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escritor, es honrado, cualidad rarísima en los que no escriben, y no menos rara en los escritores de la época geológica en que nos hallamos. ¡Bástese saber, por ahora, que el Príncipe Hipólito ha sido muy desgraciado, que la señorita Batavia es un monstruo, y que yo he contraído, presenciando los sucesos de este tan amoroso cuanto lamentable drama, un desconsuelo crónico del cual no sé si curaré en este mundo!

El que así hablaba era un joven de unos veintiseis á veintiocho años, de aspecto melancólico pero agradableísimo, que se llamaba Eugenio, que daba muy á menudo en su casa exquisitas comidas á unos cuantos amigos. Al fin de una de ellas, y cuando Eugenio había llevado á los convidados á su cuarto, que era un salón bastante grande lleno de cuadros, de libros, de instrumentos de música y de muebles preciosos, á tomar el café, discurrían como vamos diciendo estos bien hallados filósofos.

Al lado de Eugenio estaba sentado uno de los amigos á quienes dirigía aquella notable peroración, el cual amigo era asimismo notable por su fealdad, que había en aquel momento subido de punto con el enternecimiento que le inspiraban las palabras que oía.

—Yo no creo lo que tú, Eugenio, exclamó después de haberse, al parecer, enjugado los ojos con los puños. Yo creo que hay mujeres de sobra para todo el mundo, méños para mí, cuyo delicado temple de alma ninguna de ellas puede comprender. Veinticinco años tengo y ni una sola he podido llamar mía, ni por poco ni por mucho tiempo. Mi trabajo me ha costado, pero al fin he vencido los tiernos instintos de mi corazón y hoy vivo feliz y libre! ¡En saber ganaré lo que pierda en entusiasmos ridículos y en locuras y en tonterías, que el libro de las mujeres no tiene otros capítulos, mientras los libros míos adornan mi entendimiento y robustecen mi razón, por cualquier parte que los abra!

—¡No dejarás de saber bastante, pobre Leonardo, dijo el más maduro en edad de los circunstantes, el cual podría contar hasta treinta y cinco años. Toda la ciencia humana está encerrada en el corazón de la mujer, ó por lo méños, el que no tenga la clave del corazón femenino, no se explicará con ninguna otra lo que hay de vivo y de animado en la ciencia. La ciencia es un caput mortum para el que no es hombre, y nadie es hombre sin saber á la mujer, criatura misteriosa que sin saber nada, sabe de memoria y enseña lo
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una trascendencia muy grave, si el Sr. Bernal no hubiera dicho en sus comentarios que lo mejor sería dar amplias facultades legislativas, en todos conceptos, á lo que él llama modestamente Consejo de Administracion, para no alterar sin duda la nomenclatura oficial existente.

Entre los diez y siete articulos que forman el proyecto, se hallan las atribuciones del Consejo, y en éstas la de fijar los gastos públicos y las contribuciones, examinando y aprobando los presupuestos generales con excepcion de los aranceles de aduanas; la no menos importante de proponer al Gobierno, de acuerdo ó en disidencia con los Capitanes Generales, las fuerzas de mar y tierra para la guarnicion y seguridad de las islas; la de proponer en terna ó señalamiento doble al Gobierno y al Capitan General para todos los empleos públicos que sean de sus respectivos nombramientos, exceptuando los primeros y segundos Jefes militares de mar y tierra, que serían de libre eleccion de la Corona. Los Ayuntamientos son en este proyecto la base de todo el sistema de Administracion pública, puesto que, elegidos por el pueblo con aplicacion de la ley municipal de la Peninsula, salvas las modificaciones que exijan las circunstancias del pais', son ellos los que nombran los representantes que han de componer las Diputaciones provinciales de los tres departamentos, y son tambien los que eligen los miembros del Consejo de Administracion. Este se renovaria por mitad cada cuatro años, dándose facultad de reeleccion. El Capitan General puede presidir el Consejo, ó ser reemplazado por los Vicepresidentes elegidos por la corporacion misma. Las Cortes del reino fijarian la cantidad que para gastos generales hayan de pagar las islas de Cuba y Puerto-Rico al Tesoro de la Metrópoli. Todos los asuntos judiciales, económicos y administrativos de la competencia de las Autoridades se resolverian definitivamente en las Antillas, sin recurso á la Peninsula. El Consejo de Administracion nombraria cuatro Procuradores permanentes que residieran en Madrid con la categoria de Diputados á Cortes, ya para gestionar cerca del Gobierno segun las órdenes e instrucciones que recibieran del Consejo, ya tambien para acudir á las Cortes siempre que solicitaren ser oídos sobre asuntos relativos á las islas de Cuba ó Puerto-Rico respectivamente. Estas tendrian cada una su Consejo de Administracion, que haria en todas las leyes de organizacion política y administrativa, en las de imprenta, instruccion pública, caminos, canales, fa-
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ros, montes, minas, así como en los códigos y demás leyes peninsulares que juzgaran aplicables á aquellas provincias, las modificaciones convenientes para adaptarlas á sus necesidades y circunstancias. El Consejo formaría el Reglamento para su régimen interior. La forma en que se había de hacer la eleccion municipal se determinaria en adelante por el Consejo, de acuerdo con los Capitanes Generales, siendo la primera vez los ayuntamientos existentes los que eligieran el Consejo. Resulta, pues, que sólo habría una eleccion popular en las instituciones de las Antillas; y este asunto, que es capital para los adversarios de la reforma politica, es objeto de un largo comentario en que se propone la exclusion de la raza de color en el sistema electoral, y por consiguiente sin participacion alguna en el regimen local. No considera el Sr. Bernal que esta exclusion pudiera ser permanente, y por eso cree que no convendría hacer una declaracion solemne sobre este punto, que llama vidrioso, embozando la exclusion con el principio fijo electoral de la unidad de raza. Como tambien es la formacion del censo una de las dificultades que por el diverso sistema tributario de la Isla, no permitia hasta la reciente reforma de 1867 la aplicacion de un tipo de contribucion al derecho electoral, toma por base la produccion, ya proceda de propiedad, profesion ó industria, y adoptando por tipo alquileres, arrendamientos y capacidades, juntamente con el principio de la unidad de raza, encuentra solucion á las dificultades que se han puesto hasta ahora á un sistema electoral en las Antillas, tanto por su regimen tributario como por su estado social.

El sistema de eleccion popular está, dice, implicitamente admitido en principio por el Gobierno, y no se haría otra cosa que dar mayor extension á la forma restringida con que hoy se practica: se parte, pues, del hecho existente, haciendo la innovacion sólo en la forma, para no introducir alteraciones radicales que exigen mucha cautela, sin dejarse dominar por principios peligrosos. «Hemos concebido, dice textualmente, el regimen de las Antillas de la manera siguiente: El Gobierno de la Metrópoli legisla con los datos e informaciones que puede pedir ó le pueden suministrar con su iniciativa los Consejos de Administracion: las corporaciones y autoridades subalternas de las islas administran bajo la inspeccion de los Consejos de Administracion: los Capitanes Generales son el poder ejecutivo que vela por la seguridad y el orden pú-
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blico y por el cumplimiento de las leyes y disposiciones que rijan á aquellas provincias; y por último, el Gobierno de la Metrópoli conserva su alta inspeccion, sobre todo, con sus facultades legislativas.» Si esta fórmula, que á juicio del Sr. Bernal, satisface todas las necesidades y remueve todos los inconvenientes, fuera aceptada por la opinión más avanzada en las Antillas y aun por el mismo que la propone, y estuviera desarrollada en las disposiciones de aplicación de tal manera que los medios empleados fueran conducentes á obtener con ingenuidad el principio que en ella se consigna, podria muy bien formar parte de un catálogo de bases de fácil discusion entre opiniones que aparecen hasta hoy no poco inconciliables. El artículo 1.º del proyecto dice, en armonía con la fórmula acabada de exponer, que las islas de Cuba y Puerto-Rico serán regidas por la Corona con la debida intervencion de sus habitantes. Pero como esta intervencion en la parte legislativa se limita al derecho de peticion que el Sr. Bernal otorga á los Municipios, Diputaciones provinciales y Corporaciones, siendo incumbencia de los Consejos de Administracion presentar al Gobierno metropolitano los datos é informaciones que pueda necesitar para la formacion de las leyes, parecerian muy reducidas las pretensiones que se han manifestado siempre sobre el alcance de las leyes especiales, que según los más avanzados habrian de constituir un régimen completamente autonómico en las Antillas.

Respecto á la extincion de la trata y al aumento de la poblacion blanca, son dos asuntos de interes que el proyecto confia á la diligencia del Consejo de Administracion en lo que permitan sus atribuciones, proponiendo al Gobierno en lo demás lo que crea conveniente para obtener este resultado y el de la abolicion de la esclavitud. «Los habitantes de las Antillas, dice, no son apegados á esa fatal institucion: entre ellos se ve el mayor número de emancipaciones voluntarias, con inmensa desproporcion respecto á otros paises esclavistas: esta propension, acompañada de una medida como la libertad de vientre, bastaria para extinguir la esclavitud en algun tiempo, sin necesidad de indemnizaciones y sin que produjera peligro alguno ni perturbacion en los elementos del trabajo, que de esa manera se iria tambien trasformando gradual y necesariamente por el interes de todos, que es el móvil más seguro.»

Por uno de los artículos del proyecto se impone al Gobierno la
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obligacion de dar cuenta á las Cortes de toda determinacion que tome respecto á las Antillas. De esta manera, y tambien por medio de los cuatro Procuradores con recurso eventual á las Cortes, se hace intervenir á éstas en el gobierno y legislacion de aquellas provincias, no renunciando por completo sus facultades legislativas; porque eso sería, dice, anularse ó dejar de ser lo que son, y el Sr. Bernal no intenta que las Cortes se eximan de su competencia en la legislacion de Ultramar, debiendo en este punto considerarse las facultades del Gobierno sólo como delegadas. Esto parece ofrecer contradiccion con el artículo 1.º del proyecto que atribuye á la Corona el gobierno de las provincias de Cuba y Puerto-Rico, con la debida intervencion de sus habitantes.

Las facultades extraordinarias del Capitan General de Cuba quedarian limitadas á los casos de invasion ó rebelion armada, á juicio del Consejo de Administracion. La inconveniencia de estas facultades en circunstancias que no sean verdaderamente extraordinarias, era fácil de demostrar, no sólo por la experiencia de algunas disposiciones gubernativas poco justificadas que hacian aparecer á los expatriados como victimas de un poder arbitrario, sino tambien por el informe del Consejo de Indias, que precedió á la Real orden de 28 de Mayo de 1825, fundamento de estas omnímodas facultades que, aunque personales en un principio, se han atribuido tambien despues los Capitanes Generales de Cuba. Con estos antecedentes repite el Sr. Bernal lo mucho que se ha escrito contra el régimen de esta isla, que respecto á garantías individuales y á la autoridad del Gobernador superior, se explica de ordinario con las supremas facultades que por las Reales Ordenanzas se conceden á los Gobernadores de plazas sitiadas. Un poder tan ilimitado que subordinara así en situaciones normales, y por analogía al único objeto de la salvacion de una plaza de guerra, los intereses de todo género en un extenso país, rico, comercial é ilustrado, sería á la verdad en punto á atribuciones gubernativas un régimen no aceptado como racional en la Monarquía pura, y por consiguiente sin igual en cualesquiera Estados en que las leyes tengan algun valor.

En otro artículo de la misma Revista hispano-americana, en Febrero de 1866, trata de demostrar con la historia de lo ocurrido así en tiempo de la Monarquia pura como durante el régimen constitucional, cuando ha sido aplicado á las Provincias Ultramarinas
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que la idea de igualarlas en un sistema comun con la Metrópoli ha sido siempre una ficcion irrealizable, puesto que nunca han podido existir las mismas leyes para circunstancias tan diferentes, habiendo tenido aquellas provincias en la legislacion de Indias un régimen interior muy distinto. La dificultad mayor en todo sistema que se adopte consiste principalmente en pretender la realizacion de una igualdad imposible, y en hacer á la Península el centro de la gobernacion de aquellos paises: querer, en una palabra, gobernar á Cuba y Puerto-Rico como á Toledo ó Guadalajara. «Los Reyes absolutos, dice, gobernaron las colonias con el Consejo de Indias; los Reyes constitucionales con las Cortes y con presencia de los Diputados americanos: uno y otro metodo fueron ineficaces, no sólo por la manera, sino porque siempre se quiso legislar, administrar y reglamentar aquí todo lo perteneciente á las colonias, por considerarlas como á las demas provincias europeas.» Propóuese pues combatir la idea de una participacion de las Antillas en la representacion nacional, porque los Diputados americanos, en la incompetencia de los Ministros y Diputados peninsulares, serian los únicos que podrian discutir con conocimiento de causa y sostener las leyes que demandaran las necesidades de sus provincias, mientras el Gobierno y las Cortes completamente ignorantes del asunto que se tratara, en la extension e intensidad de sus circunstancias, harian toda resolucion desatinaada ó imposible. El remedio de los males que sienten las Antillas sería dar á aquellos habitantes por medio de una ley politica distinta una intervencion eficaz en su legislacion y administracion, aunque bajo la custodia y vigilancia de los poderes metropolitanos. No de otro modo podrán gobernarse bien paises tan apartados y tan diferentes que no admiten ser confundidos en la misma rigorosa centralizacion que las demas provincias peninsulares. La Metrópoli, respecto á ellas, no debiera intervenir sino en la direccion de los asuntos en que se rocen los intereses de ambos paises; en legislar ó revisar las leyes que se dicten en las colonias; pero dejar la parte administrativa local al cuidado de las corporaciones populares, confiar á estas todo lo relativo al fomento de los intereses del pais y á sus cuestiones especiales, que aquí no pueden conocerse con la debida exactitud para resolverlas acertadamente, aunque reservándose la revision ó el veto de aquellas disposiciones que considere trascendentales á los intereses comunes. «¿Qué inconveniente hay en
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que nuestras Antillas aumenten sus institutos de enseñanza, que entiendan en sus caminos, sus montes, minas y todo lo concerniente al fomento de sus intereses; que entiendan exclusivamente en sus presupuestos, y que resuelvan cuestiones como las del sistema electoral, reglamentacion del trabajo, poblacion de color, inmigracion que más convenga á aquellas islas y otras cuestiones peculiares de su modo de ser, que aquí nunca podrán comprenderse ni resolverse bien?» El ejercicio de los derechos politicos que sólo podrian usar aquellos habitantes en su propio beneficio, sin necesidad de mezclarse en la lucha de los partidos peninsulares con elecciones para Diputados á Cortes, no podría ofrecer el menor riesgo de que se pretendiera allí una anexion irracional ó que se trabajara por una emancipacion innecesaria. La descentralizacion practicada por otras naciones coloniales ha producido una adhesion á toda prueba, que ninguna clase de estimulos puede quebrantar, como lo demuestra el Canadá impulsado por la misma Inglaterra á una emancipacion que rehusa y que pospone á la benéfica proteccion de su Metrópoli.

Hé ahí expuesto con sinceridad el término á que pretenden llegar desde hoy los más avanzados partidarios de la reforma en el alcance que deba darse á las leyes especiales. Basta sólo reparar la fecha del proyecto publicado en la Revista hispano-america na el 27 de Marzo de 1865, cuando era Ministro de Ultramar el Sr. Seijas Lozano, para conocer el inmenso camino que en el breve espacio de pocos meses habia andado la manifestacion de los deseos reformistas, cuando un nuevo Ministerio tenía ya contraídos solemnes compromisos en este sentido. «Las Antillas españolas, dice en 27 de Enero de 1866, se hallan en el dia completamente idóneas para recibir instituciones en virtud de las cuales se les dote de Câmaras legislativas, reservándose sólo el Parlamento español la facultad de interponer su veto á las leyes en caso necesario. Estas instituciones podrian simplificarse, creando una sola Cámara popular legislativa en cada una de las islas y confiriendo el poder ejecutivo á los Gobernadores Capitanes Generales, para evitar el fraccionamiento del poder en Câmaras dobles y Ministros responsables.» Todas las manifestaciones posteriores al decreto de 25 de Noviembre de 1865 que establecia una Junta de informacion y convocaba una gran conferencia de Comisionados para preparar las leyes especiales, proclaman ya abiertamente lo que he llamado
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independencia legislativa, como la única fórmula que puede satisfacer las aspiraciones de Cuba y Puerto-Rico. Todos los proyectos que no tuvieran por base este principio, son objeto de impugnacion en varios artículos, incluso el que limitara las facultades legislativas de las Cámaras coloniales á asuntos de administracion local, reservando los generales á las Cortes de la Metrópoli, en cuyo caso sería, dice, necesaria la presencia de Diputados americanos. Pero esta presencia es cabalmente la condicion más combatida por el Sr. Bernal, no queriendo, además de otros inconvenientes á que dá justa importancia, que llegue un dia en que se haga cuestion en las Cortes de unidad constitucional, de fuero comun, como sucede respecto á las Provincias Vascongadas, que tienen sin embargo en su favor una respetabilidad tradicional de que carecen las Antillas para defender sus leyes especiales distintas. Estas son reformas á medias, y Bernal cree decididamente que una completa autonomía provincial es lo que más conviene á las Antillas y á España, para asegurar los vínculos de union por la sincera adhesion á la Madre-Patria. Los temores que pudieran asaltar á muchos respecto de prepararse por este medio la absoluta emancipacion politica, no le parecen dignos de consideracion, porque no se fundan en una apreciacion razonable de las circunstacias que pueden impulsar á una provincia á separarse del cuerpo de la nacion: removida toda causa de descontento; con un régimen que permita á las Antillas desarrollar sus recursos y satisfacer sus necesidades de todo género, no pueden tener interes ninguno en abandonar su nacionalidad, para caer sin duda en otra nacionalidad extraña. «Con mucho que perder, dice, y poco que ganar en un cambio semejante, nada podrá temerse de ellas en este sentido. Las colonias inglesas de Norte-América son un constante testimonio de la adhesion que produce á la Metrópoli un sistema liberal; aunque les sería fácil formar una nacion compacta con la República vecina por la identidad de costumbres, leyes, religion é idioma, han resistido á todos los halagos, y han preferido siempre la subordinacion á un Gobierno á quien deben la prosperidad y felicidad de que disfrutan.»

Cualesquiera que sean los efectos que se esperan de la adopcion de un sistema semejante á la constitucion del Canadá y demas posesiones inglesas del mismo paraje, así respecto de la adhesion de las Antillas españolas á su Metrópoli, como respecto al desarrollo
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de sus recursos naturales, es casi evidente que, al formular la pretension de una completa independencia legislativa y el orden de cosas que de ella emana, se desconoce en gran parte la diferencia de circunstancias demostradas notablemente por las condiciones físicas y morales, económicas y políticas de los dos territorios y de las dos razas que los pueblan. Aplicando reglas de criterio bastante justificadas con un somero exámen de esas circunstancias en ambos países, no es difícil llegar á la persuasion de que entre la independencia legislativa y el orden de cosas establecido en el Canadá y la misma independencia legislativa en las Antillas españolas, se establecería muy pronto una proporcion igual á la que existe entre la independencia absoluta de la Union Norte-Americana, desde los primeros momentos de su emancipacion, y la independencia de los territorios españoles del mismo continente que, convertidos en Estados republicanos, han llegado á merecer la compasion del mundo en más de medio siglo de convulsiones estériles. Al consignar aquí que está hoy no poco generalizada la pretension de una legislatura independiente, debo establecer tambien que las manifestaciones hechas hasta ahora, no dan idea del modo de conciliar los intereses conservadores de la Metrópoli y de las Antillas mismas en un sistema que habría de suscitar muy pronto en un sentido radical las cuestiones más difíciles y complejas.

Una cosa parece incuestionable; el deseo general allí de reformas políticas. La carta dirigida al Duque de la Torre con fecha 12 de Mayo de 1865, y suscrita por muchos millares de personas de buena posición, era ya un indicio atendible para apreciar sobre este punto la opinion del país; pero siempre quedaba exacto lo que había dicho en el Senado como Ministro de Ultramar el Sr. Cánovas del Castillo, antes de celebrarse las conferencias de los comisionados de Cuba y Puerto-Rico, respecto á la necesidad de una informacion aconsejada por él en Real decreto de 25 de Noviembre, que aclarese la incertidumbre y vaguedad de esa opinion en soluciones prácticas y aceptables para realizarlas en leyes. El señor Pastor, tambien en el Senado, y el Sr. Bona en el periódico La América, han sostenido que los naturales residentes en Ultramar tienen, en virtud de la Constitucion de España, los mismos derechos políticos que en la Península, estando sólo allí en suspeso el ejercicio de estos derechos, que era lo único que podía someterse á leyes especiales, esto es, la forma ó manera de ejerci-
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tarlos. «La reforma, dice el Sr. Bona, ha de respetar los derechos políticos y civiles que la Constitución reconoce á todos los Españoles; y como estos derechos tienen por garantía un sistema político de representación popular, de responsabilidad de los Ministros, de discusión y votación de presupuestos, con las demás condiciones inherentes al Gobierno representativo, es evidente que el de las Provincias Ultramarinas debe apoyarse en la misma base, debe también ser un Gobierno representativo liberal. Puede versar la diferencia en que dichas provincias tengan su representación en asambleas legislativas locales, ó envíen sus Diputados á las Cortes generales de la Nación, ó bien un sistema misto de representantes en las Cortes y una organización de Diputaciones provinciales con extensas atribuciones respecto á intereses locales.» Pero concluye aconsejando como modelo las Constituciones de Jamaica y el Canadá, de la misma manera que las naciones libres modernas se constituyen adoptando los principios del sistema político de Inglaterra. La misma inalterable continuidad de derechos políticos sostenían también los que suscribieron la carta ya citada al Duque de la Torre, diciendo en nombre del derecho, que creen tenerlo incontestable á ser representados en las Cortes del Reino: esta representación política de Cuba en el Congreso nacional había de ser fundamento y garantía de todas las demás reformas en el orden político, civil, administrativo y judicial.

(Se continuará.)

J. Ahumada y Centurion.