Revista de España (1871-09-01 00:00:00), página 460

currir á locales impropios del objeto grande á que están destinados, é inferiores con mucho á cualesquiera otra dependencia del Estado.

Más importante es la creación de un cuerpo de policía judicial que, puesto en inmediato contacto y dependencia de los tribunales, preste al juez instructor sus auxilios, porque el esfuerzo aislado de un solo hombre tropieza siempre con dificultades para la investigación del delito, dificultades que á veces son insuperables. Ahora que las autoridades gubernativas no pueden arbitrariamente atentar á la libertad individual, que se ven obligadas á respetar al vago y al ocioso, todo el mundo vuelve la vista á los tribunales, contra quienes suelen hacerse cargos injustos por la impunidad de ciertos delitos, cuando esos cargos debieran dirigirse contra el procedimiento y ponerse empeño en la creación de cuerpos auxiliares de vigilancia y de investigación. El juez no puede castigar sin pruebas, y las pruebas no se inventan.

Existen numerosos cuerpos de vigilancia urbana y rural, sobre cuya base podría formarse una buena policía, dándoles régimen e instrucción adecuadas. No queremos insistir en este punto, pero llamamos sobre él la atención del gobierno y de las Cortes.

Ocupándose del procedimiento criminal, no podía el presidente del Tribunal Supremo olvidarse de la prisión preventiva, por ser una de las cuestiones más difíciles que puede plantearse en estos términos. ¿Cuándo y bajo qué garantías debe decretarse la prisión del procesado? El Sr. Gómez de Laserna no lo resuelve, pero consigna la opinión de los jurisconsultos, conforme en que la suficiencia de los motivos para decretar la prisión, así como su necesidad, "no pueden menos de confiarse á la prudencia judicial."

¿Ha hecho la ley todo lo que puede para garantir la seguridad personal? Quizá deba responderse negativamente á esa pregunta, y negativamente la contesta el señor Gómez de Laserna; pero la experiencia enseña que, si en lo antiguo era un adagio la frase siempre hay tiempo para soltar, en nuestros días, y después de las recientes reformas, se incurre en una extremada y poligrosa laxitud por exonerar las responsabilidades que lleva consigo el auto de prisión.

Ocupase después el presidente del Tribunal Supremo en lo que constituye el verdadero juicio criminal, ó sea el plenario. A este propósito llama la atención sobre el irregular procedimiento que estuvo rigiendo acerca del modo de tratarse el juicio, hasta que por la ley provisional de Julio del año 1870 se modificó, estableciéndolo sobre la base de la acusación y defensa hechas en vista de las pruebas. Pero esa modificación es notoriamente insuficiente, y en el día hay puntos sobre los cuales no existe divergencia de pareceres entre los jurisconsultos. Las comisiones de codificación que de muchos años acá se han sucedido merecen elogios por el celo, saber y laboriosidad que han desplegado, y á ellas toca también la gloria de haber iniciado la reforma del procedimiento criminal, basándolo sobre el juicio oral y la única instancia, sin perjuicio del recurso de casación. Dos veces en años pasados se propuso la reforma, en unión de otras bases relativas á la organización de tribunales, y las dificultades que siempre han surgido para la segunda reforma han afectado á la primera. Ello es que el juicio oral y la única instancia son las bases indiscutibles de todo procedimiento criminal digno de la época y de la civilización que hemos alcanzado.

¡Pero la responsabilidad criminal ha de declararse por el jurado, ó por los jueces!