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precedieron. Desde que, en el reinado de Felipe II, se hizo notoria é innegable la decadencia de la fortuna pública, siguiendo después en progresivo y alarmante aumento hasta la muerte del último de los Reyes de su familia, España, fecunda siempre en soldados y poetas, fué poco afortunada en administradores y gobernantes. El Príncipe de Évoli, el Duque de Lerma, el de Uceda, el Conde-Duque de Olivares, D. Fernando Valenzuela, y demás árbitros de la Política y de la Administracion, no contribuyeron á la gloria de su país como Cervantes, D. Juan de Austria, Don Pedro Calderón de la Barca el Duque de Alba, Fray Luis de Leon, y tantos otros. Pero en el siglo XVIII no hay en España nombres cuyo brillo eclipse los de Macanaz y Ensenada, Aranda y Floridablanca, Campomanes y Jovellanos. Sin embargo, los esfuerzos de estos apóstoles de la reforma no lograron cambiar en sus rasgos esenciales el carácter de la Administracion pública. Ellos pertenecen por su iniciativa y sus ideas al liberalismo del siglo XIX; pero á pesar de su trabajo, y de la protección que por lo comun les concedieron los Reyes, el régimen antiguo permaneció íntegro mientras duró el poder de la Monarquía absoluta. Las ideas mismas de los reformadores no tomaron todo el vuelo que les era propio sino en los últimos días del siglo, al doble impulso de la revolución política que se elaboraba ya en los ánimos, y del desarrollo rápido y sorprendente de las nuevas teorías económicas. El informe de la Sociedad patriótica de Madrid, sobre la Ley Agraria, abandonando por fin el camino trillado del tradicionalismo rutinario, y proclamando del modo más absoluto la libertad del trabajo y del interés individual en todos los ramos de producción y reparto de las riquezas, marcó el principio de la nueva era. Los legisladores de Cádiz, convirtiendo en leyes los consejos contenidos en la obra maestra de Jovellanos, declararon la guerra á la amortización, á los privilegios, á los oficios enagenados, á las oligarquías hereditarias que empobrecían los pueblos, á las trabas de mil géneros que así dificultaban el desenvolvimiento de la idea nacional como de las fortunas de los individuos. La lucha ha sido larga; la rutina tomó raíces muy profundas en los poderosos intereses lastimados, y en las preocupaciones del vulgo; pero la victoria parece cada vez más decisiva y definitivamente asegurada á favor de las doctrinas nuevas. Las ventajas principales de esa victoria pueden resumirse en las cuatro siguientes: la unidad nacional, sustituyendo con su gloriosa grandeza á
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aquella mezcla informe de leyes, fueros, instituciones y costumbres provinciales, locales y particulares; la division de los distintos poderes públicos, separando la justicia, la política y la administracion, antes lamentablemente confundidas en su organización y en su ejercicio; la igualdad, suprimiendo la innumerable multitud de privilegios que anulaban bajo su peso funesto la eficacia de toda legislacion dirigida al bien social; y la libertad económica, reconociendo que la fuerza del Estado no es otra cosa que la suma de las fuerzas individuales, y que estas tanto más se desarrollan, crecen y llegan á su perfeccion, cuando mayor es la facultad que se les deja de ejecutar sus movimientos según sus propios espontáneos impulsos.

FERNANDO COS-GAYON.
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poblacion blanca, y fué una de las causas que más contribuyeron á sostener la adhesion del país á la Metrópoli que, en ocasiones, no pareció á los Cubanos bastante solicita ni bastante fuerte para defender sus intereses contra las aparentes asechanzas de Inglaterra, envueltas en las cuestiones que suscitaba la represion de la trata. Aunque los liberales adictos al sistema constitucional y los que de cualquier modo habían sufrido persecucion ó extrañamiento por disposiciones de Tacon manifestaron entonces los excesos e inconveniencias del sistema vigente; aunque las intrigas carlistas, por una parte, y los exaltados liberales de la Península, por otra, mantenian en los ánimos de la poblacion cubana cierta agitacion que llegó á producir serios amagos de disturbios por excitaciones subversivas á las tropas que guarnecian á Cuba y Puerto-Rico, estos síntomas de perturbacion llegaron por último á disiparse con la vigilancia de las autoridades, y la uniformidad de sentimientos pareció ser una necesidad reconocida ante la inminencia de un peligro harto más temible en la mala disposicion de los negros, estimulados por el espectáculo de la completa abolicion de la esclavitud en Jamaica en 1837, por los manejos de las sociedades abolicionistas y por el apoyo que les prestaba la actitud exigente del Gobierno ingles respecto al cumplimiento de los tratados sobre el tráfico negrero.

Cualesquiera que hoy sean las opiniones dominantes con relacion á la esclavitud en las Antillas, á los medios de acabar con ella y de reemplazarla más ó menos pronto con la inmigracion de raza europea ó con una diferente organizacion del trabajo, es muy cierto que en la época á que me refiero la totalidad de la poblacion blanca de Cuba, directamente interesada en su prosperidad, veía con horror toda tendencia que pusiera en peligro la conservacion de los grandes intereses que se fundaban en el estado de la esclavitud. No es menos cierto que por entonces tambien, y muy especialmente hacia el año de 1841, con motivo de la pretension del Gobierno inglés para que la Comision mista averiguase y descubriese los negros que se hubieran introducido fraudulentamente en la isla con posterioridad al año de 1820, se manifestó en Cuba una angustiosa agitacion que le hacia volver los ojos hacia los Estados Unidos, donde se mostraba á la vez un interes palpitante por la suerte de la isla, y el mismo Gobierno federal advirtió con frecuencia al Ministro español en Washington los peligros que la
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TREGUA Y JUICIO DE DIOS.

IV.

A las leyes góticas siguieron inmediatamente en Aragon las leyes de Sobrarbe. El Fuero que lleva este nombre es un misterio histórico. Puede asegurarse que en su totalidad aparece anterior al siglo XIII; pero como desde la invasion sarracena hasta dicho siglo corren cinco, es un período demasiado largo y azaroso para que haya dejado de llamar la atencion á los escritores que se han ocupado de las antigüedades de aquel reino. Lo más probable es, que la coleccion conocida con el título de Fuero Viejo de Sobrarbe, no se formó de una sola vez en el estado que ha llegado hasta nosotros, sino que ha sido una agregacion sucesiva de leyes, conce- diéndose mayor antigüedad entre ellas á las disposiciones políticas, que se consideran como base de las Monarquías Aragonesa y Navarra, y pacto entre sus primeros Reyes y los Nobles que los elevaron al Trono. El misterio de este Código se aumenta al ver que no ha sido posible encontrar un códice de sus leyes en latin (al menos nosotros no conocemos ninguno), y que las copias que de él corren están todas en romance antiguo, cuando sabido es que á la sazon ninguna ley de España se escribió en el idioma naciente, usándose el latin como lengua oficial en Aragon más que en ningún otro reino, pues aún en el siglo XV tenian el encargo los Justicias de verter á este idioma los acuerdos de las Cortes, y en latin se litigaba en su tribunal. La version de las leyes politicas de Sobrarbe, que aduce Blancas en sus preciosos Comentarios de
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Aragón, es á todas luces compuesta por él, teniendo á la vista los más acabados modelos del siglo de Oro de la legislación romana; y no era este ciertamente el bárbaro latin introducido en el mundo desde los siglos III y IV. Confirmanos en la opinión de que las primitivas leyes de Sobrarbe debieron escribirse, como todas, en la baja latinidad de aquel tiempo, ver incluidas en la Coleccion de Tudela, que es una de las más antiguas, dos leyes posteriores de D. Sancho el Sabio, que están en latin; y si este Rey legislaba á fines del siglo XII en este idioma, ¿cómo los anteriores habían de haber legislado en romance? No es vana esta cuestión filológica, porque las leyes de Sobrarbe han llegado á nosotros tan estropeadas, ó por faltas en la traducción, ó por errores de copia, que en rigor sólo debe tenerse por auténtico lo que de ellas se tomó para el Código manuscrito navarro, ó para la Coleccion aragonesa hecha por el Obispo D. Vidal de Canellas, y aprobada en las Cortes de Huesca de 1247.

Viniendo ahora al tema de nuestros artículos, encontramos admitido ya el juicio de batalla en este Fuero Viejo de Sobrarbe, base común de las legislaciones aragonesa y navarra. La ley CLXXXV tiene por título Qui bataylla, y su texto dice: «De toda bataylla que fuese firmada en poder de justicia que judga por fuero de Aragon, deven ser las novenas de la justicia é los rienzos de los sa- gones, é todo lo otro la tercera part deve ser del clamant, é lo al del Rey ó Seynnor.» Esta ley nos demuestra, que por Fuero de Aragon se podia firmar batalla ante los jueces; que había que otorgar fianzas como en Cataluña, y que la fianza del vencido se repartía entre el juez, los agentes de la autoridad, el vencedor y el Rey ó el Señor de la tierra. Las leyes CLXXV y CCLXXXVIII prescribían el juicio de batalla por el robo de diez ovejas en adelante si el acusado negare, y lo mismo por muerte de perro que guardase casa. El texto de la CCXLV es inaudito y feroz: dice así: «Fillo con Padre.—Fuero és que fillo puede fer batailla con padre siá lo quiere desheredar contra fuero. Preciso es apelar á conjeturas é interpretaciones para explicar esta ley, porque nos parece imposible que deba entenderse al pie de la letra, y nos dolería que en nuestra patria hubiese existido en su genuino sentido. Entendemos, pues, que la batalla de que habla la ley, se refiere á duelo entre el hijo exheredado y los herederos que instituyese el padre; porque cuando un padre exhereda á su hijo en testamento.
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no es natural que se lo diga, y sólo cuando el padre muriere, habría derecho para reclamar la nulidad de una disposición testamentaria, que podía variar hasta la última hora, siendo imposible que llegase el caso que parece suponer la ley. Aún pudiera dársele la interpretación de batirse el padre y el hijo por medio de campeones, porque es imposible admitir en ningún caso el crimen inaudito sancionado por una ley, de autorizar á un padre y á un hijo para degollarse mutuamente. Deseariamos, sin embargo, mayores explicaciones en la ley, y no ese texto descarnado y duro tan ofensivo á Dios y á la naturaleza.

Las leyes LVIII y LIX señalan las formalidades del duelo entre villanos y entre hidalgos. En el de villanos, el alcalde debía dar varios plazos al retador para buscar y encontrar campeón igual al retado. Éste sufría una medida exacta de estatura, anchura, brazos y piernas, y luego se procedía á la medida del campeón presentado por el retador; y si en treinta días no presentaba campeón coígual al retado ó al campeón de este si el mismo no podía combatir, perdía su causa y pagaba además la multa de sesenta y siete sueldos y seis dineros al señor. Admitidos ya los combatientes, velaban los dos por la noche en la iglesia sus escudos ó cestos, y sus bastones ó latigos; y al día siguiente eran sacados al campo, en donde ya los testigos habían colocado las corseras ó mojones; el combatiente que salía de estos términos se declaraba vencido; las partes no podían decir nada durante el combate á los campeones: si ninguno de estos se daba por vencido el primer día de sol á sol, los retiraban los testigos, y al día siguiente continuaba el combate hasta que sucumbiese ó se diese por vencido uno de ellos.

El duelo entre caballeros exigía mútuas fianzas é igualdad de condición, estableciéndose la misma distinción que en Cataluña sobre la paridad y la consimilitud: los caballeros y armas debían ser iguales: la acusación por traición que pudiese enmendarse, no daba lugar á juicio de batalla: por muerte de señor podía el retado salvarse en juicio sin batalla: si un retado por traición muriese naturalmente antes de salvarse por sentencia jurídica ó batalla, no deberían enterrarle en sagrado hasta que sus parientes ó amigos salvases su memoria: el plazo para salvarse ó enmendar la traición sin batalla era de treinta días. Las demás formalidades para el duelo eran las mismas que en el combate de villanos, sólo que el campo tenía mayores dimensiones.
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Estas nos parecen ser las únicas leyes del Fuero de Sobrarbe aplicables al reino de Aragon sobre el juicio de batalla; pero de otros datos que aducen los autores clásicos y según la opinión de los mismos, el combate judicial debió llegar á gran extensión, así como las pruebas vulgares de agua y hierro caliente, porque unánimemente confiesan, que hasta muy entrado el siglo XII las armas habían hecho callar á las leyes. Dicen que el combate judicial empezó á decaer el año 1115 que fué el de la conquista de Zaragoza por D. Alonso el Batallador, y en el que empezó á enaltecerse y tener verdadera importancia la institución del Justicia Mayor. Esta suposición no nos parece enteramente exacta, porque además de que la institución del Justicia está envuelta en densas nieblas hasta bien entrado el siglo XIII, vemos extraordinariamente prodigado el juicio de batalla más de un siglo después en el código formado por las Cortes de Huesca de 1247.

En él se admite este medio de prueba á falta de otras legales, para los casos de traición, estableciéndose las mismas diferencias que en Cataluña entre los adversarios pares y coiguuales. El rico-hombre, caballero ó infanzón, que siendo desafiado quisiese estar á derecho dando fianza oportuna ante el Rey, su Lugarteniente ó Justicia de la ciudad más inmediata, ó de las grandes villas como Calatayud, Daroca, Teruel, Alcañiz, Barbastro, Egea ó Uncastillo, evitaba el desafío; si el desafiante le hiciese daño pagaría el duplo, y si resultaba muerte, se juzgaría al agresor conforme á las penas establecidas en la Carta de paz. Admitíanse campeones. El derecho á retar por perjurio caducaría al año y día del juramento prestado, y dejado pasar el término, nadie podía reproducir el reto. Prohibido quedaba matar ni maltratar á otro sin desafiarle préviamente ante tres caballeros ó tres de sus coiguuales, guardando treguas de diez días, y al que infringía estas condiciones se le consideraba traidor manifiesto. Los daños hechos en viñas y árboles frutales, y que se tasasen en más de sesenta sueldos, daban lugar á Juicio de batalla; pero por menos de esta suma se defería juramento. Los pastores podían recobrar, bajo su juramento, hasta diez ovejas de aquel que se las hubiese robado; pero de diez ovejas arriba, debería sostener batalla con el supuesto ladrón. Por hurto de más de diez puercos había también lugar á batalla. El infanzón acusado de hurto mayor, podía salvarse por batalla, y de hurto menor, por juramento; pero los demás ladrones se salvaban por batalla, á no
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que fuese ladron de asno sin arreos, porque en este caso no podia salvarse por duelo.

Los casos anteriores suponen un crimen, y con mayor ó menor extension, la prueba del combate judicial en ellos está conforme á la costumbre catalana, donde sólo se admitia el juicio de batalla para determinados delitos; pero en Aragon, y conforme al código de que vamos tratando, se admitia además el duelo en negocios civiles. Concediase en efecto batalla contra el que negase heredad que le hubiese sido encomendada. Si un demandado por deuda en juicio verbal no contestaba categóricamente á la demanda, ó lo hacia en sentido negativo, se le podia exigir juramento, y sobre este, batalla por acusacion de perjuicio, si de ello hubiese costumbre en el lugar donde fuese requerido; dejábase sin embargo á la prudencia del juez considerar si la causa merecia ó no trance de batalla. En peticion menor de diez sueldos, el infanzon hermunio era creido en la negativa bajo su palabra: de diez sueldos hasta ciento, bajo juramento: de ciento en adelante habia lugar á batalla. El juramento negativo del villano valia hasta diez sueldos: de esta suma en adelante, batallaba. Por obligacion verbal se daba lugar á batalla si el demandado la aceptaba, pero en obligacion por carta ó dos testigos, sólo se podia fallar batalla contra sus dichos. Declárase que entre personas religiosas nunca se podria sentenciar batalla, sino estar al juramento prestado ante la cruz y el libro. Tampoco los parientes y herederos de un difunto estaban obligados á juicio de batalla por ningun hecho de este, á no que fuese acusado de traicion. Prohibido quedaba todo duelo entre suegro y yerno, y nos parece que con esta disposicion se anulaba indirectamente la ley de Sobrarbe que autorizaba duelo entre padre é hijo. Los juramentos podian prestarse todos los dias del año, excepto los feriados, á saber, los domingos y las fiestas del Señor, de la Virgen y de los Apóstoles.

Tales son, en breve resumen, las disposiciones del Código de Huesca sobre el juicio de batalla aragonés, y á muy tristes consideraciones da lugar su lectura, acerca del estado social de aquel tiempo, cuando las vemos incluidas en él por un Obispo tan ilustrado como D. Vidal de Canellas, que fué el primer escritor y jurisconsulto de su época. ¡Por más de diez sueldos, se autorizaba el homicidio del villano, y por más de ciento el del noble! ¡Júzguese el aprecio en que se tenia entonces la vida del hombre! Uno de los
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preceptos de la religion, que con tanto entusiasmo se defendía, dice, no matarás, y sin embargo, las leyes de Huesca autorizaban el homicidio por una insignificante deuda. Suponiase que Dios decidió en el combate un pleito de diez sueldos; ¿y por qué no los de nueve y medio? ¿Cómo se reveló al autor del código la tarifa del tribunal divino? Este milagro bien merecía consignarse, porque de otro modo hay antítesis en el principio: no existe razon para que autorizándose el combate por diez sueldos, no se autorizase por suma menor. Pero dejémonos de reflexiones, que nos llevarían más lejos de donde queremos ir, y ciñámonos á lamentar la ignorancia, estupidez y barbarie de unos tiempos para los que, desgraciadamente, pero sólo en España, no faltan panegiristas.

Las Observancias redactadas por el Justicia Martín Díaz, comprenden también numerosas disposiciones sobre el juicio de batalla. Manifiestan primeramente, lo que deberia hacerse cuando un señor ó un concejo tuviesen que retar á vasallo ó vecino, dominando la idea de que el vasallo no contestase al reto del señor ni el vecino á todo el concejo. En cuanto al rico-hombre ó caballero que tuviese pueblo en honor por el Rey, no estaba obligado á contestar el reto que se le hiciese por dicho honor, si antes no se le devolvía la posesion, en el caso de no tenerla al tiempo de hacerle la reclamacion. Sin previo desafío nadie podria prender, matar, ni ocupar las posesiones de otro por fuerza ó hurto, bajo pena de traicion. Declarábase asimismo que, aun precediendo desafío, no podrian talarse, quemarse ni destruirse los bienes de los desafiados, y sólo seria lícito perseguir y destruir las personas de los guerreantes, de sus valedores y los caballos que montasen. Si alguno desafiaba á otro y le mataba, no incurría por costumbre en pena corporal, pero pechaba homicidio al Rey, quien no podía ser perjudicado en sus derechos. Si habiéndose desafiado dos, usurpase uno violentamente la-propiedad de otro, no por esto deberia considerarla suya, aunque las propiedades de ambos estuviesen incluidas en la hostilidad mútua. Reitérase en las Observancias el principio, de que si un desafiado no quisiere admitir el desafío, podia firmar, ante juez competente, que otorgaria derecho al desafiante sobre su querella, evitando así el duelo. La mujer no podía acusar á nadie de traicion, porque no podía combatir. El acusado de traicion que eligiese el combate, según fuero, no podria elegir después otro medio de contestacion. El infanzon que mataba á infanzon ó
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caballero, se salvaba por juramento negativo, deferido y prestado en altar; pero si se le acusaba de alevosía en el homicidio, habia lugar á batalla. Finalmente, se marcaban las formalidades que deberian seguir los que retasen á otros por muerte á traicion y sobre las dos fianzas de espera y torna, exigibles respectivamente por el retador y retado.

Además de lo prescrito sobre el juicio de batalla en los Fueros generales de Aragon y de algunas disposiciones de Córtes sobre lo mismo, que sería muy prolijo extractar, encontramos en los Fueros Municipales nuevas leyes para las respectivas localidades, que imprimen en ellas carácter particular. El Fuero de Jaca, otorgado por D. Sancho Ramirez en 1064, admitia el juicio de batalla cuando lo pedian los dos adversarios; pero si alguno de ellos no era vecino de Jaca, el duelo no podia verificarse sin anuencia del Concejo. En el de Calatayud, otorgado por el Batallador en 1131, se concedia juicio de batalla contra los testigos falsos y los ladrones, quienes, si fueren vencidos en lid, deberian pagar el duplo de las multas. Don Ramon Berenguer mandó lo mismo en Daroca cuando confirmó sus antiguos Fueros en 1142: los testigos estaban obligados á contestar la demanda de reto y salvar su dicho en lid, debiendo pagar el duplo de lo litigado si eran vencidos, quedando inhabilitados en este caso para volver á ser testigos. Indudablemente tenia este rigor por causa el abuso del juramento y el uso frecuente del perjurio.

La célebre coleccion de Fueros de Teruel, otorgados por Don Alonso II en 1176, contiene muy curiosas noticias para preparar y realizar el juicio de batalla á caballo y á pié. El acto del combate deberia verificarse siempre en sábado, y encerrados los combatientes el viernes, velaban sus armas toda la noche. El retado enfermo debia alegar la enfermedad ante los Alcaldes, quienes si la apreciaban, daban al retado cuatro dias de plazo para buscar campeon coigual suyo. El retado podia elegir el combate á caballo ó á pié. Llegado el dia, y después de velar las armas la noche anterior, oian misa solemne en Santa María, donde juraban sostener la verdad de que se creian asistidos, y concluida la misa, salian á combatir al campo de Teruel. Conforme á fuero, el demandante debia acometer primero y el demandado defendese. El que traspasaba los mojones se declaraba vencido. Si el demandante ó retador derribaba del caballo al retado, debia aparese inmediatamente; pero