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Tal es en suma la doctrina llamada con razon neocatólica, puesto que está en abierta pugna con la sostenida por los Santos Padres, y escritores más distinguidos del catolicismo, así como con los actos uniformes y repetidos de la Iglesia.

La mútua independencia de ámbas potestades, y su respectiva libertad de accion dentro de la esfera propia de cada una, es la verdadera doctrina establecida por el Divino Fundador de la Iglesia, defendida por ella en sus relaciones con el Estado, y desarrollada y perfeccionada por los escritores católicos. En este principio fundamental están inspiradas las obras más clásicas de la antigüedad.

Las cuestiones han surgido al designar prácticamente los límites propios de la índole de cada uno de ámbos poderes; á definir esos límites han contribuido poderosamente los escritores, así regalistas como ultramontanos, que siempre de la discusion surge la luz de la verdad: y como las relaciones de la Iglesia y del Estado, que hasta aquí han sido objeto de un ramo importante del derecho público eclesiástico, han tocado casi á su perfeccion, exceptuando los neocatólicos, por nadie se pone en duda la plena competencia del Estado para legislar sobre algunos puntos que antes habian sido de hecho de la competencia de la Iglesia; por nadie se desconoce tampoco la plena libertad que á ésta corresponde en materias que un tiempo tuvieron los reyes sujetas á restricciones; y en fin, necesario ha sido convenir en el carácter complejo de otras materias que son á la vez religiosas y temporales, entre las cuales se hallan casi todas las que los antiguos escritores llamaban mistas, y señaladamente el matrimonio.

Si en los debates de la Cámara no se hubiera negado al poder temporal la plena competencia para legislar sobre aquella institucion, conformes todos en los principios fundamentales, habriase únicamente tratado acerca del mejor sistema y más apropiado para establecer una legalidad á cuya sombra pudieran vivir las familias no católicas. Pero puestos aquellos principios en tela de juicio, importa á España, más que á cualquiera otro pueblo en que el protestantismo impere, defender la independencia de su potestad temporal, que es no sólo el fundamento de su libertad, sino tambien el de su existencia como Estado soberano.
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II.

¿El matrimonio es, cual se ha dicho, una institucion de solo carácter religioso, ó es tambien por su naturaleza verdadera la más importante de las instituciones civiles?

Esta cuestion se resuelve fácilmente con ayuda de la razon, ó sea del derecho natural, con ayuda de la autoridad de los escritores católicos, y con ayuda, en fin, de la historia, que á esas tres fuentes hemos de pedir argumentos para que nuestra razon, fortalecida con el apoyo de los testimonios más autorizados, no flaquee ni padezca extravío en el exámen de tan delicado asunto.

Que el matrimonio es de derecho de gentes, y anterior, por consiguiente, á la ley de gracia, es cosa no disputada. ¿Ni cómo habia de serlo? La union del hombre con la mujer, no accidental y pasajera, sino permanente, concienciada, voluntaria y no instintiva, nacida de la índole sociable de los seres humanos que la contraen; ese lazo fortificado por el advenimiento de los hijos que completan la familia, dando á los esposos un nuevo y comun objeto de amor, de solicitud, de abnegacion y sacrificios, no es patrimonio de un pueblo, ni de un culto religioso; es comun á todos los pueblos, y reside virtualmente en el individuo por el mero hecho de no bastarse á sí mismos ni el hombre ni la mujer, y de sentir ambos la necesidad de unirse para completarse, confundiendo su aislamiento en una individualidad superior y más perfecta.

Esa es la vida conyugal; una, porque dos individuos de sexo distinto bastan para constituirla; indisoluble, porque indisolubles y permanentes son los deberes que impone. La ciencia ha podido elevarse por si misma á esa grande concepcion jurídica, pues así como ha formulado la pátria potestad, derivándola de las leyes del mundo moral, y no de la fórmula estrecha de un contrato ni cuasi-contrato, ha podido tambien formular el matrimonio con sus atributos esenciales, la monogamia y la indisolubilidad.

El hombre y la mujer libres que contraen esa union dentro de un pueblo regido por leyes positivas, ejecutan un hecho eminentemente social, porque varian de estado civil, crean una nueva personalidad jurídica y adquieren nuevos derechos y deberes para con la sociedad, para consigo mismos y para con la prole que les sobre-
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venga, siendo todos esos derechos y deberes exigibles por las leyes humanas, y ante las autoridades y poderes de este mundo. ¡Cómo no habia de ser el matrimonio objeto predilecto de las leyes civiles!

El Estado no puede prescindir de ese hecho importante, porque su poder se extiende á todos los hechos sociales; igual razon le asiste para ello que la que tiene para garantir la propiedad, la libertad y la seguridad del individuo, castigando los delitos; idéntica á la que tiene para garantir la fe de los contratos; igual á la que tiene para regular la patria potestad, institucion de derecho natural como el matrimonio, de moral universal como el matrimonio, y que, como éste, á pesar de ser una relacion de derecho entre personalidades distintas, no se rige tan sólo por las leyes de los contratos. La ley acepta la institucion, no la inventa; y por eso, inspirándose en los principios de la ciencia del derecho, establece las verdaderas condiciones á que deben ajustarse los contrayentes, quienes celebran un contrato, en cuanto un contrato es la fórmula con que el matrimonio se manifiesta al mundo exterior, sin que por ello puedan creerse dispensados los cónyuges de las obligaciones que ese acto lleva ineludiblemente consigo.

Es, pues, evidente la potestad legislativa del Estado, que no está, como se ha dicho por uno de los más distinguidos oradores de la Cámara, limitada á los efectos civiles, sino que se extiende á todo lo relativo á las condiciones de los contrayentes y á la solemnidad de la celebracion.

La verdadera doctrina, la doctrina sostenida por los escritores más distinguidos y más respetados del catolicismo, no pone límites á la accion del Estado en todo lo relativo al matrimonio; redúzcase á reconocer esa potestad en toda su plenitud, reservando á la Iglesia lo puramente sacramental. Al poder temporal, como guardador de la moral pública, como dispensador del derecho positivo, corresponde mantener el prestigio de las uniones licitas, declarando cuáles lo son y cuáles nó; pudiendo, por lo tanto, establecer impedimentos dirimentes é impedientes, y declarar nulas civilmente, esto es, privar de efectos civiles aquellas uniones contraídas en infraccion de sus leyes.

Y esta doctrina, que en sustancia reconoce, no tan sólo la absoluta independencia del poder temporal, sino tambien la posible separacion entre el contrato y el Sacramento, ni es de hoy, ni es
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inventada por escritores hostiles á nuestra Iglesia, sino por autoridades que no podrán rechazar los más escrupulosos.

Antiguos y modernos abundan en las mismas ideas: San Siricio, Soto, Selvagio, Berardi, Gervais, y otros muchos que sería prolijo enumerar, han escrito en ese sentido; y en punto de impedimentos es notable Elizondo. Mas por la grande y merecida autoridad que goza en el mundo católico, por su indisputable ciencia, virtud y santidad, por lo expresivo y terminante de las palabras que en algunos pasajes de sus obras consagra al asunto que nos ocupa, distinguese entre todos los escritores la gran lumbrera de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Las personas, dice el Santo, se llaman ilegítimas para contraer matrimonio, porque se lo prohibe la ley; pues el matrimonio, en cuanto es oficio de la naturaleza, es regido por el derecho natural; en cuanto es oficio de la sociedad, por el derecho civil; y en cuanto es Sacramento, por el derecho Divino (1).

Estas palabras de Santo Tomás han sido comentadas con posterioridad al concilio de Trento, por uno de los más notables escritores de la Compañía de Jesús, el cual, aceptando la doctrina en ellas contenida, añade que la potestad secular puede imponer causas de nulidad, inhabilitar á los contrayentes, y declarar ilegítima é inválida la unión por tales personas contraída (2).

Hé aquí perfectamente establecida la doble cualidad del matrimonio, y la doble competencia: en cuanto institucion in officium communitatis institutum, está sujeta á las leyes civiles, las que pueden imponer impedimentos dirimentes con pena de nulidad á los infractores; y en cuanto sacramento está sujeto al derecho divino.

Esa potestad, siempre reconocida, y en ocasiones ejercida por los

(1) Lib. IV, Contra gentes, cap. 78.
(2) Siendo notabilísimas las palabras á que nos referimos en el texto del artículo, no podemos ceder al deseo de copiarlas. Dicen así: «Quare agregie D. Thom. dixit matrimonium, in quantum contractum civilem, in officium communitatis institutum, subjacere legis civilis ordinationi. Et confirm. Si enim potest princeps secularis alios contractus civiles ob republice bonum irritare, cur non poterit etiam matrimonii contractum, cum id quandoque idem bonum commune postulet? Nec obstat principis secularis potestati matrimonium esse sacramentum. Quia ejus materia est contractu civilis, qua ratione perinde potest illud ex causa justa irritare ac si sacramentum non esset: reddendo personas inhabiles ad contrahendum et sic illegitimum et invalidum contractum.»—Th. Sanchez.—De matrimonio, lib. 7, disp. III.
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soberanos europeos en beneficio de los pueblos, solo tiene un límite racional impuesto por razones de política y de conveniencia en un país católico, que lo es el de respetar la libertad de la Iglesia en la materia sacramental.

III.

La historia del matrimonio cristiano ha guardado en todos tiempos absoluta conformidad con las doctrinas legales anteriormente expuestas.

Antes del Cristianismo, y entre los pueblos orientales, aparecía indudablemente, en la celebración de las nupcias, revuelto y confundido el elemento civil y el religioso; pero debióse esto á la unidad de poderes, por lo cual todas las instituciones civiles, políticas y económicas, vestían el ropaje de la religión. Los que de ese hecho deducen argumentos en favor del carácter espiritual del matrimonio, igualmente podrían deducirlos en favor de la organización teocrática de los pueblos; pero ya en el mundo romano, teatro del nacimiento y desarrollo de nuestra religión, las nupcias habían desde hacía siglos tomado una forma puramente civil; leyes civiles regulaban la condición de los contrayentes, á formas civiles se sujetaba su celebración, y sólo ellas producían efectos jurídicos.

El doble carácter del matrimonio no existe perfecta y distintamente sino desde que fué santificado por Jesucristo, porque desde entonces, además de institución de derecho, fué elevado á Sacramento, por cuya virtud se adquiría la gracia para cumplir los fines de la creación. Consecuente la Iglesia con la doctrina de su Divino Fundador, que enseñó á dar al César lo que era del César, y á Dios lo que de Dios era, reconoció la fuerza y eficacia del matrimonio civilmente contraído. Ni los Apóstoles, ni sus inmediatos sucesores en el episcopado, condenaron esa forma legal de celebración; é importa asimismo consignar que tampoco establecieron otra forma ni ceremonia alguna distinta de la del Estado, pues sabido es que entonces no se bendecían sino aquellos enlaces que los fieles, voluntariamente y por devoción, querían consagrar con esta solemnidad religiosa. El vínculo, pues, se reputó válido y legítimo entre los cristianos por el mero hecho de haberse contraído civilmente, esto es, por medio del consentimiento mutuo de los cónyuges; he-
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Ursinos, atrajo sobre ella la animadversion de dos clases de enemigos; los primeros eran los partidarios de Portocarrero y del Arzobispo de Sevilla, quienes olvidando su sumisión á la Corte de Versalles, se lamentaban hipócritamente de que una mujer y extranjera se mezclara en el gobierno. Pero los que se mostraron más irritados con la caída de Arias y la elevación de Montellano, fuéron los Franceses de la parcialidad de Louville, que desde entonces no cesaron de clamar que Francia era despreciada y desatendida y se unieron con Portocarrero, á quien no habían dejado de censurar y atacar anteriormente.

Hacer salir á éste del gobierno, era cosa más difícil, y se empleó en ello mucho más tiempo; pero la inminencia de la guerra civil, la necesidad de formar un ejército y de hallar recursos para su sostenimiento, y la convicción que ya tenía el Gobierno francés de que el Cardenal no era á propósito para tales circunstancias facilitaron la tarea, á la que contribuyó al principio el nuevo Embajador Cardenal d'Etrées, que anhelaba ser único en la dirección del Gobierno. Poco á poco el Arzobispo de Toledo fué dejando de asistir al despacho, tuvo que renunciar á la junta doméstica, presidida por Urraca; Montellano, como Gobernador del Consejo, retuvo lo concerniente á nombramiento de empleados y reforma de sueldos y pensiones, y de los negocios de Hacienda, hizo Orry su exclusivo dominio, con alto y bajo imperio.

Mas Portocarrero no era hombre que cediese fácilmente el puesto: al propósito harto visible de deshacerse de él, opuso por espacio de muchos meses una resistencia pasiva, manteniéndose en Madrid y asistiendo al despacho hasta que se le proporcionó ocasión de herir á su vez á sus adversarios. La Princesa de los Ursinos no pudo vivir en paz mucho tiempo con el Cardenal d'Etrées, ni con su sobrino el Abate. Tan bien conocía al primero, que cuando supo que desde Milan iba á pasar á España, acompañando al Rey como Embajador de su abuelo, escribía á la Mariscal de Noailles:

«Con todo mi corazón deseo que su Eminencia tenga las satisfacciones que se merece y que son de esperar; que pueda poner remedio á los males inveterados de esta monarquía; que su espíritu vasto, trascendente e ilustrado, logre persuadir á los Españoles, aun mejor que hacerse admirar de ellos. Mas hablándolo con franqueza, no juraré que todo le salga á pedir de boca; porque temo que la nación, naturalmente orgullosa, mire como una prueba de desden,
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cho que encerraba tal virtud, que llevaba consigo la dignidad sacramental (1).

Mas como las leyes temporales no estaban inspiradas en las doctrinas de la religión cristiana, esforzábase la Iglesia, por medio de la predicación y de las penas espirituales, que son las grandes armas que le corresponden por la naturaleza de su misión religiosa, en sostener la indisolubilidad del vínculo contraído por sus fieles adeptos.

Tal fué el estado de la disciplina eclesiástica durante los tres siglos que duraron las persecuciones; de donde se infiere que el matrimonio civil, como único reconocido, no era ni es opuesto al dogma, ni á la moral; pues si lo hubiera sido, habrían los pastores introducido alguna forma distinta de la civil para las uniones de los cristianos.

La conversión de Constantino, que puso de manifiesto los progresos que en la oscuridad del secreto había hecho la divina doctrina, el abrazo de la Iglesia y el Imperio, echó los cimientos de un nuevo derecho: aquella conquistó el reconocimiento explícito de su independencia; pero al propio tiempo, y conforme á la doctrina de Jesucristo, sancionó la legitimidad de los poderes temporales; el principio de mútua independencia dejó de ser una teoría para ser un hecho indestructible, que había de ejercer en su desenvolvimiento histórico grandísimo influjo en el progreso y civilización de los pueblos. Entonces pudo la Iglesia, llena del vigor y lozanía que dan la fe, de una parte, y el martirio, de la otra, exigir, si lo hubiese creído necesario á los fines de su misión, nuevas formas y solemnidades religiosas; pero muy lejos de hacerlo así, guardó la misma disciplina que en los tres siglos de las persecuciones. El matrimonio siguió siendo asunto meramente civil, y sujeto, así en cuanto á los impedimentos, como en cuanto á la

(1) Quizás sorprenda á algunos la idea consignada en el texto, y sin embargo nada es tan cierto. La esencia del Sacramento reside en el consentimiento de los conyuges, y la bendición sacerdotal no es de necesidad, sino de mera solemnidad, como expresamente lo dice Santo Tomás en las siguientes palabras: «Dicendum quod verba exprimentia consensus de presenti sint forma hujus sacramenti, non autem sacerdotalia benedictio, quae non est de necessitate sacramenti, sed de solemnitate.»=in quatuor libros sententiar. Libro IV, dis. XXVI. Qu. unic.—Así se explica la disciplina eclesiástica en el curso de los siglos, pues considerando la forma como cosa accidental y de mera disciplina, ha podido reconocer todas las solemnidades y requisitos civiles sin perjudicar el dogma.
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celebracion, como en cuanto á sus efectos, á las leyes y autoridades temporales, sin solemnidad religiosa obligatoria, pues ni aun por entonces era costumbre general la bendicion sacerdotal, que se introdujo más tarde, y no fué obligatoria hasta el siglo IX en Oriente, y el X en gran parte del Occidente.

Los Emperadores cristianos continuaron legislando como antes en uso de su soberanía, e inspirándose en la doctrina religiosa, reformaron algunos de los antiguos impedimentos, y elevaron á ley otros que, como los de orden, voto, disparidad de cultos y parentesco espiritual, estaban ya dentro del nuevo orden social. Llanos están los códigos romanos de leyes sobre esos impedimentos dictadas por Constantino, Valente, Valentíniano, Teodosio, y el gran Justiniano, el cual además, copiando el antiguo derecho, declaró de nuevo nulas e ilegítimas las nupcias contraídas en otra forma que la legalmente establecida; esto es, hizo ya en el siglo VI una cosa análoga á lo que hoy tanto se censura por algunos, y que se reduce á negar efectos jurídicos á los matrimonios que no fueran conformes á las leyes civiles (1).

Semejante estado de cosas subsistió hasta la invasión germánica, por lo cual durante ese período importante en que el cristianismo nació y se apoderó de la sociedad entera, no fué el matrimonio institución religiosa, sino meramente civil, aunque las relaciones entre marido y mujer tuvieran la dignidad sacramental, y aunque en ellas influyera la moral evangélica, al modo que la misma moral influyó en las relaciones de los individuos entre sí, de unas familias con otras, del señor para con el siervo, del padre para con el hijo, y del ciudadano para con el Estado en que era súbdito.

Apoderados los Germanos del Imperio de Occidente, constituyeron nacionalidades y recibieron el bautismo, hechos ámbos que aseguraron el predominio de la Iglesia, dando origen á un nuevo derecho público que se desarrolló en sentido inverso al que tuvo en el anterior período histórico. La base fundamental sin embargo fué idéntica en ámbos períodos; el Sacerdocio y el Imperio se consideraron independientes, pero así como el Estado romano al erigirse en protector de la Iglesia se mostró invasor, turbulento y dominante, los nuevos Estados europeos se mostraron respetuosos, dóciles á

(1) Si adversus ea, qua diximus atiqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae nec matrimonium, nec dos intelligitur. Inst., lib. X, de nupt. 12.
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la enseñanza, y en ocasiones obedientes hasta la sumisión. Nada tan natural, porque la Iglesia les dió, no solamente la religión, sino también la ciencia de que en el general naufragio había quedado por única depositaria.

Creció con esto rápidamente el influjo y poder del clero, el cual, sin abandonar las armas espirituales, se hizo soberano temporal en la persona de su cabeza visible, señor feudal en la de sus obispos y abades; se llenó de riquezas en todos los grados de su jerarquía por la devoción de los fieles; y haciéndose consejero de los príncipes, dió por este medio leyes á los pueblos, reuniendo así en sus manos todos los poderes del mundo, pues dirigió las conciencias por derecho propio, la fuerza por medio de sus consejos, y el espíritu por medio de sus leyes.

Hé aquí cómo el derecho germánico llegó muy pronto á confundirse con el de la Iglesia, y cómo ésta adquirió potestad y jurisdicción para conocer de muchos asuntos de carácter civil, y también del matrimonio: aquellos pueblos que más en contacto estuvieron con la Sede apostólica aceptaron antes que otros su legislación matrimonial, ya autorizando su observancia, ya trascribiéndola á los códigos civiles, ya concurrendo los príncipes á los concilios y prestando á las decisiones canónicas fuerza coercitiva.

Pero semejante estado de cosas no supone en manera alguna que el Estado perdiera una facultad inherente á su soberanía, ni aun siquiera que la renunciara en favor de la Iglesia. No: basta fijar la atención en el hecho de que la ley canónica adquiría la fuerza de ley civil por la aceptación del Estado, y que el juez eclesiástico no podía proceder sino mediante el consentimiento y auxilio del poder temporal, para conocer que siempre quedó intac- to el principio de la independencia de ambas potestades; ni la ley ni el juicio canónico tenían fuerza obligatoria sino por virtud de la autorización del Príncipe.

La legislación española siguió la marcha general, por cierto, no sin gran repugnancia de nuestros padres, quienes, á juzgar por los monumentos históricos y legales que conservamos, estimaron en mucho la libertad de contraer matrimonio civilmente, según los fueros y costumbres del país. En la imposibilidad de hacer aquí un detenido estudio que podría ocupar muchos volúmenes, vamos á trazar la historia de nuestra legislación matrimonial por sus rasgos más culminantes.
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La compilación nacional más antigua, monumento glorioso que patentiza el alto grado de cultura y civilización que alcanzó el pueblo visigodo, el Fuero Juzgo, con ser producto de una sociedad eminentemente religiosa, á pesar de la gran parte que en su confec-
ción cupo á la Iglesia española, demuestra que el matrimonio siguió siendo asunto puramente civil, regido por las leyes temporales, y sometido á los tribunales ordinarios. Las leyes presupu-
nen la forma convencional como la propia de su celebración que debía solemnizarse con las arras, y declararse ante testigos, ó en documentos de la propia manera que el divorcio. Las cuestio-
nes que acerca de este punto pudieran suscitarse, no se ventilaban en el tribunal del Obispo, sino ante el Juez lego (1).

Los impedimentos, así relativos al parentesco, como á la diver-
sidad de condición, al orden sacro y otros, merecieron á los legis-
ladores una especial atención, quienes se reservaron el derecho de dispensarlos (2).

Esta legislación, base y fundamento de los fueros locales, estu-
vo vigente como cuerpo general de Derecho en punto á matrimo-
nio, hasta la publicación del Fuero Real después de mediados del siglo XIII.

El espíritu absorbente de la disciplina eclesiástica, era desconoci-
do en España; pero el casamiento de D. Alonso VI con Doña Constanza, de nación francesa, abrió las puertas á las doctrinas que ya por entonces predominaban en casi toda Europa, y que habían contribuido poderosamente á extender los monjes cluniá-
censes, respecto á la autoridad de la Iglesia y á la supremacía ponti-
ficia. Más de dos siglos pasaron desde este suceso, sin que la dis-
ciplina general de Europa echará raíces en nuestro suelo; pero ya el código antes citado, ordenando que los casamientos se hicieran públicamente y no á escondidas, y por las palabras que ordena la Iglesia, y entre personas que pudieran casar sin pecado, presupone que se usaba el matrimonio llamado hoy religioso, pero sin que por eso fuera nulo el civilmente celebrado (3).

El inmortal código de las Partidas tomó sustancialmente la legislação canónica en todas sus partes, pero siguió reconociendo como válido el matrimonio que llamó clandestino, en contraposición

(1) Leyes 8.ª, tít. I y 1.ª,—tít. VI, lib. III del Fuero Juzgo.
(2) Leyes 3.ª, tít. I; y 1.ª y 2.ª, tít. V, lib. III del Fuero Juzgo.
(3) Fuero Real. Ley 1.ª, tít. I, lib. III.