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sideraciones especiales, pasó con él á Bélgica, Holanda Neufchatel y Haití, y ha sido recientemente admitido en Italia.

Estos ejemplos, que, como se ve, no pasan de seis, son los únicos que pueden hoy citarse en apoyo del matrimonio civil exclusivo. No diré que carecen de toda fuerza, pero sí que se disminuye mucho su valor si se consideran las circunstancias que explican su existencia, y sobre todo si se comparan con los numerosos ejemplos contrarios que Europa y América á la vez ofrecen. En Francia antes de 1787 los matrimonios entre los no católicos no producían efectos civiles. Aún el edicto de Nantes con que Enrique IV puso término á la guerra religiosa, reconociendo la existencia legal del protestantismo y autorizando su culto, obligó á los que lo profesaban á guardar las leyes de la Iglesia católica sobre impedimentos de parentesco. Otras leyes posteriores declararon nulos y calificaron de concubinatos los matrimonios de los protestantes, privando en su consecuencia del carácter y de los derechos de legítimos á los hijos que nacieran de ellos Con lo cual, y con la revocación posterior del edicto de Nantes, quedaron reducidos los que profesaban culto diferente del católico á la cruel alternativa de profanar con una conversión simulada un sacramento en que no creían, á fin de poderse casar ante la Iglesia católica, ó de mancillar el estado y perjudicar los derechos de sus hijos, contrayendo ante sus propios ministros un matrimonio nulo según la ley. Y como entre Protestantes é Israelitas eran no pocos los Franceses á quienes alcanzaban estas leyes de proscripción, no era posible sostenerlas con las ideas filosóficas, el espíritu innovador y el escepticismo religioso del siglo XVIII. También contribuía á hacer más injustificable aquella violenta alternativa la opinión de los jurisconsultos, que la achacaban á las leyes antiguas, que habían confundido cosas por su naturaleza tan distintas como el contrato y el sacramento del matrimonio. Luis XVI, pagando á la civilización justo tributo, quiso poner remedio á tan grave daño, y considerando que repugnaria menos á los católicos una fórmula nupcial autorizada por el Estado para los efectos civiles que el reconocimiento solemne, para los mismos efectos, de las ceremonias religiosas de cultos proscritos, optó por lo primero. Así, al decretar la tolerancia religiosa en su edicto de 1787, haciendo cesar las incapacidades legales de los protestantes, como no podía reconocer la validez de sus matrimonios meramente religiosos, sin autorizar implicitamente el ejercicio
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habrá de producir al 3 por 100 ............ 5.606.852.033,33
y al 5 por 100 .................................. 3.364.111.220

Tal es la Memoria suscrita por el Sr. Anciola.

Y aun hay más. En sesión de 12 de Abril de 1858, el señor diputado Aldama, ingeniero del Cuerpo, reprodujo en plenas Cortes los mismos datos, y todavía hubo de añadir otros ya algo más verosímiles, sacados evidentemente, aunque no declaró el origen, de una luminosisima Memoria (muy poco conocida y de la cual me haré yo cargo también en el curso de mi trabajo), escrita por el aventajado ingeniero de la escuela de Frieberg, Jorge Rieken. El discurso del Sr. Aldama causó muy honda sensación, y las Cortes y el país tenían motivo fundado para esperar la redención de nuestra pobre Hacienda, con sólo sacar á flote la colossal riqueza que, recondita, guardaba en sus entrañas Riotinto.

Pues bien; yo que poco antes de denunciarse al mundo absorto esas ignotas maravillas por los susodichos señores ingenieros, había visto descorazonado y con pena que el Director facultativo de la mina, Sr. Sumpayo, daba parte de que pronto no existiría mineral que explotar, ó sea campo de labor; y que en su consecuencia hubo de procederse á grandes y costosos trabajos de exploración, dirigidos estos con fortuna, y premiados por el Sr. Madoz, en 17 de Mayo de 1855, con la Encomienda de Carlos III al Sr. Ezquerra del Bayo, y con la Cruz de caballero de la misma Orden, á los ingenieros Perez Moreno y D. Juan Riker; yo que tenía á mano un informe del eminente Aribau, en el cual, lleno de entusiasmo por el valor de la mina aquella, decía al Gobierno que lo mismo podía valer 40 millones que 100, una vez hecho el camino hasta Sevilla; yo que informado por el ingeniero de la Dirección, veía que para desenvolver su beneficio en regular escala, era necesario emplear de pronto 20 millones cuando menos, y resignarse á no sacar productos en algunos tiempos; yo que tenía en mi poder las proposiciones varias á que alude en su discurso el Sr. Aldama, calificándolas sobremanera de ventajosas; así la de D. Segundo Moreno Torres, como la de D. Enrique Misley, como la de D. Miguel Gomez, la de D. Agustin Martinez Alcibar, la de Don Juan Garcia Castañeda, la de D. Julian Artaloitia, D. Juan Ugarte, D. Venancio Martinez, D. Francisco Argüelles y más que he olvidado; ya de arriendo, ya de canon anual, ó ya de compra de minerales; con harta razón rechazadas, unas por los facultativos
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público de un culto que sólo se proponía tolerar, le fué forzoso autorizarles para casarse ante un oficial de la administración civil, que en nombre de la ley pronunciara la fórmula de quedar unidos los contrayentes en legítimo e indisoluble consorcio.

Se dió, pues, la preferencia al matrimonio civil, como sistema más conforme con la unidad religiosa, ó la preponderancia oficial del catolicismo, en menosprecio de las otras comuniones, á cuyos ritos no quería darse valor alguno, y para el uso tan sólo de los que pertenecían á ellas. Pero á los dos años estalló la revolución, y proclamada la libertad de cultos, la Constitución de 1791 declaró, en consecuencia de ella, que la ley no consideraba el matrimonio sino como contrato civil. Todavía entonces pudo volver á optar el legislador entre establecer la fórmula de este contrato, equiparándolo á cualquiera otro civil, ó reconocer como tal el que autorizaran y bendijeran los cultos reconocidos; mas no es de admirar que prefiriese lo primero, ya por ser un sistema establecido respecto á los no católicos, ya también por ser el más favorable á la tendencia de arrojar á Dios de todos sus altares, declarando la guerra á todas las religiones positivas. Y hé aquí cómo lo que pocos años antes ofendía menos los sentimientos católicos, generalizado ahora á todos los Franceses, era lo más contrario al espíritu religioso. Por eso la ley de 1792 organizó civilmente el matrimonio, prescindiendo de toda religión positiva, determinó sus condiciones y sus impedimentos, mandó celebrarlo en presencia de un oficial del estado civil y autorizó el divorcio.

El matrimonio republicano, como entonces se decía, era, pues, una institución establecida hacía ya algunos años, cuando se redactó el Código Napoleón. Los autores de éste pudieron entonces adoptar otro sistema, pero como su obra era de transacción entre los principios tradicionales que la revolución había desconocido y las doctrinas y los intereses que con ella se habían hasta cierto punto arraigado, admitieron el matrimonio civil, á trueque de suprimir otras instituciones más perjudiciales, y de no desautorizar con su condenación todos los matrimonios celebrados únicamente de aquel modo, bajo la garantía de las leyes. Por estas consideraciones, y la más poderosa de no desagradar al primer Cónsul Bonaparte, que lo defendía y deseaba, admitieron también el divorcio los autores del Código, á pesar de rechazarlo la opinión sensata del país; y el divorcio no desapareció, como es sabido, hasta después que sucumbió el Imperio.
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Bélgica y Holanda que, formando parte de la Francia, recibieron sus leyes, ¿cómo no habían de aceptar también el matrimonio civil consignado en ellas? El cantón de Neufchatel y Haití, dando al Código francés carta de naturaleza, también como parte de él lo recibieron. La Italia moderna, en fin, reformando y unificando su legislación con sentimientos hostiles á la Iglesia, con cuyo jefe se hallaba su Gobierno y se hallaba todavía en profundo desacuerdo, no es extraño que haya seguido el ejemplo de la Convención francesa de 1792. Quizá alguna de las repúblicas de la América del Sur, cuya moderna legislación no me es conocida, haya seguido también las huellas de Francia. Pero ¿qué valen estos poco y algunos de ellos desautorizados ejemplos de legislaciones contemporáneas, que sólo reconocen como matrimonio legítimo el civil, en presencia de tantas otras que ó no lo aceptan sino como supletorio del religioso, ó admiten tan sólo este último?

En Inglaterra, hasta el reinado de Guillermo IV, no había otro matrimonio legítimo que el religioso. La ley civil declaraba nulo y sin efecto el que no se celebrara en alguna Iglesia destinada pública y legalmente al culto. Las Actas 6 y 7 de aquel reinado, reformando la legislación anterior de Jorge II y Jorge IV, tachada un tanto de intolerancia á favor de la Iglesia anglicana, mantuvo y fortaleció con nuevas prescripciones el matrimonio religioso, según las varias confesiones admitidas, pero agregando al mismo tiempo otra forma meramente civil de contraerlo. Desde entonces reconoce allí el Estado, para los efectos civiles, tres clases de matrimonios: el celebrado conforme al rito de la Iglesia anglicana, que es por cierto muy parecido al de la Iglesia católica; el verificado conforme á otros ritos establecidos, el cual debe celebrarse en lugar religioso, destinado oficialmente al respectivo culto, á puerta abierta, desde las ocho hasta las doce del día, en presencia del oficial del Registro civil y dos testigos, y con determinada fórmula, que exprese la voluntad de los contrayentes, y su declaración de no hallarse ligados por ningún impedimento legítimo; y por último, es válido también el matrimonio que con las proclamas previas y demás formalidades correspondientes, se otorga ante el Superintendente del Registro civil, en su oficina y con la misma publicidad y fórmulas antedichas. Los Quákers y los Judíos, cuyos matrimonios no se estimaban antes como enteramente legítimos, pudieron desde entonces contraerlos conforme
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á sus ritos, con todos los efectos civiles correspondientes, siempre que los notifiquen al Superintendente del Registro civil (1). Lo que en Inglaterra es condición común á los matrimonios de todas clases, es el anuncio anticipado de su próxima celebración en la Oficina del Registro, á fin de hacer constar con certificado de ella, que nadie pone impedimento al acto. La forma puramente civil del matrimonio, ante el Superintendente del Registro, es del todo voluntaria y como supletoria de las otras. La fundamental, y la generalmente usada es la religiosa, según cualquiera de las confesiones recibidas, sin más intervención del Estado que la necesaria para la publicidad previa, y la inscripción posterior en el Registro.

En los Estados Unidos es váría la legislación, pero en ninguno de ellos existe el matrimonio civil exclusivo. En los más de los Estados rige todavía el antiguo derecho común inglés, el cual, conformándose con la disciplina canónica, estima válido todo matrimonio entre personas hábiles para contraerlo, siempre que se pruebe el mutuo consentimiento, y aunque no medie ninguna formalidad religiosa. Los Estados que no tienen sobre esta materia una legislación especial posterior, reconocen dos clases de matrimonios, los que se celebran ante un ministro de cualquiera de los cultos admitidos y conforme á sus ritos, y los que tienen lugar ante un magistrado municipal ó juez de paz, ó ante testigos fidedignos, ó por presunción de ley, fundada en la cohabitación continua ó la fama pública, y por último de cualquier modo que baste para acreditar el consentimiento de los contrayentes. En otros Estados, como el de Maine y el de Massachusetts, se requiere para la validez del matrimonio que se celebre en presencia ó con asentimiento de un ministro del evangelio ó de un magistrado civil. Hállos también en que se exige el mismo requisito, aunque no bajo pena de nulidad, ó en que el legislador se limita á recomendar su cumplimiento, como sucede en Nueva-York (2).

En la Luisiana, cuyo Código fué ya fundido en el molde de los del Continente europeo, puede celebrarse el matrimonio, bien ante un sacerdote ó ministro de cualquier comunión religiosa, domiciliado en el lugar, ó bien ante un juez de paz expresamente autorizado por el juez de la parroquia. Necesitase además en todo

(1) Cabinet Lawyer. Marriage.
(2) Kent: Commentaries on the American Law. Lectur. 26.
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caso que este magistrado dé su previa licencia, después de publicar las proclamas correspondientes y de exigir al varón que solicite el matrimonio una fianza en dinero, de que no existe impedimento que lo embarace. Celebrese después el acto en presencia de tres testigos y del sacerdote ó magistrado, según prefieran los contrayentes, y se extiende un acta que todos firman (1). Se ve, pues, que en los Estados Unidos, no obstante la infinita variedad de su legislación, hay en ella un principio común, que es el de respetar como contratos igualmente legítimos y valederos el matrimonio civil y el religioso.

Este mismo principio ha prevalecido en el canton de Vaud (2), pero con la circunstancia de que allí, hasta en el matrimonio civil, tienen alguna intervención los ministros del culto. Según la legislación antigua, todo matrimonio debía celebrarse públicamente en la iglesia respectiva y en presencia de dos testigos, después de haberse leído en ella las proclamas con la anticipación debida. Una ley de 1835, sin alterar esta antigua forma, ha autorizado además el matrimonio ante el juez de paz y dos testigos en la casa Municipal, pero acreditándose con un atestado del ministro del culto respectivo haber tenido lugar en su iglesia las tres amonestaciones, sin resultar impedimento alguno. En todo caso es el pastor de la parroquia quien lleva el registro civil y sus certificados hacen fe en juicio.

En el canton de Friburgo, donde las disensiones religiosas son mucho más profundas que en Vaud, las condiciones y formas del matrimonio, su subsistencia y su disolución se rigen por leyes especiales, pero diferentes, una para los católicos y otra para las demás comuniones cristianas. En Noruega los que profesan la religión del Estado, que es la luterana, se casan únicamente ante el pastor respectivo, en cuya iglesia se publican las amonestaciones. Los que profesan culto diferente se casan por escritura pública, ante un notario, el cual cuida de que se cumplan las formalidades debidas. El registro civil se lleva por los ministros de las diferentes religiones.

(1) Civil Code of the States of Louisiana. 1825.
(2) Los Códigos y leyes que se citan en adelante y no tengan llamada especial al pie de la página, pueden verse en Saint Joseph «Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoleon : seconde édition refondue et augmentée des plus de 40 pays. Paris 1856.»
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En Wurtemberg el matrimonio de los católicos, el de los protestantes y el de los israelitas, no tienen más ley que la religiosa respectiva; pero se usa el matrimonio civil entre personas de diferente culto, cuya unión se nieguen á autorizar los respectivos ministros, y entre las que profesan cultos no reconocidos, como los Anabaptistas y los Quákeros. Fuera de estos casos excepcionales, la iglesia, el templo ó la sinagoga es el lugar en que se celebra el matrimonio, y el cura, el pastor ó el rabino, el ministro que lo bendice.

En Polonia sólo es legítimo el matrimonio religioso entre los que profesan cualquier culto que lo exija, y el ministro del mismo culto, si éste tiene parroquia organizada, es el que lleva el registro civil y publica las proclamas. Mas por si algún culto no exigiera acto religioso, ó el que exija deba ser posterior al contrato, previene la ley que este puede autorizarse por el burgo-maestre (alcalde.) Los no católicos, después de casarse según su rito, deben comparecer con el ministro que los haya bendecido, ante el oficial del estado civil, para declarar el matrimonio.

Portugal, últimamente, ha adoptado en su nuevo Código el sistema de Noruega (1). Como allí la religión del Estado y de la inmensa mayoría de los Portugueses es la católica, el matrimonio religioso entre los que la profesan es el único que reconoce la ley y produce efectos civiles. El matrimonio civil solamente ha sido autorizado entre los no católicos, y con régimen muy semejante al canónico de la Iglesia oficial.

Pero el sistema que, como he dicho, predomina en la mayor parte de Europa es el que no reconoce otro matrimonio que el religioso, al cual da todos los efectos de contrato. Así sucede en casi toda la Alemania, en casi toda la Suiza, en los Estados del Norte de Europa, y en otros varios. En Alemania, como en Inglaterra, hay un derecho común, que es el que debe guardarse cuando no exista ley posterior que lo modifique. Según este derecho, el matrimonio se rige exclusivamente por los cánones, con la diferencia de que á los protestantes no son aplicables sino los que ellos reciben como legítimos y obligatorios, conforme á su dogma. Mas aun donde se han promulgado nuevas leyes sobre el matrimonio, no ha sido generalmente para derogar aquel principio. Así sucede en Prusia, donde, según las leyes, el contrato nupcial se consuma

(1) Código civil portugués. Lisboa 1806.
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con la bendicion del sacerdote ó ministro, se publican en la iglesia las amonestaciones y llevan el registro civil de sus respectivos feligreses los curas católicos, los pastores protestantes y los rabinos. Este mismo régimen es el adoptado por el Código austriaco, si bien con la circunstancia de adicionarse en él para los efectos civiles algunas causas de nulidad del matrimonio, que no reconoce la Iglesia católica, y de atribuirse á la jurisdiccion temporal facultad de declararlas. Para la validez del contrato se exige allí, además del consentimiento libre de las partes, la publicacion de las amonestaciones. El consentimiento debe prestarse en presencia del cura católico ó del pastor evangélico. Las proclamas deben publicarse en el templo, pero los tribunales civiles pueden dispensar hasta dos de ellas. Entre los israelitas es válido el matrimonio cuando lo autoriza el Baylío del Círculo respectivo, pero el rabino es quien lo bendice y lo consigna en el registro civil, y las proclamas y la consagración tienen lugar en la Sinagoga. Si sufrieron modificacion algunas de estas disposiciones legales por el Concordato de 1865, que restableció la disciplina canónica y la exclusiva jurisdiccion de la Iglesia en las causas matrimoniales, han vuelto á estar en vigor desde la reciente derogacion de aquel Convenio.

En Baviera, donde la religion del Estado es la católica, rige, como se puede suponer, el derecho canónico, se lleva el registro civil por los párrocos, y juzgan de la validez de los matrimonios los tribunales eclesiásticos. En Baden, Estado protestante, no sólo no hay tampoco matrimonio civil, sino que fueron derogados los artículos del Código francés, que allí regía, sobre el registro civil, para encomendar este servicio á los ministros de los respectivos cultos. Otro tanto sucede en Sajonia, donde es requisito del matrimonio la bendicion nupcial, prévia la publicacion de las amonestaciones en la iglesia, y conocen de las causas matrimoniales los tribunales eclesiásticos. En Brunswick, donde la ley civil prohibe el matrimonio entre Judíos y Cristianos, el de estos últimos debe celebrarse públicamente en la iglesia ó el templo con la bendicion del pastor evangélico ó del cura católico. En Francfort y en los demás Estados alemanes rige asimismo el derecho comun, indicado antes.

La misma bendicion pública ante dos testigos y el cura católico ó el ministro evangélico, prévias amonestaciones eclesiásticas, es indispensable en los cantones suizos de Lucerna, Argovia, Appenzell, Basilea, Berna, Saint-Gall, Soleura, Tessino, Zurich y Gi-
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nebra. En Appenzell exige además la ley que los contrayentes protestantes justifiquen haber comulgado, según su rito; en Argovia son indispensables las proclamas en la iglesia para la validez del matrimonio. En este cantón y en los otros exclusivamente católicos de Lucerna y Tessino, nada prescribe la ley respecto al matrimonio de los que viven fuera del gremio de la Iglesia oficial. En Soleura, si el cura católico rehúsa, sin justa causa, bendecir algún matrimonio, el Consejo de Gobierno puede autorizarlo, pero con tal que se celebre ante el ministro de otro culto; y en casi todos los cantones está encomendado el registro civil á los respectivos párrocos, ya exclusivamente, ó ya con intervención de la autoridad municipal. En Suecia y en Dinamarca es también el matrimonio un acto religioso que debe verificarse en la forma prescrita por el culto.

En Italia regía también el derecho canónico, y los Estados que modernamente habían reformado su legislación, aun aquellos que establecieron registro civil independiente del eclesiástico, conservaron el matrimonio religioso con efectos civiles, hasta su incorporación á Cerdeña. Los autores del Código de las Dos Sicilias, aunque copiaron generalmente el de Napoleón y establecieron aquel registro, prescribieron para el matrimonio la forma católica, si bien ordenando que, antes de celebrarlo los contrayentes, prometieran, ante la autoridad municipal, hacerlo con los ritos de la Iglesia. Una ley especial promulgada en Módena en 1855, reconoció la validez de los matrimonios que contraeran conforme á sus ritos, los que profesaran alguna de las religiones toleradas por el Estado, negando los efectos civiles, así á estos matrimonios, como á los católicos que en el registro civil no aparecieren inscritos. En los Ducados de Parma, Plasencia y Guastalla eran tan válidos como los matrimonios que celebraban los católicos ante la Iglesia, los que contraían los Israelitas conforme á sus ritos, y aunque la ley exigía respecto á todos, algunas más condiciones que las canónicas, y su falta privaba de los derechos civiles, no era esta falta una causa de nulidad. En el reino de Cerdeña y en el Ducado de Toscana imperaba exclusivamente la legislación canónica, y los tribunales eclesiásticos conocían de todas las cuestiones de matrimonio, excepto en cuanto á sus efectos civiles. Esto mismo se practica en Bolivia y Venezuela, para citar otros Estados católicos fuera del continente europeo, donde se conserva únicamente el matrimonio canónico, á pesar del establecimiento del registro civil, si es que