Revista de España (1869-10-01 00:00:00), página 631

justo reconocer, como independiente, el poder judicial. Examina al efecto su carácter, hace notar sus excelencias, demuestra que es atributo esencial de la administración de justicia no depender de ninguna otra institución. «A estas importantes consideraciones se agrega otra, que por sí sola sería decisiva, la inviolabilidad, la autoridad santa de la cosa juzgada: ante ella callan todos los poderes; la última palabra ha de ser pronunciada por el judicial; ni los Parlamentos, ni el poder ejecutivo alcanzan á alterarla; está sobre todo. Sería necesario destruir un principio de justicia universal para negar esa fuerza á lo juzgado; los pueblos cultos colocarian entre los no civilizados al que consignara en sus leyes que el poder ejecutivo pudiera anular, corregir ó reformar los fallos de los Tribunales; dirían, y con razon, que esta atribución escandalosa minaba los principios sociales, y que era la proclamacion de la más absurda de todas las tiranías.»

Verdad es que en nuestras Constituciones políticas se ha consignado siempre el principio de que la justicia se administra en nombre del Rey. «Pero este atributo continúa el Sr. Gomez de la Serna, que nunca ha estado escrito entre las facultades del poder ejecutivo sino al tratar de la administración de justicia, y que es tan conforme con la índole de la institucion monárquica, en que el Rey, además de ser la cabeza del Gobierno, ejerce las funciones de moderador entre los poderes públicos, conservando su armonía y conteniéndolos dentro de sus límites legítimos, no le da atribución ninguna especial; quiere sólo que los actos de justicia lleven al frente el nombre del alto Magistrado que es el símbolo de la unidad nacional, el lazo de los poderes constitucionales, la personificación del Estado en sus relaciones exteriores, el mantenedor del orden interior, el que tiene la prerrogativa de cuidar que la justicia se administre pronto y cumplidamente en general, por más que tenga que respetar con escrupulosidad religiosa los fallos de los tribunales, que es lo que constituye la independencia de la institucion judicial y que le da el carácter de verdadero poder.»

Menos importancia tiene aún, en concepto del Sr. Gomez de la Serna, la objecion fundada en el hecho de que el Rey nombra los Magistrados y los Jueces; sobre todo con la novísima Constitución, en que esta facultad, ejercida según estrechas reglas determinadas por el poder legislativo, está además sometida á la fiscalización del judicial. Y aquí, naturalmente, vuelve á ocuparse en la importante cuestion de la inamovilidad. «Cuando una Autoridad, dice, extraña al poder judicial, tiene influencia directa, inmediata, sobre los que administran justicia, pudiendo destituirlos á su arbitrio, ¿no es de temer que haya algun Magistrado que, oprimido por la tortura moral, más horrible que la física, á que se le sujeta, ante la terrorífica perspectiva de ver perecer á su familia en la miseria, dude, titubeé, y después de mil luchas interiores, ceda y haga traición á la justicia? Y si resiste, ¡qué espectáculo tan repugnante ver castigadas la virtud y la entereza y endiosado el crimen! Donde una mano alevosa, ocultándose en el misterio, puede herir así á los Jueces, arrancándolos de sus sillas, allí los derechos peligran, la inocencia no está segura, el malvado puede esperar su impunidad, y la sociedad falta á su fin primordial, á la protección de los derechos individuales en lo que tienen de más necesario y de más práctico. Conmovido y aun aterrado Benjamin Constant, consideraba esta situacion como más desgraciada y más contraria al fin