del municipio, los fueros más importantes de las provincias, é instituciones tan arraigadas como los señoríos, mayorazgos, vinculaciones, etc. España ha experimentado desde principios de este siglo una trasformacion completa. La unidad política, la unidad religiosa, la unidad de idioma, todas las unidades se han ido consiguiendo poco á poco: tan sólo faltan la administrativa, y la más importante de todas, la más necesaria, la de legislacion, la unidad de derechos y deberes. Y ¿por qué no habremos de tener, dice un distinguido publicista, esa unidad, base y fundamento de todas?

«Cuando una sociedad pasa de un estado á otro, y en esta transacción se descubren nuevas necesidades, más bien que recurrir á la demolición de todo el antiguo edificio legal, es lo más prudente recomponerlo sobre sus propios cimientos, con la sola excepcion de que se hallen estos resentidos.» (1) Esta solución, única en concepto del ilustrado marqués de Gerona para resolver las interminables cuestiones de la codificación, ha sido la adoptada por los legisladores. En ella se resuelven las principales objeciones de los jurisconsultos históricos que acusan á los defensores de la codificación civil de pretender trasformar rápidamente esta legislación y borrar de una plumada las conquistas de los siglos para cimentarla sobre bases nuevas y arbitrarias. «Los cambios que propongo, decía Bacon á Jacobo I, no son considerables: no pido innovaciones, tan solo quiero mejoras, pues se sabe cuánto más fácil es enmendar lo que es bueno que corregir lo que es malo. No trato de cambiar las leyes, sino separando lo que ha caído en desuso y lo que es dañoso y nocivo; disponer metódicamente la parte que se conserve, á fin de hacerla más clara, más fácil de retener y de aplicación más cómoda.» Hé aquí contestada la suposición hecha por

(1) Marqués de Gerona, artículo en la Escuela del Derecho, por Ester.
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algunos jurisconsultos, entre ellos Cooper, de que el ilustre canciller era opuesto á que se escribiese el derecho comun. Lo mismo que pedía para Inglaterra es lo que se solicita para España, lo que han sostenido los legisladores franceses y se defiende en los notables tratados que han visto la luz desde principios del siglo en casi todas las naciones. La situacion de España es bastante análoga á la de Inglaterra en la parte legislativa; y sin embargo, no han dudado los jurisconsultos ingleses en solicitar reformas inmediatas y la formacion de un Código uniforme. A pesar del espíritu eminentemente tradicional de aquella nacion, de su amor á las instituciones seculares, ha sido la demanda casi general. Han visto que los males, á semejanza de los altudes, crecen con el movimiento; han visto que ceder ante los obstáculos es hacer cada vez más difícil la victoria; que los pueblos se oponen tan solo á las reformas inmotivadas, deseando con vehemencia la claridad de las leyes; han visto las inmensas ventajas que lleva consigo la unificación del derecho, y con la fé de la persuasión y la constancia de las ideas han sostenido la cruzada por la reforma del derecho, aumentándose sus filas con estadistas y escritores tan notables como Sir Roberto Peel, Brougham, Tailor, Ouslow y Macakintosch.

No son, por otra parte, tan considerables los obstáculos que las legislaciones forales oponen á la formacion de un Código, que se requiera irlo preparando durante largos é indefinidos años. Las provincias forales no oponen á la unidad de legislacion los grandes impedimentos que pretenden los adversarios de ésta. Cuando las reformas se hacen á medida que las necesidades las reclaman, y se respeta lo que es digno de conservarse, anteponiéndose á toda otra idea la del bienestar general, ó el mayor bien del mayor número, principio que, según Bentham, debe predominar en los códigos (1), los pueblos, por adheridos que estén á sus tradiciones, léjos de oponerse procuran facilitar las tareas legislativas. La historia de nuestra legislacion confirma este principio. Todos los códigos fueron no sólo aceptados, sino más bien pedidos por los pueblos. Así lo dicen las actas de las Cortes y los mismos preámbulos de tales trabajos. Los códigos de Eurico y de Alarico y el Fuero Juzgo en la época visigoda, los diferentes cuadernos municipales de la Edad Media, las recopilaciones posteriores y los códigos de nuestros días fueron naciendo á medida que eran solicitados por las necesidades de los pueblos, una vez preparados por los adelantos de la ciencia. En todos ellos se modifica y reforma la legislacion existente, y á

Bentham: De la codificación.
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pesar de contener novedades en principios y disposiciones fueron recibidos sin oposicion. Un solo ejemplo hallamos en contra; tal es lo sucedido con las Siete Partidas de D. Alfonso. Éste, ó más bien el maestro Jácome, dejándose arrastrar, según ya hemos dicho, por su atencion al derecho romano y á las decretales, instituciones y manera de ser del pueblo castellano, hería así los privilegios de las clases más poderosas del Estado, como tambien á la institucion foral extendida por toda la Peninsula. En él no se tuvo la debida cuenta con lo existente, no se cuidó de armonizar elementos que debían serlo, y las consecuencias de semejante conducta no podian ser dudosas. Ofendidos los pueblos en sus más caros intereses, en sus ideas, en sus afectos, y más aún la Iglesia y la nobleza, aunaron sus esfuerzos y echaron por tierra aquel inmoral Código. ¿Pero se encuentra nuestra patria en la misma situacion que en tiempos de D. Alfonso el Sabio? ¿Son tantos y tan generales, se hallan tan profundamente arraigados como entonces los intereses particulares y las instituciones que hayan de modificarse? ¿Es tan radical y violenta la reforma que se necesita?.... No, ciertamente. Las importantes trasformaciones que asi en la legislacion mercantil como en la penal, en la politica, en la administrativa y hasta en la civil se han ido realizando desde principios de este siglo, han levantado los mayores obstáculos, proclamándose por todos los defensores de la codificacion el respeto de lo que aún tenga razon de ser.

No son muy notables las divergencias que separan las legislaciones de Castilla, Aragon, Cataluña y Navarra. Las distintas leyes civiles incluidas en la Novisima Recopilacion, que fueron dadas despues de la union de las coronas de Castilla, Aragon y Navarra, por cuyo motivo son de general observancia; las de señoríos, mayorazgos, desamortizacion, expropiacion forzosa, propiedad territorial, etc.; la que determina el modo de suceder á los que fallecen sin última voluntad; la que trata del consentimiento paterno para contraer matrimonio, y la que suprime la tasa del interés del dinero; la innovadora ley hipotecaria; la de aguas y algunas otras relativas á tute- las, curadurias, retractos, etc., que encierra la de enjuiciamiento civil; las mismas decisiones del Tribunal Supremo, en las que se resuelven cuestiones de las provincias forales, según los principios del derecho comun; y otras muchas cuya enumeracion seria ociosa, han modificado las legislaciones especiales en puntos capitales y facilitado el camino de la unificacion del derecho. Es verdad que la constitucion de la familia, el régimen dotal, las sucesiones divergen en muchas de sus partes en esas provincias; pero no es menos cierto que estas mismas se hallan interesadas en conseguir la
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uniformidad, viéndose todos los días á sus más distinguidos jurisconsultos clamar por que se ponga término á un sistema que tantos y tan graves inconvenientes arrastra. «Un padre, decía un orador célebre en las últimas Cortes Constituyentes (1), que testa en un pueblo de Vizcaya, no puede desheredar á sus hijos; pero si sale á otorgar su testamento á un caserío, aunque esté á veinte pasos de distancia, puede ya efectuarlo. ¿Qué ventajas puede haber en que continúe este absurdo? ¿Tan poco ilustrados son los españoles que no deseen todos que se examine cuál es el régimen más conveniente al bien de las familias y al del Estado?» Estas consideraciones son sumamente atendibles. La complicación en el derecho y la diversidad de legislaciones, causan males de trascendencia, mantienen la desconfianza entre las provincias y se oponen acaso más que ninguna otra causa á todas las reformas, por ventajosas que sean, oposición que, en juicio de Bacon (2), es el mayor de los absurdos.

Pero aunque fuesen de grande importancia tales divergencias, no por eso dejaría de ser asequible su conciliación. Medios existen para armonizar los intereses encontrados, sin tener que acudir á las reformas por leyes especiales y sucesivas. Aparte de no ser exacto que los legisladores prudentes hayan realizado estas sin contemplación alguna y sin conceder términos más ó menos dilatados para evitar perjudiciales consecuencias, ejemplos suministran la historia general europea y la especial de nuestra patria de las precauciones que con tal objeto pueden adoptarse. Vigente se hallaba hasta principios del siglo la desastrosa y anti-económica legislación de mayorazgos y vinculaciones, legislación que se extendía por todas las provincias, y que llegando á ser una especie de delirio estancó las tres cuartas partes de la propiedad territorial de la Península. Cifraban sus esperanzas en esa institución miles de individuos, se habían creado á su sombra delicadísimos intereses, y dependían de ella las sucesiones, la contratación y en cierto modo la constitución de la familia. Sin embargo de todo, las necesidades de la época, los progresos de la opinión pública y los principios de la ciencia económica se levantaron en contra de las vinculaciones, y las Cortes de la nación, cediendo á tan poderosos impulsos, aprobaron la ley que las puso término. Pero lejos de defraudar las esperanzas y conculcar los intereses de los próximos sucesores, mejoraron su condición, trasfor-

(1) D. Salustiano Olózaga.
(2) Opinión de Sir Francisco Bacon dirigida á Jacobo I sobre el modo de consolidar los estatutos.