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Cataluña, y en todos los feudos que poseía en dichos reinos y lugares; y á su hijo el Infante D. Jaime en el reino de Mallorca, en las islas de Menorca y de Ibiza, en los condados de Rosellon, de Cerdaña y de Conflentes, en los feudos que tenían por el Rey los Condes de Fox y de Ampúrias, en Colibre, en Montpellier, y en el vizcondado de Carlódes. A su hija Doña Violante, Reina de Castilla, á los nietos que le había dejado su hija Doña Isabel, casada con el Rey de Francia Felipe el Atrevido, y á los que habían quedado de su hija Doña Constanza, esposa del Infante de Castilla D. Manuel, los instituyó herederos en la recámara, ornamentos y otras cosas que en las épocas de la celebración de los respectivos matrimonios había dado á cada una de dichas hijas. A D. Fernan Sancho y á D. Pedro Fernandez, hijos naturales, confirmó las donaciones antes hechas. Y á D. Jaime y D. Pedro, habidos en Doña Teresa Gil, los favoreció en estos términos:

«Más: queremos y mandamos que nuestros hijos D. Jaime y D. Pedro, los cuales hubimos de Doña Teresa Gil de Bidaure, instituimos por nuestros herederos en los castillos y villas que les habemos dado con cartas nuestras, según por ellas se contiene, es á saber: á D. Jaime en los castillos y villas de Jérica, del Toro, del castillo y villa de Eslílda, de los castillos y villas de Ebo y de Ahin, y de los castillos y villas de Suera y de Fanzara, y de los castillos y villas de Planes y de Travarello y Delaimudayna, la cual tenía Almudino Agarenco, por los cuales dos castillos de Planes y de Travarello cambiamos la torre de Arcos y sus salinas; é todos estos castillos y villas como están de suso nombrados, damos y dejamos á dicho D. Jaime nuestro hijo por herencia y derecho de institucion.

»Más: á D. Pedro, hijo nuestro, y de Doña Teresa Gil de Bidaure, instituimos heredero nuestro en el castillo y villa de Ayerbe, y en el castillo y villa de Luesa, y en el castillo y villa de Abuero, y en las villas de Liso y de Artaso, y de Castellon, de Siest, y en el castillo y villa de Boreta, y en los castillos y villas de Azner y de Cabraye y en Benimiena. Todos estos castillos y villas con todos sus derechos y pertinencias le damos y dejamos por herencia y derecho de institucion.»

Nada se contiene en el testamento que se refiera directamente á las fincas y derechos que en 1842 componían el Real Patrimonio, si se exceptúa la mención hecha del palacio de la Almudaina y el
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asignar, entre otras rentas, las de la Albufera de Valencia para pago de sus deudas; pero hay una cláusula, redactada en términos genéricos, que dice:

«Más: queremos y mandamos que si algunos otros derechos nos pertenecieren en algunas otras tierras, sin las que de suso habemos dado, dejado y ordenado, y que en ellas no sean comprendidos, aquellos derechos á Nos pertenecientes por cualquiera causa ó razon, dejamos y otorgamos en aquellos nuestro lugar al Infante D. Jaime, hijo nuestro, heredero de Mallorcas, salvando empero la ordinacion y division que habemos hecho según de suso se contiene.»

Siendo indudable que casi todos los derechos del Real Patrimonio en Valencia, Cataluña y Mallorca tuvieron su origen en la época de D. Jaime I, esta cláusula puede servir para comprenderlos en las disposiciones de su testamento.

Al mismo tiempo que volvia á separar la Corona de sus Estados peninsulares de la de las Baleares, prohibia D. Jaime que ninguno de los dos reinos que formaba para dos de sus hijos, pudiera ser otra vez partido, debiendo conservarse perpetuamente unidos Aragon con Cataluña y Valencia, así como las Baleares con el Rosellon y la Cerdaña. Por último, disponía el Rey Conquistador el orden que debia observarse, así en la sucesion de los reinos, como en la de los señorios dados á los hijos de Doña Teresa Gil, estableciendo para todos los casos la regla de rigorosa agnacion, con exclusion completa y absoluta de las hembras (1).

El mayorazgo ó mayorazgos de esa manera fundados, ¿han subsistido? Enteramente innecesario es que me detenga á probar que la agnacion rigorosa y la exclusion de las hembras fueron hace tiempo derogadas, para fortuna de España, que de otro modo no hubiera visto reunirse en la madre del Emperador Carlos V los reinos de Aragon con los de Castilla. Pues si todo ese edificio del mayorazgo del Patrimonio Real aragonés consistia en la forma del llamamiento á la sucesion, y esa forma desapareció desde hace siglos, ¿cómo podia subsistir en 1842 la fuerza de aquella fundacion vincular testamentaria?

(1) Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el reino de Valencia, por D. Vicente Branchat.—Coleccion de documentos justificativos, cap. I, núm. 7.
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¿Ni qué restaba de los repartos y combinaciones arreglados por el insigne vencedor de los Moros de Valencia y de Mallorca? ¿En dónde estaban aquellos señoríos de los hijos de Doña Teresa Gil? ¿En dónde la jurisprudencia señorial que les daba vida? Ni aun la indivisibilidad de los reinos, tal como D. Jaime la quería, pudo mantenerse, pues si Aragón, Cataluña y Valencia están, no sólo unidos entre sí, sino también con las Baleares, que él volvió á separar con su testamento después de reunirlas con su espada, el Rosellón y la Cerdaña no son regidos por las mismas leyes que Mallorca y Menorca, como él quería.

Don Tomás Cortina, además del testamento, cita en apoyo de su opinión lo que llama acta de confirmación de D. Jaime II, fecha en Tarragona el 19 de las kalendas de Enero de 1319. Lejos de ser una confirmación, dicha ley no es otra cosa que la derogación expresa del testamento de Jaime I, en lo relativo á la partición de sus Estados. Pero al mismo tiempo que prohíbe que vuelva á romperse jamás la unión, nuevamente hecha, de los reinos de Aragón y Valencia y del condado de Barcelona, con el reino de Mallorca e islas Adyacentes, y los condados de Rosellón, Cerdaña, etc., tiene cuidado de hacer constar que sus prohibiciones se limitan á garantir la integridad política de la nación aragonesa, y no se refieren á la libre facultad de enagenar los bienes del Reino. «Declaramos, sin embargo, dice, que Nos y nuestros herederos podemos dar ó enagenar fortaleza ó fortalezas, lugar ó lugares, ó heredamientos á nuestros hijos, ó á los suyos, ó á otras personas, según á Nos y á ellos pareciere, subsistiendo estable e indivisa la unidad de dichos reinos y condado (1).» Nada se dice en aquel documento que pueda tener relación con el Patrimonio Real, de cualquier manera que éste se entienda, como no sean las frases que acabo de copiar, que, si le son aplicables, dicen muy claramente lo contrario de lo que pretendía el Sr. Cortina (D. Tomás). En vez de vincular los bienes del rey, los pone del modo más incondicional á merced del libre arbitrio de su poseedor

Si, pues, el Real Patrimonio de la Corona de Aragón, ha dura

(1) Declarantes tamen quod Nos et ipsi possimus donare seu dimittere castrum vel castra, locum vel loca, seu hereditamenta filii nostris vel ipsorum aut alia personis, ut nobis et eis videbitur, unitate praedictorum Regnorum et comitatus semper stabili et indivisa manente.—Branchat Colecion de Documentos justificativos, cap. I, núm. 12.
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do más que la Monarquía feudal y más que la Monarquía absoluta; si en nuestros días se componía aún de rentas é impuestos procedentes, sin ninguna duda, del siglo XIII; si todavía en los andenes del puerto de Barcelona, en la Acequia del Júcar, en el Delta del Ebro ha de haber necesidad de que la Administración y los Letrados y los Tribunales estudien su historia y sus títulos para resolver graves cuestiones de derecho civil y administrativo, no es en el testamento de Jaime I, ni en la ley de Jaime II en donde puede hallarse la explicación de tales hechos: forzoso será buscarla en otra parte, y en tiempos posteriores. Pero antes, conviene aclarar algunos puntos, pues sólo deslindando de continuo lo que por varios conceptos se ha indebidamente confundido, se puede avanzar algo en el estudio de esta embrollada materia.

IV.

Las guerras civiles y los disturbios en que abundó el último período de la Reconquista, fueron causa de que la absoluta libertad reconocida á los reyes para donar los bienes del Reino, llegase con frecuencia al abuso, siendo unas veces las concesiones arrancadas por la fuerza de los sucesos, más que por la voluntad de los príncipes, y excediendo otras, bien en extensión, bien en duración, de los límites dentro de los que habían sido otorgadas. Después de subir al trono Enrique II, tomó el mal proporciones tan considerables, que ya no se pudo prescindir de buscarle un remedio eficaz. Tratólo de poner aquel Monarca en una cláusula, por esta razón muy célebre, de su testamento. Los reyes, sus sucesores, se esforzaron también repetidamente por hacer restituir al Reino los bienes que abusivamente habían sido separados de él. Las Cortes elevaron con frecuencia peticiones en el mismo sentido. Los jurisconsultos procuraron conciliar, en fórmulas sencillas y claras, el derecho del monarca de otorgar toda clase de mercedes, con la necesidad de precaver contra el exceso los intereses de la nación.

Estas cuestiones, que tanto dieron que hacer á los tribunales, á la Administración y á la política, especialmente en el siglo último, con los pleitos de reversiones á la Corona, no versan sobre los bienes de propiedad particular de los reyes; pero conviene señalar
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sus términos para fijar las semejanzas y las diferencias que las leyes y la historia presentan entre esa propiedad privada y el Patrimonio del Reino.

El Fuero Real quería, «que las cosas que el Rey diere á alguno, que non ge las pueda quitar él ni otro alguno sin culpa; y aquel á quien las diese haga de ellas lo que quisiere, así como de las otras cosas suyas; y si muriese sin testamento, háyanlas sus herederos, y no pueda su mujer demandar parte de ellas (1).»

La ley de Partida razona y amplía esta regla, diciendo: «Ca ellos (los reyes) no tan solamente son señores de sus tierras mientras viven, mas aún á sus finamientos las pueden dejar á sus herederos, porque han el señorío por heredad....» «E además el Rey puede dar villa ó castillo de su reino por heredamiento á quien quisiere (2).»

Pero sin salir del Código Alfonso, se encuentra ya la limitación á esas grandes facultades regias, puesto que una de sus leyes mandaba, que «el señorío del Reino non fuese departido nin enagenado (3).»

En el Ordenamiento de Alcalá, se propuso Alfonso XI desvanecer las dudas, por muchos suscitadas, acerca de la verdadera inteligencia de las palabras de las Partidas y de los Fueros, y decidir si el señorío de los lugares, la justicia, y otras atribuciones de la Corona, podían ser dadas; si las concesiones eran temporales ó perpétuas; y si se ganaban debidamente dichas cosas por el trascurso del tiempo. En aquel código se resolvieron todos estos puntos en los términos más favorables á la legitimidad y á la perpetuidad de las enagenaciones y á la eficacia de la prescripción; el rey podía hacer donación de ciudades, villas, lugares, justicia, fonsadera, alzadas en los pleitos y mineras, habiendo de entenderse todas estas gracias concedidas para siempre; lo dicho por algunos libros de las Partidas, ó por el Fuero de las Leyes, ó en Ordenamiento de Cortes, en el sentido de prohibir ó limitar la facultad regia de otorgar mercedes, debía interpretarse como precepto únicamente encaminado á conservar la integridad del reino, y á estorbar que ninguna parte de él pasase á otro extraño; y en el caso

(1) Ley 8, tit. XII, lib. III.
(2) Ley 8, tit. I, Part. 2
(3) Ley 5, tit. XV, Part. 2.
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de que las leyes ó las costumbres anteriores hubieran ordenado otra cosa, Alfonso XI las derogaba y anulaba (1).

Muchas fueron las disposiciones legales con tendencias contrarias á las de esa del Ordenamiento de Alcalá. El Fuero Viejo empezaba la serie de sus decretos con la declaracion de que habia cuatro cosas naturales del señorío del rey, é inseparables de él: justicia, moneda, fonsadera y sus yantares (2). Don Enrique II, que ha pasado á la historia con el sobrenombre de El Dadioso, y en cuya politica ocupan el preferente lugar las muchas y cuantiosas mercedes de ciudades, villas y lugares, fijó en la ya citada cláusula de su testamento aquella regla que, confirmando las gracias concedidas, y haciéndolas hereditarias por descendencia directa, prescribia la reincorporacion cuando los poseedores fallecieren sin hijo legitimo. Declaracion importante, que confirmada por varios monarcas, y explicada en términos precisos por Felipe V (3), era en el siglo XVIII el principio de los razonamientos en que los Fiscales del Consejo de Castilla se apoyaban para solicitar las reversiones en la mayor parte de los casos. Otra ley, expedida por Enrique IV, revocó las mercedes, por él mismo hechas, de todas las aldeas, términos y jurisdicciones que antes hubieran sido de cualesquiera ciudades, villas y merindades de la Corona y Patrimonio Real (4). Los Reyes Católicos, condenando la excesiva generosidad y larguezza, que destruian el Reino, y amenguaban la dignidad Real, y recordando las varias ocasiones en que Alonso XI, Enrique II, Juan II y Enrique IV habian prometido á las Cortes no dar lugares, castillos ni heredades á Infantes, ricos-homes, dueñas, prelados, órdenes, ni infanzones, renovaron la declaracion de nulidad de todas las mercedes que se hubiesen hecho en perjuicio de los privilegios de los municipios y concejos, y de los términos y jurisdicciones que por su naturaleza son inalienables, imprescriptibles é inseparables de la Corona (5). Los mismos reyes, Doña Isabel y Don Fernando, accediendo nuevamente á lo pedido por los Procuradores de los Reinos en las Cortes de Toledo de 1480, derogaron en parte, y en parte confirmaron, las donaciones hechas en el anterior reinado

(1) Ley 3.ª, tít. XXVII.
(2) Ley 1.ª, tít. I, lib. I.
(3) Leyes 10 y 11, tít. XVII, lib. X. Nov. Rec.
(4) Ley 9.ª, tít. V, lib. III. Nov.
(5) Ley 8.ª, tít. V, lib. III. Nov.
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y en el suyo propio, de alcabalas, tercias y otros diezmos, aduanas y almojarifazgos, salinas, servicio y montazgos, y otras rentas y pechos y derechos, así de merced por vida, como de juro de heredad (1).

En la historia particular de Aragón, hay sucesos y resoluciones semejantes á los referidos. También al lado de las leyes que reconocían en los príncipes reinantes la libre facultad de enagenar, se encuentran otras que los restringían. Es la más importante de todas, y á la que con frecuencia se refieren las demás, la promulgada por D. Pedro II en las Cortes de Valencia de 1396, con el objeto de remediar los muchos daños y escándalos, y la considerable disminución de las rentas y derechos del Patrimonio Real, que se habían originado del exceso de concesiones temporales y perpétuas, hechas por título oneroso ó por servicios, de fortalezas y lugares (2).

Los jurisconsultos, al explicar y resolver estas cuestiones, discreparon en sus dictámenes, viniendo á formarse tres teorías ó escuelas distintas: una que concedía á los soberanos el derecho incondicional de donar cualesquiera propiedades del Reino, así los bienes de su patrimonio como las ciudades y las fortalezas (3); otra que sólo creía legítimo ese derecho cuando por la enagenación no resultase lesión notable al reino (4); y otra, en fin, que negaba absolutamente la facultad de enagenar, aun cuando el daño fuese mediano, y no exceptuaba sino el caso de un perjuicio ínfimo é insignificante (5).

(1) Ley 12, tít. V, lib. III. Nov.
(2) Este y otros muchos documentos análogos están insertos en la numerosa colección que va unida al ya citado Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el reino de Valencia.—Valencia, tres tomos en fólio.—1784, 1785 y 1786.
(3) Non solum quaelibet bona Coronae valeat donare et alienare, sed etiam unam civitatem vel oppidum regni.—Portugal, De Donationibus regis, libro II, cap. IV, núm. 6.
(4) Unum tamen in hoc advertendum est.... Regis autem donatio aut alienatio de bonis regni facta, valet dummodo non ex ea ingens regni læsio contingat.—Molina, de Hisp. primog., libro I, cap. III, núm. 16.
(5) Campomanes (Tratado de la Regalía de Amortización, cap. I, párrafos 47 y 48), expone en los términos siguientes la doctrina de uno de estos autores:
"Don Fernando Vázquez Menchaca niega absolutamente que el príncipe
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BAJO LA MONARQUÍA ABSOLUTA.

La mayor parte de los autores, desatendiendo la legislación patria, fundaban sus argumentos en razones meramente filosóficas, y con más frecuencia en las citas del derecho romano (1); pero en el siglo XVIII, cuando la Administración pública emprendió con tenaz empeño la tarea de reincorporar á la Corona los bienes que de ella habían sido indebidamente separados, los trabajos de los Fiscales y los fallos del Consejo formaron una jurisprudencia fija. Tres eran entonces las principales clases de reversiones: las que debían realizarse por haber faltado la sucesión directa de los donatarios, según los términos del testamento de D. Enrique II, confirmado y explicado por la ley de Felipe V; las que correspondía hacer para restringir ó anular las mercedes excesivas de Enrique IV, y de los Reyes Católicos, en cumplimiento de las diversas disposiciones contenidas en la ley de estos últimos; y las referentes á otras donaciones ó enagenaciones abusivas, á las cuales se aplicaban por analogía las mismas reglas que á las anteriores.

V.

La lectura de todas las leyes citadas, así de Castilla como de Aragón, prueba claramente que las prohibiciones impuestas á los monarcas sobre enagenar bienes, no se referían á los de aquella

puede enagenar parte alguna de su Patrimonio, no sólo cuando el daño sea enorme contra el Estado por virtud de la tal enagenación ó concesión de privilegio, sino aun cuando fuése mediocre, y exceptúa sólo el caso de un mínimo perjuicio y accidental. La razón de decidir consiste en que el pueblo, al tiempo de trasladar por la ley régia la autoridad en el soberano, se entiende fué con el pacto de mantener inseparablemente unidas á la Corona todas las principales regalias: de manera que por la suma profusión de ellas no se recreciesen al Pueblo nuevos gravámenes, enflaquecida la entrada regular del Erario; y donde no milita la ley régia, como en España, entran los pactos convenidos con el soberano, de que hay varios ejemplos propios de nuestro caso en las Cortes y leyes sacadas de ellas (Menchaca, controversias.—Contr. 6, núm. 24).

(1) Pueden verse noticias de muchos de los autores que escribieron de esta materia, en la citada obra de Branchat, Tratado de los derechos del Real Patrimonio, cap. I, notas 59 y 60; y en los Estudios histórico-legales de los derechos de los Reyes de España sobre los bienes comprendidos bajo la denominación de Real Patrimonio, por el Excmo. Sr. D. José María Monreal, notas 25 y siguientes.
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clase que la ley de Partida quiere que sean quitamente del rey, sino á las ciudades y otros lugares que forman parte esencial del Reino y á las rentas que constituyen el Fisco ó Hacienda pública; pero como con frecuencia emplean las palabras Patrimonio Real, conviene agregar aquí algunos ejemplos que prueben hasta la evidencia que los legisladores, los jurisconsultos y los historiadores han usado durante largo tiempo dichas palabras en un sentido mucho más lato y genérico que el que hoy tienen. Sólo no haciendo esta necesaria distinción, han podido algunos incurrir en el error de aplicar al Real Patrimonio privado las leyes que prohibían las mercedes régias.

Hernando del Pulgar, tratando del despilfarro de la Hacienda pública en el reinado de D. Enrique IV, se expresa así: «Y esta disipación del patrimonio é rentas reales vino á tanta corrupción, que se vendian alcabalas del rey D. Enrique en blanco de merced de juro de heredad, para cualquiera que las quería comprar por poco dinero. E todos estos maravéis se situaban en las rentas de las alcabalas, é tercias é otras rentas del reyno, de manera que el rey no tenía en ellas cosa ninguna....» (1). Y en otra parte, describiendo el carácter de la Reina Doña Isabel, dice el mismo autor: «Érale imputado que no era franca, porque no daba vasallos de su patrimonio á los que en aquellos tiempos la sirvieron. Verdad es, que con tanta diligencia guardaba lo de la corona real, que pocas mercedes de villas, é tierras, le vimos en nuestros tiempos hacer, porque falló muchas de ellas enagenadas» (2).

El Conde de Campomanes, esforzándose por probar los males de la excesiva amortización eclesiástica, se expresaba de este modo: «No cabe duda en que la enagenacion de los bienes raíces y derechos incorporales que recaen en los exentos, disminuyen notablemente el Real Patrimonio....» (3). Y más adelante: «Sólo el que tiene el supremo mando y autoridad en el Reino ó República civil es capaz de conceder esencion de tributos; cuya esencion es una enagenacion del Patrimonio Real que á ningun particular es licita, ni á otra autoridad que á sola la del Príncipe» (4).

(1) Crónica de los señores Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, part. 2.a, cap. XCV.
(2) Ibídem, año 1475, cap. IV.
(3) Tratado de la Regalia de Amortización, prólogo.
(4) Cap. I, par. 44.
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BAJO LA MONARQUÍA ABSOLUTA.

En las emorias dirigidas á los reyes por los Secretarios del Despacho de Hacienda, y por las Juntas creadas para arbitrar recursos, se encuentra con frecuencia llamar Real Patrimonio á lo que hoy decimos Rentas públicas. La Junta, encargada por Real orden de 10 de Mayo de 1687 de informar sobre una consulta del Marques de los Velez, decia al rey, después de manifestarle la mala situacion de las clases contribuyentes: «En este estado se halla, Señor, el Real Patrimonio de V. M., de rentas y vasallos; y siendo preciso el graduar las dos mayores obligaciones que concurren entre sí opuestas, de dotar los cargos forzosos de la corona, y de la causa pública, y aliviar de los tributos que no pueden pagar los vasallos, propone á V. M. la Junta.... etc.» (1). Otra junta de ministros, decia á D. Felipe V en 15 de Julio de 1737, siendo Secretario del despacho de Hacienda el Marques de Torrenueva: «Por el mapa que va unido á esta consulta que se ha presentado en la junta, y pasa á las Reales manos de V. M. consta, que todo el producto annual de las rentas del Patrimonio, así arrendadas como administradas, incluyendo concesiones apostólicas de cruzada, subsidio y excusado, efectos extraordinarios, y ramos accidentales, sin excepcion de alguno, asciende á 21.100.758 escudos de vellon en que no se comprenden los caudales de Indias....» (2). El Ministro D. Pedro Lerena, explicando en 1790 el estado de la Hacienda, en una exposicion que elevaba al Sr. Don Carlos IV, empezaba de este modo á tratar de la renta del tabaco: «Esta renta es una de las más pingües y más autorizadas del Real Patrimonio, y desde el año de 1731 en que cesaron los asentistas, se administra de cuenta de la Real Hacienda.» (3).

El conocido economista Martinez de la Mata dice: «Tuvo el Patrimonio Real librados sus aumentos y conservacion en el rico comercio que siempre tuvieron entablado los vasallos en todas las regiones del mundo por medio de la fábrica de sus preciosas mercaderías» (4). Desempeño del Patrimonio Real llamaba Valle de la Cerda á su célebre proyecto de Erarios públicos. A la Corona y

(1) Diccionario de Hacienda, por D. José Canga-Argüelles, artículo Memorias.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Epítome de discursos políticos, pág. 3, núm. 20.