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prever la muerte. Antes el exceso mismo de nuestro mal, y todo cuanto lo lamentamos, y lo mal sufridos que somos, y el prurito con que los extranjeros nos censuran, son indicios de que no hemos caído para siempre; son casi un buen agüero.

Lo que importa ahora es no adularnos en público, ni jactarnos de lo que fuimos, sino señalar nosotros mismos todas nuestras faltas, procurando el remedio. No hay que pensar en consolarnos porque el sol no se ponía en nuestros dominios; porque

    La tierra sus mineros nos rendía,
    Sus perlas y coral el Océano,
    Y donde quier que revolve sus olas
    El intentase, á quebrantar su furia
    Siempre encontraba costas españolas.

Si bien nada de esto se debe olvidar, es más, si no se puede olvidar aunque se quiera, conviene tener presente á la vez los vítores y vejámenes de que hemos hablado en este artículo, á fin de que el verdadero patriotismo no sea una jactancia vana.

Si España, como dice Campanella, fué poderosa, y respetada cuando la astucia y el ingenio prevalecieron sobre la fuerza bruta, y la imprenta y la artillería se inventaron, hoy que prevalece no sólo el trabajo mecánico, sino también la inteligencia, no hay razón para que España quede por bajo de otras naciones. Lo que nos importa es abrir puerta franca á los frutos de esa inteligencia, vengan de donde vinieren; no fingirnos un ideal de Batuecas; no creernos una Arcadia tonta á lo místico; y esperar confiados en que nuestro porvenir ha de ser venturoso.

JUAN VALERA.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

CON MOTIVO

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE VAGANCIA.

El proyecto de ley con cuyo examen vamos á ocupar algunas páginas de esta Revista á fuerza de correcciones incorrectísimas, y bastante mémos en número de las que hubiéramos deseado, y reclama el asunto, es acaso el más grave de los que se han presentado y tal vez se presenten á la deliberacion del Parlamento español en esta su segunda jornada. Si la atenta y meditada lectura de las disposiciones que comprende no la demostrase de un modo irrefragable, si las gravísimas cuestiones jurídicas, políticas, sociales, y casi íbamos á decir, religiosas, que entraña, ó con las cuales más ó ménos directamente se roza no le revistiesen de aquel carácter, la importancia que le ha dado el Congreso de los Sres. Diputados en los vivos y concienzudos debates que acaban de tener lugar, justificaría plenamente la que nosotros le atribuimos.

Para nadie puede ser un misterio el espíritu que domina hoy dia en nuestro Parlamento. La idea política de que es producto genuino y fiel representante, no es ciertamente la que más excelencias está dispuesta á reconocer en ese fenómeno que se llama choque de opiniones, controversia ó sea discusion de los negocios públicos. Por el contrario, teniendo muy presente y tomando por norma aquella suprema advertencia de que se nos pedirá cuenta estrecha hasta de las palabras ociosas, los dignos miembros de nuestras Asambleas se han propuesto darnos por punto general y llegar á sus sucesores una provechosa leccion práctica de sobriedad y economía de palabra que no deja de tener su mérito y ventajas, y que por lo ménos prueba que los maestros no rinden culto á la orgullosa deidad de la elocuencia, ni ceden fácilmente, como decía
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el Sr. Bravo Murillo en el preámbulo á sus proyectos de reforma, á los estímulos de la vanagloria, compañeros inseparables de la publicidad. Pues bien, á pesar de este espíritu innegable de templanza, á pesar de esta continencia retórica que es la virtud predominante hoy en la tranquila y ajena vida del mundanal ruido que llevan nuestros cuerpos políticos, los debates consagrados en la Cámara popular al proyecto de ley que nos ocupa, han sido apasionados, detenidos, y relativamente profundos y elocuentes; señal inequívoca, volvemos á repetir, de que la cosa lo merece, y de que los honores de la impugnación que ha recibido y que está destinado á recibir aún el pensamiento del Sr. Roncali, corresponden á la magnitud y altura del asunto.

Claro es que cuando hablamos de los honores de la impugnación, no nos referiamos ni podíamos en manera alguna referirnos á las modestas observaciones de que por nuestra parte ha de ser objeto, ni á la moderada crítica que del proyecto de que se trata nos proponemos hacer, con el mayor decoro por supuesto, cumpliendo en este punto el especial encargo que sobre el particular vemos consignado en uno de los artículos de la ley novísima de imprenta; la impugnación á que aludimos es la que ha encontrado en la opinión pública, la que ha sufrido en el Congreso y la que seguramente no dejará de hallar en la Alta Cámara, de cuya sabiduría é ilustrada prevision esperamos que del proyecto de ley, tal como ha llegado á sus manos, suprimirá todo lo que sea un fundado motivo de alarma, y en muchos casos una agravación tan cruel como inmerecida de infortunios debidos solamente á los rigores del destino.

I.

Y antes de todo, séanos lícito preguntar el por qué de la innovación que va á intentarse. Comprendemos que, en el primer tercio del siglo pasado, cuando se inició la idea de hacer de la vagancia una especie de materia imponible para el reemplazo del ejército, se introdujeran reformas radicales en una legislación, que no por haberse venido escribiendo á través de los siglos, dejaba de ser inaplicable. Las penas de destierro, servidumbre temporal, azotes, gáleras, perdimiento de miembros y aun la de muerte, fulminadas contra los vagos por las diversas disposiciones que se dictaron desde
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el autor de las Partidas hasta el primer Soberano de la dinastía reinante, habían caído por completo en desuso, á causa de su ferocidad misma. Era forzoso sustituirlas con otras menos bárbaras, y así lo hicieron Felipe V, Fernando VI, y señaladamente Carlos III, el cual en esta materia como en tantas otras obró con su acierto acostumbrado, con ese acierto, que no sin evidente y sistemática injusticia pretende disputarle cierta escuela moderna, tan preocupada en un sentido, como en otro lo fueron los eminentes republicos en cuyos consejos se inspiró aquel Monarca insigne.

Nos explicamos también perfectamente, por más que no estemos de acuerdo con sus disposiciones, la ley de 9 de Mayo de 1845. Los pragmáticas de Carlos III sobre levas habían quedado virtualmente derogadas desde que la Real orden de 30 de Agosto de 1829 prohibió que los vagos fuesen destinados al servicio de las armas; y más particularmente todavía desde que las nuevas leyes y ordenanzas para el reemplazo militar dictadas durante esta segunda época constitucional, inspirándose en las ideas modernas sobre el reclutamiento y organización de los ejércitos, habían rechazado de su seno aquel elemento. En esta situación los legisladores del 45 no tenían más que dos caminos que seguir. O declarar que la vagancia no es un delito y renunciar por tanto á su persecución y castigo, ó hacer una nueva ley para reprimirla. Pues lo que por algunos se propuso entonces de que el asunto se reservase íntegro é intacto para cuando se publicase el Código penal, que á la sazón se elaboraba, era una solución enteramente inaceptable. Porque ó la vagancia es un delito, en cuyo caso la sociedad no podía permanecer indefensa aguardando la realización de un proyecto que podía retardarse indefinidamente, ó no lo es, y entonces ni debe comprenderse en una ley especial y aislada, ni formar parte tampoco de un cuerpo completo de legislación criminal. El Gobierno de la época á que nos referimos (Enero 1845), algun tanto preocupado como el actual por los graves trastornos de que recientemente había sido la sociedad agitado teatro, optó por el primer miembro de la alternativa, y prescindiendo del desempeño, al verificarlo obró con lógica y estuvo completamente en su derecho.

Era muy natural también que, partiendo siempre de la hipótesis de que la vagancia sea un delito, su definición y penalidad hubiesen sido comprendidas en el Código de 1848, cuyas disposiciones vinieron á dejar sin efecto las de la ley de 9 de Mayo de 1845. No esta-
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mos tampoco conformes, según más adelante expondremos, en la definición que los autores de dicho Código dieron de la vagancia; pero dejando á un lado por el momento esta cuestión, debemos reconocer que los artículos del Código llevaban indisputable ventaja á los de la ley cuyo puesto venían á ocupar, y que esos artículos á pesar de sus imperfecciones, alguna de ellas, en nuestro concepto, capital, constituían un verdadero progreso en materia tan importante.

Avanzamos más todavía para que se vea hasta qué punto somos imparciales. Así como creemos haber comprendido y habernos explicado las razones histórico-legales que han determinado en el curso de los siglos las alteraciones de la legislación patria sobre la vagancia, concebimos también la modificación que para un uso puramente de policía verificó la ley de orden público hoy vigente en la definición de aquel Estado, tal como la hizo el Código penal. Nadie ignora que esta ley de orden público, así como otras entre las varias que se promulgaron desde Julio de 1866, son leyes puramente de circunstancias, leyes homogéneas á un estado sui generis de la sociedad; pero leyes, de suyo y por confesión también de sus autores, transitorias y destinadas á no muy larga vida. La sociedad parece que se vió de repente acometida de un mal sobrecogido y fué preciso, según el dictamen de los doctores encargados de curarla, el empleo de agentes terapéuticos de una actividad y eficacia desusadas. Todas las instituciones se consideraban en peligro y amenazadas de sufrir recios embates; se ignoraba por dónde, por quién y de qué manera sería atacada la fortaleza de nuestra organización política y social; se temía, se recelaba, se desconfiaba de todo; nada, pues, más lógico que declararlo todo en estado de suspiccion, hasta que el poder y la autoridad recobrasen la fuerza que creían perdida, y llegado este caso trocasen la facultad de prevenir por la de reprimir.

Pero esto que nos explicamos en una ley extraordinaria de orden público, y dada cierta manera de apreciar un determinado estado social, nos parece no sólo inconcebible, sino contradictorio cuando se trata de leyes permanentes, de leyes que, como la del Código penal, tienen por objeto poner remedio á ciertos males que son inherentes á nuestra flaca naturaleza humana, y que para presentarse y desarrollarse no necesitan una alteración radical y profunda en las condiciones sanitarias del país. De ahí nuestra sorpresa de que
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CON MOTIVO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE VAGANCIA.

la definicion amplia, holgada, y harto comprensiva, que el art. 13 de la ley de 27 de Marzo último hizo de la vagancia, no para castigarla, entiéndase bien esto, no para imponer á los vagos la pena correccional de sujecion á la vigilancia de la autoridad, sino para comprenderlos en un padron reservado, y recomendarlos reservadamente tambien á la especialísima vigilancia de la policía, esa definicion, decimos, con su carácter suspicaz y caviloso, haya sido adoptada por el Sr. Roncali y sustituida á la ya demasiado lata del art. 258 del Código penal.

¿Y por qué, y para qué esta confusion é involucracion de principios? El Sr. Ministro de Gracia y Justicia lo ha dicho contestando al Sr. Vinader; para devolver su perdida consistencia á los resortes del Gobierno, para fortalecer el principio de autoridad, para resistir francamente á la revolucion. Por fortuna, decimos á nuestra vez nosotros, el principio de autoridad y de gobierno tiene en su favor más garantias, y la revolucion más resistencias que vencer que un articulo reformado del Código penal.—Ni tan descarnados están ya los cimientos sobre que la sociedad descansa, que vaya á hundirse porque ande peregrinando fuera de las clasificaciones del Código una colectividad, no muy numerosa de individuos, que despues de todo no se ha escapado á la mirada escudriñadora y penetrante de la ley de orden público! Si fuera este el lugar y la ocasión oportuna, nosotros nos atreveríamos á discutir más ampliamente con el Sr. Roncali, sobre la manera de conseguir los altos fines que por tan reducidos medios se propone, y á pesar de su incontestable superioridad, abrigamos la inmodesta persuasion, no de que lograriamos convencerle, sino que acertariamos á probar que su aclaracion, ampliacion, explanacion ó como quiera llamarse del concepto de vagancia, es del todo insuficiente, ya que no sea contraria al objeto que se propone. Acertariamos á probar que esa reforma está destinada por la fuerza misma de las cosas, á producir arbitrariamente hondas y dolorosas perturbaciones en la manera de ser de los individuos y de las familias; á excitar peligrosos resentimientos y á enconar los antagonismos que la civilizacion moderna va desarrollando en grande escala y de un modo sistemático y reflejo entre ciertas clases sociales, y á ocasionar que con su motivo ó pretexto, se agiten cuestiones que tocan á las entrañas mismas de la sociedad, cuestiones que van de dia en dia tomando cuerpo y una forma más determinada, y que habrán de originar espanto-
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sas catástrofes, si es que la Providencia no se apiada de las naciones europeas.

II.

Que la cuestion de la vagancia es una cuestion eminentemente social, se advierte tan pronto como uno se da cuenta de un fenómeno importante no interrumpido así en el tiempo como en el espacio. Este fenómeno es, que lo mismo en la abigarrada legislación antigua que en la artística codificación moderna, los delitos de la vagancia y el de la mendicidad válida y voluntaria, andan ó revueltos y confusos, ó unidos por natural y estrecho vínculo. Lo mismo por la antigua que por la moderna disciplina de la Iglesia; lo mismo desde que S. Pablo dijo: el que no quiera trabajar, que no coma, que desde que la ley de Partida copiando la Novela 80 de Justiniano estableció que «los pobres valdios fuesen echados de la tierra, á no ser que sean tan cuidados que estén para morir de hambre, en cuyo caso deben hacerles algo magüer sean malos;» desde entonces hasta ahora, y mucho más ahora que entonces, la cuestion de la vagancia y de la mendicidad son dos cuestiones que marchan paralelas, son mejor dicho, dos aspectos de una misma cuestion, de la cuestion del pauperismo ó pobrismo, como le llamaban algunos de nuestros antiguos escritores; son la cuestion de la organización y del derecho al trabajo y á la asistencia pública.

Esta cuestion no está muerta ni siquiera dormida; por el contrario, desde que se ha sometido á procedimientos científicos, desde que se ha escrito un libro que tiene por título Filosofía de la miseria, esta cuestion ha salido de los dominios del instinto para entrar en los de la alta especulacion racional, despues de haber atravesado las regiones de la utopía. Fije un momento el Sr. Ministro de Gracia y Justicia su mirada sobre las actas y debates de las sesiones de los congresos de obreros; medite las doctrinas que allí se vierten y profesan, y verá que ese cuarto estado como ellos se llaman, prohijando las célebres fórmulas que el abate Sieyes aplicó al tercero, aspira al aniquilamiento de la bourgeoisie, como esta procuró el de la aristocracia, y como la aristocracia despues de haber sido reducida á la impotencia por la Monarquia absoluta, había conspirado con ella para quitar su predominio al clero.

En Alemania es donde hay que estudiar las proporciones que va
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tomando este problema. Libros, manuales, folletos, periódicos, revistas, conferencias, cursos públicos, escuelas, asambleas, afiliaciones, sociedades cooperativas, todas las formas en una palabra, que toma hoy para dominar y apropiarse el mundo exterior el espíritu humano, todo se aprovecha y utiliza. No se ocultó á la perspicacia y al talento clarísimo del Sr. Posada Herrera el fatal enlace y el alcance terrible de estas dos cuestiones (vagancia y pauperismo), y así lo demostró, primero en el notable discurso que pronunció combatiendo el proyecto de ley de vagos del Sr. Mayans, y después y sobre todo en su precioso libro titulado Estudios sobre la beneficencia pública, donde con admirable lucidez está resumido, ordenado, analizado y sagazmente apreciado lo más importante de lo que hasta aquella fecha se había legislado y escrito. Así pensaba, hablaba y escribía á principios de 1845 el Sr. Posada Herrera. ¿Cómo hablaria hoy en vista de las enseñanzas y peripécias que forman la trama de la historia de estos últimos veinte años, si tuviera que discutir el mismo asunto con el Sr. Roncali?

Créannos los que pretenden no resolver, sino aniquilar ciertas cuestiones, que por sí mismas se plantean inexorables y fatales. Hay problemas, que como decia el inmortal De Maistre refiriéndose á ciertos conflictos que la imaginación podía forjarse entre el sacerdocio y el imperio, son el noli me tangere, y conviene dejarlos en su sombría incertidumbre.

III.

Nuestros lectores habrán observado que siempre que hemos hablado como delito de la vagancia lo hemos hecho en sentido dubitativo é hipotético, y sin adelantar ni comprometer nuestra opinión en la materia; ahora vamos á manifestarla claramente, teniendo el sentimiento de confesar que en este punto, que es fundamental á todas luces, nuestra opinión toto caelo distat de la que emitió y sostuvo con fervoroso celo el Sr. Roncali. Para que los lectores de la Revista puedan formarse una idea exacta de los argumentos del Sr. Ministro, reproduciremos en este lugar algunos pasajes de su discurso:

Lo primero que se ha dicho, y siento que haya sido también objeto de oposición por parte de un Sr. Diputado, que aquí se iba á perseguir lo que no era crimen ni delito. Señores, ¿es verdad que no es esto delito? ¿Es
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verdad que del orden moral hemos traído á la esfera jurídica, á la esfera de la penalidad, lo que únicamente puede ser vituperable por los principios morales? ¡Y esto se dice en España, en España, donde empieza la definición de ese delito, y se ha castigado por el derecho canónico! Y aquí me refiero al Sr. Vinader, cuyas opiniones conozco, cuyas convicciones profundas respeto; ¿no conoce el Sr. Vinader que el origen de esta definición del delito, está en el derecho canónico, en ese derecho canónico del Santo Concilio de Trento que ha sido y es también ley del reino?

Pues del derecho canónico pasemos al derecho civil, y en el derecho civil, en la parte del derecho penal, encontrarémos que desde 1837 empieza la definición del delito y la pena. Esa misma legislación penal contra los vagos se hace extensiva á los dominios de América por aquel monumento de sabiduría que nos ha envidiado el mundo entero, la Recopilación de Indias.

Y sigue en España la legislación penal contra ese delito, y toda ella la encontrareis, Sres. Diputados, en el Código de la Recopilación en todo el siglo pasado; creo que empieza en 1745, y no pasa ese movimiento consecutivo hasta 1791. Así llega hasta nuestros días, y en nuestros días se da una nueva legislación penal, se publica el Código que lleva este nombre, que no es obra de ningún Gobierno, absolutamente de ningún Gobierno. El Gobierno le aceptó, le trajo al Parlamento, y con su aquiescencia, S. M. se dignó sancionarle. Pero, ¿de quién es obra este Código? Esto es obra de aquella ilustre Comisión de Códigos, creada por aquel hombre célebre, gloria del foro y de esa tribuna, por la Comisión que creó D. Joaquín María López, y en la cual los partidos políticos no figuraron nunca como tales partidos, y eso propio acontece en la comisión de hoy. Pero por cierto este es un hecho indestructible. En aquella Comisión, compuesta de las primeras ilustraciones de la magistratura de España, dominaba siempre la mayoría del partido progresista. Pues de esa Comisión salió el Código penal; y creo que este sea el momento de hacernos cargo de una objeción, que la llamarémos de autoridad. Se ha invocado la memoria de un hombre respetable, á quien yo respeté mucho en vida, y cuya pérdida todos deploramos, la memoria del Sr. Pacheco, y se ha dicho que este insigne escritor ha afirmado que la vagancia era un mal que debía extirparse por medios morales, pero que no constituía un delito. Pues bien, el Sr. Pacheco formó parte de la Comisión codificadora que elaboró aquel Código. Yo no sé los secretos de las deliberaciones de aquella Comisión, ni puedo saberlo; no sé si el Sr. Pacheco formuló allí esa opinión; pero es el resultado que él asintió al Código, y que le votó.

¡Es una cosa difícil esta de combatir la esencia de la ley. La esencia de la ley está en la definición de la vagancia. ¡Que la vagancia no es un delito! Señores, si fuera posible hacer consideraciones en este punto sobre
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si era ó no delito la vagancia, ¿adónde nos llevarian? se ha dicho esto fuera de aquí. Se ha dicho; más, se ha escrito, yo no lo he visto, ¡qué más quisiera yo que tener tiempo de leer periódicos! Pero me lo han dicho; se ha escrito sobre el llamado delito de vagancia. ¿Y esto puede decirse? ¿No estamos obligados á respetar las leyes existentes? Y hablo para fuera de aquí. Por ese camino mañana podríamos decir: sobre el llamado delito de hurto, y decir uno: «yo no voy á hurtar, voy á anexionarme lo que es de otro.» Por ese camino, señores, ¿adónde iríamos á parar? ¡Sobre el llamado delito de vagancia! Se puede hablar de eso en las Academias de Jurisprudencia; puede un Diputado, en uso de su iniciativa, pedir la revocacion de una ley; pero mientras exista, nadie puede mofarse de ella, diciendo: el llamado delito de vagancia.»

En primer lugar, no acertamos á explicarnos la profunda extrañeza y hasta el amargo disgusto que ha causado al Sr. Roncali la discussion que con motivo de su proyecto se ha entablado sobre si es ó no un verdadero delito la vagancia. Claro es que si fuésemos jueces ó vagos, como jueces no tendríamos más remedio que aplicar la ley, y como vagos que acatar la sentencia y someternos á la penalidad que en su virtud se nos hubiese impuesto; pero aquí, como decia perfectamente el Sr. Posada Herrera el año 45, haciéndose cargo de un argumento análogo del Sr. Mayans, no se trata del derecho constituido sino del constituyente; no se trata de aplicar por un tribunal á un caso particular las disposiciones de una ley establecida, sino de la alteracion, modificacion, y aun pudiera suceder que, de la revocacion misma de esa ley. Se trata, como no pudo menos de reconocer en su rectitud e ilustracion el Sr. Roncali, de la definicion de la vagancia, y, como tambien decia S.S., en esta definicion se contiene la esencia de la ley. Pues bien, al discutir esta definicion, puesta en tela de juicio por el Gobierno mismo, al discutirla en la tribuna, en la prensa, en las academias y en todas las esferas de la publicidad, tienen por necesidad que manifestarse todas las opiniones, sin exceptuar la que niega de un modo absoluto la definicion misma, es decir, la esencia de la ley.

No es solamente el Sr. Pacheco entre nuestros hombres de Estado y publicistas el único que ha rehusado á la vagancia el caracter de delito, como al parecer se ha dicho y pasado como moneda corriente en el Congreso. Si se hubiesen tenido á la vista las luminosas y prolijas discussiones á que en el Parlamento de aquella época dió lugar la ley de 1845, se sabria que la autoridad respectable del Sr. Pacheco se halla robustecida por otras muchas no