ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 370

currir mucho para venir á parar en la consecuencia de que la potestad civil podía fijar por sí misma las condiciones legales del matrimonio, prescindiendo de su carácter religioso. Así lo hizo la escuela revolucionaria del siglo XVIII. Los legisladores de la Revolución francesa, partiendo del ateísmo del Estado que proclamaban, y del principio de igualdad que comprendían de un modo quimérico, inventaron una forma de matrimonio independiente de toda religión, obra exclusiva de la ley profana y del juez de paz, y única por lo tanto suficiente para producir efectos civiles. La ley revolucionaria fijó, pues, las condiciones de este nuevo consorcio, determinando la forma de celebrarlo, los impedimentos que podían dirimirlo, y los requisitos de los contrayentes, teniendo en cuenta á veces lo estatuido por la Iglesia, pero separándose también de ella en algo, no poco importante.

Hubo desde entonces en Francia dos formas de matrimonio, la secular y la religiosa: ésta para lo que quisieran ser casados ante Dios y la Iglesia; aquella para los que se satisficieren con serlo ante el Estado y sus tribunales. Mas si bien se examina la nueva forma de la institución, se ve desde luego que no responde, ó responde mal á su objeto, que es innecesaria para realizarlo, en la parte en que puede ser legítimo, y que de todos modos es ocasionada á los conflictos y perturbaciones que origina el desacuerdo entre las leyes civiles y la fe de los pueblos.

¿Cuál es, en efecto, el objeto del matrimonio civil? Sus defensores responden, que reivindicar la competencia del Estado en materia de contratos, someter el de matrimonio á condiciones razonables, uniformes y convenientes, según el criterio mudable de los tiempos, y ofrecer á los que profesen cualesquiera cultos, ó hagan profesion de no tener ninguno, un modo de celebrar consorcio legítimo é igual en lo civil al de los creyentes. ¡Reivindicar el Estado su competencia en esta materia! Y por qué medio? ¿Dictando acerca de ella las mismas reglas que tiene establecidas la Iglesia? Pues entonces nada hay que reivindicar, porque el Estado nunca perdió su competencia. Abranse nuestros antiguos Códigos y se verán en las Partidas trasladadas casi al pie de la letra las Decretales que tratan de este asunto: en la Recopilación la Pragmática en que Felipe II declaró leyes del Reino los cánones del Concilio Tridentino y en la Recopilación Novísima las Pragmáticas sobre el matrimonio de las personas reales, de los menores
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 371

y de los hijos de familia. ¿Es que necesita el Estado para ostentar su competencia en esta materia alterar frecuentemente su régimen? ¿Es que no puede el Estado mostrar su autonomía sino estableciéndolo diverso del de la Iglesia y poniéndose en contradicción con los católicos? Luego ó la competencia consiste en hacer forzosamente este último, que es una afirmación insostenible y absurda, ó el Estado no ha perdido la posesión de lo que se pretende que recupere. El legislador, en todo lo que es de su competencia, puede hacer buen ó mal uso de su soberanía; puede ciertamente, abusando de ella, ofender los sentimientos religiosos y la fe de sus súbditos; mas no por eso ha de decirse que renuncia á ella cuando la emplea en actos á esta fe conformes. Alfonso X convirtiendo en leyes las Decretales, y Felipe II mandando guardar como ley el Concilio de Trento, ejecutaron actos de soberanía no menos importantes y de seguro mucho más cuerdos, que el de la Convención francesa estableciendo el matrimonio civil y autorizando el divorcio en cuanto al vínculo.

Someter el matrimonio á condiciones razonables, no debe ser, según los innovadores, reproducir las mismas decretadas ya por la Iglesia y confirmadas por la ley civil, porque ni esto daría el menor resultado práctico, ni se concibe que para cosa tan inútil se arrosten los inconvenientes de una institución peregrina, ocasionada á graves complicaciones y á general censura. Las condiciones razonables deben ser por lo tanto diferentes de las establecidas por la Iglesia, y entonces tiene aplicación todo cuanto antes he dicho sobre el peligro de las leyes que no guardan consonancia con la fe de los pueblos. Así se da lugar á que haya matrimonios, que siendo legítimos para el Estado, sean concubinatos en la conciencia pública, hijos legítimos según la Iglesia y bastardos ante la ley y herederos forzosos ante los tribunales, por más que no tengan semejante calidad según la creencia recibida. Y aunque las leyes penales procuren impedir estos graves conflictos y las costumbres con el tiempo logren aminorarlos, ¿no basta la posibilidad de que se originen, como en efecto se han originado, para condenar la institución de que proceden? ¿Es disculpable el legislador que arrostra semejante peligro, sobre todo cuando sin él, tiene otros medios de realizar su objeto en la parte que puede ser legítimo?

Y no se diga que la justicia requiere igualdad de condiciones en todos los matrimonios, si los que los contraigan han de ser iguales
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 372

ante la ley, cualquiera que sean sus creencias religiosas. Lo que el principio de igualdad exige, una vez admitida la diversidad de cultos, es que la ley reconozca como legítimos, en el orden civil, todos los matrimonios que lo sean en el orden religioso respectivo. Así es como el protestante y el israelita son verdaderamente iguales al católico. Por el contrario, lo que causa desigualdad, es la introducción de una forma de matrimonio que á todos obliga igualmente, siendo así que tiene valor distinto en cada comunión religiosa. Si el matrimonio civil es para los católicos una formalidad inútil, insuficiente y aun vejatoria, y en ciertas sectas protestantes un procedimiento necesario para la validez del contrato nupcial, aun en el orden religioso, claro es que la desigualdad de la obligación no puede ser más notoria.

En vano se objeta que sin el matrimonio civil habrá una desigualdad repugnante, por lo menos respecto á los que no profesan ninguna creencia, y á los que profesen alguna cuyo culto público no esté reconocido. ¿Cómo se casarán estos desgraciados? preguntan los nuevos filántropos. ¿Les condenarémos al concubinato ó al celibato perpétuos, ó á practicar hipócritamente ritos de una creencia que no es la suya? Distingamos. Si en algún país civilizado hubiese, lo que por fortuna y honra de la humanidad no existe, que es una raza ó secta numerosa de familias, que hiciesen profesión de no practicar ninguna religión positiva, habiendo libertad de cultos, el matrimonio civil podría justificarse para ellas. Mas como los ateos ó meros deístas, capaces de hacer pública profesión de serlo, son unas cuantas docenas de individuos que nacieron y se educaron en una religión positiva, cuyas prácticas abandonaron, no por otras, sino por escepticismo, no violentarian demasiado su conciencia prestándose á ejecutar una ceremonia de la religión en que se criaron, dando así un testimonio de respeto, por lo menos, á la fe religiosa de la inmensa mayoría del país en que viven. Además, si la fé religiosa es un elemento social tan indispensable, como que sin ella no existe ni puede existir sociedad alguna, el individuo que la niega no tiene derecho para que sus opiniones sean consultadas por el legislador, como no lo tendría aquel que incurriese en la extravagancia de negar la familia, que es otra de las bases de la sociedad, para pedir una ley que le eximiese de ella ó la constituyese de otro modo para su uso particular. Si el hombre es esencialmente sociable, antes que los derechos indivi-
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 373

duales está la necesidad y el derecho que la sociedad tiene de existir; y como la religión, aunque sea falsa, es condición de su existencia, no es posible satisfacer á los que la niegan en absoluto sin mengua de aquel derecho.

Consideraciones de otro orden no permiten satisfacer tampoco á los que profesan cultos no reconocidos por el Estado. Sabido es que la libertad religiosa no debe ser, ni es en ningún país civilizado, tan absoluta, que el Estado no se reserve el derecho de impedir aquellos cultos que contengan doctrinas ó prácticas contrarias á la moral ó á la conveniencia pública. Los Musulmanes, los Anabaptistas y los Mormones, que profesan la poligamia, no pueden practicar su culto ni por consiguiente casarse con arreglo á él en los países civilizados de Europa. ¿Sería prudente atraerlos á los Estados católicos en que no se consiente aquella inmoral y antisocial costumbre? ¿El matrimonio civil, sin ella, sería tampoco suficiente estímulo para que viniesen? Y si se trata de los sectarios de una religión admisible, claro es que si no ha sido admitida será porque aquellos son tan escaso número, que no pueden costear un culto público. Ahora bien, ¿la existencia eventual y transitoria de un corto puñado de extranjeros, es fundamento bastante para autorizar una forma de matrimonio que solamente alguno de ellos puede necesitar y que sin embargo es obligatorio para todos los súbditos, cualquiera que sea su creencia religiosa? ¿Qué desigualdad más repugnante que la que resulta de nivelar con el ateo de profesion, el musulman y el transeunte extranjero á la inmensa mayoría de un pueblo que profesa y practica una ó más religiones positivas reconocidas por el Estado y establecidas en él solemnemente?

La ventaja, que también se atribuye á la secularización del matrimonio, de sujetar sus condiciones al criterio variable de los tiempos, es más bien un inconveniente grave. Es el matrimonio cosa muy respetable y santa; mas para que conserve este carácter, conviene que las reglas que lo gobiernen, tengan más estabilidad que las otras leyes profanas. Para eso ha servido ponerle bajo la jurisdicción de la Iglesia. No quiero decir que deban ser inalterables todas aquellas reglas, ni que lo hayan sido de hecho, puesto que la Iglesia, aunque muy lentamente, también ha modificado su disciplina; pero esta parsimonia en admitir innovaciones, es justamente lo que conviene á la santidad del matrimonio. ¿Qué habría sido de la familia, qué de la sociedad, si aquella institución hubie-
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 374

se experimentado tantas y tan frecuentes mudanzas como otras que dependían exclusivamente del Estado?

Aunque la reforma protestante rebajó el matrimonio, privándolo de su carácter sacramental, no le despojó, como antes he dicho, de su forma ni de su calidad de acto religioso. Mucho fué ya aquella novedad, y sobre todo la de reconocer competencia en la potestad civil para legislar sobre esta materia; pero más trascendental que todo esto fué la invención del matrimonio civil, última consecuencia de aquellas innovaciones peligrosas. Sin embargo, para encontrar la verdadera filiación histórica de esta institución moderna, es menester remontarse al concubinato de la sociedad antigua y á la barraganía de la Edad Media. Hay en efecto no poca semejanza entre estas instituciones, aunque también notables diferencias. El concubinato, tan extendido en el Imperio romano, era el vínculo de unión á que solían apelar los que siendo hábiles para casarse, no osaban contraer las obligaciones de las justas nupcias, y las personas que por la desigualdad de su condición no podían tampoco celebrarlas. Convenido formalmente este consorcio, sin tiempo limitado y entre solteros ó viudos, las leyes civiles lo sancionaban, y hasta la Iglesia hubo de tolerarlo en los primitivos tiempos, para no chocar abiertamente con la legislación imperial, ni con las costumbres. Las constituciones apostólicas concedieron el bautismo á la concubina infiel, que lo fuese de un solo hombre, si bien negaron las órdenes sagradas al que después de bautizado tomaba concubina. El Concilio primero de Toledo (can. 17), al negar la comunión al hombre casado que tuviese concubina, previno que se otorgase al que no teniendo mujer legítima, tomase en su lugar una sola mancoba (1). San Agustín dudaba si la concubina que prometiera no juntarse con otro hombre que el suyo, debería ser admitida al bautismo, si bien por otra parte afirmaba que el concubinato entre solteros ó viudos, con perpetuidad, fidelidad recíproca y el propósito de criar hijos, podía calificarse de matrimonio (2). San Isidoro, más explícito aún, escribía: «No diré que sea lícito al cristiano tener muchas mujeres, ni dos al mismo tiempo, sino una tan sólo, mujer legítima ó con-

(1) «Si qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habeat, a communione non repellatur, tantum aut unius mulieris, aut uxoris, aut concubine ut ei placeat, sit conjunctio contentus.»
(2) De fide et opera, c. 18.—De bono conjug. ap. Gratian. Can. 31, q. 2, c. 6.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 375

cubina, en su lugar y defecto (1).» Justo es confesar, sin embargo, que si bien la Iglesia no derogó las leyes imperiales que autorizaban el concubinato, y algunos padres de ella lo toleraron, aunque con restricciones más rigurosas que las establecidas en el orden civil, otros las condenaron resueltamente. De este número son San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Jerónimo, que aconsejaba el matrimonio á los concubinarios.

En vista de tales antecedentes, no se extrañará que las leyes de la Edad Media autorizaran y sancionaran el contrato de barraganía. Por él, como en el concubinato antiguo, quedaban unidos civilmente y por tiempo indeterminado, ó para siempre (2), los contrayentes hábiles para celebrarlo con arreglo á las leyes ó costumbres. Otorgábase este contrato en presencia de cinco testigos (3), ó por carta (4); mas no podían celebrarlo los casados, ni los parientes, ni los inhábiles para contraer matrimonio. Ni podían ser barraganas las impúberes, las vírgenes y las viudas honestas; ni de los hombres ilustres podían serlo las siervas, las libertas, las juglaresas y otras mujeres de vil condición, así como tampoco las hijas de todas ellas (5). Los abarraganados vivian bajo un mismo techo y hacían por lo tanto vida matrimonial públicamente. La barragana tenía derecho á gananciales como la mujer legítima (6); sus hijos, aunque espúrios, eran herederos forzosos de sus padres (7); si quedaba en cinta á la muerte de su consorte, debía conservar la posesión de su herencia, y si daba su fruto á luz en tiem-

(1) De dist. Nov. et Veter. Testam. c. 5, inserto por Graciano en la Dist. 34, c. 4.
(2) Algunas fueros suponen la facultad de revocar este contrato. El de Zamora dice así: «E barragana que un anno non estodier con so senhor ye loir con suas vestiduras é con so haver, todo lo torne á so senhor, é si un anno cumplir, haya suas vestiduras.»
(3) Fuero de Zamora, de 1272.
(4) La carta de barraganía, fechada en Ávila é inserta por nota á la l. 1.*, tit. V, lib. V del Fuero Viejo de Castilla, publicado por Asso y Manuel, empieza así: «Conocida cosa sea á quantos vieren é oyeren la carta de mancehía é companhería que yo..... pongo tal pleito con vusco Donna Elvira Gonzalez, manceba en cabello, que vos recibo por manceba é companhera á pan é mesa é euchiello, por todos los días que yo viesuro »
(5) Fuero de Plasencia de 1181.—Fuero de Oreja, dado por Alfonso VII.—Ley 1.* y 2.*, lit. 13, y ley 3.*, lit. 45, Part. IV
(6) Fuero de Plasencia. «La barragana, si probada, fuere fiel á su senhor, é buena, herede la mitad que amos en uno ganaren.» Fuero de Zamora, «.... é quanto gana- ren, en todo hayan la sua meatade », las barraganas.
(7) Fuero de Zamora.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 376

po hábil, tenía derecho á vivir siempre de ella (1). Algunos fueros hasta buscaron en la barraganía un medio de fomentar las poblaciones, ofreciendo, como el de Oreja, asilo seguro á los abarraganados legítimamente, que fueran á poblar en el lugar. Y no sólo los anárquicos Fueros municipales, sino el mismo Rey Sábio sancionó esta institución, admitiéndola, aunque con restricciones importantes, en sus inmortales Partidas, por más que no hiciera mención de ella en el Fuero Real, que también mandó componer, y dió como ley á tantos pueblos.

En otras naciones, y particularmente en las germánicas, sucedió al concubinato antiguo, el matrimonio morganático, que siendo menos solemne, y no confiriendo más derechos civiles que los expresamente estipulados entre los contrayentes, suplió á las nupcias legítimas entre personas de condición desigual, que las leyes prohibían de un modo absoluto (2). En este concepto pudo equipararse tal matrimonio al concubinato romano y á la barraganía castellana, si bien luego llegaron á diferenciarse profundamente, porque teniendo en general el morganático las condiciones esenciales de consentimiento sensible e intención de procrear, que requería la Iglesia antes del Concilio de Trento, fué considerado también como canónico. Así cuando el concubinato como hecho legal, desapareció de toda Europa, en Alemania subsistía aquella forma de matrimonio.

Hubo pues un período en que, respecto á ciertos consorcios de segundo orden, la legislación canónica y la civil de Europa no estuvieron en completa armonía. La primera atribuía en ocasiones carácter sacramental y efectos religiosos á uniones á que la segunda negaba los efectos civiles, y ésta á su vez reconocía en algunos casos tales efectos, á actos que, según aquella, no constituían sacramento. Por eso Graciano distinguió tan cuidadosamente el matrimonio rato ó sea el contraído entre cristianos, con calidad de indisoluble, del legítimo, que era el celebrado con arreglo á la legislación local, y podía tener además, según ella, la calidad de disoluble por repudio, aunque no según la ley cristiana (lege fori, non lege poli). El matrimonio legítimo en este último caso no era rato; el matrimonio rato no era á su vez legítimo, cuando no se sujetaba á la legislación local; solamente reunía ambos caracteres,

(1) Fuero de Cuenca de 1190.
(2) Benno de Niebelshvitz, « De matrimonio ad Morganaticam ».
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 377

según Graeciano, el que se verificaba con bendición sacerdotal, arras y licencia de aquellos en cuya potestad estuvieran los contrayentes (1).

De la subsistencia durante tantos siglos de estos consorcios de segundo orden entre personas de clase diversa, pudiera inferirse que respondían á una verdadera necesidad. Las leyes, la opinión y las costumbres ofrecían obstáculos insuperables al matrimonio solemne entre personas desiguales, que sin embargo de serlo, vivían en estrecho contacto. El mundo tendía á democratizarse, rompiendo las barreras que separaban las diversas clases sociales: era imposible hacerlas desaparecer de un golpe, venciendo de una vez las preocupaciones fundadas en la distinción de castas, que impedían el matrimonio entre ellas, y así fué menester empezar por aquella otra unión menos solemne, con algunos tan sólo de los efectos civiles de las justas nupcias. A la variedad de castas, resultado de la conquista en las naciones que tienen este origen, corresponde la variedad de categorías en el matrimonio. En el Imperio Romano sólo los patricios pueden celebrar justas nupciales; para los extranjeros está el matrimonio consensual; para los esclavos el contubernium; para mezclarse individuos de razas diferentes con el patri-ciado era menester haber adquirido el privilegio del connubium, ó pasar por el concubinato. La generalización del connubium confunde al fin las razas; el cristianismo proclama la igualdad ante Dios de todos los hombres; pero como las nuevas conquistas producen nuevas aristocracias, no desaparece la diversidad de razas, nacen nuevos motivos de separación entre ellas, y subsiste la misma necesidad de proveer á la unión de sus individuos con diferentes clases de consorcio. Los legisladores tienden á restringir el uso de los menos dignos, y para ello Justiniano y Alfonso X prohiben el concubinato con personas de oficio vil ó de condición infima. Por último, los sentimientos de igualdad progresan, el espíritu de casta se debilita, el cristianismo impera en absoluto, y entonces es cuando el matrimonio se unifica, desaparece la diversidad de sus ritos, cesa el concubinato legal, llamado barraganía, y si no concluye del todo el matrimonio morganático, es porque se ampara de las formas de la religión, y aun así queda reducido su uso á un corto número de Príncipes y señores.

(1) Decr. Grat. Cau. XXVIII, q. 1, c. 17.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 378

Para que en la sociedad moderna tuvieran tales consorcios igual justificación que en la antigua, sería menester, pues, que no fuese posible mezclarse en matrimonio solemne las diversas clases sociales. Lejos de esto, no hay hoy obstáculo que se oponga á la unión legítima entre ellas: aun la diversidad de cultos cristianos no es ya apenas un verdadero impedimento en los países en que tal variedad existe, por cuanto en ellos suelen hallarse autorizados los obispos para dispensarlo. Así, pues, hoy no tendría más justificación una nueva forma de matrimonio diferente de la cristiana, que la necesidad ó la conveniencia de alterar las condiciones establecidas por la Iglesia. Creo que la constitución dada por ésta al matrimonio, y en su consecuencia á la familia, es la más perfecta; pero, aun suponiendo que no lo fuese, aun concediendo que la filosofía tuviera algo que enmendar en esta materia, ¿obraría cueradamente el legislador adelantándose á reformar por sí lo que en concepto de la casi totalidad de sus súbditos sólo es reformable por la Iglesia? Admitase por un momento que la ciencia moderna puede establecer condiciones para el contrato nupcial más conformes con la filosofía y con el espíritu del tiempo: ¿dejarán por eso de atenerse los católicos al matrimonio religioso? ¿No se pondrá el Estado en contradicción con ellos si opta por el primero y no reconoce en el segundo fuerza ni valor alguno?

§ 6.º — El matrimonio civil según las legislaciones contemporáneas.

En apoyo de estas consideraciones puede también citarse la historia del mismo matrimonio civil en las naciones modernas. Con todo lo que el protestantismo primero, y la revolución después, hicieron para secularizar el matrimonio, todavía prevalece hoy su carácter religioso en la mayor parte del mundo civilizado. Tres son los sistemas hasta ahora seguidos en esta materia: el que no reconoce otro matrimonio legal que el civil y prescinde del religioso; el que admite, á la vez que el matrimonio civil, el de una ó más religiones, y el que atribuye todos los efectos civiles tan sólo al matrimonio religioso de uno ó más cultos autorizados. El primero de estos sistemas es el que estableció la República francesa, y el que, consignado después en el Código civil del Imperio por con-