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y en las miras ulteriores del Gobierno metropolitano, eran las aspiraciones de la Junta á separar la autoridad civil de la militar, la constitucion de un Instituto representativo de la poblacion y de los intereses locales en el gobierno de la Isla, además de su representacion en las Cortes del reino, y por último, el establecimiento de una milicia popular que tenía expresamente por objeto disminuir ó anular allí los elementos militares de la Metrópoli, y que, en juicio de Tacon, debía conducir inmediatamente á la pérdida de Cuba. No creo oportuno detenerme á exponer sus opiniones sobre el pensamiento político de la Junta de Fomento: basta sólo á mi propósito dejar consignada la importancia que aquella autoridad le atribuía, y que algunos individuos del ayuntamiento de la Habana significaron muy claramente en el sentido de una legislatura local y un gobierno autonómico.

Cuando el Estatuto Real cayó á impulsos de la insurreccion de la Granja en 1836, las Cortes Constituyentes convocadas en toda la Monarquía para establecer la Constitucion que había de regir-la, tuvieron ocasión de ocuparse de una cuestion prévia sobre la oportunidad ó inconveniencia de aplicar la misma ley constitutiva á las Provincias Ultramarinas, y por consiguiente la admision ó exclusion de los Diputados ya electos por las Antillas para aquellas mismas Cortes. Las discusiones á que dió lugar este asunto, tan seriamente controvertido en aquellos días, nos ofrecen diversos puntos de vista respecto al régimen colonial, con ideas y proyectos que interesan especialmente al objeto de este escrito, y me estimulan á presentar una abreviada exposicion de estas opiniones, comprendidas casi todas en la resolucion definitiva de las Cortes, apartando aquellas provincias del sistema constitucional de la Península para ser regidas por leyes especiales. Ya en otro artículo sobre los Antecedentes de la situacion política en Cuba (1), hice una reseña de los fundamentos de derecho en que los electos Diputados cubanos apoyaron la protesta presentada á las Cortes contra esta cuestion prévia, que retardaba su admision en el Congreso, así como de las razones que el dictamen de la comision allegaba para una exclusion contraria á los precedentes de anteriores épocas constitucionales, y me considero dispensado de prestar aquí á tales documentos una atencion que no merecieron en las discu-

(1) Revista de 15 de Noviembre de 1868.
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siones, porque eran otros los motivos de pura conveniencia política que preocupaban, en pro y en contra, los ánimos divididos de los Representantes peninsulares. No se puede negar que el estado de insurrección que en aquellos críticos momentos afligía al Departamento oriental de Cuba contribuyó poderosamente á reforzar las continuas amonestaciones del General Tacon contra la aplicación á aquella isla de las instituciones metropolitanas, y á poner en perspectiva peligros que la debilidad de España, por efecto de la guerra civil, y la dolorosa experiencia de la emancipación americana confirmaban en el ánimo de un gran número de Diputados, los menos sospechosos sin duda al espíritu liberal que acababa de conquistar en aquellos días la dirección de los negocios.

Bajo estos auspicios, desfavorables á la libertad, abrió los debates el Sr. Vila en la sesión de 9 de Marzo de 1837 con un discurso cuyas primeras tendencias se dirigían á aconsejar una forma federal en las relaciones políticas de la Metrópoli y sus Colonias; pero desconfiando de que el régimen especial indicado por la Comisión estuviera en analogía con los principios que dominaban ya en España, concluyó de un modo muy diverso. Seguramente las dificultades que ella presentaba á la unificación constitucional de todos los territorios españoles, no autorizaban en los ultramarinos la permanencia de un régimen despótico; y si las instituciones peninsulares no convenían á las especiales circunstancias de aquellos países, consideraba justo que ellos gozaran también de los beneficios de la libertad en la forma y medida compatibles con su estado. No veía otro sistema que se adaptara mejor á esta diversidad de circunstancias que la organización de gobiernos autonómicos, con una sección del Poder Legislativo, confiando á grandes Diputaciones, elegidas en la forma más conveniente en cada una de las provincias de Ultramar, la iniciativa y resolución de sus propios asuntos, y conservando la representación del Gobierno Supremo en autoridades ejecutivas nombradas por él: esta división del Poder Legislativo no debía estorbar sin embargo á la Representación de aquellas provincias en el Parlamento metropolitano. Un Cuerpo legislativo en las Antillas era, á la verdad, en juicio de muchos, un paso muy avanzado hacia su independencia; pero este temor no arredraba al Sr. Vila, porque creía que la isla de Cuba, por ejemplo, no tiene los elementos necesarios para conservar un gobierno independiente, ni las condiciones de su po-
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blacion, en que se equilibran las fuerzas de dos razas contrarias, podian ofrecer á la poblacion blanca un verdadero interes de independencia política, prestando en las luchas de la libertad ocasion favorable á reproducir el triste ejemplo de Haity. La idea de que Cuba buscara en otra nacionalidad el remedio á semejante peligro, parecia al Sr. Vila de todo punto injustificada, cuando España ofreciera á sus hermanos de Ultramar un régimen de que debieran hallarse satisfechos. Al proponer este sistema, que podemos llamar de federacion legislativa, en que, á imitacion de los Estados Unidos, se hallara compartida la facultad de hacer las leyes entre Camaras locales y el Congreso nacional, preocupaba sin embargo á Vila la escasa probabilidad de éxito que le ofrecia el estado de los ánimos de la Cámara; no desconocia que la influencia de los hombres más importantes de ella, dominados por el temor de reproducir anteriores experiencias, habia acreditado en la Comision la idea de precavese contra la fermentacion propia de todos los paises en el momento solemne de las elecciones, y no podia alimentar la esperanza de que las leyes especiales prometidas en el dictamen fueran inspiradas por los principios de la libertad politica. Pareciole por lo tanto mas firme el terreno de la legalidad existente, autorizada por el derecho consuetudinario de la asimilacion y la unidad legislativa proclamadas hasta entonces como base del sistema politico ultramarino, y las conclusiones de su discurso fueron, por esta razon, dirigidas á combatir la especialidad que habia reconocido antes, sosteniendo que no podia ofrecer dificultad alguna en las Antillas la misma ley electoral que se adoptara para la Peninsula; que debia comprenderse en el cuerpo elector toda la poblacion libre, sin distincion de razas, y aseguro que no repugnaria á sus sentimientos encontrarse al lado de un negro en la Cámara popular.

Tomó á su cargo D. Agustin Argüelles combatir las tendencias manifestadas por Vila, dando claramente á conocer el pensamiento que habia dominado en la redaccion del dictamen; y aunque quiso manifestar identidad de principios, considerando las leyes especiales bajo el aspecto de la libertad aplicable á las Provincias Ultramarinas como á la Peninsula, todo su discurso demostró una desconfianza tan profunda del regimen liberal en ellas, que sus conclusiones revelaban, por el contrario, la necesidad de sostener un estado excepcional sobre la base de las mismas le-
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yes que las habian regido hasta entonces. Deploraba ante todo, que la discusion hubiese entrado en un terreno que la Comision habia querido evitar; pero ya en este caso, no queria tener el remordimiento de contribuir, directa ni indirectamente, á la perdida de las dos provincias que conservaba España de su grande imperio colonial en las Américas. A ello se consideraba más obligado que otro alguno, por haber sido miembro de las Cortes extraordinarias de Cádiz, que movidas por teorias filantrópicas, fueron causa de aquella inmensa pérdida. «¿Me dejaré yo arrastrar otra vez de esas teorias, convencido como estoy, de que es imposible, siguiendo la misma politica, conservar esos tristes restos que nos quedan?» El tambien se habia dejado seducir, á excitacion de los Diputados de América, por los mismos sentimientos que animaban al Sr. Vila, queriendo por este medio asegurar la union de aquellos paises, y no podia estar tranquilo sin acusarse públicamente de haber contribuido de buena fé y con el más patriótico celo á que se realizara por tales medios su triste separacion de la Metrópoli. El habia cogido el amargo fruto de la docilidad con que se prestó á sostener las proposiciones de los Diputados americanos, adhiríendose á las promesas que hacian á cada instante de que ellas no tenian otro objeto que asegurar más intimamente la union perfecta de España y América. El, por último, habia tenido que firmar en los mismos dias en que hablaba, el reconocimiento que las Cortes acababan de hacer de la independencia del antiguo reino de Nueva España y, por consiguiente, de toda la América española, por la autorización que se habia acordado al Gobierno para ello. Argüelles atribuyó la más grave causa de aquel inmenso desmembramiento á la declaracion de igualdad de derechos que hizo primero la Junta de Sevilla y confirmó después la Central, sin decir, al menos, que sería subordinada á las circunstancias diferentes en que pudieran hallarse aquellos paises respecto á la Metrópoli. Los Diputados, que á consecuencia de esta declaracion vinieron después á las Cortes, traian, según Argüelles, el propósito de la independencia, y trabajaban disimuladamente en este sentido, asociándose el espíritu liberal que dominaba en aquellos días. Muchos en España sospechaban estas intenciones: «pero creímos, decía, que el único medio de salvar los males que se presentian era el sistema de concesion, y nos prestamos generosamente á todas sus insinuaciones.» Así, volvieron á declarar las Cortes en la Isla de León la
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igualdad de derechos entre los naturales de la Península y de Ultramar, y se apresuraron á satisfacer las continuas exigencias de los Diputados americanos, que importunaban á las Cortes en momentos tristes y congojosos para la Península, á las pocas horas de haberse reunido los Representantes de la Nación por primera vez después de siglos, hallándose sin Gobierno, acosado el país de enemigos, y sin saber que hacer en los más graves asuntos. No bien llegaron las noticias de aquella declaración á Costa-Firme, cuando los que decían conservar el mando en nombre del Rey, constituidos en Juntas, como lo estaba la Península desde el levantamiento nacional contra la invasión francesa, arrojaron la máscara y se declararon independientes. En el Diario de aquellas Cortes, decía Argüelles, puede conocer el que quiera la índole de las proposiciones con que las abrumaron los Diputados de América, las discusiones que tuvieron lugar, las falsas protestas que hicieron, y se vería claramente que no eran sólo los principios expuestos por Vila los únicos elementos de juicio que debían tomarse en cuenta sobre una cuestión tan grave. «Yo no quiero, dijo, que las Provincias de Ultramar, que aún conservamos, dejen de ser tan felices como puedan serlo; ¿pero cerraríamos los ojos á la experiencia, sin ver el triste resultado que hemos obtenido antes de esa teoría de igualdad de derechos?»

No negaba Argüelles que la convocatoria de Diputados en Ultramar, en cumplimiento de la Constitución de 1812 que provisionalmente regía y que imponía al Gobierno este deber, era un título legítimo que autorizaba á los Diputados ya electos con un derecho adquirido, y en virtud de ella se encontraban en Madrid algunos Diputados de las Antillas; pero creía que se estaba en el caso de no confundir intereses personales con grandes intereses políticos. No era su objeto que las provincias de Cuba y Puerto Rico fueran regidas por leyes restrictivas y odiosas, sino por las que se acomodaran mejor á sus circunstancias; y la Comisión estaba unánime en considerar la Constitución que se preparaba muy conveniente para la Península, pero muy perjudicial á las Provincias Ultramarinas para mantener su prosperidad y su reposo. Si las Cortes estaban dispuestas á aceptar el principio de leyes especiales, no tenía objeto alguno dar asiento á sus representantes, por más estimables que fueran los individuos ya electos, porque su admisión inmediata en el Congreso no les haría tomar parte en la
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EL DIABLO ESTÁ EN CANTILLANA,

Y EL ARZOBISPO ESTÁ EN BRÉNES.

Á FERNAN CABALLERO.

Tiempo há me preguntó una persona de las que más estimo, qué sabía yo acerca del origen del refran El diablo está en Cantillana, y el Arzobispo está en Brénes; la respuesta fué tan sencilla como sincera: que no sabía nada. Sobre poco más ó ménos, ahora me acontece lo mismo; pero algo he oído decir, y algo he leído que tiene relación con el dicho, y todo se lo voy á escribir á V., para que tenga la bondad de manifestarme lo que sobre el particular se le ocurra ó sepa.

Desde luego confesaré, que de las dos partes que componen ese refran, solamente conocía yo la primera, por haberla visto desde muchacho en el libro más popular en España, El Quijote. En la segunda parte, cap. 49, Sancho Panza en su Ínsula dice á la catarva de tunos que por orden y disposición del Duque le rodeaban:
«Les hago saber que El diablo está en Cantillana, y que si me dan ocasión, han de ver maravillas,» palabras en las cuales indudablemente Sancho aludía á sí propio, que se hallaba dispuesto á reformar y corregir todos los abusos que notara en su gobierno, dictando las Constituciones que, según Cervantes, le hicieron famoso; y por la idea que de ellas nos dá, se ve que no eran obra por cierto digna de llamarse del diablo, sino de un Gobernador muy cristiano y prudente. Sancho, pues, aplicó en buen sentido el proverbio El diablo está en Cantillana, como si hubiera dicho:
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Al fallecimiento de D. Fernando VII empezó un nuevo orden de cosas. Por lo pronto las atenciones de la guerra civil consumieron todos los recursos del Erario: á un anticipo de 200 millones, en 1836, sucedió en el siguiente año la contribución extraordinaria de guerra, y más tarde un subsidio sobre Cuba y Puerto-Rico y una autorización para vender bienes de comunidades religiosas en las mismas islas. Las acciones del Banco de San Fernando pertenecientes á los propios y á los pósitos de los pueblos fueron vendidas; se dispuso de las alhajas de las iglesias; se autorizaron diferentes empréstitos, entre ellos uno de 500 millones, y se hicieron emisiones de títulos de rentas.

Terminada la guerra, el estado de la Hacienda ocupó al fin la atención de la Nación y de su Gobierno, con tanto mayor motivo, cuanto que la ley de 29 de Julio de 1837, al suprimir el diezmo, había privado al Tesoro de muy considerables recursos. A decir verdad, la importancia de esta contribución no pudo nunca fijarse de un modo exacto; la Sociedad Económica de Madrid en 1794 calculó su importe en 1.800 millones, mientras que en 1819 lo hizo subir solamente á 1.200, y en 1837 á 700 millones. Las Cortes de 1821 y de 1822 lo computaron en 600 millones; en las discusiones, habidas para tratar del nuevo sistema tributario, el Gobierno y los que le hicieron la oposición no pudieron convenir en una cifra. No debe parecer esto extraño al tratar de una contribución que, gravando, por su naturaleza, no solamente las utilidades líquidas, sino también todo el producto en general, no podía menos de llevar consigo grandes defraudaciones, si no habían de arruinarse los contribuyentes.

De cualquier modo la reforma de nuestro sistema tributario, conveniente desde siglos atrás, había llegado á ser necesaria y apremiante con la falta de los ingresos que tenían su base en el diezmo.

La época, de que vamos hablando, establece para nuestro trabajo un punto de partida tan importante, que no podemos menos de detenernos para que quede bien definida la situación en que entonces se encontró la Hacienda; con este fin ninguna enseñanza ha de ser tan acabada y provechosa como la que proporciona el presupuesto de 1843 que precedió al de 1845, en que se hizo la reforma.

Los créditos que aquel contiene son los siguientes:
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discusion de tales leyes, siendo por entonces imposible que las Córtes Constituyentes se ocuparan de ellas, estando abrumadas de cuestiones importantísimas: «entre tanto, subsistian las leyes de Indias como régimen de aquellas provincias, que habian alcanzado con él la extraordinaria prosperidad que gozaban.» La conformidad precisa de sus Diputados á las leyes que debieran regirlas, era además una idea que debia ser perentoriamente rechazada en todo sistema político, porque estableceria el principio de que toda provincia, cuyos Diputados no se conformasen con la mayoría del Congreso, quedaba autorizada á separarse en estado independiente.

Argüelles reconocia que la raza africana era un gravísimo peligro para las Antillas en las convicciones de la libertad, dado el caso de la independencia política; pero si este justo temor arrebraría á muchos de sus naturales, no seria un obstáculo en las imaginaciones ardientes de un partido lleno de ilusiones, para trabajar calurosamente en este sentido. No bastaba asegurar que no hay allí muchas personas que deseen por conviccion la independencia; pero aunque así fuera, la proximidad de los territorios americanos disidentes de España, y aun el de Méjico, cuyo gobierno acababa el Congreso de reconocer, suministrarían estimulos continuos y elementos eficaces para llegar á tal resultado. «Por pocos que sean los partidarios de la independencia, son osados, y sabemos que de los más insignificantes acontecimientos se han originado muchas veces revoluciones espantosas.» Argüelles recordaba al Congreso que la exageracion de los Diputados americanos en las Córtes de 1820 á 21, puso á aquel Gobierno en graves conflictos, aunque contaba con más elementos de poder que el de 1837. Las calificaciones de tirano, opresor y despota, se prodigaban á los Jefes superiores de aquellas provincias, sin que el Gobierno pudiera neutralizar su mal efecto en las Córtes y en la opinion pública, por la demostracion de las inexactitudes en que se apoyaban, no teniendo en los momentos oportunos medios de refutacion que la gran distancia le negaba. Cualquiera que sea el calor con que se exprese un Diputado peninsular respecto al proceder de las autoridades provinciales, bastan pocos dias para que el Gobierno pueda destruir con perfecto conocimiento de causa el efecto de acusaciones temerarias, y calmar cualquiera convencion en el pais; mientras que el prestigio de las autoridades de Ultramar seria, por el contrario, insostenible ante los ataques apasio-
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nados ó injustos de un Diputado vehementemente, y más insostenible todavía la tranquilidad pública allí excitada por pretensiones interesadas que tuvieran á su disposicion la prensa libre: seguro es que no habría Jefe bastante bizarro, que se atreviera á arrostrar por algun tiempo entre sus gobernados el eco de una increpacion constante de su conducta y de sus intenciones en la Representacion Nacional. Leyó después al Congreso el siguiente párrafo de una obra publicada en Paris por un Mejicano el año de 1831, y titulada: Ensayo histórico de las revoluciones de México. «Los Diputados Americanos, testigos de los efectos prodigiosos que habian hecho en América los discursos de sus predecesores en 1812 y 1813, no creian poder coadyuvar de una manera más eficaz á la causa de su pais, que promoviendo en el seno de las Cortes cuestiones de independencia, que presentasen á sus conciudadanos lecciones y estímulos para hacerla.» Argüelles queria demostrar con esto, que los Diputados peninsulares que contribuyeron con su apoyo á tal resultado, imbuidos por el deseo de evitar los mismos daños que luego sucedieron, habian sido instrumento ingénuno de périfos propósitos. «Necesitamos, dijo, tener presente esta cita, porque los Ingleses, Franceses y Holandeses, con gobiernos representativos, no han querido llevar á sus Asambleas nacionales Diputados de sus colonias.» Las Cortes sucesivas, calmadas las pasiones, podrian con más detenimiento ocuparse de las leyes especiales para Ultramar, en la inteligencia de que la comision no deseaba que aquellas provincias fueran regidas por principios diferentes, sino bajo otra forma que la Península, en el sistema más propio para su felicidad; «pero no repitamos nosotros el error de la Junta Central y de las Cortes en la Isla de Leon.»

Algunos Diputados manifestaban el temor de que las Antillas tomaran como una ofensa la exclusion de sus Representantes del Congreso convocado tambien para ellas: este temor no le parecia fundado, porque sabia que la parte más sensata de la poblacion, la que tenia en Cuba más influencia, era la que más habia contribuido á que se propusiera la resolucion que se discutia. Había en Madrid muchas personas que mantenian correspondencia continua con aquellas provincias, y todas aseguraban, con testimonios locales, que era imposible conservar la union si se aplicaban allí las mismas leyes politicas que para la Metrópoli: no podian las Antillas ofenderse de una decision conforme á su deseos, puesto que
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concurrieran después a la formacion de sus leyes del modo que las Cortes sucesivas creyeran más conveniente. «Es imposible, terminó diciendo, que podamos conservar las provincias de Ultramar si no se adoptan para ellas leyes especiales; el que no lo crea así, se desengañará, como nos hemos desengañado nosotros, de la inutilidad de las concesiones que se les hicieron desde el año 10 al 23.»

En la sesión de 11 de Marzo se dio cuenta de una proposicion pidiendo que el Gobierno remitiera las comunicaciones de las autoridades de Cuba relativas á la última eleccion, que tenía por objeto, como dijo en su apoyo el Sr. García Blanco, conocer los nuevos motivos que había tenido el Gobierno para adherirse al dictámen de la comision que excluía los Diputados ultramarinos ya electos, puesto que siendo las consideraciones de Argüelles referentes á una época muy anterior, no habían sido ellas un obstáculo para que se hiciera la convocatoria en aquellas provincias, por virtud de la cual se hallaban en Madrid sus Representantes. Admitida la proposicion, el Ministro de Hacienda manifestó la dificultad que sentía el Gobierno en arrojar á la publicidad documentos de un carácter muy reservado, por las circunstancias en que se hallaba á la sazon la isla de Cuba, y no tendria inconveniente en presentarlos ante una comision especial para su examen, ó bien, descargándole de la responsabilidad de sus consecuencias, entregarlos á la discussion si así lo resolvía el Congreso. En cuanto á la convocatoria, el Ministerio no había podido entonces hacer otra cosa, estando en vigor la Constitucion de 1812 que le obligaba á ello: incierto respecto al ánimo de las Cortes en esta cuestion grave, la dejó intacta á su resolucion, cualquiera que fuesen las ideas del Gobierno sobre ella. Pero después de varios pareceres encontrados respecto á la conveniencia de llevar á discusion los documentos pedidos, y que confidencialmente habian sido ya presentados á la comision, cuyo dictámen se discutia, el Congreso se decidió por la remision, y el dia 19 quedaron sobre la mesa.

Continuando el 25 de Marzo la discussion del dictámen relativo al régimen y representacion de las Provincias Ultramarinas, el señor Verdejo, fijándose en la primera parte, que las declaraba sometidas á leyes especiales, inferia del discurso de Argüelles el espíritu que animaba á la comision al exponer el próspero estado de Cuba bajo el régimen de las leyes de Indias, y deducia que las especiales pudieran ser en tal concepto de idéntica naturaleza. No