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Senado, bastó su precio para costear la guerra con Mitrídates. Esta propiedad no varió tampoco después de condicion. Desde el principio fué excluida del comercio, y así permaneció, excepto en circunstancias extraordinarias, en las cuales, si las necesidades públicas lo exigían, se autorizaba la enajenación de alguna parte de los bienes de los templos, como sucedió en la guerra citada. Era, por último, esta propiedad imprescriptible; quien la detenía, no llegaba jamás á adquirirla legítimamente, cualquiera que fuese el número de años que la poseyera.

Las tierras del Estado, ager publicus, se aprovechaban, adjudicándolas en pequeñas porciones, como en arrendamiento ó usufructo, á los caballeros, mediante cierta pension, y con reserva absoluta del dominio directo. A estas tierras se equipararon después, aunque no en todo absolutamente, las conquistadas fuera de Italia, que tomaron el nombre de propiedades provinciales. La República utilizaba estas propiedades, ya dejándolas á sus antiguos poseedores, mediante el pago de un cónon cierto, ya arrendándolas ó ya vendiéndolas, pero reservándose en todo caso una especie de dominio directo. Por consecuencia de esta reserva, los poseedores de las tierras provinciales no podían consagrárlas, ni enagenarlas por derecho quiritorio, ni trasmitirlas por testamento, ni adquirirlas por usucapion, y pagaban como tributo generalmente el diezmo de los granos y el quinto de los demás frutos. Con razon, pues, no se llamaba dominio el derecho de los poseedores de estas tierras, sino possessione et usufructo (1).

El dominio quiritorio fué, pues, el único que quedó constituido con independencia del Estado y en provecho exclusivo del individuo, pero considerando tal, no la persona aislada del propietario, sino la familia ciudadana representada por su jefe. Ni el Estado ni la curia tuvieron participación alguna en la propiedad privada, al menos desde el reinado de Numa; pero en cambio prevalecieron en su constitución los intereses de la familia civil, que era base y cimiento de aquella república. El Estado entonces no se componía como hoy de individuos, sino de familias fuertemente organizadas, cuya conservación procuraban á toda costa los legisladores.

No es fácil saber hoy si para asegurar el cumplimiento de este

(1) De estas propiedades, decía el jurisconsulto Gayo: "In eo solo dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessiones tantum et usufructum habere videmur." Inst II, 7.
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propósito fueron en su origen inalienables las propiedades quiritarias, no conociéndose leyes anteriores á las Doce Tablas. De ellas y de la circunstancia de haber profesado los Romanos el mismo culto privado y familiar que los Griegos, puede sin embargo deducirse la presunción vehementemente de una inalienabilidad primitiva, semejante á la notada en Grecia. Aquellas leyes famosas permitían enajenar las heredades, pero con exclusion del lugar que ocupaban los sepulcros de las familias, y con reserva de las servidumbres necesarias para facilitar el paso á ellos. ¿No fué esta tal vez una novedad en la legislación consuetudinaria que anteriormente no autorizaba semejantes enajenaciones?

De cualquier modo que esto fuese, la trasmisión de la propiedad quiritaria no se verificaba por actos privados. Interesaba á la religión doméstica y á la familia, porque en la heredad vendida residían sus Dioses y se hallaba el asiento de su culto: afectaba al Estado, porque aquella propiedad era el patrimonio político de la aristocracia, que lo constituía y gobernaba. Por eso su enajenación, aunque permitida, no podía verificarse sin que la autorizaran é intervinieran oficiales públicos, ministros á la vez del culto. Ni la simple manifestación de la voluntad, ni la entrega material de la cosa bastaban para trasladar el dominio quiritario (1). La división de un patrimonio entre hermanos requería ciertas ceremonias religiosas y la intervención de un sacerdote agrimensor. La venta exigía también formalidades de la misma índole, en presencia del sacerdote libripens y la ceremonia de la mancipación. ¿No es todo esto quizá un indicio de cierta inalienabilidad primitiva, inspirada por intereses religiosos y políticos, y que por lo tanto no podía ser revocada sin el consentimiento de la religión y del Estado? Así es que la propiedad provincial, que había tenido distinto origen, que era agena al culto deméstico y extraña á la Constitución del Estado, puesto que no atribuía derechos políticos, no estuvo nunca sujeta á tales restricciones, y se trasmitió y comunicó sin ceremonias religiosas, por los medios naturales que la equidad y la razón sugerían.

Consagrada la propiedad quiritaria á la familia civil, no estaba sin embargo al alcance de todos sus individuos. Fiel á la tradición religiosa de sus orígenes, siguió trasmitiéndose con la dirección

(1) Gaiji Inst. II, 23, 66.
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del culto doméstico; y correspondiendo tales funciones al más anciano de los ascendientes vivos, éste fué el único jefe y representante de la familia, y también el único propietario en ella. Todos los individuos sujetos á su potestad, no solamente se hallaban incapacitados para ejercer el dominio, sino que ellos mismos eran propiedad del padre de familias (1). Así, la mujer que no era hija de familias estaba perpétuamente en la tutela de sus agnados, sin cuya licencia no podía testar, ni contraer obligaciones, ni enajenar sus bienes. Por lo mismo, al casarse la mujer entraba con toda su hacienda, inclusa la dote, en poder de su marido (manus), constituyéndose su hija de familias. Además, en los primeros tiempos de la República adquiría el marido tan irrevocablemente la dote de su mujer, que no podía ésta exigir su restitución, ni aun en el caso de ser repudiada (2). Y no se crea que estas costumbres y disposiciones legales tenían por objeto en los primeros tiempos la protección de las personas que por su edad ó sexo no podían defenderse á sí mismas. Este pudo ser el fin de la parte que de ellas subsistió y de otras análogas, adoptadas posteriormente; mas en los orígenes de la República y durante algunos siglos después, lo que se procuraba por tales medios era conservar las familias, evitando que se quebrantase su unidad y que se desmembrase su patrimonio.

Era tan inseparable la propiedad de la familia y tan inviolable el dominio del ciudadano, que en Roma, lo mismo que en Grecia, no se conoció la expropiación por causa de utilidad pública, y ni aun siquiera hubo de ser admitida en el derecho antiguo por causa de deudas. La ley de las Doce Tablas, tan rigorosa contra el deudor, le conminó á pagar con su cuerpo, y no forzosamente con su propiedad. El propietario que caía en la esclavitud por deudas no perdía sin duda el dominio de todas sus cosas, puesto que la ley de las Doce Tablas suponía el caso de que viviese de lo suyo, si volet suo vivito; y sólo cuando esto no se verificaba, debía el acreedor alimentarle con una libra de pan (3). El acreedor se servía del deudor esclavo y de sus cosas, mas sin adquirir el dominio de ellas. Abolida posteriormente la servidumbre por deudas, fué cuando

(1) Sext. Empiric. Pyrrhon. Hypot. III, c. 24.
(2) Gayo, Inst. III, 82. Cicer. Topie, n. 4. Boethius. Ad topic., edic. Orelli, p. 317.
(3) Haubold, Tablas cronológicas de la Hist. del Derecho Romano. Fragmentos de las leyes de las Doce Tablas. Tabla 3.a
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para no quebrantar, siquiera en la apariencia, la inviolabilidad del dominio, se inventó que el Pretor pudiese vender para pago de los acreedores, no la propiedad ó dominium del deudor, sino sus bienes, bona. Con esta pueril distinción se creyó mantener el principio del antiguo derecho, que no permitía despojar al ciudadano, contra su voluntad, de aquel dominio quiritorio tan privilegiado y tan independiente.

VII.

SUCESION HEREDITARIA Y TESTAMENTIFICACION.

El mismo propósito de mantener la unidad y el explendor de la familia y la observancia de los preceptos del culto, se descubre en el modo de disponer de la propiedad por causa de muerte. La ley establecía un orden rigoroso de sucesión, conforme con aquellos principios. La herencia, como el culto doméstico, sacra privata, se trasmitía á los hijos de varón en varón, juntamente con la familia y su gobierno. La familia era pues un conjunto de intereses domésticos, religiosos y políticos, que constituía uno de los elementos componentes del Estado: el heredero sustituía al difunto en la representación y dirección de estos intereses. Por eso no era indiferente para la República que las familias conservasen su unidad y su integridad: por eso procuraron las leyes antiguas que se trasmitiesen enteras con sus cargas y beneficios, y que su representación y gobierno no recayese en personas inhábiles para desempeñarlos.

La existencia de un heredero no interesaba solamente al favorecido, sino al heredado, á su familia entera y á la República. Al difunto, porque de este modo lograba, á pesar de su muerte, una como prolongación de su vida, á la cual servían de alimento los sacrificios y los convites funerarios: á la familia, porque así mantenía su integridad y su culto y su poder en el Estado: á la República, porque su fuerza consistía en el número y vigor de sus miembros, que no eran como he dicho, los individuos, sino las familias. Por eso en los tiempos antiguos, no solamente era obligación del padre instituir heredero á su hijo, ó desheredarle expresamente, sino que era también obligación del hijo aceptar la herencia paterna. El derecho de repudiarla y el de admitirla á be-
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necicio de inventario, no fueron reconocidos hasta después de algunos siglos de la existencia de Roma. El hijo no se llamaba simplemente heredero, sino heredero suyo necesario (haeres suus), que es como si se dijese, heredero forzoso de sí mismo, sui ipsius, porque entre él y su padre no podía haber donación legítima, ni mutación de propiedad, habiendo entre ambos cierta coparticipación en el dominio. Por eso algunos siglos después recordaba Justiniano que el hijo, aún viviendo el padre, era considerado como dueño de su hacienda, y á la muerte de este casi no hacia más que continuar su dominio (1).

Y como el culto, según la creencia religiosa del tiempo, no se trasmitía por las mujeres, las cuales al casarse, renunciaban al de su familia, para adoptar el de su marido, la propiedad que en sus orígenes era inseparable del culto, no hubo tampoco de trasmitirse por ellas. No hay texto expreso en que fundarse para asegurar que antes de las Doce Tablas fueran absolutamente incapaces de heredar las mujeres, pero tal vez se presume ó se infiere de lo que aquel antiguo derecho les otorgaba. Justiniano recordaba que según las Doce Tablas, no heredaban las mujeres, ni los parientes de su línea, excepto la hija y el hijo que tenían derecho á la herencia de la madre (2). Catón el viejo, restaurando antiguas costumbres, ya quizá olvidadas, hizo promulgar la ley Voconia, que prohibía instituir herederas á las mujeres sin excepción alguna, aun á la hija única, y sólo permitía legarles la cuarta parte de los bienes (3). Siglo y medio después, en tiempo de Cicerón, el que dejaba un hijo y una hija no podía legar á esta más de un tercio de sus bienes, y el que dejaba una hija única, la mitad solamente de los mismos (4). ¿Estas limitaciones del derecho de adquirir por testamento, no arguyen incapacidad manifiesta para suceder ab intestato? Si las hijas hubieran tenido derecho de heredar á sus padres del mismo modo que los hijos ¿cómo es posible

(1) Inst. III, l. 3. "Et statim morte parentis quasi continuatur dominium."
(2) Inst. III, t. 3, pr. "Lex XII tabularum... praeponebat masculorum progeniem : et eos qui per femini sexus necessitudinem sibi junguntur, adeo expellebat, ut ne quidem inter matrem et filium filiamve ul tro citroque hereditatis capiendae jus daret."
(3) S. Agust. De civitate Dei III, 21.
(4) Cicer. De republ. III, 10.
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que se les restringiera el de ser legatarias? Lo que estas prescripciones del derecho antiguo revelan es una exclusion absoluta, primitiva de las mujeres, de toda sucesion hereditaria, la cual fué sucesivamente modificándose con excepciones numerosas, y continuó después reduciéndose, ya con las ingeniosas ficciones del Pretor, que daba en casos tales la posesion de los bienes en lugar del dominio, ya con los Senado-consultos Claudiano y Tertuliano, que llamaron á las madres á la sucesion de sus hijos, y ya con otras constituciones posteriores, que al fin concluyeron del todo con aquella incapacidad.

Por motivos semejantes no heredaba al padre el hijo emancipado y si el meramente adoptivo. El primero dejaba de pertenecer á la familia, se hacia cabeza de otra nueva y cambiaba de culto: el segundo entraba en la familia del adoptante y abrazaba su religion, dejando la propia; así cesaba el fundamento del derecho hereditario del uno, al paso que se creaba el del otro. Nadie podia tener dos cultos, ni pertenecer á dos familias, pero nadie tampoco podia dejar de poseer una familia y un culto, con los derechos correspondientes.

No se conoce ley romana que atribuyera preferencia al primogénito sobre sus hermanos menores en la herencia paterna; pero quizá la hubo tambien en Italia como en Grecia, en tiempos anteriores á la legislacion escrita. Sors se llamaba desde los tiempos más remotos, el patrimonio de una familia, y se denominaban consortes los hermanos ó parientes que poseian indiviso el patrimonio paterno (1). ¿No revela quizá esta palabra, que los escritores más antiguos emplean siempre en el sentido indicado, una antigua costumbre, abandonada ya en tiempo de la República, en cuya virtud se debiera conservar indivisa la herencia paterna entre los hijos ó herederos varones y en la cabeza del primogénito? La llamada gens, conjunto de individuos de la misma raza, ¿no suponia la unidad de toda la familia bajo la autoridad del mayor de sus ascendientes vivos? Así es que la gens y los gentiles fueron extinguiéndose á medida que los hermanos fueron separándose para formar familias, quedando entonces solamente á los primogénitos cierta autoridad religiosa.

A falta de hijos las Doce Tablas llamaban á la sucesion á los

(1) Festus. V. Sors.—Velejus I, 10.
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este resto de piedad de Dios nace el resto de amor que anima hoy mismo todavía al mundo. Dispuso, pues, el eterno artífice las cosas, de manera, que aunque en dos cuerpos separados y distintos, viniera siempre al mundo un ente racional completo, es decir que la mujer del hombre y el hombre de la mujer pudieran existir al mismo tiempo, y pudieran encontrarse y reunirse. La bondad divina después de esta bendición que echó á la raza humana, que probablemente no la merecía, creyó, y no sin razón, que aun así mitigada la pena que había impuesto á su criatura, era de naturaleza tal, que no la dejaría olvidar que había pecado.

Aunque tengo más razones en pro que en contra, no he podido todavía decidirme entre estas dos cuestiones: ¿el hombre y la mujer que forman el ente perfecto, nacen en el mismo instante, ó el tiempo es indiferente para el caso? Lo que es positivo es que estas dos partes del mismo todo pueden producirse á miles de leguas la una de la otra con la misma facilidad que á distancia de cuatro pasos. Lo que es tan positivo como lo que acabé de decir, y por desgracia mucho más amargo, es que pueden encontrarse ó no encontrarse estos dos trozos de la misma alma, sin que su encuentro sea esencial para la reproducción de la especie, que sigue y seguirá viviendo por medio de sus productos caóticos ó no elaborados en las oficinas del amor, que es la única matriz del orden. ¡Lo que es mucho más amargo de lo que yo puedo expresar, es que el encuentro no influye esencialmente en la unión, y muchas veces puede no servir de nada, y otras puede servir de suplicio á las dos mitades de espíritu, si una de ellas, ó las dos, por desgracia, han contraído otros compromisos!

¡Al fin, amigos queridos, hé aquí la condenación de lo que llamamos corazón humano, hé aquí la fuente de todos los dolores, hé aquí el origen de todos los vicios, hé aquí la causa de la vejez prematura y de la muerte desesperada. Desde que se cumple en el mundo esta fatal sentencia, ¿se ha verificado alguna vez este divino enlace? ¿Han bebido los ojos agradecidos de dos mitades reunidas en un todo, el rocío luminoso de este arco iris de las tempestades del corazón? ¡Sí: indudablemente sí, porque Dios es grande y bueno y amante! ¡Sí: y no me digáis lo que leo en vuestros ojos huérfanos de amor, pobres amigos míos, no menos queridos por mí, porque seáis mitades de entes y no más que mitades, no me digáis que ni yo, ni vosotros, ni la historia sabemos
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agnados más próximos, es decir, los que siendo parientes entre sí por línea de varón, reconocían un ascendiente común. En su defecto entraban á heredar los gentiles, que según la opinión más justificada, eran todos los descendientes del primer fundador conocido de la familia, los cuales llevaban el nombre patronímico de ella y profesaban un mismo culto, bajo la dependencia del mayor de sus ascendientes. Poco importa para mi objeto que no se puedan determinar hoy con exactitud todas las diferencias que establecía el antiguo derecho entre los agnados y los gentiles. No es extraño que sean hoy las relaciones de gentilidad objeto de dudas y de controversia entre los eruditos, cuando por haber dejado de estar en uso hacia mucho tiempo, en el de Ciceron, se disputaba ya sobre ellas. Mas lo que no parece dudoso es que se denominaban gentiles todos los que pertenecían á una misma familia, ya por nacimiento ó ya por actos jurídicos que producían efectos semejantes, como la manumisión y el patronazgo, y que entre ellos y los agnados la diferencia consistía más bien en la distancia del grado que en la naturaleza del parentesco. Después de los gentiles á nadie más llamaban á la herencia las leyes de las Doce Tablas; de modo que según aquel antiquísimo derecho, nunca debían salir de la familia civil los bienes que una vez llegaban á entrar en ella. Por eso no heredaban entonces los cognados ó parientes por línea femenina: por eso el sobrino heredaba en su caso al tío paterno y nunca al materno.

Pero al mismo tiempo que las leyes establecían este orden riguroso de suceder, reconocían el derecho de testar, que es una de las más cumplidas manifestaciones de la libertad é individualidad del dominio. No hay memoria escrita del tiempo en que este derecho no existiese, como en Grecia; mas es de presumir que no fuera muy anterior á las Doce Tablas, en las cuales se halla ya consignado. La forma primitiva de aquel acto, manifiesta al parecer que tenía por objeto derogar una ley común respecto á un caso particular. Esta ley común, que era la que prescribía el orden de las sucesiones, y señalaba el heredero de cada ciudadano, debió de ser anterior, como regla más conforme que la testamentificación, con las creencias religiosas y las costumbres primitivas de la raza indo-europea. La facultad de invertir este orden, ó de proveer en raros casos á la falta de todo heredero legítimo por medio del testamento, hubo de ser, pues, una excepción adoptada posterior-
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mente, cuando modificadas las prácticas religiosas, empezó á prevalecer el interes individual sobre el colectivo de familia. No era el testamento la regla comun, y el orden de sucesion legal la excepcion ó lo supletorio, como creyeron los jurisconsultos modernos, que lo contrario es lo que se observa en el modo de aparecer en las sociedades primitivas aquellas instituciones del derecho civil. Sería Roma una notabilísima excepcion en la historia del mundo, si hubiera conocido los testamentos antes que la sucesion intestada.

No hay que buscar pruebas directas de este fenómeno en el derecho primitivo de Roma, que no fué siquiera el de las Doce Tablas, y era ya oscuro y casi desconocido en tiempo de Ciceron; mas el término jurídico heredero suyo necesario que usaba todavía Justiniano, y venía de la más remota antigüedad, por más que no conservase su significacion primitiva, daba á entender que el hijo ó descendiente constituido bajo la inmediata potestad del difunto, á quien cuadraba aquella denominacion, no sólo heredaba forzosamente, porque no podia eximirse de adir la herencia, sino tambien porque el padre no podia privarle de ella.

Si habiendo un heredero de esta especie no podia el testador instituir otro, debió de estar al principio limitada la facultad de testar á los ciudadanos que no tuvieran tales herederos. No fué poca, sin embargo, la libertad otorgada en esta materia si, como parece, quedó árbol todo ciudadano para dar á su familia un jefe distinto del señalado por las leyes y aún extraño á ella, ya que á esto equivalía en aquellos tiempos la institucion de heredero. Pero si, fundándose en el sentido literal y los términos absolutos del texto de las Doce Tablas que mandaba guardar como ley la última disposicion que el padre de familia hiciera de sus bienes, no se admitiese la interpretacion indicada de las palabras suyo necesario, no habrian tenido límite el arbitrio de los testadores, ni derecho seguro las familias, lo cual tampoco parece probable. Así es, que si por una parte autorizaba el nuevo derecho escrito la testamentificacion, por otra rodeaba su ejercicio de obstáculos y dificultades que la embarazaban. Puesto que una ley determinaba el orden de sucesion, el testamento que venia á alterar este orden no podia otorgarse sino por medio de otra ley, con todas sus formas y solemnidades. Necesitábase, por lo tanto, que el pueblo entero se reuniese por curias, en comicios calados, bajo la presidencia del
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Pontífice, que era la más solemne de sus reuniones, y que en esta forma votara, aprohando ó desaprobando, lo que el testador le propusiera. Obligar al ciudadano que intentaba desheredar al pariente su heredero legítimo, á hacerlo con tal publicidad y en sana salud, teniendo que arrostrar tal vez la oposición de su familia ó los peligros de una esperanza defraudada, y someter después de todo su decisión á la insegura voluntad de la muchedumbre, eran en verdad hartas dificultades para generalizar el uso de los testamentos. Debieron, pues, estos continuar siendo, durante mucho tiempo, leyes excepcionales de la comun, sin convertirse en regla general, hasta que, abandonada aquella antigua forma, se adoptó la menos solemne de vender el testador la herencia á su heredero (per aes et libram).

La facultad de testar, fué quizá una transacción de la propiedad colectiva con la individual, pero con restricciones que dejaban á salvo la unidad de la familia y la integridad de su patrimonio, que era el verdadero interés político de un Estado compuesto como se ha dicho, no de individuos, sino de familias. Por eso no era válido el testamento si no comprendía la institución de un heredero universal, es decir, de una persona que sustituyese al testador en la representación de los intereses domésticos y religiosos que constituían la familia, y llevaban este nombre según el lenguaje del tiempo. Para el Estado era el testamento un acto de trasmisión ménos de la propiedad privada, que del gobierno y dirección de una parte de la sociedad. El padre de familias, propietario y sacerdote del culto doméstico, era además señor y juez de su mujer, de sus descendientes, de sus esclavos y de sus libertos, con derecho hasta de vida y muerte sobre ellos; y toda esta potestad era la que debía transmitirse al heredero por medio del testamento. Véase cuán justificada estaba la intervención del Soberano en este acto y la facultad primitiva del pueblo para negar su asentimiento á la institución de todo heredero incapaz de desempeñar aquellas importantes funciones.