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Don Pedro de Guzman, Conde de Olivares, y abuelo del Conde-Duque, había recibido de Felipe II la merced de la jurisdicción de Alcaide y Obrero Mayor de los Alcázares y Atarazanas Reales de la ciudad de Sevilla y sus anejos, y de los Palacios y Bosques del Lomo del Grullo y de las Rocinas, con el término redondo á ellas adyacente. Sucedióle su hijo D. Enrique, y á éste el famoso Don Gaspar, á quien Felipe IV otorgó el privilegio, con la condición de hereditario, de poder llevar, cuando residiese en Sevilla, veinticuatro Alabarderos á su costa, con otras preeminencias y exenciones, entre ellas la facultad de sentarse en el cabildo de la ciudad al lado del Asistente, de votar después del Alguacil mayor y del Alférez, de nombrar Teniente, de ejercer por éste ó por sí mismo, jurisdicción civil y criminal, y de escoger las carnes y pescados, y hacer entrar todo el vino, que fuesen necesarios para el consumo de los empleados de los Alcázares, como podía hacerlo en la Alhambra de Granada el Alcaide de esta y su Teniente (1).

El ya mencionado D. Luis de Haro, sobrino del Conde-Duque, y su sucesor en la privanza y en el Condado de Olivares, fué Alcaide de El Pardo, y de los bosques y Casa Real de Balsain; y así, por este estilo, tuvieron la administración gubernativa y económica de una porción importante del Patrimonio Real, y ejercieron en ella la jurisdicción judicial en lo civil y en lo criminal, los principales personajes de la política española del siglo XVII; no sucediendo de muy diversa manera en el siguiente, puesto que ya hemos visto á Carlos III y á su hijo reservar para sí y para sus Ministros de Estado, en muchos casos, las decisiones acerca de las apelaciones contra las sentencias dadas en los pleitos y causas criminales de caza y de bosques.

XI.

De la enumeración de las fincas y localidades que antes he copiado de los Cervantes, resulta que, aparte del Archivo de Simancas y de la Casa de Moneda de Segovia, todo el Patrimonio de la Corona de Castilla, sometido á la dirección de la Real Junta de Obras y Bosques, se componía de los Palacios y de los terrenos,

(1) Real cédula de 16 de Agosto de 1621, confirmada y ampliada en título y privilegio de 12 de Enero de 1623.
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dichosos, aquellos en que un pueblo logra se restituya á la Iglesia la reina de sus joyas, considerando su pérdida ó conservacion como punto de honra nacional!

Al dejar la pluma, un sentimiento de dolor profundo embarga aún hoy nuestra alma, á más del de la muerte de nuestro inolvidable amigo: tal es el que nos causa triste recuerdo del desastroso fin que tuvo la monarquía de Ataulfo, Recaredo y Wamba; siendo necesarios cerca de ocho siglos de porfiada lucha para borrar las consecuencias de una sola batalla. Hoy, cual entonces, podria exclamationarse con frases tan ardorosas y expresivas como las de Isidoro de Beja, cuasi contemporáneo de aquellos deplorables acontecimientos: Quis enim narrare quae tantà pericula? Quis dinumerare tam importuna naufragia? Nam si omnia membra vertentur in linguas, omnino nequaquam Hispaniae ruinas, vel eius tot tantaque mala dicere poterit humana natura.

Hemos concluido, temiendo haber abusado de su amable condescendencia en leer estas páginas; pero, en cambio, aprovechamos la grata ocasion de asegurarle una vez más la sinceridad del acendrado afecto que le profesan sus apasionados y constantes amigos, ss. ss. q. b. s. m.

José Oliver y Hurtado.        Manuel Oliver y Hurtado

Granada 3 de Setiembre de 1869.
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primitivamente reservados para cazadores, y que, conservados después siempre con este principal objeto, servian tambien para dar pastos á la Real Yeguada, ó se iban reduciendo á mayor explotacion y cultivo. En cuanto al Archivo de Simancas, nada ofrece de particular el hecho de que, en aquella organizacion administrativa, se le encuentre clasificado entre las cosas pertenecientes al Rey; pero no seria posible dar explicacion alguna á la anomalia de hallarse en el mismo caso la fábrica de moneda de Segovia, si en la Instruccion dada para su régimen en 31 de Diciembre de 1596 no se hiciese saber que fue hecha con Hacienda Real. Nueva prueba de que se hacia una distincion entre el Patrimonio del Reino, y el Patrimonio del Rey. El Consejo de Hacienda pretendió en 1619 que, por lo menos, en lo tocante á los derechos de senoreaje le competia á él librar; y Felipe III, oídas las razones de dicho Consejo, y las que por su parte alegó la Junta de Obras y Bosques, determinó que se reservase de los derechos recaudados en la fábrica toda la parte necesaria para pago de Tesorero y oficiales, y para gastos de reparos, cuya distribucion tocaba á la Junta, y lo restante fuese administrado por el Consejo.

Si todavía, después de tantas pruebas é indicios como quedan acumulados, de haberse considerado siempre existente un Patrimonio privado de los Reyes, separado del perteneciente al Reino, se quisieran agregar más, pudieran alegarse algunos otros. Florida-blanca, explicando sus ideas sobre las relaciones de la agricultura y la ganadería, se expresaba así: «Ha dado el ejemplo en este punto la piedad del Rey en la dehesa de la Serena, en que, sin embargo de su particular dominio, ha querido que se atiendan y prefieran los vecinos en lo que necesiten de la tercera parte de sus pastos (1).» La Maestranza de Sevilla, establecimiento del Estado, pagaba un censo al Real Patrimonio por los terrenos sobre que había construido su edificio, y lo mismo la Aduana de aquella ciudad. Prescindiendo de la cita de otros hechos que, aunque demuestran la existencia separada de caudales Patrimoniales, son, á lo menos en su origen, independientes de las relaciones legales establecidas entre la fortuna del Reino, el haber del Fisco ó Hacienda pública, y el privado del Monarca; como el suceso de haberse redi-

(1) Informe del Fiscal de Consejo, D. José Moñino, en el expediente gubernativo entre la Mesta y Extremadura, pár. 268.
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mido con metálico en 1799 la parte que la Corte de Sajonia reclamó como suya en el capital invertido por Carlos III en Riofrío.

En el contenido de las escrituras de adquisición de nuevas fincas, hálase diversidad de fórmulas y de procedimientos. Ya los Reyes declaraban que hacían las compras con su dinero; ya dejaban el pago á cargo del ramo de correos, ó de cualquiera otro de la administración pública. Unas veces adquirían para sí, y sus hijos y sus sucesores; otras expresaban hacerlo para su Real Patrimonio ó para la Corona. Ora pasaba á ser propiedad de un Príncipe finca que, como la Casa de Campo, estaba en poder de los Reyes sin interrupción desde hacia siglos (1); ora se elevaba á la categoría de alhaja de la Corona la que, como la Acequia de Jarama, tenía hasta entonces menor importancia y consideración (2).

Las enagenaciones nada significan para el objeto de fijar el carácter legal del Patrimonio. Hubo, sin duda, algunas é importantes; pero, con arreglo á las doctrinas de la Monarquía absoluta, no cabía duda en que tenía el Rey potestad para decretarlas, bien se considerase que pertenecían las fincas al Reino, bien le correspondieran á él como amayorazgadas, ó bien se reputasen como de su libre propiedad particular.

XII.

El Patrimonio de la Corona de Aragón constaba de tres Bailías generales; la de Valencia, la de las Baleares y la de Cataluña.

Los derechos, que constituían el haber de aquel Patrimonio, en su mayor parte procedían de la Edad Media, ostentando el carácter indudable de señoriales. En Valencia y en las Baleares su origen estaba en las conquistas hechas por Jaime I. Desde entonces se consideró como perteneciente á los Reyes el dominio de los montes y de las tierras incultas: todo lo que no había sido repartido por aquel Monarca á los que le habían acompañado en sus empresas guerreras, ó no constaba que hubiese sido donado ó vendido por alguno de sus sucesores en el trono, correspondía al Patrimonio; tenía, pues, éste, así en Valencia como en las Baleares,

(1) Ley 4, tít. X, lib. III, Nov.
(2) Ley 7, tít. X, lib. III, Nov.
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un título universal de dominio, en cuya virtud eran de su propiedad los bienes mostrencos, y las tierras incultas, y, en general, toda finca ó solar, del cual no pudieran los particulares presentar título especial de legítima adquisición.

En su consecuencia, cobraba derechos por el paso de los ganados á través de los montes; y concedía establecimientos de las tierras, llamándose así allí las enagenaciones á censo enfitéutico. En estos contratos de enfitéusis se reservaba, por razón de luismo ó laudemio, el diez por ciento del precio de las nuevas trasmisiones de la propiedad; y cuando había pasado el dominio útil á una Comunidad Religiosa, ó á cualquiera otra mano muerta, exigía de ella dicho diez por ciento cada quince años. En las Bailías de Cataluña, se introdujo la costumbre de cobrar desde luego la cuarta parte del precio de tasación del terreno enagenado, constituyéndose la enfitéusis sobre las tres restantes.

No podían construirse en los territorios sometidos á la jurisdicción de las Bailías, casas, molinos, lavaderos de lanas ni artefactos, sin su permiso. Las aguas del mar y de los ríos formaban también parte del Patrimonio: Jaime I se las había reservado explícitamente en el reparto de Mallorca; con arreglo á esta reserva y á la doctrina y usos admitidos, pagaban contribución á las Bailías las maderas que bajaban por los ríos; satisfacían el derecho de tiroje los dueños de las caballerías que se empleaban en la descarga y conducción de los géneros que llegaban al Grao de Valencia, y el de barcaje los de las barcas conductoras.

La leída de tierra era un impuesto sobre los consumos; la de mar un derecho de importación y de exportación exigido á los buques extranjeros, en los puertos de Cataluña y Mallorca. El derecho de cops consistía en un puñado de grano ó de harina, sisado á los que se introducían en la ciudad de Barcelona. Jaime I se había reservado la facultad de conceder permiso para vender carne y pescado en las carnicerías, y Alfonso III incorporó las de Valencia á la Corona, con promesa de no enagenarlas. Regalia del Patrimonio era el monopolio de los pesos y medidas, que servían para asegurar la exactitud de los empleados por los negociantes, ó que directamente debían ser usados en todas las transacciones. Por razón ó título del almudinaje impedía el Patrimonio la venta de granos fuera de los póitos, alhóndigas y almudines de su propiedad. Remisiones se llamaban las conmutaciones en dinero de
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las penas impuestas por los tribunales. Las escribanías estaban reservadas á la Corona, que las daba, como todos los demás bienes Patrimoniales de Aragón, á censo enfitéutico.

Una de las más importantes rentas de aquel Real Patrimonio, eran los diezmos. Jaime I se reservó los de Mallorca, usando del privilegio concedido á los Reyes de Aragón, por los Papas Alejandro II, Gregorio VII y Urbano II, de disponer libremente de las iglesias y rentas eclesiásticas en los lugares que ganasen de los Sarracenos. Reservóse también los de Valencia; pero después, para terminar ciertas cuestiones que le suscitaron el Obispo y Cabildo de la catedral, por él fundada en la purificada Mezquita Mayor, hizo con ellos una transacción, por la que les dió, por una vez, diez mil besantes de plata, y, además de otros derechos, las dos terceras partes de los diezmos, reservando para sí el tercio restante. Todavía hubo nuevas controversias, decididas en 1271, por otra concordia, que hizo al Obispo y Cabildo, dueños del castillo y villas de Chulilla y Bolulla, con la condición de no volver á litigar, ni cuestionar jamás sobre el tercio-diezmo reservado al Patrimonio. En Mallorca se hicieron transacciones semejantes: también allí la Iglesia sostuvo que le correspondía todo el diezmo, por derecho divino; y por parte del Rey, sus abogados defendían que no sólo tenía éste facultad para cobrar esa contribución, sino que debía considerar nulas, por razones especiales, la merced de la misma hecha por Jaime I al Obispo y Cabildo. El convenio, conocido con el nombre de pariatje, se firmó en Setiembre de 1315 por el Rey D. Sancho de Mallorca y el Prelado y Canónigos, y más adelante, reinando en la isla Jaime III, é interviniendo la autoridad Pontificia, se arreglaron definitivamente todos los puntos relativos á la percepción y distribución de los frutos decimales.

Con el nombre de correduría, se cobraban ocho maravedís por libra á los que vendían alguna cosa al pregón. Con el de carcelerías, un impuesto á los presos que entraban ó salían en las cárceles públicas. Con el de Corrales Reales, ciertas cantidades, arregladas á tarifa, á los dueños de ganados que los llevaban á encerrar en los locales preparados al efecto por el Patrimonio. Al dominio de éste estaban incorporadas las Salinas, las Minas y los Tesoros encontrados.

Los Palacios Reales de Valencia, Barcelona y Mallorca formaban naturalmente parte principal del Patrimonio, lo mismo que el lago
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de la Albufera, con la dehesa que le está unida, y con la llamada particion de frutos de sus ocho fronteras, que consiste en la liquidacion de derechos convenida por la Bailía general con los ocho municipios que confinan con el lago.

Citaré, para terminar esta ligera enumeracion, la Acequia condal, en Cataluña, perteneciente á los Condes de Barcelona desde 1305, en que obtuvieron la propiedad del agua que corre entre la capital del Principado y Moncada, construyéndose después los Molinos Reales, y distribuyéndose los riegos mediante varias concordias, con arreglo á las cuales se hacian quinientas treinta y seis partes de los productos, doscientas setenta y nueve para el Real Patrimonio, y las demas para otros muchos partícipes; la Acequia Real de Alcira, empezada por Jaime I, que dispuso que el Patrimonio cobrase de los regantes dos sueldos y medio por cada jobada de tierra beneficiada con las aguas; y el Pantano de Alicante, incorporado al mismo Patrimonio en 1739 en compensacion de los gastos hechos para componer la rotura de 1697, y de otros auxilios dados á la ciudad.

Aunque la masa general de bienes y derechos, administrada por las Bailías, presenta una gran antigüedad, habiéndose transmitido á través de muchos siglos, sin ser tomada jamas en cuenta para los inventarios ni las particiones de las testamentarias régias, cometiera grande error quien creyera que el Real Patrimonio de Aragon, conocido en nuestros dias, se conservaba igual en extension, en importancia, en el número de sus fincas, y en la cuantía relativa de sus productos, á lo que habia sido en épocas anteriores. Los Reyes habian separado de él considerables porciones. Felipe V, por ejemplo, vendió en 1727 al Marques de Santiago por 1.106.700 pesos los tercios-diezmos de la ciudad y de varios pueblos del Reino de Valencia, con las Bailías de Benigáin, Villareal y Villajoyosa. Fernando VI enajenó tambien, mediante venta en pública subasta, y por 700.000 reales, á D. Miguel de Múzquiz, después Conde de Gausa, distinguido Ministro de Hacienda, seis hornos de pan, cinco molinos de harina, los derechos de tablaje, almudín, peita Real, cena de ausencia, y algunos censos enfitéticos en la villa de Murviedro. En 1758 vendió el mismo Monarca al Duque de Berwick los efectos que le pertenecian en la Bailía de Orihuela, consistentes en censos enfitéticos sobre casas, hornos, molinos, tablas de carnicería y tierras, por el precio de 600.000 reales; y por el de
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otros 200.000 le cedió cuarenta mil novecientas cuarenta y seis tahullas de tierra, en los términos de Almoradi y Guardamar, de la jurisdicción de la ciudad de Orihuela. Muchas escribanías pasaron á ser de propiedad particular; y derechos é impuestos de varias clases en algunas ocasiones fueron donados ó vendidos á particulares ó á corporaciones, y en otras caducaron ó cayeron en desuso por el progreso natural de los tiempos, incompatible con su conservación. Entre las causas de la decadencia del Patrimonio Real valenciano cuenta un escritor, muy competente en esta materia (1), la expulsión de los Moriscos, porque al concederse á los Próceres del reino y á las Ordenes militares las tierras forzosamente abandonadas por los expulsos, se les dieron sin reservar á la Corona muchos de los derechos privativos y prohibitivos de que había estado en posesión.

No faltó tampoco ejemplo de invalidarse una gracia después de concedida. Había Felipe V, por Real cédula de 26 de Marzo de 1708, dado al Conde de las Torres, en premio de sus distinguidos servicios en la guerra de Sucesión, la villa y Marquesado de Cullera, añadiendo á sus términos la Albufera de Valencia; y Carlos III, por Real orden de 3 de Abril de 1761, incorporó á la Corona aquel lago, mandando que en compensación se diera al Conde fondo ó alhaja equivalente, formándose á razón de 3 por 100 el capital que corresponde á los 73.000 reales anuales que importaban los productos líquidos en el año medio del último quinquenio. En aquella orden se manifiesta que el Rey procede á decretar la revocación, ó más bien, trasformacion de la gracia otorgada por su padre, «por causas que tiene bien examinadas de beneficio al público;» pero no se indica cuestion acerca de su legitimidad, ni se habla del mayorazgo del Patrimonio, de ser inalienables los bienes de éste, ni de nada parecido. Las facultades omnímodas de la Monarquía absoluta no eran puestas en duda.

Aunque en el reinado de Felipe V se dispuso que pasaran á los Intendentes, por él creados, todas las facultades que habían correspondido á los Bailes generales, no por esto se confundieron los negocios del Real Patrimonio con los demás de la Hacienda pública. Por el contrario, hubo más empeño que nunca en tenerlos

(1) Branchat, Tratado de los Derechos y Regalías del Real Patrimonio, cap. I.
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separados, porque en ellos los Intendentes conservaron mayor suma de atribuciones y prerrogativas. Ni la Audiencia, ni el Capitan general, ni otra autoridad ó tribunal podian suscitar competencia al Intendente cuando desempeñaba las funciones de Baile. La administracion Patrimonial, no sólo conservó su antigua organización especial, sino que la vió más respetada que antes. Para deslindarla mejor, y asegurar la libertad é independencia de su accion, se hicieron, sólo para las Bailías de Valencia, dos voluminosas colecciones de documentos históricos, legislativos y administrativos. En ellos se ve que, entrado ya este siglo, la categoría de Baile subsistía muy distinta de la de Intendente, aunque reunidas en una misma persona, sucediendo lo mismo con la de Maestre Racional del Patrimonio, cuyo cargo se había encomendado al Contador del Ejército; y que para auxiliar á estos dos antiguos Jefes, continuaban el Asesor, el Fiscal, el Procurador y el Tesorero del Patrimonio, las Juntas Patrimoniales y las Bailías locales, así como los Archivos y demás oficinas especiales (1).

XIII.

Las ideas económicas, que triunfaban en la region del poder, con mayor áuge cada dia, desde mediados del siglo anterior, penetraban con más facilidad en el manejo de la fortuna Patrimonial, sometida directamente á los Reyes, que en ninguna otra parte. Ya en 1757, al dictarse varias reglas á que deberia sujetarse la construcción de edificios en Aranjuez, se prohibía su vinculacion; y medidas análogas se tomaban en los demás Sitios Reales. En aquel Real Heredamiento, así como en La Granja, para promover el aumento de la poblacion, se daba toda clase de facilidades, hasta dispensar de todo pago la compra de solares y la trasmission del dominio útil, conservando sólo la Real Casa, como reconocimiento del directo, un derecho de tanteo, rara vez ó nunca ejercido.

(1) Tratado de los Derechos y Regalías del Real Patrimonio de Valencia, por D. Vicente Branchat.—Coleccion de los documentos justificativos de esos Derechos y Regalías, por el mismo.—Coleccion de Reales cédulas, órdenes y providencias dadas para el gobierno del Real Patrimonio del Reino de Valencia, por D. José Canga Argüelles.
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Al empezar el siglo actual, Carlos IV decretaba la desamortización de todo el Patrimonio Real, no dejando fuera del alcance de esta reforma más que los Palacios y Sitios Reales. «A excepción, decía su ley, de la Real fortaleza de la Alhambra de Granada, Palacio del Alcázar de Sevilla y demás pertenencias de su jurisdicción en aquellas capitales, se procederá á la venta en pública subasta de los demás bienes y edificios de la Corona, que no fueren necesarios para la servidumbre de la Real Persona y de su amada familia; á cuyo efecto los Intendentes ó justicias, en cuya jurisdicción se hallen los citados bienes y edificios, pedirán á los Administradores ó encargados de ellos una razón circunstanciada de los que fueren, y la remitirán inmediatamente á la Comisión gubernativa del Consejo, y éste consultará á S. M. lo que estime conveniente en razón de la venta de dichas fincas, y sucesivamente sobre las aprobaciones de los remates, títulos de pertenencia y otorgamiento de la escritura de venta á los compradores (1).»

Esta medida se completaba, en los siguientes años, con las que promovían la redención de los censos. Don Tomás Cortina, en su opúsculo ya citado, y consecuente en su empeño, que también he referido, de demostrar la existencia de un mayorazgo del Patrimonio Real de la Corona de Aragón, comenta así aquella providencia legislativa: «Cuando los apuros del Tesoro obligaron á buscar recursos extraordinarios para hacerles frente, aunque el Sr. D. Carlos IV adoptó, entre otros, el de la venta de las fincas de la Corona, respetó las del Patrimonio de Aragón, limitándose sólo á permitir la redención con vales de los censos enfitéticos.» Dos errores creo que cometía en esto el Sr. Cortina. El primero, en suponer que los apuros del Tesoro eran la causa única, ó, por lo menos, la principal de reformas de esta clase. Escaseces había tenido la Hacienda, y muy grandes, y casi continuas, durante siglos, y no se había apelado, para salvarla de ellas, á la desamortización de la propiedad civil y eclesiástica; si se procuraba, pues, en los remados de Fernando VI, de su hermano Carlos y de

(1) Capítulo L del reglamento inserto en la cédula del Consejo de 21 de Octubre de 1800.—Otros capítulos forman leyes insertas en la Novísima. Este puede verse en la Recopilación de todas las providencias respectivas á Vales Reales, por el Licenciado D. Juan de la Reguera Valdelomar.—El reglamento íntegro se encuentra en el tomo III de la Colección de todas las pragmáticas, cédulas, etc., del Reinado de Carlos IV, por D. Santos Sánchez.