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participaba él de la opinión que atribuye la prosperidad de las Antillas á su régimen actual, y consideraba los progresos de Cuba como el resultado de su ventajosa posición para el comercio del mundo y de la excelencia de sus producciones naturales. Ella tiene en sí misma grandes elementos de riqueza, y su próspero estado no debiera atribuirse al sistema político, sino cuando por la bondad de las leyes e instituciones se hubiera obtenido semejante resultado en un país estéril y en otras condiciones geográficas. La emigración de los adictos á la causa española, perseguidos por los Gobiernos republicanos de América, había concurrido con las felices condiciones naturales de Cuba á acrecentar su población, aumentar su capital y extender su comercio. Este conjunto de circunstancias, aseguradas por la tranquilidad interior, reanimó la agricultura, dando lugar á beneficiosas empresas, y el Gobierno reconoció también la necesidad de favorecer sus relaciones mercantiles, libertándolas del odioso monopolio de la Metrópoli, en la seguridad de las fatales consecuencias que hubiera tenido su conservación, y de las ventajas que el Erario debía reportar, y alcanzó en efecto, como resultado de la formación de un gran centro comercial en que se convertía por su situación geográfica la isla de Cuba. El rigor del clima y la molicie de sus habitantes habían sido parte á introducir y perpetuar en ella la calamidad de la esclavitud africana; y espantados ante el peligro que encierra este elemento de perturbación en probables eventualidades, no extrañaba Verdejo que los señores vieran con inquietud cualquiera alteración del estado de fuerza que les conservaba sus medios de riqueza, y se prestaran á inducir al Gobierno á la supresión de la libertad y de la Representación legislativa en aquella parte de la Monarquía.

No encontraba él bastante fundada la especialidad en los elementos heterogéneos de población que alegaba el dictamen; porque segregando la esclavitud y la gente de color, quedaba aquella población limitada á las condiciones de una misma especie para la aplicación de la ley electoral de la Península. Vemos, pues, indicado ya por Verdejo lo que en 1865 exponía D. Calixto Bernal respecto á la exclusión de la gente de color bajo el principio de la unidad de raza. No menos infundado le parecía el argumento de la distancia para privar á las Antillas de Representación en las Cortes, siendo éste un leve inconveniente disminuido cada día por
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el perfeccionamiento de las comunicaciones. Por otra parte, le parecía un anacronismo que cuando se acababa de hacer en la Península un progreso inmenso en el camino de la libertad política, se tratará al mismo tiempo de privar de ella á nuestros nacionales de Ultramar.

Discurriendo sobre el carácter que podrian tener las leyes especiales, demostró en general poca inclinación á ellas, porque si se limitaban á aflojar algo las ligaduras de la omnipotencia militar, no serían otra cosa que un permiso para que se sublevaran aquellas provincias, como la reciente experiencia había puesto de manifiesto en la misma Península probando lo que se consigue con la libertad á médiros. Si el objeto era formar grandes Juntas provinciales con ciertas atribuciones legislativas, esto daría lugar, en su concepto, á rivalidades perniciosas y á usurpaciones de autoridad respecto al Poder metropolitano, y acabaría por convertir aquellas Juntas en Convenciones locales. Si estos medios no eran admisibles, le parecía preciso reconocer como el más propio para conservar la unión de las Antillas á la Madre Patria, dispensarles el beneficio de nuestras mismas instituciones. La diferencia de derechos políticos entre las diversas razas y clases de aquella población, había servido á la Comisión de argumento para probar la inconveniencia práctica de tales derechos, que serían causa de repriminaciones y rivalidades peligrosas al orden público. Verdejo, sacando partido de este argumento, presentó como causa no menos peligrosa á la unión de aquellas provincias con España, la diferencia radical y chocante entre el régimen de la libertad en ésta y el depotismo militar en aquéllas. «Estrechemos, dijo, nuestra unión con los Cubanos por los dulces lazos de unas mismas leyes, y les quitarémos de este modo el pretexto de rebelarse.» Las observaciones de Argüelles, respecto á la América continental, no habían hecho efecto en el espíritu unificador de Verdejo.

Examinó después la segunda cuestión relativa á la exclusión de los Diputados electos, y consideraba una contradicción escandalosa y perjudicial al prestigio de la patria, que después de la convocatoria en que el nombre de la Reina se expresaba significando su determinada voluntad de que todas las partes integrantes de la Monarquía concurriesen al establecimiento de las leyes fundamentales, fueran excluidos de tan solemne tarea los Diputados de extensas provincias, elegidos en cumplimiento de esa misma convo-
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ectoria; parecíale además una grave injusticia fallar sobre la suerte de ellas sin oírlas.

Respecto á las posesiones de Asia, Verdejo era de la misma opinión que había indicado Vila, considerando la población de las Filipinas de un carácter muy distinto que la de las Antillas. En estas se encontraba reproducida la España peninsular en toda su población blanca, con sus mismos usos, lengua, leyes, costumbres y creencias; era por consiguiente aplicable á ellas un mismo régimen político. Pero en las posesiones de Asia no éramos ya nosotros, sino un pueblo muy diverso, no del todo dominado, y con más de tres millones de Indios, á quienes muy inoportunamente había otorgado la Constitución de 1812 el carácter y los derechos de ciudadanos españoles, no siguiendo el ejemplo de Inglaterra ni de Holanda en sus posesiones de las Indias Orientales.

Los Sres. Santaella y Gonzalez Alonso reconocieron, por el contrario, la necesidad de leyes especiales para circunstancias y necesidades tan diversas en las provincias de Ultramar, no tomando en cuenta nuestra propia utilidad ó conveniencia, sino mirando muy particularmente á la protección y prosperidad de aquellos habitantes. Pero el segundo no creía que estuviera en el propósito de la comisión darles una legislatura local como la de Jamaica, confiriendo al Gobernador el ejercicio de las prerrogativas á nombre de la Reina; y en el supuesto probable de que tales leyes se referían á un régimen de sugestión, como ya indicaban algunos Diputados y periódicos, para satisfacer los deseos manifestados por una parte de la población cubana, desistió de defender la especialidad, como había ya hecho el Sr. Vila, y mientras no le eran conocidas por su índole liberal las leyes distintas, reclamadas por circunstancias sociales que no son idénticas en la Península y sus posesiones ultramarinas, sostuvo que no era posible ni prudente dejar entregados aquellos pueblos á la autoridad militar, sin tener representantes en el Congreso. El Ministro de Hacienda combatió las razones de Alonso, fundándose en que los habitantes de Cuba veían las cosas de otro modo muy distinto, según las numerosas correspondencias y los diversos medios de manifestación con que expresaban el deseo de continuar bajo el mismo régimen.

El que más contribuyó á demostrar la necesidad de leyes especiales fué, sin duda, el Sr. Sancho, en un extenso discurso que ocupó casi dos sesiones. Fundándose teóricamente en la autoridad
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de Montesquieu y Rousseau, como prácticamente en la experiencia de la política colonial adoptada por otras potencias, probó la necesidad en que nos veíamos de seguir su ejemplo en nuestras Provincias Ultramarinas, porque no hay, decía, en ciencias morales y políticas una verdad más demostrada que la necesidad de leyes distintas para países de climas y costumbres diferentes. Pero como los que habían impugnado la especialidad para las Antillas reconocían en Filipinas motivos suficientes para un régimen diverso que el de la Península, fundándose en las costumbres y condiciones especiales de aquellos habitantes, argüía Sancho que es todavía mayor la diferencia de las Antillas respecto á España: y esta diferencia no consistía sólo en que la raza negra, la más distante de la europea en la clasificación de las que pueblan el mundo, entraba por la mayor parte en la población de aquellas provincias, mientras que la de Filipinas se componía de raza blanca y de raza cobriza que es intermedia en la dicha clasificación, sino también porque la esclavitud constituía en aquellas un estado social muy diferente al nuestro, mientras las Filipinas, pobladas de hombres libres, se hallaban en mayor analogía con España que la población, medio esclava, medio libre, de las islas americanas. Sancho se extendió en la demostración de la diversidad de costumbres y de carácter que son consecuencia de la diversidad de climas y de producciones naturales, atribuyendo á éstas las condiciones forzosas del comercio de Cuba, obligada á exportar todo lo que produce y á importar todo lo que consume. Estas diferencias inducían á la adopción de leyes civiles que se acomodaran á condiciones tan diferentes; y si todos convenían en ello, no había más razón para sostener la identidad de leyes políticas con la Metrópoli. Inglaterra y Francia no habían querido aplicar á sus colonias las mismas leyes con que ellas se rigen y gobiernan; y Sancho, fundándose en la redacción é intención de varios artículos de la Constitución de 1812, se propuso probar, que con todo el buen deseo de los legisladores de Cádiz para establecer una misma ley fundamental en los dominios españoles, se vieron también precisados á adoptar ciertas disposiciones en justa relación á la diversidad de circunstancias de los países americanos. Esto le hacía decir que hubo en realidad dos Constituciones distintas, en cuanto al estado social de una y otra parte de la Monarquía, porque ni aun las definiciones de español y de ciudadano eran las mismas para ámbas. La
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distancia, además, obligaba á constituir el poder ejecutivo bajo otra forma, pues las atribuciones de un Capitan General en un distrito de la Península, á la inmediación del Gobierno Supremo, no podían igualarse á las de un Virey que debía obrar con facultades muy superiores, no pudiendo tener instrucciones inmediatas ó oportunas para todos los casos. En otros conceptos también señaló diversidad de disposiciones en la legislación de América, que bajo la misma Constitución de 1812 establecían en realidad un distinto régimen. La ley electoral, tal como se encontraba ya aprobada por las Cortes Constituyentes, le parecía de todo punto inaplicable á las Antillas; y haciendo observación de diferencias análogas en ellas á las que en el continente habían exigido otras leyes civiles y políticas, á pesar de la declaración de igualdad de derechos é instituciones para todos los territorios españoles, concluyó estableciendo como axioma incontrovertible la necesidad de leyes diversas para países diferentes. Pero como tal necesidad era también ampliamente reconocida por muchos de los partidarios de la libertad ultramarina, en unión con la dificultad de que los representantes americanos significaran oportunamente las vicisitudes de la opinión á tanta distancia de aquellos pueblos, las demostraciones de Sancho venían en apoyo de los razonamientos que se habían expuesto contra su representación en el Congreso metropolitano, y en favor de la institución de cuerpos legislativos locales, confiriendo á los Gobernadores superiores el ejercicio de las regias prerrogativas, y aun con Ministros responsables para los diversos ramos de la administración pública. Esta idea, que acogían los defensores de una Constitución en las Antillas semejante á la del Canadá, ofreció á Sancho ocasión de manifestar los graves peligros que encerraba, en su concepto, toda forma de gobierno fácil á desarrollar ambiciones bastardas, y ninguna le parecía más próxima al resultado fatal de la independencia absoluta, que la creación de un conjunto de poderes con todo el aparato de autoridad soberana. Un poco de osadía, ó la cobarde condescendencia de un jefe que no supiera resistir las excitaciones de que se vería indudablemente rodeado, bastaba para entronizar á otro Itúrbide, ó para la creación de una tumultuosa República, llevando á cabo la completa desaparición de la autoridad de España en el Nuevo-Mundo.

Extensas consideraciones hizo después sobre los peligros que
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ofrecía el régimen de las instituciones liberales en la isla de Cuba, por la presencia de la raza africana, y cómo este temor inducia á las personas sensatas y acomodadas á desear que no se aplicara allí la nueva Constitución. Haciéndose cargo de lo que se había dicho respecto á no existir en Cuba personas que trabajaran sinceramente por la independencia, conociendo los males de todo género á que estaba expuesta la población blanca, sostuvo que existia realmente un partido que tiene estas tendencias, que trabaja en ellas sin cesar, y que en él estaba afiliada casi toda la juventud con sus medios de actividad y sus ilusiones filantrópicas: hay, dijo, documentos y pruebas irrefragables de que las ideas de independencia han buscado su fuerza hasta en el delirio de armar los negros y mulatos contra la población adicta á España. Ciento era que propietarios, comerciantes y vecinos, en número de más de cuatro mil, habían representado á Tacon para que se opusiera á toda novedad en el régimen de la Isla, con motivo de los acontecimientos peninsulares y de la actitud del General Lorenzo en el Departamento oriental. Ciento también que en ese mismo Departamento estaba alarmada la población, y rogaba á Lorenzo por Dios que no comprometiera la suerte del país: en la ciudad de Santiago, donde todas las influencia en aquellos momentos debían conspirar á favor del órden de cosas establecido por su jefe, más de mil quinientos propietarios le representaron para que restableciese el estado anterior al 29 de Setiembre, en que había proclamado la Constitución de 1812. Pero no era menos cierto que, pocos ó muchos, los que ayudaron y estimularon al General Lorenzo á esta proclamación, suministraban armas á los negros para sostenerla contra los deseos de la gente más sensata é influyente de la Isla. Espanta considerar las consecuencias de un hecho semejante, si hubiera podido subsistir; y se comprende el esfuerzo que hicieron las poblaciones de la parte oriental, en cuanto hallaron algun apoyo en las fuerzas leales, para pronunciarse horrorizadas contra Lorenzo, y obligarle en tres días á escapar, embarcándose para Jamaica. La noche del 23 de Diciembre, en que esto tuvo lugar, todo había desaparecido por completo; y las corporaciones y vecinos se apresuraban á representar en gran número de pueblos, felicitándose de tal suceso y pidiendo, dominados por el temor de los peligros á que se habían visto expuestos en la actitud de los negros, que no se hiciera alteración ninguna en el régimen vigente. Con
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él, decía el Sr. Sancho, había hecho la población y riqueza del país tan rápidos progresos como los que se observaban en los Estados Unidos, dando así la prueba más palpable de que el sistema liberal no era tan necesaria condición para la felicidad de las Antillas españolas, como la conservación de las garantías gubernativas y la tranquilidad, que les aseguraban este progreso bajo la sabia legislación de Indias. En efecto; si se quiere explicar sólo por la emigración de refugiados de Santo Domingo y del continente, como había hecho Verdejo, el incremento de la población de Cuba, débese reconocer en los Estados Unidos la misma causa, por la emigración anual y constante de varios países de Europa; y es muy cierto que si desde 1820 al 23 no se hubiera mantenido Cuba en un desplorable estado de agitación por efecto del régimen constitucional, los capitalistas y las muchas familias acomodadas que abandonaron en aquellas circunstancias á Costa Firme y México al perderse para España, hubieran ido seguramente á Cuba, como había afluido antes á ella la emigración americana, en vez de preferir entonces á Burdeos, porque ya no les ofrecía la Isla la misma seguridad bajo el nuevo régimen.

No me detendré en exponer las razones con que Sancho combatía la admisión de los Diputados electos por las Antillas para las Cortes Constituyentes de 1836; pero entre ellas hay alguna que merece especial mención, porque contradice un fundamento importante de la protesta elevada á las Cortes por los Sres. Montalvo, Armas y Saco, alegando que las leyes de Indias consideran aquellas provincias parte integrante de la Monarquía, y en tal concepto se apoyaba el, ya otras veces reconocido, derecho de concurrir á la Representación nacional. El Sr. Sancho, con el texto de las leyes de Indias, explicaba la significación de parte integrante en el sentido de que el Rey no podía enajenar aquellos territorios; y era una prueba de que nunca se había entendido tal expresión con la latitud y en el concepto que querían darle los electos de Cuba, la circunstancia de que á ninguna de las Cortes celebradas desde Carlos II, que publicó el Código Indiano, hasta el año de 1810 habían venido Diputados americanos. Y si bien es cierto que á México y Lima se les concedió el título y consideración de ciudades de primer voto en Cortes, como Burgos y Toledo, esta concesión era para ellas sólo un título honorífico municipal, y se halla por esta razón en el capítulo de los honores;
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DE LA HACIENDA DE ESPAÑA.

    Casa Real
    34.050.000

    Cuerpos Colegisladores
    »

    Estado
    9,952.220

    Gracia y Justicia
    17,901,036

    Gobernacion
    97,870,094

    Guerra
    321,351,448 18

    Mariua, Comercio y Gobernacion de Ultramar
    53,259,693 7

    Hacienda
    317,363,461 30

    Caja nacional de amortizacion
    341,744,624 83

    TOTAL rs. vn.......
    1,193,492,578 20

Este resultado ofrecia para 1843 una disminucion de 84,566,520 reales 33 maravedis, comparados los gastos con los que para el año anterior de 1842 se habian presupuesto.

Estos gastos, y además la cantidad en que fijaran los suyos los Cuerpos Colegisladores—(en el año anterior se señalaron 979,620 rs.),—deben cubrirse con unos ingresos calculados en 866,704,796 rs. 3 mrs.; para reunir esta mezquina cantidad existia un formidable número de impuestos que el trascurso del tiempo y la falta de un sistema bien entendido, habian acumulado. La enumeracion de ellos seria cansada y enojosa; pero no podemos olvidar que existian todavía las rentas provinciales, tantas veces suprimidas y tantas tambien restablecidas; el catastro, equivalente y talla de la Corona de Aragon; la contribucion de paja y utensilios; la de frutos civiles; la de cuarteles; el derecho de sucesiones; la manda pia forzosa; el donativo de las Provincias Vascongadas; la contribucion de culto y clero; las estancadas; el servicio de lanzas y medias anatas de los Grandes y Titulos de Castilla; la loteria; los portazgos y otros muchos impuestos.

Necesario era reformar y arreglar esta falange, tanto más temible, cuanto peor ordenada; y la ley de 23 de Mayo de 1845 dió cima á tan difícil empresa.

La deuda, por entonces, ascendia á 6.000 millones de consolidada, además de 8.700 sin consolidar, ó sea un total de 14.700 millones, sin comprender lo que se adeudaba á los partícipes de diezmos y á otros muchos acreedores, cuyos titulos eran y son sagrados.
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pero las mismas leyes de Indias expresamente prohiben que las ciudades puedan enviar Procuradores á la corte.

En la sesion de 12 de Abril el Sr. Nuñez hizo una reseña histórica de las colonias inglesas, en que al lado de las disposiciones que establecian el monopolio comercial á favor de la Metrópoli, aparecian las que después de la independencia de los Estados Unidos introdujeron en el sistema colonial de Inglaterra grandes modificaciones en el sentido de la autonomía provincial, como resultado de la triste experiencia que acababa de sufrir: por último, expuso las medidas humanitarias que había adoptado el Parlamento para la abolicion de la esclavitud. Esta exposicion de la politica inglesa no producia la demostracion de una gran prosperidad en sus Colonias, cuando precisamente en los momentos en que hablaba el Sr. Nuñez eran victimas de una profunda ruina de sus elementos de riqueza, cuyos efectos se han prolongado por muchos años, y se hacen sentir todavía en la isla de Jamaica. Por otra parte, al bosquejar los progresos de la isla de Cuba y su prosperidad actual, atribuyó á la libertad de relaciones mercantiles con el extranjero el aumento de su poblacion y del cultivo de sus ricas producciones naturales. Todo esto parecia probar que el verdadero impulso á la riqueza pública y el desarrollo de todos los intereses de la civilizacion en paises tropicales, como el Sr. Nuñez demostraba con numerosos datos estadisticos, dependian, más bien de la libertad de comercio, que del ejercicio de los derechos politicos; y esta consideracion hubiera debido inducirle lógicamente á defender el sistema colonial de España, al cambiar su antigua politica de monopolio, en oposicion al sistema ingles, que se contentó con la adopcion de instituciones liberales en el régimen interior, conservando el comercio exclusivo: no obstante, el Sr. Nuñez concluyo desaprobando en todas sus partes el dictámen de la comision, que hubiera podido ser mejor atacado por otra clase de argumentos. Pero como habia manifestado extrañeza de que los liberales individuos de la Comision se separasen de las doctrinas que habian sostenido en la Constitucion de 1812, dió esto ocasion á que el Sr. Argüelles confirmara una vez más esta grave alteracion de sus convicciones, diciendo que si las lecciones de la experiencia debian servir de algo, era muy natural que los Diputados españoles que en 1810 profesaban y defendian tales opiniones en política ultramarina,