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dal administrativa: los abusos del poder judicial: la irregularidad de los impuestos: la desigualdad en su repartimiento: la monopolización de los cargos públicos: la falta de respeto á la propiedad agena: la inobservancia de las leyes: las quejas contra los abusos del clero: frecuentes y sangrientos alborotos: lujo: juego: prostitución: en fin, hasta fechorías de las propias de lo que hoy ha dado en llamarse compañía de la porra. Con todos esos elementos y con todos esos caracteres resulta de fehacientes documentos que estaba constituida una ciudad gallega, de las más importantes, en los tiempos de Carlos V y de Felipe II.

I.

El derecho á intervenir en la gestión de los asuntos públicos que en nuestra novísima legislación se concede á todos los ciudadanos, era en el siglo xvi, para los vecinos de Mondomédo y su jurisdicción, no sólo un derecho, sino una obligación inescusable, consignada en la ordenanza de 4 de Mayo de 1542, que dice: «Este día en este concejo fué proveido e mandado »que de aquí adelante no se tana campana excepto para concejo general, e »cuando se tanere vengan todos los vecinos al dicho concejo sin mas llama- »miento dentro de una ora, sopena de diez mrs. para obras públicas »e diez días de cárcel.» Y, además, esa misma intervención no la ejercían indirectamente, como se ejerce en la actualidad, por medio de funcionarios nombrados por ellos, sino que directamente contribuían á la formación de las ordenanzas, constituyendo verdaderos comicios.

Pero, por ese mismo tiempo, estaban ya muy escalinadas las atribuciones exclusivas del concejo general ó público, y tanto que rara vez se convocaba con otro objeto que con el de proceder al nombramiento de procurador general, que se hacía al principio de cada año; y hasta un cierto espíritu contrario á la reunión de los concejos generales, y aun á la publicidad de los otros, se desprende de algunas disposiciones tomadas por entonces como de la contenida en la ordenanza de 17 de Mayo de 1523, donde se mandó que, conforme á las ordenanzas reales de SS. MM., «Cada »lunes de la semana bengan á concejo la justicia e regidores e procurador »e que non benga ni entre en el otro ningun vezino sin licencia e mandado »de los dichos regidores, excepto si fuere llamado al dicho concejo por son »de campana tanida.» Señalóse en esa misma ordenanza la multa que había de pagar el que faltase los lunes á concejo, y se terminó el acuerdo con estas palabras: «Los dichos señores justicia e regidores lo consentieron e »aprouaron sin perjuicio de la constitucion e privilegio desta dicha ciu-
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dad:» aludiendo á la ordenanza de 1493, en la que, impregnada de doctrina bien opuesta á la vertida treinta años despues, se dispuso que «el Corregidor y Alcaldes y regidores y procurador y quel scrivano de consistorio se ayunten dos dias de la semana en consistorio á entender en las cosas que cumplen á la buena governacion.... y los otros vecinos de la dicha ciudad sitouieren necesidad y quisieren benir al dicho concejo lo puedan azer.»

Para gozar tal derecho, y ser considerado como vecino y disfrutar de los privilegios y libertades de la ciudad, era preciso dar fianzas de mantener vecindad por diez años, con arreglo á lo prescrito en 1538, ó «vivir á lo menos las dos partes del año,»—las dos terceras partes se querrá decir—«continuamente en esta dicha ciudad y en casa de sobre si dentro de los términos de la dicha ciudad e su concejo;» como expresa la ordenanza de 1.º de Febrero de 1557. Esos privilegios y libertades, ó sean los beneficios que se alcanzaban al adquirir vecindad, consistian principalmente en la exencion del pago de la alcabala, por esa circunstancia llamada forestana ó del viento, y además en obtener cierta consideracion en la imposicion de las penas que á los delitos y faltas aplicaba el concejo; pues que algunas veces, en un mismo caso, se señalaban diferentes; pero no siempre menores para quien fuese vecino, que para el que no lo fuese; como se hizo en la ordenanza de 26 de Mayo de 1525 en que se impusieron 50 días de cárcel á quien unciese huyey ageno, con más de 600 mrs. si le unciere con candado á los cuernos y 300 si le uncíere sin él, «e si fuere vezino desta dicha ciudad,—dice la ordenanza,—pague diez mrs. de pena e dos meses en la cárcel.»

Existia marcada distincion entre los vecinos de intramuros y los de extramuros; pues que sólo de entre los primeros debian nombrarse el procurador general, el escribano—ó secretario—de consistorio y el pregenero, según exigía la ordenanza de 1491. Y no debia hacerse el tal monopolio de esos cargos públicos muy sensible para los vecinos incapacitados, cuando al tratarse en 1564 por las dificultades que se encontraban para elegir procurador general, de borrar semejante diferencia, mantenida únicamente por el recuerdo de los muros ocultos ya casi por completo con las casas arrimadas á ellos, protestaron los vecinos de la rua de la fuente contra la determinacion que los declaraba aptos para obtener esos cargos, de cuyo desempeño estaban libres, al mismo tiempo que conservaba la exencion para los vecinos de otras calles de extramuros.

El ayuntamiento ó concejo que por oposicion al público y general puede
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llamarse particular, le componían el alcalde mayor, los dos alcaldes ordinarios, los seis regidores y el procurador general; y sus atribuciones se extendían, tanto á la parte gubernativa y económica, como á la judicial y militar. Nombraba las personas que habían de desempeñar los cargos concejiles subalternos: elegía los veedores y postores de mantenimientos y los examinadores de oficiales mecánicos: repartía los impuestos: cobraba las alcabalas cuando, como casi siempre, estaban encabezadas: designaba los mozos que habían de formar parte del ejército permanente: cuidaba de la policía urbana y rural: disponía los alardes: celaba por la conservación de la salud pública: legislaba extensamente sobre las que hoy llamamos faltas. Era, en fin, un ayuntamiento muy semejante á los actuales; pero nada más que en sus atribuciones; pues que, respecto á las condiciones de los individuos que le formaban, el procurador general era el único de ellos que tenía verdadera representación popular; y los otros eran nombrados, más ó menos libremente, por el obispo como señor temporal de la ciudad.

El alcalde mayor, que á la vez que presidente del concejo era justicia, cuya jurisdicción se extendía á todo el obispado, no necesitaba reunir otras condiciones que la de ser letrado; pues de no serlo la persona á quien el obispo nombrase para ese cargo, podían protestar y protestaban los regidores, como lo hicieron con ese motivo en 1556. Y antes de comenzar el nombrado á ejercer sus funciones tenía que presentar en concejo el título expedido por el obispo, y dar fianzas de que usaría de él bien y fielmente y de que no llevaría derechos demasiados.

En los siglos anteriores y hasta que en 1500 prohibieron los Reyes Católicos que el juez eclesiástico fuese juez civil, ó que los jueces eclesiásticos administrasen justicia en lo temporal, un prebendado de la catedral, el juez del fuero, era quien hacía justicia á los mindonienses. Al plantecimiento de esa reforma se resistió el clero como era de esperar, y tanto que fue preciso confirmar en 1514 la carta de 1500 en que se estableciera; y, según acuerdo capitular de 1506, Andrés Farfán, canónigo y procurador del cabildo, había requerido al alcalde mayor que no mandase publicar «el que »ningún vasallo ni persona del obispo, viniese ante el obispo, su provisor, »ni otro juez eclesiástico sobre cosas legas y profanas.»

Todavía, muchos años después, se encuentra una persona eclesiástica con el título de vicario provisor y gobernador presidiendo el concejo y reuniendo en sí á la vez la jurisdicción temporal y eclesiástica. Cuando el obispo D. Fray Francisco de Santa María marchó, en 1551, al concilio de Trento, nombró á su provisor y vicario general en lo espiritual y tempo-
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ral, por juez de residencia y alcalde mayor, mientras esta durase; y en 1572 se presentó en concejo el Ilustrísimo Sr. Fernando de Luxan con título expedido por el obispo de gobernador, alcalde mayor y juez de residencia. Además, por mucha parte del siglo xvi, el provisor aparece dando fianzas al concejo como un juez temporal: en 1502 el vicario-provisor dió poder con el alcalde mayor á los regidores «en lo de los caminos;» y en el consistorio de 16 de Setiembre de 1527, en el que se tomaron varias medidas sobre el régimen interior del mismo concejo y sobre el abastecimiento de vinos, pescados y granos, figura el primero el provisor Rodrigo de Soria, y después de él el licenciado Castillo, alcalde mayor.

Los dos alcaldes ordinarios eran elegidos por el obispo, y en sede vacante por el cabildo, á propuesta del Regimiento. Para hacerla, cada uno de los seis regidores daba un nombre, que no podía ser el propio ni el que ya hubiese sido dado por otro, y de entre esos seis nombres se sacaban á la suerte cuatro cobrados, ó propuestas, de las quince combinaciones que cabían, y de ellas elegía una el obispo ó cabildo; y enseguida entregaba la vara á las dos personas que en ella figuraban y les tomaba juramento, que después repetían en concejo, de usar bien y fielmente sus oficios, y guardar justicia á las partes y los privilegios, usos y costumbres de la ciudad.

Su cargo era anual y obligatorio, pero con tales excepciones, que uno de los electos en 1558 se eximió por ser soltero; á su entrada acostumbraban á dar una comida á los demás concejales: y merecían del cabildo, cuando él los elegía, el singular honor de que para el acto del juramento les concediese asiento y lugar entre las dignidades y los canónigos. Tenían jurisdicción civil y criminal, alto mero y mixto imperio, igual en todo, en primera instancia, á la del alcalde mayor, y tanto que, según inmemorial costumbre, el que de uno ú otros prevenía, conocía del negocio in solidum, sin que se le pudiese quitar hasta la definitiva. Deben hacer media hora de audiencia pública todos los días de dos á tres en la plaza y lugar señalado y público, como se les mandó en ordenanza de 1560; y, si estando en la ciudad, no la hiciesen, ó si llamasen otro escribano que el del consistorio para autorizar sus autos, incurrían en las penas, señaladas en esa misma ordenanza, de 400 mrs. de multa y cuatro años de inhabilitación para ejercer el cargo, y, además, de ponérselo por cargo de residencia; en la que al fin del oficio, y del año, porque no podían ser reelegidos, habían de hacer por veinte días pregonesados de tres en tres, para que quien tuviese queja ó querella se agraviasse de ellos ante sus sucesores. Y percibian por derechos señalados en los aranceles á fines del siglo xv, desde 3 maravedís, que les
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correspondia por sentencia interlocutoria y mandamiento de cien maravedís abajo, á 10 marcados por sentencia definitiva de cien maravedís arriba, si la diese por escrito, que si de palabra sólo podrian cobrar 5.

La promiscuidad de jurisdiccion que habia entre ellos y el alcalde mayor daba lugar á frecuentes competencias, pues que á menudo, segun las quejas elevadas en concejo, el alcalde mayor se propasaba á conocer de causas en que previniera uno de los ordinarios. No eran esas las más graves contingencias que sufrian en el desempeño de su cargo, sino que en ocasiones llegaban á correr serios peligros, como le aconteció á Vasco Rodriguez de la Vega cuando siendo alcalde ordinario en 1578 mandó ejecutar por censos corridos, á Gaspar Maldonado, quien en la plaza pública se le resistió y echó mano á la espada contra él, promoviendo alboroto.

La poca exactitud que solian manifestar los alcaldes ordinarios en rendir las cuentas de las condenaciones que hacian, llamó con justicia la atencion del concejo y le obligó á dictar enérgicas medidas para remediar semejante abuso. Mandado estaba desde 1.º de Enero de 1560 que al otro dia de Navidad trajesen al consistorio los alcaldes ordinarios el libro y cuenta de las condenaciones del año y el depósito de la paga de ellas, y que si no tuviesen libro, razon y cuenta pagasen ellos las dichas condenas; y á pesar de eso continuó el abuso y fué preciso que veinte años despues, en 1580, se dispusiese que fuera depositario de las condenaciones, el procurador general «por cuanto hacian muchas,—los alcaldes—en las causas criminales y no daban cuenta de ellas.»

Los regidores eran seis, y vitalicios, y obtenian el oficio por renuncia hecha en su favor del que le poseia, ó, en el caso de morir alguno sin renunciarle, por nombramiento del obispo, quien siempre les expedia el título de cualquiera de las dos maneras que obtuviesen el cargo, hecho á propuesta de los demás regidores; á los que de derecho y costumbre correspondia designar dos personas para que de ellas eligiese el obispo, el regidor cual más fuese servido. El nombrado hacia en concejo el consabido juramento de usar del oficio bien y fielmente, y estaba obligado á dar á sus compañeros la acostumbrada comida de entrada.

Las prerrogativas que gozaban los regidores eran las de no poder ser tenidos presos sino en las casas consistoriales; estar exentos de salir á los alardes, y merecer la consideracion de vecinos disfrutando las libertades de tales aunque no viviesen en la ciudad. Y sus principales funciones, fuera de las que les correspondian como individuos del concejo, y parte integrante de la corporacion, se reducian á desempeñar los cargos de veedores y
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postores de mantenimientos; vigilar la policía y buen entretenimiento de los caminos, y otras análogas. Para responder á las quejas que contra ellos pudieran formularse, debían sufrir juicio de residencia en ciertas ocasiones.

No recaía siempre por lo menos, el cargo de regidor en personas de las más elevadas clases sociales, y de ello es buen ejemplo, como otros que pudieran citarse, el que en 1519 eran regidores Arés Perez, que tenía meson y taberna en su casa y la carnicería de la ciudad y cortaba la carne, y Pero Salvatierra, trapero, que vendía paños, pan y vino, y cuya casa era de las casas públicas en que se vendía pan que había en la ciudad.

Del procurador general se dice en la ordenanza de 1491 «que cada año tenga la ciudad procurador que procure y solicite los fechos y negocios del dicho concejo... el cual tenga cargo de mirar mucho como al dicho concejo y las personas particulares de contra justicia no les sea hecho agravio ni sin razon alguno y cuando qualquiera persona lo recibiera, el tal procurador vaya ante la justicia de ella que el tal agravio se alce y remedie. Item bordenaron y mandaron, por quitar inconvenientes y parcialidades que el dicho procurador, si fuese perpetuo, podría tener, que desde aquí adelante... sea anal y que el que fuere procurador un año que no lo sea otro siguiente y en cada un año sea elegido e nombrado en esta manera: que el día de año nuevo de cada año se junte el dicho concejo, justicia e regidores y procurador y las otras personas que quisieren y suelen ajuntarse por campana tañida, é así todos juntos platiquen e comuniquen entre sí quien será procurador de aquel año e platicado é comunicado por ante el escribano de los fechos del dicho concejo elijan cuatro personas que sean vecinos dentro de los muros de la dicha ciudad los más hábiles y perte- nescentes que al dicho concejo parezciere, y aquellos así nombrados echen entre sí, sin cautela alguna, suertes qual de ellos será procurador de aquel año, las cuales echadas vengan ante la justicia de la dicha ciudad para que entre aquellos escojan, y que al que hexcogieren sea procurador de la dicha ciudad y luego en aquel dia hesto fecho el dicho concejo resaña juramento del tal nombrado para procurador en la forma debida y quel fecha le otorguen el poder por todo aquel año el qual no sea rreoucado eceto si o viere causa legítima y bastante para ello.»

Ese poder se extendía á demandar y defender los pleitos; recaudar y recibir los propios y rentas de la ciudad, y otros cualquiera maravedis; dar cartas de pago y finiquito; parecer ante cualquiera jueces, etc. y el jura- mento, á defender las cosas y casos convenientes á la utilidad y provecho de la ciudad. Era, pues, el tal procurador general, procurador judicial, ad-
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ministrador de las rentas y propios de la ciudad, promotor fiscal; en cuyo concepto se le encargó, en 1560 que vigilase si los alcaldes ordinarios hacían sus oficios y cumplían las ordenanzas; y, además desempeñaba los cargos de carcelero de concejo, fiel contraste y repesador,—para lo cual se mandó en 1527, que tuviese un peso de balanzas y libras derecho para pesar el pan, aceite, candelas, pescado y otras cosas que se vendieren por peso;—y se llegó hasta encomendarle en 1542 que llamasen á concejo, cuando no fuese público, á la justicia y regidores, sopena de 10 mrs. y 10 días de cárcel.

Tenía en su poder una de las llaves del arca de concejo; cuya llave estaba obligado á entregar al concluir su año, el día de reyes, con el memorial é inventario de las escrituras y cosas que se tuviesen y la cuenta de los gastos del año; y gozaba de la exención de huéspedes y de lo más acostumbrado, dice la ordenanza.

Su elección, explicada poco claramente en ella, fué en todo tiempo motivo de disputas y disensiones. En 1556 se acordó echar suertes sobre cuatro personas por no haber quien quisiese aceptar el oficio, y á un regidor que lo contradijo diciendo que era contra derecho y ordenanzas, le mandó el alcalde mayor á la cárcel de concejo; y dos años después se verificó la elección tranquilamente echando en un sombrero cuatro papeletas, que se revolvieron, y después de ellas sacó uno el alcalde mayor. Pero este sistema favorecía poco á los que trataban de monopolizar el cargo; y, tal vez con este objeto, un regidor, en la elección de 1561 expuso que á pesar de la provision era costumbre que le nombraran la mayor parte de los vecinos y queriendo aceptar no se echaban suertes; pero el concejo no convino en ello y se metieron las cuatro cédulas en un bonete; y el elegido, á su vez, no quiso aceptar hasta que se vió encarcelado. Para cortar esas diferencias envió la Audiencia un escudero en 1562, con la orden de que la elección se hiciese por suertes según uso y costumbre.

El cargo de carcelero, y la obligación inherente á él de tener en su casa la cárcel de concejo, exponía á los procuradores generales á grandísimos sinsabores y muy serios peligros. Tales los sufrió y corrió el que lo era en 1560 cuando teniendo preso en ella con una cadena á Alvaro de Billon, fueron á sacarle para meterle en la iglesia, como lo hicieron varios canónigos y beneficiados; tras de los cuales se aventuró á salir el procurador dando voces del rey, que los clérigos rompen la cárcel y llevan los presos, y de que le daban de cuchilladas y golpes, como así era efectivamente, resultando herido no solo él sino otros vecinos que acudieron á favorecerle,
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quiones, además, se vieron procesados por el provisor y enviados á la cárcel con quebrantamiento de los privilegios de la ciudad: si bien desde que el alcalde mayor pasó á casa del provisor á enterarle de la antigua costumbre en que estaba la ciudad de tener cárcel, fué restituido el procurador general, trayéndolo el alguacil mayor á la casa de consistorio, donde se acostumbraba encarcelar á los procuradores generales, y allí mandó el mismo provisor echarle unos grillos y cadenas, y ponerle guardas. Y como el procurador era hombre pacífico, y sin haber cometido delito y sólo por pasión que le tonian, así se le trataba, acordó el concejo dar noticia de ta atropello al obispo y á la Audiencia.

Bien se comprende que con tales tropelías, en el año siguiente tuviese el concejo que ocuparse de que «el procurador general se ausentaba y no había quien recibiese los presos, y que, fuera de esto, acostumbraba á soltarlos y dejarlos salir y la justicia no se cumplía;» y lo mismo se explica que se marchasen los verinos á vivir á los arrabales, fuera de los muros de la ciudad, para que no les echasen la cadena, y que por esto «se hallase falta de personas que tuviesen la dicha cadena e cárcel de la ciudad é fuesen procuradores generales;» lo que dió lugar á que en 1564, se hiciese estatuto y ordenanza, arriba mencionados, para que la cárcel de concejo «pudiese estar y andar fuera de los muros de la ciudad en los arrabales de ella cuando cupiere en suerte,» y se revocase la que dice que el procurador general viva dentro de los muros; haciéndose excepción, por motivos que no se alcanzan, de los vecinos de la rua del Pumar y de los Molinos, que fué contradicha por los de la rua de la Fuente.

Una de las principales dificultades que se ofrecían para la aceptación del cargo de procurador general, era la falta de casa en que establecer la cárcel; pero el concejo solía resolver las tales dificultades en formas más ó menos equitativas. Así es que en 1566, por carecer el electo de casa en que tener los presos y prisiones se mandó que los tuviese el que fuera procurador y tuviera la cárcel el año pasado, y «luego la justicia y régimen» por sus personas fueron á dicha casa y le entregaron los presos y las prisiones;» y por el contrario, en 1572 negándose el procurador electo á aceptar el cargo por la misma falta de casa, le obligaron á aceptar, y «le apresuraron que tomase y recibiese la cárcel de concejo presos y prisiones.»

Variando de rumbo los procuradores generales concluyeron por pedir paga por tener la cárcel; y el concejo acordó, en 1591, salir á la causa, diciendo que los procuradores están obligados á tenerla en su casa ó buscar otra.