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cultado para esclavizar, que, según la opinión del siglo, se miraba como un derecho legítimo del conquistador sobre el conquistado, y del hombre civilizado sobre el incivil, declararon los reyes: «que todos los indios fuesen libres de servidumbre, y que no fuesen molestados de alguno, sino que viviesen como vasallos libres, gobernados y conservados en justicia como lo eran los vasallos de los reinos de Castilla,» anulando con esto de un golpe el espíritu de lucrarse con el sudor ajeno, y vivir en holganza á expensas del trabajo forzado de nuestros semejantes.

La reina Isabel, de cuyo corazón no estaban nunca ausentes los instintos del bien, ordenó que incontinenti se entregasen al comendador Bobadilla los 20 indios traídos por Colón para testificar su descubrimiento, sin faltar de ellos ninguno y que se restituyan á la Española, su patria. Sabiendo la reina que se les retenía en calidad de esclavos, prorumpió enojada: ¿Qué derecho tiene el Almirante para regalar mis vasallos? Por estas y otras inculpaciones de supuesto maltrato á los indios, se consiguió comisión al curial de corte Bobadilla para procesar al inmortal navegante, en cuya comisión obró con severidad tan brutal, que no se avergonzó de mandarlo bajo pérdida de registro y con grillos en los pies á España cual si fuese un foragido (1).

Desde entonces las provisiones declaratorias para que en ningún caso, ni bajo ninguna forma se considerase á los indígenas sin exceptuar á los idólatras, ni á los salvajes sino como hombres ingénuos, se repitieron cada vez con más ásperas conminaciones á los trasgresores, hasta señalarles la pena de muerte expresada en una ley (2). Por este orden sencillo, apacible y pru-

(1) Tomóse esta desaconsejada disposición por real cédula de 20 de Junio de 1500 en la cual se manda que los indios traídos por Colón se entreguen al comendador Bobadilla bajo formal inventario por escribano, y que de estar en su poder diese recibo, para ser restituidos á sus domicilios. Sabida es de todos la violencia con que obró este leguleyo en sus procedimientos judiciales contra el glorioso descubridor del Nuevo Mundo, á quien hizo prender y mandar con grillos á España. La Providencia no quiso dejar impune el atentado del injusto juez, pues á su regreso, un fuerte temporal estrellando la nave que lo conducía contra las rocas, lo tragó el mar en sus abismos. Otros indios que trajo Cortés volvieron también por mandato real á México por cuenta del rey.—Alaman, Disert. V.

(2) Son en tanto número las providencias despachadas, ya como leyes, ya como reales provisiones, ya por órdenes comunicadas á las autoridades superiores de Indias para que no se permitiese ni tolerase esclavizar á los indígenas, que omitimos por la brevedad expresarlas. A pesar de estar así previsto terminantemente desde el tiempo de Colón, en las ordenanzas para los citados dominios del año 1542, en uno de sus artículos consta lo siguiente: «Item ordenamos y mandamos que de aquí adelante por
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Durante el reinado de Fernando é Isabel, y mucho después, regían en España instituciones de carácter feudal que nunca pasaron el golfo. Quedáronse por acá los servicios señoriales, las prestaciones, el vasallaje, los abadengos, las jurisdicciones privativas, la gleba y la venta de vasallos que todavía se puso en planta durante el ministerio del duque de Olivares, pasada la mitad del siglo xvii. Estas ruedas desconcertadas de la armazón legislativa de los godos, no quisieron los reyes ponerlas en juego en las Indias occidentales, enviándoles sí, leyes nuevas, pertinentes y arregladas á buenos principios de jurisprudencia y administración. Adviértense en efecto, disposiciones tan juiciosas para el fomento de aquellos Estados, y tan superiores á las ideas que reinaban entre los estadistas del tiempo, que cuesta trabajo persuadirse que ellas y las que se promulgaban para la Península fuesen obra de la misma mano, y saliesen del mismo centro que legislaba para ambos hemisferios.

No parece sino que el gobierno y cuantos hombres elegía para oficios de república en las Indias, apuraban la sensatez para hacerlas crecer, y que de intento se desviaban del torcido sendero por donde marchaban los que dirigían la gobernación de la metrópoli. Creíase por acá que era perjudicial consentir que de todos los puertos peninsulares se despachasen buques para los de América y se habilitó sólo uno, el de Sevilla, de donde debían salir las flotas; al mismo tiempo que los procuradores de las villas de la Isla Española ayuntados en la ciudad de Santo Domingo el año de 1518 nombraban personeros con encargo que pasando á la corte, pidiesen á S. M., general franqueza de comercio en todos los puertos de España é Indias, aún á extranjeros pagando sus derechos: permiso para aveciendarse todo extranjero en aquellas partes, franqueza en la sal..... franqueza en derechos en los artículos que se pasen de unas islas á otras.» Los tres monjes jerónimos que por orden del cardenal Cisneros gobernaban la Española, repre-

pregone loanzas á las leyes, á las entidades y á la administración españolas. Michellena, Lamas, Ramírez, Llorente (D. Sebastián), Lamas, Cavo, Alaman, todos hombres de saber, todos altos funcionarios en sus respectivas repúblicas, no dejan que descar en esta línea. Por vía de especimen vamos á copiar un párrafo entresacado de la Historia de México desde 1808 á 1849; obra llena de instrucción y madura crítica, debida al citado D. Lucas Alaman, mejicano y literato insignia: «Todo esto (refiriéndose al sistema colonial) unido á la abundancia y prosperidad que se disfrutaba, constituían un bienestar general que hoy se recuerda en toda América como en la antigua Italia nel siglo de oro y el reinado de Saturno, y más se mira como los reinados fabulosos de nuestra historia, que como una cosa que en realidad hubo, ó que es posible que existese.» Lib. I, cap. III.
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sentaron: «que de todos los puertos de Castilla pudiesen llevar mercaderías y mantenimientos sin ir á Sevilla.» El licenciado Alonso Zuazo, magistrado respetable, y una de las principales figuras en la época primera de nuestra colonización, presentó un memorial al regente del reino en que ruega «se favorezca á mercaderes dando libertad, que vengan de todos los puertos; que son grandes los inconvenientes de reducir la negociacion al solo agujero de Sevilla (1).»

Todas ó las más de las peticiones relativas á libre cambio que venían de mares allende, se admitían de buen grado, en tanto que de mares acá se iba por opuesta corriente. Haciendo son con los proyectos empíricos de los arbitristas, las Cortes ponían el grito en el cielo y dirigían de continuo peticiones sobre peticiones para que se vedase á todo trance la salida de efectos de producción regnicola, á fin de contener la alza de los precios; que hubiese tasas, estancos, reglamentos, gremios, acopios, en atención á que sin ellos los productores vendían á voluntad sus artículos á los tratantes, y estos, sacándolos del país, aumentaban la carestía. El gobierno, que no desoía el clamoreo, y los remedios insensatos que para mejorar la situación de estos reinos le presentaban, mortificábábase expidiendo decretos prohibitivos que servían para empeorar la enfermedad, cuya causa nunca llegó á conocer. Adoptara la línea de conducta que seguía para América, y la cura sería pronta y radical. Por más que la libertad de contratar pareciese entonces una idea fatal y contraria á los intereses nacionales, Fernando V, pasando á pies juntos por sobre tan absurda preocupación, se lanzó sin miedo en la órbita de la libertad mercantil, con acordar franquicia absoluta por 10 años para conducir mantenimientos y mercaderías á las Antillas. Carlos V, siguiendo las huellas que le dejaran marcadas sus augustos abuelos, derogó para Ultramar las leyes que de antiguo daban al Estado el monopolio de beneficiar minas, dejando allí esta industria entregada sin restricciones á la especulación particular, y para excitarla ofreció mercedes y privilegios á los explotadores de metales de cualesquier clase que fueren (2).

(1) Estas y otras peticiones de igual índole, hechas por autoridades y varias corporaciones, principalmente por los cabildos eclesiásticos, pueden verse en los tomos LXXXVII y LXXXVIII de la gran colección de Muñoz.

(2) La Real provision de Fernando el Católico sobre el libre beneficio de los ostiales de perlas, fué dada en Logroño á 10 de Diciembre de 1512, y la de Carlos V concediendo franquicia á la industria minera, trae la fecha de 9 de Diciembre de 1526 en Granada. Ambas forman leyes recopiladas.
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La serie de monarcas que sucedieron á los Catolicos abrazaron con fé inquebrantable el propio sistema. La Recopilacion nos ofrece leyes múltiples en sentido liberal, cual puede verse en el lib. IV, tit. XXVIII, que contiene varias de la mayor importancia, inspiradas sobre el alejamiento de la intervencion oficial en el tráfico, y dejar expedita la accion individual para la especulacion y las transacciones. Haylas que permiten la siembra y cosecha del tabaco, la fabricacion y expendicion de sales, que no se sujete á tasa ningun articulo de comercio; que socolor de surtir de pan á los pueblos, no se consienta hacer acopios ni acaparar trigos por los ayuntamientos; que las justicias no pongan impedimento ninguno á los indios para abastecer de provisiones á los pueblos, sin otras muchas por el mismo estilo que no hay necesidad de enumerar.

Atrás indicamos cuán distinta conducta observaron los extranjeros en su sistema de colonizar. Todo él consistia en entablar negociaciones con companias de famélicos agiotistas, á las que el gobierno vendia por el precio que se estipulaba el usufructo ó la entera propiedad del pais, y los habitantes, sin ley á que atenerse, sin autoridad que reprimiese los excesos de la caterva de mandarines y mercachifles á quienes las companias daban carta blanca para que extorsionase hasta aniquilar la tierra, con tal que les proporcionasen, y proporcionasen para sí crecidas utilidades. El gobierno español, que nunca pensó en poner sus colonias á merced de rutianes e insolentes mestureros, se desvivía por tener á raya los conatos de la codicia particular, los desmanes de los soldados, y sujetar á rigida disciplina los actos oficiales de sus delegados (1). Al efecto, creo el juicio de residencia, que, á no haber promulgado otra institucion para refrenar los reprobados manejos de cualquier empleado publico que se excediera, creyendo escudada su responsabilidad con la lejanía de la autoridad regia, bastaria por sí sola para la buena memoria de quien la estableció y de quienes la mantuvieron

(1) Afortunadamente tambien en este punto tenemos de nuestra parte testimonios concluyentes de los autores extranjeros que historiaron sobre colonias. Robertson, en el prólogo de su Historia de América, trae lo siguiente: "La circunstancia principal que distingue las colonias espanolas de las que pertenecian á las demas naciones de Europa, es de que el gobierno acudió muy temprano y dirigió su administracion al revés de lo que sucedió con las de Francia, Portugal e Inglaterra, donde los aventureros dominaron mucho tiempo, sin que de ellos se acordase la metrópoli. Mas cuando los Reyes de España impusieron de lleno su autoridad en Ultramar, la ejercieron bajo un sistema de que la historia no nos presenta otro ejemplo." En términos aún mas fuertes se expresa Raynal hablando de las colonizaciones francesas, y Grahame de las inglesas. Sentimos no tener espacio para trascribir otros textos curiosos relativos al asunto, que no dejan de desechar.
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en estricta observancia todo el tiempo que las hoy repúblicas americanas formaron cuerpo de nacion con la nuestra de Europa. Por dicha ley, los funcionarios públicos, desde los vireyes hasta el último magistrado, desde el dia que tomaban posesion, abriasele expediente en que se inscribían, lo mismo sus actos gubernativos, que los judiciales, á los que en su dia tenian que responder en debida forma, para lo que se nombraba un ministro de Justicia de superior categoria, que fallaba en méritos del proceso con arreglo á derecho.

Han supuesto algunos, no más que por decir algo, que la residencia se cumplia pro formula, y la sustanciacion se reducia á un acumulamiento de diligencias que tenian por término la absolucion del encausado. Suposicion voluntariosa en tanto grado que, si algo hay que increpar á semejante medida, es la dureza con que se llevó á efecto. Empezando por los vireyes, húboles que sufrieron récias condenas, y todos, sin faltar uno, tuvieron que sincerar en juicio su conducta (1). Ya el inmortal Colon fué victima de la sevicia con que se ejecutaba la residencia. El heroico Hernan-Cortés, que dió á Carlos V más Estados que los que heredara de sus progenitores, despues que acabó de someter el imperio mejicano, no logró un dia siquiera de descanso; atosigado, y siempre envuelto en trámites contenciosos, teniendo que comparecer ante los tribunales, hasta verse viejo, pobre, endeudado, como en carta fechada en Valladolid á 3 de Febrero de 1544 manifiesta al emperador. Seríamos fatigosos al lector si uno por uno especificásemos los casos en que la ley de residencia se mostró récia con los más altos mandatarios, y hasta terrible alguna vez, pues hubo quien sentenciado por ella subió los peldaños del cadalso, y espió sus faltas con la cabeza (2). Rigor sensible y excesivo, pero necesario en parte, en dominios

(1) El virey del Perú, D. Francisco de Toledo, acusado en la residencia por haber hecho ajusticiar al indio Tupac-Amaro y por malversaciones, recaydole al llegar á España auto de prision, habiendo muerto en la cárcel antes que concluyese el proceso (Herrera, Deed. III). Al partir de México el conde de Monterey, al cesar en el virreinato que desempeñó varios años, salieron, como refiere el P. Torquemada en el lib. V, capítulo 59 de la Monarquía indiana, los indios é indias llorando tras él, y dando voces de sentimiento, porque era por sus virtudes sumamente estimado. No alcanzó con todo esta cualidad recomendable para librarle del fallo imposible de la residencia por el que los jueces lo condenaron á pagar 200.000 pesos que gastara superfluamente. Al antepenúltimo virey del mismo país de Nueva España, D. José Iturrigaray, salióle por sentencia á satisfacer por distintos conceptos 384.241 pesos (Alaman, Hist. de México, cap. VII).

(2) Encausado por la Audiencia de Santa Fé de Bogotá el ministro del mismo tribunal D. N. Montaño por excesos cometidos siendo gobernador interino de aquel rei-
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donde el gobierno no podía avizorar los pasos de los encargados del mando, y era preciso que el temor de incurrir en responsabilidad penal, contuviese desmanes que engendrase su lejanía. ¡Cuánto valdría España, cuál otra sería su situación y poderío, si los hombres que dirigieron sus destinos, hubiesen obrado en su gobierno con tan sabio cálculo como el que mostraron en los negocios de las Indias!

Para probarlo no hay más que poner de frente el cuadro esplendoroso de animación y vigor que, sin guardar intervalos, presentaban las provincias de Ultramar, y compararlo con el aspecto de flaqueza, desmedro y malparanza que anunciaban las nuestras, desde que en hora menguada ocupó el trono Felipe III, el devoto, y finó la dinastía en Carlos II, el Embrujado. La causa de esa diferencia chocante entre las partes de un todo, no era otra que en unas regía una legislación decrepita, informe y ruda como los tiempos en que se formó, y en las otras benigna, discreta, confeccionada ad hoc para una sociedad que nacía en tiempos más claros que la edad en que salieron á luz nuestros códigos, que, derivados de los romanos, eran ineficaces, respecto á no contener toda la parte dispositiva y de gobierno, fomento, policía, enseñanza, religión, impuestos y organización local, establecidas por las autoridades coloniales, bajo las reglas que les enviaba el soberano, atemperadas á la situación del país y al estado de sus conocimientos.

Se extraña, pero era así, que España aferrada en el añejo sistema á la manera que en los siglos medios, se olvidaba de sí misma, y lo nuevo y lo bueno se lo cedia á su hija. ¿Quién por acá entonces pensaba en abrir caminos y canales, puertos, riegos, ni navegación fluvial? Toda la corriente de la riqueza iba sin medida á invertirse en la fundación de conventos, patronatos, obras pías y mayorazgos. Mas en el Nuevo continente el vigor de la fortuna pública y privada llevaba más acertada dirección. Al celebrísimo Hernán-Cortés, y á su segundo, también insigne, Pedro de Albarado, al tomarles residencia, se interrogaba á los testigos, si los dos citados caudillos

no, fué remitido con el proceso á España en 1558. Visto por el Consejo de Indias, y hallando probados los crímenes de que era acusado Montafío, le impuso la última pena, que fué ejecutada en la Plaza Mayor de Valladolid (Piedrahita, Hist. gener. del Nuevo Reino de Granada). En el juicio abierto contra Payo Romero, gobernador interino de Popayan, resultaron méritos de justicia, y fué por sentencia á morir á un cadalso (Navarrete, Not. Biográf. de Pascual de Andagoya). Otro tanto le pasó al oidor Antequera, ajusticiado en Lima por su mal porte en la comisión que se confirió de visitador del Paraguay (Ulloa, Relac. hist.)
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á título de que la ilustracion mataría la obediencia que lo tendían los americanos, y les entraría el deseo de respirar la aura vivificante de libertad. Dícelo así los mal informados, los que perquiriendo sucesos los visten á su antojo con sesga intención, porque sin usar de artificios excitarían la baza sus relaciones. Rogamos á quienes no tengan otras nociones de la América española que las suministradas por los autores alienígenas, cuyos libros corren por anchetas, malignados con abstracciones sociales, ó con el espíritu rencoreso que dominaba en los que escribió la envidia en el siglo décimo sexto, que recorran, aunque sea á la ligera, el código de Indias, donde desde el primer título hasta el postrero, toparán cuanto necesiten para mudar de concepto, y convencerse que iban enteramente descaminados, al seguir sin exámen las opiniones de escritores á quienes guiaba un apasionado pesimismo.

A medida de lo que medraban los pueblos en vecindario y bienestar crecía el número de escuelas, colegios, seminarios, universidades e institutos de enseñanza para todas las clases. En esta parte tan diligente se movía la actividad de los pobladores como la gestión del gobierno; porque si el emperador D. Carlos estableció muy luogo de sometidos México y el Perú, dos universidades con todas las prerrogativas y privilegios de la de Salamanca, que era de las más preclaras de la cristiandad, debiendo cada una tener cátedras especiales de lenguas del país (1), los particulares no descansaban dotando fundaciones con destino á la instrucción pública de ambos sexos. Dió el ejemplo el mismo Cortés llevando en uno de sus viajes beatas franciscanas y agustinas para educar á las niñas. Fundóse la nueva orden de Betlemitas, que no había en España, para regir las escuelas; los jesuitas dieron gran impulso á los estudios mayores, y las órdenes mendicantes, en particular la Seráfica, cuidaron con caritativo esmero y el mayor fruto de enseñar en sus mismos conventos á los indios las primeras letras. Hallábase esta gente con el entendimiento adormecido, y negado á las impresiones de la cultura social. Se tomó el buen camino de iluminar su razón, á lo cual concurren de consumo el gobierno con sus

(1) La universidad de México se fundó en 1551 de orden del emperador D. Carlos, (Alaman, lib. I, cap. I), estableciendo en ella dos cátedras de lenguas mejicana y otomí, y otra de interpretación de los mapas y jeroglíficos de los antiguos aztecas (Humboldt, Vues des Monuments, tomo I, pág. 171.) En el mismo año también de orden del soberano, se originó la universidad de Lima, con iguales prerrogativas, y una cátedra de lengua peruana. (Prólogo de las Constituciones de dicho instituto impreso en Lima, año de 1601.)
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embarazaban y entorpecían al través de la historia. No bastaba que la economía política considerase á la propiedad privada como el más fecundo manantial de las riquezas; no bastaba que la familia fuese juzgada por el economista, á la par que como centro de afeccciones, como grupo respetable de intereses (1); no era bastante todavía que el derecho de testar fuera reivindicado por los cultivadores de la nueva ciencia como el medio llano y natural de conservar las propiedades en manos de los más hábiles y diligentes (2): la economía política ha prestado nuevos servicios al derecho esclareciendo las ideas y estudiando en concreto la manera como cada institución podía ser regularizada y modificada para dar mejores resultados. Y la razón es obvia.

¿De qué le serviría al jurisconsulto el noble intento de hacer triunfar la justicia y la utilidad sin el auxilio de esa ciencia modesta y eficaz, menos extensa que la moral, aunque más comprensiva que el derecho (3), que explica lo que constituye el interés común y particular, las facultades que al hombre corresponden como consecuencia del principio de propiedad y la esfera legítima en que pueden funcionar las relaciones de familia para no ceder en perjuicio de tercero? Con efecto: la marcha de los estudios económicos señala paulatinamente sus etapas en el campo del derecho civil. Un día por lo relativo á la contratación; otro por lo referente á los modos de adquirir, al régimen hipotecario, á la expropiación, á la tasa del interés del dinero, á los inquilinatos, á las sucesiones testamentarias, á las tutelas, al régimen dotal, etc., se ha sentido alternativamente el influjo del nuevo elemento. Y cuenta que, á pesar de todo, no falta quien lamenta todavía que el derecho civil moderno no haya logrado ponerse en consonancia con las doctrinas económicas. Después de Rossi, que fué el primero en echar á volar esta importante consideración, ha insistido en ella el profesor Batbie, y aún el italiano Minghetti se duele de la desigualdad manifesta con que en el Código Napoleón son tratadas respectivamente la propiedad territorial y la movilicia; del escaso interés con que en él se atiende á las formas de la asociación, etc. Sobre tal punto se han promovido entre los escritores interesantísimos debates; pero la falta de espacio nos impide hacer hincapié en la cuestión.

(1) Leon Faucher.
(2) Thiers, La propiedad. Le Play, La reforma social en Francia.
(3) D. Santiago Madrazo, Discurso pronunciado ante la Real Academia de Ciencias morales y políticas.