Revista de España (1871-09-01 00:00:00), página 21

man más estable asiento de 16 á 20.000 penados (1), que en el desaseso, la miseria, el ócio, la comunicación con los más osados y perversos, concluyen su fatal aprendizaje avezándose á una vida llena de rencores contra la sociedad, perdiendo el pudor, que es el gran protector de la inocencia, y contrayendo un maléfico espíritu de cuerpo ó de solidaridad con el conjunto de los criminales. No es nuestro intento hacer ahora el cuidadoso estudio que requiere el estado de las cárceles; permitase decir, sin embargo, que el más eficaz y urgente remedio á los males de ellas está en la reforma de las leyes sobre prisión preventiva. Cediendo á las instigaciones de una excesiva suspicacia, y anteponiendo el deseo de la averiguación del delito y cumplimiento de la pena á todo otro género de consideraciones, han sido demasiado fáciles en decretar el encarcelamiento de los indicados como delincuentes, en vez de adoptar el cuerdo sistema de jurisprudencia que prescriba no coartar medio alguno de defensa á los presuntos reos, y que concep- túa innecesaria la prisión cuando el mal de la pena es notoriamente inferior á los que sufriría el que para evitarla abandonase sus intereses, su casa, su familia y su patria, ó se entregase á los azares de una vida perpetuamente desasosegada. Baste dejar indicadas estas ideas, sin entrar en los pormenores de su desarrollo; pero recordando siempre que el primer grado de la reforma de presidios está en la de las cárceles, y de la prisión preventiva (2).

provincias y partidos. Los datos mejor comprobados demuestran que el cálculo no es ciertamente defectuoso por exceso. Basta, en efecto, considerar que en 1862 fueron calificados de delitos 25.940 hechos, y se procesaron 46.645 personas, de las cuales 23.310 fueron penadas. Esta proporción se mantuvo en los años siguientes, pues en los de 1863, 64, 65 y 66, de que se han formado cuadros algún tanto exactos, las causas ejecutorias ascendieron á 48.198, 44.563, 43.162 y 45.320; y esto sin contar los llamados delitos especiales de hacienda, que por fortuna irán cada vez más desapareciendo con las leyes prohibitiva y protectora; pero que producían al año unos 1.500 procesados, y los militares, que no han bajado en todas las armas de 2.500.

(1) En el decenio de 1858 á 1867, el número de confinados fluctúa entre 18.445 (en 1858) y 20.690 (en 1860). En Octubre de 1870 había 18.103 hombres y 1.391 mujeres. Esta cifra ha sufrido posteriormente considerable alteración en baja, por consecuencia de la aplicación del art. 23 del Código reformado.

(2) El convencimiento de esta verdad va por fortuna generalizándose y ha encontrado eco en las Cortes Constituyentes, y en las actuales ordinarias. La proposición del Sr. Saúlata ataca resuelta y finalmente el mal que deploramos, y será el fundamento de esta importante mejora. Tal vez abordemos este asunto procurando tratarlo con algún detenimiento, siquiera no sea más que por excitar á otros más entendidos y competentes. No será sin embargo inoportuno hacer ahora dos ligeras observaciones. Las reglas á que hoy todavía tienen que atenerse los jueces son las marcadas en la 34 y 35 de la ley provisional por aplicación del Código de 1850, aunque tanto mejoradas por el R. D. de 30 de Setiembre de 1859. Según ellas, y acaso interpretando demasiado rígida