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amalgama de pequeños Estados, juzgaron que era poco una España, y crearon el Reino de las Españas: es preciso reconocer que hay en esto algo que hace preferible, para la generalidad de las gentes, lo falso á lo verdadero, y el plural al singular.

Pero además, debemos descubrir en aquel abigarrado conjunto de nombres geográficos una representación exacta del carácter de la Política y de la Administración durante la Monarquía absoluta. Aquellos Soberanos, que se llamaban Reyes aquí, Condes allá, Señores ó cualquiera otra cosa acullá, eran, en efecto, funcionarios que en cada una de las provincias á su poder sometidas tenían distintas atribuciones, diverso origen, diferente legitimidad, Gobierno especial. Excepto ellos, no había Consejo, institución, Tribunal, ni empleado de ninguna clase, cuyas facultades se extendieran á todos sus Reinos, Condados y Señorios. No era sólo el respeto á las tradiciones, costumbres y fueros provinciales lo que hizo conservar tal estado de cosas, sino también el pensamiento político de que no habiendo unidad si no en el mando, la obediencia no pudiera nunca convertirse en una rebelión concertada. Contra la tendencia á la libertad, que en cualquiera comarca hubiera podido acaso manifestarse, el Poder central podía así oponer siempre la masa compacta de todos los demás países de la Monarquía. Para dirigir ésta, se creía más eficaz y menos peligroso reunir en la mano del Monarca muchas riendas que pocas. Dividir para vencer fué la máxima política favorita durante los siglos en que el absolutismo prevaleció. Por tal sistema se logró el auxilio de los Municipios para disminuir el poder de los grandes Señores; la cooperación de los Nobles para vencer á los Comuneros; el asentimiento de las ciudades y villas de voto en Cortes para expulsar de ellas á los Nobles; el esfuerzo de Castilla para merendar los fueros de Aragón.

Las cuestiones políticas no tomaban nunca el carácter de nacionales. Apénas hubo Monarca en los tres siglos que no viese negada su autoridad por una parte considerable de sus súbditos, digan lo que quieran los que pretenden que el orden, la obediencia y la paz eran entonces inalterables. Contra Carlos I se levantaron las Comunidades y las Germanías; contra Felipe II, Aragón; contra los dos y contra Felipe III, los Moriscos; contra Felipe IV, Cataluña y Portugal, sin contar Nápoles ni Flandes; Carlos II tembló al ver la insurrección invadir las escaleras de su Régio Alcázar, y le dió
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su permiso soberano para que llevarse el saqueo y el asesinato á casa del Presidente de su Consejo Supremo; Felipe V tuvo que luchar contra Aragon, Valencia y Cataluña, que no tuvieron para rechazarle mayor razon que la de verle bien acogido en Castilla; Carlos III vislumbró ya la agitacion revolucionaria de nuestros días, cuando el motín contra Esquilache cundió desde Madrid á Zaragoza, Cuenca, Palencia, Andalucía, Aragon, Navarra, Guipúzcoa y otras partes; y, por último, Carlos IV bajó del Trono cediendo al empuje de una insurreccion popular. Pero, excepto en este último caso, que por su índole como por su fecha pertenece ya á nuestro siglo, todos los demás acontecimientos politicos carecian del carácter de generalidad que, interesando de una manera uniforme á todos los Españoles, pudiera haberles dado la importancia peligrosa de movimientos nacionales.

No busquemos, pues, el Estado, tal como nosotros lo entendemos hoy, en donde sólo habia los Estados del Rey. La Nacion en realidad no existió, por lo menos en lo que respecta al orden administrativo, objeto de este estudio, hasta las Constituyentes de Cádiz. No era tan original y tan inaudito, como á primera vista nos parece hoy, el grito de los que en 1824 clamaban ¡muera la Nacion! Si la fórmula era más salvaje, el espíritu era el mismo que habia animado por mucho tiempo á una escuela de políticos y gobernantes.

V.

Las Cortes que, aun escasas en facultades, debieran haber reflejado la idea y los sentimientos del país, apenas pueden considerarse como una rueda de la máquina administrativa. Esta marchaba de igual modo, con igual fuerza, con la misma velocidad y direccion de movimientos con ellas que sin ellas. Se les reconocian de ordinario ciertos derechos; pero cuando se les negaba, lo que tambien sucedia con frecuencia, se hacia con segura impunidad.

Se las convocaban para votar los impuestos nuevos; se escuchaban sus peticiones. Aun en Castilla, que no tenia Fueros provinciales, y que presumia de cierta pretendida superioridad y primacía sobre los demás reinos á costa de soportar el peregrino y extraño privilegio de no tener privilegios, y de levantar á menudo
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sola los tributos y cargas que debieran ser generales, se consideraba que ciertas leyes no estaban sujetas al albedrío del Monarca, y que eran pactos celebrados entre éste y sus súbditos como entre partes iguales. Así fueron miradas las condiciones que hasta con la forma de escritura pública se establecían para la cobranza y administración del servicio titulado de Millones. Pero ni la Diputación permanente de las Cortes, ni la Comisión de Millones tuvieron una existencia respetada, ni ejercieron nunca con eficacia la fiscalización de los actos del Poder. Decretos Reales las modificaron, las refundieron en una sola corporación, las agregaron al Consejo de Hacienda, las volvieron á separar, y concluyeron por suprimirlas.

Más que otra cosa, parecía como que se las conservaba sólo para que fuesen la encarnación viva del provincialismo y de la falta de unidad nacional. Cortes de Castilla, Cortes de Aragón, Cortes de Navarra, no Cortes de España. Ciento es que en el siglo XVIII se intentó y se llevó á cabo reunirlas con una representación más general; pero se hizo esto cuando se las convocaba poco más de dos veces en el espacio de cien años, y se omitía promulgar las leyes con que en la segunda de esas dos reuniones habían derogado lo hecho en la primera.

VI.

La Aristocracia podía haber servido, á falta de representación popular, de lazo de unión entre las diferentes partes del país, y de moderador del Poder Real; pero el aniquilamiento de la Aristocracia había sido la primera y más acabada obra de la Monarquía absoluta. Privados de su preponderancia en los ejércitos por la invención de la pólvora y por el establecimiento de los permanentes; desposeídos del dominio casi exclusivo que antes disfrutaban sobre el territorio, por el engrandecimiento de los Municipios y del Poder Real; expulsados de las Cortes sin resistencia; los Nobles, convertidos en palaciegos, seguían disfrutando las mercedes enriqueñas, comprando oficios, adquiriendo regidurías hereditarias, formando mayorazgos, eximiéndose de cargas y tributos, pretendiendo títulos nobiliarios, vireinatos, embajadas y plazas de la Cámara Real; pero como cuerpo del Estado, como representación
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de intereses de una clase social poderosa, no intervenian de modo alguno ni tenian puesto en la Administracion pública. Las gracias, los derechos, las funciones que se les concedian, tenian siempre el carácter de individuales.

La misión de la nobleza durante tres siglos parece reducida á conseguir solamente dos objetos: el de disputar puestos en las solemnidades palaciegas, y el de perpetuar las glorias (en los casos en que las habia), los recuerdos, el nombre, el prestigio de la sangre de las familias nobles. Conseguiá el primero en la mayor parte de las ocasiones por el apoyo que los Reyes constantemente prestaron á todo lo que dijera realce y carácter de privilegio á las ceremonias y etiqueta de su palacio; y para que el segundo fuese igualmente satisfecho, nada se omitió en el espacio de tres siglos. Pero si las leyes abonularon á este fin desatinos sobre injusticias; si, favoreciendo los mayorazgos, levantaron una barrera contra el desarrollo de la riqueza nacional, desatendieron los derechos de la familia y trastornaron las condiciones del derecho común; si, para impedir la rápida desaparición de los nombres ennoblecidos, se acudió á ocultar la falta de trasmisión directa de las herencias vinculando los apellidos á las tierras cuando la muerte interrumpia las líneas de parentesco; si la inagotable prodigalidad del Trono renovaba á su rededor los títulos y las mercedes, el único hecho que aquí debe consignar, como resultado final de aquel sistema, es que cuanto más se multiplicaba y vulgarizaba la nobleza, más distante se hallaba de constituir una aristocracia. Por lo que influyó en las condiciones de la familia, debe tener un puesto importante en la historia de la sociedad española; en la de la Administración pública, su papel está limitado á representar una parte considerable, pero de ninguna manera exclusiva, en el disfrute de las exenciones y privilegios. Cada provincia, cada pueblo, cada clase, cada corporacion, cada gremio, cada cofradía, tenía un fuero, una preeminencia, una prerrogativa particular. Si de alguna contribucion pecuniaria estaban dispensados los hidalgos, de otra, no menos general ni gravosa, lo estaban hasta los pastores de ovejas. En aquel sistema, que parecia tener horror á la unidad, y que, en todas las cosas, apenas establecida una regla general, la obligaba á desaparecer bajo el peso de infinita variedad de excepciones, nadie monopolizaba los privilegios: cada cual tenia el suyo particular. La condicion de privilegiado no era privilegio de nadie.
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VII.

Sólo una unidad subsistió durante aquel largo período de tiempo, y se mantuvo siempre fuerte, inalterable, inflexible: la unidad religiosa. No es fácil decidir si la razón fría de los hombres de Estado la impuso al pueblo, ó si los sentimientos populares la impusieron á los Gobiernos. La política absolutista y la intolerancia religiosa se unieron tan estrechamente desde sus principios, que no es posible fijar si en el origen de esta hubo más de política que de piedad.

Para constituir con condiciones de fuerzas la nacionalidad, ningún vínculo podía ser más eficaz que la identidad de la fé; sobre todo para los pueblos españoles que, separados siempre por la variedad de sus legislaciones municipales antes y después de la Monarquía visigoda, y, durante ésta, por la diversidad de razas, acababa de sostener una lucha de religión por espacio de ocho siglos. La historia, las costumbres, las leyes, el idioma, no eran unas mismas para el castellano, el catalán, el vascongado; pero en el seno del catolicismo se confundían en una común identidad las ideas, los sentimientos, los recuerdos de todos.

La inmensa ventaja que de aquí hubiera debido resultar para el engrandecimiento del poder español, se convirtió en lamentable desastre, porque es condición natural de todas las exageraciones producir efectos contrarios á los que se proponen. Si todos los hijos de España hubieran sido por su propia voluntad y convicción católicos, infinitas acciones de gracias hubieran debido dirigir incesantemente al Altísimo por haberles concedido el bien inapreciable de la unanimidad en profesar la religión verdadera.

Pero no fué así como nació, creció y mantuvo larga vida la unidad religiosa en España. Para conseguirla, fueron expulsadas en masa del territorio razas enteras; unas provincias fueron instantáneamente despobladas; otras diezmadas con lentitud; con otras se sostuvieron guerras larguísimas, que concluyeron por su emancipación. Se renovaron los sacrificios sangrientos que el Cristianismo repugna, y que había abolido en el mundo antiguo y en el nuevo hemisferio; se convirtió en espectáculo y diversión de Reyes y Reinas la quema de seres humanos vivos; se encerró en
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BAJO LA MONARQUÍA ABSOLUTA.

los calabozos inquisitoriales á los hombres más ilustres, más sabios, y á veces á los más piadosos y sinceramente católicos. Decayó la agricultura; padecieron la industria y el comercio; se secaron las fuentes del trabajo, único manantial fecundo de toda riqueza y de toda moralidad; se rebajó la importancia intelectual de nuestra patria, y el pensamiento nacional, privado de todo vuelo filosófico, no pudo seguir la marcha que por todas las demás partes del mundo cristiano seguía el humano espíritu.

Si en lo tocante al dogma la Inquisición reinó con poderío absoluto, en lo relativo á la disciplina hubo constante lucha entre ultramontanos y regalistas. Cada una de las dos potestades que se llamaban supremas, pugnaba por disminuir las facultades de la otra; ó mas bien, por defenderse de sus invasiones. La Corte de Roma, á la sombra del ejercicio de las atribuciones que le correspondían en el arreglo y manejo de las cosas eclesiásticas, dejaba á su Dataría y su Penitenciaria que cometieran excesos y aun estableciesen de un modo permanente abusos. A su vez, los Ministros de un poder monárquico que no quería sufrir traba, freno, ni limitación en nada, se esforzaban por inmiscuirse á cada paso en elecciones, y en otros actos de índole exclusivamente eclesiástica. Pero las cuestiones entre la Iglesia y el Estado merecen ser tratadas con separación, y no necesitamos detenernos en analizarlas para este ligero bosquejo de los principales rasgos del antiguo régimen administrativo.

VIII.

Al lado del Rey, y junto á las gradas de su trono, dirigiéndole de ordinario, aconsejándole siempre, y sustituyéndole con frecuencia, ó obrando en su nombre, presidía el movimiento y más ó menos ordenado concierto de la Administración pública el Consejo Real, más conocido por el nombre de Consejo de Castilla. Institución que por mucho tiempo pareció gigante, y que hoy nos parece monstruosa, extendía á todas partes su influencia, apoderándose de los negocios que presentaban gravedad, de cualquiera clase que fuese, y no desdenando el conocimiento de los pequeños, por insignificantes que resultasen.

Toda idea de división de los poderes públicos era ignorada, ó es-
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tramarinas, alterar la costumbre con que hasta entonces se habia aplicado á ellas el régimen constitucional de la Península, desde la declaracion de la Junta Suprema de gobierno en Sevilla, confirmada después por las Cortes de Cádiz. La Comision de poderes entretenia la presentacion de su dictamen sobre las actas cubanas, acaso con objeto de dar lugar á que fuera conocido del Gobierno y de las Cortes el resultado de la insurreccion del General Lorenzo en Santiago, y los Diputados de Cuba hacian intútiles instancias por conseguir su asiento en el Congreso. En una sesion secreta, tenida el 16 de Enero de 1837 para tratar este asunto, se reveló al fin el propósito de excluir á los electos por las provincias de Ultramar de su participacion en las Cortes del Reino, y una Comision especial, nombrada por efecto de la proposicion del Sr. Sancho en este sentido, daba su informe en el mes de Febrero en sesion pública, opinando que así entonces, como en lo futuro, no se admitieran en el Congreso Nacional Diputados por aquellas provincias.

Los tres electos por Cuba elevaron una protesta contra esta disposicion de los ánimos entre los representantes peninsulares, al tener conocimiento de lo ocurrido en la sesion de 16 de Enero, fundándose en la igualdad de derechos proclamada siempre por España para todas sus provincias Peninsulares y Ultramarinas; en la costumbre no interrumpida de enviar estas sus Diputados á las Cortes del Reino, y continuada durante el Estatuto Real para los dos Estamentos que se habian congregado; en la misma Real convocatoria, por virtud de la cual se hallaban reunidos en Congreso los representantes peninsulares; en la urgencia de exponer las necesidades de las provincias de Ultramar, y por último, en la inconveniencia de tomar un acuerdo retroactivo para excluir sus Diputados de aquellas Cortes, no existiendo sobre ello una ley anterior.

Esta protesta, pasada á informe de las Comisiones de Constitucion y especial de Ultramar, no alteró el dictamen presentado por esta, de acuerdo con el artículo que aquella proponia en su proyecto para que las provincias de Ultramar fuesen gobernadas por leyes especiales. Las razones en que se apoyaba la Comision informante sobre la proposicion del Sr. Sancho, para excluir de las Cortes á los Diputados ya electos, hacian entrar en discusion prévia todo el pensamiento iniciado en el artículo del proyecto constitucional sobre leyes especiales para las Provincias Ultramarinas. Estas razones se fundaban principalmente en la diversidad de los elementos
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taba negada. El Consejo de Castilla legislaba, gobernaba, administraba, aconsejaba y ejercía jurisdicción judicial. Lo que debieran hacer Cortes del Reino, Consejos de Ministros, Centros administrativos, Consejos y Tribunales, era hecho por sola aquella corporación. Pedia al Rey ó decretaba por sí, sin tener tampoco reglas fijas para determinar en qué casos le correspondía el consejo ó la decisión, la expedición y promulgación de leyes, decretos y ordenanzas generales y particulares: entendía y sentenciaba en las diversas clases de recursos de fuerza; deliberaba sobre pase ó retención de Bulas, Breves y Letras de la Curia Romana: se creía con facultades para exigir de todos el cumplimiento de los decretos del Concilio de Trento; intervenía en la convocatoria de los Concilios provinciales y Sínodes diocesanos, y daba permiso para la impresión de sus actas y de las sinodales; ejercía la superior inspección de las Universidades y otros establecimientos de pública enseñanza; daba valor académico á los estudios de los Seminarios conciliares; hacía examinar y expedia sus títulos á los maestros de primeras letras, á los revisores peritos de instrumentos y letras antiguas, á los preceptores de gramática y latínidad; establecía escuelas para la enseñanza de niñas en Madrid; cuidaba de la administración, dirección y gobierno de los propios y arbitrios de los pueblos; y de la cría, conservación y fomento de los montes y plantíos; otorgaba ó negaba permiso para nuevos repoblamientos de tierras; sujetaba á visita todos los ramos administrativos, y á juicios de residencia á todos los empleados públicos y jueces; concedía como gracias las ferias y los mercados á los pueblos que los necesitaban; dirimía las competencias entre los tribunales; fallaba sobre las alzadas y apelaciones contra las sentencias de los mismos; autorizaba la institución de cofradías y hermandades piadosas, y aprobaba sus Ordenanzas; reunía, cuando lo juzgaba justo, los diversos hospitales; nombraba tutores y curadores para los Grandes de España; desempeñaba la censura de la imprenta, no pudiéndose publicar ni imprimir libro ó papel alguno sin que por el Consejo se concediera licencia y privilegio para ello; fijaba el precio para la venta de los libros y hojas sueltas; ordenaba la policía en lo relativo á prohibiciones de la mendicidad, y el establecimiento de juntas de Caridad en la Corte y en otros pueblos del reino; despachaba auxiliatorias de los títulos de Comisarios y Cuadrilleros de la Santa Hermandad; prescribía el exámen de los aspirantes al título de Agrimensores;
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protegía las exenciones legales disfrutadas por los artesanos, labradores y otras clases; arreglaba el examen, admisión e incorporación en los Colegios o Gremios de sus respectivos oficios de los oficiales y maestros menestrales, naturales de estos reinos ó extranjeros; dirigía instrucciones á los Corregidores y Alcaldes mayores; presidía por uno de sus miembros el Concejo de la Mesta; por medio de otros ejercía el protectorado de la Real Cabaña de Carreteros, y administraba la dehesa de la Serena, la acequia de Alcira, el canal imperial de Aragón; era juez conservador de los herederos de Viñas de Valladolid; juez de apelaciones del juzgado de Aguas de Granada; juez conservador de ciertas regalías y derechos del Estado y ducado de Alcalá; y de la casa y arbitrio de la Nieve; y de los hospitales generales y de la Pasión, de Madrid; protector del Estado de Ayala; de la Real Casa de la Inclusa; del colegio de niñas de Nuestra Señora de la Paz; del beaterio de Hermanas de la Casa de San José; del colegio de San Nicolás de Bari; del hospital de la Misericordia y Convalecencia de Unciones; de las memorias fundadas en Madrid y en otros puntos por muchos testadores; conocía necesariamente en todos los casos en que un padre quería emancipar á su hijo; expedia directamente provisiones para hacer constar las exenciones que correspondían á los labradores, así como las concedidas por varias leyes á los recién casados y á los padres de seis hijos varones; ordenaba los apeos y deslindes de las propiedades particulares; disponía acerca de las elecciones para cargos concejiles; suplía la edad á los menores para administrar sus bienes; habilitaba á los abogados para ejercer su facultad; planteara en los pueblos en que lo creía oportuno el método de la insaculación para el nombramiento de los oficios de justicia; cuidaba de la construcción y conservación de caminos, calzadas, fuentes, cañerías y otras obras públicas; promovía, sustanciaba y fallaba pleitos de reversión de los señoríos á la Corona; administraba justicia en varias instancias, y en toda clase de asuntos, correspondiéndole muchos exclusivamente por su naturaleza, y abrogándose el conocimiento de cualquier otro cuando lo tenía á bien; determinaba el régimen de los abastos y de los demás ramos de Policía Urbana; retenía las gracias otorgadas por el Rey cuando veía en ellas cometido vicio de obrepción ó de subrepción; declaraba racional ó irracional el disenso de los padres que no querían dar á los hijos de familia el consentimiento para contraer matrimonio; en resumen, el Consejo
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extendía su competencia y su accion á todo lo grande y lo pequeño, á lo árduo y lo fácil, á lo general y á lo nimio, á los conjuntos y á los detalles, á lo gubernativo, lo legislativo, lo administrativo, lo contencioso, lo judicial, lo consultivo, lo civil, lo canónico, lo penal, lo municipal (1).

No perdió su importancia el Consejo, ni durante el siglo XVII por la crecida autoridad que disfrutaron sin intermisión los privados de los Monarcas, ni en el siguiente por la mayor iniciativa que en el gobierno y la administración pública adquirieron los Secretarios del Despacho. Tampoco era siempre límite para sus grandes facultades la existencia de los Consejos especiales, pues algunos de ellos, como los de las Ordenes y de Hacienda, los tenía constantemente intervenidos por medio de dos de sus miembros, que lo eran al mismo tiempo de cada uno de ellos, y con frecuencia trataba asuntos de Aragón, aun antes de haberse refundido en él el de este reino.

Las Cortes propusieron alguna vez que no se permitiese al Consejo Real conocer de pleitos entre partes, y se le mandara ceñirse á lo gubernativo; y disponiéndolo así, se dictaron varias leyes; pero como éstas exceptuaban los casos que á juicio del mismo Consejo merecieran ser vistos por él, el remedio fué siempre completamente ineficaz.

Dura sobremanera es la censura que del Consejo hacía el Conde de Cabarrús: «¿Pero qué hubo de suceder cuando alterando aún más aquella débil y engañosa imagen del origen y de los atributos de la ley se cometió su formacion, su promulgacion, su aplicacion y su ejecucion á un cuerpo permanente, y por consiguiente impune; á un cuerpo compuesto de hombres casi todos sin propiedad, y por lo mismo enemigos de ella; enteramente separados, por su profesion sedentaria y por sus estudios abstractos, de los conocimientos prácticos indispensables para la legislacion, que truecan y equivocan continuamente las incompatibles funciones que les están cometidas, gobernando con formas judiciales, juzgando por miras de Gobierno e interpretando las leyes, que equivale á hacer otras cuando se trata de aplicar las que existen? En fin, para que nada faltase á este cuerpo monstruoso, los magistrados nombrados por el favor, y expuestos á ser destituidos

(1) Práctica del Consejo Real, en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos, por D. Pedro Escolano de Arrieta.