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ra objetarse, que la accion judicial demasiado extensa pierde su eficacia, ó es méños sensible en los puntos extremos del territorio; pero semejante argumento se desvirtua y queda sin fuerza, á la sola observacion de que los juzgados de paz estarán servidos por letrados responsables, y además, que no se cercena el número de los jueces instructores, que son vigilantes centinelas de los derechos personales del ciudadano.

Incidentalmente se ha hecho mérito de esta magistratura, nueva en la forma, pero en el fondo bastante conocida, y universalmente aceptada en la mayor parte de las naciones de Europa, aun en aquellas no más avanzadas que España en el camino de la civilización y de los progresos científicos. ¿Qué otra cosa deben ser los jueces de instrucción criminal, que lo que son los jueces fiscales respecto de los delitos militares? ¿Qué otra significación tienen los consejos de guerra, que no pueda atribuirse á la Cámara del Jurado? A parte de las formas, á parte del privilegio, la esencia del instituto es análoga, puesto que se encamina á poner en evidencia de un modo claro y sencillo, por medio de la conciencia moral, que es siempre el reflejo de la opinión pública, las transgresiones de las leyes prohibitivas, concretas y perfectamente definidas, si bien con justicia rigorosas en las Ordenanzas del ejército, más benignas, pero siempre acentuadas y concisas, en el Código penal. ¿De qué nace, pues, la diferencia tan señalada en la aplicación? Nace y se deriva del procedimiento; rápido y desembarazado el militar, porque está encomendado á una sola persona que no tiene otros deberes que cumplir mientras de él se ocupa, al paso que atribuido en el fuero comun á un juez, sobre el que pesan múltiples y heterogéneos asuntos, y ha de sujetarse además á reglas abstractas, contradictorias y plagadas de los vicios y corruptelas de los tiempos pasados, no le es dado desplegar toda su energía, reconcentrar su espíritu, sin desatender otras de sus obligaciones. Hé aquí en toda su desnudez la necesidad apremiante de la reforma, la de la ley de procedimiento criminal, y la de establecer el recurso de casación, que ha de uniformar la jurisprudencia en tan delicada materia.

Las triviales consideraciones apuntadas, demuestran palmaria-mente, que el cumplimiento del art. 93 de la Constitución vigente, trae consigo la creación de los jueces instructores, que no deben, que no pueden ser si no los promotores fiscales: la analogía
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entre unos y otros deberes, y la práctica adquirida en el desempeño de su importante, aunque no bien deslindado cargo, así lo aconsejan. Cuál sea el ministerio encomendado á estos nuevos é infatigables servidores del templo de la justicia, se percibe claramente. La investigación y persecución de los delitos; y está por demás explanar la idea de que han de facilitárseles los medios de acción más eficaces, para que llenen su encargo en armonía con los altos fines que el legislador se propuso y la sociedad tiene derecho á reclamar. Embarazarles el camino, bajo el pretexto de una suspicaz fiscalización de sus actos, que no es por cierto la dependencia y relación necesarias entre el superior y el subordinado, equivale á restringir la actividad, energía y celo inherentes á las espinosas funciones que les están cometidas, y contradice hasta un punto dado los efectos de la responsabilidad, que lo mismo puede exigir el particular que el Gobierno.

La ciencia enseña y la práctica confirma el juicio formado de que los agentes de orden público, los de vigilancia y la guardia civil, deben estar á las inmediatas órdenes de los jueces instructores, porque dichos institutos, no á la política, sino á la seguridad personal y de la propiedad están consagrados, y son el brazo poderoso de que se sirven los tribunales para hacer cumplir, en el terreno de la fuerza, sus providencias; porque son los primeros testigos de las transgresiones contra la ley penal; porque simbolizan el poder que obliga á respetar la autoridad, y la rodea del inmenso prestigio de que nace y se deriva la obediencia, reverso de la libertad autonómica primitiva y abstracta. Debe facultarse también á los Jueces instructores, como lo están los fiscales militares, para que sin la autorización previa de la Superioridad continúen las pesquisas fuera de su territorio adscripto, cuando la gravedad del hecho lo requiera, pues nada las dificulta tanto como someterlas por medio de un simple exhorto á otro juez, á quien no es fácil ni conveniente iniciar en el secreto del procedimiento: trae consigo además la pérdida de un tiempo precioso, y nunca más fecundo, que empleándolo á raíz del suceso; y últimamente, no se hace la luz, cuando los que han de producirla tienen que abandonar su residencia y sus quehaceres, lo cual predispone mal el ánimo, y ocasiona de seguro molestias y dispendios notorios. De aquí, el que se halle prevenido en disposiciones vigentes se use con mucha parsimonia de este medio.
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No se entienda, sin embargo, que la trasformacion de los promotores en jueces de instruccion, anula y suprime el Ministerio fiscal: basta recordar que nació simultáneamente con las leyes, para reconocer su importancia y la necesidad indeclinable de su conservacion. En las Romanas, fuente del Derecho del mundo civilizado, se encuentra el primer vestigio de esta magistratura, con el nombre de defensores de las ciudades y procuradores del César, y si bien difieren las atribuciones de que estaban revestidos, á las que tiene el Ministerio fiscal de España, es un hecho fuera de toda controversia, que las civilizaciones que vienen sucediéndose desde el hundimiento del coloso, que se llamó pueblo-rey, han comprendido, que los intereses permanentes de la sociedad, que los particulares de las personas desvalidas, debían ser representados por un funcionario público, encarnacion de la ley, y si el defensor celoso é incorruptible; pues no de otra manera pudiera salvarse el escollo, de que la colectividad vindicase sus agravios, siendo á la vez juez y parte, y que los desvalidos é incapacitados, cuyos derechos son perfectamente iguales, perfectamente atendibles, á los del resto de los asociados, se viesen en completo desamparo por la especial y desgraciada situacion, á que sin culpa propia habian venido.

Mal deslindadas, y complejas las funciones del Ministerio fiscal, aunque evidente siempre la intervencion en las Chancillerias y Audiencias y hasta en las Alcaldías y Corregimientos, puesto que en los negocios criminales se nombraba de oficio un Procurador ó otra persona, que sostuviera la accion pública, se han dictado una serie no interrumpida de decretos, y especialmente desde 1834 en que se crearon los promotores fiscales, para enaltecer y dar vida propia á esta institucion, sin que no obstante se llegase al término deseado de aislar su cometido, determinando la accion que le corresponde, en orden á los intereses sociales, y la peculiar á la administracion, ó sea la genuina accion fiscal. Sin parar mientes en la defectuosa organizacion que conserva, y en la anomalía, de que, siendo uno de sus deberes la denuncia de los delitos y persecucion de los criminales, carezca de facultades propias para disponer á este fin de la fuerza pública, resulta, no obstante, demostrada la necesidad de conservar la institucion, reglamentándola en armonía con la nueva forma que ha de darse á los tribunales.
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De presumir es continuarán los Procuradores Síndicos de los Ayuntamientos ejerciendo, en el tribunal de los jueces de paz ó municipales, la representación que les atribuye hasta la fecha el reglamento provisional para la administración de justicia, y la ley, que con igual carácter, se dictó al promulgarse el Código penal para ejecutar sus disposiciones, debiendo subsistir en los juzgados de circunscripción los promotores fiscales, con ésta ó más adecuada denominación, encargados de sostener las acusaciones ante el jurado, intervenir en los negocios y casos determinados en la ley de Enjuiciamiento civil, representar los derechos del Fisco, y especialmente de vigilar la persecución y castigo de los delitos y faltas, y de que los jueces instructores cumplan rigurosamente sus deberes, estando por demás decir, que si éstos tienen jurisdicción bastante para detener y reducir á prisión preventiva á los presuntos delincuentes, y para demandar el auxilio de la fuerza pública, las mismas atribuciones competen á los promotores fiscales, que son respecto á aquéllos sus inmediatos superiores gerárquicos.

Dada á los tribunales inferiores la organización proyectada, y perceptible como lo es el grado de dependencia, relación y vigilancia que entre los mismos deben existir, lógicamente se deduce que para enlazar sin esfuerzo la cadena del poder judicial, se precisa una malla intermedia entre aquellos y el Supremo de Justicia, no pudiendo ser otra que las Audiencias. En el pensamiento que desarrolla el presente trabajo se deja entrever que la organización actual no debe conservarse. La división territorial, creadora de nuevas exigencias, sensibles para la localidad, aunque provechosas al bien común, haciendo desaparecer no escaso número de provincias, permite establecer en cada una de las capitales que las formen un tribunal superior para conocer en apelación de los asuntos civiles de mayor cuantía, de los criminales de excepción, de los recursos que por faltas en el procedimiento se interpongan contra los veredictos del jurado y sentencias dictadas por los jueces de circunscripción, y de los de responsabilidad que se deduzcan contra éstos mismos, los de paz y los instructores.

Como es de notar, las atribuciones de las Audiencias no se merman, pues que las modificaciones introducidas hijas son del procedimiento, el cual, acortando y simplificando los trámites, será causa eficiente de la disminución de los negocios y de que el tra-
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poeta enterrado en vida. Aunque el Conde tuviera, si no razon, disculpa en su conducta, el genio no se somete fácilmente á la imperiosa ley de la reflexion, ni á la desesperante lógica de la vida ordinaria. Como la codorniz, que jamas se resigna á la estrechez de su jaula y estrella su cabeza en incesantes y desesperados saltos, el poeta, que oía los aplausos que á sus cantos tributaba la patria, que vivia en comunicacion intelectual con los hombres pensadores, no podia resignarse á la soledad, pues de tal podia reputarse la compañia de la gente imbécil y grosera de Recanati, que le menospreciaba porque no le comprendia. Allí el mal fisico consumia su juventud y le reducia á la impotencia; la hiel destilaba gota á gota en su pecho desesperado; los sueños, las ilusiones caian como rosas marchitas de su frente, rosal fecundo de ideas, dejando sólo la negacion como despojo del roedor pensamiento, el suspiro como único consuelo del afligido pecho. Así fué cómo adquirió aquella intensísima melancolia que reflejan todos sus cantares, su filosofia pesimista, su estoico desprecio de la vida y su apasionado amor á la muerte.

Nada hay tan interesante como leer sus cartas elocuentes, especialmente á su intimo Giordani, confidente de todas sus penas. Estas cartas nos revelan uno de esos dramas sin episodios que pasan dentro del alma humana; esas lágrimas secretas que nadie enjuaga; esos éxtasis que no se formulan en palabras; esos anhelos infinitos del que sueña lo imposible. En las confidencias de la amistad oigamos el quejido penetrante del poeta, que ve su vida perdida como una sombra entre la luz que le fascina ó aislada como una luz entre la sombra que le rodea.

«Desde la niñez he empezado á pensar y á padecer: he conocido todas las amarguras de la vida: á la edad de veintiún años, á que he llegado, me siento ya viejo, mortalmente decrépito. Es tiempo de morir; no puedo resistir más. Soy un desgraciado maldecido por el destino.»

En otra ocasion escribe:

«Hace algunas noches, al abrir mi ventana antes de acostarme, el cielo estaba sereno, el aire templado, la luna brillante. Sentí despertarse en mí antiguas ideas, largo tiempo adormecidas, y con una delirante emocion, me puse á gritar como un loco, pidiendo compasion á la naturaleza, cuya voz me parecia que llegaba hasta mí. En aquel momento me puse á considerar la vida que
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bajo pueda sobrellevarlo una sola sala, compuesta de un Presidente, un Fiscal y cuatro Magistrados, con los auxiliares y dependientes necesarios para que el servicio marche con regularidad. Cuarenta son las que al presente componen las quince Audiencias de la Península e Islas adyacentes; y dado el supuesto de que fueran treinta las provincias en que se dividiera el territorio, y aun cuando en los grandes centros industriales y mercantiles, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, hubiera necesidad de establecer dos salas, una para el despacho de los asuntos civiles, y otra para el de los criminales, resultaría una economía evidente en el Presupuesto, que podría destinarse á elevar las dotaciones, como es de hacer, puesta la mira en las consecuencias prácticas y conocidamente ventajosas, ya enumeradas.

Aparte de ellas, las que ofrece el arreglo, de suyo se patentizan: deslindadas las atribuciones, con reglas fijas y sencillas el procedimiento, las tareas serán más metodizadas y mejor distribuidas, la suprema inspección y vigilancia más activa y eficaz, el prestigio y fuerza moral que necesita y se merece esta robustísima base de la sociedad, volverá á su primitivo ser, consolidándose al abrigo de la ley inexorable de la responsabilidad judicial; y por último, los litigantes recibirán un marcado beneficio, porque no han de recorrer considerables distancias y abandonar sus provincias para obtener una satisfacción reparadora de sus pretendidos agravios. La administración de justicia, para que sea enérgica y tutelar á la vez, requiere tres condiciones esenciales: publicidad, expedición y economía.

Otra circunstancia, y no de valor escaso, abona el establecimiento de las Audiencias de provincia, idea que satisface, ya á los que pregonan y subliman su excelencia, ya también á los partidarios de los cuerpos colegiados como garantía del mejor acierto. El artículo 82 de la Constitución de 1869 impone á los tribunales el deber de no aplicar los reglamentos generales, provinciales y locales, si no en cuanto estén conformes con las leyes; y este precepto, que es fundamento y atributo del poder judicial, ha de ofrecer en su desenvolvimiento práctico numerosas y graves dificultades. Reconocida la autonomía de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, según la base primera del art. 99 de la misma Constitución, en lo que al gobierno y dirección de sus intereses se refiera, sucederá que las reglas determinantes de la gestión admi-
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nistrativa, no tan sólo podrán inferir menoscabo á los intereses privados, beneficiando otros de idéntica calidad, mas también será fácil pugnen y contradigan lo establecido en las leyes comunes, y en este caso los tribunales no aplicarán, ó lo que es lo mismo, interpondrán su veto inapelable á la ejecución del mandato administrativo, indirectamente, es verdad, pero que surte todos los efectos de una relevación de cumplimiento y obediencia. Ahora bien: ¿cabe dentro de las atribuciones de un juez de paz, de un juez de circunscripción, que aun inferiores, son tribunales, hacer la declaración de disconformidad? La respuesta no puede menos de ser afirmativa, tomando en cuenta su competencia para ver y fallar en primera instancia las causas y pleitos que las leyes de procedimientos y la orgánica de su instituto les encomiendan; pero como sus providencias son apelables, no causarán ejecutoria hasta la revisión en el Tribunal superior, y aún después, caso de proceder el recurso de casación; deduciéndose de estas premisas que sólo al Supremo de Justicia corresponde la decisión verdadera é ineludible sobre la conformidad ó no conformidad que el reglamento cuestionable tiene con las leyes.

Gravisima es la materia y digna de ser tratada por personas más competentes, y de que, al discutirse las orgánicas, complementarias del Código fundamental del Estado se examine y estudie con madura reflexión, pues los conflictos, los perjuicios que pueden irrogarse ó sobrevenir son de incalculable entidad. Sin las tendencias exageradamente radicales, que oscurecen alguna vez el mejor y más sano criterio, no fuera quizá difícil encontrar la solución, estableciendo que los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y el Gobierno fuesen obligados á consultar, los primeros con las Audiencias, y los dos últimos con el Tribunal Supremo de Justicia, los reglamentos que promulgaran para la gestión administrativa: y sancionada así la conformidad con las leyes, se evitaria todo pretexto más ó menos fundado para aplazar ó rehuir el cumplimiento, y los jueces aplicarian sin embarazo las disposiciones preceptivas y represivas bajo su responsabilidad.

La creación de las Audiencias de provincia hará más fecunda en resultados la propaganda en favor de la abrogación de los fueros y costumbres, porque algunas se rigen en sus relaciones de familia y contratos, facilitándose así el pensamiento contenido en los últimos párrafos del art. 91 de la Constitución, pues tiempo es ya de
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que se borren las huellas de dominaciones que pasaron, de antagonismos, que se conservan latentes todavía, y de que se reconozca la excelencia de una legislación común, elaborada y admitida por los representantes legítimos de los pueblos, de la que hace siglos es una misma nación regida por un solo centro. Gran parte del camino está andado, y el que falta por recorrer lo allanará la perseverancia, la prudencia y la entendida y enérgica dirección de los tribunales.

La iniciativa de la idea y el resultado obtenido corresponden de derecho al Supremo de Justicia, robusta base y clave firmísima de esa bóveda augusta, que la Constitución democrática de 1869 llama Poder judicial. Pálidas habrían de parecer las tintas con que se quisiese trazar el bosquejo de sus gloriosas tradiciones: heredero del inolvidable Consejo de Castilla, ha justificado superabundantemente es digno hijo y sucesor de tal padre en las admirables sentencias de casación constitutivas del moderno, único y verdadero Código civil, síntesis de cuanto esperado se encuentra en los formados durante una larga serie de centurias, y vivo reflejo de los adelantos progresivos de la ciencia, que no excluyen el respeto y veneración debidos á lo que es tradicional á histórico, y no se aparta de las sublimes máximas condensadas en el derecho y la moral universal. Encomendado le está también la resolución de los conflictos jurisdiccionales, y la doctrina establecida marca tan perceptiblemente el círculo de acción de los tribunales respectivos, que es casi imposible errar la senda para extralimitarlo. Eliminadas del Consejo Real las atribuciones, que en su cualidad de contencioso-administrativo le eran inherentes, las desempeña actualmente con general aplauso, el único Supremo, el único á quien rigurosamente compete juzgar, porque inamovible de hecho, está colocado á una altura á que no llegan las humanas pasiones, tan agitadas y revueltas en el mar proceloso de la política. Muy en breve se planteará el recurso de casación en lo criminal, tan necesario ahora, que el ejercicio de los derechos individuales es un laberinto, que á la ventura se recorre, y que, erizado de dificultades, precisa encontrar el hilo de Ariadna, no siendo otro que la reglamentación ó la jurisprudencia que cual torrente de luz brotará de las decisiones de esta encumbradísima corporación, fijándose con ellas, aunque lentamente, la práctica de esos derechos, tan occasionados al abuso.
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¿Pero á qué hacer minuciosa enumeracion de las variadas, múltiples e importantísimas funciones del Tribunal Supremo, reunion de los varones más eminentes por su virtud, ilustracion y larga experiencia, cuando todo lo que se refiere á la administracion y distribucion de la Justicia es de su competencia, y cuando se le confía además el texto de la ley fundamental del Estado, para que conservándole en toda su pureza, sea el Palladium de las instituciones y de la libertad conquistada? No cabe, pues, reforma en este alto Cuerpo, y si alguna procede, es la de aumentar su personal, completar el cuadro de sus atribuciones, y organizar el régimen interior para que sus penosas tareas se conlleven equitativa y proporcionalmente.

Trazado, aunque á grandes rasgos, el plan propuesto en estos articulos, fácil y sencillo aparece su resumen. La organización de los tribunales, reclamada sin cesar por la opinión pública, debe ser tan radical como la Constitucion que proclama la libertad de cultos y el establecimiento del jurado para los delitos políticos y los comunes, instituciones cuyo planteamiento exige la división del territorio, como seguro punto de partida para agrupar los pueblos en grandes distritos con jueces de paz, letrados á quienes encomendar la jurisdicción criminal de los alcaldes y el registro civil: la creación de jueces instructores para las sumarias criminales, atribuyéndoles la facultad de disponer de los agentes de orden público y la guardia civil, y la de continuar la pesquisa en casos graves fuera de su término jurisdiccional, que podrá ser el de los jueces de partido actuales, ó mayor si el buen servicio lo consiente: la creación de extensas circunscripciones, en cuyas capitales se reúna la Cámara del Jurado bajo la presidencia de un Juez de primera instancia, que entienda simultáneamente de los negocios civiles de mayor cuantía, y en apelación de las providencias dictadas por los de paz ó municipales: el establecimiento de una Audiencia en las ciudades ó villas que se designen para cabezas de provincia, la cual se compondrá de un Presidente, cuatro Magistrados y un Fiscal ó Procurador de la Nación, pudiendo constar de dos salas en donde el excesivo número de negocios las hiciese necesarias: la conservación del Tribunal Supremo de Justicia, centro común directivo y vigilante de todos sus inferiores, intérprete nato de la ley, y su más celoso defensor y guarda; y finalmente, un Ministerio público, representante de la sociedad,
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patrono legal de sus intereses materiales y de los desvalidos é incapacitados, jefe y consejero de los funcionarios encargados de investigar los crímenes y perseguir los delincuentes.

Constituidos los tribunales en esta ó parecida forma, dará sazonados frutos la trasformacion operada por la Revolucion de Septiembre en el modo de ser social: tendrán fiel y exacto cumplimiento los preceptos constitucionales: se encauzará el desbordado torrente de las pasiones, porque con una magistratura incorruptible, el castigo subseguirá inevitablemente á la trasgresion de la ley: el poder ejecutivo habrá de contenerse dentro de los limites que le impuso la soberanía nacional, de quien únicamente recibe su mandato: se moralizará la administracion de los intereses públicos, por cuanto no habrá fuerza humana que quebrante los deberes de los que, bajo su responsabilidad, están obligados á perseguir y castigar estos, como todos los delitos, sea quien quiera el delincuente; y por último, se inaugurará el legitimo reinado de la justicia, que, como dice un notable escritor, es el alma de las repúblicas, y con ella viven, se ilustran, se aumentan y conservan, del mismo modo que vienen inevitablemente á ruina cuando prevalece la injusticia. Patriotismo sincero, decidida voluntad, abstraccion completa de cosas y personas, severa imparcialidad en la ejecucion del pensamiento, y la magistratura y los tribunales de España serán lo que deben ser, según la Constitucion democrática de 1869.

FORTUNATO CAÑA.