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feudales, muy onerosos, tales como el de talla (1), el de feudo franco (2), el de mano muerta (3), el de milicia, el de gabela y el de ayudas (4). Hizo aún mucho más, que fué repartir en algunas provincias, entre los vecinos de los pueblos las tierras de aprovechamiento comun, dando á cada familia un lote igual, con obligación de pagar un médico censo ó sin ella (5).

Pero cuando quedaron radical y definitivamente abolidas todas las instituciones feudales de Francia, fué en la sesión memorable que la Asamblea Constituyente celebró en la noche del 4 de Agosto de 1789. Apéns estalló la revolución, una gran parte de los labradores y de los villanos rehusaron el pago de los derechos feudales, persiguieron á sus antiguos señores, incendiaron sus castillos, quemaron sus títulos de propiedad y cometieron atroces venganzas. Desde el 14 de Julio de aquel año creció aún más la agitación y fué universal el desorden. El Gobierno se presentó á la Asamblea, para darle cuenta del estado de la nación y pedirle los medios de remediarlo. Entre los enemigos del antiguo régimen, cundía la opinión de que siendo la causa del mal el agravio que las antiguas instituciones feudales inferían á los pueblos, era menester suprimirlas ó modificarlas radicalmente. Aun los nobles, partidarios desinteresados de las reformas, participaban de esta opinión. Dos de ellos, animados de un alto espíritu de abnegación y de desinteresado patriotismo y rebosando de entusiasmo, propusieron la abolición inmediata de todos los derechos feudales. Este sublime ejemplo excita el amor propio de unos, empeña el desin-

(1) Impuesto que exigía el señor á sus vasallos en uso de su soberanía. En unas provincias se imponía sobre las propiedades, y se llamaba talla real; en otras sobre las personas y por cabezas; y en todas había lugares, corporaciones, individuos y familias exentos por privilegio de satisfacerlo.

(2) Dábase este nombre (franc fief) al tributo personal que se exigía al poseedor plebeyo de feudo ó tierra noble.

(3) Derecho señorial en cuya virtud quedaban reducidas ciertas personas á la condición servil.

(4) Estas eran contribuciones indirectas muy gravosas, que traían su origen del feudalismo.

(5) Así se ordenó en 1762 en cuanto á los pueblos de la provincia de Trois Evechés; en 1771, 1773 y 1777 respecto á los de las Generalidades de Auch y de Pau: en 1774 respecto á los pueblos del Ducado de Borgoña, del Maconado, del Auxerrois y de los países de Gex y de Bugey: en 1777 respecto á las provincias francesas de Flandes; y en 1779 respecto á la provincia de Artwia. (Dalloz. Jurisprud. gener. V. Commune, n. 2.176.)
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teres y la generosidad de otros, y haciendo cada cual alarde de su amor á la patria, todos á la vez renuncian y sacrifican sus privilegios personales en aras del interes comun. Entonces los nobles abandonan sus prerrogativas y derechos feudales, el clero sus exenciones, las ciudades sus privilegios, y hasta algunos, favorecidos con pensiones del Estado, las ceden en beneficio del Tesoro. La Asamblea parecía embriagada de entusiasmo por la causa del pueblo.

En aquella noche célebre quedó acordada la abolición de la servidumbre, de las jurisdicciones señoriales, del monopolio señorial de la caza, de los gremios, de la venalidad de los cargos públicos y de las pensiones de gracia. Los derechos de señorío y el diezmo, fueron al mismo tiempo declarados redimibles; quedó también decretada la igualdad de los impuestos y la de los ciudadanos para el ejercicio de los cargos públicos; los privilegios de ciudades y provincias fueron suprimidos para siempre.

La conducta de la nobleza en aquella ocasión crítica es más digna de admiración, por los elevados sentimientos que la inspiraron, que capaz de resistir un examen imparcial y severo. Pasado el primer arrebato de la noble pasión que dominó á la Asamblea en aquella sesión memorable, advirtieron los hombres sensatos que los legisladores habían procedido con alguna ligereza y dejándose arrastrar por su amor al bien más lejos de lo que permitía la justicia y de lo que reclamaba la conveniencia pública. Muchos de los derechos feudales suprimidos constituían una propiedad que podría ser perjudicial para la nación, pero que estaba desde tiempo inmemorial reconocida por las leyes. Además, los Diputados habían recibido de sus comitentes un mandato expreso y circunstanciado, comprensivo de todos los agravios públicos que, en su concepto, necesitaban remedio, y entre ellos no figuraban los derechos feudales, ¿tendrían facultad para suprimirlos repentinamente y sin prévia indemnización de sus poseedores, una vez admitida, como lo estaba entonces, la doctrina del mandato imperativo? ¿Pudieron los nobles, que eran miembros de la Asamblea, despojar á los de su clase de los privilegios que habían conquistado sus mayores, derramando su sangre por la patria?

Estas consideraciones hubieron de originar algunas dificultades al tiempo de reducir á leyes y preceptos prácticos los acuerdos generales del 4 de Agosto. Sin embargo, el amor á las reformas
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disipó al fin los escrúpulos de la legalidad, y la justicia estricta cedió, como era natural, al influjo poderoso de las ideas políticas dominantes. Fueron, pues, abolidos los derechos feudales con perjuicio mayor ó menor de sus poseedores, según era el que ellos ocasionaban al país, sin tenerse en cuenta para nada la legitimidad ó ilegitimidad de su adquisición. Los servicios pecuniarios en que habían sido conmutados los personales que antes prestaban los vasallos por razón de sus tierras, y los que procedían de la antigua servidumbre de los plebeyos, fueron abolidos por entero y sin compensación alguna. También acabaron del mismo modo los derechos que se pagaban por la venta y por la sucesión hereditaria de las propiedades feudales y los monopolios de caza. Sólo se respetó el dominio directo de los señores en los prédios enfitéuticos; pero si desde luego no se otorgó á los colonos gratuitamente la plena propiedad de ellos, se les facultó para obtenerla, aun contra la voluntad de los señores, mediante la redención del cánón.

En la abolición del diezmo no procedió la Asamblea con menos pasión é injusticia. Lo acordado el 4 de Agosto fué redimirlo; mas no satisfechos con esto los innovadores, decidieron suprimirlo sin compensación alguna á cargo de los propietarios que obtuvieran el beneficio. Para salvar esta inconsecuencia se supuso que la redención se verificaría, haciéndose cargo el Estado de la manutención del culto. En vano demostró el abate Sieyes que la redención verificada de esta manera cargaba injustamente á la nación con una deuda que debía pesar tan sólo sobre los propietarios, y equivalía á regalar á éstos el diezmo á costa de todos los demás contribuyentes. La mayoría de la Asamblea decretó la abolición pura y simple, si bien ordenando que mientras se hacía cargo el Gobierno del mantenimiento del culto, se continuara pagando el abolido impuesto. Prevención inútil: los pueblos, acostumbrados ya á la licencia, se negaron á satisfacer más tiempo un tributo que sus legisladores condenaban y abolían por opresor é injusto.

Mas apenas quedaron rotos los últimos vínculos feudales de la propiedad, la experiencia ofreció un terrible desengaño á los candidatos políticos que habían apoyado esta reforma como medio de calmar la agitación del pueblo y prevenir nuevos desórdenes. Los revoltosos, más bien alentados que satisfechos, siguieron incendiando los castillos y talando los campos recién libertados de la feudal servidumbre. Derramados por todas las provincias, come-
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tieron en ellas tantos excesos, que el Gobierno tuvo que acudir de nuevo á la Asamblea para pedirle, no ya medidas preventivas y benévolas concesiones, sino medios eficaces de represion severa; y la Asamblea, que pocos dias antes habia creido conjurar la tempestad con su condescendencia, tuvo que reconocer tácitamente su error, decretando contra los revolucionarios el empleo de la fuerza (1).

Abolido el dominio feudal, quedaban subsistentes los vinculos de la propiedad con la familia, por medio de las sucesiones y de las herencias, y la revolucion necesitaba tambien desatarlos para ser consecuente en sus principios. Comenzó, pues, la Asamblea Constituyente estas reformas en 8 de Abril de 1791, aboliendo, entre herederos ab intestato, toda desigualdad procedente de Costumbres provinciales, de la diferencia de sexos ó de la primogenitura. Luego trató de establecer la misma igualdad de derechos entre los herederos testamentarios, con lo cual puso naturalmente en cuestion la facultad de testar. El Diputado Cazales, buscando en ella un contrapeso adecuado á la igualdad de derechos en la particion legítima, propuso la adopcion en todo el reino de las leyes romanas sobre la materia. Mirabeau, celoso partidario del principio de igualdad, no queria dar al padre la facultad de disponer de más de la décima parte de su hacienda, y en todo caso, no para favorecer con ella á alguno de los hijos. «¿No tiene bastante la sociedad, decía, con los caprichos y pasiones de los vivos, sino que ha de sufrir tambien las pasiones y los caprichos de los que ya no existen? ¿No tiene bastante con sufrir las consecuencias del despotismo testamentario de tantos siglos, sino que hemos de gravarla tambien con las de los testamentos futuros que revelen voluntades extravagantes ó desnaturalizadas? ¿No hemos visto multitud de testamentos respirando orgullo ó venganza, un injusto despego, ó una predileccion inmotivada? La ley anula los testamentos llamados ab irato, y sin embargo acata y respeta estos otros que deberian llamarse a decepto, a morboso, ab imbecili, a delirante, a superbo (2).» Robespierre, más consecuente con los principios democráticos, opinó por la absoluta prohibicion de testar. Otros Diputa-

(1) Thiers. Hist. de la Revolution française, ch. 3.
(2) Discurso leido en la tribuna nacional por Talleyrand, algunas horas después de la muerte de su autor Mirabeau.
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dos de fracciones diversas juzgaban que era bastante reducir, en el padre de familia, la facultad de testar á la cuarta parte de la herencia. Pero la Asamblea no se atrevió entonces á resolver cuestión tan árdua, y se limitó á votar la ley sobre particiones ab intestato, antes citada, y otra prohibiendo á los testadores imponer á sus herederos y legatarios condiciones coactivas de su libertad en materias religiosas, ó de elección de estado, profesion ó empleo (5 Setiembre 1791).

Digno es de notarse que una Asamblea tan decidida á libertar la propiedad de las trabas y vínculos del antiguo régimen, no pensara desde luego en la abolición de los mayorazgos. Al disolverse la Constituyente, llevaba Francia cerca de tres años de revolución, y sin embargo todavía duraban aquellas instituciones y la facultad de establecerlas. La Asamblea legislativa fué la que las suprimió por completo en 25 de Agosto de 1792.

Pero á la Convención nacional era á la que estaba reservado llorar, sino á las últimas, á muy lejanas consecuencias, las nuevas doctrinas acerca de la propiedad. Después de haber confirmado esta Asamblea la abolición de los mayorazgos, prohibió en 7 de Marzo de 1793 los testamentos y aun las donaciones entre vivos, en línea recta. Pareciéndole luego demasiado absoluta esta prohibición, en 26 de Octubre del mismo año permitió disponer de la décima parte de la herencia á los que tuvieran herederos legítimos en línea recta, y de la sexta á los que tuvieran tales herederos en línea transversal, aunque prohibiendo en uno y otro caso legar la parte disponible á alguno de los mismos herederos. Lo más grave de este decreto fué haberle dado fuerza retroactiva, porque en su virtud quedaron anuladas todas las disposiciones testamentarias y entre vivos, otorgadas por los padres en perjuicio de los hijos, y por todos los testadores, en menoscabo de sus herederos presuntos, desde el 14 de Julio de 1789. También se dió entónues efecto retroactivo, desde esta fecha, al decreto antes referido de 1791, que igualaba á los herederos ab intestato; y para este fin debían rehacerse todas las particiones otorgadas, contra lo ahora prescrito, en los cuatro años anteriores.

A esta violación gravísima de los derechos de propiedad, siguió todavía otra no menos trascendental y repugnante. En 6 de Enero de 1794 anuló la Convención todos los testamentos cuyos autores vivian aún ó habían muerto después del 14 de Julio de 1789; mandó
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hacer, respecto á los fallecidos, nuevas particiones, en las cuales trajeran los herederos á colacion todos los bienes que hubieran recibido por donacion, entre vivos de los testadores, aunque hubieran sido dados con expresa y legitima dispensa de colacionarlos: abolió la antigua diferencia entre bienes troncales y adquiridos: llamó á la sucesion de los que morían sin descendientes á sus hermanos y sobrinos carnales, con preferencia á los ascendientes, y con derecho de representacion ilimitada; y dió por último efecto retroactivo á todas estas prescripciones desde el 14 de Julio de 1789, fecha de la revolucion (1).

Este fué el último triunfo que en la esfera de la legislacion alcanzaron los que en nombre de la libertad pretendian dar á la propiedad de la tierra una organizacion nueva. Y creian aquellos ilusos hacer triunfar todas las libertades individuales cuando, so pretexto de restablecer la igualdad entre los ciudadanos y de favorecer la division de la riqueza, proscribían la facultad de testar y atentaban contra el sagrado derecho de dominio, adquirido legítimamente por sucesion, herencia ó donaciones desde 1789, y cuando lo que realmente hacian era una aplicacion exagerada y funesta de las mismas doctrinas que, bajo el régimen feudal, limitaban los derechos de la propiedad privada. Tan cierto es que las ideas extremadas se tocan y confunden, así en la region de las teorias como en la de los hechos. Lo único que faltó á los revolucionarios de 1793 para coronar su obra, fué decretar la abolicion pura y simple de la propiedad, en nombre de las doctrinas que declaraban su libertad y su independencia como un derecho imprescriptible y una necesidad economica inexcusable.

Pero si la ley no llegó á este extremo, no faltó una escuela politica que lo sostuviera, y que sólo por falta de tiempo no consiguió realizar sus perniciosas teorias. Robespierre tenía preparada una Declaracion de los derechos del hombre, que trató de consignar en la Constitucion de 1792, en la cual se decía que la propiedad es el derecho de todo ciudadano á «disfrutar la porción de bienes que le asegura la ley;» (2) es decir, un mero usufructo transitorio, sujeto á la voluntad de los legisladores. Pensaba, como Saint Just, que quien se mostraba enemigo de su pais, esto es, del regimen del terror

(1) Taulier, Theorie du Code civil, liv. 3, t. I.
(2) Lamartine. Histoire des Girondins. Tomo V, pág. 388.
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—De manera que el tal Vizconde es universal....
—Está de moda también.... Pero ¡Dios mío! —exclamó de repente la Marquesa cambiando de tono y poniéndose de pie.—Mi pobre defendida está perjudicándose en sus derechos con mi conversación.
Y tendió su mano y ambas mejillas á Isabel.
—Quedo haciendo votos por el mejor éxito de tu noble empresa,—dijo ésta dándola un beso en cada carrillo y recibiendo otros dos simultáneos.
Y con esto y los apretones de manos y los adiós de ordenanza, salió la Marquesa de la sala y quedóse en ella Isabel un poco pensativa.
Habíale enconado mucho sus resentimientos con la de Rocaverde el recuerdo que de ella acababa de hacer con su amiga, y se daba á cavilar con más empeño sobre un plan de venganza tan pronta como ejemplar.
Esto por una parte. Por otra, á qué ocultarlo? la sospecha de sus intimidades con el Vizconde, manifestada por la Condesa, no dejaba de escocerla un poco el ánimo. Verdad era que su conciencia estaba tranquila; verdad también que á la Marquesa la hacía hablar un despecho de mal género, y verdad, por último, que la tal Marquesa no tenía un adarme de sentido común; pero ¿no podía haber nacido aquella misma aprensión en otras personas más discretas? Y ¿á qué fin había de sospechar nadie de ella que era honrada y leal á sus deberes y á su propia dignidad?
Estos dos puntos de meditacion parecerán propios de un carácter como el de Isabel á los ojos respectivamente de una mujer de su casa y de una mujer de mundo.
Preguntará la primera:—¿Cómo es posible que una mujer de talento pierda el sueño, y se desazone, y acaricie planes de venganza por una puerilidad semejante?
Y preguntará la segunda:—¿Dónde están el mundo y el talento de esa mujer que se asusta porque la hagan capaz de aceptar las galantes deferencias de un hombre á la moda?
Para responder á la primera duda, preguntaría yo á mi vez á la mujer de su casa: ¿Y en qué ha de pensar, sino en pequeñeces por el estilo, una mujer cuya única ocupación es ser el mejor ornamento de los salones comm'il faut?
En cuanto á la segunda dificultad, ha de tenerse presente que
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que entonces dominaba, no debía ser propietario en su territorio (1). Trataba de empobrecer á los ricos, haciendo decretar el impuesto progresivo, que por fortuna no llegó á tener efecto (2), y proclamando el derecho al trabajo (3), entendido de cierto modo. Marat abogó enérgicamente por la ley del máximum, que ponía un límite á la adquisición de tierras y de capitales. Babeuf predicó francamente el comunismo por medio de su periódico El Tribuno del pueblo. «El único modo, decía el número 35 de este diario, de asegurar la subsistencia á todos los ciudadanos, es suprimir la propiedad particular, obligar á cada uno á depositar en el almacén comun el fruto en especie de su talento ó su industria, y que la Administración lo distribuya en proporciones iguales y á domicilio.» A tal extremo de esclavitud y abyección individual querían reducir á los hombres los que habían hecho una gran revolución por la libertad, la independencia y la dignidad del individuo.

§ VIII.

DESAMORTIZACION DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL EN FRANCIA.

Una revolución que se había propuesto extirpar hasta los últimos gérmenes del feudalismo y acabar con toda especie de amortización, nó podía menos de atacar y suprimir la propiedad de las corporaciones municipales. Siendo feudales los derechos que aún conservaban los señores sobre los bienes de los pueblos, uno de los primeros actos de la Revolución fué abolirlos y adjudicar á los mismos pueblos una multitud de propiedades y derechos que se suponían usurpados por los señores. Así, en aquel primer período de la Revolución, parecía que el nuevo régimen, lejos de ser contrario á la propiedad municipal, tendía á fomentarla, puesto que la favorecía aun á costa de la justicia y de los derechos consagrados por el trascurso de los siglos. Con este objeto dictó la Asamblea Constituyente varias leyes. En 1790 revocó la facultad de los señores para rescatar la tercera parte de las tierras comunes, cedidas por ellos gratuitamente á los pueblos, y todos los reparti-

(1) Rapport au Comité de Salut publique, 8 ventose an II.
(2) Decret de 18 Mars 1793.
(3) Véase la declaración de derechos de Robespierre, arriba citada.
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mientos de terrenos verificados en virtud de esta facultad, sin sujecion á la Ordenanza de 1669, antes mencionada. En 13 de Abril de 1791 se declaró á los pueblos la absoluta propiedad de las tierras baldias y vacantes, no dejándose á los señores, á quienes antes correspondia esta propiedad, más que la de los terrenos de que hubiesen tomado posesion pública y solemne antes de 4 de Agosto de 1789. No satisfecha la Asamblea con estas disposiciones, adoptó en 28 de Agosto de 1792 la de extender la revocacion de los repartimientos del tercio de los terrenos comunes, verificados sin ajustarse á la Ordenanza de 1669, á los ejecutados con sujecion á ella y la de adjudicar á los pueblos, no sólo los baldios, de que los señores no hubieran tomado posesion pública antes de 1789, sino tambien todos aquellos que, aunque no hubieran sido nunca comunales, estaban poseidos por señores que no podian justificar su dominio con titulos fehacientes ó posesion de cuarenta años. De este modo se hicieron de propiedad comunal la mayor parte de las tierras baldias existentes y las que en época no lejana habian dejado de serlo, para entrar en cultivo. Al mismo tiempo se derogaron todas las Ordenanzas, providencias y edictos publicados desde 1669, disponiendo ó autorizando para disponer, con perjuicio de los pueblos, de las tierras en que éstos tuvieran algun aprovechamiento comun: se facultó á las municipalidades para reivindicar las propiedades ó usufructos que hubieran perdido desde la misma fecha por consecuencia del regimen feudal, y las que en cualquier tiempo hubieran pasado de ellos á los señores y éstos poseyeran sin justificar su adquisicion por titulo escrito y causa onerosa; y se ordenó, por ultimo, una revision general de todos los contratos en cuya virtud habian conmutado los señores en dominio pleno, sobre porciones limitadas de tierras, la antigua servidumbre de aprovechamiento comun, que antes pesaba sobre la totalidad de las feudales. La Convencion Nacional, llevando aun mas lejos su saña contra la nobleza, declaró en 10 de Junio de 1793, que todas las tierras baldias podian ser reivindicadas por los pueblos aunque hubieran estado poseidas por señores mas de cuarenta años, y aunque éstos las hubieran adquirido por cualquier titulo feudal ó otro que no fuera un contrato oneroso y autentico: con cuya declaracion, con la interpretacion latissima de las palabras aprovechamientos comunes y terrenos baldios, y con poner á los nobles fuera de la ley, para que no pudieran defenderse en los tri-
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bunales, quedó consumado el despojo de los antiguos propietarios feudales (1).

Así quedaron satisfechas en este punto las exigencias políticas de la revolución, pero no sus doctrinas económicas. ¿Qué iban á hacer los pueblos de sus propiedades, tan aumentadas ya con el botín del feudalismo? Acumulada en sus manos tanta riqueza, hacinase casi improductiva y ofrecía todos los inconvenientes de la amortización. Era menester, por lo tanto, restituirla al comercio. Así, después de haber despojado á los antiguos propietarios feudales en nombre de los pueblos, se cayó en la cuenta de que era menester despojar á los pueblos en nombre de la nación.

Para determinar la forma de esta segunda expropiación, atendieron los legisladores revolucionarios á la diferencia que, por razón de su uso, existía entre los bienes municipales. La Asamblea Constituyente, en 14 de Agosto de 1792, decretó en principio el reparto, entre los vecinos, de los bienes de aprovechamiento común; mas esta operación no tuvo efecto, hasta que en 10 de Junio de 1793 determinó la Convención Nacional el modo de verificarla. Una ley de esta fecha, llamada con razón la ley agraria de la Revolución francesa, permitió dividir en lotes iguales todas las tierra comunes, excepto los montes, y mandó distribuirlas entre los vecinos respectivos, si estos acordaran la división, no por familias, sino por cabezas. Las mujeres, los niños, los criados, todos los habitantes, en fin, méños los señores que hubiesen retraído el tercio de los terrenos comunes, tenían iguales derechos en este universal repartimiento.

Difícilmente podía imaginarse una medida más conforme al espíritu de la Revolución, ni que mejor cumpliera los deseos de los economistas de la época, acerca de la subdivisión, generalización y circulación de la propiedad. Con ella, no sólo quedaba desamortizada la única parte de la riqueza inmueble, que aún no lo estaba, sino que iban á crearse, como por encanto, muchos millones de pequeños propietarios cultivadores, prontos á realizar la fábula de la Edad de Oro. Y para que estos enriquecidos ciudadanos no abandonaran sus dominios antes de comprender las ventajas de la propiedad, lleno el legislador de paternal solicitud, les prohibió enajenarlos en el término de diez años. Por efecto de esta ley,

(1) Dallos. Jusprud. gener. V. Commune. t. 8, ch. 3, art. 1, 2, 3, 4.