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tales bienes; pero no sin que las costumbres y las leyes atendieran por otros medios á su subsistencia. Unidas entonces las familias por vínculos más estrechos, no se disolvían como hoy, al morir los padres, sino que quedaban al cuidado y bajo la dependencia del primogénito. Este atendía á la subsistencia y educacion de sus hermanos menores; les daba carrera, y les proporcionaba los medios de vivir independientes. Los segundos de las casas nobles tenían además, por inveterada costumbre, el monopolio de ciertos cargos públicos del Estado y facilidad de obtener los de la Iglesia. No es pues cierto que hubiera esencial contradiccion entre las instituciones mencionadas y el principio de igualdad de derecho á la vida.

Nada más diré de esa otra igualdad que con tanto afán buscaban aquellos filósofos, sino que es contraria al orden de la naturaleza. Y si ella es por lo tanto moral y materialmente imposible, ¿para qué ha de aspirar el legislador á realizarla? La sociedad misma se funda en la desigualdad; todo está ordenado en ella, teniendo en cuenta esta importante circunstancia. En la desigualdad se fundan las grandes instituciones sociales que son obra de los siglos y fruto de la experiencia de muchas generaciones. Por lo tanto, si el legislador ha de proceder lógicamente; si no ha de ponerse en contradiccion con la naturaleza y con la sociedad, debe dictar sus mandatos de acuerdo con aquel hecho necesario y primitivo, y en vez de procurar la nivelacion de fortunas, como ideal de sus obras, respetar su desigualdad, ó tender cuando más y siempre por medios indirectos, si es posible, á que desaparezcan con el tiempo las grandes desigualdades, que por su enormidad puedan ser peligrosas.

§ V.

ESTADO DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN FRANCIA ANTES DE LA REVOLUCION DE 1789.

Relajada en Francia la disciplina feudal, no quedaron, sin embargo, libres todas las tierras del reino. Dividido éste, según antes he dicho, en provincias de derecho escrito y de derecho consuetudinario, era tan diverso en ellas el estado de la propiedad, como diferentes eran sus leyes y costumbres. En todas, no obstante, conservó la propiedad territorial relaciones con el orden político,
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aunque menos estrechas, y vinculos más o menos fuertes con el Estado civil y político de las familias. Bajo el régimen feudal se atribuían los señores el dominio directo de las tierras, lo cual menoscababa gravemente la libertad y la independencia de sus poseedores inmediatos. La Monarquía absoluta tuvo la pretensión de heredar este importantísimo derecho, y aunque algunos juríscos consultos se lo negaron, muchos lo dieron por sentado y lo tuvieron por incontestable. Galland, autor de un antiguo tratado de feudos, sostuvo la doctrina de que el rey era señor universal de todas las tierras del reino (1). Este mismo principio se consignó en el código de Marillac de 1629 (2), escrito en el reinado de Luis XIII, y en un edicto de Luis XIV, publicado en 1692. En las instrucciones que este último Monarca dejó al Delfín, decía: «Todo cuanto se halla dentro de nuestros Estados nos pertenece por el mismo título. Debeis saber que los reyes son señores absolutos, que tienen naturalmente la plena y libre disposición de todos los bienes, tanto los poseídos por la gente de Iglesia, como por los seglares, para usarlos como prudentes ecónomos.» (3) Siguiendo la Sorbona esta misma doctrina, en una consulta que dirigió al rey, sobre la conveniencia de establecer cierto tributo, le reconocía también el derecho de disponer de los bienes de todos sus súbditos. No significaba, en verdad, este señorío supremo la potestad del rey, para entrar arbitrariamente en posesión real de los bienes patrimoniales de sus vasallos, pero servía para justificar el impuesto de la talla, las exacciones arbitrarias, las confiscaciones, el derecho llamado de bastardia, el de aubaina y otros, que como estos, eran signo de originaria servidumbre, o enervaban el capital agrícola en manos del cultivador, ó atentaban á la plenitud de los derechos del dominio.

Así, en cuanto á participar el Estado de la propiedad de las tierras patrimoniales, la única mudanza legal introducida bajo la monarquía absoluta, fué suceder el rey en los derechos de los antiguos señores, que antes eran soberanos ó poco menos en sus respectivos lugares. Pero de hecho hubo una gran variación en el estado de los propietarios, porque éstos fueron mucho más libres

(1) Traité du Franc alleu, Ch. 7.
(2) Art. 383.
(3) Oeuvres de Luis XIV, t. 2, p. 93.
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bajo la dependencia de un rey poderoso y lejano, que bajo la de un señor codicioso y mezquino, con la vista siempre fija sobre todos y cada uno de sus vasallos. Por eso, á pesar de la pretension del monarca á heredar el dominio directo de todas las tierras feudales, su participacion en ellas fué menor y menos gravosa para el vasallo que la que tuvieran los señores, y la propiedad avanzó tanto hácía su emancipacion de la autoridad pública.

En la misma época no dejó tampoco de depender de la propiedad la condicion politica de las personas. Bajo la Monarquía absoluta continuó la distincion entre el dominio feudal y el alodial, la tierra noble y la plebeya ó de rotura, y siguieron asimismo distinguéndose las personas en señores y vasallos, nobles y plebeyos, según la calidad de sus propiedades. Explicados quedan en otro lugar el origen y naturaleza de los alodios y de los feudos. Las tierras nobles podían ser alodiales ó feudales. Las tierras de rotura eran las que los señores habían dado á censo á sus antiguos colonos después de abolida la esclavitud, con obligacion de romperlas y cultivarlas. Aunque incorporados á la corona los grandes feudos, quedaron abolidos los privilegios feudales más incompatibles con la unidad de la monarquía, no perdió la nobleza todos sus derechos políticos y señoriales, ni los meros propietarios de rotura perdieron tampoco las ventajas inherentes á su estado. Así los nobles tenían grande interes en conservar en sus familias las tierras que preservaban su condición política. Los vasallos tenían igual interes respecto á las tierras de rotura que constituían su patrimonio, tanto más, cuanto que, conservándolas no se inhabilitaban para mejorar de estado, puesto que podían hacerse nobles adquiriendo tierras de esta calidad, sin dejar la posesión de las otras. Todas estas circunstancias contribuyeron á la estabilidad de las posesiones territoriales independientemente de los mayorazgos, aun después que el feudalismo se hallaba en decadencia.

No contribuyeron menos al mismo resultado las reglas más generales que, no obstante su variedad infinita, establecian las costumbres locales para la trasmision del dominio por causa de muerte. Fuera de las provincias del Mediodía, en las cuales, sirviendo de norma el derecho romano, se trasmitía la propiedad con sujecion á reglas que no tenían por objeto su conservación en las familias, en casi todas las restantes tendían más ó menos directamente á este propósito las disposiciones del derecho consuetudina-
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rio. En la sucesion hereditaria campeaba por lo general el derecho de primogenitura, el de masculinidad, la distincion entre los bienes troncales y los adquiridos, la legitima reservable á los parientes colaterales, y otras instituciones semejantes.

El derecho consuetudinario llamaba en primer lugar á la sucesion á los hijos del difunto; pero muchas costumbres excluian de ella á las hijas, ya en favor tan sólo de los varones nobles, ya sin distinguir entre nobles y plebeyos; en unas partes con limitacion á los bienes hereditarios de calidad noble, y en otras sin limitacion alguna. Ciertas costumbres excluian de la herencia solamente á las hijas casadas y dotadas, y otras tambien á las no dotadas. Algunas no contenian ninguna exclusion de esta especie, pero surtian el mismo efecto, obligando á las hijas á renunciar la sucesion cuando otorgaban su contrato de matrimonio y recibian dote de sus padres.

Tambien se entendian de modos muy diversos los beneficios de la primogenitura. Daba esta derecho: 1.º A una casa-morada, que el primogénito podia elegir entre las de la herencia. 2.º A cierto espacio de terreno, alrededor de la misma casa, llamado el vuelo del capon, de cabida de media fanega, poco más ó menos. 3.º A una porcion de los demas bienes, cuya cuantía era variable, segun la costumbre de cada lugar. 4.º A conservar los papeles de familia, como títulos de nobleza, contratos de matrimonio, particiones y cartas genealógicas, é igualmente los retratos de familia, los manuscritos de los antepasados, los libros anotados al márgen por estos, y las insignias de sus dignidades y títulos. Algunas Costumbres, como la de Paris y la de Orleans, atribuian el derecho de primogenitura al hijo mayor, y, en su defecto y representacion, á sus hijos, y aun á sus hijas; y cuando varios de éstos heredaban, debian dividir la herencia de manera que el mayor de ellos sacare de ventaja sobre los demas los derechos de primogenitura que quedan referidos. Otras Costumbres reconocian tambien estos derechos á la hija mayor, en defecto de hijos varones. En unos lugares no se daba ventaja á los primogénitos, sino en cuanto á la sucesion de los feudos, ó entre los nobles; en otros se extendia á toda clase de bienes ó á toda clase de personas.

A falta de descendientes, procuraba el derecho consuetudinario mantener el patrimonio de las familias, llamando á la sucesion por derecho de troncalidad, esto es, devolviendo los bienes á la familia
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del padre ó á la de la madre, según su procedencia. Los parientes colaterales más próximos, heredaban en su caso, pero con la diferencia de que en unas provincias se admitía entre ellos el derecho de representación más ó menos limitado, en otras eran preferidos los varones á las mujeres, en igualdad de grado, para la sucesión de los feudos, ó estaba prohibida la división de estos en la línea colateral, ó debía suceder en ellos el mayor de los varones, y en su defecto la mayor de las mujeres, sin distinción entre nobles y plebeyos. Otras Costumbres daban los bienes troncales al pariente colateral más próximo del ascendiente que primero los había adquirido, ó á su descendiente en línea recta, ó al pariente más próximo del último poseedor en la línea respectiva. El objeto de estas prescripciones era, según se vé, conservar la propiedad en las familias; y así, aunque las relativas á la exclusión de las mujeres traía origen del servicio militar, propio de los feudos; no cesaron, después de abolido ó conmutado este servicio, para evitar que las hijas, saliendo de sus familias por el matrimonio, llevaran á otras los bienes de sus antepasados.

La misma tendencia revelaban las disposiciones del derecho consuetudinario relativas á la facultad de testar. El orden de suceder referido, era la regla general de las herencias, la cual, si podía alterarse con los testamentos, era como por vía de excepción y no sin graves restricciones. No había más heredero que el señalado por la ley: si el testador instituía otro diferente, considerábasele como legatario que debía recibir su legado del heredero legítimo, único autorizado para apoderarse de la herencia. Así pasaba por axioma de derecho, en las provincias del Norte, que sólo Dios puede hacer un heredero.

Casi todas las Costumbres limitaban en interés de las familias la facultad de disponer por testamento. Según unas, se podía testar solamente de la cuarta parte de la hacienda, de la tercera ó de la mitad, reservándose la parte restante para el heredero legítimo. Según otras, se podía disponer tan sólo de los muebles, de los inmuebles adquiridos de extraños y de una parte de los bienes troncales, variable según los lugares. La Costumbre de Berri era la única que permitía testar de los bienes de todas clases, sin limitación alguna. La parte no disponible correspondía, en todo caso, á la familia ó al pariente llamado por la ley á la sucesión; y si éste era hijo ó descendiente, aquella parte estaba también señala-
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—Tampoco.
—Con el General?...
—Eh, hija, todo lo conviertes en sustancia. Nada de eso.
—Pues entonces no atino...
—El vestido que llevaba.
—No era una cosa del otro juéves, á no ser la novedad de su dibujo.
—Pero le había traído la modista para mí.
—Pues la culpa fué entonces de la modista.
—A quien ella engañó con indignos embustes.
—Y eso es todo?
—Lo de anoche sí; pero antes me había ocurrido otro tanto con un aderezo, y antes con un carruaje, y antes con una porción de cosas más que no necesito decirte.
—Como tú estás de moda y ella es muy vana.... Porque de otra manera no comprendo esa pugna, de que debes reírte.
—Me reí la primera vez, y la segunda.... y aun la tercera; pero en fuerza de hallarme á esa mujer atravesada delante de mis deseos, y de verme contrariada á cada instante por tan ridícula manía, ha llegado á causarme el efecto irritante de una mosca impertinente.
—Pues tienes contra ella un remedio eficacísimo.
—Cuál?
—Sus escasas rentas. No tardará en rendirse por hambre, al paso que tú....
—Sí, pero entre tanto me martiriza.... y me martiriza, entre otras cosas, porque me hace pensar, y yo soy la primera en conocer todo lo pequeño y pueril del asunto..., ¡No sabes cuánto daría por tener noticia de un deseo suyo para contrariársele, especialmente antes de su reunión de esta noche.
—Estás invitada á ella?
—La primera.
—Te vendré á buscar entonces.
—Luego vas tú también?
—Yo soy la segunda invitada, puesto que tú eres la primera.
A mí no me disputa los vestidos, porque no estoy de moda como tú, pero en cambio cree que me lastiman mucho sus intimidades con el Vizconde, y procura que las presencie con la frecuencia posible.
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da por ley ó costumbre, y solía consistir en la mitad de lo que deberia corresponderle, si el ascendiente no hubiera hecho testamento. La desheredacion de los hijos y parientes estaba permitida, mas no sin que el testador alegara justa causa (1). De modo que, según el derecho consuetudinario, había dos legítimas, una de origen germánico, á favor de la familia, como cuerpo colectivo, y sin consideracion al interes particular de ninguno de sus individuos, y otra, semejante á la romana, destinada exclusivamente á los hijos. En la primera se descubre cierto fin político; en la segunda sobresale el carácter moral y doméstico.

En las provincias meridionales se trasmitian tambien los feudos por derecho de primogenitura, aunque en ellas eran pocos los bienes de esta especie. En cuanto á todos los demás bienes, regía el derecho romano, y sin embargo, respecto á los de origen plebeyo, se arrogaron los padres la facultad de legarlos en su totalidad ó en su mayor parte á los primogénitos, y el tiempo sancionó esta costumbre. Así, aun en estas provincias ménoas feudales, se admitió, aunque con limitaciones, la facultad de disponer por testamento del modo más adecuado para mantener perpétuamente el patrimonio de las familias.

Al lado de las propiedades libres, alodiales ó feudales, sujetas por tantos vínculos á intereses colectivos, crecían y se generalizaban los mayorazgos, acumulándose y perpetuándose por su medio en las familias nobles grandes riquezas. Celosos los reyes del poder de estas familias, no eran favorables á una institucion que tanto lo aseguraba y engrandecía, pero tampoco osaban destruirla. Limitáronse, como he dicho en otro lugar, á modificarla, restringiendo los plazos de las vinculaciones, pero ni siquiera lograron de hecho este resultado las Ordenanzas reales promulgadas sobre la materia en el siglo XVI, ni la misma Novela de Justiniano, que señalaba el término de las sustituciones. Pudiendo estas renovarse cada vez que terminaban, muchas familias usaron de esta facultad y así se perpetuaron en ellas los bienes vinculados. Además la Ordenanza de 1560, que prohibía pasaran del segundo grado las sustituciones, no se llevó á efecto en algunas provincias hasta

(1) Taulier.—Theorie raisonnée du code civil, vol. III, t. I.—Pothier Traité de successions, ch. 2.—Argou, Institutions du droit français, lib. 2, ch. 28.—Laferrière, Histoire du droit français, lib. 2, ch. 17.
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muchos años después de publicada. En Flándes y en Artois no rigió hasta 1611; Franco-Condado y Rosellon no la obedecieron hasta 1747; y así aun sin renovarlos, se conservaron en muchas partes los mayorazgos.

§ VI.

ESTADO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL EN FRANCIA ANTES DE LA REVOLUCION DE 1789.

Justamente con las propiedades vinculadas y las de dominio restringido, existían las de los pueblos y comunas, destinadas unas al aprovechamiento general de los vecinos y otras á sufragar con sus rentas y productos los gastos de la administración municipal. Desde el establecimiento del feudalismo y aun antes, poseían ya los pueblos en propiedad ó en usufructo, bosques, prados, eriales y otros terrenos de uso común. Procedía la mayor parte de estos bienes de mercedes que habían hecho los señores feudales, el rey ó los monasterios al comun de sus vasallos, para estimularles á mejorar el cultivo y para fomentar la población de sus campos. Otras de las mismas propiedades traían más remoto origen. En las comarcas cuyos habitantes conservaron su libertad y su hacienda, mediante el pago de ciertos tributos señoriales, hubieron de respetarse las propiedades que antiguamente se habían disfrutado como comunas. Algunos de los mismos inmuebles traían también su origen de herencias ó legados ó de adquisiciones á título oneroso costeadas con el producto de repartos voluntarios, de multas, confiscaciones y de otros arbitrios locales (1). Los terrenos baldíos y vacantes se reputaban propiedad del señor, en virtud de la antigua jurisprudencia que le atribuía el dominio de todas las tierras de la demarcación señorial, que él ó sus antecesores no hubieran expresamente enajenado. En compensación de este derecho, pesaban sobre el señor no pocas obligaciones, como la de pagar el salario de los jueces, costear las cárcelés y juzgados, mantener á los expósitos y sufragar todos los demás gastos de la administración de justicia.

Los bienes comunales se reputaban tan inalienables como los de

(1) Charl. Dupin. Histoire administrative des communes de France, página 176.
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la Iglesia. Algunos pueblos, que abrumados de deudas y de impuestos enajenaron sus propiedades á vil precio, durante las turbulencias anteriores al reinado de Enrique IV, fueron autorizados en 1600 por este monarca, para rescatarlas, devolviendo á los compradores el precio desembolsado en el término de cuatro años. Enajenaciones verificadas con iguales circunstancias durante los reinos de Luis XIII y Luis XIV, por pueblos de las provincias de Champaña y Picardía, fueron también revocadas en 1659, con la obligación de reembolsar el precio dado en el término de diez años. Este mismo privilegio se hizo después extensivo á otros muchos pueblos.

La propiedad comunal era objeto entre tanto de fraudes y usurpaciones graves por parte de los señores y de los vecinos poderosos. En 1579 mandó el rey hacer pesquisa contra los que hubieran sustraído títulos ó documentos para apoderarse de bienes comunales, y declaró sin efecto las transacciones y concordias arrancadas por los señores á sus vasallos con igual objeto. En 1667 fueron autorizados todos los pueblos para recuperar en el término de un mes, y sin ninguna formalidad previa, los inmuebles comunales enajenados y arrendados ó acensuados desde 1620 con reembolso del precio en diez años.

Ciertas costumbres antiguas, fundadas en el origen señorial de la mayor parte de las tierras comunales, permitían reducir la extensión de estas, aunque no sin resarcir á veces de su importe á los pueblos. Los señores tenían desde tiempos muy remotos la facultad de retraer para sí, la tercera parte de los montes y prados comunales que ellos ó sus antecesores hubiesen concedido á los pueblos por título gratuito, debiendo reputarse tal el de la adquisición, siempre que no se probara lo contrario. Cuando los señores no habían concedido el dominio, sino sólo el uso común de tales tierras, podían reducirlo á una parte de ellas, recuperando la libre disposición de todas las restantes. Mas como el ejercicio de estos derechos hubiera dado lugar á graves abusos, anuló el rey en 1667 todas las particiones de terrenos de propiedad comunal, verificadas en los treinta años anteriores entre los señores y los pueblos; si bien al poco tiempo se declararon subsistentes, siempre que se probase que las adquisiciones primitivas se habían verificado á título gratuito, y que las dos terceras partes del terreno público dejado para el aprovechamiento común, eran suficientes para su
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objeto. En cuanto á la division de los terrenos comunes, cuya propiedad conservaban los señores, no hubo de hacerse novedad alguna, hasta que á principio del último siglo, se sustituyó la antigua costumbre con la de descargar una parte de los mismos terrenos de toda servidumbre de aprovechamiento, pasando la otra parte en dominio pleno á la comunidad que antes tuviera el uso.

Tal era en Francia el estado de la propiedad á mediados del siglo XVIII. El régimen feudal se hallaba profundamente quebrantado; pero los vestigios que de él quedaban en las ideas y en las costumbres, en los usos y fueros particulares respecto á herencias y sucesiones, en los mayorazgos y en las propiedades municipales, daban todavía al dominio de la tierra cierta estabilidad favorable á los intereses colectivos de clase y de familia. Para destruir por completo esta organización vigorosa y sustituirla con otra en que predominara el principio contrario de libertad é individualismo, se necesitó primero una contienda apasionada de doctrinas, y después un terrible sacudimiento político.

§ VII.

VICISITUDES DE LA PROPIEDAD PRIVADA DURANTE LA REVOLUCION DE 1789.

Las doctrinas anteriormente expuestas comenzaron á dar fruto antes de la revolución de 1789. Luis XV promulgó en 1749 su famoso edicto prohibiendo á las manos muertas adquirir bienes raíces. Turgot, Ministro de Luis XVI, tuvo, entre otros proyectos, el de abolir las corveas y los derechos feudales más gravosos, regularizar el impuesto del clero y la nobleza, redimir las rentas feudales, sin perjuicio de los derechos de propiedad, y establecer el comercio interior de granos; pero como hombre más versado en libros que en negocios, no logró llevar á efecto sino una parte de sus planes, y esos con tan poco acierto y fortuna, que le costaron á él el Ministerio y al país una grave sedición. Su decreto declarando libre el comercio interior de granos, provocó grandes tumultos y fué revocado: el que abolía las corveas, sustituyéndolas con un impuesto en metálico, sufrió igual suerte, por la obstinada oposición de los Parlamentos. Sin embargo, el mismo Luis XIV suprimió por completo ó redujo considerablemente otros derechos