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verizada la esparce por el Oriente como una semilla civilizadora.

A la muerte del héroe macedon, las espadas, más viles que puñales, de sus generales, reparten la presa común, y forman las tristes monarquías greco-macedónicas, las de los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces Demóstenes trata de galvanizar con su elo­cuencia el cadáver de su patria, y él mismo tiene al fin que darse la muerte con el veneno dentro del templo de Neptuno.

Las ligas Achea y Étolia son las últimas convulsiones del patrio­tismo. Filopomeno, el último de los Griegos que resiste á la ambi­ción romana, tiene que beber la cicuta.

En Leucopetra muere al fin Grecia devorada por el monstruo romano, y se torna la provincia Acaya de aquel imperio. En vano intenta renacer con Mitridates; Sylla ahoga aquella llamada con sangre ateniense, y Grecia es por fin borrada del libro de las naciones, quedando reducida á presa de los brutales Césares bizan­tinos, y después á infeliz esclava del poder otomano.

Hemos visto los cuadros disolventes de la historia del más bello de los pueblos, y como las sombras de Macbeth, las de sus más ilustres guerreros, sabios y ciudadanos. ¿Qué borrones aparecen entre los esplendores de tan brillante evocación?

Crímenes horrendos en los tiempos trágico-heróicos de Homero: intrigas, sobornos, falacias, perfidias, fraudes, tiranías, envidias, rivalidades; interminables guerras intestinas, hijas del egoísmo municipal característico de aquel pueblo, para quien el amor á la patria era sólo el amor á la ciudad. Vemos revoluciones que se suceden como los eslabones de una cadena de calamidades; la fero­cidad las más veces disfrazada con el nombre de heroísmo; bandi­dos elevados á la categoría de héroes. Las sombras augustas de los verdaderos héroes y patricios, aparecen manchadas de sangre, ul­trajadas por la calumnia, condenadas por la envidia al ostracismo, derribadas de sus pedestales de oro, y arrastradas en el fango por la popular ingratitude; el veneno ó el puñal siendo el único refugio y remedio de las almas grandes en las supremas miserias. Vemos un sentido moral pervertido, un escepticismo constante, las cor­tesanas imperando como reinas; Frine, la querida de Praxiteles, ofreciendo restaurar á su costa la ciudad de Tébas, destruida por Alejandro; el Areópago decretando el aborto de la hermosísima Aspasia. En aquel pueblo los oradores venden su elocuencia, los jueces sus fallos, los oráculos sus revelaciones; los dioses están
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había gastado el Gobierno, y cuyo pago se había suspendido desde la Revolución. Tal fué el objeto de las disposiciones del decreto relativas á la liquidación de la Caja, ó mejor dicho, de su cuenta con el Tesoro. En virtud de esta liquidación el Tesoro se hizo cargo de todos los débitos por cuentas corrientes y por depósitos provisionales para subastas, los cuales por consiguiente dejaron desde entonces de ser deuda de la Caja. Con respecto á los demas depósitos en efectivo, así voluntarios como necesarios, se capitalizó su importe con acumulación de los intereses vencidos y no satisfechos hasta el 31 de Diciembre (ó hasta las fechas de los respectivos vencimientos en los que los tenían posteriores al 1.º de Enero siguiente); y en equivalencia de la cantidad total resultante de esta capitalización, entregó el Tesoro á la Caja los Bonos necesarios para cubrirla al tipo de 80 por 100. Por esta entrega quedó el Tesoro libre de toda obligación ulterior para con los imponentes, á quienes se dió el derecho de optar entre recoger desde luego los Bonos correspondientes á las respectivas imposiciones, según la referida capitalización, ó conservarlos en la Caja, canjeando sus antiguas cartas de pago ya inútiles por otras más nuevas, y cobrar el interés uniforme de estas al 6 por 100 sobre los de los mismos Bonos por semestres, sin perjuicio de recibir el capital á medida que lo permitieran los ingresos en la Caja por la amortización anual de estos valores. Para este arreglo no se tomó en cuenta, ni se requirió con ningún objeto el consentimiento de los imponentes. Consintiéranlo ó no, las antiguas cartas de pago, que eran el título justificativo de sus créditos contra la Caja y contra el Tesoro, subrogado en las obligaciones de ésta, caducaron de hecho; y en su lugar no les quedó más que el derecho de recoger desde luego los Bonos aplicados á su pago, si optaban por ello, ó pasar por la novación del primitivo contrato, impuesta por fuerza mayor en virtud de la ley de la necesidad, aceptando el nuevo depósito con las nuevas condiciones, esencialmente diferentes de las anteriores, así en el tipo del interés como en la forma y plazos del reintegro del capital, y en la limitación de su responsabilidad á la Caja solamente.

Es verdad que en las disposiciones del decreto, lo mismo que en su preámbulo, se emplea repetidamente la palabra garantía, con relación á la entrega de los Bonos á la Caja. Pero en materias que afectan al derecho, no hay que contar nunca con la exactitud téc-
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nica en la redaccion de nuestras disposiciones y documentos oficiales; porque es achaque antiguo de nuestra literatura de covachuela en todas las dependencias del Gobierno, y muy especialmente en las de la administracion civil y enonómica, prescindir de lo que acaso parecerá nimio escrúpulo en ajustar las palabras al valor estrictamente legal del concepto que se quiere expresar. Siendo esta, como es, una cuestion pura y excluvivamente de derecho, no son las palabras del decreto, sino el valor real y efectivo de sus disposiciones, lo que debe determinar el criterio regulador de sus efectos legales. Sabido es, y hasta trivial en doctrina jurídica, que la garantía ofrecida en seguridad de una deuda, léjos de liberar al deudor, deja subsistente, y corrobora con la fuerza del nuevo pacto, su obligacion. Donde quiera que hay liberacion ó quitanza, hay pago, cualquiera que pueda ser su forma; y siendo evidente, como hemos visto, que el decreto de 15 de Diciembre de 1888, al liquidar la cuenta del Tesoro con la Caja, haciéndose cargo de una parte de sus débitos, entregó en salvo y finiquito por los demás los Bonos, que declaró equivalentes, y con los cuales se dió por liberado de toda obligacion ulterior para con los imponentes, es hasta absurdo suponer que esta entrega pudo ser una simple constitucion de garantía, y no una verdadera dacion en pago, que los acreedores no pudieron dejar de aceptar, puesto que, contra la ley que se lo imponía, con justicia ó sin ella, no tenian recurso alguno en lo humano.

Se creó, pues, como hemos dicho en virtud de esta ley, un derecho de plena y perfecta propiedad sobre los Bonos así entregados á la Caja en favor de los imponentes, que en uso de este derecho pudieron individualmente optar entre recoger, desde luego, los que á cada cual correspondían en la masa comun, ó dejarlos allí constituidos en un nuevo depósito, tomando en su consecuencia las cartas de pago, tambien nuevas, en subrogacion de las antiguas, ya caducadas en todos sus efectos legales. Dos son, por tanto, los que bajo el punto de vista del derecho ha tenido ya la ley de 23 de Marzo, con respecto á estos Bonos, ahora extraídos de la Caja, para destinarlos á las negociaciones por ella autorizados: en primer lugar, una real y efectiva expropiacion, más ó menos excusable por altas consideraciones de conveniencia pública, pero expropiacion al fin de los imponentes de la Caja, que voluntariamente no se haya prestado á consentirla; y en segundo lugar, la
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restauracion completa de la situacion de la Caja anterior á la Revolucion, con relacion al Tesoro, y la anulacion consiguiente del decreto de 15 de Diciembre, que habia liberado á éste dando á aquella una existencia propia e independiente, para evitar los peligros de aquella situacion tan severamente condenada por el Señor Figuerola en el preámbulo del mismo decreto.

Deudor hoy el Tesoro otra vez por consecuencia de esta restauracion, y deudor directo á los imponentes de la Caja del valor de sus depósitos, produce la nueva ley, bajo el punto de vista economico, el aumento consiguiente de las obligaciones del Estado, que, según se demostró muy bien en su discusion en el Congreso, debe responder á aquellos acreedores de la integridad de sus créditos, y muy especialmente, y sin compensacion alguna, de la diferencia que resulte entre el tipo de la negociacion actual de los Bonos, y el del 80 por 100 con que se adjudicaron al pago hecho en 1868. Y decimos sin compensacion en esta parte, porque la Caja no puede ya, como antes, dar medios con que ir conllevando siquiera esta nueva obligacion; puesto que, con arreglo al art. 4.º del decreto vigente en este punto, no se admiten en ella depósitos voluntarios en efectivo, y los necesarios deben «conservarse integros á disposicion de quien corresponda.» Tenemos, pues, por este lado un aumento, que es de no pocos millones, en las obligaciones y los gastos consiguientes del Estado en los futuros presupuestos, que viene á perturbar la lisonjera «serie decreciente» de los déficits que el Sr. Figuerola presentaba con cálculos harto optimistas ya en su proyecto de 19 de Enero.

Otro aumento no despreciable tambien ha venido por otro lado á producir igual efecto en aquellas previsiones, aunque éste no podia ciertamente ser imprevisto para nadie. El Sr. Figuerola tomó entonces como base y punto de partida de sus cálculos el supuesto de que los gastos que se votasen para el próximo año no saldrían del limite de la cifra en que los habia fijado el dictamen de la Comision, que á la sazon se discutia en las Cortes. Pero ese limite fué pasado después por las votaciones del Congreso; y es de notar á este propósito, por lo caracteristica, la explicacion que sobre el particular dió en una de aquellas sesiones el Ministro de Fomento, defendiendose contra los cargos que se le hacian por admitir enmiendas, que venian á restablecer gastos que él mismo habia suprimido en el presupuesto de su departamento. «Cuando se for-
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mó este presupuesto (decía) hubo que obedecer al pensamiento económico del Sr. Ardanaz de procurar la nivelacion sin acudir al crédito: mas como después el Sr. Figuerola ha dejado alguna más libertad de accion en este punto, por eso no tengo dificultad en mostrarme favorable á las enmiendas que proponen los señores Diputados restableciendo partidas de gastos que antes había suprimido.» Esta ingénua confesión excusa de todo comentario; y como síntoma basta esto para indicar la verdadera índole del mal ya inveterado, que hace tiempo viene trayendo, y sostiene aún la Hacienda y el crédito de este país en el estado de postracion en que se hallan.

El hecho es que por unos caminos y por otros el desnivel necesario entre los gastos y los ingresos del presupuesto para el próximo año y para los sucesivos viene ahora á resultar mucho más considerable de lo que aparecía hace dos meses, no ya por la serie decreciente calculada por el Sr. Figuerola, sino también por nuestras propias previsiones en el artículo anterior. Si el Sr. Figuerola se preguntase ahora, como se preguntaba entonces, «¿cuál es el déficit probable del tercer presupuesto, ó sea de 1871 á 72?» su respuesta de seguro habría de ser muy diferente de la que á sí propio se daba en el preámbulo del proyecto de 19 de Enero. En la Memoria, en que muy pronto habrá de exponer el Ministro el estado general de la Hacienda, y sus nuevos planes de arreglo, verémos cómo se resuelve la cuestion. Miéntras tanto, y sin necesidad de aguardar al conocimiento de los detalles, que aquel documento habrá de suministrarnos, podemos suponer desde luego, como base fundamental del futuro arreglo, que la cifra de 2.200 millones de reales, en que, con corta diferencia de más ó de menos, está fijado el cálculo de los ingresos permanentes y transitorios para el próximo año económico (1870 á 71), tendrá que ser el límite preciso para la nivelacion, ajustando á ella el guarismo total de los créditos para todas las obligaciones en el presupuesto de gastos: porque no es racionalmente posible por el momento prometerse mayores rendimientos en las contribuciones directas, harto recargadas ya, ni esperar tampoco aumento alguno de consideración en los de los impuestos indirectos, rentas y demás recursos del Erario, miéntras no salgamos de las dificultades económicas de nuestra situación actual, con la sólida restauración del crédito público, y la mejora consiguiente en las cambios y en el interés del dinero.
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Por eso sin duda ha ligado el Sr. Figuerola en sus planes para el arreglo de la Hacienda el pensamiento de la unificación de la Deuda, con la propuesta de los medios y recursos extraordinarios para ir conllevando la situación, y saldando transitoriamente los déficits del presupuesto mientras se prepara la realización de aquella reforma definitiva. Consecuente el Ministro con el firme propósito, que ha ostentado siempre, de no adoptar resolución alguna en este punto sin el concurso y espontáneo asentimiento de los acreedores interesados (más afortunados en esto que los de la Caja de Depósitos), les ha anticipado sin embargo en su proyecto de 19 de Enero una indicación bastante clara de la verdadera índole del anunciado arreglo, diciendo en el preámbulo que «hay que hacerles comprender la utilidad y conveniencia recíprocas para ellos y para el Estado de proceder á un convenio amistoso, pero libre y espontáneo, á fin de salvar todas las dificultades para la época próxima de 1873, si entonces, por falta de este arreglo, cupiese todavía la duda, ó la probabilidad de que los ingresos anuales no bastaren á pagar cumplidamente la Deuda pública y los demás servicios del Estado.» Los dos primeros artículos del proyecto, que consideramos subsistentes en la intención del Ministro, determinan la forma en que éste se propone consultar la voluntad y obtener el consentimiento de las partes interesadas, pidiendo al efecto á las Cortes que «se autorice al Gobierno para que, por medio de una información, en la cual serán oídos los representantes de todos los acreedores nacionales y extranjeros, tenedores de títulos de la Deuda en circulación, prepare y determine la forma más ventajosa de realizar la unificación de la Deuda pública, por medio de una conversión de los actuales títulos que la representan, con el fin de presentar á las Cortes el oportuno proyecto de ley dentro del plazo de un año;» cuya información habrá de hacerse por una Comisión, de la cual deberán formar parte tres Diputados.

Lo primero que en esto llama la atención es la notoria incongruencia, que salta á los ojos, entre la autorización y su objeto. No es este el de hacer desde luego la ley de unificación de la Deuda, sin perjuicio de dar después cuenta de ello á las Cortes; no es siquiera celebrar y concluir, de acuerdo con los acreedores, un contrato que haya de servir de base á la ley que después deba proponerse á las Cortes para sancionar el convenio. Es pura y simplemente hacer un estudio detenido de la materia, consultando por
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medio de una información las opiniones y los deseos de todos los interesados en ella como acreedores del Estado, para poder después; con la copia de datos que así se reúnan, preparar el proyecto de ley, que deberá presentarse á las Cortes al cabo del año. Más para hacer este estudio preparatorio de investigación y consulta, que en nada ni para nada liga ni compromete á nadie, ni de parte de los acreedores consultados ni de la del Estado, ¿necesita acaso el Gobierno de autorización legislativa? Prescindamos, sin embargo, de esta observación de mera forma, que no tiene en realidad grande importancia. Puede muy bien todo ese aparato no tener otro objeto (y sería perdonable por ello) que revestir la cosa de cierta solemnidad, á manera de cápsula destinada á hacer pasar sin gran repugnancia la amargura de la píldora, á que se resiste el paladar del enfermo.

Harto más graves nos parecen las dificultades que habrá de encontrar necesariamente la realización del pensamiento; porque para el fin propuesto creemos que es de todo punto inadecuado el medio de la información, y no tenemos á lo menos noticia de que se haya empleado nunca con igual objeto en ninguna parte. La información, sea parlamentaria ó administrativa, es sin duda el medio más á propósito para preparar la resolución acertada de grandes cuestiones, que pueden afectar á intereses de clases determinadas de la sociedad con relación á los de la industria, el comercio ó la agricultura; y con este objeto es de uso antiquísimo, y ha dado siempre grandes resultados prácticos en Inglaterra, como empieza á serlo también en Francia, aunque no con iguales resultados hasta ahora. Mas emplear este procedimiento del modo que aquí se propone para buscar el acuerdo y consentimiento de los acreedores del Estado sobre las modificaciones que en casos dados pueden considerarse convenientes en los tipos de intereses y demás condiciones de la Deuda pública, cuando ésta está representada por Títulos al portador, es cosa tan nueva y peregrina, qué, en la imposibilidad de hallarle explicación alguna racional, no se debe extrañar que provoque la desconfianza de que ha sido ideada para encubrir propósitos de segunda intención, que no hay valor para revelar con franqueza; y con recelos de esta especie no hay que esperar la restauración del crédito, naturalmente incompatible con todo misterio.

En buenos principios económicos, la unificación de la Deuda no
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es una necesidad esencial del Crédito público; y la experiencia demuestra, por el contrario, que con la mayor variedad posible de tipos y condiciones de emisión en los títulos de la Deuda de un Estado, se puede alcanzar y sostener el más alto grado de crédito; buen ejemplo de ello es Inglaterra. La reducción de diferentes clases de Deuda á un tipo único de interés uniforme, es cuestión de conveniencia, que se decide por las circunstancias de la situación económica del país; y cuando estas son normales, puede esa unificación total ó parcial hacerse, sin perjuicio alguno para los acreedores, y con beneficio para el Tesoro en el alivio de la carga inmediata de los intereses. Así se ha hecho repetidísimas veces en Francia é Inglaterra, por medio de conversiones con reducciones sucesivas del interés desde 1816 acá, sin que jamás haya ocurrido á nadie preparar la operación consultando en una información solemne la voluntad de los acreedores interesados en los títulos convertidos. En estos casos el Gobierno establece las condiciones de la conversión, dejando á los acreedores en libertad de aceptar ó no los nuevos títulos en cambio de los antiguos; los cuales se recogen de poder de los que voluntariamente no aceptan el canje, reintegrándoles su capital (que es lo único á que tienen derecho) con los recursos financieros que proporciona la operación misma. Precisamente ahora se está tratando en el Parlamento inglés de una operación de esta clase á propuesta del Ministro de Hacienda, Mr. Lowe, en un bill, cuyo objeto es convertir y refundir en el consolidado cinco clases de varias deudas, que importan en junto unos 33.000 millones de capital, y cerca de 1.000 millones de intereses, que en los títulos actuales, que así van á unificarse, son de \(2 \frac{1}{2}, 3, 3 \frac{1}{4},\) y 5 por 100 (1). Mr. Lowe preparó la medida consultando particu-

(1) A propósito de este bill debemos rectificar una equivocación, en que incurrimos al tratar esta materia en nuestros anteriores artículos sobre la Cuestion de Hacienda, pues suponíamos entonces que en Inglaterra se pagaban trimestralmente los intereses de la Deuda pública, y ahora vemos que esta es precisamente una de las reformas que propone Mr. Lowe en el sistema hoy vigente allí, como aquí, del cupón semestral. Dió motivo á nuestra equivocación, el ver en las leyes de contabilidad del Tesoro fijados los días 5 de Abril, 5 de Julio, 10 de Octubre y 5 de Enero, como los de vencimiento de los plazos ordinarios para el pago de las obligaciones de la Denda pública sobre el fondo consolidado. Pero la explicación de esto está en que en Inglaterra no tienen, como entre nosotros, un mismo vencimiento los cupones de todos los títulos de la Deuda; sino que estos están escalonados de manera que los pagos de una mitad, próximamente, vencen en los semestres de 5 de Julio y 5 de Enero, y los de la otra mitad en 5 de Abril y 10 de Octubre. En sus resultados prácticos, esta combinación es de igual
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larmente su pensamiento con los directores del Banco de Inglaterra, cuyas observaciones tomó en cuenta para formar el bill que ha presentado en la Cámara de los Comunes; pero sin cuidarse de averiguar las opiniones y deseos de los acreedores interesados.

Nada de esto, sin embargo, puede estar en la mente del Sr. Figuerola, entre otras mil razones, porque esta clase de arreglos financieros solamente pueden emprenderse cuando se cuenta con un crédito muy alto y sólidamente cimentado, de lo cual por desgracia estamos harto distantes. Lo que el Sr. Figuerola se propone en último resultado, según bien claramente expresan sus palabras arriba copiadas, es obtener de los acreedores del Estado su consentimiento previo para el sacrificio de una parte de su fortuna en obsequio del país, y por consideración á sus apuros económicos; y lo que trata de consultarles es la forma y el límite de este sacrificio. Por eso se ha dicho, no sin razón, que esto no es más ni menos que lo que en el derecho civil significa el concurso de acreedores, ó en el comercio la quiebra; y para que el símil sea más completo, se trata de dar una representación legal en el concurso al deudor, por medio de los diputados llamados á formar parte de la comisión de información. Pero aquí precisamente es donde surgen las dificultades del proyecto.

Según él, deberán ser convocados á la información los representantes de todos los acreedores nacionales y extranjeros, tenedores de Títulos de la Deuda en circulación. Pero ¿quién son esos representantes? ¿Por quiénes, en qué forma, y con qué poderes habrán de ser nombrados? ¿Qué interrogatorios van á servir de guía en la información, y cómo se dará de ellos conocimiento previo á los informantes ó á sus representados? ¿Serán aquellos llamados á emitir libremente sus ideas y opiniones individuales sobre la forma que cada cual considere mejor para la unificación de la Deuda, ó á tomar en consideración algun proyecto préviamente formulado por el Gobierno, para que digan si están ó no conformes con él? ¿Se les consultará sobre si están ó no dispuestos á ceder algo de sus derechos, haciéndoles entender la necesidad del sacrificio, ó se les dejará en libertad de apreciar si existe tal necesidad? En el

efecto, con relación al Tesoro, que el sistema del cupón trimestral, adoptado en Francia desde 1862; y por consiguiente la reforma que ahora propone Mr. Lowe en este punto tiene por único objeto ofrecer el beneficio consiguiente á los acreedores, como un estímulo para que acepten voluntariamente la unificación proyectada.