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no se impone al vulgo iliterato, porque la razon siempre acaba por tener razon. Bien lo conocia el sabio Leibnitz cuando escribió: «Dadme la instruccion pública durante un siglo, y yo mudaré la faz del mundo.»

Así, pues, el Estado no debe renunciar á toda intervencion en la pública enseñanza, ni extender tanto la accion comun, que despoje de su derecho al individuo. El Estado no puede mirar con estóica indiferencia que los particulares adquieran ó no adquieran ciertas nociones elementales y necesarias al hombre y al ciudadano, so pena de suicidio. Si hubiese algun pueblo en la tierra tan generalmente instruido, tan capaz de instruir á la infancia y á la juventud, y tan solicito por derramar los beneficios de la instruccion que se bastara á sí propio, el Estado haria bien en descargar este peso sobre sus robustos hombros; pero si fuese ignorante, descuidado ó perezoso, haria mejor en dirigir, proteger, estimular y aun obligar á dar y recibir la instruccion conveniente, supliendo con la intervencion oficial la falta de actividad espontánea que siempre denota un espíritu inculto. No, no tendria disculpa un Estado indiferente al progreso de la instruccion pública, el único y verdadero medio, según Carnot, de elevar por grados á la dignidad de hombre á todos los individuos de la especie humana, ni el que depositase su confianza en un pueblo rudo é inerte como España, donde apenas salen los ayuntamientos de la tutela administrativa, suprimen las escuelas á millares.

Pero ¿y la libertad de enseñanza? ¿No es un derecho individual? ¿No es una conquista de la revolucion?—Unos escribieron en su bandera: ¡viva la libertad de enseñanza! sin saber lo que pedian: otros la incluyeron en el catalogo de los derechos individuales, ampliando la definicion dogmática de 1789: otros, en fin, aplicaron á esta cuestion compleja el criterio de la economia politica, y dijeron: enseñar es una industria que debe regirse por las leyes ordinarias de la produccion y el consumo. Sea, pues, la enseñanza libre, y libre la competencia. Para que el triunfo de la doctrina individualista se complete, así como ni el Estado ni las provincias ni los pueblos mantienen fábricas, tampoco abrirán ni dotarán escuelas.

No moveremos controversia sobre este punto, porque nos llevaría muy lejos, siendo además innecesaria á nuestro objeto. Hoy por hoy, la cuestion debe plantearse en los términos siguientes:
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La enseñanza en todos sus grados no puede menos de ser á un tiempo literaria, moral y religiosa. Ahora bien: ó la Constitucion del Estado consagra la unidad, ó otorga la libertad de cultos. Si lo primero, la enseñanza no será libre; si lo segundo, es preciso que lo sea.

Cuando el Estado se obligare á conservar intacto el depósito de la fe, sería absurdo tolerar que las nuevas generaciones recibiesen una instruccion capaz de comover ó destruir la religion establecida; mas si, por el contrario, el Estado se declara neutral en la lucha de las conciencias, cada culto necesita un templo, y cada templo una escuela. La ley, indiferente á la verdad como al error, no autoriza al gobierno para impedir que los hijos sean educados en la religion que aman y profesan sus padres, ó otra, ó ninguna.

Aceptado el principio de la libertad de enseñanza, ¿quiere decir que al Estado se niegue toda intervencion, de modo que no existan establecimientos publicos, ni sobre los particulares se ejerza cierta inspeccion en defensa del orden y por respeto á la moral?

No; nada tiene de comun la libertad de enseñanza con el completo abandono de la instruccion pública á una especulacion codiciosa, á los manejos de una secta ó partido, ó á las encontradas corrientes del vulgo, no versado en ciencias ni letras humanas.

Libertad de enseñanza es la institucion libre y la libre competencia de las escuelas y doctrinas, de los métodos y maestros. Libertad de enseñanza es la abolicion de todo privilegio, de todo monopolio; lo cual no impide que al lado de los establecimientos particulares se levanten otros publicos, costeados y dirigidos por el Estado con su regimen y disciplina. La accion comun debe respetar los derechos del individuo y de la familia, pero no sacrificarles los intereses de la sociedad.

Lo mismo en Francia que en Prusia, la libertad de enseñanza no obsta para que el Estado se reserve el derecho de conceder ó negar una autorizacion revocable, cuando un particular se propone abrir un establecimiento de instruccion publica. No la rehusará á nadie que ofrezca razonables garantias de inteligencia y moralidad; y en cambio se evitará el peligro de que la juventud se extravie y per- vierta, entregada sin defensa á la torpe ó viciosa direccion de un mal ciudadano.

Bélgica practica en toda su extension la libertad de enseñanza, y sin embargo hay allí dos universidades del Estado, la de Gante
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y la de Lieja, además de la libre de Bruselas y la católica de Lovaina. Sirva esto de advertencia á muchos que por libertad de enseñanza entienden la instrucción pública abandonada á sí misma y convertida en una industria privada.

Pues con todo eso no es Bélgica la nación donde más florecen las ciencias y las letras. Alemania es el cerebro de la Europa, la patria natural de las profundas cavilaciones de los filósofos, teólogos y jurisconsultos que arrojan al viento buenas y malas semillas, y las entregan al cultivo de quien de ellas se enamora; y Francia es la oficina donde se pulen y abrillantan las ideas, se generalizan, se aderezan en forma de sistema, y se ponen al alcance de los méritos doctos, ó de los doctos poco familiarizados con el abstracto lenguaje de los sabios de allende el Rhin. Ambos pueblos son cada uno, según su genio, lumbreras de la humanidad en este siglo; y cierto no alcanzaron tanta gloria y fortuna por el camino de la libertad absoluta de enseñanza, puesto que no la gozan sino muy á medias, y muy sujeta á peso y medida.

Acá en España, donde abunda más la viveza de la imaginación que la madurez del juicio, y donde el fanatismo político ha sustituido al religioso, solemos inclinarnos á las soluciones prontas y radicales. Diez años vivió la ley de Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857, la cual, sino era perfecta, porque no pueden serlo las obras de los hombres, descansaba en principios sanos y verdaderos, cuyo desenvolvimiento se prestaba á mejores sucesivas. Como la unidad religiosa no se compadece con la enseñanza libre, debía el gobierno abstenerse de proclamarla y establecerla; pero facilitando la doméstica mostraba respeto á los derechos del individuo y la familia, y permitiendo abrir escuelas y colegios privados, renunciaba al monopolio oficial de la instrucción primaria y secundaria. La superior estaba exclusivamente á cargo del Estado, como hoy sucede en Francia, á pesar de las solemnes promesas de 1830 y de la posterior resurrección de los principios de 1789.

Un Ministerio de triste recordación concibió en mala hora el pensamiento de dar grande participación al clero en la instrucción pública contra la política tradicional del partido moderado que, sobre todo desde 1845, tomó por norte la completa secularización de la enseñanza. Llevóse al cabo la imprudente reforma; murmuraron las Universidades y se alejaron del gobierno, á cuya sombra
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se hizo una guerra sistemática á las instituciones seglares de instrucción pública; toda doctrina liberal fué reputada sospechosa de herejía; alteráronse los ánimos con esta reacción insensata, y colmada la medida de los desaciertos, vino en España la revolución de Setiembre en 1868 por los mismos pasos y términos que en Francia la de Julio de 1830. ¡Grande lección para los reyes y los ministros cortesanos, si los hombres fueran capaces de escarmiento! ¡Funesta ambición la de Polignac y otros consejeros que unieron su nombre á la caída de un trono y á la desaparición de una dinastía!

Había la Junta superior de Madrid publicado una declaración de derechos, entre los cuales se comprendía la libertad de enseñanza; y el Gobierno Provisional, sin más examen, se creyó obligado á practicarla. En tiempos normales deberíamos condenar el acto como una manifiesta usurpación de la prerrogativa de las Cortes; mas ¿quién pide cuentas á la dictadura? Harto mejor hubiera sido volver de buen grado á la legalidad existente en Octubre de 1867, y escogerla por punto de partida de ulteriores reformas acordadas después de madura deliberación en el Congreso de los Diputados, que restablecerla en la apariencia y en la realidad anularla con una confusa multitud de disposiciones parciales, inconexas, divergentes ó contradictorias, imposibles algunas, otras ineficaces, dictadas las más sin conocimiento de los hombres y de los pueblos á quienes obligan, y tal cual, después de preconizada como una inestimable conquista de la revolución, hoy revocada, porque en vez de los ponderados beneficios, sólo produjo tristes desengaños.

Loable es la conducta de un ministro, que posponiendo el amor propio al bien público, confiesa el error cometido y lo enmienda; pero es mucho mejor no cometerlo, y sobre todo no vanagloriarse de un triunfo, cuando méños, dudoso, bajo la fé de una gárrula ciencia que jamás admitió la razón de Estado, y sin consejo de personas ó corporaciones competentes y expertas en negocio tan árduo. ¿Qué confianza pueden inspirar á la nación la sabiduría y prudencia de un gobierno que á los primeros pasos retrocede ante obstáculos de todos previstos y por todos advertidos como insuperables? La historia vulgar celebra los políticos que destruyen; la no vulgar sólo á los que edifican consagra un recuerdo.
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V.

El gobierno superior de la instrucción pública ofrece no pocas dificultades, unas derivadas de la naturaleza de las funciones propias de la enseñanza, y otras del carácter que imprime el ejercicio de una profesión modesta, pero noble, y propensa á ciertas flaquezas de espíritu que engendran la disculpable presunción del saber y el genio vidrioso de los hombres habituados á contemplar el mundo desde las alturas del pensamiento. Las ideas cruzan el aire como los relámpagos, y se elevan sobre los hechos tanto, cuanto dista el cielo de la tierra.

Así, pues, no se presta la instrucción pública á la organización propia de un verdadero servicio administrativo. No puede el gobierno hacer uso de una autoridad positiva y directa en las cosas pertenecientes al orden intelectual. No manda en la palabra del profesor, y mucho menos rige su pensamiento; no impone doctrinas. Quédále el recurso de ejercer saludable influencia en el ánimo de todos ellos, para lo cual es preciso que los llame á sí y dé el ejemplo de rodearlos de consideración y respeto. No pedimos que el ministro de la Instrucción pública sea un sabio; pero si deseamos sea un amigo sincero de las ciencias y las letras. La ley de Instrucción pública, por lo que atañe á las relaciones del gobierno con el cuerpo de profesores de carácter oficial, debe descansar en el principio de la confianza. El celo, la abnegación, el sacrificio, se obtendrán con una ley de amor; no por medio de una humillante disciplina que mata la enseñanza, porque la milicia togada se rebela contra la obediencia pasiva.

Pueden las extrañas vicisitudes de nuestra política elevar al ministerio de Instrucción pública á un hombre de dudosa competencia en materia tan grave y delicada, ó faltó del prestigio necesario para granjearse la voluntad y aun el apoyo de los profesores, inspirarles sus ideas y ganarlos á su causa; único modo de introducir en la enseñanza reformas eficaces, que no desdeñaron ministros de grande sabiduría, pero como sabios, cuerdo y prudentes al extremo de no intentarlas siquiera, sin haber antes obtenido la
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colaboracion de las eminencias, gloria y ornato de las escuelas superiores.

Este inconveniente se obvia ó atenúa instituyendo un alto Consejo de Instruccion pública, compuesto de personas de autoridad, doctas ó experimentadas en la enseñanza, y revistiéndole con facultades que al mismo tiempo impriman el sello del acierto á los actos del ministro y pongan coto á lo arbitrario. Del Consejo sacará el Gobierno la fuerza moral que tanto há menester, y por si sólo no tiene.

Habíalo en España desde 1847; reorganizóse en virtud de la ley de 9 de Setiembre de 1857; padeció persecucion en 1867, y fué muerto y sepultado en el olvido por la última revolucion consumada en nombre de la libertad. No fué nunca, ni por asomo, una institucion politica, hasta que el ciego espíritu de la reaccion penetró en la enseñanza, para que nada se salvase del furor y estrago de nuestras discordias civiles. Era un cuerpo consultivo, fiel depositario de la jurisprudencia y tradiciones tocantes á los diversos ramos de la instruccion pública, y el más fuerte escudo de la justa y legitima independencia del profesor, hoy más que nunca desarmado ante la cólera y venganza de los partidos, ó expuesto al impetuoso oleaje de las pasiones populares. Toda institucion que limita el arbitrio de los ministros sin menoscabo de la autoridad necesaria al gobierno, sabe ser lisa y llanamente aceptada como un principio de la escuela liberal, sopena de que se diga de los hombres politicos que se sirven de dos lenguas, una en el poder y otra en la oposicion.

No es maravilla si en la Gran Bretaña no existe consejo, porque allí tampoco hay ministerio de instruccion pública. Sus famosas Universidades de Oxford, Cambridge, Edimburgo, Dublin y otras mémos principales conservan todavía el regimen propio dela Edad Media, es decir, una verdadera independencia del Estado, y una organizacion interior fundada en el privilegio. Aquel pueblo aborrece instintivamente la unidad, vive de gloriosos recuerdos, y sabe suplir la falta de un sistema general de enseñanza con el celo exquisito de multitud de corporaciones y el buen sentido de los particulares. Con todo eso, acaso no se halle lejano el dia en que, renovándose la proposicion presentada al Parlamento por lord John Russell en 1858, al fin se establezca en la Gran Bretaña un ministerio especial de instruccion pública, que no dejará de ir acompa-
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los Papas admiten el dominio directo y absoluto sobre lo espiritual, con perfecta independencia de lo civil, y el indirecto además sobre lo temporal, á causa de ser los dos inseparables en ocasiones; tercera, la de Bossuet y los galicanos, que sobre lo espiritual reconocen el poder directo á los Papas, y sobre lo temporal les niegan el poder indirecto del todo, proclamando que sólo en la soberanía civil se halla la independencia perfecta. Nuestros teólogos y jurisconsultos regalistas sostienen la mutua independencia de las dos potestades en lo concerniente al gobierno peculiar de cada una, y su dependencia recíproca en lo que tiene cada cual intrínsecamente obligatorio respecto de la otra. Desde el célebre Tostado, admiración del concilio de Basilea, una serie no interrumpida y brillante de teólogos y de canonistas generalizó los estudios eclesiásticos é interesó al trono contra los abusos de la curia romana. Quizás el célebre D. Antonio Agustín fué quien más sobresalió por la erudición y la sensatez en Europa, al impugnar las falsas decretales. Tanto cundieron estos trabajos de crítica, y fueron labrando la opinión de tal modo, que en tiempo de Felipe IV se presentó un memorial de agravios de la romana curia á las Cortes, y que en contra de ellos representaron al Sumo Pontífice, de orden del Monarca, D. Juan Chumacero como Consejero de Castilla, y D. Domingo Pimentel como Prelado. A un mismo tiempo corresponden tan importantes documentos como el Dictámen del Obispo D. Francisco Solís, y el Memorial de D. Melchor Rafael de Macanaz sobre el mismo asunto. Justa pareció á los jesuitas Robinet y Ramírez del Olmo la ruptura de relaciones de Felipe V con Roma. A la celebración de los Concordatos de 1737 y de 1753 cooperaron por igual teólogos y jurisconsultos. Personas eclesiásticas aprobaron el Tratado de la Regalia de Amortización de Campomanes. Cinco prelados pertenecieron al Consejo Extraordinario que propuso el extrañamiento de los Jesuitas y la ocupación de sus temporalidades, y todos autorizaron la publicación del Juicio imparcial del Monitorio contra Parma. Fray Benito Jerónimo Feijóo encomiaba ardorosamente el alto mérito del insigne jurisconsulto D. Francisco Salgado, cuyas obras tenían el anatema de la congregación del Índice de Roma. Don Antonio Tavira ciñóse en tiempos de Carlos III la mitra de Salamanca, y también sostuvo la independencia del poder civil en los negocios temporales. Así fué aquí hecho culminante y notorio por parte de nuestros teólogos
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ñado de su Consejo, como institucion necesaria para moderar el exceso de la centralizacion, allí más que en parte alguna, mal recibida por sospechosa á la libertad.

Napoleon I., que á todas las creaciones de su génio imprimia el sello de una potestad absoluta y una severa disciplina, erigió en Francia la Universidad, y la fundó sobre el principio que la educacion pertenece al Estado, sin guardar respeto á los derechos de la Iglesia, de la familia ó la industria privada. Este cuerpo docente tenía á su cabeza un gran maestre, en quien se reflejaba la autoridad del Emperador; mas tambien habia un Consejo superior con voto deliberativo en todos los proyectos de estatutos y reglamentos, en las cuestiones de policía, contabilidad y otros de administracion general, y en ciertos casos ejercia jurisdiccion.

La Restauracion, aunque en el fondo hostil á la Universidad, respetó aquella gloria de Francia, y aun mejoró la organizacion de la pública enseñanza, porque al fin la Carta, en cuanto consagraba la libertad de los ciudadanos y la responsabilidad del poder, habia de dar y dió frutos no escasos, ni agenos al progreso de las ciencias y las letras. Entónces desaparecieron el gran maestre y el Consejo de la Universidad, instituidos en 1808, para remplazarlos con una Comision de Instruccion pública compuesta de hombres superiores; y como no dependia de ningun ministerio, con razon se dijo que entónces el gobierno de la Universidad estaba en la Universidad.

La revolucion de Julio mudó el semblante de la politica en la nacion vecina; pero no trastornó los cimientos de la institucion imperial. La Carta de 1830 habia ofrecido leyes especiales de instruccion pública y libertad de enseñanza, promesas que, en efecto, aunque con cierta parsimonia y timidez, poco á poco se cumplieron. Cesó por aquel tiempo la Comision de instruccion pública, y se restableció el antiguo Consejo que participaba de la deliberacion y la accion, al punto de inspirar recelos y desconfianzas, ya por ser muchas y grandes sus facultades, y ya por el caracter de inamovibles que á los consejeros honraba.

La Constitucion de 1848 proclamo la libertad de enseñanza, pero conforme á las leyes organicas, en cuanto á las condiciones de moralidad y capacidad y á la suprema vigilancia del Estado. La ley de 13 de Marzo de 1850, desarrollando este principio, procuró conciliar los derechos de la sociedad con los del individuo y la fami-
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lia; es decir, que hay establecimientos públicos dirigidos por el gobierno, ajustados á un plan uniforme y sujetos á rigorosa disciplina, y otros particulares y libres que el gobierno autoriza prévios ciertos requisitos, vigila é inspecciona y acaso proteje; todo ello bajo la dependencia del Ministro y de un Consejo imperial de Instruccion pública á quien puede ó debe consultar en multitud de negocios facultativos, administrativos, disciplinares ó contenciosos.

En fin, Francia, desde la creacion de la Universidad, ensayó muy distintas formas de gobierno: el primer Imperio, la Restauracion, la Monarquia de Julio, la Republica y el segundo Imperio. La enseñanza participó más ó menos de las vicisitudes politicas; pero, aunque no siempre hubo ministerio, jamás ni un sólo momento dejó de haber Consejo de Instruccion pública. Estaba reservado á España dar el ejemplo de la suprema inteligencia ligada á la soberania popular, cuando al proclamar la libertad de enseñanza se introdujo la anarquia en las escuelas; y el de la dictadura moral en medio de una revolucion, cuando la instruccion publica se rebajó al nivel del más vulgar servicio administrativo, donde todo se ordena por via de autoridad, cuya omnipotencia no se compadece con la intervencion moderadora de un elevado Consejo.

¿Y qué dirémos de Alemania? ¿De esa misma Alemania adonde fueron nuestros hombres de Setiembre á inspirarse para dictar las leyes protectoras de la enseñanza libre? Allí no se conoce otra organizacion superior de la Instruccion pública que un Consejo presidido por un ministro. Allí se temió que un ministro sólo, sin ningun contrapeso, el dia méns pensado, á tuertas ó á derechas, reformase los reglamentos, y distribuyese los ascensos según el favor, y no según el mérito respectivo. Allí se creyó que la ciencia de un ministro sólo, por grande que sea, no puede abarcar todos los ramos del saber humano. Allí se reflexionó que un ministro sin Consejo está en peligro próximo de sucumbir á influencias exteriores y agenas á los intereses de la enseñanza. Allí, por último, llegaron á persuadirse de que un Consejo compuesto de hombres notables por sus servicios á la instruccion pública, era el más firme apoyo y el más poderoso auxiliar del mejor ministro.

En efecto, el ministerio de Instruccion pública no es, propiamente hablando, un centro de autoridad, sino más bien una direccion moral y facultativa, que requiere multitud de conocimientos
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variados y profundos, para resolver diversas cuestiones, que casi siempre toman el carácter de científicas. No se trata sólo de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos, sino de reformarlos, disipar las dudas, remover obstáculos, crear ó suprimir escuelas, organizar el profesorado, escoger hombres competentes, ordenar los estudios y corregir los abusos de la enseñanza sin ofensa del derecho; todo lo cual reclama la intervención de un Consejo. No será del agrado de las medianías intrigantes; pero merecerá el aplauso de los hombres imparciales y de aquellas que nada esperan del arbitrio ministerial.

La jactancia española se atrevió á más que se atrevieron Francia, Prusia, Sajonia, Sajonia-Wcimar, Francfort y otros pueblos de Europa conocidos en el mundo por el estado floreciente de la enseñanza. El tiempo, gran descubridor de verdades, nos dirá quién vá por mejor camino. Por ahora una reflexión se nos ocurre.

El principio de la libertad de enseñanza, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni en otra nación alguna disminuyó, antes acrecentó la necesidad de un Consejo superior de Instrucción pública, porque á méños autoridad directa y positiva, corresponde más fuerza moral.

Por aquí se deslizaba la pluma, cuando llegó á nuestras manos el proyecto de ley de enseñanza que el Gobierno presentó al Congreso en la sesión del 23 de Abril próximo pasado. Lo leimos con avidez y hallamos reconocida la necesidad de un Consejo, puesto que se propone la creación de una Junta general de Instrucción pública compuesta de cinco individuos de la Academia nacional nombrados por la misma; diez catedráticos elegidos por los claustros de las Universidades; otros diez elegidos por los claustros de los Institutos; diez maestros de primera enseñanza elegidos por todos los de la misma clase, y por último, diez personas ilustradas, de las cuales cinco por lo méños deben ser profesores particulares elegidos por el Gobierno.

Está reconocida en principio la necesidad de un Consejo superior de Instrucción pública; pero ¿responde la organización de la Junta á lo que debe ser en autoridad y dignidad, en ciencia y experiencia un alto cuerpo consultivo del gobierno en materia de enseñanza? ¿Hay algo parecido en nuestra historia ó en la agena que acredite la novedad, ó es el mero ensayo de una idea peregrina?