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vencion directa y eficaz en sus propios asuntos, que, á falta de satisfaccion opportuna, se liga á la esperanza de su completa emancipacion futura. Las mismas causas que producen, respecto al progreso politico de nuestra época, alteraciones tan radicales en los principios por que se dirigen pueblos y gobiernos, trabajan de igual manera, y con más eficacia que en otra parte alguna, sobre el ánimo de los naturales de Cuba, sometidos hasta ahora á un régimen excepcional respecto á la situacion relativamente liberal de España, y en íntimo contacto con la vida politica del pueblo americano, donde se encuentra en su mayor desarrollo el gérmén de las ideas que agitan el espíritu innovador de Europa.

El General Concha atribuye al descuido en estudiar y en combatir la revolucion moral que se producia en América, por la decadencia del espíritu religioso, y á la politica de desconfianza contra sus naturales, la causa principal de su emancipacion, y hace aplicable al estado de los ánimos en Cuba el mismo origen de desafeccion que los dispone de idéntica manera contra España. Es incuestionable que la perversion del sentido moral debilita los resortes más eficaces de la autoridad pública, cualquiera que sea su forma, para dirigir la sociedad á sus fines de perfeccion posible: en este concepto, tan desplorable sería una perversion semejante al estado de independencia, y las repúblicas hispano-americanas lo demuestran harto dolorosamente, como lo es á la autoridad de la Metrópoli en el gobierno de las provincias que aún le quedan en aquella parte del mundo. Es incuestionable tambien que un sistema de desconfianza contra los naturales no haria sino agravar las causas de desafeccion. Pero por muy eficaces que sean los medios de combatir la revolucion moral; de introducir en la educacion de la juventud los elementos necesarios á una vida más perfecta en la reforma de las costumbres sociales; por muy ilustrada que sea la politica dirigida á robustecer en los naturales los vinculos que los unen á la Madre-Patria, procurando libertarlos de abusos y vejámenes por parte de la Administracion, no saldrá este sistema de las condiciones del antiguo régimen perfeccionado, y no llegaria jamas á producir la adhesion cordial, el sentimiento vivo de nacionalidad, que permitiera mirar sin inquietud y sin peligro cualesquiera crisis que amenacen un dia á España en la conservacion de sus codiciadas Antillas. El que esto escribe experimenta la satisfaccion de apoyar sus razonamientos en el juicio del mismo
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General Concha, cuando en una de sus comunicaciones dice estas exactas palabras: porque los pueblos que llegan á un cierto grado de prosperidad y cultura, tienen otras necesidades que aspiran naturalmente á satisfacer... Si el General Concha no se engaña respecto al alcance de estas necesidades en el orden político, y su elevada inteligencia me garantiza la justicia de tal suposicion, debemos reconocer en esta frase la importancia de la serie de reformas que exigía ya en la época de su mando la situacion de Cuba, para obtener la satisfaccion de sus naturales aspiraciones.

Esto intentaba su sucesor el General Serrano en un proyecto constitucional remitido en 1860, y acompañado de una extensa comunicacion que lo explica en sus puntos más importantes, y lo fundamenta con un detenido juicio sobre las necesidades morales de la Isla que le obligaban á proponerlo al Gobierno. Tambien el General Serrano advirtia ya, apenas trascurrido un año de la salida de Concha, y cuando estaban realizadas todas las reformas propuestas por éste, de que «al traves de una consideracion personal respetuosa, podia notarse en los hombres de más valer por su riqueza y su posicion, por su importancia moral y material, cierto alejamiento, explicable sólo por la desconsideracion en que se les tiene.» Tambien el General Serrano decia, como aquel, que «las necesidades de los pueblos crecen y se desenvuelven con su industria, su riqueza y sus relaciones: pero además, que hay grave riesgo en prescindir de ellas, negándose á satisfacerlas: que gobernar es anticiparse á las exigencias, evitando pretextos y destruyendo elementos de discordia: que para los hombres que desconocen tales necesidades corre en vano el tiempo, no perciben el movimiento de las ideas, é ignoran las leyes progresivas de la conservacion. Una poblacion rica, ilustrada é imbuida en las doctrinas; y, si se quiere, en las preocupaciones politicas de la época, no puede carecer de aspiraciones de este género; y lo que importa al Gobierno es darles direccion, apoderarse de ellas, pues de otro modo la conspiracion no se traducirá en actos, porque lo impidan circunstancias del momento más ó menos poderosas, pero existirá latente, y en esa forma progresará, se generalizará, y mientras en su curso no podrá el Gobierno contar sino con una adhesion pasiva y ficticia, el dia oportuno de una manifestacion será tanto más de temer y difícil de salvar.» Bastan estas lineas, tomadas de la comunicacion con que el General Serrano acompaña su Pro-
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yecto de ley orgánica para el régimen de la isla de Cuba, á fin de dar á conocer los fundamentos con que juzga como ineficaces para atraer los ánimos al sentimiento de una fidelidad cordial á España, las reformas administrativas introducidas por el General Concha, ó que se realizaron después por el Gobierno, de acuerdo con sus deseos.

El proyecto de Serrano es, en resumen, la extension á los habitantes de Cuba de las garantías que la Constitucion reconoce á los Españoles de Europa, y la concesion de ser representados por Diputados de eleccion popular en las Cortes del reino. Salvas algunas diferencias muy importantes que en su juicio reclama la situacion especial de Cuba, es dicho proyecto una asimilacion casi completa á las demas provincias europeas de la Monarquia. La convicción profunda que el General manifiesta, y que expresa con marcada viveza, de que sólo las reformas políticas de este género podrian satisfacer los deseos de aquella provincia, y llenar los compromisos solemnemente contraídos por la Metrópoli, se combina, sin embargo, con cierta inquietud respecto al porvenir de las mismas instituciones que aconsejaba.

No se le oculta una circunstancia harto importante, cuando dice: Es, en efecto, cierto que entre algunas de las personas más ricas y más ilustradas del país se desdén la Diputación á las Cortes. No se engaña tampoco cuando atribuye este desden á la aspiracion de una legislatura local; y al hacerse cargo de la inconveniencia de este deseo en imitacion á la colonia inglesa del Canadá, alega que los hijos de esta no son ciudadanos ingleses, aunque trasladen su vecindad á la Gran Bretaña. Con el fin de preservar la union de Cuba contra las consecuencias de este deseo, ó el de la independencia absoluta, ó el de anexion á los Estados Unidos, considera de una perentoriedad manifiesta distraer de estas tendencias el ánimo de los naturales, inclinándolos á tomar gusto á la unidad nacional por su participacion directa en los negocios públicos, enviando sus Diputados al Congreso de la Metrópoli. El gran principio de la asimilacion, como él lo llama, es la base de su proyecto; y advierte la conveniencia de su aplicacion constitucional por la demostracion de la grande injusticia que en su sentir encierra la facultad de hacer leyes para las Antillas, sin que estas tengan intervencion ninguna en su discusion y aprobacion.
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Después de estas y otras análogas consideraciones que tenian por objeto persuadir al Gobierno de la necesidad de poner en armonía el régimen de la isla de Cuba con la situación constitucional de la Península, entra en el exámen de algunos artículos de su proyecto para esclarecer las razones que aconsejaban una nueva organización administrativa supuesta en ellos. Así, por ejemplo, el artículo 17 que crea un Consejo privado bajo la presidencia del Gobernador, supone diversos centros administrativos, á cuya cabeza debian hallarse Jefes directores que despacharian personalmente con él, y que revestidos de ciertas facultades dispositivas, lo descargarian del cúmulo de negocios y detalles que abrumaban su atención, distrayéndolo de los asuntos graves que requieren un cuidado especial del Jefe de la Isla. De estos Directores, del Fiscal de S. M. en la Audiencia, del Jefe de Estado Mayor y de un Gobernador sustituto que deberia crearse para ejercer las funciones de Gobernador general en cualquiera ocasion que este falte, habría de componerse, en parte, el dicho Consejo privado. Expone tambien las razones en que funda la conveniencia de comprender, bajo la autoridad del Gobernador, todos los mandos, que son una delegacion de la autoridad soberana en el Jefe superior de la Isla: la Marina, la Hacienda, la Administracion de justicia en el Tribunal superior, reconocerian en el Gobernador general su Jefe y Presidente, como los demas ramos en que tiene, y mantendrá siempre, una intervencion más personal y directa. Hé aquí extractado lo más importante del proyecto.

Después de la declaración de derechos políticos y garantías individuales, establece en su artículo 11, que para las leyes que han de regir la Isla, el Gobierno propondria sus bases á la aprobacion de las Córtes, y proveeria en casos de urgencia por medio de Reales decretos, quedando obligado á obtener después la misma aprobacion. Por el artículo 12 se faculta al Gobierno, oyendo á la Autoridad superior de la Isla y al Consejo de Estado, para hacer extensiva á Cuba la promulgacion de leyes sancionadas para las demas provincias del reino, haciendo por sí, ó delegando la formacion de los reglamentos. Por el 13 se otorga la eleccion de un Diputado á las Córtes del reino por cada setenta y cinco mil almas de la poblacion libre de la Isla de Cuba, requiriéndose para ser elector la condicion de blanco en el goce de sus derechos civiles y politicos y la calidad de mayor contribuyente. Las facultades del
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Gobernador general no se encuentran cercenadas por ninguna disposicion que altere la plenitud de su autoridad actual. Pero por el articulo 17 se crea un Consejo privado bajo su presidencia, compuesto del Gobernador sustituto, de los Jefes superiores de la Administracion y de algunas personas que el Gobierno juzgue conveniente nombrar. Por el 21 se divide la Isla en provincias y partidos con un Gobernador para cada una de aquellas. Por el 22 se crea un Consejo consultivo para cada provincia, compuesto de un Vocal por cada partido judicial, elegido por los Ayuntamientos. El articulo 25 establece un Consejo general de la Isla, cuyos Vocales serán nombrados parte por el Gobernador general y parte por los Consejos de provincias, y á él podrán pertenecer los individuos del Consejo privado. El articulo 26 determina que el Consejo general será oído sobre presupuestos provinciales y municipales; sobre creacion de impuestos, arbitrios, empréstitos y aumento de contribuciones ordinarias; sobre reforma del sistema tributario y aranceles, del monetario y pesas y medidas; division territorial; colonización; sociedades anónimas, de ferro-carriles y obras públicas, y sobre las cuestiones de interes general que se le consulten. El articulo 27 da al Gobernador la facultad de adoptar ó no el dictámen de dicho Consejo. Por el 31 se hacen públicos los juicios en materia criminal. El articulo 33 y último somete á las Cortes los presupuestos de gastos é ingresos del Estado en Cuba, y las cuentas de recaudacion é inversion.

Pertenece, pues, al Capitan general D. Francisco Serrano el honor de ser entre todos los Gobernadores de Cuba el primero que, léjos de arredrarle como un peligro para la union de aquella provincia á la Metrópoli el reconocimiento y el libre ejercicio de los derechos individuales, que debian poner término á una situacion incompatible con el espíritu y las necesidades de la civilizacion moderna, y con la antigua tendencia asimiladora de nuestra politica colonial, encontraba en estas concesiones, y en la participacion de aquella provincia al régimen constitucional de España, el único medio de asegurar su union, y de reanimar el sentimiento de nacionalidad al parecer tan debilitado en ella.
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II.

Desentendiéndome de los propósitos vagos y las declamaciones apasionadas á que ha dado lugar en el espacio de treinta años la exclusion de las provincias ultramarinas del sistema constitucional de la Península con el ofrecimiento de leyes especiales, pocas han sido en el terreno extraoficial las ocasiones de conocer sobre esta cuestion un pensamiento concreto que pudiera considerarse como la más aproximada expresion del sentimiento público en aquellos países, hasta los proyectos presentados por los Comisionados de Cuba y Puerto-Rico á la Junta de informacion creada por decreto de 25 de Noviembre de 1865. Ya manifestando ciertas simpatias por el régimen colonial de Inglaterra en algunas de sus posesiones; ya otras veces indicando algo parecido al de las colonias francesas; ya, por último, apoyándose en la asimilacion de instituciones y la igualdad de derechos, proclamadas por España respecto á las Provincias Ultramarinas en anteriores épocas constitucionales, los que han aspirado á interpretar los deseos de aquellos naturales con el intento de poner término al régimen excepcional que los gobierna, han vagado de ordinario en el campo de la ideología, y no han querido formular con alguna precision las bases de la ley constitutiva que hubiera de remplazar á este régimen, ni la clase de nuevas relaciones que por ella habrian de existir entre la Metrópoli y sus dichas provincias, señaladamente Cuba y Puerto-Rico, que son la parte importante en la cuestion de reformas políticas. Así hemos visto, por ejemplo, que D. José Antonio Saco, uno de los escritores más notables que han consagrado una atencion constante á tratar asuntos públicos relativos á las Antillas, nada concreto ha expuesto sobre el conjunto de las leyes especiales, limitándose en general á la crítica de lo existente; y si las demostraciones posteriores á 1837, llenas siempre de un espíritu liberal, parecen dirigidas á mantener la union con la Metrópoli, abandonando ó explicando tal vez mejor la idea que amigos y adversarios le atribuyeron con ocasion del último párrafo de su Paralelo entre Cuba y las colonias inglesas, ni se puede decir que haya formulado un pensamiento de ley constitutiva, ni méños que sus manifestaciones hayan sido aceptadas como expresion de las aspiraciones de sus
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paisanos, que más de una vez lo han impugnado, sobre todo, cuando se oponía al torrente de las ideas anexionistas, que en el espacio de algunos años arrastró la opinión de los isleños en favor de su incorporación á los Estados Unidos. A pesar de la vaguedad que en él como en los demás escritores se nota, hay siempre en sus pensamientos algo que revela el último término de la ecuación en la serie de indicaciones que pudieran preparar la definitiva existencia política de Cuba emancipada. Todos los obstáculos que, al decir de los escritores cubanos, alejan la posibilidad de que pudiera mantener su independencia; todas las razones que les obligan á reconocer esta imposibilidad, burlándose de los que en la Península les atribuyen tales ideas, se reducen pura y simplemente á la escasa población blanca de la isla con relación á su territorio y sus recursos naturales. Este es el fondo de los argumentos de Saco contra los anexionistas, que verían en poco tiempo anulada la raza latina en número y riqueza por la absorbente inmigración de los anglo-americanos, como en la Florida, en Tejas y Californias: estas son también las causas de una prudencia temporal, que aconseja el interés bien entendido, en los que desean para más tarde aislar políticamente á Cuba, tanto como lo está por la naturaleza. De todas maneras, es lo cierto que, después de inútiles esfuerzos por la independencia, ó la anexión en connivencia con un numeroso partido de la Unión Americana, se hacen de algún tiempo á esta parte calorosas protestas de no aspirar á la separación de la nacionalidad española, manifestando por eso mismo el constante deseo de introducir en el régimen y administración de las Antillas reformas liberales que sean el cumplimiento de las promesas hechas en 1837 sobre leyes especiales, adaptadas á sus circunstancias, y propias para hacer su felicidad.

Inútil parece ya detenerse en la consideración de si la reforma del estado político de Cuba es ó no una opinión generalizada en aquel país y en la misma Península. Desde el mando de Don Miguel Tacon se ha sostenido por muchos, y esta opinión ha prevalecido hasta época muy reciente, que la mayor parte de los habitantes de las Antillas, especialmente las personas mejor establecidas y de más influencia, eran contrarias á la alteración del régimen existente, y sólo deseaban reformas administrativas, evitando al país la agitación y las complicaciones inseparables hasta cierto punto de la libertad política, que se habían hecho temer en Cuba
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por la experiencia de épocas anteriores para el progreso de su prosperidad y la conservacion de su estado social. Por otra parte, desde que la extincion de la esclavitud ha llegado á ser en el ánimo de todos una cuestion de tiempo y de procedimientos, pero resuelta como un hecho más ó menos pronto inevitable, ha desaparecido en cierto modo el obstáculo más temible á la vida política para los naturales hacendados de las Antillas.

Todas las esperanzas se fijan ya en las reformas políticas que han aconsejado recientemente los Gobernadores de Cuba, y que han reconocido también como necesarias la gran mayoría de los hombres políticos de la Peninsula. En las Córtes y en la prensa se ha suscitado con frecuencia la cuestion de forma y la importancia de las concesiones que los poderes públicos estaban dispuestos á hacer á Cuba y Puerto-Rico, y puede decirse que es casi unánime la opinion sobre la conveniencia de introducir una modificacion completa en la manera con que son gobernadas y administradas, reconociéndoles cierta autoridad legislativa que halle analogía con los principios del Gobierno constitucional de España. Pero ¿cuáles serán las bases de organizacion, no aplicándose á las Antillas la misma ley constitutiva? ¿En qué forma se establecerá el lazo de union entre aquellos paises y su Metrópoli? Sobre estos puntos versa principalmente la vaguedad de pretensiones que con tanta frecuencia se manifiestan. Desde el proyecto que bosquejaba en su Informe secreto de 1783 el Conde de Aranda para las Américas españolas, hasta el de ley constitutiva, presentado en Octubre de 1841 por la Junta de revision de leyes de Indias, son muy diversas las formulas con que se pudiera resolver estas cuestiones.

Si el proyecto del Conde de Aranda, indicado sólo en bases generales, hubiera de traducirse al lenguaje y al orden de ideas del moderno derecho político, pudiera exactamente formularse en Independencia legislativa y federacion politica y comercial. La institucion de tres reinos en el Continente americano, México, el Perú y Tierra-firme, regidos por Príncipes de la familia Real de España, no es otra cosa que la independencia legislativa en la forma de la Monarquía pura, que resume en el Príncipe reinante el poder legislativo unido á todos los demas atributos de una autoridad soberana. Respecto al gobierno interior de aquellos Estados, se reconocia pues en el pensamiento del Conde de Aranda una completa independencia de la antigua Metrópoli; pero al mismo tiempo se
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establecia un nuevo lazo de union, en la forma que los elementos del derecho público entonces dominante hacian posible y útil. La conservacion de relaciones íntimas de familia por las uniones matrimoniales entre las casas reinantes de España y América; la estrecha alianza ofensiva y defensiva entre los cuatro Estados; el reconocimiento de la supremacía peninsular, tomando el Monarca español el título de Emperador; la contribucion que habian de pagarle los tres reinos americanos; el considerarse las cuatro naciones como una sola en su mútuo comercio; y por último, el juramento con que se ligaban en cada nueva sucesion aquellos Príncipes á la fiel observancia de estas instituciones, constituyen una verdadera federacion política y comercial, tal como podia realizarse bajo aquella forma de gobierno. A este sistema podria corresponder, bajo otras formas, la institucion de Cámaras legislativas sin relacion con el Parlamento metropolitano, y una representacion de la autoridad Real con el ejercicio de las prerrogativas necesarias al cumplimiento de las leyes en el régimen interior de las provincias de Ultramar. Algo, pues, parecido á la Constitucion del Canadá y á la clase de relaciones que existen entre aquel país y la Gran Bretaña.

No puede ocultarse que éste es á corta diferencia el pensamiento dominante, unas veces explicito, otras vagamente indicado, que se deja ver en las producciones de los escritores cubanos sobre la forma política que habria de satisfacer mejor las aspiraciones de aquella parte de la Monarquia. Pero recientemente expuso D. Calixto Bernal en la Revista hispano-americana un proyecto de ley constitutiva para las Antillas, que si pudiera tomarse como expresion de los sentimientos que sobre este punto abriga la generalidad de la raza española en aquellos paises, sin otra mira ulterior, no podria dudarse de la facilidad con que se hubieran conciliado las diversas opiniones sobre leyes especiales que tan profundamente dividian los ánimos. Los comentarios que á cada artículo de su proyecto hizo después el Sr. Bernal, indican sin embargo que no es para él su dicho pensamiento la última palabra respecto á la union cordial entre Cuba y la Metrópoli que queria por este medio hacer indisoluble. A una representacion provincial, cuyas facultades en asuntos legislativos se reducen al derecho de peticion y á la informacion de los datos convenientes para las leyes que han de emanar de los poderes metropolitanos, no puede en verdad atribuirse