Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 310

y con otro que no pertenece á ninguno de los dos. El Duque de Gramont, que desempeñaba la embajada de Paris en Viena, ha sido ascendido al Ministerio de Negocios extranjeros. M. Plichon ha remplazado al Marques de Talhouet en el de Obras públicas; y M. Mege, vicepresidente del Cuerpo Legislativo, ha sido encargado de la cartera de Instrucción pública. Ha habido alguna sorpresa en el público al saber los nombres de los nuevos Ministros, porque son distintos de los muchos que se habian anunciado. Habia corrido, especialmente, muy acreditado el rumor de que tres famosos escritores políticos, MM. de Girardin, de la Gueroniére y de Laboulaye, serian los llamados respectivamente á los Ministerios de lo Interior, de Negocios extranjeros y de Instrucción pública.

De los tres nombramientos hechos, el que mayor importancia adquiere de los antecedentes del nombrado es el del Duque de Gramont, que no es Diputado ni Senador. Al verle llamado en estos momentos al departamento ministerial de Negocios extranjeros, se ha recordado desde luego que tuvo que ser separado de la Embajada de Roma por no haberse podido conservar en buenas relaciones con el Gobierno de la Santa Sede. Aquel suceso no le impedirá proceder con libertad en el desarrollo de las ideas del actual Gobierno, que ha tenido, por cierto, poca fortuna en sus relaciones con la corte de Roma.

Apéns la Gaceta de Augsburgo publicó una traducción del proyecto de disposiciones conciliares respecto de las relaciones del Estado con la Iglesia, y de la infalibilidad pontificia, se apresuró el Conde Daru á dirigir, con fecha de 20 de Febrero, un despacho diplomático, haciendo á la Santa Sede fuertes reclamaciones, y pidiendo que fuesen comunicados al Gobierno francés, con anticipacion, los proyectos que se pusiesen á discusion en el Concilio. El Cardenal Antonelli dirigió su contestacion á Monseñor Chigi, Nuncio apostólico en Paris, el 19 de Marzo. De ella vamos á copiar algunos párrafos por más importantes:

«Las tesis tratadas en el proyecto y cánones de que se trata, no encierran más que la exposicion de las máximas y principios fundamentales de la Iglesia. Esos principios se han recordado muchísimas veces en los anteriores concilios generales; se han enseñado y desenvuelto en varias Constituciones pontificias, publicado en todos los Estados católicos, y muy especialmente en las célebres Bulas dogmáticas Unigenitus y Auctorem fidei, donde la misma doctrina está confirmada y sancionada. Esos principios han constituido siempre la base de la enseñanza católica en todas las épocas de la Iglesia y en todas las escuelas del catolicismo; tienen por defensores á muchísimos escritores eclesiásticos, cuyas obras sirven de texto en los colegios públicos, y aun en los de los Gobiernos; y todo esto sin contradiccion ninguna por parte de la autoridad civil, y más de una vez con su aprobacion y sus excitaciones.

«La Iglesia no ha pretendido nunca, ni pretende ahora, ejercer un poder directo y absoluto sobre los derechos politicos del Estado. Ha recibido de Dios la sublime mission de guiar á los hombres, ya sea individualmente, ya reunidos en sociedad, á un fin sobrenatural: de aqui el que tenga el poder y el deber de juzgar la moralidad y la justicia de todos los actos, ora sean internos, ora externos, en su relacion con las leyes naturales y divinas. Ahora bien: como toda accion, ordenada por un poder supremo, ó que emane de la libertad del individuo, no puede estar exenta de este carácter de moralidad y de justicia, infiérase que el juicio de la Iglesia, aun cuando recaiga directamente sobre la moralidad de los