ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 184

sidades y costumbres de nuestras provincias, que no permitiría tal vez adoptar un sistema uniforme de préstamos; aunque esto se podría remediar hasta cierto punto con la variedad de las instrucciones que se dieran á las sucursales y la flexibilidad de sus estatutos.

V.

Con la libertad concedida á estas instituciones de crédito dejan de ser de la competencia del legislador muchas cuestiones importantes relativas á su organización y modo de proceder; pero no tantas como resultan omitidas y abandonadas al interés individual, en el decreto de 5 de Febrero. En él se dice que el reembolso de los préstamos podrá hacerse á plazos largos ó cortos con vencimiento fijo ó indeterminado, y con amortización ó sin ella; lo cual supone que los nuevos Bancos podrán, sin limitación alguna, dedicar su capital á operaciones que no sean las rigurosamente propias de su instituto, aunque sí con los mismos privilegios y condiciones que requieren las de Crédito territorial en el sentido limitado que hoy tiene esta frase. El objeto esencial de la institución es prestar á un plazo suficiente por lo menos, para reembolsar en él, con los productos de la finca hipotecada, el capital y los intereses, pero no tan largo que su mero trascurso dé lugar á una depreciación considerable de la misma finca. El tanto por ciento de amortización debe crecer tanto cuanto mengüe el término en que haya de verificarse el reembolso, por lo que siendo este plazo muy breve no se cubrirían con los productos las anualidades del préstamo. Por eso los estatutos de casi todos los establecimientos de Crédito territorial fijan el plazo mínimo y el máximo en que han de verificarse los reembolsos. El Crédito territorial de Francia, según su ley orgánica, no puede hacer préstamos con amortización superior al 2 ni inferior al 1 por 100; y aunque después se modificó esta prescripción, reservándose el Gobierno la facultad de tasar los plazos de la amortización, quedó consignado en los Estatutos que ningún préstamo se haría por menos de 20 ni por más de 50 años.

Ya que el sistema de libertad adoptado no permitía al legislador imponer restricciones semejantes, ni prohibir los préstamos á corto
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 185

plazo, tampoco se oponía á que se hubieran tenido en cuenta las diferentes condiciones con que éstos deben hacerse para no equipararlos á los de plazo largo en cuanto al disfrute de ciertos privilegios. Estos no se justifican sino en el supuesto de quelas condiciones especiales de los contratos favorezcan de tal modo su cumplimiento, que no den frecuente ocasion á que el acreedor abuse de ellos. Dánsese prelación y medios extraordinarios de cobro á los Bancos territoriales, entre otras consideraciones, porque siendo el plazo largo, la amortización lenta y los productos de las fincas hipotecadas más que suficientes para cubrir las anualidades de los préstamos, rara vez se encuentran los deudores embarazados para satisfacerlas, y sufren el quebranto del embargo y la expropiación. Pero si las sociedades quedan en libertad para contratar sus préstamos por un plazo tan breve, que no alcancen los productos de la finca para amortizar el capital, ó sin amortización y por plazo tan largo que su trascurso, sin disminuir la deuda, disminuya el valor de la garantía, ó con condiciones tales que no puedan cumplirse sin que el deudor destine á ello un capital distinto, ó sin la enagenación de la finca, ya los derechos de prelación y los procedimientos privilegiados concedidos á los acreedores se convierten en arma peligrosísima de la cual podrá abusarse frecuentemente. Que no se ponga en buen hora limitación alguna á la contratación de los préstamos, pero que sea sugetando á los prestamistas al derecho común, ó que se les otorguen los privilegios aludidos, pero no sin que los prestamistas ajusten sus operaciones á ciertas reglas que eviten ocasiones de fraude y abusos.

Si por ser libres no se pueden someter estos Bancos á otras condiciones más ó menos onerosas que pesan sobre los de su clase en otros países, como compensación de los privilegios indicados, se les habría podido imponer alguna otra en beneficio del público y de la misma institución. Es del mayor interés que los propietarios encuentren dinero en los Bancos á un rédito moderado, y sin embargo la ley no puede tasarlo. Si tal cosa se pretendiera, ó se señalaría un interés igual al corriente en los negocios seguros, lo cual equivaldría á dificultar su reducción, ó se fijaría otro más bajo, lo cual obligaría á emitir las cédulas con sensible quebranto de los deudores ó de las compañías. Esto último se hizo en Francia, y no se pudo sostener sin el auxilio de fuertes subvenciones, siendo necesario al fin subordinar el interés de los préstamos del Crédito
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 186

territorial al curso vário de los fondos públicos. Siempre es peligroso que el lucro de tales Bancos consista en alguna diferencia variable entre el interes que paguen por sus cédulas y el que reciban de los propietarios, pues esto daria tal vez ocasion á que el rédito de los préstamos se ajustase, más bien que al curso corriente, á las circunstancias de la sociedad y de los deudores. Más ya que se conceden á los Bancos ciertos privilegios, ¿no se les habría podido imponer como precio de ellos la obligacion de no exigir de los propietarios más interes que el que paguen por las cédulas que emitan para efectuar el préstamo? ¿No se hubiera podido también señalar un límite al beneficio que han de reportar los Bancos por su capital empleado, su responsabilidad comprometida, sus gastos y sus servicios? En Francia el Crédito territorial no puede exigir por comision y gastos más de 60 céntimos por 100, según sus Estatutos. De este modo los propietarios podrían siempre levantar fondos mediante un interes igual al que los Bancos pagaran por sus cédulas, fuera del tanto de amortización correspondiente, según el plazo del préstamo y un módico recargo, señalado préviamente por la autoridad imparcial de la ley.

No dice el decreto si entre las operaciones permitidas á los Bancos ha de contarse la de adquirir créditos hipotecarios, aunque se halla indudablemente comprendida en su espíritu y en la generalidad de sus disposiciones. Mas en tal supuesto hay que tener presente que los acreedores no podrán trasmitir sus créditos á los Bancos sin consentimiento de los deudores. La adquisición por trasferencia del crédito constituido no puede verificarse sino por la subrogación de la persona del acreedor ó sea por una novacion de contrato, que no puede efectuarse sino mediante convenio entre los contrayentes. Esta conformidad es tanto más necesaria tratándose de los Bancos, cuanto que aun sin alterar las condiciones del préstamo la trasmisión del derecho de exigirlo produce un cambio importante en la forma de su exaccion por falta de pago, puesto que los acreedores particulares no disfrutan los medios privilegiados y expeditos concedidos á aquellos establecimientos. El deudor que había contratado en el supuesto de no ser apremiado al pago, sino con arreglo á las leyes comunes, se vería sujeto contra su voluntad, al secuestro y á la expropiacion que aquellas no reconocen en la misma forma. Y como esto no puede admitirse, y los deudores actuales no han de sustituir fácilmente su condicion de
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 187

amparados por el derecho comun, con la de sometidos á un acreedor privilegiado, ni los Bancos que se establezcan utilizarán la mayor parte de la deuda hipotecaria existente, ni la propiedad disfrutará desde luego el beneficio que la conversion de aquella en créditos de largo plazo, amortización lenta é interes módico, pudiera proporcionarle.

Asegurado el rembolso de los capitales prestados por los Bancos con tales privilegios, habría sido lógico y conveniente garantir también de un modo especial el capital y el interés de los acreedores por cédulas hipotecarias. No basta la hipoteca que tienen éstas á su favor, sobre todas las hipotecas constituidas en el de la compañía. Tampoco es suficiente la fuerza civil de obligar que el decreto les reconoce, pues de uno y de otro beneficio disfrutan los valores comunes de otras sociedades y no por eso tienen crédito. El de las cédulas ha de depender de la seguridad y puntualidad de su pago, y éstas de que se adopte un sistema tal de administración y manejo de fondos, que los Bancos no carezcan nunca de los necesarios para cumplir sus compromisos. Así, como prenda de que estos establecimientos podrán satisfacer puntualmente los intereses y el reintegro de sus cédulas, hubiérase debido señalar el límite de su emisión, previniendo que no pudiera ésta hacerse nunca por cantidad superior á la que representen los préstamos, ni de otro modo que á medida que éstos se realicen. Como seguridad de que los Bancos no podrán detener el pago de sus cédulas al portador, deberían éstas sujetarse, en cuanto á su reivindicación, á la misma ley que los efectos públicos, y tener fuerza de escritura pública sobre la cual haya recaído sentencia firme de remate, para el efecto de reclamar su pago por la vía de apremio. Como fianza de que guardarán siempre entre sí la debida proporción las deudas por cédulas y los créditos por préstamos de los Bancos; y puesto que el capital prestado se reconstruye en estos establecimientos por medio de reembolsos periódicos, que se invierten en amortizar cédulas, hubiérase debido prescribir que el importe de las amortizadas en cada período, no fuese inferior al de los reintegros de préstamos en él verificados. Pero no solamente no se ha hecho nada de esto por el crédito de las cédulas hipotecarias, sino que se ha autorizado su emisión por operaciones que ni tienen la misma seguridad, ni inspiran la misma confianza que las hipotecas de fincas, en los términos que las admiten los Bancos territoriales, lo cual ha
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 188

de ser un obstáculo para que los nuevos valores se acrediten. Estos Bancos, según el decreto, podrán prestar á los pueblos y provincias con la garantía de sus impuestos ó arbitrios especiales, y para ello emitirán cédulas hipotecarias iguales á las que originen los préstamos sobre fincas. Y como aquellos recursos no ofrecen de hecho la misma seguridad que los inmuebles, y si faltasen deberían los Bancos responder de todas sus obligaciones con las anualidades de sus deudores particulares, que resultarian insuficientes, este temor habrá de perjudicar al crédito de todas las cédulas, puesto que afectaría á todas la escasez de la garantía. Los recursos provinciales y municipales se hallan expuestos á eventualidades que no corren por cierto las fincas hipotecadas con las condiciones acostumbradas en los establecimientos de Crédito territorial, y por lo tanto se cometerá hasta cierto punto una simulacion, equiparando las cédulas que se emitan por uno á las que se expidan por otro concepto. Ya que los nuevos Bancos hayan de hacer también esta clase de préstamos, ¿no hubiera sido mejor autorizarles para que por ellos emitieran obligaciones especiales que dieran á conocer su origen, en lugar de cédulas hipotecarias? ¿No sería más justo afectar á su pago las anualidades de los pueblos y provincias, dejando libres de esta responsabilidad las devengadas por los deudores hipotecarios comunes?

VI.

Nuestra legislacion comun hipotecaria, ofrecia un obstáculo insuperable al establecimiento del Crédito territorial. Siendo de esencia en esta institucion la seguridad absoluta de cobrar con el valor del inmueble hipotecado la deuda contraída, no es compatible con ella ninguna legislacion que grave ó permita gravar las fincas con derechos no inscritos, preferentes á los consignados en el registro de la propiedad. ¿Cómo habia de ser seguro el reembolso de los préstamos, ni por consiguiente infalible el pago de las cédulas, si al pretender el Banco la realizacion de sus créditos, estuviera expuesto á una tercería dotal, á las reclamaciones de un menor que estuvo en tutela, ó de un hijo que tuvo peculio ó bienes reservables, ó de un acreedor censualista, no satisfecho, ó de otros tantos interesados como pueden tener derecho, según nuestra legislacion, á los bienes gravados con hipoteca expresa?
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 189

En Alemania, donde rige el sistema hipotecario de publicidad y especialidad absolutas, no encontró obstáculos el crédito territorial. Allí no se anteponia ningún derecho al inscrito en los registros y por lo tanto los Bancos territoriales contaban con la seguridad de que nadie podía oponerse al pago de sus créditos. En Francia, donde la legislación establecía hipotecas privilegiadas no inscritas á favor de la mujer casada, de los menores y de los vendedores de bienes no pagados, existía ya un procedimiento judicial para la liberación de todos estos gravámenes, ó su conversión en hipotecas inscritas, aunque no era aplicable sino en el caso de quererse vender alguna finca con seguridad completa. Consistía este procedimiento en notificar la enagenación á las personas á cuyo favor estaba constituida la hipoteca legal, anunciándola además al público durante cierto término, á fin de que los interesados pudieran asegurar su derecho con el mismo inmueble que trataba de enagenarse ú otros del vendedor; pero trascurrido aquel término sin que sobre la finca señalada resultara inscrita ninguna carga, quedaba firme la venta. Al establecerse el Crédito territorial en 1852 hubo de estimarse bastante para la seguridad de sus operaciones la aplicación forzosa del procedimiento de liberación, que la ley autorizaba tan sólo para las enagenaciones, abreviando un tanto sus trámites.

Pronto se tocaron los inconvenientes de este sistema. Debiendo preceder necesariamente la liberación á todo préstamo, el Banco, aunque tuviera evidencia de la libertad de las fincas ofrecidas, no podía prestar cantidad alguna sobre ellas, sin que se cumpliese aquella formalidad dilatoria, y los propietarios, obligados á dar publicidad á sus solicitudes de préstamo por edictos y periódicos, y á pagar las costas de la liberación, siempre crecidas, preferían acudir en sus apuros á prestamistas particulares y á usureros. En su consecuencia, el Crédito territorial tuvo poca demanda de capitales, sobre todo de los propietarios cortos, y de los que necesitaban préstamos poco cuantiosos, que son los que más rehusan la publicidad. Fué menester por tanto reformar el primer decreto orgánico con la ley de 10 de Junio de 1853, que abrevió algo más los trámites de la liberación, y abandonó el uso de este procedimiento al arbitrio de los administradores del Crédito. Pero semejante solución no se recomienda en verdad ni por la seguridad que ofrezca á las operaciones del establecimiento, ni tampoco por sus
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 19

ingenios de su tiempo, despertando en ella una afición decidida al arte lírico.

Detengámonos un instante á recordar lo que eran los outeiros. El Vizconde de Almeida Garrett, en el prólogo á la Lyrica de João Minimo, y Latino Coello en la Biografía de Antonio Feliciano de Castilho, los han descrito minuciosamente; y es de notar que la última revolución política no los ha hecho desaparecer por completo, pues el laborioso Castello Branco refiere en las Aventuras de Bazilio Fernandes Engertado que él mismo asistió á una de esas fiestas originales en Santa Clara de Oporto.

Los outeiros que se celebraban en los átrios de los conventos de religiosas, comenzando después de puesto el sol y terminando á altas horas de la noche, eran una especie de academias al aire libre ó meetings literarios, donde se juntaban los más distinguidos poetas, que, como actores principales, acudían presurosos de todas las provincias del reino. Remedio imperfecto de los juegos florales establecidos en Tolosa á mediados del siglo XIV, é introducidos pocos años después en sus Estados por los Reyes de Aragón. Allí no había Presidente que dirigiera, ni Secretario que tomara acta de la sesión, ni nada que fuese metódico y regular. Todo era espontáneo, imprevisto, contingente y desordenado. Las monjas, asomadas á las rejas, iban diciendo sucesiva y caprichosamente los versos que al efecto llevaban preparados ó que en el acto discurrían; y éstos daban pie á los favoritos de las musas para lucir su habilidad en el arte métrico. Y como coincidían siempre aquellas fiestas singulares con algún acontecimiento fausto, se encendían simultáneamente hogueras y luminarias para solaz y entretenimiento del pueblo, que, con sus músicas y cantares, aumentaba la animación y la algazara del espectáculo.

«Mote, venga mote,» gritaban en tumulto los complacientes vates: una voz atiplada, y á veces conmovida, recitaba el anhelado mote; y sobre él se improvisaban quintillas, décimas y sone- tos, que, si agradaban al auditorio, ordinariamente benévolo, recibían en recompensa una abundante lluvia de dulces y una salva estruendosa de palmadas y risas y silbidos; salva que hubiera resonado en nuestros oídos como señal inequívoca de enérgica desaprobación, pero que en Portugal expresa el último grado del entusiasmo y del asombro. «Modo extraño entre nosotros, dice el mismo Castello Branco en las Aventuras de Bazilio, pero usado
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 190

resultados. ¿Cuántos errores no pueden cometerse y se habrán cometido en el uso de estas facultades discrecionales? ¿Qué seguridad puede ofrecer un sistema que fia á la prudencia de los administradores lo que debiera resolverse con la inflexibilidad de la ley? Pues si ha de juzgársele por sus resultados, basta saber que con los grandes negocios que después ha hecho aquel establecimiento, y los pingües beneficios que proporciona á sus accionistas, no ha coincidido un aumento correspondiente en sus préstamos á particulares, y sobre todo á la pequeña propiedad que es justamente la más necesitada de fondos á interes reducido y largo plazo.

La ley hipotecaria de España, si estuviera ya vigente en todas sus partes bastaría, con alguna corta excepción, para que los Bancos territoriales pudieran establecerse. A no haberse prorrogado indefinidamente los plazos señalados en la misma ley, para que empezarán á regir aquellas de sus disposiciones que fijan los términos en que se han de inscribir las hipotecas y los derechos reales ocultos, reconocidos por la antigua legislación, los nuevos Bancos no tendrían que precaverse más que contra las hipotecas dota- les y las de los hijos por razon de peculio ó bienes reservables, constituidos antes de 1861. Siendo esto así, y no habiendo posibilidad de establecer el Crédito hipotecario sin poner en armonía con él la legislación relativa á la inscripción de la propiedad inmueble, parecen acertadas las disposiciones que se dictan con tal objeto en el decreto de 5 de Febrero. Redúzcase á anticipar en favor de los nuevos Bancos la observancia de la ley hipotecaria, sin eximir de inscripción ninguna clase de hipotecas legales, para lo cual se señala un término semejante al fijado en aquella ley. No se establece en rigor un nuevo derecho de naturaleza excepcional, pero se deroga el que hoy rige por excepción entre los particulares, aplicando á los Bancos el que dentro de algún tiempo ha de ser derecho común.

En el plazo de seis meses señalado para inscribir las antiguas hipotecas legales y los derechos reales no inscritos, que aún subsistan, las personas que los tengan á su favor y las que las representen podrán pedir la inscripción oportuna, y así las fincas que resulten gravadas por ellas no se hipotecarán á favor de los Bancos. Cuando dejen de usar los interesados este derecho, culpa suya será, si obligada después alguna finca que hubiera podido serles hipotecada, no les es dado repetir contra ella preferentemente.
Revista de España (1869-07-01 00:00:00), página 191

Habrá alguna mujer dotada ó algun menor que por culpa agena pierda esta garantía; ¿pero qué sucede á pesar de las hipotecas legales, cuando un marido, un tutor ó un padre enagenan sus fincas? Que ni la mujer repite contra el tercero por la devolucion de su dote, ni el pupilo contra el que compró el inmueble del tutor, ni el hijo contra el adquirente de los bienes del padre. En la practica no se ha entendido generalmente la hipoteca legal más que como preferencia sobre los acreedores posteriormente inscritos en cuanto á las fincas poseidas por los deudores. Así no parece grande y peligrosa novedad el que pueda hacerse por medio de la hipoteca constituida sin oposicion y con conocimiento de tercero, lo mismo que se ha hecho siempre sin noticia suya, por medio de la enagenacion.

Lo que en mi concepto no puede conciliarse es la absoluta libertad de Bancos territoriales con el monopolio de esta legislacion privilegiada. Siendo uno sólo ó pocos, vigilados ó intervenidos por el Gobierno, y sujetando sus operaciones á reglas inflexibles, todas estas circunstancias garantizarían contra el abuso que se pudiera hacer del privilegio. Pero siendo lícito á cualquiera fundar Bancos territoriales sin limitacion de forma ni condiciones; no ofreciendo tales Bancos más garantias que los particulares, ¿qué razon hay para no extender á todos los acreedores hipotecarios comunes los beneficios de la nueva legislacion? ¿Lo que pueden hacer dos ó más individuos reunidos con el nombre de Sociedad de crédito, por qué no lo han de hacer separados, en su nombre propio, si su buena gestion no ofrece más seguridades bajo una que bajo otra forma?

Esta consideracion es aún de más trascendencia aplicada al procedimiento privilegiado que el decreto concede á los Bancos para el cobro de sus créditos. No basta ciertamente la legislacion comun para asegurar la exactitud del reintegro de los préstamos. Las sociedades de Crédito territorial no satisfacen las necesidades de su instituto con reembolsarse de todo lo que se les debe, han menester además que ésto se verifique siempre puntualmente en dia señalado, á uso de comercio, si han de pagar sus cédulas con la misma exactitud y no ha de faltar la primera condicion de su existencia. El procedimiento ejecutivo con su oposicion, sus pruebas en el término del encargado y sus tercerías, es insuficiente para aquel efecto. Tambien puede ser innecesario siempre que se