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tinado solamente á recoger los primeros informes, y no debe ser confundido ni con el jurado de acusacion ni con el del juicio. Si el homicida es señalado por la voz pública y reconocido por este informe preliminar, es inmediatamente detenido, en virtud de un writ de capias, por el sherif que está obligado á presentarle en la audiencia próxima. El Habeas corpus, garantía de la libertad individual de los ciudadanos, no puede ser invocado en este caso. La persecucion se hace en nombre de la corona.

Cualquiera que sea detenido injustamente, puede reclamar dirigiéndose al lord canciller ó á uno de los jueces del banco del rey. Todo ciudadano apresado debe ser interrogado en las veinticuatro horas y excarcelado bajo caucion hasta que el sumario esté terminado: tiene tambien derecho á una indemnización pecuniaria si demuestra que ha sido detenido injustamente. El Parlamento tiene la costumbre de suspender el Habeas corpus en tiempo de turbaciones, pero sólo por un intervalo, confiando al rey el poder de asegurarse, durante este intervalo súlamente, de las personas sospechosas.

Cuando la muerte accidental no es objeto de indagacion del oficial de la justicia, como cuando se trata de delitos no capitales ó de los considerados privados, la persecucion no tiene lugar en nombre de la corona. No se encarga ni de las pesquisas y averiguaciones del criminal, ni de la instruccion del proceso, ni de los gastos que origina; no hace más que prestar su nombre á las persecuciones criminales. No hay, como en España, ministerio público que cuide de los intereses de la parte lesionada, sino que incumbe á esta parte misma proveer en justicia. En su defecto, es preciso que se encuentre una persona que denuncie el crimen ó el delito y persiga al criminal en su nombre privado á su riesgo, y con la perspectiva de soportar, en caso de mal éxito, gastos considerables, abnegacion rara en un país donde no prepondera el amor del prójimo. La ley, es cierto, ha procurado excitar las denuncias y las persecuciones privadas, otorgando al perseguidor una recompensa, y aún en algunos casos, una indemnización de sus penas y pérdida de tiempo; pero estas ventajas son insuficientes para determinar á un ciudadano á encargarse del cuidado costoso de la vindicta pública. Los resultados de parecidas instituciones son fáciles de adivinar; es la impunidad de muchos crímenes. «La ley está hecha para los ladrones,» decía Sir Samuel Roncilly, pero se presenta en seguida la imposibilidad para los pobres, de obtener justicia ó reparacion.»

En esto se descubre el vicio radical, la llaga de la justicia inglesa. Llena de privilegios é inmunidades para el rico, es dura é inaccesible al pobre.
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El dinero parece su único móvil; sin dinero no hay procurador que sostenga la causa del pobre, lesionado en su persona ó en sus derechos; no hay abogado que defienda al acusado inocente; no hay testigos que depongan en su favor, porque no se nombra jamás abogado de oficio, y los gastos ocurridos por la molestia de los testigos de descargo, son de cuenta del acusado.

El derecho penal de Inglaterra es tan esencialmente feudal, que no ha repudiado todavía formalmente el procedimiento por vía de llamamiento, base primera del derecho bárbaro. El hijo cuyo padre haya sido asesinado; la mujer cuyo marido haya sido víctima de una felonía, pueden citar al homicida ante la justicia sin que ésta intervenga de otra manera que para pronunciar el juicio ó ordenar la prueba por el duelo judiciario si lo estima necesario. Se vió en 1817 arrojar el guante en un negocio criminal y otorgarse el duelo por el tribunal á los dos adversarios.

Formalizado el llamamiento, la parte lesionada puede únicamente detener las consecuencias; sólo ella puede hacer gracia al delincuente; el rey mismo no puede. Hasta Enrique IV, los parientes del hombre asesinado, después de la condenación, llevaban al asesino al pie del patíbulo, donde le entregaban al verdugo. Después Eduardo I determinó que, en el caso de absolución del apelado, debía el acusador pagarle una fuerte multa y sufrir una prisión de un año: la misma pena para los garantizadores. De aquí el abandono gradual de los llamamientos.

Sabemos, pues, cómo son perseguidos los crímenes en Inglaterra. Veamos cómo son juzgados.

Las audiencias tienen lugar en Londres una vez al mes, y en los condados cuatro veces al año. Están presididas por turno, uno de los quince supremos jueces que componen los tribunales comunes del banco del rey y del fisco ó por uno de sus delegados. Estos jueces se presentan en los condados en virtud de comisión real que les reviste del derecho de juzgar toda materia de traición, de felonía ó de delito y ordenar el exámen por jurado ordinario de los delincuentes detenidos en las prisiones. Por este medio todas las prisiones son vaciadas cuatro veces por año, y los procesados escapan á la plaga de la detención preventiva de duración ilimitada: por esta razón las audiencias eran llamadas tribunal de oir y terminar, evacuación general de las prisiones.

El jurado de acusación es elegido entre los hombres de mayor consideración en el condado, en lo que se llama la gentry. De este orden sortea casi todos los jueces de paz. Esta aristocracia secundaria se encuentra, por
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lo tanto, revestida de una influencia considerable, cuyos abusos más de una vez han proporcionado conflictos. El jurado de acusacion ó gran jurado presta juramento ante el recorder; recibe las acusaciones privadas y las que le son deferidas en nombre del rey; examina todos los procesos que se le remiten, pero rara vez oye los testigos. Si se convencen de la existencia del hecho incriminado, los jurados escriben al dorso: la acusacion es verdadera: la parte entonces está en estado de acusar. La declaracion del jurado se limita á reasumir los agravios imputados al procesado, formando la base del procedimiento seguido ante el jurado del juicio.

Este último se compone de doce jurados sacados á la suerte de una lista dirigida por el sherif: no hay jurados suplementarios, lo que conduce á despachar los negocios con gran rapidez, por el temor de que una enfermedad súbita no impida el ejercicio á uno de los elegidos.

Un acta del Parlamento, fecha 22 de Junio de 1825, modificó y reunió en una sola ley todos los estatutos relativos al jurado: determinó los motivos, en pequeño número, que pueden autorizar las recusaciones ejercidas por la corona: el acusado goza del derecho de recusar hasta veinte jurados sin alegar motivo alguno. De otra manera sucede en los negocios politicos cuando se trata de traicion ó de conspiracion contra el Estado. ¿Quién no ha oido hablar de los jurados escogidos y de las sospechas que inspiraban? No se usan de estos jurados especiales en Inglaterra, donde sublevarian la conciencia pública; pero Irlanda sufre este funesto regimen. Difieren del jurado comun en que el attorney general y el acusado pueden, sin causa, recusar hasta la mitad del número total de los jurados inscritos en la lista, y sobre todo por el cuidado que pone el sherif en escoger los que designa.

El acusado es llevado á la barra y se le da lectura de la acusacion después que se le pregunta si se reconoce culpable: si responde afirmativamente todo termina, no se procede á los debates: la máxima non auditur perire volens está admitida en Inglaterra.

No existe pais donde las absoluciones sean tan numerosas, tan escandalosas. Estos veredictos indulgentes, pronunciados en desprecio de la evidencia, no obedecen á un sentimiento de humanidad, sino á causas diversas y propias de la legislacion inglesa. A la cabeza de estas causas es preciso colocar el excesivo rigor de las penas, rigor de que hablaremos más adelante, y que está endulzado hoy; pero se debe señalar, sobre todo la ausencia del principio de las circunstancias atenuantes y la unanimidad impuesta á los jurados. No existe término medio alguno entre la absolucion y el abandono del acusado á todos los rigores de la ley; el jurado, en los casos dudosos
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ó cuando la pena le parece excesiva, se inclina invariablemente á la clemencia. La unanimidad que se exige de él y que se pretende obtener por una especie de tormento físico, forzando á los disidentes á plegarse al parecer de la mayoría, produce el mismo resultado.

Según una ley muy antigua y no abrogada, el juez presidente puede retener á los jurados en su tribunal, sin comer ni beber, sin fuego ni luz, hasta que estén unánimes para condenar ó para absolver. Esta extraña disposición parece tomada de un artículo de la Bula de Oro. Hoy, en la práctica, algunos temperamentos son llevados á estos rigores: alguna vez, después de varios días en que los jurados no han conseguido ponerse de acuerdo, el negocio es diferido á la sesión siguiente. Se cita causas políticas en que no habiendo podido llegar á un acuerdo varios jurados sucesivos, ha concluido el altorrey general por abandonar la acusación; pero son raros estos casos. Impulsados por sus negocios ó por los placeres que les esperan, indiferentes la mayor parte al interés colectivo, los jurados hacen fáciles concesiones, de las que resulta casi siempre la absolución del acusado. Así que lord Kinsdown decía en la Cámara de los lores, en 1859, que quisiera mejor abolir la institución del jurado, que mantenerla tal como es, y el gran canciller, lord Campbell, proponía sustituir la simple mayoría á la unanimidad, moción en la que se creyó vislumbrar un ataque á la independencia y libre ejercicio del jurado.

A pesar de estos defectos que debieran fomentar el crimen, sucede, por el contrario, que la clemencia no desperta malos instintos, pudiendo concluir que los rigores de las penas no son el medio seguro de crear moralidad.

Inglaterra ha respetado siempre el principio de la publicidad de los debates, primera garantía de la buena administración de justicia. En los reinados de Eduardo VI y María fué definitivamente permitido citar testigos para el mejor convencimiento de los jurados, no obteniendo los acusados más que, como favor especial, el derecho de asignar un testigo de descargo. Este derecho les está hoy reconocido; pero con la condición, como hemos dicho, de satisfacer los gastos que esta molestia proporcione á los testigos.

Hasta 1824 la ley inglesa rehusaba á los procesados la asistencia de un defensor. «Para convencer á un acusado, decía Eduardo Coke, las pruebas deben ser tan claras que no sean susceptibles de contradicción alguna.» Napoleón I era del mismo parecer. Las defensas están hoy autorizadas; pero son siempre breves, y como cuestan bastante caras y no se nombra abo-
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rías, vinos extranjeros y otros artículos (1), con tal amplitud que el nuevo ingreso procedente de todos estos artículos se calcula no ya en 34 sino en 102 millones de francos. De igual manera las alteraciones introducidas en el proyecto relativo al registro y timbre darán un producto que, según se calcula, no será ya de 90, sino de 98 millones y medio de francos.

Al hablar de la cordura de la Asamblea no hemos dado á entender que aprobemos cada una de las medidas adoptadas, para lo cual sería preciso entrar en un examen prolíjo que renovase todo el trabajo de aquellos legisladores. Lo que hemos querido decir es que merece elogio la decisión de aquel cuerpo, que ha tenido confianza en el patriotismo francés, y puesto á prueba el de los contribuyentes, cuyos sacrificios son necesarios para que el Estado llegue á puerto de salvamento. Con arreglo á ciertas doctrinas harto aventuradas cuando son demasiado absolutas, y de las cuales nos proponemos tratar en lugar oportuno, el medio sencillo y sin duda cómodo de que aumenten los ingresos de las aduanas y de los demás impuestos indirectos consiste en disminuir y aligerar el tipo, de suerte que se dé ensanche al consumo. Entendida en términos razonables, puede esta doctrina, que sin duda alguna es muy popular, tener su aplicación conveniente cuando en medio de circunstancias favorables y desahogadas es lícito á los gobiernos fiar en largos plazos al tiempo el ensanche de los consumos y el resarcimiento de sus pérdidas. Ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ha parecido práctico aplicar á necesidades perentorias ese sistema que viene á ser como el privilegio de los gobiernos desahogados y de los Tesoros con sobrantes.

Reservando para otro lugar la interesante discusión de esta materia, y reanudando nuestra narración recordaremos que estos recursos, votados por la Asamblea republicana, si bien cuantiosos, no eran ni con mucho todo lo que había pedido el gobierno. Aún con los aumentos votados por iniciativa de la legislatura habían de producir unos 250, ó bien 260 millones de francos, y el gobierno había pedido 488. Los restantes 250 millones, ó por mejor decir, una suma mayor aún, atendidas las alteraciones acordadas en

(1) El té 200 francos los 100 kilogramos, ó sea próximamente un franco por libra. El cacao á 50 céntimos por libra.
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gado de oficio, la gran mayoría de los procesados queda sin defensor.

Luego que el veredicto está acordado, si implica la pena capital, el juez se cubre con su birrete negro y dice al condenado: «Me queda que pronunciar la terrible sentencia de la ley. El tribunal ordena que sereis devuelto á la prision, para ser extraído tal dia y conducido al lugar del suplicio donde sereis suspendido por el cuello y extrangulado hasta vuestra muerte. Dios tenga piedad de vuestra alma; no teneis nada que esperar de los hombres.»

Hemos dicho bastante para que el lector se forme una idea clara cómo son perseguidos y juzgados en Inglaterra los crímenes cometidos por culpables de rango inferior: los procesos de los criminales de rango elevado, principes, pares ó miembros de la Cámara de los Comunes, son de la competencia del Parlamento constituido en tribunal. Se l'ama bill de attainder la ley en virtud de la que las dos Cámaras juzgan y condenan sin subordinacion á las reglas ordinarias y sin intervencion del jurado.

En segundo lugar del orden gerárquico sigue el tribunal llamado del banco del rey, último vestigio de la antigua aula régia, en el que está reunido todo lo que habia de bueno y útil en la jurisdiccion de la Cámara estrellada creada por Enrique VII. Sus jueces son los oficiales supremos del reino: puede prohibir á las otras jurisdicciones proseguir los procedimientos comenzados; puede tambien, como lo hizo en el proceso de O'Conell, conocer por si ó someter el conocimiento á los jurados sacados del condado donde se cometió el crimen.

Tribunales inferiores conocian de las felonías de importancia secundaria, de las trasgresiones, de las violencias y de ciertos robos. El tribunal de los quarter sessions actúa una vez por trimestre en cada condado. Se forma por dos jueces de paz asistidos de jurados: es una especie de tribunal de policia correccional. El tribunal llamado de los pelafustanes juzga las pendencias, las raterías y otros delitos cometidos en las ferias y mercados.

Los tribunales eclesiásticos, únicos donde ha dominado siempre el derecho romano, han gozado largo tiempo del derecho exclusivo de conocer de los crímenes cometidos por los clérigos y de los ataques inferidos por los laicos á la religion y las costumbres; así que, bajo este aspecto, no diferia su jurisdiccion de la de los demás tribunales eclesiásticos en la Edad Media. En Inglaterra, como en todos los países católicos, los crímenes de lesa majestad divina, las herejías, la apostasía, el sacrilegio, la hechicería, eran castigados con la pena del fuego. La ley De herético comburendo se aplicaba tambien al blasfemo, penalidad más dura que en Francia; la ley
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común se encargaba de ejecutar la sentencia eclesiástica. Desde 1832, lo tribunales episcopales han sufrido una refundición que, sin ser completa, cambia absolutamente su fisonomía. El poder todavía reconocido á estos tribunales, aunque caído en desuso, de inflicir penas por los delitos de difamación, de adulterio, de incesto, etc., les ha sido quitada: han perdido también en 1857, la jurisdicción en materia de divorcio.

Inglaterra se vanagloria de haber repelido siempre el tormento y, sin embargo, se muestra todavía en la torre de Londres una máquina construida, hacía la mitad del siglo xv, por orden de los duques de Exeter y de Suffolk, ministros de Enrique VI, que estaba destinada evidentemente á torturar á los procesados. «Estos hombres de Estado, dice Blackstone, habían formado el designio de introducir la ley civil en este reino, como regla que había de seguir el gobierno. La ley civil, en boca de este comentador, significa aquí el derecho romano y el sistema inquisitorial, amados de todos los gobiernos absolutos y favorables á la omnipotencia real. En el reinado de Enrique VIII, el lugarteniente de la torre imaginó otra máquina que, en lugar de distender los miembros, como la de Exeter, les replegaba violentamente y «hacia el cuerpo del paciente redondo como una bola.» Se han conservado numerosas órdenes, mandando el tormento, de los reinos de Enrique VIII, Jacobo VI, y aún de Carlos I, una de estas órdenes está firmada, «Isabel,» y ordena el tormento de los criados del duque de Norfolk.

Todos estos hechos son incontestables; pero los jurisconsultos ingleses tienen gran cuidado de objetar que no prueban nada en favor del uso legal del tormento. No fué aplicado sino como medio de Estado, jamás como medio de instrucción judicial: no se ordenaba en virtud de la ley, sino del poderío real. Tampoco se encuentra huella alguna á partir de la república. En 1628, con ocasión del asesinato del duque de Buckingham, impopular favorito de Carlos I, se propuso en el consejo privado atormentar á Felton, su asesino, para que revelase sus cómplices; los jueces, á quienes se consultó, declararon unánimemente que las leyes inglesas no admitían un medio semejante de procedimiento.

Pero á falta del tormento, la legislación inglesa ha empleado casi hasta nuestros días, un medio de coacción que, por la atrocidad, no cede en nada al tormento judicial: es lo que se llamaba la pena fuerte y dura, suplicio que remonta á Eduardo I. Se aplicaba esta pena á todo procesado que rehusaba aceptar el debate ante los jurados, porque, por una extraña extensión de los principios del derecho germánico, el jurado no podía juz-
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gar al acusado, si no aceptaba su jurisdiccion. El que rehusaba responder ante el jurado, era colocado en posición supina en el suelo de un calabozo oscuro y se le cargaba «un peso de hierro tan considerable como pudiese soportar y aún más,» términos de los jurisconsultos ingleses. Permanecía alternativamente un día sin beber, y un día sin comer. Por todo alimento se le daba el primer día tres pedazos de pan del más grosero; el segundo tres vasos del agua estancada que se encontrase lo más cerca de la prisión y así alternativamente hasta que moría.

La existencia del condenado sometido á este régimen podía prolongarse, según ha demostrado la experiencia, hasta cuarenta días, nunca más, y esto sin sufrir la enorme compresión de que acabamos de hablar. Esta carga de un peso de hierro, ó según la expresión consagrada, la presión hasta la muerte, fue inventada en tiempo de Enrique IV, «como una medida dictada por una especie de compasión, dice Blackstone, y para libertar más pronto al preso de sus tormentos.»

Si esto no es el tormento, confésemos que se parece mucho; la única diferencia está en el fin. El tormento se proponía obtener del acusado una confesión contra sí, la pena fuerte y dura hacerle aceptar la jurisdicción del país y castigarle por el desprecio que parecía blasonar. Pero las dos tenían resultados, si no semejantes, análogos al menos: sufrido sin confesión, el tormento, se declaraba inocente al acusado; la pena fuerte y dura sufrida hasta morir, dejaba el nombre del paciente puro de toda mancha. No incurría en la degradación feudal ni en la corrupción de la sangre: su fortuna pasaba á sus herederos; pero para esto era preciso que sufriese la pena hasta la muerte, de donde podemos deducir que, bajo el punto de vista de humanidad, era preferible el tormento.

Para salvar á sus familias de las fatales consecuencias de la corrupción de la sangre, culpables ilustres aceptaron este largo martirio. Se cita á este objeto una aventura dramática cuyo héroe es el jefe de una antigua familia del Norte de Inglaterra. En un acceso de celos había muerto á su mujer y precipitado de las almenas de su castillo á los hijos que vivían con él: le quedaba uno, el más joven, que eriaba una nodriza de un arrendamiento vecino. Circo de furor, embriagado por la sangre, corre á este arrendamiento resuelto á sacrificar á este último hijo; pero en el camino le sorprende una tempestad. Lo sombrío del cielo y á la vista de los relámpagos que desgarran las nubes, el matador se detiene: las tinieblas, el ruido siniestro que retumba en los bosques que le rodean, el estrago del rayo le espantan y aterrorizan. Tiene miedo; la voz de la naturaleza parece acusar-
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le; sus cabellos se erizan, se figura ver las víctimas alrededor suyo, oye sus gritos, siente abrumarle la mirada de grandes ojos fijos sobre él; quiere huir y se encuentra clavado en su puesto por una mano invisible, cae de rodillas y articula un grito de perdón que apenas sale de su garganta. Entonces se opera una revolución en su ser que le trasforma, apareciendo un rayo de luz en su mente que le patentiza el horror de su conducta y le muestra la necesidad de librar no sólo de la muerte al último hijo que le queda, sino también de la infamia y de la ruina que le impondrá su suplicio. Piensa en la pena fuerte y dura, expiación para él, medio de salvación para su hijo, vía que se abre ante sus ojos para escapar á una condenación infamante.

Tomado este partido, corre en busca del sheriff y en el oscuro e infecto calabozo, desnudo sobre el húmedo pavimento, presa de los tormentos del hambre y de la sed, ahogado lentamente bajo la masa de hierro que abruma su pecho, inquebrantable en su mutismo feroz, sufre hasta la muerte la horrible tortura del peso.

La pena fuerte y dura fué implicitamente abolida hacia el fin del último siglo por un estatuto de Jorge III, en que se ordenaba que todo individuo llamado á la barra que rehusase contestar á la acusación, fuese considerado convicto.

Principios absolutamente contrarios rigen hoy la jurisprudencia criminal de Inglaterra: el obstinado silencio del procesado se considera no como confesión, sino como denegación del crimen. El procedimiento penal ha pasado súbitamente del exceso del rigor al exceso de la indulgencia: la ley parece tener miedo de encontrar culpables. Se evita, en el curso del debate, interrogar al procesado sobre las circunstancias del crimen, á fin de evitar que sea su propio denunciador: con frecuencia, cuando pretende hablar para justificarse, se le advierte, caritativamente, la conveniencia de callarse y de no prestar armas á la acusación. Jamás se emplean preguntas capciosas ni se tienden nunca lazos al acusado. Entre los ingleses se han desconocido completamente el uso y las prácticas de nuestros tribunales; el juez presidente no ejerce presión alguna sobre los jurados, no se agrupan los hechos hábilmente, ni se alegan antecedentes del procesado opuestos á sus actuales declaraciones, no hay resumen parcial ni golpes teatrales. La verdad no resulta siempre de este sistema; pero cuando sale es por la fuerza de la evidencia. La justicia jamás bace el oficio de atormentador. Tal es en resumen la organización judicial y el procedimiento penal de que la Gran Bretaña está orgullosa y de la que varias naciones han copiado alguna parte. «Las libertades de Inglaterra, dice orgullosamente Blackstone,