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Revista de España (1870-11-01 00:00:00), página 318

BOLETIN BIBLIOGRÁFICO.

LIBROS ESPAÑOLES.

LA LITERATURA PORTUGUESA EN EL SIGLO XIX, estudio literario por D. Antonio Romero Ortiz.—Madrid, Tipografía de Gregorio Estrada, calle de la Hiedra, 7.—1870.

Este libro es único de su clase entre los escritos en España en lo que va de siglo. En ningún otro se encuentran, no ya reunidas en metódico conjunto las noticias que contiene acerca de la literatura de nuestro vecino reino, pero ni una siquiera de las diferentes partes que lo componen. Para la casi totalidad de los lectores españoles, son desconocidos hasta los nombres de los más distinguidos literatos portugueses.

Pero aunque el Sr. Romero Ortiz ha tenido que abrirse el camino, ha avanzado por él como si otros muchos le hubiesen precedido para ponerlo expedito. Erudición copiosa, crítica profunda, estilo ameno, conocimiento perfecto de su asunto; tales son las principales dotes que brillan en su trabajo.

Pasan de doscientos los autores contemporáneos portugueses de que ha dado noticias biográficas y bibliográficas, acompañadas de juicios críticos notables por el fondo de su doctrina y por la forma de su exposición. Los lectores de la REVISTA DE ESPAÑA han hecho ya justicia á estos escritos del Sr. Romero Ortiz, y por tanto, es excusado que nos detengamos más á explicar su mérito.
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LA DESVINCULACION

Y

LA DESAMORTIZACION DE LA PROPIEDAD CIVIL

EN INGLATERRA Y EN FRANCIA.(1)

§ I.

LA DESVINCULACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN INGLATERRA ANTES DEL SIGLO XVIII.

A la ventaja alcanzada por el principio social con la institucion de los mayorazgos, en los principales Estados de Europa, debía seguir el triunfo del principio individualista, si había de cumplirse la ley que, desde la antigüedad más remota, gobierna el dominio de la tierra. Ahora se verá como en efecto, desde entonces, llevó este último principio la mejor parte en la contienda, y caminó la propiedad hacia su desamortización, aunque no siempre al mismo paso, ni por las mismas vías. Refiérome únicamente á la propiedad civil, porque la eclesiástica obedece además á leyes de otro orden, que no permiten confundirla con aquella, por más que en la edad moderna hayan experimentado ambas vicisitudes análogas.

Ápenas se establecieron los mayorazgos en Inglaterra, las le-

(1) Continuación de los artículos insertos en los números 20 y 23 de esta Revista con el epígrafe Del progreso y vicisitudes del derecho de propiedad en sus relaciones con el Estado y con la familia. Con este fragmento termina el libro I, ó sea la Introducción á la historia inédita de la propiedad territorial en España, de que forman parte los anteriores artículos.
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sona más digna de él: no veo, pues, por qué no se han de depurar los hechos hasta que resulte clara y palpable la verdad.

—La prueba plena—dijo Carlos.

—Justamente. Y de todas maneras, por trivial que sea mi ocupación de hoy, nunca lo sería tanto como la de mi marido. ¿Saben VV. hoy qué le saca de casa tan temprano; lo que no le ha dejado conciliar el sueño en toda la noche? Pues es la colossal empresa de probar un tronco.

—Poco á poco—dijo el Marqués con mucha formalidad—No negaré que un asunto semejante, en absoluto, no es para desvelar á nadie; pero conviene saber que cuando este nadie soy yo, y el tronco es para mis carruajes, el asunto tiene más de tres be- moles. ¿Hoy es viernes? Pues bueno: desde el último lunes llevo probados, comprados, vendidos ó cambiados, tres pares de caballos.

—Y, por qué esos caprichos?—preguntó Carlos.

—Que se lo diga á V. mi mujer.

—No le hagan VV. caso—se apresuró á replicar la Marquesa.—La verdad es que si él tuviera mejor gusto para comprar.....

—Si hubiera más fijeza en los tuyos,—repuso el Marqués un poco sulfurado.—Pero en saliendo á la Castellana dos veces con un mismo tronco, ya te aburrés de él.... digo, te obligan á que te aburras, y esto es lo que á mi me carga.

—Cómo es eso!—exclamó Isabel fingiéndose admirada.

—Muy sencillamente—respondió el Marqués.—El amiguito de casa, el consabido títere á la moda, el indispensable Vizconde del Cierzo, que helado le sople á él; este mequetrefe, digo, que como VV. saben, sale con nosotros muy á menudo, tiene la peregrina costumbre de desacreditar mis caballos. Si son alazanes, porque no son negros; si negros, porque no son alazanes; si andaluces, porque no son ingleses; si ingleses porque no son andaluces.... y así hasta el infinito. Pues bien: mi mujer, que en materia de gustos es tornadiza como una veleta, apenas oye al Vizconde la emprende conmigo... y adivinen VV. el resto.

—Qué exajerador!—exclamó la Marquesa con voz ronca y como tratando de romper el pañuelo entre sus dedos crispados, fingiendo una indignación que estaba muy lejos de ella.

—Por lo cual—continuó su marido sin hacerla caso,—he resuelto comprar enteramente al gusto del Sr. Vizconde: á cuyo efecto,
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yes y los tribunales procuraron desvirtuar su efecto franqueando por otros medios la libre disposición del dominio, sin consideración á los intereses colectivos del Estado y de las familias que dependían de la tierra. Ya se ha visto en el capítulo anterior cómo Eduardo I alzó la antigua prohibición de enajenar los feudos: cómo el Estatuto de donis conditionalibus, que había dado origen á los mayorazgos, fué interpretado desde luego con la limitación de no deber durar las vinculaciones más tiempo que la vida de las personas existentes llamadas á ellas, y la de su sucesor inmediato, y cómo en fin perdieron en gran parte los bienes feudales el antiguo privilegio de no ser responsables de las deudas de sus poseedores. Ahora se verá cómo en los reinados posteriores y hasta nuestros días, ha seguido conquistando la propiedad nuevas libertades en Inglaterra, aunque sin haber perdido aún su carácter distintivo de lazo de unión entre el Estado y la familia, la sociedad y el individuo.

Apénas habían transcurrido dos siglos desde la promulgación del Estatuto de donis conditionalibus, cuando los tribunales ingleses establecieron el primer precedente de un procedimiento mediante el cual pudieron los poseedores de mayorazgos librar sus bienes, privando á sus sucesores de los derechos que les dieran las fundaciones. Este procedimiento había sido inventado mucho antes, pero se usaba solamente para eludir la ley que vedaba á las manos muertas adquirir bienes raíces. Cuando una corporación deseaba adquirir tales bienes sin incurrir en pena alguna, figuraba una demanda de reivindicación contra el enajenante, fundada en un supuesto título. El demandado se dejaba vencer en el juicio, y el tribunal adjudicaba los bienes á la corporación, fundándose en que no se verificaba por ello una adquisición nueva. Como este procedimiento no era aplicable sino á las enajenaciones á favor de manos muertas eclesiásticas, aunque los tribunales pretendieron alguna vez utilizarlo para facilitar la enajenación de bienes vinculados, el rey no lo consintió. Mas en el siglo XV, reinando Eduardo IV, y cuando la guerra civil entre las casas de York y de Lancaster asolaba el reino, ocurrió un caso en que hubo de emplearse aquel procedimiento para eludir la inalienabilidad de ciertos bienes sujetos al Estatuto mencionado; lo cual no rechazó entonces el rey, porque él á su vez deseaba eludir también el privilegio de no ser confiscables, que como inalienables, disfrutaban los bienes vinculados
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de los Barones rebeldes. Desde entonces pudieron enajenarse y confiscarse los bienes desvinculados por el procedimiento referido; y esto allanó el camino á Enrique VIII para promulgar después otro Estatuto, sujetando á confiscación los bienes de mayorazgo por los delitos de sus poseedores.

Así quedó establecida la práctica de enajenar estos bienes por el procedimiento que se llamó de «reivindicacion comun» (common recovery), que consistía también, como el antiguo, en figurar un pleito entre el poseedor y el adquirente. Presentaba éste su demanda, pidiendo la reivindicacion del mayorazgo en virtud de un supuesto título: contestaba el poseedor, que un tercero estaba obligado, como fiador, á la eviccion, defendiéndole en juicio é indemnizándole con otros bienes si fuese vencido: este tercero comparecía para reconocer su obligacion, pero luego se dejaba vencer en el pleito, y el tribunal lo sentenciaba, mandando entregar al actor los bienes litigados, é indemnizar al demandado á costa del fiador. El demandante era en estos casos, ó el comprador verdadero de los bienes, ó una persona de la confianza del demandado, que se obligaba á devolvérselos en pleno dominio luego que se pronunciara á su favor la sentencia. Es digno de notarse, que el pregonero del tribunal representaba casi siempre el papel de fiador, sujeto á la eviccion, por lo cual se le llamaba fiador comun.

En el siglo XVI, y particularmente en el reinado de Enrique VIII, sufrieron aún más rudos golpes la amortización y las vinculaciones. Aquel monarca innovador y ambicioso hizo cuanto pudo para cambiar la constitucion de la propiedad, del mismo modo que había trastornado la de la Iglesia, pero no tanto por miras de interes público, cuanto para ponerla más al alcance de su codicia. Aspiraba á dominar como señor absoluto: la aristocracia podía estorbárselo con el poder que le daba su riqueza; de aquí su propósito de variar el régimen de la propiedad; y si sus reformas no produjeron por completo este efecto, se debió al amor del país á sus tradiciones y á sus costumbres. Después de haber obtenido Enrique una ley del Parlamento declarando obligatorio, para los sucesores de mayorazgos, los arrendamientos de largo plazo, otorgados por sus antecesores, lo cual equivalía en muchos casos á privarles de toda renta por no corto tiempo, arbitró otro medio para hacer alienables los bienes de esta especie. Tal fué el objeto de un Estatuto disponiendo que cierta forma de enajena-
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cion, autorizada únicamente para los bienes libres, fuése aplicable tambien á los vinculados. Pero esto exige más explicacion.

Segun el antiguo derecho feudal, el modo más frecuente de adquirir el dominio de los inmuebles, era tomarlos en feudo; y como las infeudaciones no eran válidas, sin la ceremonia del homenaje y la entrega de los bienes feudales, no se podia adquirir sin esta el dominio de la tierra. Pero en Inglaterra, desde tiempos muy remotos, podia suplirse aquella ceremonia con un procedimiento judicial llamado finis (fine) que surtia los mismos efectos jurídicos. Tal era la transaccion que, con licencia del rey, ponía término á un litigio verdadero ó figurado sobre la propiedad de ciertos bienes libres, reconociéndola y declarándola á favor de una de las partes contendientes. Para asegurar el dominio adquirido cuando su trasmission legal era difícil ó peligrosa, se figuraban en Inglaterra estas transacciones solemnes, llegando á ser tan universal su uso, que hasta el nombre finis perdió su significacion primitiva y verdadera, representando, no uno de aquellos actos, sino una mera fórmula para enajenar las propiedades libres. Segun ella el adquirente demandaba al enajenante la cosa enajenada en virtud de un pacto que se suponia celebrado entre ambos, y á cuyo cumplimiento se resistia el demandado. Por la admision de esta demanda se pagaba al rey cierto derecho. Contestaba el demandado reconociendo su falta y suponiendo que habia pendientes negociaciones de transaccion. El actor entonces, reconociendo este hecho, y fundándose en haber afianzado la prosecucion del juicio con prendas, que perderia si lo abandonara, sin la correspondiente licencia, pedia al tribunal se la concediese para terminar la transaccion. Por esta licencia devengaba el rey otro derecho, pagado el cual, se celebraba un convenio en presencia del tribunal mismo ó de alguno de sus jueces, reconociendo el demandado que la propiedad litigada correspondia al demandante. Reduciase despues este acto á escritura; la cual registrada en cierta oficina, y pregonada diez y seis veces, en audiencia pública, quedaba transmitido el dominio de los bienes y era irrevocable, á menos que en el término de cinco años pareciese á disputarlo un tercero de mejor derecho. Trascurrido este plazo no era admisible ninguna demanda con tal objeto.

Este modo de enajenacion, usado solamente para los bienes libres, fué el que Enrique VIII extendió á los vinculados. Ya En-
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rique VII había manifestado el mismo propósito, si como se cree trató de debilitar el poder de la nobleza, abriendo camino con cierto Estatuto á la enajenacion de su propiedad; mas no hubo de ser bastante explícito, y aunque los jueces propendieran siempre á cumplir la voluntad del rey, no se atrevieron á declarar alienable la propiedad vinculada, por una mera interpretación de ley, cuando prescribía terminantemente lo contrario el Estatuto de donis conditionalibus. Pero Enrique VIII fué más atrevido y consumó la obra intentada por su antecesor, declarando que los mayorazgos podían enajenarse por el procedimiento referido, exceptuando tan sólo los fundados por la Corona, y aquellos en que esta tuviera derecho de reversión (1).

Otro Estatuto del mismo monarca declaró que los bienes vinculados podían también enajénarse para pagar las deudas de sus poseedores á favor del Estado. La Reina Isabel permitió después destinarlos á obras de beneficencia. Los tribunales llegaron al fin á considerar los procedimientos antes referidos como medios ordinarios de trasmitir el dominio de los bienes de mayorazgo cuando convenían en la enajenación los que habían adquirido algún derecho á ellos, y así se ha practicado hasta nuestros días.

También á la propiedad, que sin ser vinculada, surtía los efectos políticos y económicos de las vinculaciones, otorgó Enrique VIII amplias libertades. Desde la conquista de los Normandos no era permitido disponer por testamento de las tierras libres. Sólo en el condado de Kent y en algunos pequeños lugares existía costumbre en contrario. Aquella prohibición era consecuencia de haberse dividido en feudos casi todo el territorio bajo la dominación normanda, pues no pudiendo estos mudar de dueño sino mediante la ceremonia de la infeudación y con licencia del señor, no cabía trasmitirlos por sucesión testamentaria. Mas relajados los vínculos feudales de la propiedad, y admitidos otros modos de comunicarla, ya no tenía tanto fundamento la prohibición de testar de ella, y así la alzó Enrique VIII en cuanto á las dos terceras partes de los inmuebles, que constituían la dotación de los feudos gravados con servicios militares á favor de la corona; y en cuanto á la totalidad

(1) Hallam.—Constitutional history of England. t. 1, p. 15. - Penny Cyclopedia, V. Tenant entail, Fine y Recovery common.—Blackstone Commentaries on the laws of England. book 2, ch.7 and 21.
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de los bienes, cuando los feudos no tuvieran más carga á favor del Estado que alguna renta fija en dinero ó en especie. Entonces fué libre todo propietario para testar á favor de cualquiera persona, que no fuese mano muerta eclesiástica, de todos sus bienes raíces, excepto la tercera parte de los feudos militares; de las tierras poseídas con obligacion de pagar una renta indeterminada y á voluntad del señor directo, ó sea por el título llamado Copy hold (1); de los inmuebles cuyo dominio era todavía incierto, por estar sujeto á condiciones contingentes; y de los adquiridos después de otorgado el testamento (2).

Nada innovó Enrique VIII en cuanto á la disposicion por testamento de los bienes muebles; porque si bien en tiempos antiguos la facultad de testar de ellos estaba limitada por el derecho de la mujer y el de los hijos á heredar las dos terceras partes ó la mitad, según los casos, cuando concurren á la herencia, esta limitacion estaba derogada por la costumbre. Así en tiempo de aquel monarca y desde mucho antes se testaba libremente de los bienes muebles en toda la Inglaterra, excepto en el país de Galles, en el condado de York y en la ciudad de Londres, que habian conservado el derecho antiguo y aun lo mantuvieron después, hasta que fué expresamente derogado en el siglo último.

Otra especie de propiedad hay en Inglaterra que debió tambien su libertad á Enrique VIII. Para evadir el cumplimiento de las leyes que prohibian adquirir inmuebles á ciertas personas, ó por otros motivos privados, se hacia uso del fideicomiso, en cuya vir-

(1) La tenencia de tierras por copy hold era la que disfrutaban los labradores á quienes un señor feudal había distribuido algunas de sus tierras, inscribiendo esta concesion en el registro de sus Estados. El poseedor de estas tierras, llamado Copy holder, las tenía á voluntad de su señor, según la costumbre del feudo, pagando en unos la renta que aquel le quería exigir, y en otros la autorizada por el uso. En los primeros, si el señor exigia más renta que el importe de los productos de la tierra en dos años, los tribunales, á instancia de los perjudicados, debían moderar esta exaccion. En los segundos, muerto el poseedor, solía tener derecho su pariente más próximo á sucederle en su usufructo, pagando al señor cierta cantidad. Un Estatuto de la Reina Victoria ha mandado conmutar por una renta fija y un médico derecho de traslacion de dominio, todas las exacciones arbitrarias ó regulares de los Copy holders. En el mismo Estatuto se adoptaron tambien algunas disposiciones para la completa liberacion de estas tierras, mediante el pago de lo que importara la capitalización de las rentas y derechos que los señores perciben de ellas.

(2) Blackstone: Comment. book 3, ch. 23.
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tud se legaban á uno ciertos bienes, con la obligacion de entregar sus productos á un tercero, conocido en la jurisprudencia inglesa con el nombre de usuario (cestui qui use). Eduardo IV, cuando aún no era lícito testar de los inmuebles, declaró que el derecho del usuario á los productos del fideicomiso era trasmitible por testamento. Ricardo III amplió sus facultades en cuanto á disponer de los bienes fideicometidos. Enrique VII declaró responsables estos bienes de las deudas del usuario. Enrique VIII, por último, dió á éste la propiedad verdadera (1).

Mas aun después de facilitarse la desvinculacion de los mayorazgos y la libre disposicion por testamento de todos los bienes raíces, todavía ocupaban los feudos militares la mayor parte del territorio, y subsistian, por consiguiente, aunque convertidas ya su mayor parte en servicios pecuniarios, las cargas onerosísimas del feudalismo.

El poseedor de alguno de aquellos feudos antiguos que obligaban á servir las armas, no habia llegado á adquirirlo sin pagar á la Corona un fuerte derecho: no podia enajenarlo sin pagar tambien la real licencia necesaria para ello: si moria dejando por sucesor á un hijo de menor edad, correspondia la tutela de éste y gran parte de sus rentas al monarca: si tenia hijas, disponia el rey de su mano en favor de quien más le placia ó mejor se la pagaba. Todas estas gabelas y otras más de que antes he hecho mencion, no desaparecieron sino con la monarquía. Cierto es que, restaurado Carlos II al trono de sus mayores, restableció casi todas las instituciones abolidas por la revolucion; pero como los caballeros más comprometidos por su causa juzgarian intolerable la continuacion de aquellos privilegios feudales, promulgó, poco después el mismo monarca un Estatuto, derogándolos para siempre y eximiendo de todo servicio, excepto el de las rentas fijas, con que independientemente estuvieran gravados, á los poseedores de los antiguos feudos militares. Así quedaron estos convertidos en propietarios libres, puesto que el censo, si alguno pesaba sobre el inmueble, no alteraba su condicion: así tambien cesó la prohibicion de testar de la tercera parte de los feudos militares, que habia quedado subsistente después de la reforma de Enrique VIII (2).

(1) Blackstone: Book 2. ch. 20.
(2) Blackstone, II, ch. 23.--Macaulay, History of England, t. 1, ch. 2.
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No se crea, sin embargo, que este Estatuto acabó con el feudalismo en la Gran Bretaña, aunque lo quebrantara profundamente. Con él mejoraron su estado y aseguraron su independencia los vasallos inmediatos de la Corona, pero no los feudatarios de señores particulares, que eran más numerosos. Carlos II dejó subsistentes los feudos llamados de grand serjeanty, por los cuales debían los vasallos ciertos servicios de honor al rey (1): los llamados de «limosna libre» (franch almoing), que eran los concedidos á determinada corporación ó familia para invertir sus rentas en limosas á su voluntad; y los denominados de copy hold, gravados con rentas indeterminadas á favor de los señores, según he dicho anteriormente.

En Escocia no fué aplicada la ley de Carlos II hasta mediado el último siglo, que es cuando se abolieron allí los feudos militares con otras instituciones emanadas del feudalismo. Es también digno de notarse que en este reino, donde hoy todavía se pueden fundar mayorazgos perpétuos, no fueron nunca admitidos aquellos simulados procedimientos que sirvieron en Inglaterra para desamortizar y enajenar los bienes vinculados.

§ II.

LA DESVINCULACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN INGLATERRA DESDE EL SIGLO XVIII.

Hasta el siglo XVIII, la pugna entre las dos tendencias contrarias que alternativamente prevalecen en la vida de la propiedad, había sido una lucha de intereses; pero desde entonces fué también una cuestión de principios, por haberse mezclado en la contienda los filósofos innovadores y los modernos economistas. Los jurisconsultos ingleses, que nunca fueron por lo general favorables á las vinculaciones, se pronunciaron en el último siglo aún más resueltamente contra ellas, auxiliados ya entonces con el apoyo de las nuevas doctrinas económicas. «Los mayorazgos, decía el famoso Blackstone, son manantial perenne de pleitos y dificultades... Los medios inventados para desvincularlos, han disminuido

(1) Estos servicios eran de diferentes especies, como, por ejemplo, llevar la bandera del rey en ciertas ocasiones, ó su lanza, ó su espada, ó ser su despensero ó su campeón, ó desempeñar algún noble oficio en las coronaciones.