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patentes para las profesiones y oficios y varias otras resoluciones de trascendencia grande.

Al mismo tiempo en las Cortes de Cádiz se suprimía también el Voto de Santiago; se concluía con el estanco del azogue y los de otros ramos; se daba libertad á la industria de mar para la pesca de la perla y de la ballena en los dominios de Indias; y se quitaban trabas á la industria.

Es de recordar muy especialmente que al principio de la guerra, la Junta Central suprimió las rentas provinciales y estableció la contribución directa, conocida con el nombre de «extraordinaria de guerra,» que se cobró con dificultad y que fué suprimida y reemplazada otra vez por los antiguos impuestos al volver D. Fernando VII de su cautiverio.

No son los tiempos de guerra los mejores para que pueda recogerse el fruto de las reformas rentísticas, que basadas sobre la riqueza pública, necesitan de los beneficios de la paz para producir sazonados frutos: mientras la lucha dura, no hay más remedio que sufrir la tiránica ley de la necesidad y buscar á toda costa recursos para conseguir la victoria. Las Cortes de Cádiz hubieron de someterse á esta ley general, y sería injusto depurar en el crisol de la ciencia la multitud de impuestos que establecieron y exigieron: importa consignar en todo caso que, en medio de los apuros que á la nación agobiaban, dieron el ejemplo de reconocer la Deuda que ya entonces excedía de once mil millones de capital y de doscientos doce de intereses al año.

En el tiempo que transcurrió desde la vuelta de D. Fernando VII hasta 1817, puede decirse que se vivió al día: en 30 de Marzo de este año presentó el Ministro D. Martín Garay un informe sobre el estado de la Hacienda: el déficit anual se acercaba á 454 millones. La Real Cédula de 30 de Mayo vino á poner el remedio: en la larga exposición que la precede es notable la siguiente pintura: «las circunstancias del último período del pasado siglo fueron tales y los gastos excedieron en tal cantidad los productos de las rentas que se usó de los fondos particulares: los establecimientos se arruinaron: se creó papel moneda en abundancia extraordinaria: los bienes más sagrados se pusieron en venta: el Estado se sobrecargó inútilmente con los capitales de estos bienes vendidos y sus créditos: la deuda creció hasta lo sumo; y el descérdito, como era natural, acompañaba á todas las operaciones del Gobierno, cu-
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EXTERIOR.

El asunto que ocupa en esta época la atención, así del Gobierno como de la oposición en la nación vecina, es la lucha electoral, que puede ya considerarse entablada, y que terminará á fines del mes próximo, seguramente con el triunfo del poder, pero no tan completo como lo ha sido antes en casos análogos. Obsérvese en esta materia una circunstancia que, por su regularidad, parece una ley del mundo político, semejante á las que rigen la naturaleza. En 1852 las elecciones que dieron por resultado el primer cuerpo legislativo del segundo Imperio, pasaron silenciosamente; la opinión ansiosa de orden daba todo su apoyo al hombre y al régimen que lo garantían con extraordinario rigor, pero con verdadera eficacia. Ya en 1857 empezaron á hacerse sentir, aunque todavía de un modo levisísimo, otras necesidades, que obraron con mayor fuerza en 1863, dando por resultado la Asamblea actual, en la que la oposición, representada por grandes oradores, si no ha logrado nunca un triunfo decisivo, ha conseguido con frecuencia triunfos morales tan brillantes como el que alcanzó hace poco en la cuestión de las obras públicas de la ciudad de París. Siguiendo el desarrollo de la opinión liberal la serie progresiva en que hasta ahora se va desarrollando, es de esperar que en el próximo Cuerpo legislativo tenga mayor número de representantes y sea más enérgica su influencia en la dirección de los negocios públicos. Las concesiones otorgadas por el poder á la opinión, aunque insuficientes, son medios que han de contribuir sin duda en grado notable al éxito de algunos candidatos de la oposición, los cuales podrán ponerse en contacto con sus comitentes, ya por medio de los periódicos, ya en reuniones públicas o privadas, si bien las primeras no pueden tener lugar en el tiempo en que pudieran ser más eficaces; y sobre los caracteres que han de tener las segundas para ser licitas, no está bastante clara la ley, ni ha fijado su sentido la jurisprudencia de los tribunales, por lo que este asunto es probable que dé en la presente campaña electoral motivo á gran número de procesos, que no contribuirán de seguro á garantir con más eficacia el derecho de reunión, á juzgar por lo acontecido ya en ciertos casos.
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Un individuo de la mayoría del Cuerpo legislativo, de los partidarios más calurosos del Emperador y del régimen por él establecido después del 2 de Diciembre, que fue de los pocos que por creerlas peligrosas votaron en contra de las reformas liberales adoptadas el año pasado, ha sometido al Cuerpo legislativo la cuestión palpitante en estos momentos por medio de una interpelación acerca de la necesidad de que se apliquen con todo rigor las prescripciones de la ley sobre corrupción electoral. El Baron Jerónimo David, tal vez contra su voluntad y proponiéndose un fin distinto, ha dado ocasión á un debate que á nadie podía perjudicar más que al Gobierno, que tiene á su disposición el presupuesto y otros medios de corrupción infinitamente más eficaces que los que pueden emplear los particulares por ricos e influyentes que sean. Tan cierto es esto que el Baron David, al tratar de exponer una teoría peregrina sobre los deberes de los Diputados, á quienes además de la misión general de votar las leyes y fiscalizar la conducta del Gobierno atribuye la de investigar las necesidades materiales de los pueblos que los eligen, olvidaba que si no en la letra estos actos están comprendidos en el espíritu de los artículos 38 y 39 del decreto orgánico de 1852 sobre el ejercicio del sufragio universal. La materia de que el Baron David trataba era tan peligrosa para el Gobierno, que el Ministro de Estado se lo hizo entender en breves palabras, las cuales fueron bastantes para que el Diputado de la mayoría retirase su interpelación, aunque no le ha valido su prudencia para evitar que los órganos oficiosos de la política imperial le hayan tratado hasta con dureza por haber dado ocasión á estos escabrosos debates.

En efecto, aprobada por las secciones la interpelación del Baron David, no fué posible que se rechazara la de M. Ernesto Picard. El primero deseaba sólo hablar de la corrupción individual, y el segundo de la ejercida por el Gobierno y por sus agentes, que es la verdaderamente peligrosa para la libertad electoral; tanto es así que á nadie se le ocurre, por más que lo desapruebe, afirmar, por ejemplo, que las elecciones no representan en Inglaterra la opinión de los electores, aunque en algunos colegios se gasten sumas considerables por los candidatos, y por el contrario, todo el mundo reconoce que esa libertad no existe allí donde una administración poderosa y centralizada interviene en este acto político, que es el más importante de cuantos se verifican en los pueblos libres.

El sistema de las candidaturas oficiales, practicado en Francia desde 1852 es, sin duda, el punto más alto á que se puede llevar la intervención del Gobierno en las luchas electorales, porque el candidato patrocinado por el poder tiene á su servicio para triunfar todos los medios imaginables: un ejército de empleados que se convierten por la voluntad de sus jefes en activos agentes, y los favores que puede hacer individuales ó colectivos una administración que provee á casi todas las necesidades ó
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aspiraciones de los pueblos ó de los particulares. Estas y otras muchas consideraciones fueron hábilmente expuestas por M. Ernesto Picard al explanar su interpelacion, cuyo objeto principal tendía á saber si en la ocasión presente el Gobierno conservaría el sistema de las candidaturas oficiales, ó renunciaría á él. La respuesta dada por M. Forcade la Roquette, Ministro del Interior, ha desvancido las ilusiones que sobre este punto pudieran tener los defensores de la libertad electoral, pues ha dicho explícitamente, al contestar al Diputado de la oposición, que no renunciaría el Gobierno á su antiguo sistema; y de lo manifestado en otra sesión posterior se infiere que lo mantendrá con mayor empeño y energía que otras veces, por lo mismo que las oposiciones tienen ahora medios de combatir de que antes carecían.

En vano M. E. Ollivier, en un discurso admirable por su habilidad dialéctica y por su elocuencia, expuso todos los peligros de este sistema, que resumió en estos términos: «Por confesión del Gobierno, las candidaturas oficiales no son necesarias, supuesto que su popularidad y su fuerza bastan para el triunfo de sus amigos, y en cambio tienen multitud de inconvenientes. En primer lugar, amenguan la autoridad del Cuerpo legislativo; en segundo, trastornan la organización y las funciones de la administración; y por último, en vez de disminuir la responsabilidad del gobierno exagera su carácter personal y su aislamiento.» Si este discurso no fué bastante á persuadir al Gobierno ni á la mayoría de la conveniencia de renunciar á las candidaturas oficiales, contribuyó á que votasen en favor de la interpelacion de M. Picard cuarenta y siete Diputados; de donde, dado el carácter y circunstancias de la Asamblea, puede inferirse que son muchos los que actualmente piensan que es conveniente que el Gobierno deje de intervenir en las elecciones.

El interes de este debate es, como hemos dicho, tan grande en la actualidad, que no le puso término la votación que recayó sobre la interpelacion de M. Picard. Al día siguiente empezaba la discusion general sobre los presupuestos, y como se había aplazado para esta ocasión el examen de la política general del Gobierno, al rechazar la mayoría y los Ministros las interpelaciones que se presentaron con este objeto por la oposición al principio de la legislatura, no ha sido posible en manera alguna evitar esta controversia, que naturalmente habla de versar, más que sobre otra cosa, sobre la cuestion electoral, en la que puede decirse que se abarcan y comprenden todas las cuestiones de política interior. M. Thiers ha inaugurado esta discusion solemne, pronunciando, á pesar de su edad, un discurso que ha causado vivísima impresion en toda Francia, y tal ha sido en París, que, según cuentan los periódicos, ha recibido diez mil tarjetas felicitándole por su gran triunfo parlamentario. No es posible, en los limites estrechos de este escrito, dar noticia, ni siquiera en resumen, de esta ad-
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mirable peroracion, en la que ha reivindicado con más fuerza de lógica y con más elocuencia que nunca aquellas libertades que con tanta razón y de un modo tan feliz llamó en otra ocasión necesarias, y á las que aspiran todos los que no sostienen en términos incondicionales y absolutos al Gobierno, pudiendo por lo tanto servirles de vínculo de unión y de objeto común de sus aspiraciones. La fórmula concreta y precisa de estas libertades fue presentada por M. Thiers en estos términos: «Todo el mundo dice: para que una nación sea libre es menester que el ciudadano goce de una completa seguridad, cualesquiera que sean sus opiniones; esto constituye la libertad individual; es preciso que pueda enterarse por medio de la prensa, no sólo de las teorías y de las doctrinas, sino también de los hechos que al país interesan; en esto consiste la libertad de la imprenta; es necesario que pueda elegir libremente sus representantes sin estar expuesto á las seducciones ó á las amenazas del poder; en esto estriba la libertad electoral; es indispensable, en fin, que la Representación nacional tenga un mecanismo de gobierno tal, que su acción no sea más que el pensamiento de la nación realizado.» El orador examinó después detalladamente lo que falta en la nación vecina para que se pueda decir que existen estas libertades, y como las circunstancias de que hemos hablado exigían, se detuvo más especialmente en lo relativo á la libertad electoral, denunciando los abusos cometidos en esta materia por el poder, que no sólo convierte en agentes electorales á todos los empleados, sino que forma de un modo arbitrario las circunscripciones electorales, dividiendo en varios trozos las principales ciudades para que los votos más ilustrados de sus habitantes se confundan y pierdan en la masa de los de las gentes del campo, que siguen con absoluta docilidad las indicaciones de los funcionarios administrativos, á quienes tienen la costumbre de obedecer, y á los que consideran casi con un temor supersticioso.

Tan grande fué el efecto producido por el discurso de M. Thiers, que á pesar de estar preparado á contestarle el Ministro del Interior, interpelado varias veces por el orador, M. Rouher, que es el Aquiles de estas guerras parlamentarias, se creyó en el caso de entrar en la lucha para disipar, si era posible, con su elocuencia la impresión causada por monsieur Thiers. No hay para que decir que el Ministro de Estado estuvo elocuente, porque nadie puede negarle esta cualidad; y para causar mayor impresión acudió al arsenal de las personalidades y de las consideraciones retrospectivas, recordando la conducta que con la prensa, en las elecciones y en otras materias, había observado M. Thiers y el Gobierno constitucional y parlamentario que existió en Francia, especialmente desde 1830; y aunque la comparación es infeliz, porque entonces alcanzó Francia un grado de verdadera libertad política de que no ha gozado en ninguna otra ocasión, M. Rouher arrancó los aplausos de la mayoría, dispuesta siem-
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pre á tributárselos, y con esto quedaron al menos dentro del recinto de la Asamblea neutralizadas algún tanto las censuras acervas de que el régimen imperial habia sido objeto.

En la sesion siguiente M. Julio Favre trató con su cáustica e incisiva elocuencia las mismas cuestiones que habia examinado en la anterior M. Thiers, fijándose tambien muy especialmente en las cuestiones electorales y aduciendo numerosos datos para probar el sistema de corrupcion practicado en esta materia y en grandísima escala por el Gobierno y sus agentes en favor de los candidatos oficiales, y los obstáculos y la persecucion de que son victimas los que se proponen luchar contra ellos.

A propósito de la libertad de la prensa, aludió M. Favre á lo ocurrido con el Baron Seguier, sustituto del Procurador imperial de Tolosa, quien para preservar su independencia como magistrado, tuvo que dimitir su cargo porque no opinaba que debia perseguirse con el rigor que exigia el guarda-sellos Ministro de la Justicia, M. Baroche, á los periodicos que habian abierto la famosa suscriccion Baudin. Esta circunstancia dió motivo á que el Ministro inculpado terciese en el debate defendiendo la politica del Gobierno, y particularmente la suya propia, en el asunto de que se trataba, y con su innegable habilidad logró, sino justificarse, atenuar al menos su resolucion en tan grave negocio, pero en la sesion inmediata el Marques de Talhouet rectificó los hechos alegados por el Ministro, en términos tan precisos y claros que quedó demostrado el proceder digno del Baron Seguier, y puesta de manifiesto no sólo la injusticia de que habia sido objeto, sino lo que es mucho más grave, lo precaria que tiene que ser la independencia de la magistratura en Francia por su intervencion siempre peligrosa y funesta en candentes luchas de partido. En la misma sesion, M. Buffet cerró el debate politico que se habia promovido con motivo de la discusion de los presupuestos, y aunque con formas templadas, como tenia que usarlas un individuo de la mayoria, dió la razon á los oradores de la oposicion condenando el sistema de las candidaturas oficiales, de tal manera que el Ministro del Interior, M. Forcade se creyó obligado á contestarle para defender ese sistema alegando los peligros á que todavía está expuesta la sociedad con las doctrinas peligrosas y antisociales, sostenidas por los oradores de algunas reuniones politicas, celebradas á consecuencia de la nueva ley que las autoriza.

De todo este gran debate, en que puede decirse que casi no se ha tratado mas que de la cuestion electoral, resulta una gran enseñanza respecto á lo que es en si el sufragio universal, dadas las condiciones actuales de los pueblos de Europa. La falta de conveniente instruccion en las masas, sobre todo de las poblaciones rurales, las convierte con extraordinaria facilidad en instrumentos dociles del poder, y por lo tanto lo que á primera vista pudiera creerse que es la garantia mas eficaz de la libertad,
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viene de hecho á ser un medio incontrastable de despotismo. Tan cierto es que no pueden otorgarse derechos sino á los que tienen la necesaria capacidad para ejercerlos, porque sólo en este caso puede existir, ya que no otra, aquella responsabilidad moral que es en último término la garantía y la regla de todas las acciones humanas. Fundándose en estas consideraciones, publicistas muy ilustres de la nación vecina, conocidos por sus opiniones democráticas, lamentan frecuentemente que cuando en las Asambleas constituyente y en la legislativa del último período republicano se organizó el sufragio universal, no se hubiera aceptado la emtenda prudentísima y verdaderamente liberal de un representante, cuyo nombre sentimos no recordar, á fin de que se exigiese saber leer y escribir como requisito indispensable para el ejercicio del sufragio, condición tan justa y tan natural que no se concibe que puedan oponerse á ella más que los que por cualquier motivo tengan interés en falsear la manifestación genuina de la opinión pública.

La discusión especial y técnica sobre las cuestiones financieras que ha seguido á la meramente política de que hemos procurado dar sucinta idea, tiene para nosotros poco interés; pero no debemos dejar de decir que así M. Garnier Pagés, que ha hablado en nombre de la oposición, como el Ministro de Hacienda M. Magne, han estado á la altura de su reputación. Honra sin duda á este último en altísimo grado el testimonio rendido á su mérito y á su elocuencia hasta por los periódicos hostiles al Gobierno: deben en efecto aplaudirse la franqueza con que ha reconocido los males de la situación económica del vecino Imperio y la prudencia con que en esta materia ha procedido y se propone continuar procediendo para ir borrando las consecuencias de anteriores desarreglos. Con este motivo ha dicho que la paz es la primera y más indispensable condición para la mejora de la hacienda, y esta declaración ha sido acogida con entusiasmo por los representantes de las opiniones liberales cada vez más enemigos de las ideas y de los proyectos buliciosos.

Al decir que la situación financiera de Francia no es tan desenmbarazada como fuera de desechar, no queremos decir que se asemeje á la de otros pueblos de Europa, y especialmente á la nuestra. Es verdad, que ha tenido el año anterior que recurrir á un empréstito para disminuir la deuda no consolidada que pesaba sobre el Tesoro de resultas de la desplorable campaña de México, y de los inmensos gastos que han motivado los grandes preparativos militares que ha habido que hacer después de la guerra de Alemania de 1866, ante la amenaza de un conflicto con la Prusia engrandecida; es verdad, que una parte de este empréstito se ha destinado á cubrir los presupuestos del año corriente; y también loes, que á pesar de todo de la deuda flotante asciende todavía, según confesión de M. Magne, á setecientos millones de francos y á más de mil según los cálculos de la
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oposicion; pero en cambio de esto, los impuestos indirectos se desarrollan en proporcion considerable, indicando la prosperidad del pais y el aumento de sus fuerzas tributarias. Por otra parte, los gastos publicos no sólo comprenden los servicios normales y ordinarios, sino la creacion de un material de guerra maritimo y terrestre verdaderamente gigantesco, y obras publicas tan importantes, como la segunda y tercera red de los caminos de hierro, y la terminacion de los vecinales, medios eficacismos de prosperidad que han de contribuir en gran manera al desarrollo de la riqueza nacional en todos sus ramos. Estos resultados se han conseguido conservando y mejorando el sistema de impuestos que la experiencia tiene ya probados, y no dejándose arrastrar por vanas teorias para introducir reformas peligrosas que desorganicen la Hacienda, la cual una vez alterada por cualquier medida imprudente, no sólo produce males que se extienden á todo el cuerpo politico, sino que su funesta influencia se hace sentir durante muchos años resolviendose siempre en mayores gravámenes para el contribuyente.

Conforme anunciamos en nuestra anterior Revista, el 16 del corriente se procederá á lo que se llama en Inglaterra la tercera lectura del bill sobre la Iglesia establecida en Irlanda. Esta discusion se verifica por la Cámara constituida en comité, y durante ella es cuando se introducen todas las modificaciones de detalle que la experiencia y las observaciones de los Diputados sugieren para la más perfecta y fácil aplicacion de la ley. Un miembro de la Cámara de los Comunes, cuyo nombre no recordamos, ha anunciado que con esta ocasion presentará una enmienda proponiendo que la reforma se haga extensiva á la Iglesia episcopal de Inglaterra, la cual, como se sabe, es desde principios del siglo XVI la que tiene en el Reino Unido carácter de Iglesia del Estado. Esta circunstancia prueba que la máxima de la Iglesia libre, en el Estado libre, tiene tambien sus partidarios en la Cámara de los Comunes, donde sin duda hay representantes de casi todas las teorias politicas reinantes en Europa; pero no es de temer que prevalezca la opinion del Diputado á que aludimos, porque así en el pueblo como en las Asambleas politicas de esa gran Nacion, predomina siempre el espíritu práctico que debe guiar á los hombres de gobierno para no empeñarse en amoldar las sociedades que dirigen al ideal de una escuela, que por grande que sea no puede abarcar la rica variedad de la vida, ni satisfacer todas las necesidades y condiciones de la realidad. Sin duda llegará un momento en que las necesidades religiosas de los individuos se satisfagan en todos los pueblos por instituciones libres creadas en virtud del derecho de asociacion, aunque el Estado conservará siempre sobre ellas el poder inspectivo propio de su mision. Es probable que esto suceda en Inglaterra antes que en otras partes, porque aun en la misma Isla Británica, y prescindiendo en ella de Escocia, la