ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 102

los elementos sociales, se nos pregunta con aire de desdenosa indiferencia:

¿Quién al hombre del hombre hizo juez?

Esta consideración, sin embargo, no resiste al escalpelo de la crítica, y del mismo modo que ha sucumbido en sus aplicaciones al derecho civil y penal, debe ser relegada al olvido en la ciencia política. Con más razón todavía; que al fin y al cabo limitar la capacidad política no es hacer, ni con mucho, lo que se permiten el derecho civil y el penal para salvar los fueros del orden público. El derecho civil limita y condiciona hasta la nimiedad. El poder patrio, el gobierno marital, la contratación, la persona de los impúberes y sus bienes, el uso de ciertos peculiares, las sucesiones, la curaduría ejemplar en determinados casos, las donaciones no remuneratorias, etc., etc., son fehacientes testimonios de lo que decimos. En cuanto al derecho penal es inútil que en él nos detengamos, porque sus varias sanciones abarcan y recorren todo lo que de estimable y legítimo tiene la naturaleza humana. ¿Y esto que acontece con el verdadero derecho, no había de ser extensivo á las funciones políticas, que, como digimos ántes, nose ejercen siquiera en provecho propio, sino en utilidad común? La potestad, ó no existe, ó es íntegra, ha dicho un amigo nuestro. Sino cabe escoger y discernir en política, tampoco es procedente esta tarea en derecho civil y penal; que al fin y al cabo dictados por los hombres han sido todos los Códigos de la tierra. El argumento nos parece tan fuerte y robusto, que sin vacilar lo entregamos á nuestros adversarios esperando su contestación.

Digamos ahora por qué razones no abrigamos la risueña esperanza de que vayan disminuyendo los antagonismos entre las diversas clases y gerarquías, y de que al fin los ignorantes ejerzan su derecho de sufragio bajo la autoridad moral, bajo el patronato de las clases superiores.

En este raciocinio despunta un carácter de candidez, por no decir de dulzura solapada é hipócrita, que nos obliga á pedir por breves momentos la atención de nuestros lectores.

Preparar un estado de ideas del todo hostil al interés conservador y ahogar su voz y su representación para demandarle después que capitule y transija, constituye un verdadero sarcasmo. Lo que se decora con el nombre de transacción, quiere significar en puridad un completo avasallamiento. Y en tal estado, ¿puede esperarse
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 103

que el elemento preponderante se someta á la direccion, á la autoridad moral del vencido? Cuando todos los poderes, aun los más legítimos, cuando todas las soberanías tienden á perderse y malograrse en la embriaguez, en el paroxismo de las exageraciones, ¿podemos dar abrigo á la esperanza de que la cordura y la moderacion presidan en el ánimo del proletariado triunfante y le conduzcan á emplear su influencia en beneficio de la armonía y de la concordia social?

Si á priori pudiésemos sostener esta proposicion, la experiencia la destruiría. Abrase por cualquiera de sus páginas el libro de la historia, y se observará el mismo resultado; desde las repúblicas de Grecia hasta nuestros tiempos, los primeros impulsos se dan á favor de la justicia; el objeto visible, el propósito deliberado es una cuestion de contrapeso y de equilibrio; más tarde el que se considera vencedor, dicta sus condiciones al vencido, y gracias sino llega un dia en que se consuman los más negros y ominosos crímenes bajo el nombre de represalias.

IX.

Todos los inconvenientes, todos los peligros que ofrece la cuestion electoral sacada de su terreno y convertida en arma de guerra, desaparecen al restituirle su carácter propio, al darle de nuevo su naturaleza primitiva y originaria. Empleada en el sentido de la conveniencia social discernida por el Estado, utilizada como medio práctico para realizar una buena constitucion del poder habida consideracion á los elementos particulares y relativos de que cada sociedad dispone, no puede ser el obstáculo de la libertad, ni engendrar el desorden. Las agitaciones y los conflictos, si alguna vez los promueve, serán momentáneos; los elementos positivos de la capacidad ahogarán los malos instintos y los gérmenes de perturbacion.

No se olvide, sin embargo, que, como antes digimos, en el sistema electoral de los gobiernos representativos juega siempre una doble influencia: primera, el interes de que la capacidad sea positive y se aprecie en sus dos fases moral é intelectual; y segunda, que en lo posible y dentro de las exigencias del bien público se procure ampliar el número de los electores, para que las leyes expresen y traduzcan el sentido real de la nacion.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 104

Distinguidos publicistas se pierden en esta materia por no dar la merecida importancia á la dualidad de los fines que acabamos de señalar. Si todo fuera cuestion de aptitud intelectual, el problema sería fácilmente resuelto; del mismo modo si únicamente se buscará el concurso efectivo de las clases, prescindiendo de las condiciones de capacidad y moralidad. Y porque la cuestion se presenta complexa, es que no cabe resolverla de ligero y mediante fórmulas empíricas, sino abondándola en toda su latitud.

En estos tiempos no puede decirse que los publicistas la hayan mirado con indiferencia. Por el contrario, nunca había dado lugar á más serios estudios. La escuela doctrinaria francesa profundizó señaladamente la primera parte de la cuestion, ó sea, el problema de la capacidad en sus relaciones con la soberanía; los Ingleses se han fijado particularmente en la segunda, examinando la representacion pública en sus relaciones con el estado del pais y escogitando los medios oportunos y conducentes para que en la gestion total de los intereses sociales dejen sentir su influencia las minorías activas.

Y aunque el objeto de este articulo no es hablar de la representacion pública en su mayor latitud, sino en la parte que hace referencia á la capacidad del cuerpo social, consideraríamos mutilado este trabajo si no hiciésemos alguna indicacion sobre el primer punto.

Buscar la solucion del problema electoral planteando y afianzando un mecanismo que dé por resultado la expresion de la inteligencia media, el nivel ordinario de los sentimientos y aspiraciones de la sociedad, se presenta ocasionado á un inconveniente, el de que los partidos radicales no alcancen ninguna representacion, y que esta circunstancia los aleje del terreno legal con perjuicio del sistema establecido. Para evitarlo, se han propuesto varias combinaciones, y entre ellas la de la acumulacion de votos entre los distritos electorales, de manera que el candidato que obtiene un número mayor entre todos los distritos sumados sea preferido al que relativamente tuvo una votacion más numerosa en cada uno de los distritos. A primera vista se comprende que, si se exagerase este sistema, se caeria en el mal de subordinarlo todo á la politica, y dejar sin representacion propia los intereses particulares de los pueblos y las provincias: oportunamente limitado, reconocemos que puede ser de alguna utilidad, ó cuando menos, dar ocasion y
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 105

servir de punto de partida para ulteriores y más perfectas combinaciones (1).

Como quiera que sea, el interés primario del asunto que nos ocupa no está en la representación determinada de uno u otro partido, sino en que la función electoral se desempeñe por personas capaces de hecho, y de modo que el principio social aparezca por encima de las pretensiones y exigencias particulares. Y en la profesión de este principio, por fortuna, están conformes los grandes maestros del sistema representativo, así los Franceses como los Italianos y los Ingleses.

A primera vista pudo parecer que J. Stuart Mill trataba de contrariarla en su obra intitulada El Gobierno representativo; creyóse por algunos que su propósito inmediato era atacar de frente las miras del doctrinarismo; pero un estudio más razonado y completo del libro á que nos referimos, hizo ver la íntima afinidad y consonancia que tenía con las ideas propagadas anteriormente por la escuela francesa. ¿Y qué mucho, si al fin y al cabo en esta escuela es donde se hallan precisamente los más importantes modelos y las mejores enseñanzas?

No se nos oculta que á la hora presente el juicio que acabamos de estampar sorprenderá á muchas personas; es ya cosa convenida hablar en són de menosprecio de la escuela doctrinaria y permitirse contra ella todo linaje de libertades y vituperios áun los escritores más superficiales. El tiempo, sin embargo, desvanecerá esta preocupación, y á medida que se comprenda que la democracia misma tiene su justo medio y su doctrina del más y del menos, irán cayendo en el ridículo que merecen ciertas irónicas censuras que lo único que revelan en el fondo es una estúpida ignorancia.

Y ya que por incidencia hemos tocado este asunto, permítase-nos una leve digresión.

(1) Entre todas las combinaciones que al efecto se proponen, nos parece la más discreta y conveniente la del voto acumulado, según la explica el magnífico publicista Prevost-Paradol en su obra La France nouvelle. Con el sistema actual, dice, el elector que está llamado á elegir tres Diputados debe escribir tres nombres distintos, de manera que la minoría del colegio electoral queda necesariamente sofocada. Otra cosa sería si al elector que ha de elegir tres Diputados se le permitiera escribir tres veces el mismo nombre, porque en tal caso la opinión que contase en su favor la tercera parte de los electores tendría ya la seguridad de sacar triunfante un candidato.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 106

Los enemigos del sistema representativo, alardeando un espíritu de imparcialidad con que se hallan mal avenidos en la práctica, hacen gala de respetar profundamente á los publicistas ingleses, reconcentrando toda la saña de sus ódios y rencores contra la escuela doctrinaria. Al obrar de esta suerte demuestran ya indirectamente la mayor autoridad científica que prestan á la segunda; autoridad merecida bajo todos conceptos, porque los doctrinarios franceses han sido—y lo dirá la historia—una de las primeras influencias científicas de nuestro siglo. Ellos son los que, ahuyentando las sombras del materialismo, salvaron la causa del espíritu, y restauraron el alma en el hombre, como decía Villemain; ellos son los que generalizaron la literatura filosófica de Alemania; ellos los que enriquecieron los anales históricos con profundísimas investigaciones; ellos los que fundaron la teoría doctrinal del sistema representativo y vulgarizaron sus principios y ejemplos por medio de obras, revistas y periódicos nutridos de enseñanza y salpicados con el polvo de oro de su castiza y elegante dicción. Por una de esas aberraciones, que sólo consiente la política, se quiere argüir del partido contra la escuela, de la Monarquía de Julio contra la autoridad científica de sus escritores. En odio á la pléyada traspirenáica se exagera el mérito y el alcance de la inglesa; siendo así que entre una y otra la diferencia, más que de principios, es de carácter, por revelarse en sus obras respectivas las fórmulas y la fisognomía particular de la nación á que pertenecen.

Volviendo ahora al libro de Stuart Mill, dirémos que cuando empezó á ser conocido creyóse que su propósito era impugnar la soberanía de la inteligencia, remplazándola con la doctrina del interés social, representado por cada uno de los ciudadanos. Dijose que este publicista era adversario del justo medio (1), y que abrazaba el principio de libertad sin reservas ni limitaciones. «La soberanía—había escrito este autor—pertenece á la sociedad por entero, y la razón está en que cada uno es el mejor custodio de sus intereses y sus derechos.» Pronto, sin embargo, y en cuanto se abrazó todo su pensamiento, hubo de observarse que Stuart Mill hacía de la capacidad de hecho la base de la capacidad de dere-

(1) Un distinguido publicista. Carlos de Remusat, observó con razon que la antigua teoría del justo medio debe llamarse más propiamente de justa pro porcion entre los elementos á que obedece la sociedad. Art. "Justo medio" del Diec. de Pol, por M. Block.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 107

cho; que retrocedia ante el sufragio universal, mientras la educación general no le allanase el camino; que en el terreno práctico excluía de las funciones públicas á los que no supiesen leer, escribir y contar; y finalmente, que, para prevenir la contingencia de que el número sofocase á la razón, proponía el establecimiento del sufragio plural, ó sea la concesión de varios votos en favor de los que estaban en determinada gerarquía social y poseían mayores condiciones de presunta inteligencia.

Ahora bien: dejando aparte si el hecho de saber leer, escribir y contar es garantía de capacidad política, cosa que nosotros rechazamos paladinamente, ¿quién no vé que Stuart Mill, á pesar de sus protestas radicales, acaba por aceptar fundamentos análogos á los de la escuela doctrinaria? Exigir conocimientos previos para el ejercicio del sufragio, ¿no es separarlo ya de la órbita del derecho individual? Dar al Estado la potestad de fijar las condiciones prévias del sufragio, ¿no es tratar el asunto como de conveniencia y fuera del campo jurídico?

Por otra parte, la concesión de mayor número de votos á favor de la inteligencia presunta (1), ¿no implica virtualmente el reconocimiento de que en todo sistema regular las influencias legítimas no deben estar supeditadas á la razón del número?

Estos argumentos, de puro sencillos, bastan para convencer á cualquiera que de buena fé inquieta la verdad, y á la hora presente empieza á comprenderse ya que entre los escritores de Francia y de Inglaterra lo que resalta principalmente es una diferencia de método y de lenguaje. Los doctrinarios tienden casi siempre á dar á su exposición un carácter más levantado y espiritualista; los ingleses consideran las cuestiones políticas en el terreno relativo y práctico, procurando armonizarlas con la corriente de los intereses. Así el principio de la soberanía explicado por Royer-Collard viene á ser como un reflejo, una irradiación terrenal de la inteligencia superior que dirige y regula el orden cósmico: en el criterio de Stuart Mill, la sociedad toma el carácter de una compañía anónima, en que la representación es adecuada y proporcional al interés de los capitales que en ella se han invertido. Y si formula el deseo de que todos tengan una parte activa en los hustings, no

(1) Véase el cap. VIII de la obra de Stuart Mill, trad. francesa de 1862, pág. 191.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 108

es como individualista y para sacar indemne la integridad del derecho personal, sino para que la ley positiva aparezca revestida de autoridad y se imponga como una emanacion directa de la conciencia pública.

X.

Tratándose de la capacidad política, la emision del sufragio aparece inmediatamente como la cuestion más culminante dentro del tema; pero no estaria en lo cierto quien creyese que por su importancia abarca toda la extension del mismo. El problema es más vasto, y en ello conviene la generalidad de los publicistas. Disienten éstos, sin embargo, en la tarea de fijar sus verdaderos límites, existiendo varias opiniones acerca del particular.

La mayor parte comprende en el circulo de la capacidad la cuestion del derecho electoral en sus elementos activo y pasivo; es decir, el censo de los electores y el censo de los elegibles. Alejo de Tocqueville, fijándose en el ejemplo de los Estados Unidos y recordando que el ideal de los demócratas es que el ciudadano como tal reuna la triple calidad de elector, elegible y jurado, hace entrar estos tres elementos en la determinacion del problema.

Finalmente, escritores hay que dan á la materia mayor ensanche todavía comprendiendo en ella toda la tabla de los derechos políticos del ciudadano, según se establecen y garantizan por las Constituciones. Así, con ocasion de la capacidad política, reivindican los derechos de reunion y asociacion, la libertad de impren- ta, etc., etc.

Veamos, entre estas opiniones, cual es la más aceptable.

Empezando por la que últimamente hemos indicado, dirémos que en cierto sentido es innegable que el buen ó mal uso de los derechos constitucionales representa en el fondo una cuestion de mayor ó menor capacidad política; pero en honor de la verdad debemos añadir que esta última no es la que nos ocupa, ni la que explicamos en el capítulo II de nuestro trabajo. Recuérdese que hablamos entonces de la capacidad activa y de la que contribuye directamente á la organizacion de los poderes públicos, no del modo como deben ejercerse los derechos politicos en su más lata acepcion.

Ménos vaga, y en cierto sentido justificada por la experiencia,
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 109

se presenta la de Tocqueville cuando indica que en algunos sistemas modernos que tienen por base la representación ó la delegación de poderes, la capacidad del ciudadano se desenvuelve en una triple ramificación, á saber: como elector, elegible y jurado. No obstante, sí, dejando á un lado estas razones de autoridad, ahondamos en las entrañas del asunto, verémos que, aunque la institución del jurado sea de una influencia eficacísima en el orden político, su objeto y su fin inmediato no pertenecen á la política, sino que caen de lleno en el campo de la administración de justicia; de forma que el tercer elemento á que se refiere Tocqueville no es esencial en la resolución del problema, sino un puro accidente que no dejará de ser tal porque en nuestros tiempos facilite tal vez el desenvolvimiento de la educación pública. Además, observa con razón el Conde Russell en la obra que ya una vez hemos citado (1), que en la cuestión del Jurado la mira y el interés del bien general resaltan sobre el derecho personal aún más que tratándose del sufragio, y así que de cada día se propende mayormente á sacar las personas que han de ejercer dicha magistratura de una parte de la sociedad civil que ofrezca garantías positivas de inteligencia y moralidad. Y si así no fuese, añadiríamos nosotros, ¿quién duda que contra la constitución viciosa del jurado obrarán con más fuerza todavía todas las razones que hemos apuntado en contra del sufragio universal?

Por eliminación, pues, viene á quedar en pie únicamente como racional y admirable la interpretación de que la capacidad política tiene un sentido más propio reduciéndose al problema electoral en su doble sentido: censo de los electores y censo de los elegibles.

Y una vez dijimos ya sobre el primero todo lo que estimamos oportuno, déseños que formulemos brevísimas consideraciones acerca del segundo.

Donde el hecho de tomar parte en las funciones electorales está condicionado, parece que son inútiles y hasta embarazosas las precauciones en punto á la elegibilidad. Por esto, sin duda, un malogrado publicista español, el Sr. Alcalá Galiano, recordaba á propósito de la misma, y después de ventilar ampliamente la que suele precederla en el campo jurídico, la epigramática pregunta de la

(1) Ensayo sobre la historia del Gobierno y de la Constitución británicas. Introducción, pág. 36.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 11

Holandeses, so pretexto de proveer de esclavos negros la Isla, fué preso, depuesto y llevado á Sevilla, donde se le hizo su proceso, se le condenó á ser degollado y se ejecutó la dura sentencia (1).

Cualesquiera que fuesen la vigilancia y la inflexibilidad de España para excluir á los extranjeros, la fiebre del oro podía más que ella. El P. Charlevoix cuenta refiriéndose al año 1527, que como ya en este tiempo los corsarios ingleses y franceses iban con frecuencia á robar á los españoles de Indias, y estos por su parte introducían contrabandos, el Arzobispo de Santo Domingo, que después lo fué de Méjico, D. Sebastian Ramirez de Fuenteleal, varón ejemplar y docto, con consulta de los hombres notables de la Isla, propuso al Rey y al Consejo de Indias, «que, obligando á todos los navíos que iban de España á Indias á que se dirigiesen á Santo Domingo, y á cuantos de Indias volvieran á Europa á que hiciesen escala en el mismo puerto y previniendo que llevasen guías, se podría evitar los insultos de los piratas.» Por entonces no fué aprobada esta proposición; pero ya hemos visto como treinta años más tarde se dispuso la navegación en flota, y el rumbo forzoso á la Habana, que había sustituido á aquella ciudad en la supremacía comercial y marítima.

Ni fueron solamente corsarios montando un solo buque los que de Europa acudieron á los mares de América á arrebatar á los Españoles el oro de los Reyes Aztecas ó de los rescates exigidos por Pizarro y por sus capitanes á los infortunados descendientes de Manco Capac: expediciones más considerables, mandadas por célebres marinos, fueron allá con parecido objeto, aunque de tarde en tarde durante el siglo XVI. En 1586, el terrible corsario inglés Francisco Drake, azote de España, atacó, sitió y destruyó la ciudad de Santo Domingo, que tardó poco en levantarse más floreciente de entre las ruinas; en 1591, el holandés Cristóbal Newport hizo lo propio en Jaguana, en la misma isla; pero su compatriota Abraham de Verne, que en 1606 amenazó á Cuba, no tuvo tan buena suerte, pues fué atacado y derrotado en las costas de aquella isla por la flota española.

Del primer tercio del siglo XVII datan las empresas de los extranjeros para sentar el pie en las pequeñas Antillas, que siendo tan numerosas no podían todas ser bien guardadas por los Espa-

(1) Charlevoix, Historia de la Isla Española, part. II, lib. 7.º, pag. 27.
Revista de España (1870-09-01 00:00:00), página 110

reina de Suecia cuando decía: —Si rejas, para qué votos? —¡Si votos, para qué rejas?

Con efecto: donde el sistema de eleccion corresponde á las necesidades reales del país y asegura la prepotencia de los elementos más capaces que encierra un estado en cada período histórico, no es justo ni consecuente abrigar recelos y temores de que, por falta de disposiciones preventivas sobre la materia, la eleccion recaiga en personas ineptas ó que estén notoriamente privadas de condiciones de respetabilidad é independencia.

Sobre este punto nos hallamos conformes, y nada tenemos que observar. Diferimos de otros, sin embargo, en apreciar la consecuencia que de tal precedente se deriva. Una cosa es que constituido un cuerpo electoral ilustrado y digno no sea justo temer ya el prevalecimiento de personas indignas, y otro que no deban imponerse á los elegibles condiciones prévias de ninguna clase. Algunas hay de que no puede prescindirse y son las que se desarrollan y eslabonan como cuestión de consecuencia, de unidad de sistema dado el fin del organismo constitucional y la necesidad de que entre las varias partes del Gobierno exista la debida regularidad y correspondencia. Nos explicarémos. Una vez el sistema representativo, por ejemplo, prefiere á una sola Cámara, la dualidad de las Asambleas deliberantes y encomienda al Senado el desempeño de una misión propia y especial de carácter conservador, á primera vista se comprende que la capacidad de sentarse en los escaños de la Cámara senatorial, no puede ser concedida á todos los ciudadanos, sino á los que por su posición particular no sean óbice y embarazo al fin positivo de la institución. Y aun con referencia al Congreso, si al fin y á la postre la capacidad de emitir un voto está regularizada y condicionada hasta cuando se admite el sufragio universal, sería un contrasentido que la elegibilidad no tuviera, cuando méños, el límite y la valla de las condiciones y requisitos que se consideran como minimum necesario para ser elector. Esto en el puro terreno doctrinal; porque prácticamente debe contarse además con muchas otras limitaciones y exclusiones que se fijan con el nombre de «incompatibilidades». Estas últimas suelen ser, en su mayor parte, la justa reacción contra los abusos y los escándalos que determinaron los grandes sacudimientos revolucionarios; en su consecuencia tales leyes tienen un carácter marcado de circunstancias, y mejor que á la índole normal del sistema re-