ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 361

blos. Ningún escritor católico afirmó el primer extremo y prescindió del segundo, como hacen hoy los que pretenden secularizar el matrimonio. Santo Tomás, el gran teólogo y no menos gran filósofo de la Edad Media, reconociendo en el matrimonio, por razón de su fin, que es la propagación de la especie, un bien natural, le llamó «oficio de naturaleza»; estimándolo ordenado á un fin político, confesó su dependencia de las leyes civiles; considerándolo dirigido al bien de la Iglesia, lo declaró subordinado al régimen eclesiástico, y juzgándolo como contrato, reconoció del modo más explícito, que está sujeto á la ley temporal (1). Mas no dijo el doctor angélico en ninguna de sus muchas obras, que el legislador de una nación cristiana, obraría justa y cuerdamente prescindiendo de la Iglesia, al hacer uso de aquella potestad. Léjos de eso lo que leemos en otra de sus obras, es que «no basta que la ley humana establezca nuevos impedimentos del matrimonio, si la autoridad de la Iglesia no interviene, confirmándolos (2).» También reconocieron la competencia del Estado en esta materia, Cristiano Lupo, Ambrosio Catharino, Pedro de Soto, Tomás Sánchez, Gervais y casi todos los teólogos y canonistas. Entre los antiguos no recuerdo que la haya negado más que Pontius (3), el cual sostuvo que cuando Cristo elevó el matrimonio á la dignidad de sacramento, privó de aquella potestad á los Príncipes seculares. Pero los mismos que la reconocen, añaden que el Estado la cedió pronto á la Iglesia, ó que fué derogada desde que la Iglesia se la reservó. El docto Tomás Sánchez, después de decir que el soberano, por la naturaleza de su potestad, puede establecer con justa causa impedimentos disrimentes del matrimonio, fundándose en que si bien es este un sacramento, su materia es el contrato civil, sujeto en cuanto á sus condiciones á la autoridad temporal, añade que puede la Iglesia prohibir á los Príncipes el uso de esta facultad, reservándose la para sí, en cuyo caso serán nulas todas las disposiciones que ellos dictarán contra esta reserva, introduciendo nuevos impedimentos. Y la razón que da de esta segunda parte de su doctrina, dista mucho

(1) Lib. IV, contra gentes, c. 28. «Matrimonium in quantum ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi leges civilis.»
(2) «Prohibitionem legis humanae non sufficere ad impedimenta matrimonii, nisi interveniret Ecclesiae auctoritas, hoc idem prohibentis.» S. Thom., in IV, Dist. 42, art. 2, ad. 1.
(3) Lib. IV. De matrim. c. 2.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 362

por cierto de tener tanta fuerza como la alegada en apoyo de la primera. Dice que estando sujeta la potestad temporal á la espiritual, en cuanto toca á fines espirituales y sobrenaturales, puede ésta obligar á aquella y prescribirle límites en las cosas temporales, conjuntas con las espirituales, como lo es el contrato de matrimonio elevado á sacramento. De todo lo cual deduce que los Príncipes seculares católicos no conservan la facultad que tuvieron de establecer cosa alguna sobre los impedimentos y la disolución del matrimonio (1).

No puede por lo tanto citarse la autoridad de antiguos teólogos y canonistas católicos en apoyo de las opiniones modernas que atribuyen al Estado la potestad absoluta de legislar sobre esta materia. Dígase en buen hora que el soberano conserva inmanente esta potestad, que ni su cesión á la Iglesia resulta consignada en ninguna ley irrevocable, ni su reserva por la misma Iglesia aparece decretada expresamente en ninguna constitución eclesiástica: que si en algún tiempo la hubiera renunciado un Príncipe, otro habría podido revocar después esta renuncia, y que si tal reserva existiese, excedería los límites que fijó Jesucristo á la autoridad de la Iglesia; mas no se infiera de aquí, que siendo el matrimonio á la vez Sacramento y contrato, según la creencia católica, usa legítimamente de sus facultades el Estado legislando para católicos sobre el contrato, sin tener en cuenta las condiciones del sacramento. Lo más que puede deducirse de la doctrina teológica antes expuesta, es que entre los no católicos, para quienes el matrimonio no es Sacramento, puede el soberano legislar acerca de él, con independencia de la Iglesia, lo que juzgue más conveniente. Así dice Tomás Sánchez invocando la autoridad del Tostado, que el Príncipe puede establecer impedimentos dirimentes al matrimonio entre sus súbditos infieles, y que las causas matrimoniales de éstos deben ventilarse, no en los tribunales eclesiásticos, sino en los seculares (2).

Lo que limita, pues, la competencia del Estado en la materia de

(1) «Potest nihilominus Ecclesia Principibus fidelibus hujus potestatis usum interdicere sibique reservare, qua id efficiente, irrita erant leges Principis secularis contra eam reservationem matrimonium dirimentes, inspiciendae... Illoc deducitur primo non esse integrum hodie Principi seculari fidelis disponere aliquid circa matrimonia fidelium impedienda aut dissolvenda.» Dirupit de sacr. matrim., lib. VII. Disp. 3.
(2) Obr. cit. lib. VII., disp. 3, n. 8, 9.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 363

que se trata, es el hecho de haber establecido la Iglesia las condiciones del sacramento y la creencia católica de que sólo es legítima la unión conyugal que el sacerdote santifica. ¿Fue competente la Iglesia para determinar aquellas condiciones? ¿Es fundada esta creencia?

§ IV. —VICISITUDES DE LA POTESTAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE MATRIMONIO.

Ya he dicho que en los primeros siglos de la era cristiana aceptó la Iglesia el contrato nupcial como existía según las leyes civiles, sin sujetarlo á condiciones nuevas que afectaran á su validez ni á su subsistencia después de contraído. Los Emperadores siguieron, pues, dictando aquellas leyes, y en ocasiones dispensando su cumplimiento, así como los tribunales civiles continuaron conociendo de las causas matrimoniales. Llenos están los Códigos imperiales de rescriptos, edictos y novelas sobre las condiciones e impedimentos del matrimonio, el repudio, el divorcio y otras materias concernientes al mismo. Los Emperadores cristianos Teodosio, Arcadio, Anastasio, Justino, Justiniano y otros legislaron acerca de ellas. Una ley de Honorio, inserta en el Código Teodosiano (1), da testimonio de la facultad de dispensar impedimentos que usaban los Emperadores, y del abuso que solía hacerse de ella. Casiodoro nos ha conservado la fórmula con que Teodosio, Rey de Italia, dispensaba el impedimento de consanguineidad entre primos hermanos (2). Nuestro Rey Recesvinto extendió hasta el sexto grado el impedimento de consanguineidad y el de afinidad (3). Pudiera añadir otros muchos ejemplos.

Mas como la Iglesia no podía tampoco mirar con indiferencia el contrato de que al fin dependía la suerte del sacramento, que era de su exclusiva competencia, se creyó también autorizada para legislar, á la vez que los emperadores, sobre el mismo asunto, y para sancionar con penas eclesiásticas las leyes civiles, ya para introducir prescripciones nuevas, que la mudanza de los tiempos hacían necesarias. A veces, sin embargo, los mismos Concilios que

(1) L. un. t. 10, lib. III.
(2) Variar. lib. VII, c. 48.
(3) For. jud. l. 1, t. 5, lib. III.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 364

dictaban estos acuerdos pedían al emperador que los confirmase con sus rescriptos. Así sucedió en el Sinodo Milevítano, el cual habiendo condenado á penitencia al cónyuge repudiado ó abandonado por el otro, que en vida de éste contrajese nuevo matrimonio, acordó también que se solicitase sobre ello una ley imperial. Por lo demás, el concilio de Ancyra, celebrado en 314, condenó el matrimonio sucesivo de un hombre con dos hermanas; el de Laodicea lo prohibió entre los hijos de los clérigos y los herejes; el Ilberitano, de principios del siglo IV, el Cartaginense tercero, de 397, el cuarto de la misma ciudad de Cartago, el 4.º y 13.º de Toledo, del siglo VII y otros muchos introdujeron impedimentos nuevos ó fijaron nuevas condiciones al Sacramento del Matrimonio.

Mas de ser á la vez la Iglesia y el Estado legisladores en esta materia, y de serlo aquella las más veces por órgano de los concilios provinciales, cuya autoridad era limitada á su territorio, resultó, como no podía menos de suceder, una legislación incoherente, confusa y hasta contradictoria. En cada provincia ó diócesis estaba sujeto el matrimonio á distinto régimen, según las reglas especiales ó las costumbres introducidas en ella. La ley civil no era conforme con la cristiana en puntos tan importantes como el divorcio, los límites del parentesco, considerado como impedimento del matrimonio, y otras causas de las que también debían im- pedirlo. San Basilio, respondiendo á una consulta sobre varios puntos de disciplina, relativos algunos á impedimentos matrimoniales, hace saber que en su tiempo no había acerca de ellos derecho ni costumbres generalmente recibidos, y que cada provincia se regía por disposiciones y usos particulares (1). En Oriente, según San Ambrosio, no había aún en el siglo IV sobre el impedimento de consanguineidad más ley que la civil, y cada diócesis se gobernaba por ella ó por lo que disponía la prudencia del obispo (2). Preguntado el Papa San Gregorio á fines del siglo VI ó principios del VII hasta qué grado de parentesco alcanzaba la prohibición del matrimonio, contestó: «La ley romana lo permite entre primos hermanos, pero la ley sagrada lo prohíbe rigurosamente.» De modo que habían llegado á estar en contradicción la ley civil y la canónica.

(1) Epist. ad Anfloquium.
(2) Epist. ad Paternum.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 365

Cuál era el remedio en tales conflictos? ¿Cómo introducir en este ramo importantísimo de la legislación la unidad indispensable? ¿Cómo restablecer la armonía necesaria entre el sacramento y el contrato nupcial? Sólo había un medio, y era atribuir á una de las dos potestades la facultad exclusiva de legislar en esta materia. En la necesidad de optar por una de ellas, yo pregunto: ¿cuál debió preferirse, aun sin tener en cuenta otras consideraciones que las humanas? Si la potestad civil hubiera fijado exclusivamente en todo el orbe católico las condiciones del contrato nupcial; si la Iglesia se hubiera limitado á consagrar con sus fórmulas sacramentales todos los actos que tuvieran aquellas condiciones, habría perdido uno de sus caracteres más importantes, la unidad y catolicidad de sus sacramentos, y habría dejado comprometida la dignidad del mismo matrimonio. Un mismo acto sería y no sería sacramento, según la latitud en que se verificase: un mismo consorcio sería concubinato ó matrimonio legítimo, según el grado de ilustración, las costumbres ó los progresos legislativos del pueblo en que tuviese efecto. Y como sobre todo esto había la circunstancia de que la opción entre una y otra potestad se hacía en la Edad Media, uno de cuyos caracteres distintivos era la variedad infinita y el particularismo de todas las instituciones, no puede dudarse que la del matrimonio habría participado de este carácter con mengua propia y degradación del sacramento.

Si pues lo que se buscaba era la unidad de esta institución y que cesaran el desorden y las antinomias de su régimen, no había que buscar el remedio en una entidad tan múltiple, variable e inconsistente como la potestad temporal, si no en aquella que únicamente tenía entonces cierto carácter de universalidad, la Iglesia. Esta era la sola autoridad competente para dictar reglas generales y uniformes, y la única también que tenía entonces fuerza moral bastante para hacerse obedecer por todos. Ella era además como depositaria de todo el saber y de toda la ilustración de la época, quien con más conocimiento de las necesidades públicas y de la materia en cuestión, podía legislar sobre ella. La elección, pues, no era dudosa: entre un clero preponderante por su ciencia y por sus virtudes, y unos señores feudales soberanos, extraños á todo saber, rudos, groseros y sin otro título que la fuerza; entre la unidad sabia y la muchedumbre imperita, no es de admirar que sin repugnancia optasen todos por la primera. Así es como la po-
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 366

testad temporal dejó de legislar sobre este asunto con independencia de la Iglesia; así es como empezó ésta á hacerlo exclusivamente, con ventaja de la civilización y de la dignidad del matrimonio.

En Occidente dejó, pues, de legislar el Estado sobre esta materia con independencia de la Iglesia desde que cesó el dominio de los Emperadores. Carlo-Magno, estimándose heredero de ellos, dictó en verdad algunas capitulares acerca de la forma y efectos del matrimonio; pero entonces era la Iglesia, fueron los Obispos los que hablaron por su boca, y así sus leyes estaban en perfecto acuerdo con el espíritu y la antigua disciplina de los cristianos. En Oriente fué donde por haber continuado el régimen imperial, conservándose con más rigor las prácticas y tradiciones de la curia, siguieron los Emperadores legislando sobre este y otros asuntos eclesiásticos, lo cual no hubo de contribuir poco al cisma que todavía subsiste. Mas en Occidente desde que se dividió el Imperio de Carlo-Magno, naciendo de él Estudios numerosos, cada uno con su legislación civil especial, la Iglesia trabajó con más fruto en perfeccionar y uniformar el régimen del matrimonio; y los pequeños soberanos, aunque independientes, aceptaron gustosos su auxilio y acogieron su obra sin pretender alterarla ni sustituirla con otra exclusivamente suya, obrando en ello con singular cordura. Los Papas Gregorio III y Zacarias en el siglo VIII, Nicolás I y varios Concilios en el IX, Nicolás II y Alejandro II en el XI, Alejandro III y Celestino III en el XII, y el Concilio general lateranense de 1215 reformaron y modificaron las disposiciones concernientes al impedimento de parentesco. Eugenio II y el Concilio Triburíense en el siglo IX, el Trosleiano en el X, y Gregorio VII en el XI mantuvieron con severas prescripciones la indisolubilidad del matrimonio. Nicolás I aprobó y generalizó el rito nupcial religioso y público, usado ya en muchas iglesias: Alejandro, Celestino y Lucio terceros en el siglo XII, el Concilio de Letran y Gregorio IX en el XIII determinaron la forma, las condiciones y el valor de los esponsales, á pesar de ser este contrato exclusivamente civil. Otras Papas y otros Concilios, que sería prolijo nombrar, dictaron reglas acerca de los demás impedimentos dirimentes ó inspeditentes, sobre la esencia y la forma del matrimonio y áun respecto á las cosas profanas accesorias á él, como la dote y donaciones esponsalicias, la legitimidad de los hijos y otras materias,
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 367

que por su naturaleza son de la competencia exclusiva de los tribunales civiles.

Todos los Príncipes católicos aceptaron la legislación canónica, y ninguno pretendió introducir en ella novedad alguna que alterase las buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia, por lo menos en Occidente, hasta que los apóstoles del protestantismo en Alemania pretendieron reformar el matrimonio. Lutero y Melanthon, partiendo del falso principio de que sólo son sacramentos aquellos que fueron por primera vez instituidos en la nueva ley de Jesucristo y son testimonio de la gracia y de la remisión de los pecados, negaron aquel sagrado carácter, tanto al Matrimonio como á la Confirmación, el Orden y la Extremaunción, no reconociendo más sacramentos que el Bautismo, la Eucaristía y la Penitencia. Despojado así el matrimonio de aquel divino carácter, aunque sin dejar de ser un acto religioso, fue más fácil acomodarlo á las necesidades de la nueva secta y aun emplearlo como instrumento para propagar y arraigar sus doctrinas. Instados Lutero, Melanthon y Bucer por el Landgrave de Hesse, gran feutor de la herejía, para que le diesen por escrito un parecer que le autorizara á casarse en secreto con otra mujer, sin separarse de la primera, respondieron los tres doctores que podía el Príncipe contraer este segundo matrimonio secretamente, si bien declarando que esto se entendiese no como disposición general, sino como dispensa de ley otorgada en vista de la necesidad extrema alegada por el solicitante y atendida la que tenía la nueva Iglesia del favor de los poderosos (1). Y en efecto, el Landgrave se apresuró á usar de este permiso, y contrajo un segundo matrimonio, con escándalo, no sólo de los católicos, sino de los mismos protestantes, que no juzgaban de igual modo que sus apóstoles el valor de tan culpable condescendencia.

Mas si semejante atentado fué posible cuando la doctrina luterana establecía la monogamia, condenaba las dispensas canónicas y sólo autorizaba el divorcio en casos muy señalados, no es de admirar que con ella y con el favor que le daban los Príncipes del Imperio volviese hasta cierto punto el matrimonio á la jurisdicción temporal. Contribuía sobre manera á coherenciar este propósito el ejemplo de la primitiva disciplina, cuyo restablecimiento se

(1) Bossuet. Hist. des Variations des églises protestantes, liv. VI
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 368

proponían los reformadores y con la cual se compadecía el ejercicio frecuente de las facultades legislativas del Estado sobre esta materia. Así el Landgrave al pedir á Lutero, Bucer y Melanthon la consulta de que queda hecha mención, por una parte les ofrecía como estímulo á su complacencia los bienes eclesiásticos, y por otra, en el caso de que no opinasen como solicitaba su deseo, les anunciaba que acudiría al Emperador por la dispensa, añadiendo que con gratificar á sus Ministros estaba seguro de alcanzarla. Aún aparece más terminante esta doctrina en la misma confesión de Ausburgo. En ella, después de condenarse el celibato eclesiástico como contrario á la ley de Dios y al bien de las almas, se rogaba al Emperador que lo prohibiera en sus dominios, en uso de su soberanía y en cumplimiento del deber en que se hallaba de procurar la salud y el bienestar de sus vasallos. «Entender el evangelio, añadía, juzgar del dogma y vigilar para que no se admitan opiniones impías, no sólo es atribución de los Obispos, sino de los Príncipes piadosos y más aún del Emperador (1).»

Rebajada la dignidad del matrimonio, abolido el celibato eclesiástico, relajados los votos monásticos y restablecida la competencia del Estado en todo lo que á estos puntos se refiere, pudo Lutero casarse con una monja apóstata é impúdica, y Enrique VIII de Inglaterra repudiar diferentes mujeres y tomar otras, siendo juez en su propia causa. Con no ser ya sacramento el matrimonio, según la nueva doctrina, fué más fácil alterar sus condiciones, reduciendo sus impedimentos, exigiendo como requisito dirimente la licencia paterna y autorizando la disolución del vínculo en caso de adulterio ó deserción, así como el nuevo matrimonio del cónyuge inocente (2). Admitida poco después en Inglaterra la reforma protestante, la nueva Iglesia reconoció como jefe supremo espiritual al soberano, y en su consecuencia á él pasó toda la potestad legislativa y la jurisdicción suprema en cuanto al matrimonio. Así Enrique VIII reformó la legislación canónica sobre impedimentos dirimentes, conservando tan sólo los consignados en el Levítico, y dictó otras varias disposiciones de la mayor trascendencia. Eduardo VI revocó ó modificó luego algunas de ellas, usando de la misma autoridad; y los Reyes de Inglaterra con el Parlamento

(1) Melanthon. Corpus doctrina christiane.—Articuli fidei principii. De conjug. sacerdotum.

(2) Melanthon. Obr. cit. Confessio doctrinae ecclesiarum Suavnicarum. De conjugio.
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 369

han seguido después legislando sobre esta materia como sobre las demás canónicas, pero en su calidad de jefes de la Iglesia anglicana, y por lo tanto sin que el matrimonio haya perdido en sus manos el carácter religioso.

Por todo lo cual se ve que los protestantes, en realidad, no secularizaron el matrimonio, aunque lo degradaran, puesto que no revocaron esencialmente la elección, que entre la Iglesia y el Estado había hecho á favor de la primera, el mundo católico. Algunos siglos antes había éste preferido la potestad eclesiástica á la temporal, como legisladora en la materia; los protestantes del siglo XVI, atribuyendo al soberano la misma facultad legislativa, no alteraron su naturaleza canónica, puesto que empezaron por reconocer en él la suprema, ó la casi suprema potestad eclesiástica. Mas el ejemplo de lo que pasa en los Estados protestantes confirma lo que antes dije sobre las consecuencias que habría tenido para la institución del matrimonio, su dignidad y su consideración en el mundo, la preponderancia absoluta de la potestad civil en su organización y régimen. En esos Estados varían tanto como sus leyes las condiciones más importantes del contrato matrimonial: en unos es impedimento dirimente, lo que en otros no altera la subsistencia del vínculo: aquí es hábil por su edad para casarse, el que en otra parte es tenido por incapaz: ya es fácil el divorcio, ya difícil: quiénes admiten para él siete causas, quiénes cinco, quiénes dos solamente. Y si hoy, que la civilización va tan adelantada en el camino de la unidad, existe tal variedad de régimen y disciplina; ¿cuál habría sido en la Edad Media, cuando la legislación era mucho más local, y los estímulos para acomodarla á conveniencias personales ó transitorias eran más prepotentes?

§ 5.º—EL MATRIMONIO CIVIL SEGUN LA CIENCIA POLÍTICA Y LA HISTORIA.

La doctrina protestante, sin secularizar el matrimonio, abrió ancha senda á otros innovadores para hacerlo. No siendo ya aquel un sacramento, reducido á contrato civil con ceremonias del culto externo, y admitida la competencia del Estado en todo lo que se refiere á la disciplina exterior de la Iglesia, no fué menester dis-
Revista de España (1870-03-01 00:00:00), página 37

BIOTINTO.

Producto de 20.159 toneladas inglesas de cobre (6 arrobas castellanas 1.773.992) que se proponen sacar cada año..................... Rs. vn. 240.028.667
Gastos comerciales y de beneficio............. 82.086.612

Renta líquida anual... 157.937.025

Haciendo las conducciones por camino de hierro, la renta la estiman en 166.205.561 rs.

Al fólio 145 pretenden demostrar, que según sus cálculos, la antedicha extracción puede verificarse por espacio de once y medio siglos.

Al fólio 158 discurren sobre las dificultades de tasar la mina; y si bien han demostrado la renta que puede sacar el Estado, abstéñense de fijar su total valor, no sea que prejuzguen una cuestión que otros deben resolver; concibiendo sin embargo que ha de ser muy grande, y opinando, en suma, que la parte industrial es la que debe ser enajenada.

Ventas que indican:
A perpetuidad y cobrando su precio de una vez.
Arriendo por más ó menos tiempo.
Venta á condición de percibir un tanto por quintal de cobre producido.
Venta de una cantidad anual de mineral á la boca-mina por un tiempo dado.
Venta á perpetuidad con un cánón anual.
Prefieren, de todos estos medios, el penúltimo ó sea la venta del mineral á la boca-mina por espacio de treinta á cuarenta años.

Resulta de lo expuesto, que el mineral que entraña Riotinto, según la demostración primera, vale 7.999.155.700 rs., á 100 la arroba, y que según la segunda, importa 7.775.397.790 rs.

Resulta igualmente que debe dar al año una renta líquida de 157.937.025 rs.; y hecho un ferro-carril, 166.205.561; las cuales sumas, capitalizándolas, suponen:

que al 3 por 100, según la primera renta de, 157.937.025
ha de dar en venta......................... 5.264.567.500
y al 5 por 100............................ 3.158.740.500
Por la segunda renta anual de........... 166.205.561