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Probaba con datos estadísticos irrecusables, que cada ciudadano de las demás naciones católicas, sin excepción, pagaba menos de la mitad de lo que cada español paga por el sostenimiento del culto y clero: deseaba que las economías se hiciesen siguiendo en las mejores relaciones con la Santa Sede, y aseguraba que habían de redundar en beneficio del clero parroquial.

El principio de la reforma, la necesidad pues de introducir economías en el presupuesto del clero, están en aquel discurso consignados de una manera elocuente, no debiéndose olvidar el estado político por que el país á la sazón pasaba, las influencias que dominaban en la gobernación, las fuerzas que apoyaban á aquel Ministerio, el influjo teocrático que se había apoderado de la dirección de los negocios públicos, el aniquilamiento en que había caído la idea liberal, y la mutilación casi completa que habían sufrido las garantías parlamentarias. Esta confesión preciosa no pueden olvidarla en el día de hoy las personas que han prestado su asentimiento al nuevo orden político. Todos estamos, pues, conformes en que es necesario dar un paso en aquel camino; las disidencias han de comenzar forzosamente en lo que podíamos llamar cuestión de procedimiento.

Por mucho que la reforma en el presupuesto del clero pudiese herir los sentimientos católicos de la Nación española, nadie negará la intensidad que de antiguo tiene la opinión anti-papista en Inglaterra, y sobre todo en Escocia; opinión hábilmente explotada por los jefes del partido theory, que han hecho prodigios de elocuencia en contra de las reformas defendidas por Gladstone y sus amigos en favor de la independencia de la Iglesia católica de Irlanda. No han sido los Ingleses méns apasionados e intransigentes en sus creencias religiosas que los Españoles, con la notable diferencia que allí la religión del Estado ha venido constantemente en apoyo de las ideas políticas triunfantes en sus grandes revoluciones, mientras que entre nosotros más de una vez, si no siempre, se ha presentado con el liberalismo en abierta pugna; y sin embargo, la libertad de la Iglesia ha luchado contra aquellos obstáculos, y la reforma se ha llevado en Inglaterra á feliz término.

¿Cuál ha sido la conducta del clero católico de Irlanda en los momentos en que los partidos liberales del Reino-Unido defendían sus indiscutibles derechos? ¿Han pedido la restitución de las propiedades de que habían sido injustamente despojados? ¿Han estado dispuestos siquiera á que se les fijasen emolumentos por indemnización en el presupuesto? No; reunidos los obispos católicos de aquel país, resolvieron por unanimidad el día 3 de Octubre de 1867, al adoptar en el mismo sentido otras determinaciones importantes, que si bien la Iglesia católica tenía un título legítimo á las propiedades y rentas que antes poseyera, conformándose los Prelados de nuevo con las resoluciones adoptadas en 1837, en 1841
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apenas para sostener una administracion con los empleados que la sirven, cubrir las cargas de justicia, pagar las viudas y jubilados, y atender como es regular y debido á otras varias obligaciones. Las diligencias que han practicado los Bailes para impedir estos perjuicios, rara vez han tenido favorable resultado, y no ha podido menos de ser ingrata y sensible la tarea de ocupar continuamente la atencion del Gobierno en reclamacion de medidas adoptadas por los pueblos ó por autoridades locales, contra los derechos del Real Patrimonio, ó sostener pleitos en diversos juzgados, que sólo conducen á aumentar el gravámen en sus intereses (1).»

En el Patrimonio de Castilla, las novedades del nuevo régimen politico se redujeron á la supresion del fuero privativo, y á la formacion de Ayuntamientos en los Sitios Reales, que nunca los habian tenido. Resistió esta última reforma el apoderado del Duque de Wellington en su Soto de Roma, empeñándose en que allí se habia de conservar el fuero privativo, que con feliz éxito habia logrado mantener en porfiada lucha contra la Audiencia de Granada, y no se habia de establecer Ayuntamiento; pero el Ministerio de la Gobernacion, en 10 de Mayo de 1839, resolvio que el Soto era una propiedad particular, y su poseedor se hallaba sujeto á las leyes comunes del pais, al pago de contribuciones, y á las demas reglas que los demas ciudadanos.

Por ultimo, la desamortizacion civil suscitaba nuevas cuestiones acerca del caracter legal de los bienes Patrimoniales. La ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en 1836, habia suprimido todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raices, muebles, semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra naturaleza, restituyéndolos todos, sin excepcion, á la clase de absolutamente libres. ¿Interesaba esta reforma al Real Patrimonio? Ya hemos visto que algunos letrados lo consideraban como un mayorazgo establecido en el testamento de Jaime I, y que el mas celebre de los comentaristas de las leyes de Toro lo contaba como el vínculo más antiguo de que se conservaba memoria en España. Si en estas ideas habia exactitud, no

(1) Memoria que sobre abolicion del Real Patrimonio en la Corona de Aragon presenta al Excmo. Sr. Tutor de S. M. el Consultor de la Real Casa.—Madrid, 1842.
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y en 1843, declaraban expresamente que no aceptarian por ningun concepto dotacion alguna del Estado, pues estaban resueltos á mantener la independencia de la Iglesia de Irlanda, en conformidad con las instrucciones recibidas de la Santa Sede en 1801 y en 1805, y con la conducta que los obispos de aquel pais habian seguido desde entonces, seguros de que los católicos acogerian con aplauso la negativa á toda dotacion del Gobierno, y que no cesarian jamás de sostener el clero y las instituciones religiosas libre y voluntariamente sin ninguna obligacion legal.

Mgr. Manning, Arzobispo en Westminster, metropolitano católico de Inglaterra, para justificar la resolucion del episcopado irlandés, y en su alabanza, decia: «No hay en la Gran Bretaña poblacion más miserable que la que forman las personas que la indigencia ha arrojado de Irlanda; no encuentran empleo sino en las industrias menos lucrativas; y sin embargo, en todas las regiones de Inglaterra se advierte, por lo que toca á la Iglesia y al clero, el mismo sentimiento de generosa piedad. El pueblo Irlandes ama su Iglesia y su clero, porque está persuadido que ningun poder humano, ningun interes mundial lo separará de él. A una Iglesia pagada por el Estado, los católicos de Inglaterra y de Irlanda no darian ni su dinero, ni su corazon.»

Y luego exclamaba con calorosa elocuencia: «Yo desearia ver la Iglesia, antes de morir, como en los primeros siglos del cristianismo. Estoy convencido de que la Iglesia católica romana en Irlanda es muy capaz de reproducir aquel grandioso espectáculo.»

El Weekly-Register, hablando de los obispos irlandeses, escribia estas palabras:—«Jamás han mostrado mas sabiduria que al declarar que no desean obtener ningun apoyo del Estado. En nuestros dias, añadia luego, el Estado no puede apoyar á la Iglesia sin que la Iglesia sufra menoscabo; el sistema que hace depender la Iglesia de las prestaciones voluntarias de los fieles, es el único bajo el cual la Iglesia puede florecer y desarrollarse.»

Estudiando la gran transformacion que se realizaba entonces en Inglaterra, exclamaba á su vez el Conde de Montalembert: «Es bello, es grande, es asimismo útil, ver á la Iglesia católica en el siglo XIX subsistir, resistir, crecer, engrandecerse por las ofrendas voluntarias, espontáneas, permanentes, que recuerdan la Iglesia primitiva. Hay en este cambio de ser vicios y de deberes entre el clero y los fieles una admirable y consoladora enseñanza. Yo deseo que en ningun pais desaparezca tan precioso lazo.»

Conocida la inmaculada fe y el purisimo celo de los que asi se explican, no comprendemos el asombro que ha causado en algunos las palabras del Sr. Ministro de Gracia y Justicia cuando afirmaba, que si bien creia que el estado del Tesoro y las necesidades publicas pueden obligar al Gobierno á disminuir el número de cargos eclesiasticos con dotacion
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consignada en el Presupuesto, los oficios quedaban permanentes, pudiendo los fieles sostenerlos directamente.

¿Tan poca fe tienen en el catolicismo del pueblo español los adversarios de la reforma, que no lo creen capaz de hacer en una mínima parte lo que los católicos irlandeses hacen para mantener todas las necesidades de su Iglesia? Abrigamos el más profundo convencimiento de que los que piensan con el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, como pensamos nosotros, estimamos al catolicismo, sus glorias y su porvenir más que los que temen que con la reforma pierda su influencia.

Está fuera de toda duda, por otra parte, que un país, al pasar de la intransigencia religiosa que por espacio de siglos ha dominado en España, á la libertad de cultos, no puede dejar de modificar, en un sentido de mayor amplitud, las antiguas relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado. Cediendo á esta necesidad, el Gobierno Provisional adoptó medidas, plantéó reformas que, digase lo que se quiera en contrario, rompían el Concordato de 1851 y la Concordia de 1859. Al establecer aquel poder la libertad de enseñanza, al suprimir las comunidades religiosas, ¿no se rompian estas leyes?

Obrando de esta manera el Gobierno de la Revolución, cumplía un deber triste, porque no podía desconocer que entregaba un arma poderosa á los que han ido constantemente á buscar en los sentimientos religiosos fuerza y sostén para defender sus ideas políticas; pero las exageraciones pasadas no podían dejar de traer por consecuencia exageraciones de un orden diametralmente opuesto, y el Gobierno, para erigirse en regulador de la gran lucha que forzosamente iba á entablarse, necesitaba dar algunas garantías á la opinión pública triunfante.

Toda religión es un freno, un poder, que en nombre de una ley divina intenta dar dirección á la voluntad humana. Cuando la limitación de esta voluntad emana del convencimiento, de la persuasión, de la fe, y tiene por sanción medios morales, la religión se presenta con todo su esplendor y grandeza; cuando, por el contrario, usa de medios externos, buscando apoyo en la fuerza, se convierte en un poder tiránico, y la voluntad humana se rebela al fin, pues el hombre civilizado sólo se somete voluntariamente, libremente, conservando, como dice un hombre ilustre de la escuela conservadora por cierto, su libertad en el seno de su sumisión.

Hoy más que nunca es necesario tener presente, que cuando la religión considera á la libertad como un obstáculo, y no como un medio de que debe valerse para conseguir sus legítimos fines, concluye por hacerse aliada del despotismo, sin tener en cuenta que para regularla moralmente, es preciso empezar por no inspirarle desconfianza.

Por eso oímos nosotros sin asombro, las palabras con que el Sr. Ministro de Gracia y Justicia ponía de manifiesto su desatención por el sis-
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tema de los Concordatos, su deseo y su esperanza de que en un término más ó menos remoto, el Estado y la Iglesia estableciesen una libertad más amplia en sus relaciones de la que hasta ahora han tenido. Los Concordatos se han establecido y se establecerán siempre para dirimir una contienda, entre dos poderes, de los cuales uno, ha de quedar casi siempre dominado y resentido. Los Concordatos representan en la historia el triunfo del poder civil sobre la curia romana, y prescindiendo de que la historia también confirma con multitud de ejemplos que jamás se ha celebrado un Concordato sino para dar fuerza á hechos consumados, está fuera de toda duda que los reyes al arrancar á la curia romana las prerrogativas que había venido ejerciendo con evidente perjuicio de la Iglesia misma en los últimos siglos, obraron pro domo sua y no en interes del catolicismo, olvidando á los obispos y metropolitanos, descosos de tener ellos mismos la prerrogativa que á aquellos antes había correspondido. Enrique IV y el mismo Luis XIV, promovieron y sostuvieron las pretensiones del episcopado francés, como elemento poderoso de guerra contra la curia romana, para fines poco armónicos con los verdaderos intereses de la religión. Por grande que fuese el celo en favor del catolicismo de los Monarcas españoles desde Carlos V á Carlos III, si se estudia detenidamente el desenvolvimiento histórico de esta larga época, fácilmente se descubrirá, que en medio de su ardiente é indisputable celo por el bien de la Iglesia, procuraron ensanchar en propia conveniencia su intervención y prerrogativas eclesiásticas.

Con gran entusiasmo recibieron los católicos en Francia el Concordato, que venía, al parecer, á dar vida al catolicismo después de los escándalos de la revolución, y sin embargo el mismo Conde de Montalembert ha dicho, hace poco tiempo, que no admira el sistema que preside á las relaciones actuales entre la Iglesia y el Estado en Francia; que no siente el menor entusiasmo por el Concordato, sobre todo desde que las revelaciones del Cardenal Gonsalvi y de M. d'Haussonville han venido á poner de relieve el monstruoso orgullo, el grosero egolismo y las incalificables supercherías de su principal autor.

Estas ideas, estos recuerdos se levantan siempre en nuestro espíritu cuando oimos tachar de poco afectos al catolicismo á los defensores de la libertad en todas las manifestaciones de la actividad y del pensamiento humanos.

¿De qué modo se realizan, viniendo al terreno de la práctica, y dado el organismo social de los pueblos modernos, las obligaciones establecidas en sus pactos por uno y otro poder? El cambio político de méritos importancia rompe por parte de los Gobiernos temporales los acuerdos, y cuando la voluntad superior de la Iglesia lo ordena, las órdenes de Roma encuentran débil é ineficaz obstáculo en el Regium exequatur. Las
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libertades consignadas en la Constitución, y más que ellas el poderoso influjo de la imprenta, le han quitado, mucho tiempo hace, toda fuerza real al placet.

En vano los autores del Código penal consignaron en el artículo 145 las penas en que incurre el que «ejecutare en el reino bulas, breves, rescriptos ó despachos de la corte pontificia, ó les diere curso ó los publicare;» en vano asintió á esta doctrina en el Senado el Sr. Cardenal Tarancon cuando el proyecto de Código se discutía; en vano la sostuvo el respetable Sr. Luzuriaga, y la proclamó el Sr. Arrazola.

El 17 de Diciembre de 1864 se supo por la prensa francesa que el Cardenal Antonelli había entregado al Conde de Sartigues, embajador de S. M. I. en Roma, la encíclica Quanta cura, y poco tiempo después los periódicos de toda Europa publican este documento, haciendo sobre él comentarios diversos los hombres de todos los partidos y de todas las naciones.

El 7 de Enero, pregunta el celoso Diputado Sr. Lasala en el Congreso español si el Gobierno había tomado alguna disposición con motivo de aquel célebre documento.—Aún no hemos recibido la encíclica, contesta el Sr. Ministro de Estado.—Pasan días y días y nadie sabe dónde está la encíclica.—¿La guarda el Nuncio?—¿La tienen los prelados?—¿Qué hace el Gobierno entre tanto?—Se dijo entonces que había consultado al Consejo de Estado para saber, si no habiéndosele comunicado oficialmente aquel documento, estaba sometido al pass por su sola publicación en Roma, rogando al mismo tiempo á los prelados que esperasen unos días para llenar esta formalidad, después de lo cual no se pondría cláusula alguna de retención en el exequatur; los prelados concedieron por gracia diez días, pero al fin circula la encíclica, ya con carácter de publicación ordinaria en los Boletines eclesiásticos, ya acompañada de importantes pastorales; y las leyes seculares de la Monarquía, según expresión gráfica del Sr. Ministro de Estado entonces, fueron violadas descaradamente, quedando reducidas á la más completa ineficacia.

No es nuestro ánimo en este momento inculpar la conducta de los obispos españoles; basta á nuestro propósito presentar este hecho como prueba de la eficacia de los Concordatos y del régimen exequatur.

Creamos, sin embargo, que en España sobre todo, el Estado tendría hoy que temer más que la Iglesia, de una separación completa, de un régimen de libertad absoluta, y que correría peligro de encontrarse débil frente de una institución fuertemente organizada. El Estado necesita, sin duda, de garantías; pero no alcanzamos á comprender cuál pueda ser la eficacia de estas, si se tiene en cuenta la manera de ser de los pueblos modernos, y las nuevas instituciones de que ha dotado al país la Cámara Constituyente.

Un escritor, de la escuela conservadora por cierto, en el vecino Impe-
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rio, defensor de la libertad de la Iglesia en el Estado, como aspiración definitiva de los pueblos modernos, convencido de que las reformas no pueden realizarse en Francia como en Inglaterra, por medio de hábiles y sucesivas transacciones, sino que, por el contrario, todo cambio se efectúa allí por violentas sacudidas después de largas resistencias, cree que «la separación completa de ambos poderes, desdeñada largo tiempo como una quimera, por la mayor parte de los hombres políticos, temida por la Iglesia y condenada como imposible por el Poder, se realizará en medio de una tempestad, con sorpresa de los mismos que la hayan promovido, y que al día siguiente, asombrados de su propia audacia, esperarán con vivísima curiosidad el resultado de esta tenebrosa experiencia.»

¡Quién hubiera creído hace algún tiempo, que en España se iba á proclamar la libertad de cultos, sin más trastorno que el de aparecer firmadas unas cuantas exposiciones por algunas mujeres piadosas, y sin que se presentasen en el campo de batalla fuerzas más respetables que las que ha desplegado la insurrección carlista últimamente!

Enemigos de las revoluciones, y convencidos de que las ideas se abren paso con impetu tan prodigioso en el siglo en que vivimos, que es pretensión loca oponerles inflexible dique, creemos nosotros que la Asamblea Constituyente debe abordar esta cuestión con un gran espíritu de respeto por la religión de nuestros mayores, y con un grande amor por la libertad.

Mas para que la reforma sea posible, se hace necesario acometerla equitativamente en los demás ramos de la administración que paga el Estado; es preciso comenzar por devolver á las asociaciones religiosas los derechos de que se les privará en los primeros momentos de la Revolución; es indispensable que los más exagerados se convenzan de que la libertad no es enemiga del catolicismo, ni hace causa común con las ideas que sobre materias religiosas propalan los republicanos en la Asamblea.

Si el Gobierno de la Revolución no dá pronto pruebas energéticas de que es capaz de sostener el orden público, siendo escudo y firme garantía del derecho de todos los ciudadanos, concluirá al fin su existencia dejando en pos de sí un recuerdo tristísimo y una historia vergonzosa; sino tiene la energía necesaria para plantear con equidad las reformas que demanda el espíritu de los tiempos en que vivimos; si la Revolución demuestra con su conducta que se ha hecho sin otro objeto, tendencia ni propósito, que ocupar el poder los que antes estaban caídos; que los obstáculos tradicionales eran una disculpa hipócrita y no una verdad histórica; nosotros no conocemos responsabilidad más grande que aquella en que han incurrido los que intentaron, han hecho ó se han adherido al alzamiento de Setiembre.

J. L. ALBAREDA.
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EXTERIOR.

Dos semanas ha invertido el Cuerpo legislativo francés en discutir las cuestiones pendientes entre proteccionistas y libre-cambistas. Han dado ocasión á estos debates, promovidos en multitud de interpelaciones, por una parte, la circunstancia de terminar en 4 de este mes de Febrero el plazo de diez años por que fué ajustado el tratado de comercio de 1860 con la Inglaterra, y haberse de decidir, por tanto, si ha de continuar rigiendo, ó si debe denunciarse su caducidad; y por otra, un decreto expedido en 9 de Enero por el nuevo Ministerio sobre lo que se llama las admisiones temporales.

Estas admisiones temporales son un privilegio concedido á la industria ferrera. Los constructores de máquinas y, en general, todos los industriales para cuyos trabajos el hierro es primera materia, se hallaban en la imposibilidad de luchar contra la concurrencia extranjera, por resultado de los crecidos precios que la importacion del hierro paga aún. Miéntras ellos tenian que resignarse á no vender los productos de su industria sino dentro de la misma Francia, se formaban de continuo nuevos establecimientos en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania. Una ley de 1836, posteriormente ampliada por decretos de 1851 y 1852, trató de remediar el mal, permitiendo á los fabricantes importar el hierro, libre de derechos de aduanas, con la condicion de reexportarlo después de manufacturado. De esta manera, la metalurgia y la construcción de máquinas destinadas al extranjero, han tomado considerable desarrollo. Algunos calculan en 93 millones de francos el valor de las exportaciones de hierro manufacturado, no pasando de 30 el del hierro introducido como primera materia. Pero, á la sombra del privilegio, se habían ido formando abusos: uno de ellos consistía en haber remplazado lo idéntico con lo equivalente en las reexportaciones, lo que, en algunos casos, variaba por completo las condiciones de los productos, y se convertía la ventaja concedida por la ley excepcional en una mera fórmula para eludir la general de Aduanas. El decreto de 9 de Enero ha establecido restricciones contra esos abusos; y, además de las naturales quejas de los intereses á que afecta, ha suscitado reclamaciones de otra índole, en la apariencia muy justificadas, pues no deja de ser extraño que el Ministerio presidido por M. Ollivier comience su carrera administrativa con una providencia legislativa sobre Aranceles, cuando el último Senado-consulto ha devuelto á las Cámaras