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tarin, y dando como principal regla de conducta á la Administracion Patrimonial la duda, ó, más bien, la completa ignorancia de sus derechos, le impedía resolver acerca de los bienes inmuebles, por si estaban amayorazgados, y acerca de los muebles, por si habían sido indebidamente considerados como libres.

El primero y más grande de los inconvenientes de esta situación, consistía en continuar sin señalarse de un modo estable y definitivo la extensión de las propiedades raíces y muebles unidas de un modo perpétuo á la Corona. En el silencio de las leyes, no hay más remedio que acudir á los precedentes; y el único atendible, por ser el sólo que había existido en las condiciones modernas de la sociedad política, era el de esa última testamentaria, en que se aplicaron principios y reglas que no habían merecido la aprobación de ninguna de las personas competentes que los examinaron, y que no debía permitirse que se volvieran á aplicar.

Del mismo modo, y por idéntica razón, era muy inconveniente que permaneciese también sin deslindar la masa de bienes de libre disposición. Importaba determinarlos, ya por lo que interesaba á los derechos del Estado y de la familia Real, ya para sacar á la Administración general del Patrimonio del sistema seguido durante muchos años, que no era más que un conjunto de vacilaciones, de dudas y de contradicciones. De ellas voy á exponer algunas entre las más principales.

Habiase visto, por una parte, á la Casa Real adelantarse á las reformas políticas, dejando caducar los derechos de origen feudal que le pertenecían, y no reclamando, por los que la ley suprimió, la indemnización concedida por el Estado á los despojados. El Real decreto, expedido en 1835 por la Reina Gobernadora, privó al Real Patrimonio de muchas de sus rentas en la antigua Corona de Aragón. Nadie puso en duda la legalidad y la legítima eficacia de esa medida, ni siquiera los que años después sostuvieron que aquellas rentas formaban parte de un mayorazgo indivisible y jamás dividido. Por otra parte, la Administración Patrimonial se había presentado á veces luchando contra las modernas innovaciones legales, como cuando pretendió, á pesar de la ley de mostrencos, que le pertenecen todos los terrenos vacantes en Valencia y Cataluña, incluso los que resultaron del derribo de las murallas de Barcelona; ó cuando sostenía que los censos de su propiedad eran irredimibles, como consecuencia necesaria de la existencia del
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vínculo, procurando así una excepción de las leyes comunes. Esta idea de la irredimibilidad de los censos, y la idea del mayorazgo se prestaban mutuo apoyo, y eran recíprocamente necesarias la una para la otra. Si el mayorazgo no existía, cesaba la razón de haber creído irredimibles los censos; y si estos eran redimibles, dejaba de existir el mayorazgo en todos los bienes sobre que estaban impuestos. Desde el siglo pasado todo el Patrimonio de la Corona de Aragón se hallaba en estado de venta, y se enajenaban sin excepción, con las condiciones de la enfitéusis, todas las fincas y todos los derechos reales, para los que se presentaba comprador. Hasta ciertos límites, sucedía algo semejante en los Sitios Reales. Y sin embargo, se suscitaban dudas como las que el lector ha visto dar trabajo á los primeros jurisconsultos del foro de Madrid, sobre si las fincas patrimoniales eran enajenables.

En las ventas de los solares del barrio de Argüelles, se había hecho la cesión á censo enfitéutico y pactado que éste no podía ser redimido, creyéndose que sólo así se podía ceder lo perteneciente al Real Patrimonio, ó más bien que creyéndolo, dudándose si podría hacerse de otro modo, pues más que verdaderas afirmaciones y seguridad de las propias facultades, guiaban en este punto á la Administración Patrimonial excesivas precauciones de prudencia para evitar el riesgo de extralimitarse de su derecho. Sin embargo, los solares de la Plaza de Oriente se enagenaron á censo reservativo.

Aún en los contratos hechos en enfitéusis, el método seguido era diverso en las distintas localidades. En dicho barrio de Argüelles se reservó el Real Patrimonio todos los derechos propios de esa clase de pactos; pero en los Sitios Reales, observándose las reglas dictadas en el siglo XVIII para el fomento de su población, ni se cobraba cánon ni laudemio, ni había, por consiguiente, derecho al comiso, quedando reducido el dominio directo al de tanteo en las trasmisiones de propiedad. En la Bailía general de Valencia se seguía el método ordinario de la enfitéusis; pero en la de Cataluña se observaban considerables variantes, cobrándose de una vez el 25 por 100 del capital, y dejando el censo sobre el 75 restante, y compensando en algunas ocasiones el importe anual de los censos con aumentos en los laudemios.

El Estado y la Diputación provincial de Valladolid solicitaban con empeño que se les vendiera, por su justo precio, dos trozos
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de cierto solar inmediato á la iglesia de San Pablo, para destinárselos al ensanche de la Aduana y á la construcción de un edificio para el Instituto de segunda enseñanza. El Patrimonio acogía con favor estas pretensiones; pero la duda sobre si podía enajenar aquellas parcelas de terreno no le permitía otorgar su necesario consentimiento. El Ayuntamiento de Madrid quiso colocar una estatua de Murillo en el jardincito que hay delante del Real Museo de Pinturas; y la Administración Patrimonial no podía, sin faltar á la jurisprudencia constantemente seguida, ceder los pocos metros cuadrados que el pedestal había de cubrir. La ley del Notariado exigía que se redimiesen las cargas establecidas sobre las escribanías; y los letrados de la Real Casa no sabían cómo conciliar con el cumplimiento de este precepto legislativo la práctica de considerar irredimibles los censos del Real Patrimonio, que cobraba algunos, muy extiguos casi siempre, sobre escribanías de Cataluña.

Los poseedores del dominio útil de una finca muy considerable y muy conocida de Madrid, pidieron la redención de su censo enfitéutico: la Intendencia general se la negó: ellos acudieron entonces en consulta á tres reputados juríscosultos de esta corte, que fueron D. José Fernández de la Hoz, D. Manuel Cortina y D. Luis Díaz Pérez, quienes en sus dictámenes (fechados en Febrero y Junio de 1857) estuvieron unánimes en afirmar que ninguna ley ni razón eximiá á los censos del Real Patrimonio de las repetidas disposiciones legislativas que habían dado á todos los del reino, sin excepción, el carácter de redimibles. Es seguro que si esta cuestión hubiera sido llevada en aquel negocio ó en otro cualquiera, á los tribunales de justicia, habría sido resuelta en el mismo sentido en que opinaban aquellos tres distinguidos letrados, poniéndose de manifiesto entonces la imposibilidad de que continuase prevaleciendo el sistema seguido en la Administración Patrimonial, pero aumentando á ésta las dudas, las cuestiones y las dificultades, pues, con arreglo á las ideas que la venían rigiendo desde hacia mucho tiempo, hubiera tenido que suspender las concesiones de nuevas ventas enfitéuticas y que examinar si el precio de las redenciones debía considerarse como parte del capital amyorazgado.
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una finca: 1.º La dotación anual que señalaran las Cortes. 2.º Los productos del Patrimonio Real. 3.º Los bienes, las alhajas y demás que adquieran los Señores Reyes con los ahorros y economías en sus gastos, una vez señalada su dotación. Y 4.º Los que hicieren suyos por testamentos, donaciones y demás títulos legítimos de adquirir el dominio. Los principios del Derecho civil son los mismos para los Reyes que para los particulares cuando se trata de actos privados.»

Después de esto se fijaban las condiciones particulares de los bienes y derechos procedentes del Escorial, haciendo la historia del respectivo origen y vicisitudes de cada cosa, y se proponían las declaraciones de pertenencia que voy á extractar.

El edificio debe adjudicarse al Real Patrimonio, porque hoy sólo queda en él un Palacio Real, suprimida la parte de Monasterio, y porque siempre como Palacio Real fué considerado, lo mismo que el templo como Capilla Real, y los Monjes como Capellanes Reales. Bastaría además para ello la circunstancia de encerrar el depósito de los restos mortales de la Real Familia.

De los bienes, alhajas y demás que poseyeron los Monjes hasta su extinción, pertenecen á la Corona, y deben incluirse en la propiedad del Patrimonio los de la primitiva fundación que resulte haber sido propios del Rey fundador y adquiridos por compras hechas para sí y sus sucesores, y asimismo los que se hayan agregado por éstos como dote. Deben serlo con más razón los que se hayan entregado á los Monjes con objetos determinados distintos de su manutención. La letra de las Escrituras, la de la fundación y la de los Testamentos Reales, confirman el derecho del Patrimonio. Extinguido todo lo monacal del edificio de San Lorenzo, los bienes y demás que servían de dote á los Monjes, no pueden seguir la misma suerte que cabe á los de los conventos en general porque no pertenecieron á aquellos en absoluta propiedad, como sucedía á los últimos.

No están en igual caso las rentas espiritualizadas trasferidas al Monasterio por los Señores Reyes ó por la Silla Apostólica. Tampoco los bienes, rentas y derechos agregados á aquel con igual permiso, y las compradas por los Monjes. Todas se hallan comprendidas en la ley de extinción de regulares, y deben pasar á la Caja de Amortización con todo lo que hubieren adquirido los Monjes por merced Real.
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XXIV.

Cuando en 1865, hallándose al frente de la Administracion general de la Real Casa y Patrimonio, el Sr. D. Francisco Goicoerrotea, se acometió, después de muchos estudios y esfuerzos, y se llevó á feliz término la formacion de una ley, que puso término á aquel molesto y perjudicial estado de cosas, cuatro eran los medios que con el mismo propósito se habían indicado.

1.º Convertir en ley constante el sistema del testamento y testamentaría de Fernando VII, declarando vinculados todos los bienes raíces, y libres todos los muebles y semovientes.

2.º Adoptar las disposiciones del proyecto de decreto de los Sres. Duque de Hijar, García Gallardo y Huet.

3.º Tomar como base, para la designacion del vínculo de la Corona, el deslinde que con otro fin había hecho en 30 de Mayo de 1820 Fernando VII; según la opinión del Sr. Monreal, impugnada por el Sr. Egaña.

4.º Proceder con sujecion á las reglas formuladas por el mismo Sr. Egaña, que más arriba he copiado.

El primero apenas es necesario detenerse á rechazarlo como inaceptable. Era preciso que no volvieran á inventariarse para hacer de ellos particiones, el Museo de Pinturas, la Biblioteca, las Caballerizas Reales, y el movilario todo de los Palacios. No podía correrse el peligro de que una nueva cláusula testamentaria como la décima octava del que otorgó Fernando VII, en el caso de no haber herederos necesarios ó de no serlo el nuevo Rey que subiese al Trono, colocase á éste en la necesidad de empezar su reinado sin tener un caballo en sus Caballerizas, ni un arma en la Armería, ni un cuadro en los Museos, ni un libro en su Biblioteca, ni un mueble en sus Palacios, ni un apero de labranza en las fincas rústicas de su Patrimonio, y sin tener otro medio para librarse de tan enojosa situacion que volver á adquirir por 150 millones que ni de su Patrimonio vinculado ni de su consignacion anual podría ya obtener en ninguna forma, los bienes mismos que se hubieran de inventariar y repartir.

El proyecto de Real decreto formulado por los Sres. Duque de Hijar, Gallardo y Huet, escrito al mismo tiempo que se ponía tér-
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mino á la testamentaria, y bajo la impresion de los resultados de ésta, más bien era una censura ó una lamentacion tardía por lo hecho que la aplicacion de una doctrina fundada en el estudio de las condiciones esenciales del Patrimonio régio. Vinculando los bienes raíces existentes, y dejando libres los que de nuevo se adquieran, y los muebles, sin otras excepciones, respecto de estos últimos, que los cuadros del Museo, y los objetos de adorno adheridos á las fincas, ó que formen parte integrante de ellas, hubiera resultado que no se pudiese disponer de un trozo de tierra ó de monte, situado en cualquier provincia alejada de las Reales residencias, y que en muchas ocasiones no valdría un puñado de pesos fuertes, pudiéndose al mismo tiempo ceder, donar, ó permutar alhajas cuyo valor intrínseco y cuyo precio de afición fueran cuantiosísimos. Además, se omitía demasiado la consideración debida á los derechos adquiridos: ni la justicia ni la conveniencia estaban bien atendidas en aquel proyecto.

El del Sr. Egaña era de todo punto impracticable; y aun, concediendo que pudiera esperarse obtener de él algún resultado, no se habría resuelto ninguna de las graves cuestiones pendientes. No era posible averiguar el origen de los bienes Patrimoniales para declarar libres los que hubieran sido adquiridos con las rentas ó peculio particular de los Monarcas, porque no había límite para esas rentas en el tiempo en que la consignación anual de la Casa Real sobre los fondos generales de la Hacienda pública era indeterminada y arbitraria, como lo eran las de todos los servicios públicos. Y cualesquiera que fuesen sus orígenes, la sana razón dicta, que no deben ser objeto de donaciones, ó de particiones testamentarias, ni los Palacios y Sitios Reales, ni las restauraciones de los monumentos artísticos, ni el moviliario de los Palacios, ni los Museos, ni el magnífico Trono ó la espléndida Diadema hechos para las grandes solemnidades. Por último, la noticia de la procedencia de las fincas, nada importaba para fijar el verdadero carácter legal del Patrimonio, y para conocer cuáles eran los principios á que debía arreglarse después de la desaparición del Gobierno absoluto, de los señoríos, de los mayorazgos, y de las demás instituciones caducadas con que, durante siglos, había estado en relación estrecha.

El método propuesto por el Sr. Monreal, era aceptable, en cuanto señalaba como antecedente para el deslinde entre el Patrimonio
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de la Corona y el Patrimonio privado, la nota ó lista de 30 de Mayo de 1820; pero de ninguna manera podía ya considerarse como suficiente, que, como el Sr. Monreal quería en su tiempo, se hiciese tal deslinde por el pronto por Real decreto. Era de todo punto necesaria desde luego una ley. Treinta años de trabajos de jurisconsultos, constituían bastante experiencia de que las reglas del derecho civil no alcanzaban á dirimir tantas y tan complejas cuestiones. Solo el legislador podía resolverlas. Si en 1865, esta era una verdad que apenas necesitaba ya demostrarse, porque todos los antecedentes y todos los pormenores del asunto la presentaban con innegable claridad, y porque ya estaba en la conciencia de todos los que habían estudiado algo la materia, en 1870 es difícil comprender cómo pudo haber entonces quien la negase.

La ley, mediante la iniciativa de la Reina, fué propuesta por el Sr. Goicoerrotea al Gobierno, por éste á las Cortes, ampliamente discutida en la Comisión del Congreso, votada por unanimidad en ambos Cuerpos Colegiados, y promulgada en 12 de Mayo de 1865. Por ella, en primer lugar, quedó por primera vez, después de tantas disposiciones legislativas antiguas y modernas, fijada la masa de bienes que pertenecen á la Corona, y no son de libre disposición del Monarca, realizándose así el principio establecido por la Constitución de Cádiz, pero de un modo más amplio al mismo tiempo que más concreto, y dándose al Estado la seguridad, que jamás había tenido, de que se conservaran siempre para él los Museos y los monumentos artísticos; en segundo lugar, se entregó á la desamortización, interrumpida desde 1808, y no intentada siquiera durante los treinta años de revoluciones políticas de la tercera época constitucional, todo el Patrimonio Real que por su naturaleza no estaba llamado á permanecer indisolublemente unido á la Corona; y en tercer lugar, se cortaron todas las dudas posibles sobre los respectivos derechos de la Familia Real y del Estado de la única manera que podían cortarse en una transacción promovida por la iniciativa de una Reina, es decir, reservando á ésta menos de lo que notoriamente le correspondía por estricto derecho en cualquiera hipótesis. Además, para dirimir las muchas y enojosas cuestiones pendientes desde tiempo atrás entre la Casa Real y el Estado, se creó una Comisión mixta en que estaban representados por elevados funcionarios los Cuerpos Colegiados, la Administración política, la de Justicia, la de la Hacienda pública y la del Real Patrimonio.
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XXV.

Las pasiones políticas estallaron con violencia con motivo de la formación de aquella ley, y se hicieron extraordinarios esfuerzos para desacreditar su pensamiento y desfigurar sus ideas fundamentales y sus tendencias. Tuvieron la principal culpa el Gobierno y el partido entonces dominante, que aceptaron y encomiaron como un donativo de la Reina, lo que la Reina le había propuesto, por medio del Administrador general del Patrimonio, como una transacción, aunque en esta transacción el Estado fuese en todos conceptos el más favorecido.

No daban ciertamente motivo para la intencionada equivocación de los ministeriales, que entonces, como también se ha visto otras veces, prefirieron sus intereses políticos á los del trono, las frases explícitas y muy claras de la exposición con que el Sr. Goicoerrotea había comunicado su proyecto al Gobierno. En ellas, dirigiéndose á la Reina, le decía después de recordar la testamentaria de Fernando VII, y la innegable esplendidez con que Doña Isabel II la había terminado:

«Aquella noble resolución de V. M., venciendo las dificultades del momento, dejó para más adelante la adopción de las medidas que debían impedir definitivamente la repetición de desagradables dudas. Desde entonces, ha presidido siempre á los actos de la Administración Patrimonial la reserva más escrupulosa y el cuidado más exquisito, á fin de conservar inculcume la integridad de los bienes poseídos, hasta que un deslinde, debidamente llevado á cabo, fijase los límites y condiciones de las respectivas propiedades de la corona y del monarca.»

Después de hablar de las comisiones mixtas de 1838 y de 1854, continuaba así el Sr. Goicoerrotea: «No han tenido más fortuna tentativas posteriormente hechas con igual objeto por iniciativa de la Administración Patrimonial, que tiene continuas ocasiones de conocer que el estado actual de interinidad no puede prolongarse sin gravísimos inconvenientes.

»La meticolosa circunspección que procedió hasta ahora, á fin de que ninguno de sus actos prejuzgase ni impidiese resolver en
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su dia con toda facilidad las cuestiones posibles, ha suprimido el ejercicio de las más naturales funciones de los derechos de dominio; y al mismo tiempo que continúa, sin ser debidamente vinculada á la autoridad Real, la masa de riquezas á que conviene esta condición, hay otro caudal considerable de bienes apartados, sin que razones de interés público lo exijan, de las reglas generales de la legislación común.

»Tanto como interesa convertir en derecho la vinculación de las primeras, urge dar término á la vinculación, que de hecho subsiste aún respecto de los segundos. Fué ántes prudencia muy laudable, en la Administración Patrimonial, arrostrar los inconvenientes de fijar como base de sus actos la duda sobre la extensión de sus propias facultades; pero seguir manejando los intereses de la Real Casa sin apartarse del sistema de las ventas en enfiléusis, y los censos irredimibles, sería crear un deplorable anacronismo.

»Más de una vez eminentes jurisconsultos, retrocediendo ante las dificultades de determinar la condición legal de los bienes patrimoniales y la importancia respectiva de las porciones en que por diversos conceptos pudieran dividirse, han aconsejado que se procure la formación de una ley; pero este proyecto, al preparar toda la estabilidad posible á las soluciones definitivas, no varía los términos ni la magnitud de las cuestiones de deslinde y de derecho, si éstas hubieran de ser resueltas por el examen de los antecedentes y las reglas ordinarias de la jurisprudencia.

»Afortunadamente V. M., que juzga las cosas desde la altura de su trono, ha encontrado en su generosidad la manera de cortar los nudos que la ciencia y la lealtad no sabrían desatar, y de resolver los problemas del porvenir, como resolvió ántes los de la última testamentaria régia. V. M. cree que un examen minucioso realizado con el objeto de abrir una cuenta general y exacta de deslinde y compensación de derechos entre el Estado y la Casa Real, sería tan indigno de sus propósitos, siempre magnánimos, como impropio de la majestad del Trono y de la grandeza del Estado; y por tanto, ha resuelto que se proceda á formar el Patrimonio perpetuo de la Corona con todos aquellos objetos preciosos que por su índole sean á propósito para ese destino, haciéndose abstracción completa de si V. M. los posee por título de herencia libre, por adquisición posterior, ó de cualquiera otra suerte, siendo su voluntad ceder á beneficio del Trono cuantos derechos pu-
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dieran corresponderle, tanto á dichos objetos como á su legitima compensacion.

»De la misma manera V. M., cuyo nombre está identificado con las modernas reformas que han colocado é impulsan á la patria por el camino de un nuevo y sólido engrandecimiento, no quiere que el resto de su Real Patrimonio, después de determinada la parte que ha de servir para perpétuo lustre de la Corona, tarde en participar de los fecundos resultados de la libertad concedida á la riqueza inmueble, libertad que será una de las más grandes glorias del reinado de V. M. Y evitando tambien aqui motivos de dudas, y con igual grandeza de proceder que anteriormente, es intencion de V. M. que la mayor parte posible del importe de los bienes patrimoniales vendidos, ingrese desde luego en el Tesoro del Estado (1).»

Presentada por el Gobierno y sus amigos la transaccion generosa como nunca vista ni oída donacion, ejecutada por el Trono para auxilio de un partido politico, las oposiciones, por su parte, aceptaron con gusto esta ocasion, que indebidamente se les proporcionaba, para dirigir sus apasionados ataques adonde la Ley constitucional les vedaba llegar. La negacion absoluta que los ministeriales hacian de los derechos de Estado, que la Casa Real no habia desconocido, contribuyó eficazmente á excitar la ira de los que, á su vez, desconocian los derechos de la Casa Real.

¡Con qué facilidad y soltura trataban y resolvian algunos periodistas las complicadas cuestiones de derecho, que tan difíciles se habian presentado á la laboriosa investigacion de los más eminentes jurisconsultos del Reino! ¡Con qué desenfado se barajaban los datos históricos, se hacian cálculos temerarios, se formulaban cargos destituidos de todo fundamento razonable! Uno se indignaba de que se condenase á permanecer amortizado el terreno de algunos Sitios Reales, sin reparar en que semejante ira no podia ser más inoportuna tratándose de una ley que prescribia la desamortización más espontánea que jamas haya sido propuesta por el poseedor de una riqueza vinculada. Otro se esforzaba por declarar contra el que llamaba escándalo de que el Museo de Pinturas del Prado quedase en poder de la Real Casa, como si ésta se reservase con ello más que un gasto anual de muchos miles de duros, y la res-

(1) Gaceta de Madrid de 21 de Febrero de 1865.