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denando que todos los matrimonios se celebraran en la iglesia y ante el pueblo (1). El Papa Nicolas I, en rescripto dirigido á los Búlgaros en el siglo IX, refiere cómo se celebraban entonces los casamientos, y dice que después de los espousales el esposo entregaba á la esposa las arras con la escritura dotal, y le ponía el anillo ante testigos: luego acudian ambos á la iglesia para hacer las oblaciones y recibir la bendicion y el velo; y después se dirigian á la casa nupcial solemnemente con coronas en la cabeza, que solían conservarse en el templo (2). En el siglo X el Concilio Trosleiano volvió á prohibir las bodas ocultas, repitiendo la capitular de Carlo Magno. El Concilio general Lateranense, cuarto de 1215, dictó disposiciones más severas, extendiendo á toda la cristiandad la práctica de las amonestaciones prévias, que usaban tan sólo entonces algunas iglesias, y declarando ilegítimos los hijos que nacieran de matrimonios clandestinos, contraídos con algun impedimento. No eran nulos, sin embargo, fuera de este caso, tales matrimonios, por cuanto no carecian de los requisitos esenciales entonces exigidos para la validez del sacramento. Así escribia Graciano por aquel tiempo que eran firmes si se probaba el hecho de su celebracion con el testimonio de ambos cónyuges, no bastando el de uno solo; y el mismo Inocencio III, que en el Concilio de Letran dictó la disposicion antes citada, cuidó de advertir que lo esencial para el matrimonio era el consentimiento de los contrayentes por palabra, ó por señales sensibles é inequívocas (3).

En España no se interrumpió quizá la práctica del matrimonio religioso. En el siglo VII, según atestigua San Isidoro (4), se celebraba como sacramento en la iglesia. En ella se presentaba la esposa cubierta con el velo nupcial y ante el pueblo reunido, recibia del esposo y daba á la vez el consentimiento, que constituia esencialmente el contrato: luego el diácono ceñia á ambos cónyuges con una banda blanca y roja, símbolo del nudo matrimonial, y el sacerdote les daba la bendicion. En los siglos XI y XII acudian también los contrayentes á la iglesia, donde el sacerdote bendecia su union con ceremonias parecidas, misa y exhortaciones, y á veces pasaba el mismo sacerdote á la casa de los desposados para bende-

(1) Capitul. 179.
(2) Decr. Grat., cau. XXX. q. 5, c. 3.
(3) Decr. Greg., IX, l. 4, t. 1, c. 25.
(4) De Eccles. offic., lib. 2, c. 19.
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cir además su habitacion, su tálamo y las arras. El Concilio de Coyanza de 1050 (1), y el Fuero de Salamanca del siglo XII dan testimonio de la intervencion del párroco en la celebracion de las bodas (2). Segun el Fuero Real, publicado en el siglo XIII, era condicion del matrimonio el contraerlo con las palabras prescritas por la Iglesia y con publicidad («concejeramente é non á furto»), so pena de multa ó confiscacion, y otros castigos corporales (3). Las Partidas, aunque reconociendo que «el consentimiento solo, con voluntad de se casar, face matrimonio,» prescribieron igualmente la publicidad, las amonestaciones previas y los esposanales con arras, y declararon que entre dos matrimonios, uno público y otro clandestino, debía prevalecer el primero (4).

Sacramento y contrato eran, pues, una misma cosa, aunque no fuera esencial para la validez del uno ni del otro la intervencion de la Iglesia, por más que estuviese prescrita bajo graves penas por las leyes y los canones. Mas como esta sancion no fuera suficiente para evitar los matrimonios clandestinos, tratóse de remediar el mal en el Concilio de Trento. Los Embajadores de Francia, tomando la iniciativa, pidieron á la Asamblea que declarase la nulidad de tales consócios. Sometida primeramente la cuestion á los teólogos del Concilio, hubieron de dividirse los pareceres en cuanto á existencia del sacramento en el matrimonio celebrado sin bendicion sacerdotal (aunque fueron muy pocos los que sostuvieron la negativa), y acerca de la conveniencia de invalidar los casamientos que en adelante se verificaran sin aquel requisito. Esta misma disidencia apareció después entre los Padres del Concilio, donde se presentó primero el proyecto de cánon declarando la validez de los matrimonios clandestinos anteriormente contraídos, y la nulidad de los que en adelante se celebraran sin la presencia de tres testigos; pero esto como decreto de reforma y no como definicion dogmática, porque no empleando el Concilio esta ultima formula, en los puntos que suscitaban grave oposicion, era de temer que no lo aprobase de otro modo, según escribieron los Legados al Pontifice. Después de disputar no poco sobre si el pro-

(1) Can. 5.
(2) El Fuero de Salamanca, c. 322 y 323, señalan los derechos en dinero y en especie que debian pagar los esposos por la bendicion sacerdotal.
(3) L. 1, t. I. lib. 3.º
(4) L. 5, t. II. y l. I.º y 2.º, t. 3, Part. 4.º
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yecto presentado encerraba una definición dogmática, pidieron los Prelados franceses que se declarase también necesaria la presencia y la bendición del sacerdote para la validez del sacramento, ó que al menos fuese presbítero alguno de los testigos.

Uno de los prelados que primero impugnaron el proyecto fué el Patriarca de Venecia, fundándose en que el Concilio no tenía potestad para invalidar una manera de sacramento que no carecía de ninguno de sus requisitos esenciales, aunque le faltaran otros menos importantes; y que consistiendo la esencia del matrimonio en el consentimiento sensible, no se podía negar al acto en que lo hubiese, el carácter de sacramento. En este mismo sentido hablaron el Arzobispo de Rossano, el Obispo de Ipres, el de Castello y el célebre Jesuita español Diego Lainez, quien, considerando como punto de derecho divino la suficiencia del consentimiento para la validez del matrimonio, dudaba que la Iglesia pudiese alterarlo. Otros Padres, reconociendo la potestad de la Iglesia en esta materia, negaban la conveniencia y la oportunidad de la reforma, y se fundaban principalmente en que, rehusando aceptarla los Estados protestantes y aun algunos católicos, se seguirían celebrando matrimonios sin las solemnidades requeridas, ya por ignorancia de los fieles, ó ya por imposibilidad material de verificarlos de otro modo, pero siempre con daño de las almas y con perjuicio de las familias. Otros oponían que, negando unos y afirmando no pocos la potestad de la Iglesia, la cuestión era dogmática, y no convenía decidirla contra la opinión de tantos prelados. Por estas ó por otras razones, hicieron también oposición al nuevo cánón el Obispo de Orvietto, los Patriarcas de Jerusalén y Alejandría, el Arzobispo de Otranto y otros prelados, declarando alguno de ellos que lo resistiría hasta con su sangre, si fuera necesario.

Entre tanto apoyaban calorosamente la reforma el Cardenal de Lorena, el Arzobispo de Granada, que alegaba precedentes del uso que había hecho la Iglesia de su potestad para introducir nuevos impedimentos dirimentes del matrimonio, el Obispo de Almería, el de Salamanca, el General español de la Orden de Menores Observantes, que refirió cómo en Nueva España se casaban los que querían clandestinamente tres ó cuatro veces, el Obispo de Segovia y otros prelados. Al fin convinieron casi todos en que aquella deliberación envolvía un punto dogmático relativo á la potestad de la Iglesia; que este dogma era verdadero, aun para los
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que se oponían al decreto por razones de conveniencia, y que la controversia debía quedar reducida á examinar la oportunidad de la reforma. Entonces la apoyaron 133 prelados, y la contradijeron 50, emitiendo algunos opiniones ambiguas ó poco concluyentes, como la de remitir la decisión al Pontífice.

Celebróse después en casa del primer Legado una justa literaria, semejante á las que se acostumbraban en las escuelas, en la que cinco teólogos nombrados para impugnar y otros tantos para defender el cánón en forma de tesis escolástica, lo controvirtieron amplia y apasionadamente en presencia de la mayor parte de los Padres y asistentes al Concilio (1). Dos días duraron estas conclusiones, mas sin provecho alguno, pues, según juicio del historiador Pallavicino, que no es por cierto sospechoso, se acaloraron tanto los ánimos, que la «discusion se convirtió en confusion.... y después de mucho disputar terminó todo con poco decoro y sin ningún fruto.»

Fué menester por lo tanto retirar el proyecto de decreto y presentarlo redactado de nuevo, de modo que suscitara méns dificultades. Entonces se sometió á la deliberación de los Padres un nuevo texto, según el cual sólo se requería para la validez del matrimonio la presencia de dos testigos y del párroco propio, ó otro sacerdote con su licencia ó la del Ordinario, y se suprimía la segunda parte del anterior proyecto, en que se exigía además la licencia paterna para la validez de los matrimonios de los menores. Dispuso además el Papa, para excluir toda ambigüedad en la emisión de los pareceres, que la votación se verificará con la fórmula de Placet ó Non placet. Púsose de nuevo á discusión este asunto en la sesión de 26 de Octubre de 1563. Impugnaron la nueva redacción, entre otros, el Cardenal Madruccio, el Patriarca Elio y el Obispo de Lesina, quien llegó hasta decir que «no asistiría á la votación de tal decreto, y que en cuanto á él se lavaba las manos como Pilatos.» Salió otra vez á la defensa de la reforma el Arzobispo de Granada, avanzando hasta negar la validez de los matrimonios claudestinos anteriores, y á proponer que así se declarase. Más de dos terceras partes de votos aprobaron, sin em-

(1) Entre los cinco teólogos que arguyeron en contra se hallaban los españoles Francisco Torres, clérigo secular, y el jesuita Salmerón; y entre los defensores Pedro Fuentidueñas, teólogo del Obispo de Salamanca.
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bargo, el nuevo texto, sesenta lo desaprobaron y algunos se re-
frieron á la decision de la Santa Sede.

Por último, el 10 de Noviembre inmediato se reunió el Sínodo en Congregacion general para votar definitivamente todos los cánones relativos al matrimonio. Contra el que trataba del clan-
destino votaron muchos y entre ellos los Cardenales Madruccio y Moron, y el Patriarca de Jerusalen, con más de cincuenta Padres. Del mismo modo votaron, aunque sometiéndose al juicio del Ponti-
ficie, los Cardenales Legados Osio y Simoneta. Pero la mayoría mantuvo sus anteriores resoluciones, y confirmado su acuerdo de-
finitivo por el Pontifice, quedó convertido en ley de la Iglesia jun-
tamente con los demás concernientes al mismo sacramento que
comprende la Sesion XXIV del Concilio. Así quedó declarado, co-
mo doctrina, contra los Protestantes, que incurrén en anatema los
que nieguen que el matrimonio es un sacramento instituido por
Jesucristo y que confiere gracia, los que digan que la prohibicion
de celebrarlo en ciertas épocas es supersticion gentilica y los que
rechacen la bendicion y ceremonias nupciales (1). Así tambien
quedó establecido como reforma de la antigua disciplina: 1.º Que
si bien los matrimonios clandestinos contraidos hasta entonces eran
válidos, no lo serian los que en adelante se celebraran sin la pre-
sencia de dos testigos y del párroco propio, ó de otro sacerdote di-
putado á este efecto por el mismo ó por el Ordinario, debiéndose
castigar gravemente á los que en ellos intervinieran. 2.º Que
cumpliéndose lo dispuesto en el Concilio 4.º de Letran, precediera
siempre al matrimonio la triple amonestacion en la forma hoy
acostumbrada. 3.º Que se verificara el acto in facie Ecclesiae pre-
guntando el párroco á los cónyuges su consentimiento, y bendi-
ciéndolos con la fórmula sacramental. 4.º Que los párrocos lleva-
ran registros exactos de los matrimonios de sus feligreses, según
solían ya hacerlo. 5.º Que continuaran prohibidos los desposorios
en los dos periodos del Adviento y la Cuaresma, según disponian
los antiguos Cánones (2). Tal ha sido desde entonces la disciplina
de la Iglesia católica en cuanto á la forma y publicidad del ma-
trimonio.

Con todo esto no puso término el Concilio á la antigua y célebre

(1) Ses. XXIV. Can. 1 y 41.
(2) Ses. XXIV, Cap. 1.º y 10.
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controversia acerca de la materia y la forma del Sacramento del Matrimonio, si bien le quitó mucha de su importancia. Es doctrina de la Iglesia que todo sacramento necesita, para serlo, tres elementos esenciales: materia, forma y ministro. Santo Tomás había enseñado que el consentimiento de los contrayentes, manifestado por palabras ó señales, constituían á la vez la materia y la forma del sacramento. Otros teólogos afirmaban que los mismos contrayentes eran la materia, y sus palabras la forma. Melchor Cano con algunos teólogos de méños nota, afirmaban que la materia era el mismo contrato civil, y la forma la bendición del sacerdote. La mayor parte de los escolásticos sostenían que los contrayentes eran ministros del sacramento, cuando otros teólogos, y entre ellos el mismo Melchor Cano, atribuían tal calidad al sacerdote. Esta controversia era muy importante, porque de colocar dentro de la Iglesia alguno de aquellos tres elementos esenciales en todo sacramento, se deducía como consecuencia indeclinable la nulidad del matrimonio meramente civil ó clandestino, sin más título que el consentimiento de las partes. Así los teólogos y canonistas que han seguido á Melchor entienden que tal matrimonio era antes del Concilio de Trento, y pudiera ser hoy, contrato válido, según la ley civil, mas no sacramento. La Iglesia no ha resuelto esta grave cuestión; pero desde que declaró inválido el matrimonio celebrado fuera de la presencia del párroco y de dos testigos, ha dejado de ser sacramento aquel en que no intervenga la Iglesia, y por lo tanto la disputa sobre la materia y la forma es de méños importancia.

§ III. — EXTENSION Y LÍMITES DE LA POTESTAD DEL ESTADO EN EL RÉGIMEN DEL MATRIMONIO.

Los que pretenden secularizar por completo el matrimonio, desearían mucho poder demostrar la separación constante y de hecho entre el sacramento y el contrato, y no pudiendo conseguirlo, afirman que su unión fué una novedad introducida por el Concilio de Trento. Así ha dicho un orador de los más caracterizados que han tomado parte en la discusión parlamentaria de nuestra flamante ley sobre el matrimonio civil, que con la reforma tridentina el sacramento y el contrato, 'que hasta entonces fueran cosas
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distintas, quedaron identificados: afirmacion notoriamente falsa y gratuita, según se ve por la historia de la institución que acabó de bosquejar. Si hasta el Concilio Tridentino fué axioma de derecho, consignado en los cuerpos de la legislación eclesiástica y civil y admitida por teólogos y canonistas, que consensus facit nuptias: si también el consentimiento libremente manifestado es la esencia de todo contrato signalamático: si la Iglesia no exigió más para la validez del sacramento: si el legislador temporal no hizo depender de otras condiciones la eficacia del contrato; ¿cómo se dice que hasta el Concilio de Trento anduvieron separados el contrato y el sacramento, ó que hubo entre ellos alguna diferencia sensible? Bien sé que en las escuelas se enseñaba á distinguir estos dos caracteres de la unión conyugal, que en efecto son ellos en sí mismos cosas diferentes, y que esta distinción es el fundamento de la competencia respectiva del Estado y de la Iglesia en todo lo que se refiere á esta materia. Esto quiere decir que el Estado pudiera no reconocer como contrato algún matrimonio que la Iglesia hubiera santificado como sacramento, ó que ésta puede negar la eficacia del sacramento á algún contrato nupcial que aquel tuviera por legítimo. Mas de que pueda haber semejante desacuerdo entre ambas potestades, y aún de que en ocasiones lo haya habido, no se sigue que lo hubiera antes del Concilio de Trento en cuanto al punto que se controvierte. El hecho es que hasta entonces, ni el Estado ni la Iglesia habían dejado de estimar el consentimiento como la única formalidad externa, esencial para la validez del contrato y la eficacia del sacramento, y esto basta para poder afirmar que en realidad no fueron cosas diferentes. El Concilio Tridentino estableció una condición más para la realización del sacramento, ó mejor dicho, una forma determinada para hacer constar el consentimiento de los contrayentes, no reconociendo como valedero el que se manifestara de otro modo. Desde entonces no fué sacramento aquel matrimonio en que los contrayentes no consintiesen ante dos testigos y el cura propio. En su consecuencia habría quedado separado el contrato del sacramento, allí donde siendo conforme la ley civil con la disciplina anterior de la Iglesia, no se hubiera admitido este capítulo del Concilio. Pero donde como en España, fueron todas sus disposiciones recibidas desde luego, y declaradas leyes del Reino, continuaron identificados el sacramento y el contrato, sin la menor alteración en las
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relaciones que siempre habían existido entre ellos. El Estado no admitió desde entonces como contratos los matrimonios que dejó de reconocer la Iglesia como sacramentos, y así no cesó un instante el acuerdo que había reinado sobre este punto entre ambas potestades.

Lo que en rigor se deduce de que el matrimonio tenga sin embargo en realidad aquel doble carácter, es que así como la Iglesia podría prescindir de las condiciones á que en uso de su soberanía sujetara el Estado la validez del contrato, así el Estado podría á su vez no tener en cuenta, al determinar la eficacia de la obligación civil, las condiciones de que según la Iglesia había de depender la validez del sacramento. Mas no todo lo que puede hacer el legislador en una materia dada, por razón de su competencia en ella, debe ni le es lícito ejecutarlo, atendidas otras consideraciones que limitan su soberanía. Nadie negará que las leyes civiles deben estar en consonancia con la religión del país que ha de guardarlas, porque de lo contrario, ó no se cumplen, y entonces son inútiles, ó se llevan á efecto violentando el sagrado de la conciencia, y entonces son tiránicas. El legislador puede ciertamente abusar así de su autoridad, más de aquí no se infiere que le sea lícito hacerlo.

Aplicando ahora estos principios al matrimonio, resulta, que si el Estado podría en rigor prescindir de las condiciones del sacramento para determinar las del contrato, no debe ni puede legítimamente hacerlo, porque faltaría á una de sus obligaciones como soberano: la de respetar las creencias religiosas y no poner á los pueblos en el tremendo conflicto de desobedecer á Dios ó á la ley. Para que esto no se verifique, para no colocar á los súbditos en el trance horrible de optar entre el sacramento ó el contrato, es indispensable que el legislador no use de la facultad virtual de imponer al último condiciones que no convengan al primero; es menester, en fin, que ámbas entidades continúen siendo inseparables, como lo fueron por la sabiduría de nuestros mayores.

El matrimonio, que es la base de la familia, origen y fundamento de la sociedad, fuente de los derechos más importantes y el acto más trascendental de la vida, ¿cómo ha de quedar abandonado á las contradicciones y ambigüedades de una doble legislación, manantial perenne de dudas y conflictos? ¿Y no ha de tener el Estado obligación perfecta de salvar á la sociedad de tan graves
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Así las cosas, vino, andando el tiempo, el año 1860, y á fines del mismo, siendo yo por segunda vez Director del ramo, los señores Madoz y Gonzalez de la Vega, si mal no recuerdo, censuraron al entonces Ministro su oposición á la venta de Riotinto; siendo así que el Gobierno en 1855 era de opuesto parecer. El cargo venía derecho á mi persona: yo no pude responder, si bien era diputado, por causas que no son del momento; pero voy á verificarlo ahora cumplidamente.

La comisión de ingenieros nombrada por mi iniciativa (señores Anciola y Cossio), había publicado en 1856 su Memoria facultativa, suscrita por el primero.

Al fólio 49 de esta Memoria aparece un estado en que se calculan por escavar:

193.154.565 quintales métricos, ó sean
419.724.870 quintales castellanos.

Al fólio 81 presentan otros dos estados calificativos de la riqueza del mineral de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase; ó sea de

1,09.049
2,18.408 que dan un contenido en cobre de
7,23.207

9.194.151,172 quintales métricos; ó sean
19.978.800,496 quintales castellanos; ó bien
79.991.557,984 arrobas castellanas, importantes
7.999.155,700 reales vellon, valoradas á 100 rs., según se vendía en aquella época.

Al fólio 83, contando con las labores romanas, hágese otra nueva demostración, tal como sigue:

    Quintales métricos de mineral
    187.016.961,027

    Quintales castellanos
    396.387.856,083

    Quintales métricos de cobre
    8.949.583,092

    Quintales castellanos de cobre
    19.438.494,475

    Arrobas castellanas de cobre
    77.753.977,090

    Importe en reales vellon á 100 rs. arroba
    7.775.397.790,000

Al fólio 144 hacen el cálculo de un arranque anual de 10.000.000 quintales castellanos de mineral, y por el mismo la renta siguiente:
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peligros y notorios daños? Los antiguos legisladores haciendo del matrimonio un acto religioso, quisieron darle una base más sólida y permanente que la de otras instituciones humanas, á fin de ponerlo á cubierto de la veleidad de los tiempos y el influjo de pasajeras circunstancias. Cuando Jesucristo dijo, quod Deus conjunxit homo non separet, no solamente hizo indisoluble el matrimonio, sino que lo exceptuó de la jurisdicción temporal para someterlo á otras leyes más permanentes, como lo son las que se dirigen á la conciencia y tienen su sanción en el cielo. Quod Deus conjunxit, esto es, las leyes que Dios ordenó acerca del matrimonio, homo non separet, es decir, no sean revocadas ni alteradas por las leyes de los hombres.

De estos principios se deduce rigurosamente que el legislador, sin faltar á lo que debe á sus pueblos, no puede dejar de admitir como eficaz y legítimo, para los principales efectos civiles, el matrimonio que la fe comun autoriza para los efectos religiosos. ¿Trátase de un pueblo exclusivamente católico? Pues es tiranía negar la virtud del contrato al consorcio que la religión santifica como sacramento. ¿Hay en el Estado diferentes cultos reconocidos, que cada uno á su manera hace también del matrimonio un acto religioso? Pues se cometería igualmente una arbitrariedad, y se incurriría en una inconsecuencia, no dando efectos civiles al contrato, que según ellos, es matrimonio perfecto. Solamente reconociendo la legitimidad y la eficacia de todos los que se celebren conforme al rito único, ó á alguno de los varios ritos admitidos, es como puede evitarse el peligroso desacuerdo entre las leyes del Estado y las de la conciencia. Tampoco negará los inconvenientes de la variedad de matrimonios, pero reconociendo que son consecuencia ineludible de la diversidad de cultos. Así importa tanto excusarla mientras sea posible; mas si llega á ser un hecho indeclinable, lo es tambien el reconocimiento legal de los varios ritos nupciales consagrados por los mismos cultos.

La doctrina expuesta acerca de la competencia respectiva del Estado y de la Iglesia, es tambien en el fondo la misma que enseñaron los antiguos teólogos y canonistas, y han aplicado después los más de los legisladores modernos. Esta doctrina tiene, como se ha visto, dos partes: la que reconoce en el Estado la facultad de legislar sobre el contrato del matrimonio, y la que le niega el derecho y la conveniencia de hacerlo, contradiciendo la fe de los pue-