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Revista de España (1869-09-01 00:00:00), página 481

I.

Al examinar las leyes del Fuero Juzgo, conviene no olvidar un momento que se expidieron cuando la Corona era electiva. Teniendo ese cuidado, se evitará incurrir en el error cometido por algunos escritores que vieron en ellas lo contrario de lo que dicen.

La segunda del exordio hace esta detallada enumeración de los bienes que podía tener un monarca:

«Ennas cosas quellos foron dadas, ó que ganaren, non deben atender solamente al so provecho; mas el derecho de so pobo ó de sua tierra. Mais las cosas que ellos ganaren, non las devan aver nengun de sos fillos, si non como mandar el rey. Et las cosas que ficaron por ordenar, dévennas aver sus sucessores. Et elas cosas que eran propias suas, et que ganaron ante que foseu reys, dévennas aver sos fillos é sos herederos. Et si algunas cosas los foron dadas de sos amigos, ó de sos parientes, si por aventuria non fecieren manda daquellas cosas, dévennas haver sos fillos ó sos herederos.»

Otra ley del mismo código (1) contiene sobre este asunto las siguientes disposiciones:

«E de todas las cosas que ganaron los príncipes en el reyno desdel tiempo que regnó el rey Don Sintisian y fasta en esaúi, ó que ganaren los príncipes daqui adelantre, quantas cosas fincaron por ordenar, porque los ganaron en el ragno, deben pertenecer al regno. Así quel príncipe que viniere en el regno faga dellas lo que quisiere. E las cosas que ganó el príncipe de sus padres é de sus parientes por heredamiento, áyalas el príncipe ó suos fillos; ó si fillos non oviere, áyanlo sus herederos legítimos, é fagan ende su voluntad, así cuemo de las otras cosas que han por heredamiento. E si alguna cosa ovieren de sus padres ó de sus parientes, ó si ge lo dieron, ó si ge lo compraron, ó lo ganaron por otra manera cualquier, é non fizieren ninguna manda daquellas cosas, non deben pertenecer al regno, mas á suos fillos ó á sus herederos. E otrosí, daquellas cosas que ganó ante que fuese rey, ó que eran suyas propias, puede dellas fazer lo que quisiere, ó las devan aver

(1) Ley 5.ª, tit. I, lib. II.
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suos fiios, é si non oviere fiios, dévenlas aver sus herederos, si non fiziere delas manda. Esta ley mandamos guardar en las cosas del principe solamijentre, é mandámosla tener en tal manera que ante que ninguno aya el regno, ante prometa por su sacramiento de guardar esta ley.»

Léjos de disponerse en ella y en la anteriormente citada, como algunos historiadores han dicho, que el patrimonio privado de los príncipes quedase incorporado al general de la Corona, y que prestarán juramento de hacer esa incorporacion, lo preceptuado con toda claridad es, por el contrario, que el rey electivo respete el patrimonio privado de su antecesor, y lo deje pasar sin obstáculo á manos de sus hijos y de sus herederos.

Tenemos, pues, en el Fuero Juzgo, por una parte, la declaración de reconocerse ya un patrimonio privado de los reyes; y por otra, la de la absoluta facultad de éstos para disponer, así de ese patrimonio, como del público de la Corona, en vida, ó por testamento. Tanto en el uno como en el otro se les concedía la atribución de determinar como quisiesen; pero si no determinaban, los bienes propios de la Nación quedaban en poder de su sucesor; y los pertenecientes á la familia, en el de la viuda, de los hijos ó otros parientes.

Mas entre la Monarquía electiva y la hereditaria la diferencia es tan esencial, que, en rigor, no deben considerarse las reglas del Fuero Juzgo en esta materia como punto de partida del derecho patrio ni de la jurisprudencia ulterior.

II.

«Los reyes de Asturias y Leon, dice Martinez Marina (1), gozaban, así como los Godos, dos clases de bienes; unos propios, y que podemos llamar patrimoniales, heredados, comprados ó adquiridos por donacion ó industria; otros realengos y afectos á la Corona.»

(1) Ensayo histórico-critico sobre la legislacion y principales cuerpos legales de los reinos de Leon y Castilla, especialmente sobre el código de las Siete Partidas; por D. Francisco Martinez Marina.
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Otro historiador del Derecho español, el Sr. Sempere, comentando una petición presentada en las Cortes de Guadalajara de 1390 á D. Juan II por los magnates del reino, representándole que, según les decían todos los letrados, el rey no podía revocar las mercedes, una vez hechas, se expresa en estos términos: «Los letrados dirían bien, contrayéndose á los bienes patrimoniales de los reyes; pero no tratándose de los de la Corona (1).»

No es de extrañar que los jurisconsultos del siglo XIV y los historiadores modernos de la legislación castellana consignen con tanta seguridad la existencia de un patrimonio particular de los reyes de Castilla durante la segunda mitad de la Edad Media, porque el texto de las Partidas no puede estar más explícito: «Et destas heredades que son raíces, dice, las unas son quitamente del rey, así como cilleros ó bodegas, ó otras tierras de labores de qual manera quíer que sean que hóbiese horegado ó comprado ó ganado apartadamente para sí: otras hi ha que pertenecen al regno, así como villas ó castiellos, ó los honores que los reyes dan á sus ricos homes por tierra (2).» Entre el título de esta ley y su parte expositiva hay alguna discordancia, pues aquel dice: «Qual debe el pueblo seer en guardar al rey en sus cosas muebles é raíces que pertenecen á él para su mantenimiento,» y después, si bien se empieza estableciendo la diferencia entre muebles, semovientes y raíces, sólo en estos últimos se distingue los que son quitamente del rey de los que pertenecen al regno; tal vez por suponerse que los comprendidos en las dos primeras clases debían, por su propia naturaleza, considerarse de particular dominio, pareciendo este principio tan claro que se tuviera por innecesario consignarlo en el precepto legal.

Gregorio López, al comentar esta ley de Partida, divide, no ya en dos, sino en tres porciones, los derechos del patrimonio del monarca; las dos primeras llama Fisco y Patrimonio Real, que respectivamente corresponden, según parece, á las ideas que hoy significamos con las palabras Hacienda pública y Estado; y forma la tercera con lo que corresponde al rey según el derecho común, y como si fuese un particular, por herencia, por su buena fortu-

(1) Historia de los vínculos y mayorazgos; por D. Juan Sempere y Guarrinos, cap. XVI.
(2) Ley 1.*, tít. XVII, partida 2.*
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na, ó por habérselo él procurado con el buen arreglo de sus intereses (1).

Con facilidad pudieran reunirse muchísimos ejemplos, en que se ve á ios reyes de Leon y de Castilla, durante la época de la Reconquista, disponer de bienes que consideran de su patrimonio particular. Alfonso el Casto otorga varios lugares á la iglesia de Valpuesta, con el derecho de apacentar los ganados en todos los montes propios suyos (2). Ordoño I concede un lugar que declara ser de su dominio (3). Ordoño II dá á la iglesia de Leon varias villas y terrenos de su realengo, que heredó de su padre y su abuelo (4). El mismo dona al monasterio de San Cosme y San Damian un término que manifiesta ser suyo propio, como había sido de sus ascendientes (5). Sancho III permite al monasterio de Valbuena el uso de los pastos de todas las dehesas por donde pastase el ganado del rey (6). Alfonso VIII, al fundar las Huelgas de Burgos, manda que las cabasñas y ganados de las monjas tengan libres pastos en todos los bosques y lugares en que los del monasterio puedan pastar (7). Alfonso IX cede al monasterio de Arbas, además de otras cosas, cien aranzadas de sus viñas en Toro (8), y la mitad de las vacas, viñas, ovejas y puercos que él tenía (9).

En el reino aragonés sucedía lo mismo que en los de Castilla y

1) Rex habet tripex patrimonium; unum appellatur fiscale, para introntus et exitus camerae fiscalis; aliud totius patrimonii regalis, de quo hae lex statim nubilit, et luc duos ponit. Bald. in l. I. C. de heredit. nel action. nudit.; aliud est quod non habet ut Princeps, sed ut privatius, ut hic dicit, quod successione vel prospera fortuna, vel prohibite sunt quasiuit, ut tradit. Bald., cons. 271, 1 volumen.

(2) Per omnes montes meos.—España Sagrada, tomo XXVI, apéndice I.

(3) Quod est ex nostra proprietate.—España Sagrada, tomo XXXIV, apénd. I.

(4) Ex meo regalengo... sine ulla culmina regem vel sujonis.... sicut ego obtinui parentis et avi mei.—España Sagrada, tomo XXXIV, apéndice VII.

(5) Qui et proprius noster, de avorum vel parentum principium nostrorum.—España Sagrada, tomo XXXIV, apéndice IX.

(6) Citado por el P. Maestro Fray Alonso Cano en la Noticia de la Cabaña Real de España.

(7) Exposición dirigida al Ministro de Hacienda, por el Intendente general de la Real Casa, en solicitud de que se declarasen exentos de la desamortización, como propios del Real Patrimonio, el Monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey. Madrid, 1856. Apéndice, documento núm. 1.*

(8) De vinis meis in Toro.

(9) Quos habebam.—España Sagrada, tomo XXXVIII, apéndice XXXIX.
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BAJO LA MONARQUÍA ABSOLUTA.

Leon. Tambien allí hay una diferencia marcada entre el Patrimonio de la Nacion y el del Monarca. «Para comprender, dice un ilustre historiador, el estado antiguo de la Real Hacienda en Aragon, se ha de advertir desde luego que el Patrimonio propio del Reino consistía principalmente en el producto de las Generalidades y de algunos censos y alquileres de casas. Todos los demás tributos.... pertenecían á los Señores Reyes (1).»

Antes de Jaime I, se hallan tambien muchos documentos, que, como los antes citados, hablan de propiedades particulares del rey. Sirva de ejemplo el privilegio dado por Sancho Ramirez al monasterio de San Juan de la Peña, en el que excluye de los sitios que aquella comunidad religiosa eligiese para sus ganados á otros cualesquiera, sin exceptuar los del soberano (2); ó el que el mismo monarca otorgó en iguales términos á la iglesia y villa de Alquezar (3).

Pero al llegar á Jaime el Conquistador, nos encontramos con la opinión de algunos escritores que ven en su testamento el origen de un mayorazgo de bienes patrimoniales particulares; el más antiguo mayorazgo de que quede noticia en España, y el último tambien que en ella ha existido, pues suponían que ¡había sobrevivido á las leyes de desvinculación.

III.

Por mayorazgo de la corona han entendido los jurisconsultos durante mucho tiempo «la sucesión en el Reino, según el derecho de primogenitura y demás condiciones establecidas por la ley II, título XV de la Partida II.» Desde San Fernando, y más particularmente desde su hijo D. Alonso el Sabio, dice Llamas y Molina (4), se consideró (el Reino) como indivisible ó de naturaleza indivisa, y se declaró la sucesión á favor del primogénito, con la

(1) Historia de la Economía política de Aragon, por D. Ignacio de Asso, capítulo VI de los tributos.
(2) Coleccion de fueros municipales, por D. Tomás Muñoz y Romero, página 325.
(3) Ibidem, página 246.
(4) Comentario crítico, jurídico y literal á las ochenta y tres leyes de Toro, por D. Sancho Llamas y Molina —Comentario á la ley XL, núms. 84 y 55.
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preferencia indicada de línea, grado, sexo y edad, cuyas cualidades se hallan reunidas en la sucesión de los mayorazgos.—De esta uniformidad que observa entre la sucesión de los mayorazgos y la del Reino, dedujo e infirió el Sr. Molina (1) que el Reino es cabeza de todos los primogénitos de España, como que es verdadero mayorazgo, de donde se derivan todos los demás de los particulares, lib. I, cap. II, mún. 16, y al 25 no duda afirmar que es más que cierto que el modo y orden de instituir mayorazgos ha pasado de los reyes á los súbditos. El Sr. Castillo, en el lib. V, cap. CLXV, con referencia al Sr. Molina, «afirma que entre el reino y los mayorazgos hay tan grande conformidad que se puede asegurar por cosa cierta, que los mayorazgos traen su origen del reino, y que se debe guardar en ellos la misma forma de suceder que se observa en el reino.»

Entendido en este sentido, el mayorazgo de la Corona existe hoy lo mismo que ha existido durante muchos siglos, y con verdad y exactitud suele decirse que el único vínculo que subsiste en España, después de las leyes de desamortización civil, es el de la Corona, reconocido por la Constitución del Estado de 1869, lo mismo que por todas las anteriores.

Pero no tratándose de la sucesión en el Reino, sino del patrimonio particular de los reyes, la vinculación no aparece tan clara, ni los pareceres tan conformes. El citado Llamas y Molina, después de exponer que Jaime el Conquistador, en su testamento otorgado en Montpellier, dejó á su primogénito el Aragón, Valencia y Cataluña, y á su segundo hijo las Baleares, disponiendo que en adelante se observase en la sucesión un orden de agnación rigurosa, añade (2): «No se limitó la disposición testamentaria del rey D. Jaime á sólo establecer estos dos reinos, y prescribir las reglas con que en ellos habían de suceder cada uno de los hijos que dejaba nombrados, sino que se extendió á fundar dos vínculos de mayorazgos de bienes particulares, comprendidos existentes en los términos de los referidos reinos para otros dos hijos llamados Don Jaime y D. Pedro, que tuvo de Doña Teresa Gil Bidaure, señalándoles á cada uno varias villas y castillos, en que habían de suce-

(1) Llamas y Molina se refiere aquí al mayorazguista Molina, y á su conocida obra De primogenititia.
(2) Comentario á la ley XL, números 58 y 59.
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der cada uno de ellos y sus respectivos descendientes; y repite las mismas cláusulas que había dejado dispuestas para la sucesión de los reinos, y sustituye las dos líneas de estos dos hijos mutuamente entre sí.... y, por último, en defecto de las líneas de estos dos hijos, ordenó que sucediesen los de sus dos hijos, D. Pedro y D. Jaime nombrados para suceder en los reinos.... En vista de haber fundado el Rey D. Jaime los vínculos para sus dos hijos menores con las mismas cláusulas y llamamientos con que ordenó y dispuso la sucesión de cada uno de los reinos en que dividió sus Estados entre sus dos hijos mayores, se hace á todas luces claro que los mayorazgos traen su origen y naturaleza de la sucesión del reino....» Y más adelante (1) añade este mismo autor: «Es necesario concluir que el primer testimonio positivo que se halla en nuestras historias de fundación de mayorazgo de bienes particulares, es del rey D. Jaime.»

Pero aun cuando esto fuese exacto, el interés de tales noticias y apreciaciones del Sr. Llamas y Molina se refiere exclusivamente al siglo XIII. Siendo en realidad aquel mayorazgo el más antiguo que se conociera en España, podría haber sucedido también que fuese el primero que desapareciese. No lo entendía así, por cierto, D. Tomás Cortina, Consultor general que fué de la Real Casa, que creía ver aún subsistente en 1842, el vínculo instituido por Jaime I. Hé aquí cómo aquel letrado explicaba la historia y carácter del Real patrimonio de la antigua Corona aragonesa:

«Sabido es que su origen procede del fideicomiso perpétuo fundado por D. Jaime I de Aragón, en el testamento que otorgó en Montpellier á 26 de Agosto de 1272, y del acta de confirmación de D. Jaime II, fecha en Tarragona á 19 de las kalendas de Enero de 1319, por la cual consta que en las Cortes que celebró el mismo año en la referida ciudad, estableció y ordenó por ley que los reinos de Aragón y Valencia y el condado de Barcelona, con el directo dominio y cualesquiera otros derechos universales y particulares que le tocasen ó pudiesen pertenecerle en el Reino de Mallorca ó islas adyacentes, quedasen y permaneciesen perpétuamente unidos bajo un solo dominio, para así atender á la dignidad Real, conservación del Real Patrimonio y utilidad común, con prohibición de que pudiera dividirse ó separarse en parte alguna por él

(1) Comentario á la ley XL, número 88.
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ni sus sucesores, cuyo estatuto ofreció observar y hacer guardar, mandando que sus sucesores fuesen obligados perpétuamente á hacer homenaje al tiempo de entrar á reinar. En consecuencia de esta disposicion, desde el reinado de Jaime el Conquistador hasta las últimas Cortes celebradas en Barcelona el año de 1701, fué siempre confirmada y jurada en las asambleas nacionales por todos los monarcas la integridad y vínculo del Real Patrimonio, á presencia de los brazos ó Estamentos de los Reinos.

«El derecho para la fundacion de este vínculo y para su posesion sucesiva procedió del título con que se adquirieron los bienes que comprendía. Resuelto el Rey D. Jaime á la conquista de Mallorca, reunió á los magnates, próceres y demás personas notables, les arengó para persuadirles de la importancia de la empresa, les invitó á que le ayudasen en ella, y les prometió por un solemne convenio, celebrado á 5 de las kalendas de Setiembre del año de 1229 que partiría con ellos lo que se ganase, distribuyendo las tierras y propiedades en proporcion á los auxilios que cada uno prestase, y á los gastos que hiciese, ayudándole con gente de á pié y de á caballo, con navíos ó de otra manera; se reservó para sí, además de la parte que le correspondiese, con arreglo al número de sus soldados, los alcázares y habitaciones de los reyes: estableció los términos y las condiciones con que había de verificarse el reparto, y para evitar las disputas ó controversias á que pudiera dar lugar, designó los sujetos que en calidad de árbitros habian de ejecutarlo.

»En todo procedió como conquistador; y hecho el repartimiento general en el siguiente año de 1230 de todas las casas, alquerías, rafaleo y tierras de la isla, se posesionó el rey, así como los magnates, de las porciones que respectivamente les fueron asignadas, y dispuso el monarca de las suyas con el mismo derecho con que los otros las han trasmitido á sus sucesores, y las poseen sin contradiccion como adquiridas por el robusto título de conquista.

»Después de haber reducido el Rey D. Jaime á su dominio la isla de Mallorca, trató de la conquista del Reino de Valencia, y se resolvió á ella en las Cortes que celebró en la villa de Monzon el año de 1232, con acuerdo de los prelados y ricos hombres. Igualmente contrató con los que quisiesen ayudarle en esta expedición, que si la victoria coronaba sus esfuerzos repartiría y donaría parte de la tierra á los que le siguiesen; promesa que quedó cumplida
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mediante el repartimiento que ejecutaron los repartidores nombrados al intento.

»El Monarca Conquistador ejerció desde entonces toda clase de actos de dominio sobre las cosas que se habia reservado y le habian correspondido, y cada uno de los auxiliadores dispuso igualmente de la porcion que le cupo, formándose por este medio esa gran propiedad que posee la clase magnatica con igual titulo y fundamento que la que pertenece al Patrimonio Real.

»El Patrimonio, pues, de la antigua Corona de Aragon, propiedad adquirida por causa onerosa, es una vinculacion hecha en favor de los sucesores en la Corona, como las que disfrutan los particulares, sin más diferencia que la de no extenderse á ella la facultad que para enajenar los mayorazgos conceden las leyes modernas á los poseedores, porque lo resiste su diverso carácter y el objeto de su institucion, que fué el atender y dar esplendor á la dignidad real; circunstancia que interesa, por lo tanto, en su conservacion el decoro de la nacion. Sufrirá, sin embargo, las reformas oportunas en lo que sus regalias fueren contrarias al espíritu del siglo ó las leyes fundamentales de la sociedad, salvo el derecho á la indemnizacion; pero las innovaciones que produzcan las circunstancias politicas no deben ser más gravosas al Patrimonio Real de la Corona de Aragon que á las familias particulares que disfrutan propiedades vinculares, adquiridas por los compañeros de armas del Rey D. Jaime, porque lo contrario seria hacer una ley de excepcion para solo el Real Patrimonio (1).»

Veamos lo que hay de exacto en los hechos referidos y en las observaciones alegadas por el Sr. Cortina.

Jaime I instituyó heredero á su hijo primogénito D. Pedro en los reinos de Aragon y de Valencia, en Ribagorza, en l'Allars, en el valle de Arau, en el condado de Barcelona, en el señorío del condado de Urgel, en los demás lugares y tierras que tenía en

(1) Memoria que sobre abolicion del Real Patrimonio en la Corona de Aragon presenta al Excmo. Sr. Tutor de S. M. el Consultor de la Real Casa. Madrid, 1842.

El Sr. Cortina, en muchos puntos de esta Memoria, reprodujo lo expuesto en otra, publicada años antes, escrita, según creo, por D. Salvador Enrique de Calvet, Secretario de la Mayordomía Mayor, é impresa con el título de Impugnacion á la manifestacion publicada por un catalan amante de su pate, por otro catalan amante de la justicia.—Madrid, 1835.
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DEL ESTADO.

En cuanto á las relaciones personales entre los colonos, respecto á necesidades físicas, observamos que éstas se satisfacen, no por la voluntad, sino obedeciendo á una fuerza natural, á la que el acto del querer irremisiblemente tiene que someterse y sólo interviene en la eleccion de medios para ello. Así, pues, el hambre ha de aplacarse, abrigo y vivienda se han de buscar; porque naturaleza lo exige, á pesar de la voluntad, á la que sólo resta elegir la manera de satisfacer tales necesidades. Por todo eso, y además en virtud de otras causas, nacen determinadas relaciones entre los hombres, sin que en manera alguna sirva la voluntad libre de fuerza productora capaz sola y exclusivamente de engendrarlas.

Notorio es, sin duda, que junto con instintos y necesidades naturales, obran también impulsos espirituales y elevados, mas estos corresponden á la esfera de la moral y de la religión y no están dentro de la del derecho. Sábese, además, cuánta fuerza ejerció en la primera colonización americana el elemento religioso; y que de nuestra voluntad no brota ni la moral, ni la religión, sino que ámbas más bien, se manifiestan como mandatos frente al querer convirtiéndole á un deber. Bajo tal forma, impulsos espirituales causaron efectos en la America del Norte, y aun hoy dia continuan siendo eficientes.

Podemos decir, pues, que por un cabo instintos físicos, y morales, por otro, son los que hacen de un mero conjunto de colonos, una comunidad viva, que exclusivamente forma el verdadero fundamento del nuevo Estado, si bien falta todavía algo para que por completo sea el Estado mismo. Tal comunidad, en un principio, sólo real y efectiva, hay que investirla con el reconocimiento de todos los participes para hacer de ella un Estado, en sentido cabal y verdadero: reconocimiento indispensable que siempre tiene lugar en cada Estado y que vemos, por ejemplo, bajo el acto solemne de la coronacion ó del juramento constitucional, en las monarquias hereditarias.

En Estados nuevos aparece dicho reconocimiento bajo formas más precisas, y muy bien puede revestir la de un pacto, en colonias constituidas por gente liberal. Nótese bien, empero, que tal pacto, no es el fundamento del nuevo Estado, engendrado antes por elementos físicos y morales: semejante pacto confiere sólo una forma determinada y fija, é imprime en cierta manera un sello al