Revista de España (1871-05-01 00:00:00), página 323

ves y costumbres de una sociedad de la cual nos separan seis siglos, y hoy, en pleno siglo xix... continuamos rigiéndonos por las antiguas leyes godas y por las que se dieron al pueblo de Castilla en la Edad Media... Al hablar así el Sr. Molina, no ignoraba las reformas que sobre esas leyes se habían hecho; pero podía las que tendrían lugar promulgando el código según sus autores lo habían redactado, ó con las enmiendas y adiciones que introdujeran las Cortes al discutirlo y votarlo. Ni desconocía las transformaciones que habían sufrido, tanto en el derecho como en el procedimiento, leyes como las de testamentos militares, extranjería, pruebas, interés del dinero, hipotecas, registro de la propiedad, las de retrautos, interdictos, deslinde y amojonamiento casi civiles, en vez de procesuales, la revolución operada por la ley de desvinculación sucesión del fisco, disenso paterno, y las novedades introducidas en la contratación con las leyes de constitución de sociedades, instituciones de crédito, las profundísimas modificaciones sobre la familia, la patria protestant y el divorcio realizados en la ley de matrimonio civil, etc., pero aquellas, como estas, que corren en separados volúmenes, ó sirven de apéndices á repertorios y diccionarios, van unidas y ordenadas, obedecen á un trabajo de simplificación mantenido en la obra de Molina, y las leyes ó artículos que más lado litigioso puedan ofrecer van interpretadas en 1.500 sentencias del Supremo, que siendo sobre puntos de derecho exclusivamente civil, forman un número respetable.

El Tribunal Supremo es la mejor sucesión que pueden tener los eminentes doctores de otros tiempos, que tomaban empeño en dilucidar e ilustrar las cuestiones jurídicas, y cuando, como ha hecho el Sr. Molina, se toman literalmente sus decisiones de las reglas de la colección legislativa, y no como alguna vez ha hecho el Sr. Pantoja (1), de la misma fundamentación de ellas se obtiene un criterio seguro, que á pesar de algunos fallos contradictorios de este Supremo Tribunal, rara vez se quebranta.

La obra está dividida en libros, títulos, capítulos y artículos, como en su portada se indica; llevan sus apéndices y reglamentos las leyes hipotecaria y de matrimonio civil, formando así un verdadero y completo cuerpo de doctrina legal. Su utilidad se demuestra con decir que estará sobre la mesa del letrado como reportorio, como código, como indicador y manual de nuestro derecho.

La extensión que tiene este artículo no nos permite entrar en detalles ni abandornarnos á consideraciones que hubieran de diluir la materia; pero su sola aparición nos evoca el recuerdo de la lucha sostenida vigorosamente por una y otra escuela que proclaman la necesidad de uniformar nuestro derecho con la publicación de un código, y la que acepta de buen grado las reformas parciales inspiradas por los tiempos.

Triunfó aquella en lo criminal después de grandes, instructivos ensayos, debidos á la comisión que redactó el código de 1822, cuya discusión en las Cortes fue animadísima, y los trabajos posteriores de Garelly y otros jurisconsultos de grata memoria. Algunos como Sojias Lozano, que hizo por sí solo un proyecto, y su explicación en el libro Teoría de las Instituciones judiciales.

Desde el año 12 al 50, nuestros tribunales administraron justicia, según su prudente y racional arbitrio; las leyes de partidas, pragmáticas y demás recopiladas eran harto duras y crueldes; el antiguo sistema de pruebas estaba en desuso y vacilaban nuestros jueces entre seguir el horrible campo penal del pasado ó decidirse en sus fallos por lo que aconsejaban un buen criterio y un profundo estudio sobre la eficacia de ciertas penas. ¿Qué servicio tan importante como poco conocido hicieron nuestros tribunales de entonces á esta patria poco solícita de su perfeccionamiento legal, muy descontenta y dividida, muy absorta en estériles y bastardas luchas de partido! Pero el código penal se promulga; el ministerio público le sigue literalmente, y el juez falla según resultan probados ó apreciados la delincuencia y sus motivos, sus causas atenuantes ó agravantes. Así la severidad del ministerio fiscal, los generosos esfuerzos para deducir la atenuación de la criminalidad y de la pena, por consiguiente, hechos por la defensa y la seguridad del código, dan al juez todos los elementos de ilustración en un proceso, y la administración de justicia lleva, ó puede llevar al menos, una regularidad, á la que ¡ojalá se igualara la rapidez en el procedimiento!

Muy al contrario sucede en los asuntos civiles. La protección del abogado español está aquí rodeada de dificultades y su reputación de escollos, y en cuanto al derecho de las partes litigantes no tienen otra garantía que la del Tribunal Supremo. El abogado español necesita estar adornado de grandes facultades naturales y provisto de una instrucción muy superior á la de cualquier otro abogado de nación extraña cuyo derecho civil esté codificado, y á pesar de estas facultades é instrucción permanece

(1) Repertorio de la jurisprudencia civil.