Revista de España (1871-05-01 00:00:00), página 320

función y vanidad por el solo hecho de hacer un código y darle el carácter de derecho positivo cuando no ha sido posible operar esta trasformación con el proyecto que de modelo y norte le ha servido.

Pero intentar lo que Molina intenta, dar nuestras diseminadas leyes civiles vigentes en forma de código no es producto de la vanidad ni alarde de superior ingenio; es, al, producto de la fe y eficacia del trabajo, convicción firme de que nuestro derecho debe reducirse, metodizarse y esclarecerse pues que la concisión, el método y la claridad son el objeto preferente de la codificación moderna.

El método simplifica el estudio; la concisión es tan importante que sucede alguna vez al abogado determinar la acción que ejercita, pero no encontrar una ley que dé claridad á la súplica sirviendo de apoyo y garantía al pedimento. En cuanto á la necesidad de esclarecer el derecho, basta saber que todavía, al comenzar sus tareas el Tribunal Supremo este año se encontró con un pleito del marqués de Castelar, fallado por el juzgado de Ciudad-Rodrigo y la Audiencia de Valladolid, en sentido de que la ignorancia de la ley escusaba de responsabilidad civil al labrador cuya finanza sirvió de garantía al administrador del marqués. Casó el Tribunal esta sentencia; pero fundándose en un criterio exclusivamente racional y fuera del orden jurídico, no habiéndose como no hay tuita ni expresa ninguna ley que haya derogado aquella de las partidas que exusa de responsabilidad en lo que puede hacerles daño, á los militares en servicio activo, á los labradores y á las mujeres.

Como esta ley no derogada, sirvan de ejemplo las que prohíben heredar á los judíos herejes y apóstatas, al hijo que lide con hombres ó heras no siendo este el oficio de su padre (6.º t. 7, p. 6) y sobre las solemnidades de testamentos que deciden la misma realidad y la misma capacidad de heredar hay en nuestros cuerpos leyes que seguramente los tribunales no fallarian con arreglo á ellas, á pesar de no haberse derogado.

Tamaña verdad abona el fin á que se dirige el libro del Sr. Molina; pero séamos licito trazar ligeramente el estado de nuestros estudios jurídicos para ver si la obra que tenemos en las manos responde á una necesidad, es un progreso en los anales de nuestras publicaciones jurídicas.

Vamos á sorprender, por instante, al abogado laborioso envuelto en su librería, respirando el perfumado aroma de sus códigos y libros, porque el abogado y el jurisconsulto son una misma cosa en nuestro país; la librería es á la inteligencia del abogado lo que el aire á la respiración, ó si se quiere lo que el cóncavo cristal al ojo del presbíta apreciando detalles que de cerca mura. ¡Tan difícil es retener el texto de la ley; tan difícil el conocimiento de su aplicación en determinadas ocasiones!

Prescindamos de las obras magistrales y voluminosas que á nuestro tiempo anteceden.

El Diccionario es en la época que hemos alcanzado el libro de consulta por excelencia, porque sirve de indicador al cuerpo legal, y aunque algún aventajado jurista ó letrado de madura práctica se sirva de él en muy raras ocasiones, en nada se atenúa la importancia y utilidad de esta clase de libros. ¿Qué diccionarios, ahora bien, poseemos que simplifiquen el estudio del derecho con relación principalmente á la época moderna? Cornejo publica el suyo histórico forense en 1779; reconoce cuán incompleto sea, lo amplía con otro tan dilatado volumen, y apenas si entre los dos merecen el nombre que llevan. Yanguas publica en 1828 otro; pero abraza solamente los fueros y leyes de Navarra, si bien cumple su objeto con gran copia de erudición, valor en sus juicios, y un criterio peligroso en la década oscura é intolerante á que nos referimos. Años después, y aunque sin apurar el fondo inmenso de doctrina que en nuestras leyes se esconde, publica Escriche el suyo, tan conocido de nuestros abogados. Como Yanguas en Navarra, Dieste y Jiménez desde Madrid publica otro del Derecho civil aragonés. López Clarós el suyo, manual, y Arrazola el gran tratado enciclopédico que en tan sensible retraso se encuentra todavía.

Mezclando el Derecho civil con el administrativo, y estableciendo un vínculo estrecho que sólo autoriza el cálculo de intento lucroso, Massa y Alcubilla dan á la estampa los suyos; difuso y descuidado el primero; incompetente en lo civil, aunque brillante en lo administrativo, el segundo.

Como los indicados, poscemos también del Derecho administrativo otro Diccionario manual de los Sres. Cos-Gayon y Cañavos del Castillo; una Recopilación administrativa de Volosca hecha en Salamanca; otro Tratado de Peláez del Pozo, actual maestro en la Habana, publicado en Málaga en 1849, los Elementos de Ortiz y Zúñiga y los de Colmeiro.

Nuestro Derecho civil debe al conde de la Cañada (á fines del siglo pasado) unas instituciones. Los nunca bien elogiados Doctores Asso y de Manuel publican otras precedidas de un magistral discurso sobre la historia de nuestro Derecho, ilustrada ya