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los graves daños que originan á la riqueza pública; pero siendo estos ya generalmente conocidos y estando demostrada la conveniencia de facilitar la desamortización de los bienes vinculados, es de desear que se abrevien los procedimientos que se emplean para verificar su enajenación, despojándolos de las sutilezas que los embarazan. Podriase derogar el Estatuto de donis conditionales, aunque esto, restableciendo la antigua doctrina de los feudos condicionales, daria lugar á muchos litigios. Si se declarara al poseedor vinculista propietario libre, del mismo modo que puede él llegar á serlo, mediante el procedimiento antes explicado, se perjudicaría injustamente á los sucesores futuros, y á los reversionistas, privándoles de los medios que hoy tienen, para oponerse á la enajenación ó desvinculación. Mas se podría autorizar á los poseedores para hacer tales enajenaciones por medio de una escritura solemne, con intervención de los tribunales, al concluir el término, que, según la ley, pueden durar los mayorazgos, esto es, la vida de las personas existentes llamadas en su primer lugar á su disfrute, y la del sucesor inmediato, no nacido aún; lo cual no tendría ninguno de los inconvenientes dichos, está en uso en las colonias inglesas de América y se practica para destinar bienes vinculados á fundaciones piadosas (1). Después veremos como prevaleció al fin y se convirtió en ley esta opinión del jurisconsulto inglés.

Los economistas del mismo siglo profesaban, en esta materia, opiniones aún más radicales que las de los jurisconsultos. El célebre Smith en su obra famosa sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, analizó y ponderó con sagacidad notable los inconvenientes económicos de la amortización y de la acumulación de la propiedad. «No hay nada, dice, más duro ni más contrario al interés de una familia numerosa, que un derecho que, para enriquecer á un hijo, deja á los demás casi reducidos á la miseria.» En su concepto, desde que la Europa está organizada de manera que los Gobiernos pueden proteger las propiedades de todos, no hay razón para que las leyes persistan en mantener grandes propiedades, que por su extensión y recursos encierran dentro de sí mismas medios suficientes para su defensa. Dijo además de los mayorazgos que se fundaban en la suposición absurda de tener derecho una generación para imponer condiciones á las suce-

(1) Blackstone, II, 7, 16.
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sivas, limitando las facultades inherentes á la propiedad, y que con el derecho de primogenitura se favorecía la acumulación de la riqueza, causa, en su entender, del alto precio de las tierras, de la imperfección del cultivo y del atraso de la agricultura. Ponderó las ventajas del cultivo en pequeño, y trató de probar que ni aun los colonos de los grandes propietarios podían ser buenos agricultores (1).

Aunque el pueblo inglés no se deja seducir fácilmente por meras especulaciones científicas, cuando tiene que resolver cuestiones prácticas de administración ó gobierno, no es tampoco del todo insensible á ellas, y acepta siempre las que llega á confirmar una inteligente experiencia. Así Smith, sin dejar de ser admirado en su país, tuvo desde luego aún más prosélitos en el continente; y aunque hizo prevalecer entre sus compatriotas el espíritu de sus doctrinas, no ha logrado hasta ahora ver aceptadas por los legisladores de la Gran Bretaña todas sus conclusiones. Las ideas antes indicadas sobre las vinculaciones y la amortización de la propiedad, se descubren sin duda en el fondo de todas las reformas de la legislación territorial, realizadas ó proyectadas desde fines del último siglo; pero las teorías absolutas que Smith deducía de ellas, y que en Francia y en España se ha pretendido poner en práctica en distintas épocas, no se han ensayado todavía en Inglaterra. Allí tiende el legislador á favorecer la libertad y la personalidad del dominio, pero nunca ha creído conveniente decretar en un día la absoluta independencia de la tierra de todo vínculo social y político.

Como la inalienabilidad de los bienes no podía sostenerse sino por tiempo limitado, cuando se dejaba alguna propiedad, con la condición de trasferirla, con sus rentas devengadas ó sin ellas, á persona determinada, luego que se verificase cierto acontecimiento futuro, tal propiedad seguía siendo inalienable hasta que este se verificara, sin perjuicio de trasmitirse, entre tanto, por herencia; y siempre en el supuesto de no durar la inalienabilidad más que la vida de los concesionarios existentes y veinte y un años después. Mas deseando Jorge III abreviar este término, ya para que el dominio no estuviera en incierto, ó ya para evitar en su caso la acumulación de cuantiosas riquezas, promulgó en 1800 un Es-

(1) Smith, lib. III, c. III, 4.
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tatuto, por el cual ordenó que nadie dispusiera de sus bienes de modo que se acumularan sus rentas y productos por más tiempo que la vida del enajenante y veinte y un años más, ó durante la menor edad de personas determinadas.

Después Guillermo IV, siguiendo la opinión de Blackstone, antes indicada, abolió los fingidos procedimientos (common recovery y fine) usados para la desvinculación y la enajenación de los bienes de mayorazgo, aunque no sin sustituirlos con una escritura solemne, otorgada con intervención de los tribunales, y registrada en sus archivos, la cual había de surtir los mismos efectos. También se revocó en el mismo reinado un Estatuto de Enrique VII, que prohibía á las mujeres enajenar los mayorazgos que hubieran adquirido por donación de sus maridos. Entonces se promulgó también un Estatuto reformando el antiguo, que limitaba á la mitad del mayorazgo la responsabilidad de las deudas contraídas por el poseedor, y declarando que el mayorazgo entero sería en adelante responsable de tales deudas, y podría por lo tanto ser enajenado para satisfacerlas.

En el reinado actual se han publicado por último varias leyes con igual tendencia. Era regla antigua de jurisprudencia, que cuando se trasfería sin ninguna restricción expresa la propiedad de un inmueble, debía ésta entenderse vitalicia. Un Estatuto reciente ha derogado esta regla, declarando que en tal caso se deberá entender el dominio así transmitido, perpétuo y por juro de heredad. Subsistían en toda Inglaterra los poseedores por copia de registro (copy hold) de que antes he hecho mención, gravados con censos y servicios inciertos; y otro Estatuto de la Reina Victoria les ha facilitado el completo rescate de tales propiedades, mediante el pago del capital que representen sus cargas, equitativamente graduadas. Estaba vigente el Estatuto de Enrique VIII, citado antes, que no concedió sino con graves limitaciones, la facultad de testar de los inmuebles; y otro de la misma reina ha ampliado este derecho á todas las propiedades, de cualquier origen y calidad que sean (1).

Mas á pesar de estas leyes y de las doctrinas de los filósofos y de los economistas, todavía conserva la propiedad en Inglaterra su primitivo carácter de estabilidad y fijeza y sus estrechos vínculos

(1) Blackstone, II, ch. 11, 21, 23, 32.
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y después de haberme comprometido ayer tarde á cambiar dos caballos que compré anteayer, le he citado á mi casa para hoy á fin de que vayamos juntos á la prueba esta misma mañana; pero, como de costumbre, ha faltado á la cita. Mi mujer tenía prisa, el chalan está avisado para dentro de un cuarto de hora, y temiendo que otro me lleve la pareja si no acudo á comprometerla á la hora convenida, dejé en casa recado al Vizconde para que vaya á reunirse conmigo.... y aquí me tienen VV. en marcha. ¿Con que, con franqueza, es empresa de tres al cuarto la que voy á acometer? ¿Está bien justificada mi desazon de anoche?

La Marquesa continuaba exajerando su indignación al oír á su marido; Carlos é Isabel se miraban, y Ramon, no pudiendo soportar la calidad de aquellos dos, para él extraños, caracteres, excitaba por lo bajo á su hermano para que cuanto antes saliesen á dar el proyectado paseo.

Complacióle Carlos, y despidiéronse ambos sin grandes cumplimientos, acompañándoles el Marqués y quedándose la Marquesa todavía al lado de Isabel unos instantes que robaba de buena gana á su defendida, para dedicarlos «al amor entrañable que consagraba á su amiga».

Solas las dos, exclamó la Marquesa con grandes espavientos:
—Pero has visto qué marido, Isabel?
—El tuyo?
—Me da fatiga su estupidez.
—No sé por qué!
—No le oiste!
—Lo del Vizconde?
—Y te parece poco?
—Riete de ello.
—Sí, cuando pasa entre nosotros; pero ese majadero lo mismo lo cuenta en la Puerta del Sol ó en pleno Casino.
—Y qué?
—La maledicencia cunde.
—Teniendo la conciencia tranquila como tú la tienes...
—Oh, lo que es eso!... Pero da la casualidad de que ese hombre ha dado en asediarme con la más pegajosa galantería, y hasta parece que hace ostentación de ello...
—No importa: la virtud siempre triunfa.
—Vamos, Isabel, que si á ti te sucediera... Y á propósito—aña-
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con el principio aristocrático predominante en su régimen social y político. Sus tierras son por lo comun feudales, si se exceptúan las ciento ochenta y tres ciudades incorporadas, cuyo suelo, sin embargo, corresponde generalmente á algun señor vecino. El principio de la sucesion hereditaria por derecho de primogenitura se observa con tanta fidelidad en las familias, que aún hay muchas tierras en poder de los que las adquirieron en el siglo XI por repartimiento de conquista.

La ley permite disponer libremente de todos los bienes no vinculados. En todo el reino de Inglaterra y en el país de Gales, menos en el condado de Kent, puede el padre nombrar heredero á un extraño, con tal de que desherede expresamente á los hijos, manifestando ó nó la causa. Pero como si el testador no dispone lo contrario, debe sucederle en toda la herencia inmueble el hijo primogénito, con exclusion de sus hermanos menores y de sus hermanas, la costumbre, más poderosa que la ley, hace que los padres renuncien á aquella libertad, y omitan toda institucion de heredero, prevaleciendo así, casi siempre, la sucesion por primogenitura. Conviene advertir, sin embargo, que este derecho queda algo reducido en la práctica, porque una singular jurisprudencia no cuenta por inmuebles, para los efectos de la sucesion, las minas, las fábricas, los caminos y canales, los edificios urbanos, los fondos públicos, y todo lo que en tiempos antiguos no solia estar infeudado (1).

Aunque no pueden vincularse bienes sino por tiempo limitado, y la ley autoriza, como se ha visto, las desvinculaciones, es costumbre muy usada, cuando el primogénito del poseedor de un mayorazgo trata de contraer matrimonio, la de otorgar un contrato desvinculando sus bienes, pero vinculándolos á la vez de nuevo á favor del hijo primogénito del consorcio futuro. De este modo, el padre, poseedor actual, continúa disfrutando el mayorazgo á título de propietario vitalicio: el hijo sucede en él con igual carácter; y el nieto que primero nazca entra á poseerlo en su dia como vinculista. Y como el derecho de éste, mientras no nazca ó sea menor, podria perjudicarse por alguno de sus antecesores en la posesion del vínculo, enajenándolo ó hipotecándolo, es costumbre tambien nombrar en la misma escritura de desvinculacion uno ó más

(1) Blackstone, I, ch. 16.—Taplés, La France et l'Angleterre, p. 20.
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individuos con el título de protectores, que defiendan al póstumo ó menor, y sin cuyo consentimiento no puede alterarse el estado legal de los bienes reservados. Estos contratos suelen repetirse en las familias cada dos generaciones, y así se perpetúan los mayorazgos, á pesar de las leyes que no permiten fundarlos sino temporales.

También bajo otro concepto se suele dar en la práctica á las vinculaciones una amplitud que no tienen por derecho. La ley no permite vincular más que las tierras de juro de heredad; pero la jurisprudencia ha inventado medios para constituir también mayorazgos aunque indirectamente, con bienes de otra especie, así como con propiedades temporales y vitalicias. Hácese esto trasmitiendo el dominio á una ó más personas de confianza, con calidad de fideicomiso, á favor de un matrimonio ó de alguno de los cónyuges durante sus vidas respectivas ó la de su hijo primogénito. Así quedan inalienables los bienes fideicometidos hasta que el primer sucesor llamado y no nacido al tiempo de constituirse el fideicomiso, cumple veinte y un años.

En Escocia no permite la ley disponer por testamento más que de los bienes muebles. Esta limitación es allí tanto más importante, cuanto que se cuentan entre los inmuebles, no sólo las tierras y los edificios, sino las pinturas, las máquinas, los libros, las vajillas y otros objetos semejantes, á fin de que alcance hasta ellos la sucesión por primogenitura. Al lado de este derecho amplísimo subsiste la facultad de vincular por tiempo ilimitado y sin restricción en cuanto al número de las personas llamadas á suceder en los mayorazgos. Mas aunque la ley prohíbe disponer por testamento de la propiedad inmueble, porque los antiguos feudos no se transmitían válidamente sin la inmediata aceptación del varsallo, es práctica en Escocia la de trasferir la propiedad por acto entre vivos, reservándose el cedente durante su vida el usufruto (1).

Pero como las leyes modernas, si bien han extendido las facultades del dominio ó de la posesión de la tierra, no han alterado forzosamente su distribución, la propiedad territorial en la Gran Bretaña conserva sus caracteres primitivos de acumulación y estabilidad. La estadística ofrece sobre este punto datos muy importantes. Cinco sextas partes de los 45 millones de fanegas que

(1) Blackstone, II, 21.
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comprende el territorio del reino de Inglaterra, se hallan en poder de sólo 30.000 grandes propietarios. La acumulación es aún mayor en Escocia, pues los 20.827.500 fanegas que comprende su territorio, pertenecen solamente á 7.118 propietarios. ¡Qué diferencia entre esta distribución de la propiedad y la de Francia, donde 115 millones de fanegas de tierra cultivada se hallan subdivididas entre 4.800.000 familias!

Para juzgar de la estabilidad del dominio de los inmuebles en Inglaterra, basta saber que todas las enajenaciones de ellos afectan cada año por término medio á \( \frac{1}{50} \) de su territorio. A este resultado contribuyen no sólo las leyes y costumbres referidas, sino también las dificultades que en la práctica ofrece la enajenación de toda propiedad. Como no se conocen los notarios, y se trasmite el dominio generalmente por contratos privados, son muchos los propietarios que carecen de títulos, y más aún los que los tienen tan oscuros y complicados, que no pueden satisfacer al comprador menos escrupuloso. De aquí resulta la necesidad de valerse en la venta de todo inmueble, de un letrado que ó examine los títulos si los hay, ó prescriba en otro caso las diligencias necesarias para suplirlos; y aunque el Estado no cobra alcabala, ni derecho alguno, la mediación de aquel funcionario suele ser más costosa que el impuesto de mutación, donde existe. Recientemente se ha establecido un Registro de la propiedad, que suplirá con el tiempo la falta ó la imperfección de los títulos de dominio; pero no sin gastos cuantiosos que retraen á veces de las enajenaciones. Además, estos gastos, así en el nuevo Registro como fuera de él, no guardan la proporción debida con el valor de las cosas enajenadas, de lo cual resulta ser más conveniente comprar grandes que cortas propiedades; y así, á pesar de las traslaciones de dominio, no progresa ó progresá poco la división del suelo (1).

§ III.

DESAMORTIZACIÓN DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL EN INGLATERRA.

Hay también en Inglaterra otra propiedad civil exclusivamente consagrada á intereses colectivos, y fuera del comercio, que es la que poseen los pueblos como bienes de propios y de aprovecha-

(1) Tapies, obr. cit., p. 22.
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miento comun. Las corporaciones municipales han provisto allí, desde su origen, á las necesidades públicas, con las rentas de sus tierras, su participación en los diezmos y el producto de ciertos arbitrios. Cometíanse antiguamente grandes abusos en el manejo de estos bienes; y como la ley no prohibiera enajenarlos, solían malvenderse y dilapidarse, sin que la autoridad del Gobierno alcanzara el remedio. Así, una de las novedades introducidas en la ley municipal de 1835, fué limitar las facultades que en este punto disfrutaban las corporaciones municipales, prohibiéndoles vender, gravar é hipotecar sus bienes, fuera de ciertos casos muy calificados. También ordenó esta ley que no fueran arrendados tales bienes, sino por rentas fijas, prévia y claramente designadas y por plazos que no excedieran de 31 años.

Hay además, como he dicho, tierras de aprovechamiento comun, cuyo dominio directo corresponde siempre á algun señor feudal, con la obligación de permitir á sus vasallos ó terratenientes que disfruten sus pastos, corten leña de sus montes, ó las utilicen de otra manera, aunque con algunas limitaciones de lugar, de tiempo ó de objeto. De estos aprovechamientos, unos corresponden al terrateniente por ministerio de la ley y como consecuencia de ser la tierra de origen feudal; otros proceden de concesiones particulares expresas; otros se fundan en la prescripción de largo tiempo, y otros no tienen más título en su apoyo que la costumbre del lugar.

En cada estado ó territorio señorial debe haber una porción de tierra señalada, donde los vecinos ó terratenientes, por el mero hecho de serlo, puedan apacentar sus animales de labranza. En algunos estados se extiende este derecho por concesión expresa, prescripción ó costumbre, ó á terratenientes que no dependen del señor feudal respectivo, ó á más ganados que los necesarios para la labranza, ó á tiempo ilimitado, ó á aprovechamientos que no son indispensables para mantener labradas las tierras del feudo. Hay también pueblos que en estos mismos terrenos tienen mancomunidad de pastos con otros pueblos vecinos: y por último hay campos comunes (common fields), que son tierras destinadas á la labranza por sus dueños, pero en las cuales, una vez levantada la cosecha, tienen derecho á apacentar sus ganados, ya los mismos propietarios en comun, ya todos los vecinos del término, según la costumbre.
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Mas desde el reinado de Enrique III vienen disminuyéndose en Inglaterra las tierras comunes de todas clases. Aquel monarca permitió á los señores acotar y poner en cultivo todos los terrenos que eran comunes por ley, en la parte que no fuera indispensable para el servicio á que sus vasallos tuvieran derecho. Eduardo I amplió esta facultad á los terrenos comunes por prescripción ó costumbre, salvo siempre el derecho estricto de los vasallos. Jorge II permitió el cerramiento de todo género de heredades, sin limitación alguna, siempre que se hiciera para plantar montes y lo consintiera la mayor parte de los interesados en el aprovechamiento. Jorge III otorgó igual facultad, con las mismas condiciones, aunque el acotamiento se verificara para arrendar ó dar á censo el terreno acotado, siempre que éste no excediera de la dozava parte del comun y se empleara su producto en mejorar este último. Después se han acotado muchas tierras comunes en virtud de leyes especiales votadas por el Parlamento, y hoy continúa acotándose aún sin este requisito y con arreglo al Estatuto de Jorge III.

Por efecto de estas leyes, no sólo se han acotado, sino que se han distribuido á título de censo ó de largo arrendamiento entre los terratenientes de cada feudo, las tierras y los campos comunes propios del mismo. En estos repartimientos suele reservarse el señor, como propiedad libre y absoluta, una décimasexta parte del terreno acotado, distribuyendo las quince restantes entre los interesados en la comunidad, aunque no por partes iguales, sino en proporcion á la tierra que cada uno posee(1). En otro país más afecto á la igualdad democrática, se habría hecho la distribución de modo que resultara el mayor número posible de propietarios: en Inglaterra se procedió de otro modo, ya porque naciendo el derecho de cada participe de su calidad de terrateniente, cuanto más tierra poseyera éste en tal concepto, tanto mayor parte habría tenido en el aprovechamiento comun y debía tener en los terrenos que se distribuyesen, y ya porque era de esperar que estos terrenos serían tanto mejor cultivados, cuanto más capital pudieran invertir en ellos los nuevos poseedores. En 1780 se dividieron, por orden del Parlamento, cerca de 12.500.000 fanegas de tierras comunes, adjudicándose en la proporción indicada á los antiguos

(1) Blackstone, II, 3. III, 16.
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participes en su aprovechamiento. De este modo han venido á parar aquellas tierras en propietarios ricos y hábiles, y se hallan hoy cultivadas con inteligencia y esmero (1).

Así, pues, las leyes promulgadas en Inglaterra desde hace más de dos siglos, tienden generalmente á permitir la desamortización, mas sin imponerla por la fuerza. La nación, obedeciendo á sus instintos, y fiel á sus tradiciones, se aprovecha de esta libertad para mantener la acumulación y la estabilidad de sus propiedades, mas sin que esto haya perjudicado al crecimiento rápido de la riqueza. Hay allí, por lo tanto, mucha propiedad amortizada, pero con amortización tan flexible, según la ley, que se puede prescindir de ella siempre que lo exige el interés de una familia y aun el capricho de un individuo. Un pueblo menos apegado á sus hábitos y menos fiel á su historia, habría tal vez usado de las nuevas leyes para cambiar la constitución y el carácter social y político de su propiedad territorial; pero lejos de eso, el pueblo inglés se vale de ellas para remediar los inconvenientes que la amortización lleva consigo. Hay allí mayorazgos, pero sólo en tanto que los quieren los propietarios; hay derecho de primogenitura, pero sólo cuando el testador no lo revoca. Así nadie puede quejarse de que la amortización le oprima y menoscabe su riqueza, sin embargo de haber tantas propiedades amortizadas.

§ IV.

OPINIONES DE LOS FILÓSOFOS Y DE LOS POLÍTICOS DE LA ESCUELA DEL SIGLO XVIII ACERCA DEL ORIGEN, NATURALEZA Y EXTENSION DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

Los filósofos y los políticos del siglo XVIII, renovando en parte doctrinas antiguas, un tanto olvidadas, ó fundiéndolas con otras nuevas, combatieron duramente la organización histórica de la propiedad, como contraria á la justicia y al interés bien entendido de la sociedad y del individuo. Siguiendo el método filosófico á la sazón predominante, separaron al hombre de la sociedad, y al individuo de la familia, para examinar sus necesidades, analizar sus derechos y buscar los medios de conseguir su dicha. La propiedad era á sus ojos una invención de la ley positiva, dirigida únicamente

(1) Tapies, obr. cit. p. 23.—Penny Cyclopedia. V. Borough.