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la Trinidad, 21 de Mayo de 1559. Omitimos la parte que no hace relación directa á nuestro objeto.

«Doña A. E., condenada á penitencia (penitenciada) hija del marqués de A..... y mujer de D. J. A., fué declarada, en el pasado y en el presente, hereje con apostasia, por haber abrazado la secta maldita y reprobada de Lutero. Y por haber contestado plenamente y pedido misericordia, fué perdonada. Condenada á perder todos sus bienes y derechos y á comparecer el dia del acto de fé sobre el estrado patibulario, vestida de un hábito de penitente, con dos cruces de San Andrés y un cirio en la mano, debiendo conservar este aparato hasta el momento de volver á entrar en la prisión del Santo Oficio. Que ella confiese y comulgue en las tres grandes fiestas del año y asista á la misa y al sermon con los otros.»

«Doña M. de R., religiosa, hija del marqués de P..... profesa en el monasterio de Santa Catalina de Sena en Valladolid, fué declarada en el pasado y en el presente, hereje luteriana con apostasia. Condenada á comparecer en el estrado del cadalso el dia de la ceremonia con dos cruces de San Andrés, un cirio en la mano, y terminado el acto de fé, despojada de este vestido, será de nuevo encerrada en el convento con la pérdida de su plaza en el coro y refectorio y sus derechos de eleccion y de elegibilidad.»

«C. del C., residente en Zamora, fué declarado hereje luteriano apósta- ta, y por haber persistido en la confesión de su secta como dogmatista y maestro en herejía, fué entregado al brazo secular, condenado á perder todo su haber, así como sus hijos y nietos en línea masculina, conservando los derechos de sucesion los de la línea femenina.»

El bachiller y licenciado H...., abogado y domiciliado en Toro, fué declarado hereje luteriano apóstatá, falso y fingido confesor y dogmatista, maestro en herejía. A causa de su obstinación, apareció en público con una mordaza en la boca y fué entregado al brazo secular. Este hombre defendió y tuvo por buena hasta la muerte la secta luteriana. Hacia veinte años que era hereje y pertenecía á la secta maldita de Lutero y en cierta confesión que hizo declaró que en lo que toca al Santo Sacramento, había creído siempre que el cuerpo verdadero de Jesucristo estaba presente, pero que á su parecer, la Iglesia no tenía razón en rehusar á los que comulgan el vino consagrado del cáliz y que en esto la Iglesia estaba en el error. En cuanto al purgatorio y la remisión de los pecados no creía, opinando que
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el cielo le ganaban los que tenian confianza en Jesucristo, mientras que el infierno estaba destinado á los que no tenian esta confianza..... Y él murió en esta creencia, se le quemó vivo y todos sus bienes confiscados.»

«L. de C., mujer de este bachiller, declarada hereje luteriana, condenada á prision perpétua, pérdida de bienes, ella y sus hijos, etc.»

«Cuando fué terminada la lectura de la sentencia se hizo comparecer á los penitentes admitidos á enmienda y después de preguntados si su arrepentimiento era de corazon y contestado que sí, así como después de predicarlo el sermon, recitado y cantado el Miserere mei y entonado el himno Veni creator se les admitió á reconciliacion y asociados á la comunion de la Iglesia. Ellos fueron declarados indignos de vestir seda, llevar oro, perlas; inhábiles para toda profesion; prohibicion de montar á caballo, usar armas, paño fino; obligacion de confesar y comulgar en las tres grandes fiestas del año, de asistir los domingos y fiestas á la misa y sermon en la iglesia que se les designaba, debiendo conformarse con la penitencia impuesta bajo pena de ser tenidos por impenitentes y relapsos. Y hecho esto se comenzó de nuevo á leer las sentencias.»

Omitimos nosotros reseñar las sentencias por no hacer interminable esta descripcion, bastándonos consignar que «los quemados vivos fueron catorce entre hombres y mujeres, bastantes en estige y los huesos de doña L. de V. y que la regla que se siguió, dice el extracto, en el castigo fue de no admitir á enmienda á los que eran maestros dogmatistas de esta secta maldita.»

Tambien debemos consignar, según el extracto, que «entre los que permanecieron en prision y no fueron al acto de fé, por el más gran bien de la republica y la cristianidad y con el objeto de obtener algunas noticias de alta importancia figuraba uno que, habiendo podido huir y ganado la frontera de Alemania, el rey Felipe II le hizo buscar á él y un monje de San Isidoro de Sevilla, les detuvo y encerró en los calabozos de la Inquisicion, habiendo costado los gastos de esta persecucion más de cuatro mil ducados.»

La Inquisicion, pues, preparó el triunfo de la monarquía absoluta. El código de esta institucion sirvió grandemente los intereses politicos, así que fueron necesarias pocas leyes para concluir con el espíritu de independencia que sembraron los comuneros y con la diversidad de costumbres que habían creado los fueros, estableciendo por su eficacia la unidad política y la unidad religiosa: estos dos instrumentos de opresion, el código político y el código religioso se prestaron mútuo apoyo, paralizaron todo
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esfuerzo inteligente, habituaron á los españoles al sombrío mutismo y á la gran reserva que hoy forma el carácter de aquellos departamentos más castigados.

España, sin embargo, no cedió sin resistencia. Desde el principio del reinado de Carlos V, en 1518, las Cortes de Aragón, de Castilla y de Cataluña presentaron al rey el proyecto de una ordenanza destinada á arreglar la organización y el procedimiento del tribunal del Santo Oficio y á limitar su autoridad. Estas asambleas nacionales protestaban en favor de los antiguos privilegios de los comunes y querían que se derogase el derecho de juzgar la Inquisición ciertos crímenes cuyo conocimiento se había abrogado, en desprecio de las leyes locales. Carlos V prestó oídos á estas representaciones, llegando á una transacción entre él y las Cortes que sometió al Papa León X.

El poder de Roma, prevenido ya contra la independencia que afectaba el Santo Oficio de España, quiso aprovechar esta ocasión para reformarlo y someterle á las reglas generales, comunes á las inquisiciones de los demás países. El gran inquisidor era entonces Adriano Boyer, que debía sentarse poco después en la silla pontificia: antiguo preceptor de Carlos V, ejercía sobre el espíritu de su discípulo gran ascendiente, de manera que le costó poco trabajo desbaratar sus proyectos y obtener el envío á Roma de un embajador extraordinario encargado de solicitar del Papa la revocación e I Breve en que ordenaba la reforma.

El triunfo de Carlos V sobre los comuneros dió también la victoria á la Inquisición, que no conoció freno ni obstáculo para exacerbar sus crueldades. Adriano, antes de dejar á España para tomar posesión del trono pontificio, extendió la jurisdicción del Santo Oficio á las Indias y todas las islas del Océano.

Al conde de Aranda, célebre ministro de Carlos III, el mismo que expulsó á los jesuitas, es á quien se debe el honor de haber inferido el primer golpe al poder de la Inquisición, restringiendo su jurisdicción al solo caso de herejía obstinada y de apostasía, prohibiendo la prisión preventiva sin pruebas fundadas.

El 4 de Diciembre de 1808, un decreto de Napoleón suprimió el Santo Oficio como atentatorio á la soberanía. Restablecido por Fernando VII, la Inquisición fue definitivamente abolida por las Cortes de 1820. Había sentenciado, durante un trascurso de poco más de tres siglos, 340.921 individuos, de los que habían sido quemados vivos un gran número, y enviados á galeras ó muertos en los calabozos de la Inquisición el resto. A este nú-
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mero no se une la multitud de seres á quienes, después de sufrir sus rigores, tuvo que declarar inocentes. Creada con el fin de establecer la integridad del dogma, se puede afirmar que produjo mayores males á la religión que si se hubiera consentido el libre exámen. No impidió la Reforma y preparó la viva reacción anticatólica que vió brillar el siglo xviii. No se ahoga el pensamiento en las llamas: quemar no es responder.

Pueblos modernos.

FRANCIA, ALEMANIA, ESPAÑA É ITALIA.

El derecho criminal de la mayor parte de los grandes Estados de la Europa revisto, á partir de San Luis, un carácter singular de semejanza, y consiste en que casi todas las legislaciones se originan de dos fuentes jurídicas, el derecho romano y el derecho canónico: del uno toman su penalidad, del otro sus formas. El genio particular de los pueblos varía algunos detalles, pero el espíritu general es el mismo. Actos criminales, definición del crimen, naturaleza y medida del castigo, aplicación de la pena al delito, todos estos elementos constitutivos del derecho criminal, así como la jurisprudencia que les explica y coordina, son procedimientos del derecho romano y del derecho canónico. De aquí nace la unidad en la jurisprudencia: el jurisconsulto es de todos los países; el criminalista español invoca la autoridad del criminalista de Roma, de Francia, de Italia: la jurisprudencia, en una palabra, se funda en las decisiones tomadas por los tribunales de todos los países y tiende á fundir la penalidad de todos los pueblos en una sola doctrina.

Hemos visto cuál fué en su origen el procedimiento feudal. Un acusador y un acusado, un juez que falla entre el uno y el otro: tales son los elementos indispensables de este procedimiento. Cuando el acusador ó el acusado no comparecen el día designado para el juicio, el señor justiciero condena al no compareciente á una multa. En la época de San Luis, el juez no procede de oficio mas que en un solo caso: el de crimen notorio y flagrante. El sistema de acusación forma, durante siglos, el fondo del procedimiento en casi todos los pueblos europeos. Se le encuentra en España en las Siete Partidas, en Alemania en el Código de Carlos V, en Francia en los numerosos edictos de los reyes, desde la Ordenanza de Carlos VII, que un escritor francés califica de primer Código de procedimiento que tuvo Francia, hasta la gran Ordenanza criminal de Agosto de 1670, dada por Luis XIV, ó más bien por Colbert.
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Poco á poco, sin embargo, el derecho de la sociedad se dibuja y se afirma: principia por perseguir en su nombre al que ataca su seguridad ó la de sus miembros. Según la Ordenanza de 1670, cuando se trata de un crimen capital que implica pena afflictiva, la transacción convenida entre el acusado y el acusador no detiene la acción de la justicia; los procuradores del rey ó los de los señores, en parecido caso, deben informar de oficio. El procedimiento por vía de acusación suponía, en el proceso, cierta igualdad entre las dos partes, un debate público, una libertad absoluta para la defensa.

El procedimiento de oficio descansa en principios absolutamente diferentes. Inferioridad del acusado frente del juez, presunción legítima contra él, pruebas inquiridas en el interrogatorio, ausencia de debates contradictorios, secreto del procedimiento, limitación, y con frecuencia prohibición de defensa, arbitrariedad en la pena, tales fueron los frutos que estableció este sistema. En el procedimiento por acusación, toda confesión hecha en la prisión se reputaba arrancada por el temor; retractada no producía efecto alguno. En el sistema inquisitorial la confesión llega á ser indispensable para la condenación del acusado; si no la da espontáneamente, se le arranca por el tormento.

Ahora comprenderán nuestros lectores por qué hemos hecho preceder á este estudio la reseña de la Inquisición; porque esta es quien presta á los tribunales laicos sus formas judiciales, este tenebroso procedimiento que rehúsa á los acusados el derecho de conocer al acusador y los testigos, es apoyo de un defensor y el debate, autorizado por el Papa Bonifacio VIII y confirmado por Inocencio VI.

Cuando la práctica de ser juzgado por los pares cayó gradualmente en desuso; cuando los bailios que, en su origen se limitaban á pronunciar el juicio de los árbitros, juzgaron por sí mismos, cuando hacia el fin del siglo xiii, los consejeros de los bailios, los clérigos y legistas de la monarquía reemplazaron casi en todas partes á los nobles feudales en los tribunales, el procedimiento secreto de los tribunales eclesiásticos sucedió, poco á poco, al procedimiento público que la feudalidad había heredado de los bárbaros. Montesquieu ha explicado perfectamente este cambio: también ha dicho por qué, abandonando las formas judiciales establecidas, se adoptaron las del derecho canónico más bien que las del romano, y fué que, no conociendo tribunal alguno que siguiese las formas del derecho romano en que el procedimiento era público, se veía únicamente á los tribunales eclesiásticos.

Así, pues, el secreto y como consecuencia la arbitrariedad, se introdu-
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jeron en el procedimiento criminal, llegando á prohibirse á los acusados el consejo de un defensor: una Ordenanza de Francisco I generalizó este sistema tan contrario á los derechos naturales de la defensa, tan impropio para garantir la mala fé de los jueces; se admitió en todas partes, excepto Inglaterra. Colbert, á pesar de la oposición de Lamoignon, mantuvo las disposiciones arbitrarias de Francisco I. «El abogado, había dicho Lamoignon, no es un privilegio acordado por las Ordenanzas ó por las leyes, es una libertad adquirida por el derecho natural, que es más antiguo que todas las leyes humanas.» Así que la Ordenanza de 1670 es, no obstante algún mérito, muy inferior á las otras reformas legislativas del Colbert. Previene que los acusados sean interrogados, así como los testigos, secretamente: el acusado no puede ser asistido de un defensor, excepto en los crímenes de concussion ó de bancarrota fraudulenta, estableciendo en esto la ley un privilegio para el dinero, y aun en este caso se deja á la discreción de juez si ha de acordar ó no la asistencia después del interrogatorio.

Con el secreto la arbitrariedad: es la deducción lógica y fatal. El juez no está obligado á motivar sus disposiciones; tiene la más extensa latitud para ordenar ó omitir la confrontación del procesado con los testigos y de los testigos entre sí; la mayor libertad para deducir si hay indicios suficientes que aconsejen el tormento, y en la carencia de pruebas y de confesión las sospechas son bastantes para condenar á una pena afflictiva. Así se introdujo en la práctica la condena por simples sospechas.

La misma arbitrariedad en lo concerniente á la pena. Estaba taxativamente indicada para cada crimen en los establecimientos de San Luis, pero Francisco I consagró el cambio en este punto. El art. 58 de la Ordenanza de Octubre de 1535 establece que el acusado será condenado á sufrir la pena según la exigencia del delito, términos que llegan bien pronto á ser sacramentales. El principio que formula están estaba ya consignado en la Ordenanza Carolina, y fué común después á todas las legislaciones europeas.

Sin embargo, la jurisprudencia establece que en los casos en que la pena fuese abandonada al arbitrio del juez, éste no podría imponer la de muerte ni pronunciar otras desusadas ó desconocidas en el reino; pero la forma de ejecución y la elección del suplicio en materia capital, quedaron completamente á su discreción. Se siente, no obstante, la necesidad de proporcionar la pena al delito. Los jurisconsultos se aplicaron á limitar un poco la arbitrariedad, trazando sobre esta delicada materia de la proporcionalidad y de la gradación de las penas, algunas reglas equitativas que, por desgracia, no eran susceptibles de rigorosa precisión. Así se llegó á señalar
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una especie de escala penal, en la que los suplicios estaban ordenados según el grado de sufrimientos que debían inflijir al paciente. La pena de ser quemado vivo fué considerada más cruel que la de ser descuartizado, la rueda, mayor que el suplicio de la horca, y ésta más cruel que la de decapitación. Se habitaron también á acumular las penas, y huyendo de un abuso se creó otro: la pena más grave fué precedida de menores penas; antes de quemar vivo al sacrílego se le cortó la mano ó se le arrancó la lengua. Todos estos esfuerzos para proporcionar el castigo al delito, no sirvieron sino para patentizar la impotencia de la jurisprudencia en establecer lo que sólo la ley debe fijar. La extrema severidad de la penalidad fué uno de los principales obstáculos para la justa graduación de las penas. ¿Qué graduación razonable, decía un publicista, se puede establecer cuando se os quita siempre la vida, no existiendo otra diferencia que en los momentos muy cortos de dolor que acompaña al suplicio?

Esta cita nos conduce á hablar de la exageración de las penas, uno de los más grandes vicios del derecho criminal de esta época. La severidad de los castigos es un testimonio de la impotencia de las leyes; pero inspirados por el derecho romano, los legistas de los tres últimos siglos parten todos de este principio esencialmente falso que la sociedad tiene necesidad de ser vengada: quieren, por lo tanto, una penalidad que infunda el terror. Se ingenian, pues, para encontrar variedades de suplicios que respondan á la naturaleza, al mismo tiempo que á la magnitud de cada delito; necesitan suplicios que prolonguen la agonía, que hablen á los ojos espantados, inventen la muerte desesperada; á la tortura física unen el tormento moral: castigan al condenado hasta en su mujer y sus hijos.

Terminemos con dos acusaciones que dominan todas las demás: la desigualdad; la ausencia de uniformidad en las penas.

En todas partes, así en España como en Francia, en Italia como en Alemania, la pena de un mismo crimen difiere según que el culpable es noble ó pechero. La fórmula «será castigado según la calidad de las personas» es de estilo, á partir del siglo xvi, en las leyes criminales de todos los Estados europeos. En general, al noble se le corta la cabeza en todos los casos en que el plebeyo es ahorcado. El incendiario pechero debe ser quemado; si es noble perece por el hacha ó la espada. Un hombre cuya genealogía fuese algo oscura, se le reconocía noble, probando que de sus ascendientes murió uno decapitado. El noble y el plebeyo no son condenados al suplicio de la misma manera: el pechero marcha á pie ó en carreta, el noble en carroza.
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La misma desigualdad en las penas no capitales. Se aplica el látigo á las gentes de baja condición, en público y por la mano del verdugo; es infamante. El látigo aplicado en la prisión es un privilegio de la nobleza; no es infamante y no se aplica por la mano del verdugo, sino del alcaide de la cárcel. Alguna vez de dos culpables la ley no castiga sino al plebeyo, con frecuencia el menos reprobable. Cuando un criado está convicto de comercio criminal con su ama, se perdona á esta y se ahorca al criado.

Veamos la desigualdad de las penas: los Códigos criminales de Luis XIV como el de Carlos V se preocupan más de la uniformidad del procedimiento que de la penalidad. Respetan las costumbres, las penas usadas en cada jurisdicción, en cada localidad. No es bastante que las penas sean desiguales y con frecuencia arbitrarias, es necesario todavía que varíen según los lugares, que la manera de aplicarlas, de combinarlas, de agravarlas, que el modo de apreciar los delitos á los que se aplican difieran según el número de jurisdicciones. Hay tantas jurisdicciones como ciudades, decía un escritor, un hombre que corra la posta en cada país cambia de leyes, más frecuentemente que cambia de caballos.

El Tormento.

La tortura fué la consecuencia lógica del secreto del procedimiento. En Francia, bajo el reinado de las dos primeras razas, no se aplicaba más que á los esclavos, la gente libre estaba exenta. El sistema de procedimiento de las capitulares, las formas de justificación y de convicción admitidas por estas leyes generales de la segunda raza eran absolutamente incompatibles con este odioso uso. Así que fué abandonado en todas las provincias sometidas á la monarquía francesa, aún en aquellas que se regían por las leyes romanas, burguifona ó visigoda que autorizaban el tormento.

Pero cuando se establecieron los tribunales permanentes, cuando el procedimiento secreto de los tribunales eclesiásticos reemplazó al debate público, cuando la supresión de este debate quitó á los jueces el principal medio de convicción, tuvieron que recurrir á otros expedientes. Se sometió la conciencia á reglas aritméticas, se erigió una escala de pruebas, de semi-pruebas, de indicios violentos, suficientes ó dudosos y se admitió que un cierto número de probabilidades era bastante para crear convicción y constituir la certidumbre, confundiendo así la certidumbre con la verosimilitud.

En lugar de buscar la prueba del hecho fuera del acusado, se volvieron
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contra él sus deposiciones, se le prohibió presentar testigos, no se escuchó más que los de la parte pública, se le interrogó no para su defensa, sino al contrario, para deducir de sus palabras pruebas contra él; y como ninguna prueba extrínseca, ningún testimonio puede equivaler á la confesión, se estableció que no sería ninguno condenado á muerte si no había confesado préviamente. Una vez necesaria la confesión no se retrocedió ante ningún medio para obtenerla y de aquí el tormento que en ciertas partes se renovaba indefinidamente hasta que confesaba cuando el acusado tenía contra sí varios testigos.

Se empleó desde luego el tormento en causas ligeras y aún en materias civiles; pero, con el tiempo, un espíritu de humanidad relativa se introdujo en esta parte de la jurisprudencia. Cuando un crimen merecía la muerte y existían contra el prevenido indicios vehementes, entonces se reputaba necesario el tormento.

San Luis, el primero, decretó que las personas de buen nombre, aunque fuesen pobres, no pudiesen ser atormentadas por la deposición de un solo testigo, lo que prueba que antes de él las personas pobres eran atormentadas por una tal deposición, bien que, según un pasaje de la Escritura se hubiese plantead en principio que eran necesarios dos testigos para hacer prueba. Y, sin embargo, la ordenanza de San Luis no concernía más que á los bailios de Beauvais y de Cahors. En las demás partes no llegó jamás á precisarse de una manera satisfactoria la naturaleza de la prueba necesaria para que un acusado pudiese ser atormentado. Según Bourdin era preciso una prueba semi-plena ó un indicio corroborado por dos testigos. En el último siglo había más escrupulosidad. «Todo lo que se puede decir, escribía Jousse, es que la prueba debe ser muy eficaz, aunque insuficiente para la condenación á muerte.»

En oposición á los principios del derecho romano, la jurisprudencia francesa no eximiá á nadie del tormento. Sucedió lo contrario en España é Italia, donde los nobles no eran sometidos á la tortura más que cuando eran acusados de crímenes atroces é infamantes. En Francia misma, al decir de Jousse, estaba en uso no aplicar tan fácilmente el tormento á las personas nobles y de un estado distinguido más que á aquellas de condición vil y plebeya.

El acusado al que el tormento no arrancaba confesión alguna, era repudiado inocente: todos los indicios que existiesen contra él eran purgados; debía hacersele conocer á su denunciador, cuando le había, y podía pedirle reparación. Tal era el espíritu de las antiguas ordenanzas francesas.