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Con el fin de que puedan proveerse con la oportunidad y la economía convenientes todos los faros de España de aparatos, útiles y pertrechos, se crearon por Real orden de 6 de Setiembre de 1855 cuatro depósitos de pertrechos de faros establecidos en Bilbao, Coruña, Cádiz y Valencia, y destinados á surtir los faros comprendidos entre los puntos medios de sus respectivas distancias, mientras que la realización de nuestro sistema general de ferro-carriles no permita establecer en la Corte un depósito central para el abastecimiento de todos los de la Península.

En 10 de Junio de 1856, y vistos los inconvenientes que ofrecía y las demoras á que con malos tiempos se veía expuesto el surtido, desde el Continente, de los faros establecidos en las islas Baleares, se creó un quinto depósito en Palma de Mallorca, y más tarde un sexto en Santa Cruz de Tenerife para el abastecimiento de los que se fuesen construyendo en el grupo de las Canarias.

La organización y el servicio de estos depósitos, cuyo personal se compone, por ahora, de seis Guarda-almacenes y seis Ordenanzas (un individuo de cada clase para cada depósito) fueron objeto de un Reglamento y de una Instrucción publicados en 17 de Mayo de 1857, y que llenan debidamente su objeto.

Con el fin de atender, sin gravámen para el Tesoro público, á los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y entretenimiento de nuestro alumbrado marítimo, y siendo justo, además, que los que reciben directamente un beneficio contribuyan en primer término á pagarla, se estableció por la ley de 11 de Abril de 1849 el derecho de faros que deben pagar los buques, tanto nacionales como extranjeros, á su entrada en nuestros puertos.

Este impuesto, que sólo produjo en 1849 la cantidad de 50.300 escudos (en números redondos), riñió en 1855 108.000 escudos; en 1860 173.000, y en 1865 197.000, ascendiendo el total de sus productos hasta fines de 1867 á muy cerca de 2.750.000 escudos, ó séase 27 1/4 millones de reales.

Y como que los gastos ordinarios de conservación y entretenimiento de nuestros faros 'no han pasado en año alguno de millón y medio de reales, quedan, atendido el aumento que alcanza aquel impuesto en el día á pesar de la terrible crisis comercial que venimos atravesando, muy cerca de las dos quintas partes de sus rendimientos, para atender á una parte, aunque peque-
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ña, de los gastos que ocasionan la construccion y el mueblaje de las torres y la compra de aparatos para nuestro alumbrado marítimo.

Cuando éste se halle perfectamente completo, y no hemos de esperar para ello muchos años, debieran disminuirse, á nuestro juicio, en una tercera parte al menos, los derechos que se exigen hoy á los buques por impuesto de faros, que estos gravámenes pesan sobre la navegacion y el comercio.

Como comprenderán muy bien nuestros lectores con sólo tener en cuenta lo mucho que se ha trabajado en este importantísimo ramo de las obras públicas desde 1847, la construccion, el mueblaje y los aparatos de nuestros faros, la creacion de las escuelas especiales de Torreros, y la organizacion y el surtido de los seis depósitos de pertrechos, costaron al país sumas muy considerables, si bien insignificantes, atendidos los grandes beneficios que prestan aquellas señales salvadoras al comercio, á la navegacion y á la humanidad en general.

Bien quisieramos darles á conocer detalladamente el total de los sacrificios que el Estado se impuso durante los últimos veinte años para conducir nuestro alumbrado marítimo á la notable altura que hoy alcanza; pero no poseyendo, respecto al periodo trascurrido desde 1863, datos que nos merezcan una entera confianza, y habiendo sido infructuosas las gestiones que hicimos para proporcionarnoslos, habremos de contentarnos con dejar consignado que los gastos hechos hasta fines de 1862 en la construccion, mueblaje, aparatos y habilitacion de nuestros faros, de las escuelas de Torreros y de los depósitos de pertrechos, ascendieron á 3.560.000 escudos, que unidos á 1.500.000 á que ascenderian, según un cálculo prudente fundado en datos extra oficiales, las cantidades invertidas en el mismo ramo durante los últimos cinco años, ofrecen un total aproximado de 5.060.000 escudos.

Hé aquí un cálculo, tan aproximado á la verdad como nos es posible formarlo en vista de los datos oficiales y particulares que hemos podido reunir, de los productos y de los gastos originados por el servicio general de faros desde 1848 á 1867, ambos inclusive, y de los sacrificios que la Nación se impuso durante el mismo periodo para colocar nuestro alumbrado marítimo en el estado en que se hallaba al principiar el año actual:
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Invertidos en la construccion, el mueblaje y la compra de aparatos de faros..................... 5.060.000
Idem en los gastos de conservacion y entretenimiento de los mismos......................... 1.650.000
Idem en el establecimiento de las escuelas de Torreros y de los depósitos de pertrechos........... 84.500

Total de gastos...... 6.794.500

Producto del impuesto de faros............... 2.750.000

Invertidos de más...... 4.044.500

De modo que, mediante un sacrificio de 40\( \frac{1}{4} \) millones de reales impuesto al Tesoro público, sacrificio que podemos calificar de insignificante, atendidas la magnitud y la trascendencia del objeto á que fué destinado, nuestras costas, poco méños que oscuras hace veinte años, cuentan hoy, como en otro lugar hemos dicho, con ciento cuarenta y una luces, á la altura de los mejores y más modernos adelantos, y con faros tan magníficos como el de Peñas, Chipiona, Buda, Ceuta y otros muchos cuya enumeracion fuera prolija.

Si el valizamiento de las mismas estuviese en armonía con su alumbrado, la seguridad marítima y los intereses comerciales tendrían, en esta parte, muy poco que descar.

BALDOMERO MENENDEZ.
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TREGUA Y JUICIO DE DIOS.

III.

Conocido el origen del juicio de batalla, y adquirida una idea de su práctica en el extranjero, ocupémonos de España. Dejamos indicado que esta prueba judicial se introdujo en nuestro país por Cataluña, y en ello convienen los autores que mejor han tratado nuestras antigüedades. Los Francos nos importaron esta planta desconocida en la Monarquía gótica, pues ni en el Código Teodosiano, interpretado y reformado por los jurisconsultos de Alarico, ni en el Fuero Juzgo, hay el menor indicio. De Cataluña se propagó al resto de la Península, ocupada por los Cristianos: los Árabes no conocieron semejante barbarie. El primer vestigio legal que se encuentra sobre el juicio de batalla, es un privilegio que se atribuye á Ludovico Pío en favor de la iglesia de San Justo y Pástor de Barcelona, cuando se fundó después de conquistar los Francos la ciudad á principios del siglo IX. El privilegio consistía, en otorgar á la Iglesia el derecho de que cuando los caballeros acordasen dirimir sus diferencias por batalla, juraran en el altar de San Félix, que pelearían defendiendo la verdad; que no usarían de ninguna traición, ni llevarían consigo talismanes; que no invocarían sortilegios, ni se batirían con armas de constelación. Este privilegio supone existir ya la costumbre de batallar para decidir los negocios, y la facultad de elegir los caballeros este medio de resolver sus diferencias; pero debe tenerse en cuenta, que le expedia un Rey extranjero; que la primera reconquista de Barcelona se llevó á cabo
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Los acontecimientos de España en 1808 produjeron en América una efervescencia aparentemente patriótica, que debilitó en extremo el poder de las Autoridades, y facilitaba los medios de preparar la futura emancipación, creándose juntas que en nombre del Rey asumían el gobierno de aquellos territorios, á semejanza de las juntas provinciales que al principio de la invasión francesa se repartieron también el gobierno de la Metrópoli. Esto mismo hubiera tenido lugar en Cuba por excitacion de algunos naturales á que defería el Capitán general, Marques de Someruelos, en aquellos críticos momentos, si la noticia de haberse establecido en Sevilla la Junta Suprema de Gobierno de España é Indias, no hubiera inducido á Someruelos á reconocer inmediatamente la Autoridad de esta, que fué acatada por toda la población. El odio á los invasores de la Península se manifestó en la Habana, como en otros puntos de Cuba, con alborotos populares que hubieran hecho morir muchos Franceses procedentes de Santo Domingo, si Someruelos no hubiera conseguido preservarlos de la furia popular á costa de una lamentable disposición que expulsó del país mas de 6.000 de ellos que lo enriquecían con su industria.

La insurrección de las provincias españolas del Continente americano y el cambio de régimen en el Gobierno de la Metrópoli bajo la influencia de las mismas ideas que prepararon la Revolución francesa, formaban por entonces un conjunto de circunstancias difíciles para mantener la tranquilidad en Cuba, solicitada á la vez por los partidarios de Bonaparte para proclamar al Rey José, por los deseos de independencia, por la odiosidad de la raza negra contra los blancos y por la exageración del espíritu liberal. Pero el Marques de Someruelos, auxiliado por buenos funcionarios, consiguió sobreponerse á estos elementos de perturbación; reprimió á los Bonapartistas con el suplicio de D. Manuel Rodríguez Alaman; contuvo á los agentes revolucionarios de América, sosteniendo el espíritu leal del país, é impuso respeto á los negros con la ejecución de los más culpables. Así, pudo inaugurarse allí el régimen constitucional en condiciones de tranquilidad interior muy diferentes de las que afligían á la América continental, y la brusca transición al gobierno absoluto, restablecido por Fernando VII en toda la Monarquía, pudo también verificarse sin persecuciones ni disgustos en tiempo del Capitán General D. Juan Ruiz de Apodaca.

Señalábase ya la riqueza de Cuba por el considerable aumento
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principalmente por los Francos, aunque auxiliarasen los Godos refugiados en las montañas, y que considerándose á la sazon la Marca Hispánica como un feudo de los Reyes francos, no se hacía otra cosa en el privilegio que extender á este feudo la costumbre franca del duelo judicial. La fecha del privilegio manifiesta no haber transcurrido siquiera un siglo desde la caída del imperio gótico, período demasiado corto para tan radical variación en las pruebas judiciales civilizadas admitidas en el Juzgo. Debemos por tanto creer que, duchos los Francos de Barcelona, y siendo ya entre ellos legal el juicio de batalla, necesitasen una iglesia donde prestar los juramentos indispensables y de esencia en esta prueba, y que la costumbre del combate no estuviese introducida entre los Godos.

Nombrado primer Conde de Barcelona por Ludovico el Magnate Bara, á quien se supone de raza goda, fué acusado de traición y vencido por Senila en batalla singular por los años 816; de modo que á principios del siglo IX, se decidió ya por batalla entre Godos ese caso grave de traición, estableciéndose por costumbre, pues al poco tiempo vemos destituido también por batalla al Conde Berenguer Ramon, y declarado traidor, fratricida, alevoso é indigno de seguir rigiendo el condado de Barcelona. De este segundo caso no hay duda alguna, y de la exactitud del primero es una garantía la tradición de haber quedado en Cataluña el nombre de Bara como sinónimo de traidor y como fórmula oficial en las acusaciones de traición. Pero fuera de los casos de traición y demás criminales, dudamos mucho que el juicio de batalla llegase á propagarse entre la gente goda, porque á pesar de la escasez de documentos de aquel tiempo, encontramos uno, entre otros anteriores á los Usages, que aconseja creer en la supremacía de las leyes góticas sobre la prueba del juicio de batalla para la decisión de los negocios civiles. La Condesa de Barcelona Doña Ermesenda, y Hugo, Conde de Ampurias, seguían pleito por los años 1018 sobre la propiedad de un terreno llamado Ulastret. Allanábase la Condesa al arbitraje del Obispo de Ausona y otros personajes, para que lo fallasen conforme á las leyes góticas. Rechazaba el Conde este medio, pidiendo se resolviese el pleito por juicio de batalla entre uno de sus caballeros y otro de la Condesa (1), y el tribunal, compuesto de Obispos, Con-

(1) Dicere facere bellum per militem suum cum altero milite domina Ermesenda, ut utriusque decertantibus, unus victor effectus, patuisset cujus juris debat esse quod requirebat.
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des, nobles y muchos clérigos y legos, decidió que el pleito debía fallarse por las leyes godas, como lo hizo, citando las que le sirvieron para el fallo. Este documento es importantísimo, porque manifiesta de un modo incontestable, que á principios del siglo XI no estaba el juicio de batalla completamente acreditado en Cataluña, y que aún se observaban las pruebas afirmativas admitidas en las leyes góticas, con preferencia á la prueba negativa del juramento y á la consiguiente acusación de perjurio.

Al referir el preámbulo de los Usages cómo se juzgaba en el condado de Barcelona antes de hacerse dicha compilación en las Cortes de 1068, dice: «que los jueces solían fallar la indemnización de todos los maleficios que en cualquier tiempo podían ser indemnizados, si no se resolvían definitivamente por juramento, batalla, ó pruebas de agua fría ó caliente. Añádese, que el agresor debía jurar por Dios y la santa cruz, que el maleficio hecho lo había sido en defensa de su derecho y que no estaba obligado á la enmienda ó indemnización. Después de este juramento debería combatir ó sujetarse á una de las dos pruebas vulgares: pero el homicidio y la cugutia, es decir el adulterio, eran delitos que no podían enmendarse.» Este preámbulo nos revela que, antes de escribirse, sólo en lo criminal había lugar al juicio de batalla, y que su silencio respecto á lo civil indica se tenían presentes las leyes góticas para resolver los negocios civiles, viéndolo este silencio á robustecer el dato proporcionado por el pleito entre la Condesa Ernesenda y el Conde Hugo. Los jurisconsultos Calicio y Monte Judáico han glosado este preámbulo casi en el mismo sentido: sin embargo, ni sus glosas ni el texto mismo aclaran bien su inteligencia. ¿Era lícito al acusador elegir batalla ó agua fría ó caliente después de jurar? ¿Tenían lugar las pruebas vulgares en el solo caso de negarse el acusador á batallar, ó por sentencia del tribunal? Estas y otras cuestiones que surgen del preámbulo no han sido satisfactoriamente resueltas por los antiguos jurisconsultos catalanes.

Varios son los Usages que se ocupan del juicio de batalla. El XXIV prescribe, que decidida por el juez esta prueba, y antes de prestar los combatientes ningún juramento, deberían afianzar por doscientas onzas de oro de Valencia si eran caballeros, y por ciento si no lo eran. Esta fianza con prenda, se destinaba al que venciese, para indemnizarle las heridas que pudiese recibir él ó su caballo, los daños y perjuicios en sus armas y los gastos que hubiese he-
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cho para el duelo. Los XLII y XLIII disponian, que el acusado de traicion (bausia) por su Señor, deberia entregarse en manos de éste y enmendar el daño que le hubiere hecho como dispusiese el tribunal, á no ser que prefiriese sincerarse de la acusacion de traicion por juramento ó batalla con su coigual, dándose en este caso mútuas fianzas para percibir, si saliere vencedor, tanto cuanto perderia si fuere vencido. Lo mismo sucederia con los Magnates respecto de sus caballeros, con la única diferencia de tenerse que batir ambos precisamente por campeon. El LI prescribia, que todos los caballeros de veinte á sesenta años defenderian personalmente contra campeon coigual lo dicho bajo su juramento, si eran reconvenidos de perjurio. Por el LII, el juramento de los ciudadanos libres (burgenses) daria plena fé en juicio hasta la suma de veinticinco onzas de oro, pero por mayor cantidad se los obligaba á defender su juramento en batalla por campeon de á pié. El LIII concedia á los caballeros derecho para probar con juramento ó batalla la concesion de feudo negada por los Magnates. Y por último, el Usage CV trata de las mujeres acusadas de adulterio por sus maridos. Estos podrian acusarlas por mera sospecha, y para rechazar la sospecha, las bastaba defenderse con juramento negativo, concediendolas además el derecho de nombrar un defensor judicial. Pero si hubiere indicios manifiestos ó señales probables de adulterio, tendrian que defenderse en batalla; las esposas de los caballeros por medio de caballero; las de los ciudadanos y vasallos nobles por campeon de á pié, y las de los labradores rústicos por la prueba vulgar del agua caliente. Si triunfaba el campeon de la mujer, quedaba obligado el marido á tenerla en su compañía, á honrarla y reverenciarla, ó pagar todos los gastos que hubieren hecho en su defensa los amigos y parientes, y además las heridas y perjuicios que recibiese el campeon en el combate. Si triunfaba el marido se le entregaba la mujer para que hiciera de ella lo que quisiese.

Conforme, pues, á lo legislado en los Usages, quedó bastante restringido en Cataluña el juicio de batalla. Por de pronto, la indispensable fianza de doscientas y cien onzas excluia de esta prueba á todos los pobres, dificultándose naturalmente los lances. Vemos además reducida la licencia del duelo á los delitos de lesa Majestad, ó sea alta traicion (bausia major); á la traicion contra Señor (bausia), entendiéndose tambien por bausia, la tregua legal
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quebrantada; tregua convencional violada; perjurio en juramento deferido y acusacion de adulterio. Guillermo Vallseca, al glosar el Usage Qui se sciente, opina que tambien contra los falsos delatores se podia presentar demanda ó libelo de batalla. Suponen además algunos otros jurisconsultos catalanes que los testigos, después de juramentados, podian ser retados por perjurio, teniendo derecho para sostener su dicho en batalla; pero nos parece que el Usage LXXVIII, Quod vitentur perjuria, no autorizaba al testigo acusado de perjurio, para sostener su dicho en batalla, admitiéndose, por el contrario, todas las demas pruebas contra él, e imponiéndole la pena de perder la mano derecha ó redimirla por cien sueldos, si se le probaba falsedad de otro modo que en duelo.

Las ordenanzas de batalla vinieron á dificultar aún más el duelo judicial. Segun ellas, debian jurar los contendientes en el reto de traicion, la verdad de sus respectivos dichos, de manera que el combate recaia esencialmente sobre la mútua acusacion de perjurio, consignándose el primitivo criterio de esta prueba judicial. En las mismas ordenanzas se prescribe, que sólo deberia fallarse juicio de batalla, cuando el retante no pudiese probar con documentos ó testigos idóneos el contenido de su demanda. Sin embargo de este precepto, los jurisconsultos catalanes, interpretando el cap. XXV de las Córtes de Gerona de 1321, sostienen que, aun probando el retante el crimen con escrituras ó testigos idóneos, los caballeros y hombres de paratge (nobleza inferior) podian salvarse por batalla.

La pequeña compilacion de leyes municipales otorgada á Barcelona en el siglo XIII, y que generalmente se conoce con el título de Recognoverunt Proceres, puso una nueva limitacion al derecho de retar, mandando que en el tribunal del Veguer de Barcelona, nadie pudiese pedir contra otro juicio de batalla sino por delito de alta traicion ó tregua quebrantada.

Numerosas son las disposiciones de los Reyes de Aragon dirigidas á dificultar cada vez más los casos de riepto, hasta que la Casa de Borbon concluyó en Cataluña con el duelo judicial. Don Alfonso IV, en 17 de Agosto de 1335, dirigió una pragmática al Teniente la Procuracion Real de Cataluña, reconociendo que los traidores podian ser acusados judicialmente y condenados por sentencia juridica; pero que si se apelase al juicio de batalla, nadie
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podría ser declarado traidor sino después de vencido; ó, si citado á batalla, no compareciese y fuese declarado contumaz. Esta última disposición se relacionaba con lo acordado en las Cortes de Tarragona de 1234 para que ningún retado por traición pudiese permanecer en Cataluña, ni en ningún otro dominio del Rey, si no se purgaba de la traición conforme á los Usages de Barcelona.

Un gran paso para la completa abolición de estos juicios dió el Rey Católico en pragmática de 5 de Noviembre de 1511, reiterando una Constitución de Cortes sobre el modo de entablar el juicio de batalla. Imponía penas irremisibles á los que desafiasen interpretando fraudulentamente las cláusulas de dicha Constitución, y dejaba siempre al desafiado la facultad de firmar de derecho ante el Juez por los agravios supuestos. En este caso, el desafiante se veía obligado á renunciar al desafío, y debía presentarse á seguir personalmente la querella. Esta pragmática cortaba de raíz el juicio de batalla, y sólo en el remoto caso de encontrarse dos adversarios discolos y pendencieros podria temerse la realización del duelo.

También durante el reinado del Emperador se hicieron algunas leyes en las Cortes de 1537, 1542 y 1552, considerando fuera de paz y tregua al raptor ó violador de una doncella ó viuda que desafiasé al padre ó á sus parientes; y se impuso pena de muerte á los que en nombre propio ó fingido desafiasen á los regidores de las universidades ó á personas privadas con nombre supuesto, y á los que desafiasen á iglesias, monasterios ó eclesiásticos; quedando también completamente prohibido desafiar á los extranjeros.

Laudables esfuerzos hicieron los Reyes de Aragón para desacreditar el juicio de batalla después que Cataluña se unió á su reino, pues en lo que de ellos dependió y cuando no se veían en la necesidad de respetar las antiguas leyes catalanas, rechazaban el juicio de batalla y le proscribían. Don Jaime conquistó y dió fueros á Mallorca y prohibió en absoluto el juicio de batalla. Desgraciadamente no vemos la misma prohibición en la ciudad y territorio de Menorca, porque una pragmática de D. Pedro IV, de 10 de Diciembre de 1360 manifiesta, que cuando alguno moría violentamente, los parientes y amigos del difunto perseguían de muerte así al matador como á sus parientes. Don Pedro reprobaba