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ponsabilidad de conservar íntegro para el país aquel Tesoro. Otros, presumiendo de agudos, creían descubrir en la transacción propuesta, por el Gobierno llamada donativo, un bien amañado procedimiento para que la Casa Real obtuviese pingüe producto de una riqueza improductiva, no parándose á reflexionar que, aun negando por completo y del modo más absoluto que hubiese habido jamás Patrimonio privado, y que Fernando VII hubiese podido testar de un peso fuerte, de un altífer, ni de un cedemín de terreno, todavía era preciso reconocer: primero, que la Reina estaba en quieta, pacífica, no disputada posesión del usufructo de todo el Patrimonio Real; y segundo, que el 25 por 100 del producto de una venta realizada en diez años, importa menos que un usufructo vitalicio. La única ventaja para la Real Casa consistía en salir de la situación de interinidad, y de la falta de deslinde, que para todos y para todo era un grave mal.

Pero como mi propósito no ha sido tratar en estos artículos de cuestiones políticas de cierta índole, sino sólo bosquejar un estudio histórico y jurídico de una materia que es interesante por varios conceptos, cuyo exámen es muy propio de esta Revista, y que tengo alguna obligación de conocer mejor que otras, y mejor que muchos que se ocupan de ella sin datos y noticias suficientes, ni prosigo aquí hablando de los ataques dirigidos en contrarios sentidos por los partidos políticos á la discreta, previsora y conciliadora ley de 12 de Mayo de 1865, ni me detengo tampoco á analizar ni á comparar con aquella la que, conservando sus bases principales, pero alterando en gran manera los límites entre los derechos de Estado y la fortuna patrimonial, han decretado y sancionado, en Diciembre de 1869, las Cortes Constituyentes.

FERNANDO COS-GAYON.
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LO QUE DEBE SER
EL PODER JUDICIAL
SEGUN
LA CONSTITUCION DEMOCRÁTICA DE 1869.

El Código de las Partidas, monumento de gloria que inmortaliza el reinado que lo promulgó, manantial inagotable del Derecho, en que ávida recoge la ciencia los principios filosóficos, que encierra, y son un punto de partida seguro e infalible de los progresos, que en el curso del tiempo y de la civilización se han operado, define elegantemente, y llama mærum imperium á la delegación conferida por el Monarca, para ver, fallar y hacer justicia en las causas civiles y criminales que se contienen entre particulares, reconociendo no solamente su importancia social, mas también la emanación inmediata de la soberanía. Y cuando después de seis siglos, en que tan radicales cambios se han operado en la forma de gobierno, cuando las diversas escuelas filosóficas convienen unánimes, en que la administración de justicia es un atributo esencial de la soberanía, y descomponiendo lo absoluto de este principio, porque radicaba en una sola persona, proclaman que los poderes del Estado en su aplicación práctica, deben obrar independientemente dentro de una órbita determinada, para que en vez de embarazarse se ayuden y vigoricen armonizando la gestión ordenada de la cosa pública, no cabe dudar, que esa delegación constituye un poder inquebrantable que, si no el primero, es el que equilibra y modera los demás poderes y por lo tanto les supera en importancia.
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Y no es posible, sin incidir en el error, desconocerla. Consultese la historia y ella nos demuestra, que el más bello y preciado atributo del poder supremo, era distribuir la justicia, lazo con que se aprisionan y sujetan, primero: los intereses generales de que depende el bienestar y pujanza de la sociedad, y después los particulares, que fomentan la riqueza y garantizan la paz interior y tranquilidad de los asociados.

Si pues la administración de justicia ha sido considerada en todos tiempos, como la base más robusta y sólida de la Constitución social, hasta el punto de que implica su existencia, hace poco al caso se discuta, si la delegación de su ejercicio es un acto voluntario ó forzoso de la soberanía, puesto que las evoluciones que en el discurso de los siglos viene haciendo la humanidad, para alcanzar el grado de perfección á que aspira, no han podido modificar, si no las formas ó accidentes, conservando intacto el principio, que por lo tanto se eleva á la categoría de uno de los quasi-absolutos que rigen el universo.

Los tribunales de justicia, ejerciendo sus funciones á nombre y por delegación del Monarca, cuando la voluntad de estos era la suprema ley, dieron señales de que comprendían su misión augusta, y de ello es testimonio evidente, y por demás honorable, las decisiones del Consejo supremo de Castilla, que no en pocas ocasiones contrarestaron las del tribunal invasor del Santo Oficio, cuyo omnimodo poder oscurecía, y hasta anulaba el poder real. A su inquebrantable voluntad, á su austero proceder, á la independencia con que ejercían su elevado ministerio, se debe el que en las tristes azarosas circunstancias porque pasó la Monarquía española en los últimos reinados de la casa de Austria, no se hubiera desquiciado el edificio de su unidad levantada por los Reyes Católicos.

La opinión pública robustecida por la sanción del tiempo, que es la más infalible de todas las sanciones, tenía de antemano declarada la categoría que en la Constitución social corresponde á la administración de justicia; y la escuela democrática, recogiendo tan preciosos datos, no ha hecho otra cosa sino reducirlos á una fórmula concreta para declarar, que la altísima institución que tiene por símbolo la Justicia, es de hecho y de derecho un poder necesario, un poder independiente, la válvula de seguridad de los demás poderes, y su regulador permanente; porque si las leyes
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deben estar por encima de todas las afeciones y de todos los humanos intereses, la institucion á que se encomienda su guarda ó interpretacion ha de ser forzosamente imparcial, severa y justa. No es por consiguiente el poder judicial una rueda política en la máquina gubernamental, en cuanto no imprime el movimiento, si no que lo modera cuando es acelerado, ó lo empuja si se retarda, y no puede ejercer presion sobre la sociedad, porque su mecanismo se reduce á regular el movimiento de las demás ruedas, para que armónica y acompañadamente ejecuten las funciones á que fueron destinadas por el supremo artífice llamado Soberanía Nacional.

La Constitucion democrática de 1869 encomienda á los Tribunales: 1.º La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, ó lo que es lo mismo, administrar la justicia. 2.º Les confiere el poder de no aplicar los reglamentos generales, provinciales y locales, si no en cuanto estén conformes con las leyes. Este es el poder altísimo de que se les inviste, superior, cerrado que sea el período Constituyente, al Legislativo y al del Monarca, en cuanto les permite interponer su veto á las disposiciones contrarias á la letra del Pacto social.

Perfectamente claros y definidos son, por lo tanto, los mandatos que los Tribunales han recibido de la Soberanía Nacional: el primero, el que se refiere á la administracion de justicia, hace indispensable la existencia de leyes anteriores, según las cuales hayan de juzgarse los negocios civiles y criminales. Y este es un principio de Derecho, conocido y expreso en todos los Códigos modernos. «No serán castigados otros actos u omisiones que los que la ley, con anterioridad, haya calificado de delitos ó faltas,» dice el Penal reformado en 1850; y el Tribunal Supremo de Justicia, casando y anulando las sentencias que se dan en los pleitos civiles contra ley ó doctrina legal, asienta el principio incuestionable de que, no el criterio del juzgador, si no la ley escrita ó auténticamente interpretada, ha de ser la norma de los fallos.

Si, pues, la administracion de justicia consiste en la aplicacion de las leyes, se precisa en absoluto que éstas existan con anterioridad y se ajusten á la base fundamental del Derecho moderno, que es la libertad. Empero, la Legislacion civil y criminal española dista mucho de satisfacer las necesidades de la nueva idea que, lozana, germina en este siglo; y por más que el recurso de casacion para los negocios civiles, hace algunos años planteadó
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Corresponden asimismo al Patrimonio:

Los bienes comprendidos en la administración llamada del campo y bosque de San Lorenzo, con el heredamiento del Tobad, porque el fundador los compró para sí y sus sucesores, habiendo cedido sólo el usufructo á los Monjes; y por la misma razón los del heredamiento de San Saturnino, el Quejigal, las dehesas de Navaluenga, Espadañañ, Campillo, Monasterio, el Piul, Pajares, Palomarejo, la Rinconada', el Berrueco y las Madres Viejas.

Las dehesas de los Guadalupes y los bienes de los Gozquez, con la de la Aldehuela, porque fueron comprados por Felipe II, y destinados explícitamente sus productos á los reparos del edificio y jardines, no siendo los Monjes mas que unos depositarios.

La casa del Nuevo Rezado, en Madrid, porque es de los bienes comprados para dote del Monasterio. Es verdad que la casa actual costó mucho más que la que Felipe II mandó construir, y se demolió para levantar el Museo Real de Pinturas; pero también lo es que sustituye á aquella primitiva, y debe conservar el carácter que ésta tenía de ser parte de la dotación de los Monjes, sobre todo, después de haberlo ya declarado así D. Carlos IV, por su decreto de 21 de Noviembre de 1798, y Fernando VII por Real orden de 27 de Enero de 1819.

Las alhajas, presas, ornamentos, pinturas y libros de coro, porque su origen, y la condición impuesta á los Monjes, de no ser más que usufructuarios, las hacen propiedad de la Corona y Patrimonio.

La biblioteca de libros de estudio, por identidad de razon y porque ocupa un magnífico local con todo lo conducente á la buena custodia y conservación de los libros y manuscritos; pues aunque tal vez se dirá que el número de volúmenes es actualmente doble de los que había en tiempo de Felipe II, y que su aumento se debe á la obligación impuesta á los editores de obras de depositar en la biblioteca un ejemplar de las que publicaren, esto no puede derogar el derecho adquirido; sería mezquina la idea de separar los libros modernos de los antiguos, y además el Patrimonio podría acreditar con documentos que está compensado el valor de los volúmenes remitidos por los autores á la biblioteca con los muchos fondos invertidos por S. M. en beneficio de los bienes que pasan ahora á la Caja de Amortización.

La casa llamada de la Superintendencia debe conservarse en
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con el mejor éxito, y su ampliación á las causas criminales, tan deseada, y ya en vías de ser un hecho, según el proyecto leído á las Cortes Constituyentes, presten cohesión y fijeza al criterio judicial, no son, con todo, bastantes para evitar el escollo formado por la carencia de los preceptos escritos, únicos que pueden dar, y dan inevitablemente, vida propia á la severa aplicación del principio de responsabilidad judicial establecido por el art. 98 de la Constitución. «Son responsables de toda infracción de ley que cometan,» dice el texto de este artículo; y llano aparece, que cuando no existe la ley, y aun existiendo, si su espíritu ó tendencias no son conformes á las ideas modernas, á las ideas que refleja el Código fundamental, no cabe exigir al Juez la responsabilidad de la infracción, puesto que no aplica la ley, si no su criterio moral más ó menos perfecto. Véase, pues, cómo, sin la promulgación y reforma de los Códigos, se imposibilita el cumplimiento y ejecución del artículo constitucional que va referido.

Además, conviene no perder de vista que las modificaciones introducidas en el Derecho civil, mediante la declaración de la libertad de cultos, que trae consigo el cambio radical del estado civil de las personas; las que en el criminal entrañan los derechos individuales, negación hasta cierto punto del dogma de la Sobrerancia Nacional, que ya en los primeros años de este siglo fue combatido por la secta que se formó proclamando las garantías individuales como fundamento de todo Derecho; estas modificaciones profundas, radicales del constituido, requieren una solución pronta, definitiva y completa para que la Constitución del Estado pueda llevarse á término, no tan sólo en el orden político, si no en el social, que es el único verdadero de que reportan ostensibles y beneficiosos resultados los ciudadanos.

Ocioso será decir que á la reforma de los Códigos debe preceder la organización de los Tribunales, y como su consecuencia inmediata, la división territorial; porque es tan íntima su relación y dependencia, tan estrecho su maridaje, que establecida la una y no la otra, se romperá la unidad de pensamiento, y las construcciones sucesivas se resentirán forzosamente por lo deleznable de la base ó por la imperfección de los materiales que componen sus cimientos. Y si no, párrese mientes en que el establecimiento del Jurado para los delitos políticos y los comunes que determine la ley, requiere la organización de esta moderna judicatura, haciendo-
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do indispensable la division del territorio convenientemente para que, sin molestia y con escasos dispendios, puedan los Jurados concurrir al Tribunal. Que no basta decretar la institucion, pues si no son sencillos y flexibles los resortes de su mecanismo, el vulgo, y aun las personas ilustradas, controvierten su bondad, sucediendo no pocas veces que, ó no se arraiga, ó que sus frutos sean tardios y desmedrados. La mejor ley es aquella que, en armonía con las costumbres del país, ofrece méños dudas en su aplicación; y este principio inconcluso explica el por qué la reforma debe ser simultánea y obedecer á un pensamiento preconcebido, del que resulte la homogeneidad de todos sus detalles.

Realizándose así, la sociedad reporta notabilísima ventaja. Las convulsiones políticas, que la Nacion viene sufriendo desde los primeros años de este siglo, y las muy recientes que se deploran todavía, han sido una de las principales causas de la relajación del principio de autoridad; y este mal gravísimo no encontrará su oportuno y eficaz remedio si no en la promulgación de los Códigos, que han de fijar los derechos civiles y las acciones prohibidas, esto es, el derecho y el deber, cuyo conocimiento debe hacerse obligatorio, como base preliminar de la educacion social.

Bosquejados los fundamentos del poder judicial, y enumeradas las leyes que deben promulgarse, para enaltecer la importantísima significacion que encierra, y para que, sin obstáculos, pueda girar dentro de su esfera independiente, surge espontánea y lógicamente la idea de que, la Magistratura, ejerciendo sus funciones con entera libertad de accion, ha de estar alejada por necesidad «de la política.» Los Jueces, sacerdotes de una divinidad, que la Mitología representa con los ojos vendados y la balanza en la mano, emblema de la imparcialidad de sus fallos, mal pueden rendirla culto si llevan al santuario la pasion política; no serán imparciales, si se preocupan de los intereses de su bandería; no pueden formar desinteresado juicio, porque son partes; conculcan el poder de que se hallan investidos, pretendiendo trocarlo por el de legisladores; renuncian voluntariamente á su augusta mision, porque 'es incompatible con toda otra; y finalmente, la Soberania Nacional, que les hizo custodios de la Constitucion y fieles intérpretes de su doctrina, les revoca el mandato, al atentar contra una u otra, porque recibiendo la ley hecha y sancionada, les está vedado discutirla ó modificarla en pró ó en contra de una determi-
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nada escuela filosófica ó de un partido político. Tan evidente y marcado es el divorcio entre la Magistratura y la Política, y aunque no expreso, tan conforme el precepto constitucional, al principio sentado!

Hé aquí cómo se prueba que la Soberanía Nacional, ley de las mayorías, es antitética de los derechos individuales, que consideran al «Yo» la base fundamental de la Sociedad, y por consecuencia anterior á ella. Y si nó, ¿por qué á los elegidos para formar parte del poder judicial, se les vedan implicitamente esos mismos tan decantados derechos de emitir libremente sus ideas, de asociarse y reunirse con un fin político, y no pueden tomar asiento á la vez en el escaño de los Legisladores? Porque el mayor número, la colectividad, pasa por encima del individuo cuando al pro-comun es beneficioso; porque el concierto de los más es el sum-mum jus que rige los Estados; porque esos derechos, siendo limitables, como demostrado queda, hacen necesaria su reglamentacion.

Y no puede dudarse son los Magistrados personalidades aisladas, que, ciudadanos de un Estado libre, no pueden ejercitar los derechos de que los demás se ufanan; que teniendo libertad de accion, no pueden gozarla si no dentro de convenientes y reducidos límites; que han de ahogar sus afeciones para ser imparciales; que han de dedicar todo su pensamiento, toda su voluntad, toda su energia, no al triunfo de una idea política, si no al estudio de la ley, á su aplicacion práctica, sea quien sea el que sufra los rigores. Encarnacion y representacion humana de la ley, como ella, han de ser fríos é impasibles. Esto exije la sociedad, además de integridad y ciencia á los Magistrados; y en cambio de las privaciones á que les condena, les presta toda su consideracion, todo su respeto, toda la majestad de las funciones augustas que desempeñan, y además les declara inamovibles, siempre que se hallen dentro de las condiciones legales, y no empañen la inmaculada blancura de su toga. Así lo consigna el pacto fundamental en su artículo 95, y lo han escrito todas las Constituciones políticas que, por más ó menos tiempo han regido en España, aunque, ¡dolor causa decirlo! base tan trascendental no haya llegado á ejecucion con detrimento notorio de la Sociedad.

La inamovilidad arrastra tras de sí, como el cuerpo á la sombra, la independencia del funcionario, permitiéndole desplegar
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toda su actividad en el ejercicio de su cargo, porque, inamovible é independiente en él, responde justa y legitimamente de sus actos más triviales, sin que le sea dado atenuarlos con aquellas excusas que más excitan la pública y universal commiseracion. Nada se ha hecho, sin embargo, por esa inamovilidad tan encomiada; nada que sea aceptable; nada que augure un porvenir más halagüeño para tan respetable clase; nada que indique el advenimiento de la regeneracion judicial y de haberse emprendido el buen camino: antes por el contrario; si los conceptos expresados en una sesion reciente de la Asamblea por el Ministro de Gracia y Justicia, al ser interpelado por las causas de la separacion de gran número de funcionarios del orden judicial, se considerasen como su punto de vista para la reforma, y no como una defensa improvisada de sus actos, habría que exclamar con el poeta italiano: Lasciate ogni speranza: porque pretender que la Magistratura debe participar y hallarse empapada en las ideas revolucionarias para desempeñar dignamente su cometido, importa tanto, como negar el principio encarnado en la Constitucion, y un error de apreciacion inevitablemente funesto. Cuanto es contraria semejante declaracion á la del Presidente del Consejo de Ministros del Imperio frances, encargado de la Cartera de Justicia, cuando al recibir á sus subordinados, exclamó: «¡Yo mantendré intacta la dignidad de la Magistratura, y separaré la Justicia de la Política!...» Frase elocuente del ilustre jefe de la Democracia francesa, con que quiso significar la altísima importancia del Poder judicial, y el menoscabo y degradacion que sufre pisando la arena candente de la política. Verdad tan palmaria, de todos sentida y siempre proclamada, no se ha elevado todavía en la desgraciada España á la esfera práctica; y ved ahí por qué la mayor parte, si no todas las revoluciones iniciadas con patriótico afán, son estériles en beneficiosos resultados.

Esta idea salvadora, emanacion de la verdad eterna, se abre paso á través de las encontradas y utópicas que en este siglo de discusion y combate se forjan para encontrar el desideratum de la forma social más perfecta, y no es dudoso llegará al término feliz de su viaje en el más breve plazo, si los hombres de buena voluntad desembarazan el camino de los estorbos y malezas con que añejas costumbres, viciadas prácticas é interesados manejos lo tienen obstruido. Hecha está la primera jornada; la piqueta del der-
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ribo; facilísima de manejar, ha sido remplazada por el cincel y la paleta del artífice, que requieren inteligencia, madurez de juicio, prevision y fuerza de voluntad, para que las disposiciones arquitectónicas del edificio ostenten, además de la belleza en sus formas, la solidez bastante á garantirlo de los récios vendables de la reaccion y del radicalismo exagerado. Unanse, pues, los hombres que aman la libertad por lo que ella vale, y sin preocuparse de pasados sucesos, dediquense con afanosó celo á perfeccionar en sus detalles la obra inmortal de las Cortes Constituyentes: que sería error imperdonable creer y pensar siquiera que la Magistratura española había de nacer, como Minerva, al golpe dado en el cerebro de un Ministro.

Sancionado el principio del poder judicial, organíçense los Tribunales, y llévense á ellos hombres eminentes por su ciencia, por su larga práctica, por su moralidad probada; y como todos los partidos habrán dado en justa proporcion su contingente, desaparecerán las rivalidades, qué son desgraciadamente causa primaria de ciertas censuras. Conservadores, radicales, republicanos, todos caben en esta nueva religión que se inaugura, si al profesar en ella, relegan al olvido sus antiguas creencias. Que es imposible considerar en el individuo dos criterios diferentes obrando con entera independencia, y tan perfecta y artisticamente equilibrados, que no se sobrepongan al formar juicio sobre las acciones humanas y las ideas concretas.

Redúzcase á práctica la inamovilidad, y exijáse inflexiblemente la responsabilidad, que son los dos polos de toda buena administracion; y cuando el magistrado obre independientemente y sin temor al caciquismo, ó á la presion del Gobierno, cuando por hallarse ampliamente remunerado, pueda satisfacer las necesidades de la familia con decorosa modestia, no se le dispense de la asiduidad laboriosa en sus funciones, de la energía que su difícil cargo necesita, del estudio detenido y profundo de las cuestiones que ha de resolver, y de la imparcialidad severa, que es el noble distintivo de su augusta ministerio. No lo ha perdido en verdad la Magistratura española; y cuando hoy se aquilata por virtud de las modernas corrientes de la opinión, es de esperar responderá al llamamiento que se hace á su probada integridad y patriotismo, anhelosa de seguir el derrotero que dejaron trazado los Arandas, Jovellanos y Campomanes, trabajando, sin tregua ni descanso,
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hasta conseguir que el prestigio de la autoridad, elevado á tan considerable altura por estos insigues varones, recobre su primitivo esplendor.

La Magistratura así constituida, será lo que ser debe, y llenará los fines que se propusieron los legisladores de la Constitucion democrática de 1869: apresúrense éstos á hacer las Leyes orgánicas, que son su necesario complemento, y cuando el edificio esté perfecto, comenzará la nueva era de ventura tan deseada, y las generaciones que nos sucedan podrán decir con orgullo y veneracion profunda: «La prosperidad de que gozamos en el interior, el respeto que se nos guarda en el exterior, tienen su fundamento en la institucion del poder judicial, como regulador de los demás poderes.»

FORTUNATO CAÑA.