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entrar en deslindes ni en contiendas con la Hacienda Nacional. Habrá todavía, es verdad, dificultades no pequeñas para fijar estos puntos con toda la claridad, exactitud y justificación á que debe aspirarse; pero para vencerlas no creo sea en manera alguna admisible, ni como provisional, ni como permanente, el medio que propone el Sr. Monreal, de considerar como del Real Patrimonio los bienes que en 30 de Mayo de 1820 se incluyeron por la Mayordomía Mayor en una lista de los que se reservaba S. M. para su uso y recreo, y para el lustre y esplendor del Trono. En aquellos días, por una especie de reacción, cuandía en las Cortes la máxima de que era de la Nación todo cuanto poseía el Rey; y que haciéndose á éste sobre el Tesoro público la asignación competente para mantener decorosamente su alta dignidad, sólo debía conservar los Palacios, bosques y Sitios Reales á propósito para su comodidad y recreo. Para este fin se exigió aquella lista, y al extenderla, es evidente que ni el Rey ni sus oficinas tuvieron arbitrio para incluir todo lo que pertenecía á la Corona, sino sólo la parte que se creyó podría salvarse de aquel violento ataque que tenía por objeto incorporar á los bienes nacionales lo mejor y lo más pingüe del Real Patrimonio, llevando así las cosas, como sucede casi siempre en las reacciones, al extremo opuesto respecto á otro tiempo en que solía proclamarse, que el Monarca podía disponer libremente, y sin ninguna restricción, de todas las propiedades del Estado. Supuesto este hecho incontestable, el reconocer hoy la expresada lista como medio justo de separar y deslindar el actual Patrimonio de la Corona, sería autorizar á sabiendas el más notorio despojo, incidir en extremos y doctrinas generalmente desacreditadas, y dilatar indefinidamente la resolución de una cuestión, que bajo cierto punto de vista, nunca podrá resolverse mejor que en estos momentos en que se puede contar de parte de la Corona con los más constantes deseos del bien y de la justicia, y con la mejor disposición á no poner ninguna clase de obstáculos á que se adopten en el asunto las bases más sólidas y que mejor pueden conducir al acierto.

»¿Cuáles podrán ser estas bases, una vez desechada la de la expresada lista de 1820? Sin desconocer la dificultad de resolver esta cuestión, y sin dejar de convenir en la exactitud con que se ha dicho que cometido este punto á diversas personas entendidas y de las mejores intenciones, sería muy fácil que lo viesen de dis-
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tinto modo y diesen diferentes resultados, todavía me parece que pueden adoptarse ciertas reglas á propósito para acertar, ó á lo menos para aproximarse mucho á la equidad que se desea. Estas reglas, en mi juicio, debieran ser:

»Primera. Examinar detenidamente la calidad y naturaleza de los bienes que se administran hoy en globo por el Patrimonio; por ejemplo, en inmuebles, los Palacios, Jardines, Casas de recreo, Bosques, etc., y en muebles los que están adornando las mismas Casas Reales, los que sirven para ciertas solemnidades que pueden llamarse régias, y otros semejantes.

»Segunda. Examinar también la procedencia ó el modo con que se han adquirido dichos bienes, porque no puede formarse el mismo concepto para el objeto del dia, de los que se adquieran en una guerra ó por un repartimiento después de una conquista, que de los que compró el Rey sin darles aplicación determinada, ni tampoco de los que fueron permutados con otros que eran sin disputa de la Corona, ó subrogados en su lugar, con aquellas adquisiciones en que no concurre ninguna de estas circunstancias.

»Tercera. Averiguar y ver con cuidado las disposiciones terminantes con que los Reyes hayan hecho á la Corona agregaciones de bienes determinados, pues estos actos deben ser respetados mientras no hayan sido ó sean derogados, ó medie algun motivo en que pueda fundarse alguna reclamación.

»Cuarta. Registrar las cuentas y particiones verificadas á consecuencia de las defunciones de los señores Reyes anteriores, pues no habiendo muerto sin tener varios hijos entre todos los de la Casa de Borbon, mas que el Sr. D. Fernando VI, es regular que existan las operaciones ejecutadas á la muerte de cada uno, y que en ellas se encuentren bien designados los bienes que como agregados á la Corona pasaron con ella al sucesor y fueron excluidos de la particion.

»Con la recta aplicación de estas reglas, y el buen juicio é imparcialidad de los que se encarguen de tan importante trabajo, me persuado habrá lo suficiente, si no para evitar toda falta ó equivocación, á lo menos para no caer en graves errores, ni causar grandes agravios, que es lo que principalmente se necesita para llenar los laudables deseos de justicia de las altas partes interesadas, y para dar al resultado el carácter de estable y permanente que tanto conviene por todos conceptos.
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»Así también podrá adoptarse la separación oportuna en la administración de unos y otros bienes; y cuando bien pesadas todas las circunstancias, crea V. M. que ha llegado la época en que conviene aspirar á que objeto tan interesante se arregle por una ley, se tendrán á la mano muy manejados y conocidos los muchísimos datos que son indispensables en semejantes cuestiones, para ilustrar la opinión pública, desvanecer equivocaciones, y satisfacer cumplidamente á los amigos y á los adversarios.»

Por entonces quedó aplazada toda resolución acerca de lo propuesto por el Sr. de Egaña, y sobre estos asuntos.

En las Cortes Constituyentes de 1854 volvieron á examinarse las cuestiones relativas á la testamentaria de Fernando VII por la Comisión encargada de hacer una información parlamentaria respecto de varios actos de la Reina Doña María Cristina; y en contestación á su dictamen, redactaron y publicaron otro los abogados de esta Señora, D. Manuel Cortina, D. Juan González Acevedo y D. Luis Díaz Pérez. El de la Comisión de Diputados trata tan someramente el asunto bajo el aspecto legal que, por lo relativo á la existencia del vínculo régio, se limita á decir: «Hasta los más lisonjeros servidores de los Reyes confiesan que hay un cuantioso patrimonio público, destinado al esplendor de la Corona, afecto á esta é indivisible como ella.» Esta confesión, que consignan, basta á los Diputados para formular sus cargos por no haber sido, en su dictamen, bastante respetada la indivisibilidad del Patrimonio Real, cuyo fundamento, condiciones y límites no encontraron en las leyes. Si éstas hubiesen hablado á tiempo, es seguro que no hubiera llegado la ocasión de que tales informaciones parlamentarias se formasen; pero su silencio ha dado origen á interpretaciones distintas de lo que por su naturaleza debía ser incuestionado, á censuras violentas de lo que por su excelencia debiera ser invulnerable.

El dictamen de los tres jurisconsultos defensores de la Reina, tampoco contiene cosas notables que sean nuevas después de lo que ya queda expuesto. Debo, sin embargo, consignar algunas de sus máximas. «Todo el ingenio y sabiduría de la Comisión parlamentaria no podrán designar cuáles son las reglas, las leyes y los principios que rigen en las testamentarias de los Monarcas de España...

»Principio es de nuestro derecho que todos los bienes se reputan
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libres mientras no se prueba precisamente del modo que tiene establecido la ley que están sujetos á vínculo.

»No hay ni puede reconocerse base alguna legal para dejar de considerar los objetos del Real Museo como libres. Y esta cualidad que sólo puede desaparecer vinculándolos, no la han perdido ni por ser muy preciosos y de mucho valor, ni por estar coleccionados, ni por haber sido adquiridos con tesoros sacados del país. Si esta fuera la regla de decision, ningun objeto de la propiedad de los Reyes podría dividirse: todos han tenido igual procedencia; todos han sido pagados con el mismo caudal; todos constituyen un conjunto de riquezas que no son menos apreciables porque se hallen en un edificio llamado palacio, que si estuvieran en otro calificado de museo...

«La voluntad de vincular no se presume, si no se consigna en algun documento fehaciente.....

»Y aun podria sostenerse su derecho (de S. M. la Reina Cristina) á aquellas (alhajas) que, no obstante haber sido vinculadas, fueron donadas, porque en aquel sistema de Gobierno (el del reyando del Sr. D. Fernando VII) en que el Monarca no reconocia ley superior á su voluntad, pudo, si tal era su placer, librarlos del gravámen de la vinculacion; y si eran libres, y el Monarca trataba de incorporarlas á la Corona, como podia hacerlo.....

»La otra mitad (de las alhajas), perteneciente á S. M. la Reina, puede, si es su Soberano agrado, volverlas á incorporar á la Corona.....»

En lo relativo á la facultad de vincular, no veo con claridad cuál es el parecer de los defensores de la Reina Cristina, puesto que por una parte fundan exclusivamente en el sistema de gobierno de otros tiempos, la que atribuyen á Fernando VII para desligar de la vinculacion lo que tuviere á bien, y pocos renglones después aseguran que la Reina Doña Isabel II podia en 1856 volver á incorporar á la Corona lo que fuere su Soberano agrado. Para que no resultase contradiccion entre aquellas y estas frases, no habría otro remedio si no el de suponer que, en dictámen de dichos abogados, la Reina podia vincular, mas no desvincular. Pero semejante dictámen, ¿encontraría su apoyo en el texto de alguna ley del Reino? Seguramente que no. Y fuera del terreno de la legislacion, y sin más base que la de raciocinios y conjeturas, ¿pueden prevalecer teorías ni opiniones aisladas
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en materias tan delicadas de derecho? Tampoco ciertamente.

Conviene notar tambien que, en el escrito de los Sres. Cortina, Gonzalez Acebedo y Diaz Perez, se daba por cierto, con repeticion, que la Reina, en virtud de gestiones de su Madre, habia vinculado el Museo de Pinturas; pero tengo por destituida de todo fundamento esta noticia, que aquellos ilustrados jurisconsultos encontrarían sin duda en algun dato erróneo que se les suministrara para su trabajo por las oficinas de la Real Casa.

Todos los jurisconsultos, cuyas opiniones he citado, convinieron en una cosa; y en ella estuvieron tambien unánimes siempre los funcionarios de la Casa Real, los Diputados á Córtes, los hombres de las diversas escuelas políticas; todos, en fin, los que han tenido que tratar este asunto: en reconocer que el inventario de la testamentaria estuvo mal hecho, y no distinguio debidamente los bienes libres de los incorporados á la Corona.

Pero en medio de esa misma reprobacion universal pudieron hallarse con facilidad los medios y elementos para una grande disculpa, ya que no para una justificacion completa, de la conducta seguida por D. Enrique Salvador de Calvet, á quien como Secretario de la Mayordomía Mayor, tocó la laboriosa y desgraciada tarea de desempeñar las funciones de Contador-Partidor. Entre tantos como han condenado las bases preferidas por Calvet para inventariar la fortuna Patrimonial, ninguno ha podido exponer de un modo claro y sencillo, cuáles otras debieron ser adoptadas con arreglo á la ley y á la conveniencia. Y después de treinta y cinco años de estudios y de polémicas, toda la doctrina jurídica sobre la legislacion vigente antes de 1834 en estas materias, se halla contenida en las frases ya citadas, en que los Sres. Cortina, Gonzalez Acevedo y Diaz Perez, aseguraban que no habia reglas, leyes, ni principios que rigiesen en las testamentarias de los Monarcas de España; ó en aquellas otras del Sr. Moureal, copiadas tambien, en que asegura que si se hubiera dado á muchos hombres, separadamente, la comision de formar los inventarios, cada uno le habria hecho de un modo distinto.

Lo indudable es que Fernando VII, Rey absoluto, que tenía la facultad de vincular y de desvincular los bienes, y de deslindar como quisiera la fortuna patrimonial de la suya privada, hizo un testamento, en que instituye herederos, en que lega á su viuda el quinto, en que muy claramente manifiesta su propósito de dejar.
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de una manera ó de otra, á la Reina Doña María Cristina un cuantioso caudal. Si los bienes inmuebles debian considerarse amayorazgrados por el testamento de Carlos III, y por el mismo de Fernando VII; si los muebles estuvieron mal incluidos en la testamentaria, según el dictámen casi general; si tampoco la Reina viuda pudo creerse propietaria de las joyas de su uso personal, porque según opinan ó sustentan algunos, formaban igualmente parte del vínculo de la Corona, en virtud también de aquellos dos testamentos, ¿de qué objetos debia componerse la herencia dejada por Fernando VII? Los gananciales estuvieron acaso mal omitidos, aunque por mi parte, creo que hubiera sido de todas maneras muy difícil calcularlos; entre los bienes muebles, hubo sin duda muchísimos cuya naturaleza se resistía á ser partibles en una herencia; pero en cuanto á los resultados generales, ¿puede creerse que es excesiva la suma de 140 millones como representación de la fortuna de un Monarca como Fernando VII, que había reinado muchos años en España y en las Indias, y que había sido diligente administrador de su caudal privado? Cuando aquel Soberano que se creía árbitro de dejar á su amada esposa lo que quisiera, hacia su testamento solemne favoreciéndola en todo lo posible para todas las eventualidades, ¿pudo creer que se consideraría como una escandalosa infracción de su última voluntad, que el quinto de su herencia subiera á 26 millones de reales?

XXII.

Muchos son los jurisconsultos, de cuyas opiniones sobre los caracteres legales de los bienes del Patrimonio Real he dado ya noticia. Todavía puedo darla de algunos más.

Fernando VII, en 1831, había vendido en enfiténasis á dos sujetos cierta finca. La Administración Patrimonial, después de la muerte de aquel Monarca, creyó perjudicial el contrato hecho, y fundándose en que los concessionarios del dominio útil no habían cumplido con sus obligaciones, pidió la rescisión ante el juzgado de primera instancia correspondiente. El tribunal declaró que no había lugar á la rescisión pedida; y entonces se intentó una transacción. Para tratar de ella, en nombre del Real Patrimonio, fueron comisionados D. José María Manescau, curador ad litem de la Reina, y
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D. José María Monreal, Abogado de la Real Casa, quienes convinieron con los representantes de los censatarios en las bases para una nueva escritura, que dirimiera las cuestiones suscitadas en la ejecución de las anteriores. Pero habiéndose dado el encargo de redactar el nuevo contrato al Consultor general de la Real Casa Don Tomás Cortina, éste puso en duda la validez de la venta enfitéutica hecha por Fernando VII, fundándose en que la finca había sido adquirida por Carlos IV para sí y sus sucesores, y en que los Reyes nunca pudieron disponer de los bienes vinculados á la Corona. El Sr. Manescau pidió entonces que se sometiera esta grave cuestión á varios juriscosultos de nota; y á su petición se adhirió el Sr. Monreal. En vista de lo que, la Intendencia general formuló las siguientes preguntas, y dispuso que con arreglo á ellas extensíesen sus respectivos dictámenes los mismos Sres. Manescau, Cortina (D. Tomás) y Monreal, y además D. Nicolás Gómez Villaboa:

»1.º El Rey de España, como poseedor del Patrimonio Real, que es un vínculo de la Corona, en el que sucede por aquella calidad, ¿se halla en la clase que los particulares poseedores de mayorazgos u otras vinculaciones, para enagenar con los requisitos legales bienes del Patrimonio de la Corona, como los otros poseedores pueden solicitar hacerlo de los de sus vinculaciones?

»2.º Considerando al Rey de España en igualdad de circunstancias que los particulares poseedores de mayorazgos u otras vinculaciones para el objeto expresado en la pregunta anterior, ¿necesitará, como aquellos, que preceda la competente Real facultad y demás diligencias que las leyes requieren en semejantes casos?

»3.º Enagenando el Rey por una enfitéusis, cualquiera finca del Patrimonio de la Corona por medio de una Real orden expedida por la Mayordomía Mayor en los términos que están concedidas las del presente caso que motiva esta consulta, ¿se entenderá que habiéndolo hecho así, dispensó y quiso dispensar la ley común que trata de esta materia?

»4.º La Reina menor Doña Isabel II, suponiendo que su augusto Padre pudiese enagenar del vínculo Real una ó más fincas y que, aun pudiendo enagenarlas, no necesitase para hacerlo, de otras formalidades que las Reales órdenes expedidas para el presente caso, ¿tendrá precisión de autorizar aquella concesión y pasar por ella?

»5.º Si en el supuesto de que tuviese que pasar por la dicha
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enagenacion que de su Real vinculo hizo su augusta Padre, cuando el contrato subsistiese en el dia sin ninguna novedad, ¿tendrá obligacion de renovar hoy el contrato, ó revalidarle por medio del otorgamiento de nueva escritura, ó se entenderá legalmente que le otorga de nuevo sin consideracion al anterior, en cuyo caso sea facultativo á S. M. conceder ó no la enfitéusis?

»6.º En el concepto de que por resultado de todas las preguntas anteriores, tuviese S. M. la Reina menor obligacion legal de pasar por la enagenacion enfitéutica que hizo su augusta Padre y de otorgar la escritura de dicho contrato, según en el dia se trata, ¿tendrá S. M. accion para reclamar la lesion enorme ó enormísima que se ocasionare en la regulacion del canon enfitéutico? (1).

Don Nicolás Gómez Villaboa, contestando á esta consulta (en 18 de Julio de 1839), en la parte que ahora nos interesa conocer, hizo las siguientes afirmaciones. El señorío del Reino ó sea la Corona, es indivisible. Los bienes afectos á la Corona, ó sea el Real Patrimonio, es inalienable. Sin embargo, la enfitéusis hecha por Fernando VII no fué una verdadera desmembracion del Patrimonio, si no que por el contrario, se debe considerar como una mejora ó aumento realizado en su provecho. Las Reales órdenes expedidas por aquel Rey, con conocimiento de causa é informe de la Mayordomía Mayor, en el fondo fueron lo mismo que las Reales cartas ó cédulas expedidas con el objeto de autorizar á cualquier particular para la venta de bienes amayorazgados. El Monarca se hallaba en un caso excepcional, puesto que á él tocaba otorgar el Real permiso para enagenar, y claro es que no habia de pedirse á sí mismo ese permiso. Pero las noticias oportunas que tomó, oyendo á la Mayordomía Mayor sobre si la constitucion de la enfitéusis reportaba utilidad, pueden compararse muy bien con el proceso informativo que se instruía en la Cámara de Castilla antes de conceder á los particulares las autorizaciones para vender fincas vinculadas. Debe considerarse, pues, como válido el contrato enfitéutico realizado por Fernando VII. «Para la solucion de las precedentes dudas, añadía el Sr. Gómez Villaboa, he tenido presente que no se trata de una desmembracion absoluta de fincas del Real Patrimo-

(1) La séptima y última pregunta de la consulta de la Intendencia general, se refirió á las circunstancias especiales de la finca en cuestion, y no á las condiciones universales del Patrimonio Real, por cuya razon la omito.
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nio, que hubiesen salido de él para siempre y que hubiese sido hecha sin causa y traído conocido perjuicio al mismo, porque en este caso mi dictámen hubiera sido del todo contrario. La razon es porque el Rey Fernando en los bienes del Real Patrimonio, como vinculados, no tenía otro concepto que el de un administrador, y por tanto estaba obligado á conservar integros para sus sucesores aquellos bienes. Pero otra cosa es que como administrador diligente y procurando el aumento de intereses del Real Patrimonio, tratase, conservando el señorío directo de un terreno inculto é improductivo, de enagenar el dominio útil con la carga de que se pagase al Patrimonio cierta pension anual. En esto no hizo más que seguir la costumbre admitida de antiguo para poner en cultivo las muchas tierras incultas, en lo que el Estado ganó mucho por el aumento que recibió la agricultura.»

Don Tomas Cortina (en 8 de Agosto de 1839) sostuvo, en los términos más resueltos, la nulidad de la venta enfitéutica. Después de deshacer la equivocación cometida por el Sr. Gomez Villa-boa respecto del terreno en cuestion, que ni era inculto é impro ductivo, ni había sido mejorado por la enfitéusis, recordaba el se ñor Cortina las antiguas leyes, que prohiben enagenar el Señorío del Reino y los bienes de la Corona, y decía así; «Estas opiniones y las disposiciones legales á que se refieren son perfectamente acomodables á los bienes del Patrimonio Real, porque siendo éste un vínculo unido á la sucesion de la Corona, de cuyos bienes no puede disponer el Monarca reinante, porque sólo tiene el usu fructo como mero poseedor, las mismas razones que aprueban la prohibicion de enagenar bienes de la Corona militan para la ena genacion de los bienes del Patrimonio Real, cuya conservacion in teresa igualmente al Estado, porque el Monarca posee este vínculo como Rey para mayor decoro y ostentacion de su augusta digni dad, y ha de pasar íntegro y sin ninguna desmembracion á sus sucesores en el Trono; sin que tenga que ver nada este Patrimo nio Real con el Patrimonio privado ó familiar, que tienen y pue den tener los Reyes...» «Es, á mi entender, indudable que el Rey de España, como poseedor del Patrimonio Real, no se halla en la clase que los poseedores particulares de mayorazgos ó otras vincu laciones para enagenar con los requisitos legales bienes de dicho vínculo Real, porque le obstan las disposiciones que prohiben la enagenacion de bienes de la Corona que han de pasar integros sin