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tenerse sujeto al Papa, y el de que no se entrometiera la jurisdicción real, en personas ó cosas eclesiásticas. Véase aquí, pues, que la plenitud de la Soberanía, ni aun de hecho la reconoció jamás Salgado, tocante á la conciencia de los individuos, en las materias de religión. Guiábale aquí á ser libre el propio móvil, que á los demás teólogos de su tiempo, según ya dije en la primera parte de este Estudio. Mas en lo que se adelantó ya á casi todos fué en declarar, que el Papa era superior al Rey hasta en lo temporal; y que lo propio que aquel puede obligar á un médico á que use bien las medicinas, debía á su juicio obligar al Rey á que usase bien del poder, desposeyéndole, ó mandándole desposeer, cuando le pareciese justo, como había ya sucedido en ocasiones, y probaban ejemplos sabidos de todos. Otro tanto había sostenido ya Suárez, á propósito del Rey Jacobo de Inglaterra; y es que la fuente del derecho social en Salgado, como en Suárez, no era humana sino sobrenatural, que el fin social y el religioso formaban para él uno mismo. Era por consiguiente liberal, como se diría hoy, pero liberal ante todo católico. Respecto del derecho de dar y quitar coronas los Papas, había ya escrito con más prudencia que este y Alvia de Castro, el discreto Padre Márquez, hablando de la conquista de Navarra por el Rey Católico. Pero Salgado, en especial, no gastaba artificios de estilo en esconder sus conceptos. Por eso relativamente á los privados de los Príncipes osó decir, en tiempo del Conde-Duque, que puesto que ciertos autores y otros que deseaban parecerlo, (sentencia en verdad injusta, si aludía á Mártir Rizo que fué de ellos), procurasen probar que convenía á los Príncipes tenerlos, y hacían institución particular de sus personas; ninguno á su juicio grave, mencionaba tal oficio, siendo notorio que algunos de los tales causaron muchas perturbaciones, no sólo en España sino en los demás reinos, y que casi todos habían tenido mal fin y paradero: viniendo á ser, concluye con palabras textuales, «espectáculos del mundo, cual lo fueron Aman, Helio-» sean y otros semejantes, que entraron en las privanzas, como » zorras, reinaron en ellas como tigres, y al fin vinieron á pere-» cer como canes rabiendo. » Poco méños que de tal suerte murió con efecto en Toro el Conde-Duque los años adelante; y en verdad que admira cómo este sufrir supo, aquella no méños dura que cierta profecía. Verdad es que por muchos otros conceptos merece notarse el que con tanto atrevimiento se expresase Salgado, á pe-» sar de los rigores de una censura, que con mucho méños mo-
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tivo habia ya puesto tan nimias dificultades á la publicacion del libro de Narbona. Acaso el ser portugues le ayudaria en ello, porque nunca, á pesar de las quejas de aquellos naturales, que abrieron camino á la triste revolucion de 1640, hubo tanta opresion politica en Portugal, como en la Corona de Castilla. Pero con todo eso el hecho es digno de tenerse en cuenta. Refiere el francés Bodin, en su tratado De Republica, que habiendo tenido atrevimiento para escribir cierto abogado de Paris en uno de sus alagatos, «que el pueblo frances habia trasferido en su Rey todo el poder supremo, á la manera que el pueblo romano lo depositara un dia en los emperadores,» inmediatamente se levantaron los magistrados que lo oian, reclamando que tales palabras fuesen borradas, y protestando que los Reyes de Francia jamas habian recibido su poder del pueblo: con lo cual no sólo se borraron las palabras, sino que se prohibió para en adelante el ejercicio de su profesion al que las habia usado. No era lo mismo realmente sostener en general la doctrina, que aplicarla en un caso particular, con aparente violacion de la verdad historica; pero con todo eso hay mucha distancia de la dureza de tal castigo, á la libertad que halló aqui Salgado. Y es que los asesinatos de Enrique III y de Enrique IV y las largas luchas de la Liga habian hecho fundadamente mas suspicaces á los Franceses que á los Espanoles, respecto de este genero de doctrinas, que suelen rechazarse por las fatales consecuencias que aplicadas á desahora producen, antes que por su propio ser, y naturaleza. Tambien es justo que con el grande ejemplo de Salgado esclarezca ahora, una verdad que otros muchos ya demuestran en todo el curso de este Estudio. Aunque la doctrina de la Monarchomachia, ó sea de la legitimidad del regicidio en ciertos casos, fuere defendida entre catolicos, por los Jesuitas no más, con alguna excepcion quizá que ignoro; y de ellos por hombres tales como Mariana y Suarez en Espana, y en el extranjero Bellarmino, Pedro Cotton y Martin Becano, sin contar otros menores, cuyas obras incurrieron en la propia condenacion, ó dieron lugar á iguales reclamaciones y refutaciones que las de nuestros compatriotas, no es cierto de modo alguno que solamente los hijos de aquella Orden célebre defendieran entonces el derecho de simple resistencia ó de insurreccion, y la soberania esencial y permanente de los pueblos. Catolico era Salgado, y aun presbitero, y sin ser Jesuita, sustentó bien á las claras, como acaba de verse, esta última doctrina; y catolicos y eclesiasticos eran otros
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de los que como él la enseñaban en España, durante los siglos XVI y XVII. Pero la verdad es que cualesquiera que sean los inconvenientes prácticos de la doctrina que hace á los pueblos superiores constantemente á los Reyes, grandísimos sin duda alguna, y por demás experimentados en todo tiempo, no ha sido posible nunca rechazarla de la región serena y abstracta de la ciencia política, porque es en sí verdadera; y el ser ocasionado á abusos, y aun peligroso por naturaleza, no puede impedir que sea cierto lo que lo es, ni basta suprimirlo artificiosamente de los libros para que desaparezca también de los hechos. Por eso la doctrina de la Monarcomaquia, llamada por muchos jesuítica, como por otros española, ha podido morir á manos del espíritu moderno, mas la del derecho perenne de los pueblos, y la de la resistencia en los justos casos, no ha desaparecido, ni desaparecerá jamás. Sólo esto bastaría para demostrar, que así como la segunda está fundada en una verdad incontestable, la primera nace de cierta confusión en las premisas, que conduce á una consecuencia repugnante y errónea.

El sólo correctivo que por entonces tuvo la Ley Régia, fué la publicación de libros, bastante más celebrados, aunque de mérito mucho menor, en que se sustentaban doctrinas diametralmente contrarias. Cuatro años antes que Salgado extendiese tan fuera de razon la autoridad eclesiástica, se había ya impreso uno (1623) merecedor de especial nota: el Arte real de Jerónimo de Ceballos, constantemente favorable á la jurisdicción ordinaria, y encaminando á poner límites á los que á la sazón se juzgaban abusos eclesiásticos. Excedió en eso Ceballos á Antonio Pérez y al licenciado Fernández de Navarrete, aunque contasen estos también muchas de las cosas que censuró el primero, entre las que esterilizaban á España. Cuanto más sólidos iban hallándose los dos grandes poderes de aquel tiempo, mayores estímulos sentían de único señorío, y otro tanto menos fácil era la concordia entre ellos. El regalismo, pues, comenzó á desarrollarse poderosamente entonces, como la última aspiración de la Monarquía absoluta, y coronamiento indispensable del alcánzar altísimo de su potestad. Ceballos se fijó desde luego en la propiedad eclesiástica, que llamaba ya, á estilo de Francia, de mano muerta; y energicamente combatió sus aumentos, proponiendo que se le limitara á la iglesia el derecho de adquirir por de pronto, no sin anunciar ya que llegaría el caso de que, continuando las adquisiciones, se viesen obligados en algún
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tiempo los Reyes á quitarle sus bienes, hasta para tener con que defender la religion; cosa de mayor inconveniente y por la cual queria prevenir de antemano el daño más que curarlo. Ni fué tan singular en este parecer Ceballos, que años después no escribiera Don Felipe Antonio Alosa, otro legista, y Secretario del Supremo Consejo de la Inquisicion, nada menos, en su obra intitulada Exortacion al Estado eclesidstico (1651) que, sin afirmar que no fuera culpa gravísima, podía ya temerse con fundamento que los seglares desposeyesen al fin de sus ricas posesiones á las familias religiosas, «volviendo á cobrar necesidades, lo que en otro tiempo sus antepasados sin necesidad tan liberalmente les dieran.» Y esto sin contar con que los autores de esta clase opinaban que, siendo preciso, podian bien valerse los Reyes, no de las haciendas sólo, sino hasta de los ornamentos de las iglesias. ¿Mas que tiene de extraño si habian llegado á desconocer la inviolabilidad de la propiedad individual en todo tiempo más respetada, el que preludiasen ya tambien, por diversos tonos, la desamortizacion eclesiástica, los campeones del absolutismo monárquico? Pues apenas hay que decir, con tales antecedentes, si respecto al número de las Ordenes religiosas, y á las disputas de jurisdiccion entre el Príncipe y el Sacerdocio, Ceballos se inclinaria ó no de ordinario hácía lo Real y profano. Pero lo más notable es que, al reves de Salgado, tanto como acata este otro autor á la iglesia, procure aquel levantar la autoridad de los Reyes, ofreciendo una prueba mayor y definitiva de que, así como la Iglesia solia ser aún amiga de la libertad general, la Monarquia absoluta era entonces rival, y con frecuencia hostil á la Iglesia. Dioses, tutores, vicarios, ojos, corazones, pastores, cabezas, almas, salud, padres, base, médicos del pueblo llama á los Príncipes Ceballos; explicando larguísimoamente después por qué título les corresponda cada cual de tales denominaciones. Era de parecer que Dios les habia dado el gobierno para que en su nombre hiciesen justicia; y profesaba tambien la opinion de que podian imponer contribuciones aunque lo contradijesen los Procuradores de Cortes y sus ciudades; porque la ley del reino, que requeria convocatoria para imponer nuevos tributos (1), no tenia según él otro objeto, interpretándola con inexactitud y malicia evidentes, que advertir á los Procuradores de Cortes la necesidad que habia de imponerlos,

(1) Ley 1.a, tít. 7.a, lib. 6.a de la Nueva Recopilacion.
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á fin de que indicasen ellos cómo habrían de repartirse con más igualdad y menos daño. Supuesta una interpretación que, tan corto respeto demostraba á la Nueva Recopilación ó Código de Felipe II, donde se consignó aquella ley, mal podía decirse, en verdad, que fuera gracia ó donación lo que en los servicios otorgaba el Rey el reino, sino más bien paga de la deuda del vasallo al Rey; que de otra suerte, decía Ceballos, «se mostrarian á éste »superiores las ciudades y sus Procuradores, cuando en lo temporal »no debía de reconocer superior.» Otra doctrina restringe seguramente la soberanía Real, y la limita por la voluntad de sus vasallos; y aquella era tal, y tan natural e intrínseca, según el buen Abogado de Toledo, en la persona del Rey, que ni él mismo podía renunciarla, ni perder algo de su disfrute aunque quisiera. En resumen, para Ceballos y cierto autor latino que cita, el poder del Rey era tan grande, que no se podía ya explicar con palabras; por lo cual habían compendiado su opinión algunos, diciendo que era su ejercicio propia virtud de Dios. Ni faltaba, y debía ser de ellos por el modo con que lo cuenta Ceballos, quien creyera que los Reyes de España poseían gracia natural para echar los demonios del cuerpo, no menos que los de Francia para sacar lamparones. ¿Habrá, pues, de maravillarnos que un autor de esta especie declare que el poder del Rey está sobre las leyes y las Cortes, así como el del Pontífice sobre el del Concilio, sin admitir en ello ninguna de aquellas misturas que señalaban el Presbítero Salgado y otros teólogos de su escuela? ¿Y cómo ha de sorprendernos tampoco que, apartándose Ceballos de los más de los teólogos de su tiempo, afirme que no es la necesidad la medida de la justicia en los impuestos, y que ellos son debidos, aunque solamente los hagan necesarios la prodigalidad y los excesos? Cándidamente justifica esto por cierto con lo que los médicos hacen con los enfermos, que es acudir á curarlos, por mucho que ellos sean incorregibles, y aunque tengan la culpa por su conducta depravada, de las enfermedades que están padeciendo. La pluma de este hombre de ley trazó aquí, indudablemente, las opiniones más exageradas en favor de la Monarquía absoluta que hasta entonces hubiese en castellano. En vano aconseja luego á los Príncipes que tengan buena vida y costumbres, porque del ejemplo que de ellos den, reconoce que depende en mucha parte la moral pública; y no menos vano es ya su ruego de que tengan siempre en memoria la muerte. Poder tal de hombres,
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como el que Ceballos atribuye á los Reyes, sólo puede conducir á la larga á la corrupcion de los que le ejercen y á la ruina de los que lo toleran: es constante leccion de la historia.

Monárquico menos ardiente que Ceballos, dotado de mucho mejor gusto que Cerdan Tallada, y los más de los que le precedieron en sus opiniones, no inferior en lenguaje y estilo á ninguno de los Políticos castellanos, y superior á todos en la disposicion y método, coronó luego D. Diego de Tovar y Valderrama la serie de los numerosos expositores del derecho real absoluto en España, con sus Instituciones políticas (1645). Dividense estas en dos libros uno de República y otro del Príncipe; y en ellos resplandece la conci- sion misma que caracteriza el libro latino de Sepúlveda y el encadenamiento lógico con que especialmente brilla Mariana. No está aquí empedrado el texto de malas citas, cosa más rara que antes todavía, en los días que el autor alcanzaba; y su lenguaje político se distingue por una exactitud que le hace adivinar á las veces el técnicismo moderno: vida política y opinión política por ejemplo, significan ya para él lo mismo que para los escritores de ahora. Sentada una tesis procede este autor á analizarla rigorosa- mente, sin dejar de hacer ninguna distincion útil, ni de esclarecer despues cuántas hace, con orden y cuidado dignos de cualquier tratadista del dia. Catedrático de Alcalá el D. Diego, censurada y discutida su obra por aquel cláustro entero, antes de darse á luz, tiene aquella en suma una contextura científica, que la distingue extraordinariamente de todas las de su tiempo, debiendo á más considerársele como expresion acabada y auténtica de las opiniones po- líticas que á la sazon profesaba aquella célebre escuela. La facultad congeturable de la política, decía en su censura la Universidad complutense, ofrece un asunto «tan peligroso como eminente,» y «no capaz de demostracion entera.» No parece que olvide esto Tovar en parte alguna de su libro. República decía él que era cuerpo ci- vil y suprema potestad en cuya union habian de contenerse medios, no sólo para conservar la vida temporal, sino tambien para mere- cer la eterna; el hombre sociable por naturaleza; el cargo y arte de reinar, introducido por necesidad política, aunque la fuerza impusiere la persona particular del Príncipe; las causas, motivos, y fin último de la sociedad el beneficio universal: concediendo á la soberania poco arbitrio irregular y absoluto, con lo cual pretendia prevenir á los Reyes contra su propia independencia. El claro y
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desengañosido conocimiento de aquel sólo hombre de quien dependía la salud pública le parecía por consecuencia el más importante propósito de la Política. Al rey le tocaba tener presente que la sociedad necesita para la consecución de su fin, de la entera observancia de las leyes, y uso inviolable de la justicia; que á la condición de los hombres, ni toda sujeción es tolerable, ni toda libertad; que por lo mismo ni la República oprimida, ni la con extremo libertada podían hallar el sosiego que con seguridad pudiera conducirla á su fin, el cual creía que se alcanzaba bien sólo en una justa y templada forma de gobierno. Cuando no se traten de esta suerte los negocios públicos, es cuando piensa el autor que la República puede en común concebir desconfianza, é imaginar y discurrir cómo redimirse de la injusticia actual que padece, «hasta que viene en trocar la forma que por entonces la injuria por otra, y el antiguo por un gobierno nuevo; que estos al fin entran siempre modestos y escarnecidos de los sucesos pasados, y no relajados aún con los porvenir.» Y en tal caso, añade el prudente Tovar, «de apetecerlo á mudarlo, sólo hay de distancia la posibilidad de su efecto; y como la república es el más poderoso cuerpo, cuando unida en su propósito solicita la conservación de su fin, rara vez deja de conseguirla; por lo cual es indiscreta política la que no previene el peligro de oprimir con exceso á los pueblos, pues de ella resulta el atraer y confirmar muchedumbre de imaginaciones á un solo propósito y parecer.» Tales y tan atinadas advertencias hace Tovar antes de asentar el principio fundamental de los de su escuela, diciendo que «es término áspero de escuchar cuanto indigno de advertir á la majestad y soberanía del Príncipe el de límite ó tasa de sus facultades; por lo cual sólo al Príncipe mismo le corresponde confirarse y coartarse la suprema jurisdicción de su dignidad, conteniéndola en términos de razón y de posibilidad humana.» Al súbdito, en tanto, no le cumple buscar ni suponer en la potestad del Príncipe límite alguno, antes bien sus resoluciones debe aprobarlas siempre, y áún creer con fe sincera que aquel las ha tomado con acierto, y á él han de serle al fin beneficiosas. Fácil es presumir con esto la definición que Tovar hace del poder Real, diciendo que es «una eminente jurisdicción sobre la vida y bienes del súbdito, no limitada su autoridad, de poder, ni tiempo, que sólo reconoce por superior á Dios y á la razón.» De donde infiere luego que el Príncipe, como persona pública, «está desobligado de reconocimiento
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»alguno á preceptos y ordenaciones positivas y civiles, capaces de »imponer resabio ó mancha á la independencia y exención de su »dignidad soberana.» Sólo como persona particular y por gozar del comercio de los demas hombres, piensa Tovar que el Rey está suje- to á las leyes civiles; y el derecho natural y de las gentes, y precep- tos católicos, lo cita porque en todo caso, son puntos estos en que el pueblo ni aun al rendirle su libertad totalmente, pudo trasferirle algún dominio. Todos estos razonamientos didácticos conducen, al fin, al Catedrático de Alcalá á determinar concretamente los atribu- tos del poder Real, al modo que lo hizo ya Fernandez de Medrano en su República mista, bien que con más exactitud y juicio. El Rey, se- gun Tovar, poseía por sí solo el poder legislativo; tocábale la creacion y eleccion privativa de los magistrados y toda suerte de ministros públicos; y tenía arbitrio y autoridad para imponer, á su voluntad, tributos y servicios universales, pudiendo determinar libremente la causa, la cantidad y el tiempo de semejantes imposiciones, co- mo si los bienes de sus subditos le estuviesen vinculados para ello, y comprasen con alguna parte de sus caudales la seguridad de la otra. Correspondiale, además de esto, en opinion de Tovar, la ex- clusiva acuñacion de la moneda, poniendo su busto en ella «como »perspectivo fidelísimo testigo de su valor, que asegura á todos los »hombres el legitimo peso, quilate y ley del metal con que estuvie- »se fabricada»: por lo cual condenaba el nuevo autor toda alteracion de la moneda. Reconociale tambien este, por último, el derecho de declarar la guerra y de ajustar la paz. En dos cosas de suma im- portancia diera la enumeracion de las facultades Reales hecha por Tovar, de la que hizo Medrano: la primera, en negarle aquel al Rey el derecho de alterar el valor de las monedas: la segunda, en no concederle la facultad de avocar á sí en última instancia el cono- cimiento de los pleitos y causas civiles: dos de los más monstrue- sos abusos de la Monarquía absoluta por entonces. Esto y las con- sideraciones generales que preceden á la exposicion concreta de su doctrina no constituye á Tovar en menor partidario que otros de la Monarquía absoluta; pero dan más carácter científico á su obra. Tovar es un expositor del absolutismo monárquico en su forma más racional y menos aborrecible. Por lo demás, este grave autor no habla ya una palabra sobre Cortes; ¡ni aun para impugnar si- quiera sus facultades y atributos juzgó oportuno recordarlas!
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X.

Además de los escritores, cuyas obras acabo de examinar, dignos todos de ser considerados en primer término, florecieron por este tiempo algunos otros, inferiores á ellos en importancia política, aunque no siempre en reputación y mérito. Sirvióles á varios para avalorar en más alto precio que merecen sus trabajos políticos, la gloria alcanzada en otros géneros literarios; pero no hay ninguno que, áun considerado con relación á la materia en que al presente me ocupo, merezca la ciega condenación del olvido. Sea el primero que en este punto cite un libro que se intitula El Machiavelo degollado por la cristiana sabiduría de España y Austria (1687), el cual fué publicado en latin con el título de Machiavelismus jagulatus, antes que su propio autor lo diese á luz en castellano. Llamábase éste Claudio Clemente ó Clement, jesuita y natural de Orano, en el Franco-Condado, bien conocido por otros escritos. Movióle muy principalmente á escribir de esta materia, el deseo de impugnar á aquellos que únicamente adoraban al verdadero Dios por el útil de su vida y aumento del reino; á los cuales llama monstruos, antidioses, idólatras, gente sin Dios y en quienes se cifraba en una palabra, «la latitud de todas las maldades políticas.» Con esto y el título de la obra claramente se comprende qué, á juicio del P. Clemente, eran todo uno, Político, y secuaz de Machiavelo. Rivadeneyra, Márquez, Mariana mismo, no eran para él de tales Políticos ó Estadistas, que es como suele llamarlos en su mayor ira. Y el reverso del gobierno imaginado por el Secretario florentino era en concepto del propio autor el que en sus días tenía España. «Hacen escolta, (decía), Felipe y España á la Religion: hace escolta la Religion á España.» Libro en realidad místico, aunque sembrado de curiosas noticias históricas, basta con lo expuesto para juzgarle en el orden político. A la propia categoría de autores corresponde el Doctor Juan de Campoy Gallardo, Abad de Santa María de Burgo de Alfaro, que escribió la Monarquía perfecta (1639). Discípulo de Márquez en unas cosas, y de Santa María en otras, basa la perfección que busca en la igualdad de todos ante la justicia, en la clemencia, en la práctica de las virtudes privadas por parte de los gobernantes para que ellos puedan ser-