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hasta las orillas del mar se repartieron entre los vecinos de muchos pueblos á título de terrenos baldíos. En fin, tales abusos hubieron de cometerse, que la Convencion Nacional, que no era por cierto asustadiza, se aterró de su propia obra.

Repartidos los bienes de aprovechamiento comun, sólo faltaba disponer de los de Propios, cuyas rentas se empleaban en los gastos municipales. La Convencion Nacional verificó este despojo, declarando extinguidas en 24 de Agosto de 1793 todas las deudas de la República á favor de los pueblos, y convirtiendo en deuda nacional una parte de la que pesaba sobre estos. Al mismo tiempo adjudicó al Estado todos los bienes municipales que no fueran de uso comun, y cuyo repartimiento acababa de decretarse, y mandó venderlos en la misma forma que los bienes nacionales (1).

Con estas leyes terminó la Revolucion su obra desamortizadora. Fuera de los montes, no quedaba ya en Francia una pulgada de terreno que no pudiera circular en el comercio y subdividirse y acomodarse á todas las necesidades del individuo. Los bienes del clero, los de beneficencia, y aun los de los nobles, habian sido ya confiscados y en gran parte enajenados á vil precio: los feudales y los de mayorazgo eran libres de toda carga y restriccion á favor de las familias: los municipales iban á pasar inmediatamente al dominio privado. Era, pues, completo el triunfo del principio individualista sobre el social en la forma y estado del dominio; mas un predominio tan absoluto no podia ser tampoco muy duradero.

§ IX.

LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS MAYORAZGOS DESPUES DE LA REVOLUCION DE 1789.

Los excesos de la anarquia produjeron al fin la reaccion que es siempre su consecuencia. Amenazada la sociedad de disolverse, si seguía por el camino en que la llevaban sus legisladores y jefes, el terror, el cansancio, y los desengaños produjeron un cambio favorable en la direccion de los negocios publicos. Las doctrinas

(1) Daliez, obr. cit., lug. cit., t. 6, ch. 5, art. 1, y ch. 1, § 2.
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revolucionarias practicadas no habian producido hasta entonces sino desastres, ruinas y escarmientos. Este era un hecho notorio é incuestionable, que por más que trataran de desfigurarlo los interesados en la continuacion del régimen del terror, habia de surtir su efecto. Los revolucionarios de buena fe y de doctrina hicieron alto un momento, para revisar las que profesaban acerca de la propiedad, y advirtieron que sus teorías eran demasiado absolutas y por lo menos cuestionables. La nacion tocaba por si misma las injusticias, los abusos y las dilapidaciones á que daban lugar las nuevas leyes, que habian privado de sus propiedades á los hospitales y á los pueblos, abolido la facultad de testar y revocado los actos ejecutados anteriormente en virtud de ella. Así los unos consintieron fácilmente en retroceder un tanto, hasta colocarse en lo que estimaban el justo medio, mientras que la otra los impelia en la misma direccion, hasta mucho más allá del punto en que ellos habian resuelto detenerse.

La reaccion contra los principios anárquicos que habian tornado la constitucion de la propiedad comenzó por una ley de la misma Convencion (24 Abril 1795), suspendiendo todos los procedimientos intentados para aplicar, con efecto retroativo, la de 6 de Enero de 1794, sobre anulacion de testamentos, referida anteriormente. Dado este primer paso, y vencidos en la revolucion termidoriana, los escasos partidarios, que aún quedaban del régimen del terror, en 26 de Agosto de 1795 quedó enteramente abolido el efecto retroactivo, no sólo de la ley últimamente citada, sino de la de 26 de Octubre de 1793, que fijaba la legítima de los hijos y la de los parientes. Algo más duraron las leyes relativas á la testamentifaccion, pero en 25 de Marzo de 1800, bajo el Consulado de Bonaparte, se restableció la facultad de testar sobre bases más amplias, en beneficio de la menguada autoridad paterna y del quebrantado espíritu de familia. Entonces se permitió á los testadores disponer libremente de la cuarta parte de su herencia, si dejaban de uno á tres hijos; de la quinta parte, si dejaban cuatro hijos; de la sexta, si dejaban cinco, y así sucesivamente. En cuanto á los que no tuvieran descendientes, se estableció que pudieran disponer de la mitad de su herencia los que dejaran ascendientes, hermanos ó sobrinos carnales, y de las tres cuartas partes los que dejaran sólo tios, primos ó sobrinos, hijos de éstos. En la misma ley se revocó la prohibicion de legar la cuota disponible por
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testamento, á alguno de los herederos con derecho á legítima (1).

El Código civil, promulgado en 1801, resolvió todas las cuestiones relativas á la propiedad por transacciones prudentes, entre los diversos intereses comprometidos en ellas, el del individuo, el de la familia y el del Estado. Inspirándose á la vez sus autores en los principios revolucionarios de 89, en el derecho romano y en el consuetudinario, aplicaron ya los unos ó ya los otros, procurando armonizarlos con las costumbres y necesidades de la época, las cuales, si por una parte reclamaban una vigorosa reorganización de los elementos sociales quebrantados y dispersos, no toleraban tampoco la pura y simple restauración del antiguo régimen. Justo es confesar, sin embargo, que los autores del nuevo código no lograron mantener siempre igual el fiel de la balanza entre estas diversas tendencias.

Triunfo fué del principio individualista la confirmación de las leyes revolucionarias, que abolieron toda diferencia entre las tierras nobles y las de rotura, los bienes troncales y los adquiridos, los hijos y las hijas, los primogénitos y los demás hijos. (Art. 732). Al mismo principio debe atribuirse la prohibición de desheredar á los hijos, pues aunque parece dictada por un interés de familia, cede en menoscabo de la autoridad paterna, cuyo mantenimiento y prestigio es el principal interés de la familia, considerada como elemento social. No debe confundirse el interés individual de los hijos con el colectivo de los linajes, que no siempre hay entre ambos entera conformidad. Interesa á los hijos que no quede su legítima al arbitrio de un padre desnaturalizado; pero lo que conviene á la familia, como entidad social, es que el padre no carezca de los medios necesarios para conservar en ella la unión y la disciplina.

También predominó el interés del individuo sobre el de familia en las disposiciones del Código, que en las sucesiones ab intestato limitaron el derecho de representación, en la línea colateral, á los descendientes de los hermanos (art. 742), llamaron á la sucesión, por falta de descendientes, á los mismos hermanos en unión con los padres (art. 751), y en defecto de éstos á los hermanos solos, con preferencia á los abuelos, y mandaron dividir la herencia entre los ascendientes de diversas líneas por porciones iguales, sin

(1) Taulier. Theor. du cod. civ. liv. 3, t. 1.
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tener en cuenta la procedencia de los bienes (art. 746). Pudiera aún citar otras varias disposiciones inspiradas por el mismo principio, entre ellas la separación de bienes entre los cónyuges, tan opuesta á la autoridad marital y al espíritu de familia.

Concesión al interés de ésta fué sin duda el señalamiento de una legítima á los hijos y á los ascendientes, y el permiso dado al padre para testar de su cuota disponible á favor de cualquiera de sus herederos legítimos (artículos 913 y 919), y aumentar por lo tanto su haber, lo cual destruía radicalmente la igualdad entre los herederos, que habían pretendido establecer las leyes de la revolución, y proporcionaba á la autoridad paterna medios saludables de gobierno. Igual objeto tuvieron las disposiciones que llamaban á la sucesión intestada á los parientes colaterales hasta el duodécimo grado, antes que á la viuda del difunto (art. 755): las que en la misma sucesión, atribuían al hijo legítimo una porción hereditaria mucho mayor que al hijo natural que con él concurreciese, y la que, á falta de hijos legítimos, no llamaba á los naturales sino en concurrencia con los ascendientes y colaterales, cuando los hubiese (art. 755).

Al interés del Estado no concedió el Código más limitaciones del dominio que la expropiación por causa de utilidad pública con indemnización previa (art. 545), el impuesto, y ciertas servidumbres originadas por la situación de los prédios (art. 649). Ni el estado político de las personas, ni sus relaciones con el Estado, volvieron á depender de la propiedad, por más que se subordinara á ella el ejercicio de ciertos derechos ó funciones públicas. Todos los propietarios fueron iguales ante la ley, mas no sin que por mucho tiempo haya continuado siendo la cuantía de la propiedad el criterio de la capacidad política.

También tuvieron cabida en el Código las leyes revolucionarias que prohibían las sustituciones y los mayorazgos (art. 896), como no podía menos de suceder en una obra de legislación tan democrática. Mas apenas restauró Napoleón el trono, sintió la necesidad de darle fuerza y esplendor, rodeándole de algunas de las instituciones aristocráticas que habían percibido con el antiguo régimen. Desconfiando de atraer á su corte á las antiguas familias nobles, que le desdichaban e influían en su daño, imaginó contrabalancear este influjo creando una nobleza nueva, rival de la antigua, cuyos intereses se confundieran con los de la naciente monarquía, y que
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debiéndolo todo al nuevo soberano, profesara una adhesion sin limites á su persona. El Emperador, sin embargo, procedió lentamente y con pulso en la ejecucion de tan difícil empresa, porque el restablecimiento de privilegios abolidos pocos años antes, con casi universal aplauso, habia de parecer inconciliable con los principios de igualdad que habian penetrado con la revolucion, no sólo en las instituciones, sino en las costumbres. Así comenzó su obra por las provincias, poco antes extranjeras y recien incorporadas al Imperio, erigiendo en grandes feudos de la corona, en 6 de Marzo de 1806, las de Dalmacia, Istria, Friul, Belluno, Conegliano, Treviso, Bassano, Vienne, Pádua y Rovigo, poco antes conquistadas. El Emperador se reservó dar la investidura para la sucesion hereditaria en estos feudos á los varones primogénitos, descendientes legítimos de los primeros feudatarios, pero declarando que en defec- to de sucesores con estas calidades, revertirian aquellos á la corona.

Dado este primer paso, que al pronto no llamó la atencion por tratarse de un territorio extraño y de bienes de conquista, las circunstancias favorecieron el restablecimiento de las vinculaciones en todo el Imperio. La Princesa Paulina, hermana de Bonaparte, y su marido el Principe Borghese habian cedido al reino de Italia su Principado de Guastalla; y como no pareciese justo que esto se verificara sin la compensacion correspondiente, se ordenó por un Senado consulto de 14 de Agosto de 1806, que el precio de la cesion se invirtiera en comprar bienes en Francia, que se darian á los Príncipes, para que ellos y sus descendientes varones los poseyeran con las mismas condiciones y cargas con que habian tenido el Principado. En esta misma ley se reservó el Emperador la facultad de conceder á los cabezas de familia que poseyeran algun título hereditario licencia para fundar mayorazgos á favor de sus hijos varones y sus descendientes de varon en varon, por órden de primogenitura (1). Admitido así el principio de las vinculaciones, cuidose de reformar el articulo del Código civil que prohibia las sustituciones, con una excepcion á favor de los bienes libres, que formaran la dotacion de algun título hereditario (art. 896).

Con estos antecedentes; hubo de creerse posible la ereccion de una nueva nobleza, y en 1.º de Marzo de 1808 apareció un decreto creando títulos hereditarios, trasmisibles al varon primogé-

(1) Dalloz. Jurispr. genér. V. Maiorat.
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nito, cuando el padre hubiera instituido mayorazgo á su favor. Dictóse otro decreto en el mismo dia reorganizando la nobleza y procurando justificar su necesidad con estas razones, entre otras: «El objeto de la nueva institucion, no es solamente rodear nuestro trono del esplendor que conviene á su dignidad, sino tambien alimentar en el corazon de nuestros súbditos una emulacion saludable, perpetuando ilustres recuerdos y conservando siempre presentes en las edades futuras la imagen de las recompensas concedidas á los grandes servicios hechos al Estado.» En este decreto se señalaron los bienes que podrian vincularse y se determinó el modo de proceder y de intervenir el Gobierno en su vinculacion, según que procedieran de mercedes de la corona ó del dominio particular de los mismos poseedores de títulos, que para trasmitirlos hereditariamente usaran de la facultad de vincular: se fijó el orden de sucesion en la línea descendiente legítima, de varon en varon y por derecho de primogenitura: se declaró nula toda enajenacion de bienes vinculados y toda imposicion de nuevo gravámen sobre ellos, mas sin perjuicio del derecho de los hijos para exigir su legítima completa, aun á costa de los mismos bienes, cuando el testador no dejara caudal libre suficiente para cubrirla: se impuso á los poseedores de mayorazgos la obligacion de pagar á las viudas de sus antecesores, pensiones alimenticias, y aun algunas de las deudas contraídas por ellos: se determinaron las condiciones con que en circunstancias especiales, podrian enajenarse los bienes vinculados: se declaró que estos bienes no tendrían por sí, ni conferirian á sus poseedores ningun privilegio, de que no disfrutaran las otras propiedades ó los demás ciudadanos, y se dispuso, en fin, que cuando se extinguiera la línea masculina legítima de cualquier poseedor de mayorazgo, fundado con bienes particulares, quedaran suprimido el título y libres los bienes, que podria reclamar el heredero, y que cuando llegara al mismo caso algun mayorazgo fundado con bienes dados por la Corona, revertieran estos al Estado (1).

Posteriormente, y todavía bajo el Imperio, se amplió aún más el uso de la nueva institucion. En 17 de Marzo de 1809, se autorizó á las mujeres casadas para fundar mayorazgos con sus bienes propios á favor de sus maridos y de los descendientes de ambos, y

(1) Dalloz. V. Maiorat, n. 4.
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se permitió la vinculación de bienes que no eran vinculables, por los decretos anteriores. En 4 de Junio del mismo año, se permitió la acumulación en un solo poseedor y la institución por una misma persona de dos ó más mayorazgos. En 5 de Marzo de 1810 se ordenó á los poseedores de vínculos instituidos en territorio extranjero, vender en cierto plazo los bienes que constituían su dotación y sustituirlos con otros que radicaran en Francia (1).

El Gobierno de la Restauración no sólo aceptó de buen grado esta obra del Imperio, sino que procuró afirmarla y darle aún mayor ensanche. Luis XVIII, tratando de enlazar más esta institución con el nuevo régimen político, dispuso en 25 de Agosto de 1817, que ninguno, excepto los eclesiásticos, pudiera ser nombrado Par del Reino si no fundaba previamente un mayorazgo perpétuo de primogenitura y masculinidad, cuya renta líquida fuera de 30.000, 20.000 ó 10.000 francos, según que el título, cuya dotación constituyera, fuese ducado, marquesado, condado, vizcondado ó baronía. A esta ordenanza siguieron otras, que sin introducir ninguna variación esencial en el régimen de la institución, la favorecían y estimulaban su uso. Así en los veinte y dos años que trascurrieron desde su restablecimiento hasta su extinción, se fundaron 440 mayorazgos, cuya renta anual ascendía á 3.819.134 francos (2).

Eran, pues, los mayorazgos franceses, en su última época, una institución exclusivamente política, destinada á sostener una aristocracia de reciente origen, que debía servir como de contrapeso á la antigua en la Cámara de los Pares. Su restablecimiento fué una consecuencia de la restauración de la monarquía y particularmente de la de los títulos hereditarios decretada por Napoleón. Así no debe parecer extraño, que triunfante la revolución de 1830 y modificado el sistema político preexistente, desaparecieran las vinculaciones, como contrarias al espíritu y á las tendencias del que le sucedió. La nueva Constitución respetó la nobleza y aseguró la transmisión de sus títulos, pero sin hacer mención de los mayorazgos (art. 62.) La ley de 29 de Diciembre de 1831 abolió la paría hereditaria, y desde entonces faltó el objeto principal de las vinculaciones. Por otra parte, el gobierno nacido de una revo-

(1) Dalloz. V. cit., n. 4, 1, 2.
(2) Dalloz. V. cit., n. 5.
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en Isabel había un instinto que la empujaba siempre hacia lo bueno y honrado, en asuntos de mayor cuantía, y que la sospecha manifestada por la Marquesa era la primera en su género que había llegado á sus oídos desde que estaba casada.

La verdad es que Isabel permaneció largo rato sumida, aunque no muy profundamente, en esas dos meditaciones, y que sólo salió de ellas cuando un fámulo llegó anunciándole la visita del Vizconde del Cierzo.

—Que no estoy visible!—exclamó con ira, encaminándose rápida á su gabinete.

Pero no tuvo tiempo de llegar á él. Acababa de entrar y se hallaba delante de ella planchado, perfumado, pulido, rizado, intachable de elegancia y apostura, el anunciado personaje.

(Se continuará.)

J. M. de PEREDA.
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lucion, hecha en nombre de los principios políticos de 1789, aunque algo modificados, no podía menos de desdeñar toda institución contraria á la igualdad civil. Así fué uno de sus primeros actos la revisión del Código penal para suprimir un artículo, que con el objeto de asegurar sus prerrogativas á la nobleza, castigaba la usurpación de cualquiera de sus títulos. Por eso decían los hombres del nuevo régimen: ¿cuál puede ser la utilidad de los mayorazgos, cuando no hay una aristocracia que ejerza por derecho propio altas funciones políticas, y cuando el Estado por consiguiente no tiene interés alguno en que las familias nobles que hoy existen, se conserven ó desaparezcan, mantengan su elevado rango ó se confundan arruinadas con el común del pueblo?

No era, sin embargo, acertado en el concepto de otros este razonamiento, aun en el supuesto de que fuera preferible la paría vitalicia á la hereditaria. En Francia, decían, hay además de la Cámara de los Pares, un trono á cuyo alrededor no sentarian mal ciertas instituciones, que como los mayorazgos, contribuyesen, según Montesquieu, al sostenimiento del principio monárquico. Una monarquía rodeada solamente de instituciones democráticas, no tendría en su concepto suficiente estabilidad. La democracia como elemento que templa y modifica el rigor y la fuerza de otros elementos sociales, era á sus ojos admisible, mas no como elemento preponderante, pues no creaba nada sólido y duradero. Pero la verdad es que el Gobierno de la restauración con su paría hereditaria, sus mayorazgos y el principio de la legitimidad en su favor, no pudo tampoco sostenerse. Aquel régimen cayó porque sus elementos políticos no tenían la unidad necesaria, ni por consiguiente la fuerza indispensable para dominar la resistencia que habían de provocar sus desaciertos. La aristocracia antigua, profundamente quebrantada desde la revolución de 1789, se anuló bajo el Imperio, y cuando trató de rehacerse bajo la égida de Luis XVIII, pudo notar cuán disminuidas se hallaban sus fuerzas, cuán relajada su organización y cuán poco identificados sus miembros con el espíritu de la nueva sociedad nacida de las ruinas de la antigua. A la nueva nobleza, que había sobrevivido al Imperio, faltaban todavía muchos años de vida, y de vida gloriosa é inmaculada, para corresponder dignamente á su elevada vocación; que no es obra de la voluntad de un hombre, aunque se llame Bonaparte, ni asunto de unos pocos años, la funda-
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cion de una aristocracia útil y digna. El trono no podía poseer la fuerza moral ni el prestigio que le dan la costumbre y la tradición en un pueblo que se acordaba todavía de haber visto subir al cadalso á un rey inocente, que había visto bajar del sólio á un emperador poderoso y que había asistido á la caída de tantas monarquías seculares en Europa, y á la elevación de tantas otras improvisadas. Había pasado la revolución con sus errores y sus desastres, pero dejando arraigados en la sociedad sentimientos democráticos, que lo mismo bajo el Directorio, que bajo el Consulado y el Imperio, preponderaron en todas las instituciones nuevas. Y cuando todo llevaba en la sociedad el sello de la democracia, ¿qué efecto habían de producir unos cuantos títulos hereditarios de ayer, con otros tantos mayorazgos de la misma fecha? Grande fué el error de Napoleón si supuso que un fiat de su boca bastaba para crear una aristocracia, capaz de templar la fuerza del torrente democrático, á que él mismo había dado impulso; dejándolo correr libremente por todas las venas del cuerpo social. Ni la restauración se sintió capaz de contenerlo, y dejándole abierto el paso, confió en que los elementos desenterrados del antiguo régimen, si lograban moderarlo, torcerían por lo menos su curso. Pero estos elementos, al entrar de nuevo en acción, se hallaban tan débiles y quebrantados de fuerza, que no bastaron para poner un dique al torrente; y lo que tan sólo lograron oponerle, fué cierta resistencia que, comprimiéndole un momento, aumentó su pujanza.

¿Contra esta organización social y política tan eminentemente democrática, qué podían hacer los 440 nobles, con sus improvisados mayorazgos, que existían en 1830? Poco ciertamente. Suprimirlos era un acto de lógica en los hombres que habían hecho una revolución para purgar el régimen político vigente de ciertas reliquias del antiguo. Tal supresión no era censurable sino á los ojos de aquellos que creyendo funesto para la sociedad el predominio de las ideas democráticas, pensaban que lejos de favorecerlo, deberían fomentarse las instituciones que con el tiempo pudieran moderarlo.

Prevalecieron como era natural las otras ideas entre los vencedores de 1830, y así, desde el año siguiente, se presentaron varias mociones en las Cámaras para la abolición completa de los mayorazgos. Estas tentativas sin embargo, no produjeron desde luego más efecto que preparar favorablemente la opinión pública para la supre-