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des requeridas á las personas llamadas á ejercerlas, y de la forma y reglas para su nombramiento, presentando así al primer golpe de vista la incompatibilidad que existe entre la vigente organización y la que deben tener los tribunales, dado el cambio efectuado en el derecho Constituyente.

Los Alcaldes, veneranda institución y resto glorioso de la dominación de los Arabes, enunciación presentida, aunque ignorada de la idea democrática, y que á través de muchos siglos se conserva en sus condiciones de regir y administrar el Municipio y de dirigir paternalmente las discordias de sus administrados, cuando no entrañaban gravedad notoria, han respondido á la noble misión de su instituto, hasta tanto que los progresos de las ciencias morales y políticas hicieron comprender la necesidad imperiosa de separar la administración civil de la judicial, determinando la esfera de acción en que cada cual debe moverse. El reglamento provisional, decretado en 1835, fué el primer paso dado en este camino, pero con la timidez inherente á una época de revueltas, y en que se libraba la última batalla entre el absolutismo y la libertad, que por fin quedó triunfante después de siete años de fratricida lucha. Los horrores de la guerra civil, la penuria del Erario público, y el estado excepcional de una parte del territorio, que desconocía el Gobierno de la Metrópoli, eran poderosas causas de perturbación que hacían imposible el planteamiento de las radicales innovaciones que, como secuela forzosa del nuevo régimen, habían de completar la regeneración social. Por eso; sin duda, se respetaron las facultades heterogéneas de antiguo encomendadas á los Alcaldes en materia criminal, y, como avenidores, se les deslindó la jurisdicción en la civil. Pero la nueva idea, abriéndose paso á través de los obstáculos que naturalmente surgen en todo tránsito acentuado y radical, afirmó su conquista definitiva con la promulgación de la ley de Enjuiciamiento civil, por la que se transfirió á los Jueces de paz, que creaba, el conocimiento de los juicios verbales y de conciliación, encomendado á los Alcaldes por el reglamento provisional de 1835. Ya anteriormente, esta idea salvadora había realizado un notable progreso por medio de la sanción del Código penal, reformado en 1850, cuya ley de ejecución encerró dentro de precisos límites la jurisdicción criminal propia de aquellos, obviando así las intrusiones á qué daba lugar la vaguedad y carencia de leyes penales suficientemente concretas.
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EN LA CONSTITUCION DEMOCRÁTICA DE 1869.

No era esta, sin embargo, la reforma deseada universalmente; prueba de ello el célebre decreto de 18 de Marzo de 1853, que, derogando en parte una ley sancionada en Cortes, atribuyó á los Alcaldes la facultad de corregir gubernativamente las faltas cuya penalidad fuese la multa. No es del caso investigar si semejante innovación reconoció por causa primaria un fin político; pero conviene, sí, tomar acta de su importantísima significación, en cuanto bosqueja la línea divisoria entre las transgresiones de las leyes y reglamentos administrativos, las ordenanzas municipales y las leyes comunes que afectan en particular á la colectividad y al individuo. Imposible es desconocer cuán árdua y difícil se presenta á la simple vista la fijación de estos límites; y sin embargo, la solución del problema puede encontrarse, y quizá se encuentra, en la definición de las respectivas funciones: el Municipio, la provincia y el Estado procuran, administran y conservan los intereses comunales; y es demasiado perceptible que, para cumplir su mandato, necesitan imponer gubernativamente, y sin forma de juicio, la conminaciones y represiones que, marcadas de antemano en las leyes, son de inmediata e indiscutible aplicación. Los tribunales de justicia obran bajo la garantía del procedimiento, previa audiencia de los contendientes, con publicidad, con todas las formas tutelares de la libre defensa; y examinadas las pruebas, aplican las leyes en los juicios civiles y criminales: distinción profunda que dibuja y marca hasta donde es posible la línea divisoria de ambas potestades. La administrativa debe hacer sentir el rigor de la ley conminatoria y represiva al que públicamente; y sin excusa, la elude y quebranta: la judicial procede en todos casos y sobre todas las infracciones, con calma y prudencia, oyendo al acusado y admitiéndole las pruebas exculpativas, sin prescindir para nada ni por nada de la ley del procedimiento.

Corolario del decreto de 1853 ha sido que los Jueces de partido se vean privados de ejercer la inmediata vigilancia, que tan encarecidamente les encarga la ley provisional para la ejecución de las disposiciones del Código penal, siempre que los Alcaldes, bajo pretexto de que la penalidad de la falta es la multa, la corrijen gubernativamente, impidiendo con ello á los tribunales de justicia apreciar, según derecho, la legalidad del fallo en el recurso de alzada, por cuanto de los actos administrativos no se da otro que el de queja ante los Superiores gerárquicos, que son las Diputacio-
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pe raza de tiranuelos, y el porvenir completará los altos destinos de ese gran pueblo, cubriendo su destrozado manto de ruinas con el manto espléndente de sus artes maravillosas.

Si Leopardi hubiera presentido algo de esto, ¿qué magníficos cantos no le hubiera arrancado la esperanza? Pero, poeta desesperado, como el génio melancólico de las ruinas, exhaló su doloroso patriotismo en sublimes ayes, en varoniles exhortaciones. A la sombra de los arcos, á sus ojos méños derruidos que las virtudes romanas, derramó las amargas lágrimas del amante que ve morir consunta á su amada sin esperanza de salvación alguna:

Por patrióticos que fuesen los cantos de Leopardi, no dejaban de ser un peligro verdadero. Entonces, como ahora, en los Estados Pontificios era peligroso ser liberal y cantar las grandes aspiraciones de independencia nacional. Además, los tratados de 1815 habían traído lo que podemos llamar el reinado de la policía; y el Conde Monaldo Leopardi, con su estrecho, aunque recto criterio, comprendió el peligro que para su hijo podían ofrecer aquellos cantos imprudentes. Opúsose á su publicación, y desde entonces el joven poeta encontró en la voluntad paterna una oposición que había de contribuir no poco á su desesperación, pero que al propio tiempo debía salvarle de verdaderos males.

Rara vez los padres comprenden todo el valor de los seres superiores á quienes dan la vida, y tachan de extravagancia, cuando no de locura, los atrevidos vuelos y los desbordamientos e indómitos deseos de una privilegiada inteligencia. El gran poeta Shelley decía siendo muy joven: «Si muero mañana, he vivido bastante para ser mayor que mi padre.» El de Leopardi no comprendía todo el precio de su hijo, pero su espíritu bourgeois y práctico, sirvió de contrapeso á los ideales arrebatos de aquel. Católico-rancio y hombre chapado á la antigua, le alarmaban las audaces expansiones de aquel sabio adolescente. Este, en su estado enfermizo, no hubiera podido resistir á los rigores de una persecución, ni á las inclemencias de un calabozo, y en honor de la verdad el conde acaso le salvaba la vida.

Pero el padre no sólo coartaba los poéticos impulsos del hijo, sino que, pretextando la estrechez de sus recursos, al salvarle de un calabozo, le mantenía prisionero en otro calabozo, en Recanati, en el aborrito e inabitabile Recanati, como él le llama, en la ciudad-sepulcro, donde, entre tormentos prometéicos, yacía el infeliz
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nes provinciales y Gobernadores civiles. Que el no hallarse deslin- dadas las atribuciones respectivas, es ocasionado y produce numerosos conflictos, no hay para qué decirlo; y que se presta admirablemente á coartar el uso libérrimo de ciertos derechos políticos, es demasiado notorio, porque eligiéndose los Alcaldes por el sufragio universal, representan una determinada influencia. Y si para la gestion de los intereses comunales debe ésta apreciarse como garantía de acierto, ya que es la expresion de las aspiraciones del mayor número, bajo el punto de vista de la administracion de justicia, es lícito considerarla elemento invencible de desconfianza, en cuanto, no las ineludibles y lógicas consecuencias de toda acción, sino el interes particular de quien las aprecia y juzga, constituye la base ordinariamente del humano criterio. No en vano, pues, la ciencia proclama y la opinión se pronuncia por la separación de las heterogéneas funciones que de presente ejercitan los Alcaldes.

La escuela doctrinaria, declarando incompatibles los cargos municipales y el de Juez de paz, fundada en que obedecen á diversos centros, y la democrática dando á aquel competencia para autorizar el allanamiento del domicilio, solicitado por los dependientes del Fisco, cuando existan fundadas sospechas de haberse introducido géneros de contrabando, han resuelto de consuno la cuestión, y sancionado implícitamente el principio de que las funciones judiciales no pueden, no deben fiarse á las autoridades populares... ¿Y cómo otra cosa, cuando al poder judicial incumbe guardar y hacer guardar la Constitución, y bajo su égida protectora se mueven y desarrollan los derechos políticos del ciudadano? Tal vez el razonamiento empleado se tache de difuso, y hasta de inconducente para el fin propuesto, mas tengase en cuenta que ninguna observación, por trivial que sea, carece de importancia tratándose de la árdua y complicada organización de los tribunales.

Descartado de la administración de justicia el elemento popular, y en la necesidad imprescindible de remplazarlo con otro que, sin los inconvenientes expuestos, ofrezca la ventaja de no gravar sensiblemente los Presupuestos del Estado, no cabe dudar que á los jueces de paz, ó municipales, según la denominación adoptada en el proyecto de ley de matrimonio civil, corresponde ocupar el primer peldaño de la escala judicial. Esta institución, nacida con la ley de Enjuiciamiento civil, y ya de antemano ensayada, responde cumplidamente á los altos propósitos del legislador; y como
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encarnada sin esfuerzo en las costumbres del país, puede augurársela larga y fructuosa existencia. Empero llamada á ejercer más diversas y complicadas funciones, en razón de ellas ha de perfeccionarse su organización, para guardar entera armonía con el altísimo poder de que forma parte. Bien se deja comprender que, limitada la misión de los jueces de paz en la actualidad, á decidir ex aequo et bono las contiendas entre particulares, cuyo valor no exceda de 600 rs., y á ejercer la saludable influencia de conciliar y avenir las que fuera de la expresada cuantía se susciten, excusan ser peritos en el Derecho; mas para intervenir en el matrimonio civil, cuando bajo su vigilancia é inspección esté el registro civil, y por la secularización de los cementerios tengan que resolver las cuestiones sumarias que sobrevenir puedan, y no serán escasas, por cierto, en los primeros momentos del planteamiento de innovaciones tan radicales, como agnés á las costumbres del país, es de rigorosa precisión se hallen adornados de los conocimientos jurídicos que la importancia social de su cargo requieren, y tengan además á su lado laboriosos y entendidos secretarios que puedan dirigir ordenadamente, y bajo su responsabilidad, la gestión de tan complicados y trascendentales negocios, muy semejantes á los encomendados á los notarios, puesto que aquellos han de ser, como éstos lo son, guardadores de la fe pública.

En el terreno de la ciencia se resuelve facilísimamente la cuestión nacida del anterior presupuesto. Los jueces de paz deben ser letrados, y retribuidas sus funciones; y esta solución, la más sencilla, la más lógica, la más conforme á las exigencias de la época, y que en el fondo merecerá los plácemes del mayor número, será combatida, y no llegará á vías de hecho, porque en esta desgraciada nación los intereses personales ó de localidad se sobreponen frecuentemente á las ideas fecundas y de inmediatos resultados, y también por cuanto la abrumadora carga que pesa sobre las vacíos arcas del Tesoro imposibilita todo nuevo gravamen. Esto no obstante, la voluntad nacional, significada por sus legítimos Representantes, ha formado el Pacto fundamental, y en él se ha escrito «Libertad de cultos y establecimiento del Jurado para los delitos políticos, y los comunes que determine la ley»; y esta nueva y vigorosa sávia que en adelante alimentará á la sociedad, produce sus naturales frutos, que son el matrimonio y el registro civil,
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la secularización de los cementerios y la organización de los tribunales, en perfecta armonía con las reformas proclamadas, y que ya son parte del Derecho constituyente; por manera, que, ó se llevan á puro y debido cumplimiento, ó aquel ha sido en su discusión un mero pasatiempo de la Revolución de Setiembre de 1868, en cuyo caso es ocioso discutir, es ocioso buscar el medio más adecuado de dar vida robusta e imperecedera, á lo que no ha de salir del estado embrionario.

No hay que desesperar sin embargo: aúnense los esfuerzos de todos los hombres de buena voluntad, y haciendo completa abstracción de cosas y personas, estúdiese la división del territorio, que tan de apremiante necesidad es desde el momento en que las vías de comunicación, acortando las distancias, han acercado los pueblos entre sí y mancomunado sus costumbres e intereses; utilícese ese caudal inmenso, producto de la estadística civil y criminal, que hace conocer acertadamente las causas de las contiendas entre particulares, y las de la delincuencia, su extensión y especiales accidentes; y partiendo de estas seguras bases, se habrá comprendido que, al menos en lo judicial, deben formarse grandes distritos municipales, si han de plantearse con buen éxito las reformas que la Constitución entraña. No es posible, no, que en cada uno de los ocho mil y pico de ayuntamientos de España se establezca un registro civil, y un juez de paz, á la altura de su misión, cuando de presente, rubor causa decirlo, muchos de ellos apenas saben escribir su nombre, y no se encuentra un secretario entendido que sea capaz de llevar el registro civil, archivo precioso de los derechos legítimos de la familia. ¿Y cómo hallarlos, y exigirles la responsabilidad de sus actos, cuando no se les compensa su trabajo? Continuando la división territorial vigente, el planteamiento de estas leyes tropezará con el obstáculo de falta de personal; y aun salvado, se presentará el de la carencia absoluta de recursos con que dotarle, aunque fuera desahogada la situación de la Hacienda. En los de los pueblos no puede pensarse, porque salta á la vista la impotencia en que se encuentran para cubrir sus más apremiantes atenciones, y los derechos ó emolumentos que pudieran subrogarse á la dotación fija son tan insignificantes en los de escaso vecindario, y desgraciadamente se trata del mayor número, que no merecen apreciarse. Prueba irrecusable de este juicio es el haberse sacado á concurso las secretarias de los juzgados de paz,
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y no haberse provisto, por falta de aspirantes, sino las de los grandes centros de poblacion.

Demostrado palmariamente que el primer paso de la reforma debe ser la division del territorio, para que suprimiéndose muchas provincias, y las dos terceras partes cuando menos, de los Municipios, se produzcan las economias deseadas por la generalidad, aparece sencilla, fácil y hacedera la solucion del problema, porque permite colocar al frente de los juzgados de paz, personas peritas y de probados antecedentes, retribuyéndose modesta, pero decorosamente, las multiples y constantes tareas de su instituto, cuya importancia se evidencia fijándose en que, aparte del conocimiento de los actos conciliatorios y juicios verbales hasta la cuantía de 600 reales que al presente tienen, y deberá aumentarse hasta la de 3.000, según el pensamiento dominante en quasi todos los proyectos elaborados, se les encarga la jurisdiccion correccional de las faltas, la preventiva respecto á los delitos, la delegada por los tribunales superiores, la intervencion en los matrimonios, y la oficina del registro civil. Permite tambien la reduccion de los Ayuntamientos, la provision por concurso de las plazas de secretarios, que encontrarán la compensacion de sus servicios y de sus estudios anteriores, en los derechos arancelarios de antemano fijados.

No viene al caso ocultar que la dotacion de los Jueces de paz aumentará considerablemente el presupuesto de la Administracion de justicia; mas atendiendo á que la creacion y sostenimiento del registro civil ha de ocasionar gastos de importancia, combinado el medio de aminorarlos por la dependencia en que se le coloca de los jueces de paz, resultará mucho menor el aumento, que de cualquier modo será justificado y productivo. Quizá se califique de paradógico este último adjetivo en relacion con la idea que determina, pues el gravámen es positivo, y dudoso el beneficio: mas discurriendo serenamente sobre que á la sociedad importa mucho se distribuya la justicia, mediante la aplicacion inexorable de la ley, y no á juicio de buen varon, recusable para los espiritus incrédulos, pesimistas ó interesados; que los jueces de paz han de ser un plantel de probos, laboriosos y experimentados magistrados, y por último, que como retribuidos, responderán de sus actos y providencias, lo que no puede tener lugar si el cargo es obligatorio y gratuito y no requiere su desempeño estudios profesionales, vendrá á reconocerse la verdad inconcusa del concepto emitido.
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Refundidas las atribuciones que hoy conservan los alcaldes en los jueces de paz, sea ésta u otra su denominación en la futura ley orgánica de tribunales, constituirán el primer escalón del poder judicial, reconociendo por jefes inmediatos á los jueces de partido, que deberán subsistir como todo lo tradicional é histórico que no pugne con los adelantos y conquistas alcanzadas por la ciencia y la civilización. Comparando sus atribuciones según la legislación vigente, con las que deberán tener, dada la nueva organización, se fijará su importancia y rango. Al presente, conocen de los juicios civiles y criminales sin distinción de fueros, salvas las excepciones contenidas en el decreto del Gobierno Provisional, unificándolos, y como tribunal de alzada, de las providencias dictadas por los alcaldes en los juicios de faltas, y por los jueces de paz en los verbales, con arreglo á las disposiciones de la ley provisional para la ejecución del Código penal y la de Enjuiciamiento civil. Respecto á su competencia criminal, está reducida á la mera instrucción de las causas, pues si bien dictan sentencia, no causando ejecutoria en caso alguno, deja de afectar las consecuencias del fallo, para revestir simplemente las de dictamen, que es lo que significa en rigor legal la consulta á la Audiencia del territorio. La única excepción de esta regla absoluta, son las causas por delito de injuria y calumnia, en las cuales por no ser parte el Promotor fiscal y tener potestad el agraviado para condonar la pena y remitir la injuria, el fallo de primera instancia es ejecutorio en su caso, á la manera que sucede en los juicios civiles.

Aunque divididos los juzgados en las categorías de entrada, ascenso y término, igual es la importancia de sus funciones, la misma su jurisdicción, y todos reconocen por superior inmediato á la Audiencia del territorio. Hasta qué punto sea conveniente esta distinción de categorías, no es del caso examinarlo ni discutirlo, pero debe creerse no se conservarán en la organización proyectada, tanto más, cuanto que determinando el artículo 93 de la Constitución el establecimiento del juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que señala la ley, se introduce una nueva forma de procedimiento que hace indispensable la separación de ciertas funciones, no pudiendo darse en una misma persona la facultad de instruir el proceso, revisarlo, establecer las conclusiones que han de ser objeto de la deliberación del jurado, y aplicar después la sanción penal. Ensanchará el círculo en que han de mo-
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verse los jueces de primera instancia, instituido el jurado, eleva la importancia de su ministerio en la parte criminal, y requiere la creacion de otro orden de funcionarios inferiores en categoria, que tengan á su cargo la instruccion de las sumarias y la policia judicial. Este aumento de empleados, conservándose la organizacion actual, sobrecargaría notablemente el presupuesto, siendo así, que con los existentes puede llenarse ventajosamente el servicio y mejorarse las dotaciones. Para ello, es indispensable plantear desde luego la division del territorio, como base de la supresion de una gran parte de los juzgados que cambiarán su nombre de primera instancia, por el de circunscripcion, más adecuado para expresar el termino jurisdiccional de la cámara del jurado que presiden. De suyo se recomienda y justifica cambio tan radical y profundo en la administracion de justicia. La instruccion de los procesos criminales, constituye hoy en dia la principal y más exigente tarea de los jueces; pero desde el momento en que se transfiera á otros funcionarios, sus deberes quedan limitados al conocimiento de los asuntos civiles de mayor cuantía, al de las apelaciones que se interpongan de los fallos dictados por los jueces municipales ó de paz, á la instruccion de las causas criminales por accion privada y de excepcion, á la revision y preparacion de las que han de someterse á la deliberacion del jurado en las reuniones periodicas que la ley establezca, y á vigilar y corregir las faltas de sus inferiores y subordinados.

La indole de este articulo no consiente minuciosos detalles: basta enunciar los puntos culminantes de la reforma, para comprender que su base fundamental es la separacion de funciones, ó sea la division del trabajo que recomienda la ciencia economica, como sintesis de la perfeccion. La estadistica, que es un auxiliar poderoso, marcará la extension de las circunscripciones con relacion al número de negocios civiles y criminales que se han controvertido en los diferentes juzgados de su compuesto, y el mapa geográfico apuntará invariablemente las dificultades naturales del terreno que se opongan á la justa y debida proporcionalidad del reparto. Por lo demas, no cabe dudar, que los tribunales de circunscripcion llenarán más cumplida y competentemente sus deberes, siempre que se estudien en conciencia, y se planteen con acierto las leyes del procedimiento, basadas principalmente en la publicidad, celeridad y economia, que no perjudiquen la libre defensa. Pudié-