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cipado, y los ciudadanos, así nobles como plebeyos, ya fuesen comerciantes ó simples artesanos que poseían tierras jurisdiccionales.

El Brazo real ó popular lo formaban las ciudades todas del Principado y las villas de realengo, teniendo la presidencia Barcelona. Todas, así ciudades como villas, enviaban sus respectivos Diputados con el nombre de Síndicos. Barcelona enviaba cinco por lo regular, pero no tenía si no un solo voto, como las demás.

Las Cortes eran nulas si se excluía de ellas algún Brazo.

Las Cortes eran convocadas para tratar del estado y reformas hacederas en el país, y para hacer y establecer las necesarias y convenientes á las custodia, gobierno y quietud de la nación.

Todos los que tenían derecho de asistencia á las Cortes podían presentarse y exigir su admisión, aun cuando por descuido ó por malicia no hubiesen sido previamente llamados por cartas reales.

Por lo que toca á los Procuradores, Síndicos ó Diputados de las ciudades y villas, eran especialmente elegidos á cada nueva convocatoria de Cortes. La noticia más antigua que hemos podido hallar relativa á esta elección, es de Diciembre de 1347. En el manuscrito titulado Rúbrica de Bruniquer, que se custodia en el archivo de nuestras casas consistoriales, consta que el lunes 4 de los idus de Diciembre del año citado, los Concelleres y Consejo de Ciento, reunidos en la plaza del Palacio Real con muchos jurados y muchos de los otros ciudadanos y habitantes de Barcelona, eligieron Síndicos á dos de los Concelleres y á seis otros ciudadanos para concurrir á las Cortes que el rey había convocado. Después de esta noticia, á cada paso se encuentran en la citada Rúbrica notas referentes á elección de los Síndicos de Cortes, elección que siempre consta hecha en público, en la plaza y escaleras del Palacio Real, y siempre según la forma acostumbrada. También consta que á los pocos días de su elección, los Síndicos debían presentarse á jurar en la plaza pública, delante del pueblo congregado para el acto.

Se ve pues por estas noticias, que los representantes del pueblo eran verdaderamente tales y elegidos por voto libre y espontáneo de sus representados.
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X.

Para ser Diputado ó Síndico, es decir, para ser elegible, no se necesitaban más condiciones que ser catalán, vecino de la población que lo elegía, y estar habilitado para formar parte de la corporación municipal, de manera que con estas condiciones la prole de los cuneros, hoy tan fecunda y tan fatal para el país, no podía existir en Cataluña.

En el siglo XV, los Diputados cobraban honorarios, á razon de treinta sueldos por día, según consta en esta noticia que traducimos al pie de la letra de la Rubrica.

«A 12 de Enero de 1420, Ramon de Plá, uno de los Síndicos, hizo recibo de 351 libras catalanas por sus salarios de 234 días á razon de 30 sueldos por día, según es costumbre dar á los Síndicos de Córtes extractivitatem.»

Los Diputados de las antiguas Córtes catalanas pueden presentarse como dechado y ejemplo de patriotismo, de lealtad, de amor al trono y al pueblo, de hidalguía, de rectas intenciones, de cuantas virtudes son necesarias á los legítimos representantes del país, que sólo por amor á él se presentaban en los escaños del Congreso á hacer oír su autorizada y desinteresada voz. ¡Infeliz por otra parte el Diputado que no cumplía como bueno y leal ó que se manifestaba indiferente á los intereses del país! Escarnio de sus ciudadanos, blanco de sus tiros, se veía precisado á abandonar la ciudad.

Antes de ir á las Córtes los Diputados, prestaban el juramento solemne de no admitir empleos ni honores para ellos ni para los suyos, no sólo durante el tiempo de su mandato, si no hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones. La Diputacion ó General de Cataluña, cuerpo casi soberano entonces, era el centinela avanzado del país, y ante este tribunal eran residenciados los Síndicos al volver de las Córtes á fin de que, durante cierto espacio de días, pudiesen los electores hacerles todos los cargos que quisieran respecto al buen ó mal desempeño de su elevado cometido. El país era inexorable para con un Diputado traidor ó vendido. Probado el cohecho, se le borraba de la lista de los ciudadanos
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honrados y quedaba inhabilitado para toda clase de empleos y honores.

Recordamos haber leído que una vez, en tiempo del Emperador Carlos I, este monarca regaló una pieza de rico brocado á un representante de Cataluña que había ido á tomar asiento en las Cortes de Monzon. El Diputado catalán, que había prestado solemne juramento de no aceptar dádivas ni empleos, se halló entonces en un verdadero compromiso de delicadeza, pues ni podía faltar á lo que tan solemnemente había jurado, ni quería dar un desaire al emperador. En este apuro, aceptó la pieza de brocado que le ofrecía el rey; pero fué para regalarla á uno de los templos de Barcelona á fin de que se destinase al uso y servicio de una de las Santas imágenes veneradas por los Catalanes.

En otra ocasión, en tiempo de Felipe II, los Diputados catalanes que se hallaban en las Cortes de Monzon accedieron á que el monarca suspendiese las Cortes á causa de haberse declarado la peste en dicha villa; pero al regresar á esta ciudad fueron públicamente degradados por haber tenido miedo á la peste, y por haber dado su consentimiento á que el rey suspendiese las Cortes antes de haber contestado á ciertas quejas del país.

Ejemplos como estos abundan en los anales de nuestra historia, y prueban cuán alto rayaba el patriotismo de nuestros mayores y cuán arraigadas estaban en nuestro suelo las verdaderas prácticas constitucionales.

Los altos funcionarios y empleados, como Gobernador general, Senescal, Almirante, etc., estaban absolutamente excluidos de las Cortes, siendo las únicas incompatibilidades que había. Al contrario de lo que hoy sucede, nuestros antiguos políticos creían deber alejar de las Cortes á los altos funcionarios que podían falsear la representación nacional seduciendo, oprimiendo, vejando ó influ-yendo malamente.

Los Diputados de Barcelona tenían un Consejo con el cual conferenciaban y se ponían de acuerdo para cualquier caso grave, dificultoso ó delicado. Llamábase este Consejo la veinticuatrena de Cortes, por formarse de veinticuatro ciudadanos, que eran elegidos al propio tiempo que los Diputados, solamente para dar á éstos el Consejo y el apoyo de sus luces e influencia. Venía á ser en cierto modo la veinticuatrena de Cortes lo que hoy son los comités políticos para los representados de cada partido.
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XI.

Abriáse las Córtes el dia señalado con la que entonces se llamaba «proposicion del Rey» y hoy discurso de la Corona. En esta proposicion ó discurso, el monarca hablaba de los motivos que le habian precisado á convocar las Córtes, de lo que esperaba de ellas y de los asuntos generales del reino, contestándole por lo regular el Arzobispo de Tarragona con palabras de mera cortesía.

Sucedio una vez que Juan II celebraba una solemne apertura de Córtes en Barcelona, y por ley ó capítulo de corte estaba terminantemente prohibido, á cualquiera que fuese, hallarse en el estrado que sustentaba el trono y al nivel del rey, mientras que éste pronunciaba el discurso con el cual abría la legislatura. En tanto que Juan II pronunció este discurso, su nieto, hijo del Conde de Foix, ó Infante de Navarra, estaba junto al trono del rey su abuelo. Terminado el discurso la Asamblea guardó silencio, y en vano esperaba Juan II la respuesta que, según uso, debia dar el Arzobispo de Tarragona á la proposicion real. Era que se habia decidido no contestar mientras el Infante continuase en el puesto que contra la ley ocupaba. Esta decision fué comunicada en voz baja al Vicecanciller, pero en términos generales, como eran los de que no podia darse contestacion mientras hubiese junto al trono personas que no debian estar. Encargado de trasmitir esta respuesta al rey, el Vicecanciller cumplió con su encargo; pero el rey le volvió á enviar á la Asamblea para hacer observar que la presencia de un niño era sin consecuencia, y que no debia dilatar por lo mismo su respuesta. A pesar de la opinion del rey, las Córtes persistieron en su silencio, y Juan II, cediendo ante una insistencia protegida por la ley, dió orden al Infante para que abandonará el sitio.

Entonces se levantó el Prelado, y contestó al discurso del rey diciendo, que las Córtes harian lo que mas conforme estuviese con el servicio de Dios y la salud del reino.

En todas las circunstancias, como en ésta, hallamos la prueba de los sentimientos íntimos, de los sentimientos patrióticos y nacionales que animaban á nuestras antiguas Córtes y á nuestros antiguos ciudadanos. Se ve á estos siempre respetuosos para con el rey, siempre adictos, pero inspirándose de la susceptibilidad
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laudemio, y todos los demas del dominio directo; y refundieron éste con el útil en favor de los que habian anteriormente adquirido tales artefactos á censo enfitético. Al parecer, la letra y el espíritu de aquel decreto no comprendian sino los derechos señoriales, dejando aparte todos los demas del Real Patrimonio que no tuvieran semejante carácter; y relativamente á lo que abolia y suprimía, conservaba el principio de indemnización establecido por la ley de 6 de Agosto de 1811.

Con mucha mayor claridad se fijaba la suerte del Real Patrimonio en las disposiciones adoptadas por las Córtes, trasladadas á Madrid en Marzo y Abril de 1814, cuando ya el Rey volvia al territorio de la Península.

«Para llevar desde luego á efecto, decian en decreto de 28 de Marzo, lo prevenido en el art. 214 de la Constitucion politica de la Monarquía, enteramente conforme á las intenciones del señor D. Fernando VII, manifestadas en su Real decreto de 22 de Marzo de 1808, las Córtes declaran lo siguiente:

»1.º El Patrimonio del Rey, en calidad de tal, se compone: Primero. De la dotacion anual de su casa. Segundo. De todos los palacios Reales que han disfrutado sus predecesores. Y tercero. De los jardines, bosques, dehesas y terrenos que las Córtes señalaran para el recreo de su persona.

»2.º La administracion de todos los palacios Reales señalados ya al Rey por el art. 213 de la Constitucion, y de los jardines, dehesas, bosques y terrenos que con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior señalaran las Córtes como parte del Patrimonio del Monarca, durante la ausencia y cautividad de éste, correrá al cargo de los sujetos que la Regencia señalaré.

»3.º La Regencia procurará valerse, con preferencia, para el cuidado, administracion y manejo de las fincas que compongan el Patrimonio del Rey, de los criados de éste que actualmente se hallaren sin destino; y no proveerá las vacantes que en el dia hubiere, ni las que vayan ocurriendo.

»4.º La administracion de los bosques, florestas, dehesas y terrenos que quedaren fuera de la masa de los que las Córtes aplicaren al Patrimonio del Rey, correrá al cargo de la Junta del Crédito público.

»5.º La Regencia dará las disposiciones que tenga por convenientes para el buen manejo y administracion de todos los palacios
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Las tres primeras partidas, que importan en junto 176,585,364 reales, figuran en el Presupuesto como carga especial de los productos de ventas de Bienes desamortizados, los cuales, por consiguiente, son ya hipoteca, que garantiza el cumplimiento de estas Obligaciones. El importe líquido de la cantidad realizable por aquellos productos en el próximo año económico, según los cálculos del Presupuesto de Ingresos del Sr. Ardanaz será de 294,449,044 rs., que da un sobrante sobre el de las Obligaciones referidas, de 57,914,580 rs.: cuyo sobrante, aunque no alcanza ni con mucho para atender á la amortización debida de los Billetes hipotecarios y Bonos; ofrece amplia margen para embeber las falencias que puedan resultar en la realización de las previsiones de estos ingresos. De suerte, que en todo evento estas Obligaciones de nuestra Deuda están suficientemente garantidas por los recursos propios del fondo especial afecto á su pago.

No se hallan ciertamente en el mismo caso las otras deudas con interés, que gozan también de la ventaja de la amortización, aunque no son menos preferentes en estricto derecho que las anteriores. El importe de estas Obligaciones, pues, lo mismo que el de la última partida referente á las otras dos deudas, de cuya amortización no se puede prescindir, porque no devengan interés, puede y debe agregarse al de la Deuda consolidada, con el cual forman la suma de 754,111,120 rs. Esta cantidad es la que necesita una garantía de que carece, para que sus acreedores puedan tener la misma seguridad que tienen los de las otras deudas en la hipoteca de los Bienes desamortizados especialmente afectos á su pago. En el estado actual de nuestro crédito, esa seguridad solamente puede ofrecerse constituyendo, según el modelo inglés que hemos expuesto, un fondo consolidado permanente y bien dotado de recursos propios é infalibles, para cubrir en todo caso sus obligaciones, sin que el cumplimiento de estas dependa nunca de qué el presupuesto ordinario esté ó deje de estar nivelado; y para constituir ese fondo tenemos en nuestra Hacienda medios amplios y fáciles, sin aguardar á que se realice dicha nivelación.

Por el convenio celebrado con el Gobierno, en 19 de Diciembre de 1867, con arreglo á la autorización dada al efecto por la ley de Presupuestos de aquel año, el Banco de España está encargado de la recaudación general de las contribuciones directas, de inmuebles y de la industria y comercio; cuyos ingresos son los de más
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más leve en sus relaciones con el poder soberano, pero inflexibles con respecto á lo que imperiosamente les exigian su posicion en el estado y las prerrogativas anexas á uno de los grandes poderes nacionales, á la representacion del pueblo que les habia confiado la elevada mision de defender sus derechos y franquicias, y depositado entre sus manos una parte de su soberania al confiarles el poder de hacer sus leyes.

La primera sesion de las Córtes, no se reducia más que al discurso del rey y á la contestacion de la Cámara.

En la segunda, quedaban nombradas las diez y ocho personas, nueve por la parte del rey y otras nueve por parte de los Brazos, que debian formar lo que hoy se llama la Comision de actas. Estas diez y ocho personas, con el nombre de habilitadores, examinaban las circunstancias legales de los Diputados y los poderes que traian, para ver si estaban en regla y dar su dictamen.

Constituida ya la Asamblea, elegia el rey á las personas que en su nombre y representacion habian de entenderse con ella, y á estas se daba la denominacion de Tratadores del Rey.

Los Brazos no deliberaban en comun, sino cada uno separadamente, pero al objeto de entenderse entre sí, cada Estamento nombraba seis Tratadores de Brazos, y reunidos los diez y ocho, conferenciaban y se ponian de acuerdo, llevando luego los asuntos á la discussion de sus respectivos Brazos. En estos, despues de amplia discussion, se tomaban los acuerdos por mayoria absoluta, excepto en el Brazo militar, donde era necesaria unanimidad de votos para que hubiese decision, pues el disenso de un sólo individuo paraba el Brazo.

Aprobadas por los Brazos las proposiciones de los Tratadores, se llevaban á la reunion general de los mismos, y como estaban ya previamente aprobadas por cada uno en particular y se habian ampliamente discutido, poco lugar ofrecian al debate en la Asamblea general, con tanto mayor motivo, cuanto que llevaban tambien la aprobacion de los Tratadores del Rey. Para su sancion y definitiva aprobacion, se aguardaba á celebrar la última sesion, que era llamada del Sólio, donde el rey juraba todo lo hecho y legislado, no disolviéndose jamas las Córtes hasta que por parte del monarca, y con toda religiosa pompa y pública solemnidad se habia prestado este juramento.
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XII.

Dos circunstancias muy importantes y muy notables hay que hacer observar, tratándose de las Córtes catalanas.

La primera, que hasta después de haber terminado todo lo que debían tratar las Córtes, y hasta después de haber prestado el rey el juramento de guardar y hacer guardar las Constituciones hechas y demás acuerdos y actos de Corte, no se le otorgaba el servicio ó donativo, que en los primeros tiempos nunca fué pecuniario por cierto, consistiendo sólo en gente armada sostenida á costa del Principado.

La segunda, que el subsidio no era nunca votado por las Córtes, como el rey no desagraviase antes al país, á cualquiera de los tres Brazos ofendidos ó á los simples particulares, de las injusticias, desafueros ó arbitrariedades que él ó sus oficiales hubiesen podido cometer desde la legislatura anterior.

Sobre este punto fueron siempre inexorables los Catalanes.

En 1264 se negó al rey D. Jaime el Conquistador el auxilio que pedía contra los Moros, mientras no satisfaciese los agravios que se reclamaban de arbitrariedades cometidas por él y sus oficiales en el país.

A D. Pedro el Grande, le negaron las Córtes el auxilio que pedía para la guerra, si antes no retiraba ciertas órdenes que había dado contrarias á lo prevenido en las Constituciones.

En tiempo de Alfonso, el conquistador de Nápoles, las Córtes se negaron á servir á este rey con el subsidio que demandaba, si antes no venia de Nápoles á responder de ciertos cargos que se le hacían, y aun acordaron, que el subsidio no le fuese dado hasta seis meses después de su regreso y de haber satisfecho los agravios para ver si eran cumplidos.

En 1396, el Parlamento que celebró la reina en Barcelona, pasó á hacer algunos actos de consideracion, sin intervenir los Síndicos de Barcelona, quienes, por causas especiales, no se habían presentado aún á tomar asiento en el Congreso. Diéronse por agravados los Diputados barceloneses, y se deliberó que no se presentasen en el Parlamento interin aquellos actos no fuesen revocados, como así tuvo que hacerse en 16 de Diciembre de dicho año, pasando en-
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tónces á ocupar su puesto los Diputados (Bruniquer, tomo II, página 289).

En 1437, la veinticuatrena de Córtes deliberó y dió instrucciones á los Diputados para que no permitiesen que se procediese á hacer ningún acto de Córtes, como antes no fuese reparado un agravio que había recibido de parte del Gobernador de la ciudad de Gerona (Bruniquer, lugar citado).

Los anales parlamentarios de nuestro país están llenos de casos de esta índole, y consta en diversos é importantes casos la firmeza con que en este punto obraron siempre las Córtes catalanas.

El derecho de quejarse y ser desagraviado, no se limitaba á los Brazos ó Diputados. Cualquier Catalan, aun de la condición más humilde, tenía derecho de acudir en queja ó greuie á las Córtes pidiendo remedio y justicia contra la autoridad, el oficial ó empleado que le hubiese ofendido arbitrariamente, aun cuando fuese el mismo rey (Encara sia lo senyor Rey).

Por lo mismo, todas las legislaturas comenzaban por nombrar una Comisión, que era llamada de Jueces de greuies, la cual se acostumbraba componer de diez y ocho personas, elegidas la mitad por el rey, y la otra mitad por las Córtes, cuya Comisión tenía á su cargo dar informe sobre cuantas quejas se presentaban.

En cuanto se reunían las Córtes, quedaban destituidos todos los empleados reales existentes en Cataluña hasta que, sujetos á un juicio de residencia, celebrado por los comisionados de veguería nombrados por las mismas Córtes de legislatura á legislatura, fuesen absueltos de su conducta oficial en el desempeño de los destinos.

«Unas Córtes, ha dicho un ilustre contemporáneo, con verdadera iniciativa en todos los ramos de la legislación y del gobierno, que principiaban sus tareas por residenciar al monarca y á todos sus delegados en cuantos actos suyos se denunciaban como contra fuero, pidiendo su remedio y reparacion, y que terminaban por revocar los servicios otorgados á la Corona (si las licenciaba antes de llegar el término de sus trabajos legislativos), ó por anular todo lo hecho por ellas mismas si negaba la régia sancion á sus proyectos de ley, reunian dentro de sí más elementos de estabilidad y de supremacía parlamentaria que todas las que en España se han conocido en el siglo que corremos.»

Conforme observa otro autor, las disposiciones legales de las
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Córtex con el rey se calificaban de Constituciones y actos ó capítulos de Córtes. El jurisconsulto catalán, Ripoll, diferencia la Constitución del acto de Córtes, diciendo «que la Constitución se hacía por el rey y los tres Brazos juntamente, usándose la fórmula Statuimus et ordinamus, mientras que los actos ó capítulos eran peticiones que elevaban uno ó dos Brazos separadamente al rey sobre intereses particulares del Brazo.» La fórmula de esta concesión era: Plau al senyor Rey. (Place al señor rey.)

Las Constituciones se consideraban como leyes paccionadas, y todos los antiguos jurisconsultos están conformes en darles esta fuerza y vigor; y como una de las principales precauciones para no bastardear el texto y espíritu de las leyes, es su interpretación auténtica, las Córtes catalanas no quisieron que esto fuese facultad del rey, sino que se apropiaron esta interpretación, considerándose como autoras de las leyes, y acordaron que esta importante atribución debía residir en los Brazos, pero oyendo para las interpretaciones á una Comisión de jurisconsultos.

XIII.

Las Córtes no podían celebrarse en pueblo de méños de doscientas casas, ni en lugar alguno qué fuese casa de rey ó tuviese fuerza armada.

En la Rubrica de Bruniquer se lee: «En 24 de Marzo de 1450, queriendo la reina celebrar las Córtes en el castillo de Perpiñan, los concelleres escriben á los síndicos que disientan por ser casa de rey, y á 26 les escriben ejemplares, y á 28 escriben que cuando el rey esté indisputado, recibida información de médicos continuada en los actos de la Corte, van los Estamentos con protesta allí donde está el rey á celebrar el acto, y de otra manera el rey debe ir al apartamento de los Estamentos.»

Con motivo de esto dice un autor, muy entendido por cierto en todo lo que se roza con el parlamentarismo antiguo: «En cuanto á las relaciones oficiales entre el Rey y las Córtes, éstas llevaban siempre ventaja; porque si bien agotaban las muestras de política y cortesania cuando se hallaba presente, es lo cierto que nunca, ni en corporación ni en comisión, se presentaban en el palacio del rey. Este iba para todo en persona á las Córtes; son muy conta-