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la forma y la inspiracion de la musa helénica. En cambio, la vibrante armonía, la salvaje espereza y la excéptica filosofía, denuncian al pensador moderno hablando el lenguaje antiguo. Leopardi se quitó la máscara de Bruto para ponerse la de Safo y lanzar, por boca de aquellas dos sombras estóicas, sus imprecaciones al destino ciego y despiadado que le castigaba con tantos y tan intensos dolores.

Si Leopardi encerró sus dos pensamientos capitales en el cuerpo de dos formas antiguas, no extrañemos esta metamorfosis artística. Dentro del frágil y dolorido cuerpo del poeta se albergaba un alma antigua, en toda la extensión de la palabra. Su excesivo amor á la patria, su temple viril y estóico, su concepto de la vida, todos los rasgos de su carácter, le hacían un anacronismo en su patria y en su siglo. Parecía el alma de un héroe antiguo condenada á la expiación en el enfermizo cuerpo de un filósofo moderno. Sus naturales instintos y su trato intelectual con los genios de Grecia y Roma, hicieron de la antigüedad la verdadera patria de su espíritu. Enamorado de la estatua del arte clásico, le pareció deformar la realidad de la figura humana: la inacción de su patria le parecía ócio, bajeza, cobardía. De aquí su desprecio á lo contemporáneo y su amor á lo antiguo. Como Machiavelli, que se ponía sus trajes de gala para leer á los antiguos, tal era su veneración, Leopardi, en su respeto; hacia de aquellos sus maestros, sus modelos, sus ídolos.

III.

Prescindiendo de lo novelesco de todo lo antiguo, y del prestigio de la tradición, que todo lo hermoso y ennoblece; sometiendo la historia al crisol de la fría y severa razón, ¿es fundada esa gran admiración y respeto que es costumbre tributar á la antigüedad greco-romana? ¿Qué ofrece á la contemplación del pensador esa antigüedad tan espléndente de púrpuras y coronas, pero ¡ay! tan manchada con la púrpura criminal de tanta sangre, y tan profanada con las coronas de espinas de tanto mártir?

Si la Roma primitiva, amamantada por la loba de Rómulo; si la Roma etrusca ofrece ejemplos de un pueblo varonil, esforzado y austero; si en los 480 años de República encontramos al principio gloriosos triunfos militares y raras virtudes cívicas, pronto las ri-
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M. Rouher, por M. Forcade de la Roquette, y por los demás Ministros que habían servido hasta entonces la política del régimen personal; por otra, quedaba en pie el principio de que los Ministros dependían únicamente del Emperador; y por último, era el Senado quien aumentaba las atribuciones políticas del Cuerpo legislativo, sin que éste interviniese mucho ni poco en la ley que restablecía la libertad de la tribuna, á pesar de que el restablecimiento se debiese á su iniciativa. Todo el mundo creyó entonces que mientras Napoleon III ocupase el trono, había de procurar la conservación de una parte más ó menos considerable del régimen personal y de las instituciones de Diciembre de 1851 y Enero de 1852.

La carta dirigida por el Emperador á M. Ollivier en 27 de Diciembre último dispuso todos los recelos y todas las desconfianzas. El poder personal abarcaba en ella sin reservas ni salvedades de ninguna clase. Se reconocía que la dirección del gobierno correspondía al jefe de la mayoría parlamentaria, y se le entregaba sin condiciones. La mayoría, ducha ya por completo de sus actos, organizó su Ministerio, y por medio de éste se dedicó á realizar todas las doctrinas que formaban parte de su programa. La iniciativa del Emperador se oscureció por completo detrás de la responsabilidad ministerial. Las oposiciones se declararon desarmadas; los Orleanistas consintieron en olvidar sus antiguas antipatías respecto del Imperio, para tomar parte en la reorganización del régimen liberal; la misma izquierda de la Cámara se mostró benévola para el Gabinete del 2 de Enero. Pero en medio de todas estas aproximaciones de los antiguos partidos, y de esta expansión de la política en sentido liberal, quedaba un recelo bastante justificado. Confesando la sinceridad con que el Emperador procedía, y la confianza que el Ministerio Ollivier-Daru les merece, los partidos liberales no podían menos de observar que las nuevas reformas habían sido hechas por un Senado-consulto, y otro Senado-consulto las podía derogar, así como el Gabinete de 2 de Enero podía legalmente ser sustituido á cualquier hora por otro de distintas tendencias. Las concesiones de los últimos meses conservaban el carácter de libertades otorgadas por el Monarca, y muchos deseaban, distinguíándose entre ellos los Diputados de la izquierda, que se reconociese de una manera explícita y definitiva que el sistema parlamentario tiene raíces más profundas en la constitución política y en el derecho del pueblo francés.

Una nueva carta de Napoleon III á M. Emilio Ollivier, ha realizado los nuevos deseos de los partidos liberales. Dice así: «Palacio de las Tullerías, 21 de Marzo de 1870.—Sr. Ministro: creo oportuno, en las circunstancias actuales, adoptar todas las reformas que reclama el gobierno constitucional del Imperio, á fin de poner término al deseo inmoderado de cambios que se ha apoderado de algunos espíritus, y que inquieta la opinión creando la instabilidad.—Entre esas reformas, coloco en primer lu-
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gar las que se reflejan á la Constitucion y á las prerrogativas del Senado.

—La Constitucion de 1852 debía, ante todo, dar al gobierno los medios de restablecer la autoridad y el orden; pero era necesario que fuera perfectible mientras el estado del país no permitiera establecer sobre fundamentos sólidos las libertades públicas.—Hoy, cuando por trasformaciones sucesivas se ha llegado á la creación de un régimen constitucional en armonía con las bases del plebiscito, importa hacer entrar en el dominio de la ley todo lo que es más especialmente del orden legislativo, imprimir un carácter definitivo á las últimas reformas, colocar la Constitución por encima de toda controversia, y llamar al Senado, á ese gran cuerpo que contiene tantas luces, á que preste al nuevo régimen un concursó más eficaz.—Os pido, por tanto, que os pongáis de acuerdo con vuestras colegas para someterme un proyecto de Senado-consulto que fije invariablemente las disposiciones fundamentales derivadas del plebiscito de 1852, divida el poder legislativo entre las dos Cámaras, y restituya á la nación la parte del poder constituyente que habían delegado.—Creed, señor Ministro, en mis sentimientos de alta estimación.—Napoleón."

Una carta del Emperador á su primer Ministro, no es ciertamente un documento muy parlamentario para iniciar una reforma política; pero puede haberse creído necesario que, para promover la formación del Senado-consulto, destinado á suprimir para siempre el régimen de los Senado-consultos, el poder personal ejerciera el último de sus actos. La nueva definición de las facultades del Senado, revestido hasta ahora del poder constituyente, tenía que proceder del Senado mismo, ó del Emperador. Durante algunos días se estuvo anunciando que aquella Cámara propondría su abdicación, como Napoleón había propuesto antes la de su dictadura personal; pero, ó los Senadores no han querido hacerlo, ó se ha preferido reservar al Jefe del Estado la gloria de la iniciativa de todos los progresos de lo que se llama hoy en Francia la revolución pacífica.

Con arreglo á la carta imperial, M. Ollivier, Guardasellos y Ministro de la Justicia y de los Cultos, presentó al Senado, en 28 de Marzo, el proyecto del último de los Senado-consultos. Por él se establece que dicha Cámara participa del poder legislativo con el Emperador y el Cuerpo legislativo; que tiene la iniciativa de las leyes, aunque las relativas á los impuestos deberán ser siempre primeramente votadas por el Cuerpo legislativo; que el número de Senadores puede ser aumentado hasta el de las dos terceras partes de los miembros de otra Cámara, no comprendiendo os Senadores por derecho propio; que el Emperador no puede nombrar más de veinte Senadores en cada año; que cesa el poder constituyente, atribuido al Senado por la Constitución de 1852; que las disposiciones anexas á este Senado-consulto, y que están comprendidas en los plebiscitos de 14 y 21 de Diciembre de 1851, y 21 y 22 de Noviembre de 1852, ó se
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derivan de ellos, forman la Constitucion del Imperio; y que esa Constitucion no puede ser modificada sino por el pueblo, á propuesta del Emperador.

La Constitucion aneja comprende sólo treinta y ocho articulos, que disponen lo siguiente:—Los grandes principios proclamados en 1789, son la base del derecho público de los Franceses.—La corona imperial es hereditaria en la descendencia directa y legítima de Luis Napoleon Bonaparte: á falta de ella, en la adoptiva, que el Emperador no podrá elegir fuera de las líneas masculinas de los hermanos de Napoleon I; no habiendo descendencia legítima, directa ni adoptiva, en el Príncipe Carlos Pablo Napoleon.—En todos los casos, están excluidas las hembras y sus descendencias.—Faltando todas las sucesiones antedichas, el pueblo nombra Emperador por un plebiscito, cuyo proyecto es sucesivamente objeto de las deliberaciones del Senado y del Cuerpo legislativo, á propuesta del Consejo de Ministros constituido en consejo de Gobierno.—Los miembros de la familia de Napoleon III, llamados eventualmente á la sucesión, y su descendencia de ambos sexos forman parte de la familia imperial.—El Emperador tiene plena autoridad sobre los miembros de su familia; regula sus derechos y sus deberes, y señala sus títulos y condición.—La Regencia del Imperio se arreglará por el Senado-consulto de 17 de Julio de 1856.—Los miembros de la familia imperial, llamados eventualmente á la sucesión, llevan el título de Príncipes franceses; el primogénito del Emperador el de Príncipe imperial.—El Emperador gobierna con el concurso de los Ministros, del Senado, del Cuerpo legislativo, y del Consejo de Estado.—El poder legislativo se ejerce colectivamente por el Emperador, el Senado y el Cuerpo legislativo.—La iniciativa de las leyes corresponde al Emperador, al Senado y al Cuerpo legislativo.—El Emperador es responsable ante el pueblo francés, al cual tiene siempre el derecho de apelar.—El Emperador es el jefe del Estado. Manda las fuerzas de tierra y de mar, declara la guerra, hace los tratados de paz, de alianza y de comercio, nombra para todos los empleos, expide los reglamentos y decretos necesarios para la ejecución de las leyes, concede indultos y amnistías, sanciona y promulga las leyes: en su nombre se administra la justicia.—Para modificar los aranceles de aduanas ó de correos por medio de tratados internacionales, es necesaria una ley.—Los Ministros no dependen más que del Emperador, deliberan en consejo bajo su presidencia y son responsables; pueden ser miembros del Senado y del Cuerpo legislativo, tienen entrada en ambas Cámaras, y deben ser oídos cuantas veces lo pidan.—Los Ministros, los miembros del Senado, del Cuerpo legislativo y del Consejo de Estado, los militares del ejército y de la escuadra, los magistrados y los empleados públicos deben prestar juramento de obediencia á la Constitución y de fidelidad al Emperador.—Quedan vigentes los Senado-consultos de Diciembre de 1852, y
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de Abril de 1856, que fijaron la dotacion de la Corona y la lista civil.—En lo sucesivo, la dotacion de la Corona y la lista civil serán fijados para toda la duracion de cada reinado, por la primera legislatura que haya después del advenimiento del Emperador.—El Senado se compone de los Cardenales, de los Mariscales, de los Almirantes y de los ciudadanos nombrados por el Emperador.—Los Senadores son inamovibles y vitalicios.—El número de Senadores puede subir al de las dos terceras partes de los miembros del Cuerpo legislativo.—El Emperador no puede nombrar más de veinte Senadores por año.—El Presidente y los Vicepresidentes del Senado son nombrados por el Emperador.—El Emperador convoca y proroga el Senado.—Las sesiones del Senado son públicas: la petición de cinco de sus miembros basta para que se constituya en sesión secreta.—El Senado es el guardián del pacto fundamental y de las libertades públicas.—Discute y vota los proyectos de leyes y los impuestos.—La elección para Diputados tiene por base la población.—Los Diputados son elegidos por el sufragio universal sin escrutinio de lista.—Son nombrados para un espacio de tiempo que no puede bajar de seis años.—El Cuerpo legislativo discute y vota los proyectos de leyes y los impuestos.—Elige, al principio de cada legislatura, los miembros que componen su mesa.—El Emperador convoca, suspende, prorroga y disuelve el Cuerpo legislativo.—En caso de disolución, el Emperador debe convocar para otro, dentro del plazo de seis meses.—Las sesiones del Cuerpo legislativo son públicas: la petición de cinco Diputados basta para que se constituya en sesión secreta.—El Consejo de Estado está encargado, bajo la dirección del Emperador, de redactar los proyectos de leyes y los reglamentos de administración pública, y de resolver las dificultades que se susciten en materias administrativas: sostiene, en nombre del Gobierno, la discusión de los proyectos de leyes ante el Senado y el Cuerpo legislativo.—Los Ministros tienen puesto, asiento y voto deliberativo en el Consejo de Estado.—El derecho de petición se ejerce ante el Senado y el Cuerpo legislativo.

¿Son todas y cada una de las disposiciones anteriores de tal importancia que merezcan ser consideradas como parte de la Constitución fundamental, permanente, indiscutible, del Imperio francés? ¿No será, por el contrario, un trámite excesivo para modificar algunas de ellas la apelación á todo el pueblo, para que por el sufragio universal manifieste su dictamen? ¿Este sistema de los plebiscitos no es todavía un resto de las instituciones imperiales, que conviene dar al olvido, como todo lo demás? ¿Qué significa la responsabilidad del Emperador ante el pueblo, si el Emperador es el único que puede tomar la iniciativa para que se le exija? ¿No sería preferible declarar al Emperador irresponsable, y suprimir toda diferencia entre el poder constituyente y el legislativo, dejando la Cons-
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titucion, como todas las leyes, bajo la accion de las dos Cámaras y del Emperador?

Como última prueba de la sinceridad del restablecimiento completo del sistema constitucional, y como conjunto de disposiciones que suprimen para lo sucesivo los Senado-consultas, dividen la facultad de legislar entre el Senado y el Cuerpo legislativo, y hacen necesario el concurso de la Cámara elegida directamente por el pueblo para modificar los derechos de los ciudadanos, y las condiciones de las libertades públicas, la nueva carta del Emperador y los proyectos que son su consecuencia, han merecido aplausos casi universales; pero los partidos liberales han mezclado á esos aplausos nuevas exigencias, de la misma manera que lo hicieron cuando el Emperador les dirigió el mensaje de Julio y la carta de Diciembre.

Si en la primera ocasión se echaba de menos la formación de un ministerio según las prácticas parlamentarias, y en la segunda se reclamaba la estabilidad de las concesiones hechas, y la imposibilidad de derogarlas, hoy se pide que desaparezcan por completo todos esos plebiscitos, y esa responsabilidad personal del monarca, y esa Constitución permanente y fuera del alcance de las facultades de la representación nacional, y todas esas otras instituciones del régimen personal, que puede pretender la gloria de haber dado á la Francia días de grandeza y de bienestar, pero que no tiene ya la pretensión de seguir dirigiendo por sí solo los destinos políticos del Imperio.

La polémica teórica sobre la nueva forma proyectada para la Constitución, se ha agravado notablemente al complicarse con una delicada cuestión práctica. El plebiscito de Diciembre de 1851 contenía cinco bases que, aprobadas por millones de ciudadanos, fueron el fundamento de la legitimidad del régimen político á que la Francia ha estado sometida. Esas cinco bases son: el Príncipe, Presidente por diez años (convertido en Jefe del Imperio hereditario por otra votación del sufragio universal de Noviembre de 1852); los Ministros, dependientes sólo del Emperador; el Senado, defendiendo el poder constituyente; el Cuerpo legislativo, discutiendo y votando las leyes; y el Consejo de Estado, preparándolas y defendiéndolas ante las dos Cámaras. La extrema derecha, más imperiista que el Emperador, se ha opuesto á todas las novedades de los últimos meses, negando su constitucionalidad, y sosteniendo que el Imperio no puede llevarlas á cabo sin desconocer la fuerza legal de los plebiscitos de 1851 y 1852, á que debe su origen y su legitimidad; y tanto ha insistido en este argumento, que, por último, ha logrado hacer triunfar la idea de que debe también apelarse hoy á la votación del pueblo, para que un nuevo plebiscito, rejuveneciendo el Imperio, lo afirme sobre el sistema parlamentario, como los de aquellas fechas lo allaron con la dictadura.

Los defensores del parlamentarismo, que en las votaciones directas,
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pedidas en determinados momentos á la generalidad de los ciudadanos, ven un peligro para las libertades políticas y para el régimen representativo, han alzado con energía la voz contra el proyecto de plebiscito. Y así se ha dado el singular espectáculo de que exijan la apelación al sufragio universal los partidarios de la autoridad dictatorial, y la rechacen los hombres de ideas liberales. MM. Jules Favre y Picard, con toda la izquierda, han reclamado que se suprima el método plebiscitario, que M. Thiers, al combatirlo también con energía, ha calificado de cordero. Los Ministros procedentes del partido orleanista, MM. Daru, Buffet y Talhouet, han llevado al seno del Gabinete del 2 de Enero, las exigencias de los enemigos de las instituciones de 1851; y durante algunos días, una crisis ministerial ha complicado las cuestiones existentes entre las diversas fracciones políticas. Por fin, después de muchas juntas, conferencias y negociaciones, se ha conseguido adoptar el término medio de que se haga un plebiscito. Y con muchísima razón se nota la anomalía de que, mientras el Ministerio Ollivier-Daru no se atreve á decretar la disolución del Cuerpo legislativo, tan útil bajo varios conceptos, por temor de la agitación electoral, va á provocar, aunque con el fin de arraigar el gobierno representativo, la agitación mucho mayor, que corresponde á un plebiscito.

De esperar es, en efecto, que no pecará por escaso el ruido y el estrépito que en esa ocasión próxima promuevan los Rochefort, los Fonvielle, y los muchos que los siguen. El último alarde que han hecho de sus violencias de palabra y de acción, en la vista del proceso del Príncipe Pedro Napoleón Bonaparte, demuestra que se sostiene en toda su altura, no siendo posible que suba más, el desprecio de toda ley, de toda autoridad y de toda conveniencia. Como quiera que se le considere, el proceso de Tours ha sido un grande escándalo. La sala del tribunal, convertida en un teatro de espectáculos melodramáticos; los testigos, aprovechando cualquier ocasión para vomitar contra el acusado ultrajes jamás oídos; el acusado repeliendo, por su parte, la violencia con la violencia; los abogados olvidando á sus clientes para pronunciar programas subversivos del orden social; los ataques personales de banco á banco que alguna vez estuvieron á punto de convertir el santuario de la justicia en recinto de luchas de gladiadores; el jurado absolviendo al Príncipe de responsabilidad criminal, é imponiendo responsabilidad civil por un delito que declara no haber existido; el público cometiendo á cada instante excesos, y faltando á todos los respetos debidos; todos los actores, en fin, y todos los incidentes de este famoso proceso, contrastan con la severa majestad, con el orden y el decoro que deben reinar siempre en donde la magistratura trabaja y deliberá para dar á cada uno lo suyo y para imponer su merecido á los culpables.

Bajo el aspecto meramente político, la contienda sangrienta de Auteuil, y los tumultuosos debates del alto Tribunal de Justicia, establecido en
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Tours, no pueden tampoco ser más deplorables. Las pasiones excitadas hasta la locura; el odio contra el Imperio, alimentado con el recuerdo de la sangre de un hijo del pueblo derramada por un Príncipe, que lleva siempre un revólver en la mano, y que se defiende mal del cargo de haber tenido antes la desgracia de derramar también sangre humana en Roma, en Corfú y en otros puntos; el desprestigio del jurado por una sentencia contradictoria, que absuelve al homicida, y le exige un precio pecuniario por la sangre del muerto; la sospecha, difundida en lenguaje feroz por una prensa numerosa y procaz, de que la justicia no tiene en el fiel la balanza y de que no existe la igualdad ante la ley penal, esa igualdad que parecía la conquista más sólida y acaso la única definitiva del derecho moderno; la mengua de la autoridad moral de la familia del Monarca, rebajada en la persona de un Príncipe á quien los comisarios prenden, los gendarmes custodian, el público amenaza, los testigos cubren de agravios, los magistrados llaman al orden, los abogados discuten con cruel animosidad, y los jurados absuelven por mayoría escasa, y acaso no libre de las influencias políticas; tales son los resultados de estos tristes sucesos. De ellos se han aprovechado para sus vituperables fines los que consagran su vida al escándalo, y dan por perdido el día en que no aciertan á premover un desorden.

La prudencia del Emperador dará feliz remate á la revolución pacífica en el terreno político: los partidos verán disminuirse sus distancias; y bajo el influjo moderador de un Príncipe sensato, cuerdo, conciliador, el sistema representativo dará en Francia los frutos que en Inglaterra ó en Bélgica. Pero los irreconciliables preparan al Imperio grandes batallas y días de conflictos pavorosos en la cuestión social, que toma proporciones alarmantes, y amenaza perturbar hondamente la sociedad. No conseguirán jamás los socialistas destruir las bases fundamentales sobre que descance, pero acaso harán que la libertad vuelva á desaparecer por mucho tiempo ante la precisión inexcusable de aumentar el vigor y la fuerza de la autoridad.

En Austria es en donde la cuestión política parece cada vez de más difícil resolución. El ejemplo de las concesiones obtenidas por la Hungría, estimula á la mayor parte de los Estados que componen el Imperio á reclamar otras iguales ó parecidas. La Bohemia y la Galitzia se habían distinguido por su energía y perseverancia en estas exigencias. La mayoría del Ministerio cisleithano, que profesaba ideas centralistas, y se empeñaba en someter al interés de la unidad del Imperio las pretensiones provinciales, encontró apoyo en la mayoría del Reichsrath, y los tres Ministros que formaban la minoría del Gabinete, salieron de éste, á pesar de que sus opiniones tenían la conocida adhesión del Conde de Beust, gran Canciller, y acaso del mismo Emperador. El Ministerio, compuesto ya exclusivamente de centralistas, no ha hecho caso de los Diputados de