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Revista de España (1869-05-01 00:00:00), página 245

PRESIDENCIA. No hace todavía muchos años que la Secretaría de la Presidencia,—según en otro lugar hemos indicado,—se componía exclusivamente de dos ó tres empleados que formaban lo que en otros países suele llamarse «Gabinete particular del Ministro» y nosotros hemos antiguamente denominado «negociado de Subsecretaría.» El personal necesario para sus trabajos, escasos por lo común y poco importantes, no debe pasar hoy de lo que fué en otros tiempos: el Consejo de Estado podría proporcionar uno de sus oficiales y la Estadística otros dos ó tres, sin que las atenciones de estas dependencias sufrieran nada. De este modo la Secretaría de la Presidencia quedaría reducida,—contando con aquellos empleados,—á tres escribientes, dos porteros, dos ordenanzas y un mozo: el gasto sería de 55.000 rs. anuales, en vez de 251.000 asignados en el presupuesto corriente y se obtendría una economía de 196.000 rs.

En el material de la Presidencia, además de 180.000 rs. para gustos generales se consignan hoy 60.000 para representación; estas dos partidas deben refundirse en una y no pasar de 120.000: en todos los gastos de esta naturaleza es indispensable partir de la base de que la Nación es pobre y no puede permitirse el menor lujo.

CONSEJO DE ESTADO. Este alto cuerpo ha pasado recientemente por la reforma de que se prescinda, sin prévia derogación expresa, de las categorías que antes daban entrada en su seno, y por la de que se traslade á otra corporación el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos. Estas medidas han privado al Consejo de una gran parte de su importancia; pero dentro de las atribuciones que se le han dejado, es un poderoso auxilio, á la vez que una eficaz garantía de acierto, en los negocios administrativos. Cabe de todas maneras llevar la economía á sus gastos, si se examina la forma en que se preparan sus consultas.

Diariamente se oye la queja de que los negocios administrativos son sometidos á una tramitación larga y excesiva; algunos empleados contestan que esta opinión es una vulgaridad: nosotros creemos que esa voz no se equivoca. Veamos cómo se tramitan en realidad los negocios: entra una exposición en un Ministerio,—y suponemos que no encierra reclamación contra un acto de la administración provincial, porque en este caso la tramitación sería más larga;—pasa al registro general; es enviada después al
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negociado; se extracta; se pone nota, que con mucha frecuencia se reduce á proponer que se oiga al Consejo de Estado; se da cuenta al Subsecretario ó al Ministro; se pone la minuta de la orden de remisión, que pasa á los escribientes para que la copien; se recoge la firma del Ministro ó del Subsecretario; se envía al registro general para que tome nota de la salida; entra en el Consejo de Estado, y nuevamente se registra; nuevamente se extracta (trabajo á veces largo) por un oficial de este cuerpo; se hace por el mismo un proyecto de informe; se da cuenta en la sección correspondiente, que con muchísima frecuencia—con tanta frecuencia como que es lo general,—discute y despacha en vista de aquel proyecto, sin que haya necesidad de que un Consejero, por sí mismo, estudie el negocio y llene las funciones de ponente, si bien cualquiera de los de la sección tiene el derecho de hacerlo; se remite el expediente á la Secretaría general para que dé cuenta en Consejo pleno (en los casos en que éste ha de ser oído); recae el correspondiente acuerdo; vuelve el negocio al Ministerio; el oficial, siguiendo una práctica, más ó menos conforme con la ley, pone otra nota sobre la consulta del Consejo; se da cuenta al Ministro y recae por fin la resolución que se considera justa.

Este sistema proporciona gran comodidad á un oficial de Secretaría—(entre los cuales hay sin duda muchos laboriosos y entendidos)—que tema fatigarse, y que proponiendo primero que se oiga al Consejo, y después que se resuelva de conformidad con la consulta evacuada, encuentra un medio expedito de dejar terminados los asuntos que están á su cargo. Otra cosa sería, y mucho tiempo se adelantaria, si los extractos del Ministerio, siempre con informe del oficial, se enviaran al Consejo, y el negocio, inmediatamente después de registrado en este Cuerpo, pasara, sin necesidad de nuevo extracto, á un Consejero ponente, que por sí—y constando siempre su nombre en la consulta—redactara el proyecto de ésta y diera cuenta en la sección correspondiente. De este modo la resolución de los negocios ganaría en rapidez, á la vez que en garantías de acierto, y se economizarían los sueldos de una gran parte de los oficiales del Consejo, cuya práctica y conocimientos tendrían muy útil empleo en otras dependencias. Bastaría que en cada sección quedaran dos oficiales que llevaran los registros de ella y que se supliieran uno á otro, además del destinado á la Presidencia.
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En cuanto á los Consejeros se debería dejar cuatro en cada sección en vez de los cinco que hoy existen; la dificultad que este número presenta para constituir una mayoría, se resuelve dando voto de calidad, en caso de empate, al Presidente.

La economía que estas reformas proporcionarian en el crédito señalado hoy para el Consejo—(comprendiendo la que ya se ha hecho en lo Contencioso-administrativo)—y la de 10.000 reales que es posible hacer en el material, ascenderian á 1.356.000 reales, hecha comparación con el actual presupuesto.

ESTADISTICA. Los trabajos que en este concepto se comprenden, son de absoluta necesidad para que la Administración deje de marchar á ciegas, según ha sucedido casi siempre hasta ahora: las operaciones catastrales principalmente exigen un vigoroso impulso. Es peligroso comprometer estos servicios; caben en ellos, sin embargo, algunas economías.

El Vicepresidente de la Junta debe ser alguno de los muchos Ministros cesantes que tienen 40.000 reales de haber pasivo, y la actual gratificación quedaría reducida á 20.000; en el personal administrativo de la sección de Estadística y Catastro, así como en el de la Administracion provincial, caben 300.000 reales de rebaja y 30.000 en los dos capítulos 6.º y 9.º del Material.

Con estas reformas los gastos de la Presidencia serían los siguientes:

    Presidencia
    175.000

    Consejo de Estado
    1.878.500

    Estadística
    2.534.240

    Ejercicios cerrados (Memoria)

    TOTAL
    4.587.740

Si se compara este total con el de 6.884.240 reales, que figura en el actual Presupuesto, resulta una rebaja de 2.296.500, que excede de una tercera parte del gasto presente.

MINISTERIO DE ESTADO.

El gasto del personal de la Administración central debe quedar reducido á 800.000 reales, y en 60.000 puede la asignación para material rebajarse.
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En el personal del Cuerpo diplomático—suprimiendo las Embajadas, sustituyéndolas con Legaciones, y dejando de estas las absolutamente indispensables—el gasto no debe pasar de 3.400.000 rs.

En el personal del Cuerpo consular pueden suprimirse los Consulados generales establecidos hoy en los puntos en que existen Legaciones. La categoría de estos agentes debe rebajarse; si al mismo tiempo se hace una detenida investigación sobre la importancia del servicio que presta cada Consulado, y se suprimen todos los existentes en puntos, con que España mantiene escaso comercio, es lícito esperar un ahorro de 500.000 reales anuales.

El material del Cuerpo diplomático y consular puede rebajarse en 200.000 reales.

La sección de Correos de Gabinete, cuyo gasto por personal y material sube á 343.000 reales, debe desaparecer por completo; no hay ningún inconveniente en que los pliegos todos del Ministerio de Estado se envíen y se reciban del mismo modo que los que á África, América, Asia y Oceanía se dirigen. Si en alguna ocasión se necesitaran garantías especiales, un empleado del Ministerio no pasaría gran trabajo ni molestia para llevarlos.

De igual modo conviene que desaparezcan por completo los 109.500 reales asignados, por personal y material, para la Orden de San Juan de Jerusalem, desempeñándose este servicio por las Oficinas de las Ordenes de Carlos III, Isabel la Católica y Damas Nobles de María Luisa. En estas mismas dependencias cabe suprimir el sueldo de 36.000 y los dos de 30.000 que hoy cobran el Secretario, el Maestro de ceremonias y el Tesorero; estas plazas deben ser servidas por tres cesantes, con la gratificación de 8.000 reales cada uno, obteniéndose una economía de 72.000 en este artículo del Presupuesto. Los siete oficiales que componen el personal de la Secretaría de las mismas Ordenes pueden quedar reducidos á cuatro, con un ahorro de 34.000 reales; y los gastos extraordinarios, ordinarios y transitorios disminuirse en 40.000 reales, quedando en 58.600 el total de este concepto.

En el capítulo de Gastos diversos cabe una economía de más importancia; los eventuales no deben pasar de 400.000 en vez de 690.000, y los imprevistos de 500.000 en vez de 1.000.000 hoy asignado, ahorrándose 790.000 en estos dos conceptos.

Las economías propuestas en el Ministerio de Estado importan 3.952.500 reales en su conjunto.
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

En las obligaciones del Ministerio de Gracia y Justicia, además de las propiamente designadas con este nombre, están comprendidas las eclesiásticas.

En el personal de la Secretaría, Ordenación de Pagos y Cancillería cabe una disminución de 400.000 reales, y la de 200.000 en el material.

Los gastos del personal de la Administración de justicia son tanto menos susceptibles de reducción, cuanto que estos funcionarios, como todos, habrán de contribuir con el impuesto que por regla general se establezca; pero en el material cabe una economía de 20.000 reales.

Las cantidades presupuestas para las obligaciones eclesiásticas en el ejercicio corriente ascienden á 180.128.570 rs.; cuando la situación del Tesoro es tan apurada como en los momentos presentes, no se puede excusar el sacrificio por todas las clases del Estado. El clero nunca ha sido sordo en España á la voz que la Nación le ha dirigido pidiéndole su concursa en situaciones semejantes á la que atravesamos: no es dudoso que en la actualidad se prestará á recibir como cantidad total la de 150 millones, y que sobre el particular se llegará sin trabajo á una concordia, única manera de proceder en estos casos según nuestras leyes y costumbres.

El resumen de los gastos del Ministerio de Gracia y Justicia será el siguiente:

    Obligaciones de Gracia y Justicia
    30.000.000

    eclesiásticas
    150.000.000

    Total
    180.000.000

resultando por lo tanto sobre los 211.094.070 rs. del actual Presupuesto una rebaja de 31.094.070 en conjunto.
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partido con los legados del Papa. El clero español, antes de fallarse el proceso contra su disciplina, ha representado, y no solo, sino unido con su grey; después de fallado, no se subleva, no desobedece; calla, y acata las órdenes del Rey y del Pontífice. Conservará un altar en Toledo, y guardará en su corazón un cariñoso recuerdo al culto de sus padres y de su patria; pero sacrificará en aras de la unidad católica la libertad de su disciplina. «E llorando todos é doliéndose por este trasmutamiento de Iglesia, levantóse entonces allí este proverbio, que retraen aún hoy en día las gentes y dicen: Do quieren Reyes, allá van leyes.»

Nada fué nacional por algún tiempo; ni las leyes, ni los cánones y las jurisdicciones, ni aun los enlaces de la familia real castellana; mas hubo un hombre como el Cid y una leyenda como su Poema, que serán la protesta perdurable del espíritu nacional contra el espíritu extranjero. Pronto va creciendo además todo lo español con los fueros municipales, vínculo de alianza entre el pueblo y el trono para combatir á los extraños y á los señores. Ayudado un Rey Sábio por los romanistas, compondrá el código de Las Siete Partidas, germen de verdadero progreso, mediante el cual la monarquía absoluta consolidará la nacionalidad española, é igualando las clases y educando al pueblo, le habilitará para que á su tiempo se presente á invocar su derecho de representación ante el Trono: unidamente aspirarán á vivir la Iglesia y el Estado, no luchando ya con la violencia que antes; y en este y en los demás caminos, España se pondrá al frente del movimiento civilizador en la época del Renacimiento y su Iglesia granjeará idéntica gloria. Bajo los Reyes Católicos apremiaban dos necesidades: una la de impedir la provision de beneficios eclesiásticos españoles en la corte romana; otra la de promover los buenos estudios, y corregir en ambos cleros la relajación de las costumbres. Iniciadas fueron las dos reformas por los Cardenales D. Pedro Gonzalez de Mendoza y Fray Francisco Jimenez de Cisneros. Por la libertad y la ciencia sobresalieron nuestros prelados en el concilio Tridentino, impugnando las falsas decretales, y á fin de fijar en la Iglesia católica cierta unidad de vida cristiana. Bunigen er es un escritor protestante, y observa que cuanto más ultramontanos se mostraron allí los prelados españoles en lo del dogma, tanto menos lo fueron en lo de la disciplina; y le asombra tan liberal y atrevido espíritu por un lado y tan intolerante y perseguidor carácter por otro. Entonces y poste-
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MINISTERIO DE LA GUERRA.

Desearíamos vivamente que la naturaleza de una publicación como la Revista permitiera entrar en la comparación, desde el año 1854 hasta la fecha, de cada uno de los 41 capítulos y 85 artículos que componen el presupuesto del Ministerio de la Guerra; nuestro deseo es tanto más sincero, cuanto que confesamos tener hecho este trabajo. En la imposibilidad de darlo á luz ahora, hemos de limitarnos á llamar la atención sobre algunos puntos que nos parecen de importancia grande.

Se nota desde luego que en la Secretaría del Ministerio se duplica innecesariamente la tramitación de los negocios cuya resolución corresponde al Ministro, puesto que, una vez despachados por el Director del Arma, son sometidos á la censura del Oficial de Secretaría, causando este sistema el doble mal de cierto desprestigio para el Director referido y de una dilación innecesaria. Resolvien-do que los Directores de las armas despachen inmediatamente con el Ministro se obtendrá mayor celeridad en la terminación de los negocios; se conservará el prestigio de estos importantes Jefes; se conseguirá por lo pronto una economía de importancia, y para más tarde se obtendrá otra, porque no habrá necesidad de declarar á veces derechos pasivos muy altos á los Oficiales del Ministerio de la Guerra, que tienen una doble naturaleza, civil á la vez que militar, en cuanto á estos goces: hecha esta reforma, bastaría un negociado central en el Ministerio.

La Administración militar merece llamar muy especialmente la atención: se ve con asombro que su gasto, por personal, ha subido desde 4.763.703 rs. en 1856, á 8.873.800, después de haber pasado por más de 10 millones; es decir, que este gasto se ha duplicado en trece años. Tal vez se diga que hoy administra más que entonces: nosotros contestarémos que á esta institución, como á todas, se encuentra el país en el caso de exigir que administre, no más, sino mejor, y que una de las condiciones de la buena administración es la baratura. Ahora bien: al mismo tiempo que el gasto del personal, ha subido el de subsistencias militares desde 32.441.255, en 1855 según las Cuentas, á 55.869.520 en el ejerci-
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cio corriente según el Presupuesto; y los utensilios desde 6.346.499 á 8.215.000 en las mismas fechas.

No son estos hechos los únicos que en la Administración militar hay importantes, sin que se entienda que al hablar de este modo dejamos de suponer ni de reconocer el celo, la probidad y la inteligencia: estos resultados son consecuencia de una defectuosa organización que se ve patente en todas partes, y vamos á probarlo con un caso que puede ocurrir fácilmente.

En cuanto á la contabilidad, el Director no es Director y el Interventor lo es todo, hasta el punto de que la acción del Tribunal de Cuentas, que la índole de sus funciones exige activa, eficaz ó inmediata, es débil y casi nula sobre el expresado primer Jefe, á causa del carácter de General que reviste. Si en uso de las atribuciones que por regla general están á aquel Cuerpo declaradas en determinadas ocasiones, acordara la suspensión del Director de Administración, el cumplimiento de este acuerdo tropezaría con grandes dificultades y probablemente no llegaría á ser un hecho, porque el General-Director encontraría en su graduación militar una defensa que le salvaría. Desde luego surgirían las siguientes cuestiones de una solución difícil y casi imposible: ¿puede un General ser suspendido de su empleo por otra autoridad que por la de un Consejo de Guerra? ¿Es posible que la validez de un acuerdo del Tribunal de Cuentas dependa del de un Consejo de Guerra? Fácilmente se comprende cuál sería el resultado.

La Administración militar necesita, con ciertas modificaciones accidentales, una organización mista semejante á la de la Guardia civil, que depende del Ministerio de Gobernación á la vez que del de la Guerra; el instituto de que hablamos, á la vez que de este último Departamento, tendría dependencia del de Hacienda, no sólo en cuanto á los nombramientos y separaciones; sino también en cuanto á una parte del servicio.

Por último, en las apiñadas columnas de números que forman el Presupuesto de la Guerra, está tratada, y en nuestro sentir mal resuelta, una cuestión económica de mucha trascendencia. Por esa propensión á extenderse que es tal vez inherente á la humanidad, el Ministerio de la Guerra, tanto como el de Marina, y más uno y otro que los demás Departamentos, han procurado crearse una existencia propia e independiente de la Nación, á costa, y aquí está lo extraño del fenómeno de la Nación misma. Ya habrán
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comprendido nuestros lectores que nos referimos á la fabricacion por el Estado.

El país acude al Tesoro público con el importe de las contribuciones; dentro de la masa de contribuyentes están los ganaderos, los fabricantes de fusiles, de pólvora, los fundidores y otros industriales; el Tesoro entrega al Ministerio de la Guerra el importe de los créditos que le están asignados, y este Departamento emplea en parte las cantidades que recibe en crear establecimientos que privan á aquellos contribuyentes de una parte de su natural consumo. Bien sabemos que se intenta defender este sistema diciendo que en un momento dado los fabricantes (tanto valdría decir el país) podrían no querer surtir al ejército de lo que necesitará: si bien se analiza este razonamiento, encontrarémos, á las primeras consecuencias, que el ejército, que es PARTE de la Nación, viene á considerar como enemigo al todo de que ha nacido y por el cual vive.

No se nos oculta que, huyendo de lo absurdo del anterior razonamiento, se dice otras veces que el Estado se hace productor porque el país no lo es de algunas cosas que aquel necesita: prescin- damos por lo pronto de las condiciones especiales de la producción oficial, que con frecuencia se ve en el duro y necesario caso de acudir al extranjero en demanda de lo que ha tomado á su cargo tener fabricado. Prescindamos, repetimos, de este hecho elocuente; si el Estado fabrica porque el país no lo hace, desde el momento que el país lo haga, debe el Estado dejar de ser fabricante. El argumento es completamente lógico; la situación está claramente definida y la cuestión lealmente planteadá: la Administración debe cesar en todas las industrias que existen en la Nación ejercidas por particulares. La fábrica de fusiles de Oviedo no puede mantenerse por cuenta del Estado, ni las de pólvora existentes en diferentes puntos, ni la de armas blancas de Toledo; y por cierto que, enfrente de esta última, ha desaparecido la importante industria que en otros tiempos surtía de espadas, famosas todavía por su temple y su forma, á propios y á extraños. No necesitaron nuestros antiguos Tercios que una fabricación oficial los surtiera de armas para pasear por el mundo la bandera de España, triunfante unas veces, vencida otras, pero siempre gloriosa.

En las industrias oficiales hay que partir de una base fundamental: el Estado debe fabricar únicamente aquello que siéndole
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de absoluta necesidad, no pueda obtenerlo de los particulares; en cuanto á estos mismos últimos productos se encuentra además en el caso de procurar que el país se los suministre. Es imposible que administradores y administrados se coloquen reciprocamente en la situación de enemigos declarados; si como tales empiezan á mirarse, no tardarán mucho en serlo efectivamente: sobre la desconfianza y sobre la antipatía que ésta ha de engendrar, no puede fundarse otra cosa que la mutua ruina.

Algunas opondrán á estas consideraciones que los productos de la industria particular, salen muy caros; séanos permitido con testar que la industria oficial hace siempre mal sus cuentas ó por lo menos las forma incompletas; no ha de ser difícil demostrarlo.

En primer lugar, toda industria reclama un capital y este siempre tiene derecho á un interés; el particular lo separa de la propiedad inmueble ó de la movilicia, en las cuales recogería sus frutos con menores riesgos; el Estado lo toma prestado y paga los correspondientes intereses (el desarrollo de la Deuda que hemos visto habla eloquentemente sobre este punto): ¿Dónde están en las cuentas del Estado las partidas correspondientes á los intereses de los grandes capitales invertidos en las explotaciones oficiales, intereses que efectivamente se pagan?...

Los industriales satisfacen una contribución al Tesoro; —¿cuál es la que pagan las fábricas que la Administración explota?...

Los adelantos de la mecánica exigen que cada seis años,—y á veces dentro de un plazo mucho más corto,—se inviertan cantidades de consideración en la renovación de la maquinaria; el particular lleva estas partidas á sus cuentas y calcula un tanto anual sobre las utilidades: ¿en qué forma se computa este gasto en la fabricación del Estado?

El trabajo que los industriales prestan, les dá derecho á una remuneración; ¿cómo se calcula esta partida al comparar los productos industriales de la administración con los de los particulares?

Todavía podríamos añadir algunas otras cantidades, como seguros de edificios, amortización de la parte de capital que se destruye y algunas otras que en una u otra forma se pagan siempre más tarde ó más temprano; pero con lo dicho nos basta para demostrar que la fabricación oficial es mucho más cara que lo que á primera vista parece. Cuando se establecen comparaciones, es ne-