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al celebrado con todas las solemnidades requeridas por el derecho canónico; y aunque ese código, que eterniza la fama de su autor, no tuvo desde luego fuerza obligatoria, prevaleció al cabo, arraigando entre nosotros la disciplina general de la Iglesia. Véase como es cierto, que si ésta conoce en el fuero externo de las cuestiones matrimoniales, conoce por virtud de autorización del poder temporal, y en rigor de derecho, no á título de Iglesia, sino á título de magistratura investida de autoridad civil.

Recibido también el concilio de Trento en España como ley del reino, continuó el mismo estado de derecho, siendo desde entonces nulo el matrimonio clandestino, y sólo válido el contraído ante el propio párroco y dos testigos. Pero nuestros monarcas no dejaron por eso de legislar en la materia, y principalmente respecto á los impedimentos por cuyo medio acudian á las necesidades y exigencias de la sociedad.

Nuestra legislación encierra un monumento de grande aplicación y enseñanza en estos momentos. Era ley de España desde los más remotos tiempos, que los hijos de familia no pudieran casar sin licencia de los padres; mas como después del concilio de Trento, no se reputara necesario este requisito, empezaron á corromperse nuestras costumbres, relajándose los más sagrados vínculos de familia, por la facilidad con que la Iglesia autorizaba los matrimonios de hijos desobedientes: el escándalo creció á punto que, no bastando el recuerdo de las antiguas leyes, se creyó necesario castigar con penas severas á los contraventores. El mero hecho de contraer matrimonio sin licencia paterna, se declaró causa legítima de desheredación; y lo que es más digno de observar, se excluyó así á los contrayentes como á sus hijos y sucesores, del goce y posesión de los vínculos, patronatos y demás instituciones perpetuas familiares, así como del derecho que á ellas tuviesen, trasmitiéndolo todo á la línea ó persona inmediata; por manera que de esta suerte, se declaraba implícitamente la ilegitimidad de toda la prole habida en tales uniones, y por consiguiente la ilegitimidad y nulidad civil de esa especie de matrimonios (1).

Carlos III, autor de esa ley, hizo en sustancia lo mismo que hoy tanto escándalo produce en el ánimo de algunos; pues que el proyecto de matrimonio civil, no prohibe ni dificulta la celebración

(1) Ley 9, tít. II, lib. X de la Novísima.
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del religioso, limitándose á declarar que éste por si sólo no produce efectos civiles, que es lo hecho por aquel rey en un caso concreto. Pero esa pena, sólo arredraba á los interesados en aquellas fundaciones familiares, y considerando insuficiente á contener el mal, la facultad de desheredar concedida al padre, que por el natural amor de este era ineficaz en la mayoría de los casos, publicóse otra ley castigando á los contrayentes y al celebrante, con las penas de confiscación y extrañamiento del Reino, penas severísimas que envuelven la pérdida de todos los derechos civiles, y por parte del Estado, el desconocimiento de un acto que, sin embargo, era legítimo á los ojos de la Iglesia (1).

Antes de haberse generalizado en las naciones católicas el matrimonio civil, existe un hecho análogo á este en su esencia, que ha tenido lugar, dentro de un sistema de gobierno no sospechoso, como lo era el de las Dos Sicilias. El código napolitano exigía conjuntamente solemnidades civiles y eclesiásticas para la celebración del matrimonio, de tal suerte, que el celebrado con arreglo á los cánones y ante la Iglesia, no producía efectos jurídicos, si al mismo tiempo no se llenaban las formalidades correspondientes ante el magistrado civil.

Hoy todos los pueblos católicos, á excepción de Portugal y Baviera, tienen establecido el matrimonio civil como ley general, y la Iglesia no lo considera opuesto á la religión de que es fiel intérprete y guardadora; porque más sabia y previsora que los modernos paladines del sentimiento religioso, estableció desde el principio la distinción perfecta y absoluta entre lo que es de fe y lo que siendo de mera disciplina, puede sufrir modificaciones, y por tanto acomodarse al progreso y mudanzas, qué traen consigo los tiempos y las costumbres.

Por eso, sin perjuicio de la fe, ha podido existir el matrimonio civil en los seis primeros siglos del cristianismo; por eso ha podido existir en nuestra España hasta que la celebración del sacramento en forma solemne, bastó para contraerlo; por eso allí donde no fué recibido el concilio de Trento, y allí donde como en Bélgica, la Prusia occidental y otros puntos, los católicos celebraban civilmente las nupcias, siguieron celebrándolas con beneplácito de la Santa Sede; por eso, en fin, hoy que todos los Estados católicos, con

(1) Ley 18 del mismo tit. y lib.
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sólo dos excepciones, han tenido necesidad de arreglar civilmente el matrimonio, se reputa por válida y legítima esta forma, y en modo alguno opuesta á la ortodoxia católica.

IV.

Asentada sobre solidísimas bases históricas y legales, la plena autoridad con que el Estado procede al legislar respecto al matrimonio, y aceptada universalmente la necesidad de introducir algunas reformas en nuestra actual legislacion, veamos si de entre los sistemas conocidos y que pudieran haberse adoptado, es ó no preferible á todos los demás, el consignado en el proyecto que se está discutiendo.

En todo país culto debe el Estado mantener la moral pública, ajustando sus leyes á los eternos principios de derecho, y respetar el sagrado de la conciencia individual, y sus manifestaciones legítimas; entre ámbas cosas no existe oposicion, sino antes bien armonía perfecta, como que la libertad de conciencia es uno de los cánones del derecho comun y de gentes. Con arreglo á estos principios, la ley sobre matrimonios debe consignar las condiciones propias e inherentes á los grandes fines de su institucion, que cual hemos demostrado antes, son la monogamia y la indisolubilidad; y debe no sólo respetar, sino aun facilitar la solemnidad religiosa, principalmente para los católicos que creyendo recibir un sacramento al contraer nupcias, deseamos que sobre ellas recaiga la bendicion sacerdotal.

Conveniencias de otro orden exigen, que la legislacion sea uniforme, se recomiende por su equidad, por su eficacia, por su prevision, y por el respeto á las costumbres, en cuanto es posible cuando de reformas se trata.

Juzguemos á la luz de estos principios las diversas soluciones presentadas por los adversarios del proyecto de ley. Todas ellas se reducen á tres—matrimonio civil con libertad de celebrar el religioso independientemente—libertad de contraerlo cada cual en la forma peculiar de su religion y con los efectos propios de la misma—conservacion del orden actual para los católicos y sugestion de los no católicos al matrimonio civil.—Aun ha habido quien no satisfecho con la pluralidad monstruosa del segundo de esos sis-
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temas, ha propuesto ponerle por límite la moral y el derecho, con el aditamento de una legislación especial para los matrimonios mistos, y otra distinta para los de racionalistas, mosáico abigarrado compuesto de retazos carcomidos los unos, flamantes los otros, é inconciliables entre sí.

La primera de esas soluciones, que es la del proyecto en discusión, parece á todas luces más perfecta que las demás; considera al individuo en toda la plenitud de la personalidad humana. El hombre, como ciudadano, debe al Estado la garantía de sus derechos civiles y políticos, lo que le impone la natural obligación de observar las leyes que regulan ese mismo estado civil que define su existencia, sus derechos y obligaciones en la nación, en la ciudad y en el seno de la familia; pues, comodice Santo Tomás en el lugar antes citado, «el matrimonio, en cuanto es oficio de la sociedad, está regido por el derecho civil.» Por esto el proyecto de ley exige á todo español que quiera gozar de los beneficios inherentes al estado conyugal, que se sujete á la forma civil y á las condiciones, también civiles, de la institución.

Pero además de ciudadano, independientemente de esta cualidad, el hombre tiene deberes religiosos que son de voluntaria prestación, y de los cuales la sociedad no puede pedirle cuenta, á cuyo cumplimiento el Estado no puede compelirle, aunque sí debe respetar su existencia, y aun favorecer y estimular su observancia; y por eso el proyecto, no solamente reconoce en todo español el derecho á celebrar con solemnidades religiosas sus bodas, sino que, atendiendo á las costumbres del país, teniendo en cuenta las ideas, y aun las preocupaciones de la generalidad, ha redactado sus disposiciones de tal suerte, que los católicos, creyéndolo necesario, conveniente y justo para aquietar sus conciencias, puedan, como pueden, contraer matrimonio ante la ley civil y ante la ley canónica á un mismo tiempo.

Véase cómo ese proyecto está inspirado en los más sanos principios, aventajando en esto á las leyes de otros pueblos católicos que exigen la celebración prévia del matrimonio civil. Véase cómo respeta la libertad de creencias; véase cómo atiende á los usos y costumbres del país; véase, en fin, cómo no envuelve ruptura y divergencia entre el poder temporal y el religioso, sino independencia armónica.

El argumento que más se ha explotado contra el sistema de la
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separacion, se reduce á suponer que, por este hecho, quedaria la institucion matrimonial abandonada de la influencia benéfica de la religion católica: este argumento, así como todos los que se han deducido del mismo hecho, es un sofisma que fácilmente se desvanece.

No se olvide que, establecida la libertad de cultos, lo mismo con el sistema del proyecto, que con los demás sistemas que se le oponen, todo español tiene el derecho, pero no el deber, de ser católico. La mayoría, que lo es, observará los preceptos religiosos. puesto que, como queda dicho, léjos de impedirse, se favorece la celebracion del Sacramento, y puesto que no contiene disposicion alguna contraria al dogma y á la moral. Esto es un hecho evidente, no puesto en duda ni contradicho. Así, pues, la cuestion queda reducida á saber si aun después de establecido el matrimonio civil, puede la Iglesia ejercer sobre los católicos el mismo influjo y ascendiente moral que ha ejercido hasta el presente.

Indudablemente lo ejercerá, y vamos á demostrarlo. ¿Qué es el matrimonio á los ojos de la religion? Es, primero, el sacramento; pues el sacramento se puede solemnizar al mismo tiempo que el acto civil; luego en este punto no existe diferencia, absolutamente ninguna, entre el actual estado de cosas y el que crearía el proyecto. Es, además, y durante la vida conyugal, una relacion de amor, de abnegacion mutua, cuyas leyes, no son las leyes escritas en los códigos, y cuya sancion no está, ni puede estar garantida, ni jamás lo estuvo, ni podrá estarlo nunca, por la coaccion de los tribunales de justicia, ni civiles, ni eclesiásticos. El católico llevará sus dudas al tribunal de la penitencia, pero no al del juez del obispo; luego bajo este aspecto el más interesante, el más propio del ministerio sacerdotal, tampoco el proyecto hace modificacion alguna, porque esas relaciones de carácter espiritual no son de la ley.

Tocamos ya á lo único en que el proyecto hace respecto al estado actual una diferencia que es más ilusoria que real. La jurisdiccion eclesiástica para conocer del divorcio y de la validez del vinculo seria ilusoria; porque existiendo, como existe, libertad de cultos, no irian al tribunal eclesiástico sino las personas que por deber de conciencia, y sólo por deber de conciencia quisieran someterse á su jurisdiccion; el que no tuviera ese deber, cuyo cumplimiento por su índole es potestativo, se negaría á comparecer, y no habria térmi-
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nos hábiles para obligarlo á obrar de otro modo. Siguese de aquí, que aún subsistiendo la jurisdiccion episcopal, esta quedaria reducida por la fuerza misma de las cosas á jurisdiccion meramente espiritual y desprovista de medios coercitivos.

Pues si esto es cierto, si además es de todo punto irremediable, claro es que habiéndose de ejercer esa potestad sobre cónyuges dóciles á sus mandatos, no se amengua en realidad, sino que se le conserva su propio carácter, sin que en esto vaya la ley futura más allá de donde fueron los autores de un proyecto no tachado de revolucionario.

El proyecto establece igual derecho para todas las creencias, de donde se sigue que, sin necesidad de que el poder público tenga en cada caso que ocuparse en el exámen de las religiones positivas, ni de las novedades que se color religioso pudieran inventarse, para declarar lo que fuera contrario á los eternos principios de moral, lo que sería ocasionado á graves conflictos, sus disposiciones garantizan la observancia de la monogamia é indisolubilidad, y aun las demás reglas que hasta aquí se han tenido por prudentes y eficaces para mantener la moral en el seno de las familias y de la sociedad, y contener el crecimiento de los apetitos desordenados de la carne.

En este punto, sin duda por exceso de respeto á lo establecido, ha ido el proyecto mucho más allá de donde aconsejara la prudencia y la atenta observacion de nuestras costumbres. Nos referimos al impedimento nacido del parentesco que se conserva hasta el cuarto grado, á pesar de que ya nuestras costumbres son muy diversas de las usadas en el tiempo en que se dió grande extension á esa incapacidad para contraer. La familia, como entidad colectiva, no pasa en el orden de consanguinidad mas allá de los hermanos y aun tios, por razon de los respetos á ellos debidos; pero desde el punto que los tios se establecen aparte y á su vez constituyen nuevas familias, ya entre ellas existe completa separacion, y léjos de contribuir á mantenerla, deberia, por el contrario, facilitarse su enlace por medio de uniones legítimas. Esta es tambien la tendencia que se manifiesta visiblemente en la sociedad española, y así la Iglesia, no de ahora, sino de antiguo, viene facilitando extraordinariamente la concesion de dispensas de parentesco. Sabido es de todo el mundo que en provincias importantes y populosas del litoral mediterráneo, por razones de localidad se contraen muchas uniones entre parientes-
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de parte de Francia, que la envie uno de sus mayores génicos, no para aconsejarla, sino para gobernarla; lo cual podría aumentar el desvío que muestra de los Franceses.»

Parece, en efecto, que el Cardenal d'Etrées, que se había acreditado en las difíciles embajadas de Venecia y Roma, disfrutaba en su país el concepto de un hombre eminente, por su inteligencia, carácter y vastos conocimientos. Saint-Simon, añade con todo, que cuando se le confirió la de España, en edad casi tan avanzada como la de Portocarrero, «su cabeza no era tan fuerte como antes, con la circunstancia de que, cuanto más se debilitaba, más altivo era su carácter y más enérgico su espíritu.»

De todos los personajes mezclados en la red de intrigas que vamos describiendo trabajosamente, tantas y tan diversas eran, el más fácil de retratar es, con efecto, el cardenal d'Etrées. Como dice Saint Simon: «No admitía superior ni igual,» á lo que si añadimos un rasgo muy frecuente en los hombres de Estado más eminentes de Francia en todos tiempos, rasgo de que suministran abundantes pruebas la historia de la guerra de la Independencia y la contemporánea de la intervención del Imperio francés en México, y que consiste en una gran falta de aptitud para conocer el carácter de pueblos extranjeros, y atemperarse á él y á las costumbres, y aún preocupaciones nacionales, habremos comprendido con cuántas dificultades había de tropezar el d'Etrées en España. Suscitáronsele desde el momento mismo de su llegada, y todas las acometió de frente, pretendiendo vencerlas á viva fuerza, y admirándole é irritándole sobre manera, que su carácter de Embajador de Luis XIV y sus circunstancias personales no bastaron para asentar sin resistencia y sin esfuerzo de su parte su absoluta autoridad. No solamente chocó con los Ministros y gobernantes que, en su entender, no se servían, como era justo y conveniente, de las luces de funcionarios franceses en los asuntos árduos, no sólo manifestó en cien ocasiones la idea pobre que tenía de los españoles, sino que exasperó á Felipe y á su esposa, por el aire de amo que había tomado, y por la pretensión poco delicada, á pesar de su edad y de su carácter sacerdotal, de que se alterasen las reglas más elementales de la etiqueta de Palacio, dejándole penetrar libremente en los aposentos de la Reina, cuando ésta con su esposo y sus damas los ocupaba.—Otra vez, dijo con su habitual arrogancia el Cardenal, un día que se le negó la entrada, traeré mi fe
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tes en grado prohibido, y siendo pobres usan de un fraude de todos conocido—en verdad, sólo disculpable por su especial situacion—para obtener sin gastos ni estorbos y dilaciones, la dispensa del impedimento por la via reservada.

El proyecto que el Sr. Romero Ortiz habia presentado durante su ministerio, que por lo demas está sustancialmente conforme con el que se discute, nos parece en ese punto preferible, como inspirado en las leyes comunes á todos los pueblos civilizados, en el estado actual de la sociedad, y en la observancia de hechosanálogos á los que dejamos indicados. Sobre estas ventajas, tiene además la de evitar posibles conflictos en casos de concesion de dispensas negadas por alguna de las dos potestades, casos que serán raros, pero que sin embargo deberian y podrian evitarse, no ha biendo, como no hay, razones graves que aconsejen la extension dada al impedimento.

Claro es que establecido el matrimonio civil, la jurisdiccion temporal es la única competente para conocer por términos de justicia y en la via contenciosa de las cuestiones que puedan suscitarse como consecuencia de la celebracion del matrimonio, así en orden á la validez del contrato, como al divorcio; pero adviértase que todos indistintamente han de sujetarse á esa potestad, reconocer su poder y sus leyes, que son en sustancia las leyes mismas de la Iglesia, único modo de garantir eficazmente los eternos principios de la moral en medio de la libertad de cultos. Sólo un orador ha pedido expresamente que se conserve la jurisdiccion eclesiástica, y consignamos este hecho por más que es de suponer que todos los adversarios del proyecto, al abogar por el matrimonio religioso para los católicos, abogaban implicitamente por la jurisdiccion coercitiva que mediante el consentimiento del poder temporal ejerce hoy la Iglesia; en lo que á la verdad traspasaban los límites que ya habian trazado ilustres hombres de la escuela conservadora en el proyecto de Código Civil, quienes reputaron absurdo y aun opuesto á la naturaleza de la potestad espiritual el conocimiento de las causas de divorcio: hoy, sobre ser absurdo, sería perfectamente inútil e impotente desde que por la libertad de cultos podrian los contrayentes sustraerse á esa potestad.

Ninguna objencion formal se ha hecho ni puede hacerse al sistema del proyecto bajo el aspecto jurídico, y la única grave que se ha empleado á nombre de las conveniencias, cual es la de suponer
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que establece una divergencia funesta entre el estado civil y el estado religioso del individuo, es de todo punto inexacta desde el momento en que el legislador adopta las bases de la moral cristiana, y prevé y facilita la celebración conjuntamente de los ritos eclesiásticos y de las solemnidades civiles.

Por lo demás todos sus impugnadores harto conocen que sólo existiendo una ley civil en la que se definan y establezcan las condiciones esenciales del matrimonio, es como puede garantirse por el Estado la moral de las familias: ésto hace la apología del proyecto, cuya eficacia, en punto de tan grave importancia, ni se ha negado, ni podría negarse sin obcecación.

Una ley de esa especie piden en sustancia con falta de lógica los que defienden la libertad de contraer válidamente matrimonio cada cual conforme á su religión: pues conociendo que por esa puerta entraría la impiedad, entraría la poligamia de la civilización oriental, el divorcio del vínculo de los protestantes, y con todo ello los gérmenes de la perversión de las familias y de la corrupción de las costumbres, ponen al sistema un dique, cual es el de que el matrimonio sea conforme á la moral. Pero sería necesario que el poder público se ocupara en el exámen de cada rito, y disputar con los doctores de cada ley, acerca de si los requisitos exigidos por su culto, para las nupcias, eran ó no opuestos á la moral; y como esto sería absurdo, como esto daría ocasión á graves inconvenientes, parecémos que los partidarios del sistema de libertad preferirían una ley que de antemano estableciera las condiciones comunes á todos los matrimonios de todas las religiones; pues, ó esto es el matrimonio civil, ó es la licencia.

En efecto; si una ley de esa especie hubiera de ser eficaz para su objeto, había de contener una parte declaratoria, otra parte exigiendo formalidades para garantizar su cumplimiento, y en fin, la acción coercitiva que es consiguiente: y bien, ¿no es esto el matrimonio civil?

El sistema, pues, de la libertad de contraer produciría consecuencias tan funestas, que, aun en Inglaterra, donde se ha dicho que existe, no existe sino con restricciones, y desde hace ya tiempo se piensa formalmente en adoptar otro sistema, y se estudian los efectos que la legislación civil produce en otros países para reformar la que tienen vigente.

No son tan graves los males del sistema misto, por el cual los
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católicos seguirían sujetos á las leyes y potestades eclesiásticas, y los demás ciudadanos al matrimonio civil.

Sin embargo, sería de muy funestos efectos para lo porvenir trazar en una ley del Estado la division de los ciudadanos en categorías distintas: antiguamente, la division de castas, condenaba en nombre de la razon; hoy se suscitaría la division de estados civiles, que la razon también condena: el legislador que no inventa el derecho, sino que lo formula, no puede hacer eso: hasta dónde podría llegar una division de esa especie, lo indica un hecho que hoy llama la atencion de todos los políticos, la insurreccion feniana en Irlanda, que se extiende por el territorio inglés, á pesar de no hallarse en condiciones económicas análogas á las que sirven de estimulo en Irlanda. Este inconveniente político, sin disputa de grande importancia, no es un fantasma, y en nuestro país, donde las pasiones fácilmente se exaltan, nos haría retroceder en el camino de la civilización, porque la necesidad de orden material ahogaría la voz del derecho.

En el siglo de la democracia individualista, en que el lazo que une á los hombres no es tanto la fuerza coercitiva del imperio, como la fuerza del pensamiento; el dia en que se proclama la dignidad del hombre en su manifestacion más pura, que es el culto, ese dia habrá de levantarse una valla entre las grandes familias de la raza humana!

Las defensores del sistema que nos ocupa, como hombres que son experimentados en los negocios públicos habrán podido conocer las dificultades que ofrece toda innovacion, por pequeña que sea, que se intente hacer de acuerdo con la Iglesia, que por la índole de su constitucion se ha hecho estacionaria y resistente: si esto es cierto, claro es que hallándose establecido el principio de la inmunidad eclesiástica, siquiera sea de hecho, en materia de matrimonios, el Estado se vería privado de acudir á las necesidades de la sociedad, ó tendría que dictar leyes que son ineficaces sino van sancionadas con penas desproporcionadas, y por tanto injustas e irritantes, como las que se vió obligado á imponer un rey tan ilustrado, tan recto y tan piadoso como Carlos III para contener el progreso de la inmoralidad y el desacato de los hijos contra la autoridad paternal.

Todavía produce otro inconveniente ese sistema que á título de más perfecto se opone al proyecto, pues de admitirlo sería nece-