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explicacion, pero que ha convenido citar aquí como recuerdo de esa misma anomalía, no debo detenerme sino en exponer las medidas generales entonces adoptadas respecto del Real Patrimonio, que pudieran ser un sistema constante para lo sucesivo.

El Diputado Sr. Villanueva propuso destinar para premio de las acciones heroicas de los militares y paisanos, realizadas en el servicio de la patria, las fincas pertenecientes á D. Manuel Godoy y á otros hombres politicos, dividiéndose desde luego en suertes las situadas en provincias libres de la ocupacion extranjera, y prometiendo las Córtes hacer en su dia otro tanto con los que se hallaban entonces en el territorio dominado por los Franceses; y que esto mismo se ejecutara con los bosques, prados, jardines y demás terrenos de los Sitios Reales de Aranjuez, el Pardo, Casa de Campo, Escorial, Balsain y San Ildefonso, distribuyéndolos en suertes proporcionadas para premio perpétuo de los defensores de la patria y sus familias, así paisanos como militares, desde el General hasta el último soldado. Esta proposicion pasó á la Comision de premios. Los soldados no llegaron á ser propietarios con los despojos del Real Patrimonio; pero á alguno de los Generales tocó más adelante una parte pingüe de él. Las Córtes, en decreto de 22 de Julio de 1813, á nombre de la Nacion española, y en testimonio de su sincera gratitud, adjudicaron al Duque de Ciudad-Rodrigo, para sí, sus herederos y sucesores, el sitio y posesion Real conocido en la vega de Granada por el nombre de Soto de Roma, con inclusion del terreno llamado de las Chanchinas. La Regencia del Reino, por resolucion de 20 de Febrero de 1814, mandó comprender tambien la dehesa de Illora, en atencion á que era reputada como parte de aquel Real Soto.

Antes de esto, por decreto de 22 de Marzo de 1811, teniendo en consideracion las Córtes que «los edificios y fincas pertenecientes á la Corona gravan al Erario con gastos que no se recompensan con sus productos, al paso que, trasladándose á manos de particulares fomentarian su riqueza y la general del Estado, y siendo muy urgente el reunir fondos para sostener la sangrienta lucha en que tan justamente se halla empeñada la Nacion, á fin de asegurar su libertad e independencia,» mandan que desde luego se proceda á realizar la venta de los edificios y fincas de la Corona que se hallen en las provincias no ocupadas por los enemigos,» exceptuando por ahora los palacios, cotos y Sitios Reales; pero la situacion ge-
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Ruiz de Navamuel. En todo el tiempo indicado, y hasta Mayo de 1842, remitió la Comision muchos dictámenes al Ministerio de Hacienda, proponiendo resolución sobre otros tantos Reales Sitios, Palacios, Casas religiosas y fincas de todas clases; y con insistencia solicitó que se acordase algo sobre sus propuestas, que el Ministerio dejaba sin resolver, circunstancia que entorpecía la marcha ulterior de los trabajos, y que los paralizó por completo desde la última fecha citada. En 1847 se intentó, sin ningun éxito, reanudarlos, con el nombramiento de D. Cayetano de Zúñiga para remplazar como vocal á D. José Canga-Argüelles, ya difunto; y con la eleccion de D. José de la Peña y Aguayo, á la sazon Intendente general, para suceder al mismo en la presidencia.

Paso á hacer un ligerísimo resumen de los dictámenes de aquella Comision, á la que comunicó su reconocida laboriosidad el distinguido personaje que ocupaba en ella el primer puesto, y que era el mismo que como Ministro de Hacienda había refrendado el Real decreto de 28 de Abril de 1820.

Monasterio del Escorial.—Al tratar del deslinde de los bienes que procedian del Escorial, la Comision, que por primera vez elevaba su parecer al Ministerio, entró en consideraciones generales, y estableció por unanimidad las siguientes bases:

»1.ª Que lo que lleva hoy el nombre de Patrimonio Real, representa una vinculacion en favor de la Corona de ciertos bienes y rentas adquiridos con fondos de la Nacion, ó que siendo del peculio privado de los Señores Reyes los consagraron espontáneamente al uso de sus sucesores en el Trono, sin que éstos los pudieran variar ni enajenar. En esto se diferencia el Patrimonio Real de la dotacion de la Real Familia, que por no estar vinculada se puede alterar al principio de cada reinado, con arreglo al art. 49 de la Constitucion vigente.

»2.ª Que el Patrimonio Real es independiente de la dotacion de la Real Familia, y sus productos no deben rebajarse de ella.

»3.ª Que el Patrimonio Real no es propiedad de la Augusta Familia reinante, sino de la Corona ó del Estado; y por lo mismo los Señores Reyes, como usufructuarios, no pueden venderle ni permutarle ni enajenarle en todo ó en parte, porque está íntimamente unido á la Corona.

»4.ª Por el contrario, forman el Patrimonio privado de los Monarcas, del cual pueden disponer tan libremente como el dueño de
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ninguna desmembracion á sus sucesores en el Trono. Si no fuese así, y se quisiera considerar al Rey para esto en igualdad de circunstancias que los particulares poseedores de vínculos ó mayorazgos, sucederia que haciendo uso, por ejemplo, de la ley de desvinculacion del año de 1820, en dos vidas se concluyese el Patrimonio Real, y disponiendo el Rey particularmente del producto de los bienes, quedase el Trono sin más propiedades destinadas á su engrandecimiento y magnificencia, con perjuicio conocido del Estado...» «No siendo facultativo en el Rey enagenar los bienes del mayorazgo de la Corona por lo que interesa al Estado su conservacion como establecido para lustre y mayor decoro del Trono, no podia verificarlo aun precediendo las diligencias y requisitos con que las leyes autorizan á los particulares para enagenar bienes de sus vínculos; y si le fuese permitido alguna vez enagenar por enfitéusis ó de otra manera bienes del Patrimonio Real porque mediase necesidad u otra justa causa para ello, seria indispensable, segun las disposiciones legales y las doctrinas de los autores tratadistas, que precediesen formalidades de más importante solemnidad, como lo requiere la enagenacion de bienes de la Corona, las cuales no podria el Rey dispensar por medio de una Real orden de la clase de las que se expidieron por la Mayordomía Mayor...» «Dicse que siendo el Rey en aquella época, como legislador, el dispensador de la ley, concediendo diariamente facultad de enagenar é imponer cargas á otros poseedores que las solicitaban, podria parecer una contradiccion manifiesta negar al Monarca difunto en sus cosas la facultad de que podia hacer uso en las actuales; pero á esto se ocurre, con la observacion, de que los bienes del Patrimonio Real no eran cosas del difunto Monarca, y que la facultad que concedia á los poseedores de vínculos particulares no se la concedia directamente por sí con sólo la expedicion de una Real orden. Se otorgaba la licencia Real por los medios legales que se conocian, como se indica en el mismo informe que contiene aquella asercion; y es bien seguro que ningun contrato de enagenacion de bienes de mayorazgo se habria tenido por bastante subsistente consistiendo la concesion de la Real facultad en sólo una Real orden, no obstante la diferencia que hay entre desmembrar bienes de un vínculo particular para subrogar su valor en otros y separar una ó más fincas del mayorazgo de la Corona concediendo su disfrute á perpetuidad...» «Entiendo yo que, lejos de
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tener obligacion S. M. la Reina menor de pasar por la concesion enfitéutica que hizo su augusta Padre, hallaria dificultad legal en hacer conciliables las consideraciones que se han indicado en este expediente, por otro medio que el de dar en usufructo la finca que hasta ahora se ha tenido por enfeudada ó en arrendamiento á plazo tan largo como es posible que se haga. Como por los principios emitidos no considero legal ni subsistente el contrato enfitéutico que se otorgó en vida del Sr. Rey D. Fernando VII, tampoco puedo convenir en que la escritura antigua dé fuerza á la que se otorgue hoy, de tal modo que se entienda que no son los actos de ahora los que obligan á S. M., sino los que dejó practicados su augusta Padre, ó, lo que es lo mismo, que no se constituye en la actualidad el enfitéusis, sino que se pasa por el que quedó constituido.

Don José María Monreal (en 2 de Junio de 1840) combatió las doctrinas del Sr. Cortina (D. Tomás). «En rigor, decía, nunca puede compararse exactamente al Monarca reinante con el poseedor de un vínculo especial. La cualidad de Rey, la circunstancia de legislador (al menos en el tiempo á que alude la consulta) no puede separarse de la consideración de poseedor de mayorazgo de la Corona, siempre que se trate de aumentar ó disminuir el mismo mayorazgo. Las Reales facultades de acrecentarlo ó amenguarlo en cualquier otro vínculo las concedía el Monarca, porque la Cámara de Castilla no era más que un Consejo á quien presidia el mismo Rey, á cuyo nombre se extendían los diplomas y Reales cédulas. El mayorazgo de la Corona podía, si se quiere, tener las trabas y los mismos inconvenientes que los demás mayorazgos; podía haber necesidad de permutar fincas, vender otras para conservar las que quedasen, ó adquirir otras, ó dar un empleo más beneficioso á los bienes que constituyen el vínculo de la Real Casa. Un vinculista ordinario tenía un medio expedito para evitar estos daños, y los evitaba acudiendo al Monarca para que le permitiese hacer estas enagenaciones y traspasos; y el Monarca que viera destruirse las fincas del Real Patrimonio, ó que adquiriese un convencimiento íntimo de que, dándoles distinta direccion, habían de producir más, ya permutándolas, ya vendiéndolas y empleando su producto en otras, ¿no tendría facultades para ejecutar lo que no le estaba prohibido al último de los vasallos? ¿El mismo legislador se impuso una prohibición tan extraña? No es muy fácil resolverse por
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la opinión que sostuviera estas trabas, porque lucharía con muchos y luminosos principios de derecho. Ninguna ley del reino impone esta prohibición, ni podría imponerla, porque siendo perjudicial, el Monarca que hiciera la enagenación, permuta ú otra clase de contrato, por el mismo hecho la derogaría teniendo el poder legislativo. Su voluntad decidiría entonces, y es un axioma bien vulgar que la ley posterior deroga la anterior...» «Sin confundir los nombres con que todos los juristas distinguen las tres clases de bienes que poseen los Monarcas absolutos, á saber; bienes fiscales, que realmente pertenecen á la nación; bienes del Erario ó Real Patrimonio, que son los de que se trata, y bienes del Monarca, como poseedor particular, es indudable que la historia y nuestras leyes presentan muchos casos, y aun permiten que los Monarcas donen y traspasen, no sólo los bienes patrimoniales sino aun los fiscales, en los que en rigor debían tener menos derechos...» «Así como los Monarcas desde el año de 1789, en que se prohibió vincular, no necesitaban licencia alguna para aumentar el Patrimonio de la Corona, agregando las fincas que el Rey querría añadir á este vínculo, podían también enagenar y dar en enfitéusis las que les pareciera...» «Hay un hecho que demuestra hasta la evidencia la facultad que los Monarcas de España tienen para dar en enfitéusis los bienes del Real Patrimonio. Bien conocidos son los derechos que el Rey D. Jaime el Conquistador se reservó en la Corona de Aragón. Pues bien: todos estos derechos están reducidos á constituir enfitéusis, cediendo los terrenos, las aguas ó cualquiera otro goce en que sea necesario el permiso del Monarca para poder disfrutarles. Raro será el reinado en que no se hayan constituido censos de esta clase, y el archivo del Real Patrimonio estará lleno de expedientes que demuestren esta verdad. Sin duda alguna en ellos no se encontrarán esos obstáculos, y ninguno de los que intervinieron en la formación de los expedientes creería que el Monarca concedente no tenía derecho de otorgar la gracia...» «Para este asunto no puede separarse la condición del vinculista de la del Soberano, que ejerce todo el poder supremo. El que tenía en su mano la abolición de leyes antiquísimas; el que podía variar en un todo los cuerpos más respetables del Estado, el que con un solo decreto podía suprimir hasta el Consejo de Castilla. sería chocante que pidiese licencia para conceder en enfitéusis una finca de las del Real Patrimonio. ¿Y á quién había de pedir esa licen-
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cia? ¿A sí mismo? Semejante paso hubiera sido en descrédito del mismo Monarca. Si el Sr. D. Fernando VII, siguiendo las huellas del Sr. D. Carlos III, hubiera estimado desamortizar parte de los bienes vinculados, con un solo decreto podía haberlo hecho, y esta medida no se hubiera tildado de ilegal, al paso que se duda si pudo otorgar el contrato de que se trata en este dictamen. La Cámara jamás entendió ni tuvo conocimiento de los negocios del Real Patrimonio.»

Don José María Manescau (en 24 de Febrero de 1841) se puso de parte del Sr. Monreal, contra el Sr. Cortina (D. Tomás), en los siguientes términos: «Respetando las razones en que se apoya el Consultor del Real Patrimonio, tiene (el Curador ad litem de S. M. la Reina Doña Isabel II) por más poderosas las que expone el abogado de la Real Casa para sostener que el Sr. D. Fernando VII, como Jefe del Estado y de su Real Casa y Patrimonio, y como Legislador que era en aquella época, pudo, sin necesidad de expediente informativo, ni de autorización de la Cámara, ni de otra autoridad, pues que todas eran inferiores á la suya, conceder á censo enfitéutico.... cualquiera finca del Real Patrimonio. Y establecido este principio, y resuelta así la primera y principal cuestión sobre la validez de aquel contrato, quedan resueltos todos los demás, que son objeto de la consulta, en el sentido en que las resuelve el abogado de la Real Casa; porque si el contrato se otorgó por quien tuvo facultad para ello, y no puede impugnarse su validez y subsistencia por este aspecto, claro es que la augusta poseedora actual del Real Patrimonio, y todos los que sucedan en él, deben respetar aquel contrato, á no ser que por otros motivos legales pudiera reclamarse.»

La ignorancia general acerca del verdadero límite de las atribuciones que en estas materias á cada cual respectivamente correspondían, fué causa de que el Ministerio de Estado creyera que debía reclamar el expediente, como lo reclamó por órdenes de 27 de Marzo y 16 de Julio de 1841, para someterlo al Tribunal Supremo de Justicia, á lo que accedió el Tutor de la Reina. Censuró con energía, y aun con dureza, este procedimiento el Fiscal del Tribunal, dirigiéndose á éste en los siguientes términos: «Visto el estado del asunto, objeto de la consulta, y materia sobre que recae, el fiscal no puede menos de hacer presente que, á su entender, V. A. no está en el caso de evacuarlo sobre los particulares
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á que se refiere. Fúndase para ello en que (como dijo muy bien el Consultor en 5 de Abril último), tratándose de un negocio peculiar de la administracion de los bienes de la Reina menor, y de su Real Patrimonio, no debe salir del exclusivo conocimiento de las oficinas de la Real Casa, á quienes, por razon de la tutela de S. M., está cometida la facultad de determinarlos bajo su responsabilidad; y se funda también en que, tratándose de una cuestion puramente legal, y hallándose el Real Patrimonio en el caso de un particular en este asunto, debe valerse de cuantos abogados quiera, si es que desea más ilustracion y más luces de las que el expediente suministra en el dia (que es lo que acordó muy oportunamente la Junta de Gobierno en 14 de Marzo último, disponiendo pasarse á informe de los letrados, que es el último estado que ocupa), pero de ningun modo de V. A., que ni puede ni debe ser Asesor ó Consultor de ningun particular, y mucho méños en este asunto, que ha de ventilarse acaso judicialmente, y que, por su entidad, tarde ó temprano tal vez haya de venir á someterse á su deliberacion como Juez, y sería el mayor desacuerdo que anticipase su juicio (en la consulta que se le manda evacuar). Por todas estas razones, el Fiscal opina que V. A. no puede emitir su dictámen sobre los particulares que se le consultan en este negocio, é igualmente, que sólo el Tutor de S. M. es el único á quien toca resolver esta cuestion, bajo su responsabilidad, oyendo antes á los letrados que guste.»

El Tribunal se conformó en lo sustancial con este dictámen, aunque suavizando algo la forma de la negativa con que contestó al Gobierno.

Devuelto el expediente á la Administracion Patrimonial, se ejecutó el acuerdo anteriormente tomado por la Junta de Gobierno de proponer la anterior consulta á otros dos letrados de los de mayor reputacion en el Colegio de Madrid, siendo los elegidos Don Manuel Cortina y D. Joaquín María Lopez. Ambos opinaron como lo habian hecho los Sres. Gomez Villaboa, Monreal y Manescau, y contra lo pretendido por el Sr. Cortina (D. Tomás).

Don Manuel Cortina (en 24 de Enero de 1842) se expresaba así:
«Es indispensable sentar varios principios, cuya verdad nadie podrá poner en duda. Es el primero, que en la fecha en que se celebró el contrato que da motivo á la consulta, era D. Fernando VII Monarca absoluto y único Legislador en España. Es el segundo, que,
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como tal, era quien concedía las facultades para vincular, para enagenar las fincas de mayorazgos, ó para agregar á éstos algunas ó permutarlas. Y el tercero, que por ninguna ley estaba prevenido que hubieran de sujetarse á determinadas solemnidades las enagenaciones de fincas patrimoniales de la Corona; antes, por el contrario, existen varias en nuestros Códigos de diversas épocas, de las cuales se infiere que los Monarcas tuvieron siempre amplia libertad respecto á esto, hallándose limitadas las restricciones, que se les pusieron, á donar pueblos, aldeas, términos y jurisdicciones, y á que su franqueza y larguezas fuesen convertidas en vicios de destrucción, y siendo usadas con desordenada intención amenguase la Corona Real, recibiendo con ello gran daño los sucesores del Reino. Esto supuesto, ni aun se alcanza con qué razones puede sostenerse que el único que podía conceder, previos ciertos requisitos, las licencias para enagenar, las necesitase él á su vez; y todavía es más imposible designar la autoridad á que debiera recurrir para obtenerla: de consiguiente, es necesario convenir en que, cuanto hiciera, no puede ser invalidado por falta de solemnidades que en ninguna parte se exigían, y que, atendidas las circunstancias y posición de la persona de que se trata, no podían tener lugar. Confírmase esta opinión recordando los precedentes que hay sobre este asunto: ni para vincular, ni para agregar, ni para vender, dar á censo ó permutar fincas del Patrimonio Real, ha sido necesario nunca observar los trámites que se exigían para esto mismo respecto á los particulares, prueba inequívoca, por cierto, de que siempre se ha creído que el Monarca podía por sí hacerlo, ya se atendiese á que nada había que se lo estorbase, ya á sus absolutas facultades, ya á su cualidad de único Legislador, lo cual bastaría aun para variar cualesquiera leyes que á ello pudieran oponerse.»

Don Joaquín María López (en 16 de Febrero de 1842) formulaba de esta manera su opinión: «Verdad es que las vinculaciones entre particulares se equiparaban en su carácter y orden de suceder al mayorazgo de la Corona, que forma el Patrimonio Real; pero de esta comparación, más ó menos exacta, no puede inferirse consecuencia alguna que menoscabe ó limite la facultad de los Monarcas para enagenar las fincas que poseen en el indicado concepto. En los Gobiernos absolutos, y tal era el de España en la época á que nos referimos, el Rey es la ley, y su voluntad sola se acata
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como un cánon legislativo, surtiendo los mismos efectos que en los sistemas de representación producen las leyes elaboradas con concurrencia de los poderes del Estado. Si de este principio común queremos hacer aplicación más marcada al caso que se consulta, hallaríamos que las licencias que se daban á los vinculistas particulares para desmembrar sus mayorazgos, eran otorgadas por el Rey, que presidia la Cámara de Castilla; y cuando su voluntad sola bastaba para autorizar y justificar estas traslaciones, repugnante y contradictorio sería suponer que esta voluntad misma, enunciada de la manera más solemne con conocimiento de causa y sobre intereses propios, no bastase á producir idénticos resultados que producía siempre por regla general. Esto equivaldría á decir que una resolución, respetable y sagrada siempre cuando se contraía á agentes interesados, dejase de ser sólo eficaz cuando se contrajese á bienes del propio Monarca; y para ceder á esta desviación del principio, se necesitaría una ley particular prohibitiva que entre nosotros no existe.»

XXIII.

Las reformas llevadas á cabo en lo político y en lo civil, los deslindes frustrados, las cuestiones siempre pendientes, produjeron, como era necesario, gran embarazo y vacilación en la administración del Real Patrimonio, circunspecta y meticulosa por su propia índole. Las leyes que sin cesar establecía la revolución económica para movilizar la propiedad territorial, en el Real Patrimonio aumentaban cada vez más la inmovilidad hasta convertirla en parálisis crónica e incurable. El mal éxito de las operaciones de la última testamentaria regia, transigida entre las interesadas por convenio mútuo, suscitó muchas más cuestiones que resolvió. Por una parte la opinión comunmente seguida de que no debieron haberse llevado al inventario, avalúo y particiones de aquella testamentaria muchas de las cosas que fueron llevadas, había dejado sin efecto el carácter de libre disposición que por aquel hecho pudieron haber adquirido. Por la razón contraria, se concedía la condición de la indivisibilidad á lo que entonces no había sido partido y expresamente adjudicado. Proceder contradictorio que, respetando y condenando á un mismo tiempo los actos de la testamen-