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hasta las octavas de Pascua; el dia de la Ascension de Nuestro Señor; la fiesta de Pentecostés con su octava; las tres festividades de Santa María y las fiestas de San Juan Bautista, San Miguel, Todos los Santos y San Félix de Gerona, Quedaban bajo la proteccion del Principe las Iglesias, Monasterios y personas eclesiásticas, así como sus bienes muebles é inmuebles; las dos Ordenes del Templo y Hospital de Jerusalen; los villanos, villanas, sus bienes muebles y semovientes, y toda clase de ganados. Se declaraban comprendidos dentro de las penas de trasgresion de paz y tregua á los que robasen caballerías ó ganados; los incendiarios, taladores, ladrones, salteadores, traedores, etc., y los que robasen ó destruyesen instrumentos de labranza.

Las penas impuestas á los trasgresores en los Usages, no eran tan severas que pudiesen, á nuestro juicio, corregir los excesos; así fué, que andando el tiempo, hubo necesidad de hacer intervenir directamente al poder eclesiástico en las Cortes de Tarragona de 1234, mandando que los Obispos obligasen á todos los hombres mayores de catorce años á jurar las Constituciones de Paz y Tregua vigentes, bajo pena de excomunion.

No bastando sin duda estos correctivos para remediar el mal, se vió obligado D. Pedro IV á dirigir en 10 de Agosto de 1339 una pragmática al Conde de Urgel, Gobernador de Cataluña, declarando, que todos los eclesiásticos, sus bienes y vasallos, estaban bajo la Real proteccion, y no debian admitir desafío, guerra, juicio de batalla, ni provocacion alguna dirigida por los nobles, caballeros ni otra persona. Añadía, que siendo más frecuentes estos abusos en el distrito de Tarragona, hiciese observar la pragmática á toda aquella nobleza, y sino la obedecian, tocase á somaten, reuniese todas las fuerzas de los señores que tenian feudos del Rey y castigase á los desobedientes conforme á las Constituciones de Paz y Tregua y á los Usages de Barcelona. Don Fernando I confirmó esta pragmática en 20 de Junio de 1413 á instancia del estamento eclesiástico.

Aunque con gran lentitud, iba ganándose terreno en punto tan importante á la tranquilidad del pais y seguridad de sus habitantes, pudiendo ya las Cortes de Cervera de 1359 decretar treguas generales hasta 1.º de Mayo y dos años después, quedando en suspenso todas las guerras particulares, bandos y desafíos por homicidios, hasta pasado aquel término. El Rey tenía por los Usa-
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ges este derecho de imponer treguas á los guerreantes, pero limitado á seis ó siete meses, á no que necesitase de sus servicios para guerra nacional, porque en este caso podía prolongar las treguas todo el tiempo que durase la guerra. La misma facultad recibió el hijo primogénito por pragmática de 1.º de Diciembre de 1368, cuando el Rey estuviese en Ultramar, debiéndose notificar expresamente la tregua á los guerreantes y á los Barones y caballeros que proyectasen guerras.

Las Córtes de Barcelona de 1503 dieron fin á las guerras particulares sin previo desafío, haciendo una Constitución, que es la primera, tit. XIV, lib. IX de las compilaciones impresas, en que se prohibían absolutamente las venganzas particulares entre parientes ó amigos, por muertes, heridas ó insultos, debiendo prece- der las formalidades necesarias, por medio de escritura pública, para poder usar del derecho de reto que á los parientes agraviados concedían las antiguas leyes catalanas. Los que prescindiesen de estas formalidades serían tenidos per bara é per traydor y no po- drían disfrutar de indulto ni guiaje; pero esta Constitución se re- formó en las Córtes de Monzon de 1510, aboliendo las penas de bara y traídor como impertinentes, y restableciendo una ley de D. Jaime II en que se imponía la de cortar la mano al que desa- fiase fingidamente. Aún se legisló sobre Paz y Tregua en estas mismas Córtes, y también en 1520 se leen Constituciones sobre lo mismo, autorizando á los Jueces para conmutar la pena de muerte por quebrantamiento de tregua firmada, si del quebrantamiento no hubiese resultado gran daño. Nuevas penas se impusieron en las Córtes de 1533 á los que ofendiesen, injuriasen ó tomasen ven- ganza de los padres, amigos ó valedores del que hubiese ofendido á otro. Por último, en las de Barcelona de 1599, desterrada ya completamente la costumbre de guerras particulares sin previo desafío, aparecen las posteriores Constituciones sobre paz y tregua y sobre el modo de hacer efectivas las penas de los que infringie- sen las treguas firmadas.

En el reino de Valencia se observaron sobre paz y tregua las mismas leyes que en Aragón como conquista de este reino; pero andando el tiempo hicieron sus Córtes particulares algunos fueros. En las de 1401 se dispuso, que excepto los nobles ó ciudadanos que no ejercían oficio con su mano, nadie pudiese dañar ni perju- dicar á otro individuo de su clase, sin prévia demanda de desafío,
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guardando la forma de los antiguos fueros. Los nobles ó ciudadanos que guerreasen entre sí, no podían hacerse mutuamente daño en sus vasallos cristianos ó sarracenos, ni talar ó quemar los campos, ni destruir edificio alguno: los guerreantes que no observasen este fuero, incurrirían en pena capital, privándose voluntariamente el Rey en este caso, del derecho de gracia. Quedaba universalmente prohibido guerrear, dañar ni perjudicar al que desafiado firmase de derecho en el tribunal del Rey, tomándole este bajo su protección, y debiendo auxiliarle con todas sus fuerzas: el adversario que le dañase ó perjudicase y los que le ayudasen á ello, incurrirían irremisiblemente en pena capital: en la misma incurría el desafiado firmante, si guerrease ó perjudicase al desafiante. El Monarca se reservaba la facultad de perseguir de oficio los homicidios, aunque no se presentase denunciador ó parte agravada. También se declaró en estas Cortes, que los valedores de los principales guerreantes no tuviesen, por esta sola circunstancia, guerra entre sí, á no que hubiesen precedido personalmente los desafíos y formalidades de fuero.

Se ve, pues, que á principios del siglo XV aún eran legales entre los nobles y ciudadanos las guerras particulares sin previo desafío, y semejante anarquía social continuó hasta que D. Fernando el Católico expidió una pragmática en 16 de Enero de 1501, para que ni los nobles ni los plebeyos pudiesen guerrear entre sí, sino después de los desafíos oficiales prescritos por los fueros del reino, guardando además el plazo de diez días de tregua después de la presentación de la demanda de batalla, bajo pena de traición, y si los infractores fuesen ciudadanos, gentiles-hombres, caballeros ó nobles perderían incontinenti todos los privilegios ó inmunidades de su clase, sin poderlos obtener nuevamente, ni tampoco asistir á las Cortes en sus respectivos brazos. Esta pragmática dió fin en Valencia á las guerras particulares, tenazmente defendidas por la nobleza, á pesar de las Constituciones de Paz y Tregua, porque si bien los brazos militar y real formularon peticiones en las Cortes de Monzon de 1528 y 1552 contra los quebrantadores de paz y tregua y contra los oficiales reales de la ciudad de Valencia que obligaban á los caballeros á firmar paces, no se dirigían á evitar las guerras particulares abolidas, sino á castigar con mayor rigor á los quebrantadores de paz y tregua ya firmada, y á que se observasen los fueros en cuanto á la libertad de poder pedir legal-
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mente juicio de batalla, que cohibian y coartaban las autoridades de la ciudad. Esta misma intervencion de las autoridades obligó al brazo militar á pedir, que sólo el Rey ó el Príncipe primogénito pudiesen admitir composiciones ó conceder indultos por muerte cometida en paz y tregua.

Las provincias del Norte también se yieron afligidas por bandos y guerras de pueblos á pueblos, entre linajes y familias, sin que fuese posible por mucho tiempo avenirlos á paz y tregua. Sabido es que los bandos de Oñez y Gamboa y los linajes y familias de Leguizamon, Zurbarán, Arbolancha, Basurto, Ayalas, Callejas y otras, ensangrentaron durante siglos el país vascongado. En el cuaderno de Alava de 1463 se leen dos ordenanzas mandando que, si hubiese riñas, diferencias ó debates entre linajes y linajes, concejos y concejos, ó personas poderosas, de que pudiesen nacer escándalos ó grandes ruidos, la Hermandad general acudiría y pondría paces, adoptando las medidas convenientes para ello, y áún hacer pesquisas y castigar á los culpables. El que hiriése á otro sobre asechanza ó tregua pactada, moriría por ello; y el que quebrantase tregua puesta por el Rey ó las autoridades de la provincia, incurriría, además de las penas de derecho, en multa de cinco mil maravedís para la Hermandad, entendiéndose existir siempre tregua, cuando fuese puesta por el Rey ó las autoridades de la provincia, aunque no estuviese consentida por las partes.

De cuanto acabamos de indicar resulta, que el estado de fuerza y violencia en que se halló la Península española durante la Edad Media, nació de la Reconquista. El último tercio de la dominación gótica fué pacífico y tranquilo en cuanto á la observancia de las leyes wisigodas, en las que no se percibe rastro alguno de guerras legales entre los súbditos de la Monarquía. Las circunstancias excepcionales en que nos vimos: obligados á una lucha constante con el invasor: las costumbres extranjeras introducidas más particularmente por Cataluña, produjeron un estado social desastroso, que no pudo desarraigarse en muy cerca de siete siglos, aunque se procurase mejorarlo de día en día. Períodos hubo en que la energía y justificación de un Fernando III ó Alonso XI afirmaron el imperio de la justicia; pero estos períodos se desvanecían en los débiles reinados de un Fernando IV ó Juan II. Necesario fué el brazo fuerte y enérgico de los Reyes Católicos para que desapareciese completamente la anarquía entronizada en España por mu-
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chos siglos; pero este resultado no se habría conseguido sin la unión y perfecto acuerdo entre los Monarcas y el pueblo, y sin la salvadora idea de la hermandad general del reino, que introdujo por todas partes la tranquilidad y orden material.

II.

Necesario era demostrar el criterio de violencia que dominaba en la Edad Media y los esfuerzos de los hombres ilustrados para dirigirle y aminorar sus funestas consecuencias por medio de la Paz y Tregua de Dios, antes de ocuparnos del juicio de batalla, que fué otro de los medios discutido para legalizar, ya que apareciese imposible destruir de un golpe aquella preocupación.

Voltaire ha dicho que el duelo judicial empezó con las Monarquías modernas, y que una de las principales causas de su crédito fué la educación que recibía la nobleza. No nos parece enteramente exacta esta opinión, porque leemos en Veleyo Patérculo (Libro II, cap. CXVIII), que los Germanos decidían todos los negocios por medio del combate; y esta costumbre la vemos admitida en los códigos germánicos de la Edad Media. También Tácito apunta alguna idea del duelo germánico cuando refiere, que si trataban de guerrear entre sí, procuraban hacer un prisionero, á quien obligaban á combatir con uno de su tribu, creyendo que el resultado de este combate pronosticaba el de la guerra proyectada. Estos dos testimonios revelan la convicción antigua entre los Germanos, de que el resultado de un combate singular equivalía á un decreto de la Providencia. No puede decirse, por tanto, que la preocupación del combate judicial naciese absolutamente con las Monarquías modernas, si bien es innegable que antes de que los Germanos saliesen de sus comarcas y bosques invadiendo una parte del Imperio de Occidente, nunca se había conocido en ningún caso la prueba del combate judicial.

En las naciones antiguas civilizadas no se encuentra semejante barbarie. No hay el menor vestigio en Egipto, Grecia y Roma. Los duelos entre los Romanos eran de más elevado carácter. César refiere en los Comentarios que dos Centuriones de su ejército, enemigos capitales, se desafiaron apostando cuál de los dos sería más valiente en una batalla, y que viéndose uno de ellos herido y der-
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y filosóficos á un lado y matando toda originalidad, erudicion y cultura, se encerraba en la jerga del peripato y de una palabrería hueca, diciendo al entendimiento: De aquí no saldrás; en esto consiste la verdad, y fuera de mis palabras no hay ninguna verdad; y dejando á un lado el dogma y la moral, se perdía en un laberinto de inútiles proposiciones. El teólogo del siglo XVI, que tantos días de gloria había dado á la Iglesia en Trento y tanto lustre á nuestras Universidades, iba á desaparecer con su siglo. En cambio, iban á principiar el escolástico y el casuista, y para mayor mal, el jansenista teólogo, triste y corrompido engendro del escolasticismo y del casuismo. Iba á principiar una raza que no podía comprender la virtud ni la ciencia con claridad y bajo buenas formas... La ciencia había de hablar en tono de oráculo palabras oscuras, rimbombantes é ininteligibles, y sus resoluciones habían de ser duras y tirantes... Se me dice que el impugnar el escolasticismo es tirar contra la Teología, á la manera que los que atacan embozadamente al Papa hablan mal de la Curia Romana, y para acusar á la Iglesia y al Clero se habla mal de los Jesuitas. Pero yo no confundo el uso con el abuso. También el abuso reconocido se encubre bajo el manto de la legalidad que le rechaza. También los defensores de los duendes y de las brujas decían que el negar aquellos era negar la existencia de los espíritus malignos; y hoy en día, al que niega ciertos delirios y combate malas tendencias, se le llama enemigo del pueblo. Si el escolasticismo es una cosa necesaria en la Iglesia y en la Teología, ¿cómo se pasó aquella tantos siglos sin él? ¿Por qué hoy en día todos los escritores modernos de Teología lo van descartando de sus obras, dejando á un lado las cuestiones impertinentes y fijando su atención en las dogmáticas y prácticas? ¿En qué se parecen las obras de San Ligorio á las de los casuistas del siglo XVII? En nada. ¿En qué se parece la Teología del P. Perrone, con su erudicion y sus notas científicas, filológicas y literarias, á las obras arrinconadas de los escolásticos, que detestaban las ciencias y aborrecían las lenguas orientales que ignoraban? En nada; absolutamente en nada. O aquellos no iban bien, ó estos van mal. Ya sé yo que buscarán un término medio para que unos y otros queden en buen lugar; pero sé también que esta evasiva, ni me satisface ni satisfará á ninguna persona imparcial. Que la Dialéctica es necesaria al Teólogo, y por tanto al escolástico en cierta dosis, es una verdad innegable; así
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ribado del caballo, después de haber vencido á numerosos adversarios, acudió el otro á su socorro y le salvó. Esta clase de duelos era propio de hombres civilizados. El ejemplo de Corvis y Orsua que cita Livio (Lib. XXVIII, cap. XI) cuando Scipion quiso celebrar los funerales de su padre en Cartagena después de la toma de Iliturgis, no prueba que Roma ó aquella parte de España conociesen el juicio de batalla como resolución judicial, porque si se conociera, ni aprovecharan los contendientes la ocasión de la fiesta de gladiadores dispuesta por el General, ni existiera de antiguo entre ellos el pleito sobre la posesión de la ciudad de Ibe. No admite, pues, duda alguna el hecho, de que á la caída del Imperio Romano era completamente desconocida en sus leyes y costumbres la prueba del combate judicial, y que sólo existen datos para creerle establecido entre los Germanos, que lo propagaron á los Cristianos occidentales, puesto que no hay razón plausible que aconseje la existencia del combate como prueba judicial en la Iglesia de Oriente, sin duda por la supremacía que allí obtuvieron los derechos romano y canónico.

Que el juicio de la batalla se introdujo en España por Cataluña, y que en Cataluña lo introdujeron los Francos, es otro de los hechos para nosotros indudable. La antigüedad que entre los Francos tuviese la costumbre como prueba judicial y la extensión que entre ellos se le diese, no es fácil fijarlo; pero se puede partir de noticias históricas respetables', y más tarde de documentos oficiales, que acreditan hallarse establecido el duelo judicial en el centro de Europa, antes que se derruyese la Monarquía gótica en España. Sabemos por Tácito y Patérculo que los Germanos le conocían, y le vemos pocos siglos más tarde consignado en casi todos los códigos de las naciones germánicas que invadieron y se instalaron en el Imperio de Occidente. Estos hechos, no sólo prueban que el duelo judicial fué importado á España, sino que es un indicio vehementísimo, en unión de otros, de que la raza gótica no es de origen germánico, cuestión histórica muy debatida, y que aún no está, ni probablemente estará, definitivamente resuelta.

No es del caso profundizar cuándo ni quiénes formaron los códigos que rigieron á las naciones invasoras de esta parte del Imperio Romano, ni tratar de fijar el período mayor ó menor que en cada uno de los nuevos reinos duró su vigor, hasta que, confundidas las razas romana y bárbara, se abrió nuevamente paso el de-
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recho romano. A nuestro propósito basta consignar, que los códigos de estas naciones son auténticos y reconocidos universalmente por legítimos. Si es principio general científico que las buenas leyes deben conformarse á las costumbres y prácticas admitidas en la sociedad á que se destinan, será inconcuso, que al admitirse el juicio de batalla como prueba judicial en los códigos de que vamos tratando, estaria ya admitido como costumbre y criterio social. Era de otro modo imposible una transicion brusca de las pruebas afirmativas admitidas por un derecho civilizado, á la prueba negativa de un derecho bárbaro; y por otra parte, la inclusion del duelo judicial en los referidos códigos respondia á la tradicion germánica.

Fundadamente atribuyen los buenos críticos la admision del juicio de batalla en las leyes de los Franco-ripuarios, Alemanes, Bavaros, Turingios, Frisones, Sajones, Lombardos y Borgoñones, al espíritu que domina en ellas, dando mayor fuerza á las pruebas negativas que á las afirmativas. En efecto, según las leyes de estas naciones, aunque un demandante ó acusador presentase pruebas afirmativas, bastábale al demandado ó acusado jurar en casi todos los casos, para su justificacion, que no debía ó que no había hecho lo que se le imputaba, presentando un número mayor ó menor de testigos que juraban lo mismo según la importancia del negocio. Tan discreta opinion se ve en cierto modo justificada, porque la primitiva Ley Sálica omite todo lo concerniente al juicio de batalla, consistiendo esta omision y diferencia con los demas códigos, en que esta ley no admitia sino en casos muy excepcionales la prueba negativa, siéndole ineficaz al demandado ó acusado si el demandante ó acusador aducia pruebas afirmativas. Andando el tiempo se añadieron á la primitiva Ley Sálica algunos capitulares de Carlo-Magno y los Othones, extendiendo á los Franco-salios el duelo judicial, primero en los asuntos criminales, y luego en los civiles.

Resultado y consecuencia natural de la admision casi constante de pruebas negativas en la mayoría de los códigos bárbaros, fué la prueba del combate judicial. Cuando un demandante ó acusador veía que la demanda ó acusacion más justa iba á quedar eludida por un juramento negativo, no quedaba á hombres rudos y guerreros otro recurso que la acusacion de perjurio, vengando en batalla singular la ofensa hecha á la Divinidad. Así está consignado
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en los Assises celebrados por los cruzados en Jerusalen. Allí se dice: «El acusador debe responder como perjurio al acusado; la fórmula de este será:» mientes, y estoy pronto á matarte ó hacerte confesar la falsedad: hé aquí mis prendas de batalla (1).» De manera, que el combate judicial no se consideró, ni hoy podemos considerarlo en su origen, como una prueba de la verdad ó inexactitud de la demanda ó acusación, sino como una ofensa hecha á Dios en los juramentos, afirmativo de una parte y negativo de otra; y como tratándose de una ofensa hecha á Dios, sólo Dios podía ser juez justo, de aquí suponerse tener razon el que triunfaba en el combate, y de aquí que el mismo combate se intitulase desde el principio Juicio de Dios.

Lo que acabamos de expresar resulta claramente de las leyes del Rey borgoñon Gundebaldo, en que dice sin rodeos, «que era preciso arrancar la prueba del juramento negativo de manos de aquellos que estaban dispuestos á abusar de ella:» y al extender á casi todos los casos el uso del duelo judicial, daba por razón, «que lo hacía para que sus vasallos no prestasen en lo sucesivo juramento sobre hechos inciertos y no perjurasen sobre hechos ciertos.» Este Monarca declaraba sacrilegas las leyes que establecían el juramento negativo, y al mismo tiempo el poder eclesiástico declaraba impia la ley del combate judicial.

Nada más laudable que esta declaración del poder eclesiástico, sino tuviera por objeto extender su influencia y hacerse necesario en los asuntos temporales, llevando la decisión de todos los negocios á los altares, por medio del juramento decisorio. Los abusos que produjo esta costumbre convencieron á la nobleza de la necesidad de refrenar el perjurio. La lucha fué tenaz y larga. El clero sostenía que Dios castigaría á los perjuros en la otra vida, y la nobleza contestaba, que aun supuesto el castigo eterno del criminal, no por eso dejaban de quedar privados de sus bienes los inocentes en esta, siendo víctimas del perjurio, aunque tuviesen títulos legítimos de propiedad. Añadian los nobles, que el Evangelio prohibía en absoluto el uso del juramento á los cristianos, prescribiendo no jurasen omnino (1), y que los eclesiásticos se apartaban

(1) Le garent que l'on lieve.... com esparjur doit respondre.... á celui qui enci le lieve: "Tu ments, et je suis prest.... te rendre mort ou recreant.... et vassí mon gage.
(1) Ego autem dico vobis non jurare omnino, San Mateo, cap. V, vers. 34.