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portancia de esa clase de comercio en la capital de Francia. Algunos almacenes cuentan por centenares sus dependientes. Al principio sólo tomaron parte en la cuestión los empleados subalternos; pero después consiguieron que su ejemplo fuera seguido por los cajeros y contadores. Los dueños no han hecho la más pequeña concesión; las ciento seis casas de Novedades, que se cuentan en París, han estado unánimes y se han mantenido firmes para resistir, y los retraídos del trabajo han tenido que abandonar poco á poco su actitud amenazadora. Algunos almacenes han vuelto á funcionar con todos sus anteriores empleados; uno ha habido en que no se ha permitido volver á los que lo habían abandonado, y el personal ha sido renovado por completo. Del titulado del Louvre habían salido trescientos, y con cincuenta de ellos arrepentidos, con ciento cincuenta mujeres y cien empleados nuevos, se ha cubierto en seguida el mismo número. La admisión de mujeres y la de los pretendientes de provincias, que empezaron á presentar solicitudes por centenares cada día, convencieron muy pronto á los promovedores de la huelga de que sus servicios no son irremplazables.

En Inglaterra, las disposiciones legislativas adoptadas este año no han sido bastantes para impedir la repetición frecuente de las huelgas de los trabajadores; pero ya no presentan la gravedad que antes. Las Trade Unions habían adquirido un desarrollo y una importancia peligrosos. Aparentando en su principio no tener más carácter que el de sociedades de socorros mútuos entre los obreros, después se dedicaron, principalmente, á organizar sus exigencias, y á realizarlas por medio de huelgas. En cuanto se declaraba llegado el caso de empezar una de éstas, las fábricas ó talleres en que se quería obtener una alza en el precio de los salarios, ó una disminución en las horas de trabajo, quedaban condenados á entredicho. Todo miembro de la Trade Union respectiva que continuaba asistiendo á ellos, era expulsado de la asociación e inscrito en una lista negra. A veces, las medidas eran bastante más fuertes, y se ha llegado en algunas ocasiones hasta el asesinato. También se usaba el sistema de abstenerse de dirigir la palabra al que de ese modo había faltado á sus compromisos sociales. «Se ha visto, dice el autor de las Asociaciones obreras en Inglaterra, á varios hombres estar trabajando así durante semanas en medio de un número grande de compañeros, sin poder obtener de ellos una palabra de contestación á sus preguntas más apremiantes.» Precauciones y providencias igualmente eficaces eran empleadas contra los trabajadores no pertenecientes á la Trade Union; se colocaban centinelas para estorbarles el paso á las fábricas; se recurriá á actos de intimidación, y si no eran suficientes, se negociaba y se compraba la alianza. Un fabricante de Manchester hizo venir trabajadores de otros puntos, y no pudo utilizarlos, porque se alejaron otra vez antes de principiar á prestarle
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sus servicios, mediante una indemnización de quinientos reales que los directores de la huelga les pagaron. En otra ocasión, los operarios llegados de tierras lejanas, fueron invitados á escoger entre una paliza, ó una gratificación para el viaje de regreso.

Los fabricantes comprendieron, sin embargo, las ventajas de su posición, y la superioridad de sus medios de lucha, y se coaligaron también entre sí. A las Trades Unions opusieron el lock out, ó sea la disminución del número de trabajadores empleados en sus fábricas, amenazando con cerrar éstas, si las asociaciones obreras no se disolvían, y negándose á admitir á sus órdenes á los que insistieran en pertenecer á ellas. La lucha ha causado grandes perjuicios á ambas partes; pero ha demostrado que el capitalista puede soportar mejor que el trabajador las consecuencias de una paralización en las fábricas. El Gobierno inglés creó comisiones que estudiaran las condiciones de este grave negocio, y con arreglo á los resultados de esos estudios, se han expedido hace poco providencias legislativas. Las Trades Unions, organizadas antes como complots ó conspiraciones, se hallan ahora bajo el amparo de la ley, sus gestiones tienen la publicidad conveniente, y sus tendencias se apartan cada vez más de fijar por la violencia las condiciones de los salarios. Trabajadores y capitalistas van reconociendo ya que su común interés está en la paz y buena armonía, y que ni las Trades Unions, ni el lock out les proporcionan mejores soluciones de las que todos deben buscar en el movimiento natural y no violentado de la oferta y la demanda. La libertad económica no es sustituida con ventaja por ninguno de los medios ni de las combinaciones que se han ideado contra ella, y que más ó menos directamente conducen siempre al establecimiento de monopolios y privilegios. Verdad es que surgen de cuando en cuando graves crisis industriales; y no puede negarse que á menudo el individuo, sin más recursos que sus fuerzas aisladas, se siente incapaz de ejercitar los medios de acción que le son propios; pero esas crisis son pasajeras, y no se dan en este siglo, como se daban en los anteriores, ejemplos de comarcas en que la población empobrecida se disminuía rápidamente y concluía por desaparecer del todo, por efecto de aquellos sistemas de privilegios inicuos, de acaparamientos organizados por las leyes y las autoridades, de trabas absurdas puestas de mil modos al trabajo humano.

FERNANDO COS-GAYON.
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NOTICIAS LITERARIAS.

DISCURSO LEIDO POR EL EXCMO. SR. D. MANUEL ALONSO MARTINEZ, Presidente de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislacion, en la sesión inaugural celebrada por la misma el dia 4 de Octubre de 1869.—Madrid: tipografía de Lezcano y Roldan, calle del Sacramento, 5.—1869.

Este discurso ha dado ocasión á que la prensa política diaria publique multitud de artículos examinándolo, defendiéndolo ó censurándolo; exposiciones, más ó menos desgraciadas, de sistemas filosóficos completos; declamaciones rebosando ira; gritos de alarma, entre temerosos y amenazadores, por los peligros que el desarrollo de las doctrinas en el contenido puede hacer correr á las conquistas del derecho político novísimo; acusaciones de ilegalidad por una parte, de tendencia reaccionaria por otra, y hasta de ignorancia.

El Sr. Alonso Martinez se ha atrevido á asentar en su discurso, y, lo que es más, ha demostrado con gran fuerza de raciocinio y con brillante elocuencia, que no existen los derechos absolutos, ilimitados e ilegibles del hombre; y este era sin duda bastante motivo para promover ruidosa algazara entre los que se han empeñado en reducir todo el derecho moderno á una fórmula oscura, y por añadidura, falsa, de filosofía metafísica. Sin duda alguna, hay en la teoría de los derechos individuales, y el Sr. Alonso Martinez se ha adelantado á reconocerlo y proclamarlo, mucho de razonable, de justo, de meritorio; pero es imposible admitir las exageraciones de los que la llevan hasta declarar esos derechos innatos, primitivos, absolutos, inalienables, imprescriptibles, ilimitados, inimitables e ilegibles.

Empleando unas veces el método racional, y otras el empírico, el señor Alonso Martinez examina las cuestiones metafísicas, y hace aplicaciones sumamente oportunas á multitud de casos prácticos. Fijándose «en el derecho por excelencia, en el derecho primordial, raíz de todos los demás,
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en el derecho á la vida,» dice así: «Para que este derecho tenga el carácter de absoluto, es menester que sea verdadera la fórmula de Ahrens, esto es, que nadie pueda, en ningún tiempo, con ningún motivo y en ninguna circunstancia, matar á un hombre sin cometer un atentado.

«Pues bien: se comete un parricidio con las circunstancias más agravantes y horrorosas, y el tribunal condena á muerte al parricida. ¿Cómo ten un atentado los magistrados que dictan la sentencia? Adivino la respuesta: la pena de muerte es ilegítima. Séalo en buen hora; no quiero discutir este problema, por más que me parezca grave negar á un General en jefe que defiende la integridad del territorio contra una invasión extranjera, el derecho de fusilar á un Gobernador de una plaza fuerte, que la entrega traídormente al enemigo; pero ¿no eximirá al menos de culpa á los jueces la obediencia debida á las leyes de su país? Ahrens no reconoce en ningún caso el derecho de insurrección; ¿negará el deber que tiene todo militar de someterse á la Ordenanza? Es seguro que no. ¿Y cómo ha de cometer entonces un atentado el General que la obedece y la aplica?

«Esta noche, al retirarnos tranquilamente á nuestras casas, en una de las revueltas de las calles inmediatas, se ve asaltado cualquiera de vosotros por un facineroso. No pide la bolsa ó la vida; es un malvado escapado de presidio que recuerda bien quién fué el fiscal que le acusó; el demonio de la venganza ha hecho presa en su corazón, y al ponerle el trabuco al pecho, anuncia con satánico placer que va á daros la muerte. ¿No podreis matarle para salvaros? Ahrens niega que pueda nadie, aun en el caso de la más legítima defensa, matar conscientemente á su agresor para salvar su propia existencia.» «El agresor, dice, no pierde por acto alguno el derecho de la personalidad, que es el derecho á la vida. Le ha recibido de la naturaleza, y sólo ésta puede quitárselo.» Pero contra esta decisión se sublevan á un tiempo el instinto natural y la razón universal reflejada en los Códigos de todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo no ha de estar limitado el derecho del bandido á la existencia, por el deber que tenéis de conservar la vuestra? ¿Pues no dice el mismo Ahrens que el derecho á la vida es inalienable, que no se puede renunciar, y que, por tanto, es un crimen el suicidio? En este caso, como en los anteriores, hay la contraposición de diferentes derechos, el choque de distintos deberes, y es menester que la razón pose la fuerza de unos y otros para determinar cuáles son los que merecen la preferencia. El agresor que espontáneamente se pone fuera del derecho, ó mejor dicho, del deber, es quien tiene menos derecho á la vida.

«.....Resulta evidentemente que el derecho á la vida no es absoluto, ni en absoluto irrenunciable.» Nadie tiene el derecho de quitar la vida á otro: nadie tiene el derecho de privarse á sí propio de la existencia: reci-
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bimos la vida de la naturaleza, y sólo ella puede quitárnosla.» Como regla general, todo esto es cierto. Pero ¿es por ventura delincuente el soldado que inmola su vida por la patria? ¿Lo es también el General que le conduce á la muerte? D'Assas puede salvarse dejando perecer á su regimiento, y sin embargo, muere para salvar á sus compañeros de armas. Guzman el Bueno puede salvar la vida de su hijo, y sin embargo, arroja el puñal desde los muros de Tarifa. ¿Es que D'Assas es un criminal cobarde, y Guzman el Bueno un infame parricida? Si el derecho á la vida es absoluto, sí; pero la humanidad les llama héroes, despreciando la lógica de los individualistas, y la historia levanta sobre el pavés de la gloria á esas dos nobilísimas figuras para enseñanza, y admiración de todas las edades.

«Si el derecho á la vida no es absoluto, ilimitado ni ilimitable, mémos lo serán los demás. No hablemos de la libertad política, variable según el estado social de cada pueblo, ni siquiera de la libertad civil, íntimamente ligada á los progresos de la civilización; fijémonos en la libertad natural de andar ó estarse quieto, de moverse en esta ó la otra dirección. ¿A qué queda reducida la libertad natural del hombre en el interior de un cuartel? ¿Es dueño un soldado en formación, de levantar el brazo ó mover el pie á su voluntad? ¿Tiene el derecho de arrojar el fusil, y abandonar su regimiento al comenzar la batalla?

«...¿Y ¿qué es la libertad del presidiario? ¿O pretendeis también que cometan un atentado contra este derecho absoluto los magistrados que imponen la pena de presidio y la ley que la decreta? Después de haber prosperito la pena de muerte, os atreveis á proscribir también la de la privación de la libertad? Negais entonces la ciencia penal, y dejais entregada la sociedad á los malvados.

«No ignoro el procedimiento dialéctico de que os servís para establecer la existencia del delito y la legitimidad de la pena; pero yo tengo el derecho de exigiros que seáis lógicos y consecuentes con vuestro principio. ¿Son derechos absolutos la vida, la libertad, el honor y la propiedad? En este caso tienen razón los distinguidos oradores españoles á que antes aludí: lo absoluto es ilimitado e ilimitable, y por tanto ilegible. Ahora bien: ¿qué hace la ciencia penal? Definir los delitos y castigarlos. Definir los delitos es determinar los derechos, deslindarlos, señalar al hombre el límite donde concluye el uso legítimo y donde empieza el abuso de sus facultades.»

Ocupase después el Sr. Alonso Martínez en probar que la doctrina demasiado orgullosa de los derechos absolutos del hombre, no sólo envuelve la negación de la ciencia penal, sino de toda la ciencia del derecho. «Si esa doctrina es cierta, decía el docto presidente á su joven auditorio, disolvamos esta Academia, cerremos las puertas de las universidades; la
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ciencia está demas. ¿Qué es ésta, qué puede ser más que la determinación, y la sanción, y por lo tanto la delimitación de los derechos del hombre, como será social, en todas las esferas de la actividad humana?»

Avanzando más en sus afirmaciones, y combatiendo, á la par que la teoría de los derechos absolutos del individuo, la doctrina que, si bien concede más amplias facultades al Estado, le niega en todo caso la de proceder preventivamente, señala el Sr. Alonso Martínez muchas ocasiones en que las medidas preventivas se consideran unánimemente como indispensables, y en que se incurriría en absurdo y en iniquidad si no se impidiese la comisión del fraude ó del crimen. Con los ejemplos por él aducidos, y con otros muchos de análoga índole, que podría añadir, «que»daria demostrado que la acción del Estado de los modernos individualistas es tal, que no sólo deja desarmado é indefenso al poder público, sino que hace imposible la ciencia jurídica en todos sus ramos; derecho civil, derecho penal, derecho de procedimientos, derecho administrativo, derecho político, derecho internacional, todo se trastorna y viene abajo.

«La teoría de los derechos absolutos, derivación lógica de un sistema filosófico falso, aunque de indisputable mérito, y noble aspiración de algunas almas generosas que quisieran poner el derecho y la libertad fuera del alcance de todas las tiranías, parece, por sus resultados, inventada por el deudor de mala fe contra el acreedor legítimo, por el reo contra el juez, por los conspiradores contra el poder social.»

Sin desconocer el mérito de la argumentación del Sr. Alonso Martínez, ni la fuerza de sus raciocinios, me parece preferible, para probar lo mismo que él se ha propuesto, acudir á los escritos y á los discursos de los que sustentan las opiniones contrarias. Es tan absolutamente imposible reconocer lo absoluto de los derechos individuales, que no hay trabajo científico ó literario, dedicado á explicarlos, que no empiece ó no concluya por limitarlos. Si fueran, en efecto, absolutos, no cabría acerca de ellos explicación, ni definición; porque para definir, explicar, fijar, determinar, señalar, demostrar, etc., son, ante todo, precisos de todo punto límites y relaciones. No bastaría, pues, declarar los derechos individuales innatos, absolutos, primitivos, inalienables, ilimitados, ilimitables e ilegítimables; la exactitud exigiría llamarlos además indefinibles, inexplicables, indemostrables, ineftables. ¿Os parecen demasiados adjetivos? Pues si los queréis reducir á uno sólo, borradlos todos y poned en su lugar imposibles.

Quien dice individuo ó persona humana, dice limitación. Atributos esenciales del yo humano son la unidad y la identidad; y para considerarlo con ellos, es necesario reconocerlo indiviso en sí mismo, y dividido de todo lo demás; dividido, es decir, determinado, limitado,
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«Los derechos individuales,—decía en sesión solemne de las Cortes Constituyentes uno de los absolutistas más autorizados,—son ilegislables en sí mismos; pero legislables con relación á los derechos agentes.» A esto no me parece que debe ni apenas puede contestarse más que con estas breves palabras: Luego son legislables.

Otro de los más competentes doctores de la escuela, y sin duda alguna el más brillante y afamado de sus oradores, el Sr. Castelar, viene á decir lo mismo, ó algo parecido, con estas otras palabras: «Es sólo el derecho «el que limita el derecho... y cómo todo aquello que por sí mismo se limita, es realmente ilimitado, puesto que el límite no es distinto del ser á «quien limita, los derechos individuales no solamente son ilegislables «sino ilimitables.» Con un ergo, igual en todas sus partes al anterior, quedaría también esta nueva explicación bastante comentada; pero además es justo decir algo de la extraña y contradictoria afirmación de que el límite no limita. Mi derecho, según el Sr. Castelar, está limitado por el derecho ageno; pero como mi derecho y el ageno son una misma cosa, no hay límite entre los dos. Por mucho que se utilice, por grande que sea el aparato científico de que el error se rodee, el simple sentido común bastará siempre para sacar triunfantes estas sencillas e incuestionables verdades: si está limitado el derecho, hay límite; si no hay límite, no está limitado.

D. M. Calavía, uno de los escritores que con mayor detenimiento y más profundidad ha impugnado el discurso del Sr. Alonso Martínez, sale al encuentro de muchas objeciones, y se dispensa á sí mismo de la seria dificultad de contestar á gran número de los argumentos del eminente jurisconsulto, por medio de estas palabras: «El Sr. Alonso Martínez confunde el ejercicio y la forma del derecho con el derecho mismo. Cuando dice que el sufragio universal, la libertad de enseñanza y la de la prensa, son derechos, confunde en esto el derecho con su ejercicio y con su modo propio de expresión; y he aquí por qué le parece á S. S. dudosa su directa e inmediata derivación de las condiciones constitutivas de nuestro ser.» Estas frases varían por completo, según mi dictamen, todos los términos de la cuestión. Si el sufragio universal, la libertad de la prensa, y otras cosas por el estilo, no son derechos, sino sólo formas de expresión; si cuando se discute acerca de lo ilimitable e ilegislable no se trata de la libertad de la prensa, del sufragio universal, etc.; entonces el debate es meramente metafísico, y no tiene importancia alguna en el terreno de la política. Entonces, dirigiéndose en apariencia el Sr. Calavía al Sr. Alonso Martínez, á quienes en realidad contesta, es á los periodistas que con tanto calor han declamado en defensa del título I de la Constitución de 1869, suponiéndolo minado por las ideas del Presidente de la Academia de Jurisprudencia,
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Creo que se lisonjean con una ilusión, muy fácil de destruir, muchos de los que pretenden poder dar la interpretación auténtica de dicho título I. Si se repasasen los discursos de los Diputados, y los artículos de los periódicos, correspondientes á la discusion de esa parte de la ley constitucional, se vería que el mayor número de los que se arrogan hoy el derecho exclusivo de explicarlos y de defenderlos, fueron entonces los vencidos, y declaraban, en voz muy alta y con frases tan explícitas como quejumbrosas, que las Cortes Constituyentes no debían, ni aun podían, establecer las restricciones, que, en efecto, establecieron á los derechos individuales. Nada hay proclamado como absoluto en el Código fundamental de 1869. Limitado está el derecho de sufragio universal, puesto que no tiene capacidad para ejercerlo ninguna mujer, aunque sea doctora en Salamanca, ni ningún menor de veinticinco años, aunque antes de esa edad pueda, como Pico de la Mirandola, disertar sobre todas las ciencias posibles et quibusdam aliis. Limitado está el derecho de reunión, puesto que no puede ejercerse de noche. Limitado al de asociación, puesto que se concede la facultad de suspenderlo, en ciertos casos, á la autoridad gubernativa, aparte de la pena de disolución señalada en otros, y de la cortapisa, que algunas veces será de interpretación más ó menos discrecional, de que los fines de los asociados no hayan de ser contrarios á la moral pública. Limitado el de libertad de la prensa, puesto que á los delitos cometidos por la misma pueden imponerse los castigos señalados en el Código penal; con lo que, si el escritor ha quedado, por otra parte, libre de las trabas de la censura, del depósito, y del editor responsable, no sabe hasta qué punto puede llegar su responsabilidad el día en que un Gobierno poco liberal se proponga apretar con fuerza todos y cada uno de los tornillos contenidos en los artículos del libro segundo de dicho Código. Limitada la inviolabilidad del domicilio, en los casos urgentes de incendio, inundación ó otro peligro análogo, ó de agresión ilegítima, procedente de adentro, y en algunos más. Limitada la inviolabilidad de la correspondencia, cuando interviene la autoridad judicial para la persecución de un delito. Limitado el derecho de petición, puesto que no se le reconoce á la fuerza armada colectivamente, ni tampoco á los individuos que la forman sino con arreglo á las leyes de su instituto. Limitadas, en fin, la mayor parte de las garantías constitucionales concedidas á las personas, al domicilio, á las reuniones y asociaciones de los ciudadanos, y á la libertad de su palabra, ó de su pluma, puesto que pueden ser suspendidas por una ley.

También es una pretensión exorbitante la que muchos, con singular insistencia, manifiestan, respecto de la novedad de lo dispuesto en el título I de la Constitución vigente. Según ellos, los derechos individuales no han estado en España á la sombra de la ley sino desde Junio de 1869.
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IV.

Breves serán nuestras palabras sobre el resultado final de la que hoy podremos llamar de Vejer ó de la Janda. De ambos bandos se combatió reciénamente, hasta que las alas del ejército godo, mandadas por los hijos de Witiza, emprendieron, según el convenio, la fuga. El centro en que estaba Rodrigo, presentó todavía alguna resistencia, pero era ya impotente: todos huyeron; el desventurado rey cayó en un lodazal con su caballo, y al desmontarse dejó en el fango uno de sus botines, que según Al-Makkarí era de oro, y ornado de perlas y rubies. El lago de la Janda y el río inmediato forman varias charcas y lodazales durante la estación de verano, que fué precisamente la época de la batalla (19—26 de Julio). A Rodrigo no se le encontró vivo ni muerto, y se cree que se ahogó; de manera que la laguna por donde atraviesa el antiguo Guadi-Becca ó río de Vejer, y á la cual asegura Ar-Razi no hallársele fondo, sería entonces probablemente la tumba del último monarca godo.

Relatan los Árabes, al hablar del riquísimo despojo alcanzado por los vencedores, que éstos reconocían entre los cadáveres á los nobles por las sortijas de oro que llevaban en sus dedos, á los más inferiores en que las llevaban de plata, y á los esclavos en que las suyas eran de cobre: lo cual nos recuerda la rota de Cannas, cuando los Cartagineses midieron por módios los anillos de los caballeros romanos, al decir de los historiadores latinos.

Ganada la batalla, Tárik se dirigió á Ecija, pasando, según nuestra crónica y Aben-Adhari, por la Angostura de Algeciras. «Desde el Guadalete (añade nuestro Emilio rectificando su primer dictámen) hasta Ecija, no hay que pasar angostura alguna, y si la hubiera, no es probable que llevara el nombre de Algeciras. Esta angostura no puede ser otra que la garganta que hay junto al pueblo llamado los Barrios, no lejos de aquella ciudad, ó bien el paso de las lomas de Cámara, que atraviesa la cordillera penibética, entre Jimena y Alcalá de los Gazules.» Al ver los Cristianos que Tárik avanzaba y se internaba en el territorio, llenáronse de espanto, huyendo de las llanuras cual en otro diluvio, y unos se ampararon de las montañas, ó se refugiaron en los castillos ro-